La industria minera del país ha aportado más de 12 mil millones de pesos a obras de infraestructura social en los 25 estados del país en los que existe industria extractiva, recursos que fueron entregados al sector público vía el impuesto minero, constituido a partir del año 2014.

Lo anterior fue dado a conocer antes de que concluyera el 2018 por la Cámara Minera de México (Camimex), organismo que informó además que sólo en el año previo, la industria minera pagó además 28 mil millones de pesos en impuestos.

En un recuento general, la Camimex recuerda que derivado de la aplicación de los Impuestos Especial, Adicional y Extraordinario, constituidos por el Congreso de la Unión en el denominado Fondo Minero para el Desarrollo Sustentable, a partir del año 2014, en el primer año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudó 2 mil 589 millones de pesos, que se distribuyeron entre 199 municipios de 25 estados donde hay operaciones mineras.

Para el año 2015 el monto para el Fondo Minero ascendió a 2 mil 662 millones pesos; en 2016 la contribución del sector minero fue de 2 mil 700 millones de pesos y el año 2017, las mineras aportaron 4 mil 206 millones de pesos para obras sociales e infraestructura productiva para los estados y municipios mineros. Aún no se publica el monto total correspondiente al 2018.

La administración de los recursos del Fondo Minero “así como la selección y seguimiento a los proyectos y obras de beneficio social”, advierte la Camimex “son responsabilidad de las autoridades”. Aclaración muy oportuna, por cierto, a propósito de las múltiples obras y proyectos inconclusos por parte de gobiernos estatales y municipales, incluidos los de Zacatecas.

Al respecto, es oportuno recordar que aquel lejano 24 de Septiembre del año 2015, se instaló en Zacatecas el primer Comité Regional que decidiría qué proyectos públicos se construirán con los recursos el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros del país (Fondo Minero).

Dicho comité quedó integrado, entre otros, por representantes de los consorcios mineros que operan en México, quienes exigieron desde entonces a los gobiernos local y federal, garantías para que sus impuestos sean aplicados con transparencia, en obras realizadas a costos razonables, que se fiscalicen y además, se reconozca públicamente a las empresas mineras que aportaron el dinero, vía impuestos.

Visitó en aquella fecha la entidad, la nada célebre Rosario Robles Berlanga, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), -instancia que por ley administra el Fondo Minero en coordinación con la Secretaría de Economía y el BANCEFI-, quien atestiguó junto con –el tampoco nada célebre-, Miguel Alonso Reyes, en su carácter de gobernador de Zacatecas, la instalación de ese primer Comité Regional del programa.

El Fondo Minero se constituye económicamente con los recursos que provienen del impuesto especial a la minería, aprobado en octubre de 2013 por la cámara de diputados (vigente a partir del año 2014), que equivale al 7.5 por ciento de las ganancias que obtengan las empresas mineras del país en general, y un 0.5 por ciento adicional para las compañías del sector que extraigan oro, plata y platino.

Durante aquel acto protocolario de instalación del primer Comité Regional del país, Octavio Alvidrez Ortega, director ejecutivo de la compañía “Fresnillo PLC” (propiedad al igual que Peñoles del magnate Alberto Bailleres)  -la primer productora de plata primaria del mundo, que cotiza en la Bolsa de Londres-, encabezó la exigencia de las empresas mineras del país, para que los gobiernos local y federal hicieran un uso transparente y eficiente de los recursos del Fondo Minero.

Solicitó además la aplicación prudente de los recursos del Fondo Minero en la inversión física, “para lograr el mayor impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, solicitando que se eviten obras que conlleven un gasto operativo para su mantenimiento, o contratación de deuda”.

En aquella sesión de constitución del Comité Regional del Fondo Minero, intervino además en representación de las Comunidades Agrarias donde existe actividad minera en Zacatecas, el campesino José Pérez Martínez, quien recordó que “las necesidades de los pueblos mineros, nunca se han cubierto en su totalidad, y cada día, a pesar de la generación de empleos y minas, estas necesidades crecen”

Leyendo con problemas el discurso que -fue evidente él no elaboró-, el campesino José Pérez Martínez, pidió a la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, “que además del beneficio del impuesto minero creado con la reforma hacendaria, los ejidatarios contemos con la orientación y apoyo de la SEDU (sic), en la negociación de terrenos que puedan ser de utilidad para la extracción de gas, petróleo, o para la generación de energías limpias, como la solar y la elótica (sic)”.

En aquella reunión Alfonso Cantú, entonces coordinador general de minería en la Secretaría de Economía, dijo que se buscaría que los recursos del Fondo Minero “beneficien a las localidades y regiones donde se desarrolla la minería”, esto es particularmente en los 600 municipios de todo el país que tienen actividad minera.

