La gestión del presidente Juan Carlos Varela, inaugurada a mediados de 2014, llegó a su punto más bajo al finalizar 2018 cuando decidió reprimir las protestas de los productores agrícolas y, además, criminalizar sus manifestaciones.
Todos los gobiernos panameños desde la invasión de EEUU (1989) han intentado acabar con el sector agropecuario. Primero, reduciendo los aportes oficiales al sector. Segundo, especulando con el trabajo de los agricultores. Tercero, firmando un tratado de ‘libre comercio’ con EEUU que destruyó directamente el agro panameño. En 20 años el sector casi ha desaparecido, contribuyendo – actualmente – al PIB apenas el 1.5 por ciento del total.
El tratado firmado con EEUU responde a la política exterior de este país que – a escala mundial – pretende eliminar toda competencia. Washington le dice a Panamá que sólo produzca piña, banano y sandía – entre otros productos tropicales – y que los exporte a países como Portugal y Bélgica. Mas encima, Panamá le paga a los gobiernos de EEUU e Israel para que le asesore a realizar la transformación de productores de arroz a piña. Todos los proyectos han fracasado.
En Panamá existe un mercado nacional consumidor de arroz, maíz, cebolla, vegetales y muchos otros rubros al cual el productor panameño le ha sido prohibido vender. En la actualidad, el rico mercado de la zona de tránsito del Canal de Panamá (las ciudades de Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera y San Miguelito) consumen productos agrícolas importados en desmedro de los panameños.
La política social de Panamá se encuentra en un espiral descendente desde hace dos décadas. La criminalidad, la desigualdad social y el abandono de los servicios básicos se hacen cada vez más notorios. El crecimiento económico – impulsado por la entrega del Canal de Panamá al gobierno nacional (2000) y la ampliación de la vía acuática (2008-2014) – tuvo un auge sostenido entre 2005 hasta 2016. Sin embargo, este año, al igual que el anterior, la tasa de crecimiento del PIB comenzó a perder fuerza. El gobierno no tiene planes para enfrentar el dilema y los partidos políticos se encuentran totalmente ajenos a la realidad nacional.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que tiene un conjunto de iniciativas para generar ingresos adicionales a los peajes que le cobra a los barcos que pasan por la vía. Las instalaciones portuarias en el entorno del Canal se han convertido en los más importantes de la región latinoamericana pero debido a los contratos que firmaron con los gobiernos de turno no estimulan al resto de la economía. Igual ocurre con la Minera Panamá (de propiedad sudafricana) – que asegura que ha invertido 6 mil millones de dólares y comenzará en 2019 a exportar cobre – que no aporta a la dinámica económica del país. De paso ha contaminado una región de aproximadamente mil kilómetros cuadrados en el medio del corredor ecológico mesoamericano.
El gobierno (y los partidos de la oposición) tienen un ‘as’ en la manga que se llama China. Desafortunadamente, no saben en cual de las dos mangas está y, si supieran, no saben como jugarla en el complicado tinglado geo-político que caracterizan las relaciones con la República Popular de China. No hay estrategia ni plan para incorporar a China al desarrollo de Panamá. Los chinos quieren una plataforma (‘hub’ es la palabra favorita de nuestros especuladores) para proyectar su comercio en toda la región. ¿Qué propone Panamá? La respuesta del presidente Varela es que los chinos saben lo que quieren y sabrán qué hacer. ¿Y Panamá?
Por otro lado, no hay plan para incorporar a China como mercado para los productores panameños. Hay que trabajar con urgencia para definir una estrategia. Sabemos que pasó en 1821 y en 1903. Que no se repita la experiencia que nos legaron los próceres en el siglo XXI.
Los productores agrícolas panameños están haciendo historia y los gobernantes no quieren escuchar el mensaje. No hay que condenar a los manifestantes a largas penas de cárcel. Hay que trabajar con ellos para producir un mejor país. Los agricultores reprimidos le escribieron al papa Francisco quien visitará Panamá en enero de 2019. Le recordaron su mensaje donde aparece “la figura del agricultor y la relación entre su trabajo y los beneficios por los que se esfuerza”. Los pequeños agricultores son esenciales. Francisco invitó a la movilización, ‘para que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo’.
Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=13522&fbclid=IwAR2tKA_v4YT6_jrWQ_u1iBUCwHGSTQgKnDJq5WH4SYCMdsv3XVH-YUNI0g8
A partir del 1 de enero se tendrán que cerrar las mineras en todo el país español.
La líder afrodescendiente está amenazada de muerte. En Fuerza Latina nos cuenta cómo su lucha, a pesar de todo y junto con las mujeres de su comunidad, continúa.
Según el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, nuestra región tiene un total de 19 conflictos sociales, de los cuales 13 son de tipo socioambiental, los cuales se encuentran vinculados a la gran minería, además de la minería informal e ilegal.
Vecinos por Andacollo, como religiosos laicos e integrantes de organizaciones en la comuna, han hecho un llamado en el marco del inicio de la festividad por la Virgen del Rosario que se extenderá desde el 23 al 27 de diciembre, cuyo lema para este 2018 es: “Somos su pueblo, su historia y Ella es nuestra Madre”, a tomar en cuenta las condiciones de contaminación a causa de la mega industria minera y que ha venido afectando severamente la calidad de vida de la población.
El intendente de Las Heras ratificó su negativa a la minería metalífera, se opuso al debate en la Legislatura por la reforma de la 7722 y, si bien consideró que debe diversificarse la economía de Mendoza, remarcó: «Pero a costa del agua de los mendocinos, no».
Los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, hicieron un llamado a las Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que no se violen los derechos humanos y el territorio de los zoques por la empresa minera canadiense Minaurum Gold Inc en la zona de La Cristalina.
El gobierno ha anunciado recientemente un plan que busca dar eventual solución a 37 sitios de acopio de desechos, sin embargo, organizaciones ambientalistas cuestionan la iniciativa, ya que no da solución definitiva a un problema carente de política pública e iniciativa de las propias compañías extractivistas que se desentienden de cualquier tipo de responsabilidad posterior.
El Tribunal Ambiental de Valdivia modificó la medida cautelar del uso de explosivos en el proyecto ubicado en la Región de Magallanes. La institución levantó la suspensión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.
El virtual gobernador regional de Cajamarca,