“Este Fondo evidentemente va a ayudar de una manera importante, a la reducción de los conflictos (sociales) que hemos estado viviendo en el país en estos últimos años, que alcanzó a llegar a 60 conflictos en el territorio nacional. Y ello ¿por qué? Porque no todas las empresas eran responsables socialmente. Algunas sí compartían parte del beneficio a las comunidades, pero otras no. Con esta nueva regalía, eso cambiará, pues solo México y China eran los dos países que no cobraban este impuesto en el mundo”.

Han  transcurrido desde aquella fecha más de tres años, y miles de millones de pesos que han sido recaudados por el impuesto del Fondo Minero, fueron distribuidos y “ejercidos”, por los gobiernos estatal y federal del PRI, en los estados del país con actividad minera.

Entre mayor actividad minera y riqueza se genere con esa actividad económica, mayores serán los recursos que se le asignen a esa demarcación. Y Zacatecas, hay que recordar, está entre los primeros tres estados de la república mexicana con más producción minera.

Pero al finalizar el año 2018, las obras que se debieron realizar con bolsas multimillonarias al final del sexenio de Miguel Alonso Reyes y en los dos primeros años de gobierno de Alejandro Tello Cristerna, son obras realmente miserables, pequeñas en comparación con los cientos de millones de pesos asignados a Zacatecas. En algún lugar se están quedando los recursos que aporta la industria minera, y no llegan a las comunidades.

Antes de que concluyera el año 2018, en una gira de trabajo por Mazapil, Alejandro Tello Cristerna inauguró obras por un monto de apenas 13.4 millones de pesos, “de los cuales una parte corresponde al Fondo Minero”, aclaró.

Ente las obras se informó, están la inauguración del entronque carretero Mazapil-Estación Camacho; un aula construida en el kínder Frida Kahlo en la comunidad Palmas Grandes, así como un domo de 20 por 40 metros de superficie, para la cancha deportiva de la escuela primaria de la misma comunidad. ¿Cómo está trabajando el Comité Regional del Fondo Minero en Zacatecas? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Saldría limpio de una auditoría al Fondo Minero, el delegado federal de SEDATU, Arnoldo Rodríguez Reyes, quien coordinó y operó dicho programa?… La respuesta, quizá, nunca la sabremos.

Fuente:http://periometro.mx/2019/01/03/fondo-minero-en-zacatecas-cientos-de-millones-de-pesos-para-obras-liliputienses/

Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra. Esa cifra convirtió a México en uno de los países más peligrosos para los protectores del medio ambiente. En 2018, en medio de a coyuntura del cambio de Gobierno federal, la situación para los activistas se agravó y esto, de acuerdo con ambientalistas, también contribuyó en los resultados electorales del 1 de julio.

A pesar de las pérdidas humanas llegaron algunos triunfos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el medio ambiente. De acuerdo con especialistas en el tema, la perspectiva para el próximo sexenio resulta alentadora; sin embargo, insisten en la necesidad de crear mecanismos transparentes y en la garantía de los derechos humanos de las poblaciones afectadas.

La sentencia fue producto de la resistencia de los 23 mil habitantes afectados por las obras extensivas sobre la zona del municipio de Cananea, Sonora; de las organizaciones civiles y de los académicos que aportaron lo necesario para construir la certeza del daño ambiental provocado por las actividades mineras.

Maribel Bustamente, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora, declaró: “Con este fallo quizá nos aseguramos de que no halla otro desastre como el del 2014. No queremos que nuestro hijos y nuestros nietos sigan sufriendo. Queremos justicia para las familias, las comunidades y las personas que hemos sido tratados como animales por la minera”.

Los representantes legales también aplaudieron la decisión de la Suprema Corte y afirmaron entonces que este podría ser aplicable para casos como el del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Durante años, los habitantes del Lago de Texcoco, territorio aledaño a la megaobra –ahora ya cancelada– habían estado al frente de la oposición. Los científicos y la sociedad civil se les unieron al certificar la destrucción de cerros de tezontle en el Estado de México y de la reserva del Lago Nabor Carrillo.

El medio ambiente logró imponerse a todas la demás causas. Semanas después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenaría la cancelación de la construcción del NAIM, una vez que la ciudadanía había forzado a las autoridades a escuchar sobre todas las afectaciones ambientales y sociales que tenía un proyecto que tampoco les había sido consultado.

En opinión de Omar Arellano, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en Riesgo Ecológico y Toxicología, además de activista en favor del medio ambiente, la organización social jugó un rol clave en este 2018 en la defensa del territorio frente a los megaproyectos.

“La mayoría de los megaproyectos del sexenio de Peña Nieto fueron frenados por la movilización social, fortalecida por el acompañamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y la academia que, con base en argumentos científicos sólidos, permitió llevar muchos de esos proyectos a los tribunales. No se vio más resistencia hacia los megaproyectos sino que la organización social visibilizó a muchos de los que se han venido gestando en los últimos 12 años”, afirmó Arellano en entrevista con SinEmbargo.

Las cancelaciones fueron percibidas como éxitos para la resistencia.

En opinión de Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, esta coyuntura también fue percibida por el total de la ciudadanía, lo que también coadyuvó con los resultados electorales de este año.

“A pesar de las represiones hubo un fortalecimiento muy importante, sobre todo de pueblos indígenas que han resistido la imposición de los megaproyectos. Fue un año marcado por un proceso electoral, en términos federales, evidentemente, y la atención en este proceso ayudó a reducir los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras. Sin embargo, fueron también los pueblos en resistencia –desde sus propios espacios lucha– los que generaron un ambiente favorable para que la sociedad mexicana diera un giro el primero de julio”, aseguró Lara.

LA MUERTE ACOMPAÑÓ AL TRIUNFO

Las cifras de 2017 demostraron que México no era un sitio seguro para quienes defendían la tierra: se pasó de tres muertes en 2016 a 15 en 2017. Para octubre de 2018, sin embargo, la cifra ya alcanzaba los 16 asesinatos. Junto con los éxitos también llegaron los asesinatos y los encarcelamientos.

Los comuneros de Sierra Tarahumara padecieron la muerte de Julián Carrillo, opositor de la tala, la minería y la siembra de droga en su territorio. El pueblo de Zoquitlán, Puebla se enteró de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, quién sostenía una resistencia pacífica al proyecto hidroeléctrico de Coyolapa-Azatlán. La cárcel de Mexicali albergó por algunos meses a León Fierro, activista y denunciante de la construcción de la planta cervecera Contellations Brands.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un saldo de 161 defensores de derechos humanos asesinados. La corrupción, la impunidad y la insistencia de los proyectos neoliberales se impusieron frente a la vida en muchos ocasiones, denunciaron los especialistas

“El 2018 marcó el cierre de un ciclo en donde el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto intentó imponer megaproyectos con dos acciones: la represión y la agresión a las personas defensoras de los derechos humanos en diferentes partes del país. La gran mayoría de esos megaproyectos hoy se encuentran suspendidos o cancelados, lo que significó una agresión bastante delicada a todas  y todos los defensores y defensores”, agrega Lara.

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Organizaciones civiles de DHHH “Todos los Derechos para Todos y todas” (Red TDT), durante el sexenio peñista en promedio murieron 20 defensores al año, lo que significó dos defensores al mes. También el informe “¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente 2017”, realizado por Global Witness, denunció el aumento en los asesinatos por la imposición de los intereses económicos sobre los derechos de las comunidades, cuyos pobladores se ven orillados a defender sus territorios y recursos naturales.

El informe revela que la situación ha ido en detrimento en toda América Latina, donde ocurrieron cerca del 60 por ciento de los 207 asesinatos perpetuados en 2017: Brasil ocupó el primer lugar con 57 casos de defensores de la Amazonia; Colombia, el segundo con 24, y México, el tercero con 15 homicidios de defensores de la tierra.

Otro informe, el denominado “184 Personas Defensoras de DH Ejecutadas Extrajudicialmente en el Sexenio de Enrique Peña Nieto”, presentado por el Comité Cerezo en diciembre de este año, estima que una cuarta parte del total de víctimas [53 personas en esta condición] se relaciona con la defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas, territorio y derecho al medio ambiente. Estos tres rubros son los principales motivos por los que los indígenas continúan siendo asesinados y representan un 20 por ciento del total de todas las muertes.

DECISIONES EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

En octubre pasado, Andrés Manuel López Obrador anunció que no se utilizaría la fractura hídrica para la obtención de hidrocarburos en el país. El anunció contraviene a una disposición del anterior gobierno federal, que en marzo pasado anunció la licitación de nueve áreas para al exploración y extracción de los recursos no convencionales como gas shale y shalie oil, que requieren de la técnica de fracking para su obtención.

La decisión ha sido celebrada por organizaciones de la sociedad civil que han alertado de la inyección de químicos al agua utilizada en el método, lo que representa un daño para la salud, el clima y riesgos en el aumento de sismos.

El pasado 7 de diciembre la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) canceló de manera definitiva las rondas 3.2 y 3.3 pendientes en el país. Asimismo, la secretaría de Energía solicito al organismo la exclusión de las 37 y nueva áreas contractuales de las licitaciones. El total de las áreas licitadas cubre un total de 9 mil 513 kilómetros y se ubican principalmente en las cuencas de Burgos, los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Al respecto la Alianza Mexicana contra el Fracking celebró la congruencia del discurso con las acciones del nuevo Gobierno. Claudia Campero integrante de la organización y de la Food & Water Watch, asevera que la decisión ha sido un gran acierto, sin embargo se debe continuar con un campaña que prohiba esta práctica de manera legal.

“La Ronda 3.3 era la primera en licitar hidrocarburos no convencionales en tierra, es decir, que para extraerse requieren de fracking. Es excelente noticia que se haya cancelado. Sin embargo, se requiere que también las asignaciones, lo que está en manos de Pemex, tampoco sea susceptible a usar fracking. Por eso, seguiremos trabajando porque se prohíba el fracking”, dijo Campero.

Los especialistas recalcan que aún es necesario continuar con la vigilancia de esta práctica en el país, ya que en los últimos años, por influencia de su uso de Estados Unidos, se ha presentado como una de las principales alternativas para la obtención de combustible.

LA CONTROVERSIA DE ZAPOTILLO

Desde hace 13 años habitantes de diversas comunidades de los altos de Jalisco han sostenido una lucha frente a la imposición de la construcción de la presa “El Zapotillo”. Bajo la justificación del abasto de agua de potable de la ciudad de León, Guanajuato, el área metropolitana de Guadalajara y 14 municipios del estado de Jalisco se ha querido levantar su pared de concreto a una altura de 105 metros; lo que podría causar la inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

En el 2013 los pobladores de Tamacapulín lograron obtener un amparo de la Suprema Corte de Justicia en el que se ordena mantener una altura máxima de 80 metros. Como resultado la obra quedo cancelada. No obstante, en el año 2017, durante la gubernatura de Aristóteles Sandoval, se afirmó que se retomaría la construcción del proyecto en Río Verde con una cortina que superaría los 100 metros.

El destino de la presa volvió a generar controversia durante este año. A mediados de este año se anunció la cancelación del proyecto. Sin embargo, en octubre, el presidente López Obrador anunció que se continuaría con su construcción sin violentar los derechos humanos de los pueblos.

Sobre los opositores de Zapotillo, Antonio Lara argumenta que estos representan “13 años de resistencia comunitaria en los que han demostrado la capacidad de los pueblos de la región de organizarse y mantener el control de su territorio, esto en defensa de su vivienda y su cultura, sin dejar tampoco de proponer un manejo del agua que garantice el derecho a todos de acceder a ella”. Por lo que se espera que la resolución del conflicto contemple las garantías de los afectados.

El 19 de diciembre, el Comité Salvemos Tecamapulin, Acasingo y Palmarejo publicó un comunicado con el que externó su preocupación por la asignación en el Presupuesto de Egresos 2019 (PEF2019) de 500 millones de pesos más para la construcción de la obra, lo que se sumaría a los 40 mil millones de pesos que hasta el momento se han gastado en ese megaproyecto.

En el mismo documento se exige a diputados y diputadas que destinen esos recursos a la reparación integral del daño y a la atención de salud a los pobladores afectados en la cuenca de Río Santiago y la ribera de Chapala en el estado de Jalisco.

LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO

“Seguiremos enfrentándonos a megaproyectos pero ahora se complica aún más porque estos al parecer estarán orientados a reactivar las economías locales y regionales. El reto del nuevo gobierno, por lo que se ve hasta ahora, es entender que para concretar los proyectos deberá llegar a consensos y acuerdos con las comunidades, priorizando el medio ambiente no porque lo obligan las leyes, sino porque en ello va el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Sin embargo, la urgencia de reactivar la economía parece que pasará por sobre la protección del medio ambiente, pero aún tenemos la esperanza de que eso no ocurra.”, reflexiona Omar Arellano.

La cancelación del NAIM despertó las expectativas de la ciudadanía que, sin dejar de cuestionar las consultas públicas, se sintió participe de la toma de decisiones con relación a los megaproyectos.

Lara insististe en que no se puede soslayar todas las pérdidas humanas ocurridas este año. Sin embargo, insiste en que la destacada capacidad organizativa que los pueblos indígenas y campesinos mostraron nos han colocado en un nuevo escenario en el que se confía que “no se harán las cosas como lo hacía la política de Enrique Peña Nieto y sus antecesores”.

“Esperamos que haya un cambio de política pública hacia los movimientos sociales y hacia las resistencias con este nuevo gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Esa es la expectativa de buena parte de los movimientos del país, lo cuál no significa entregarse a manos abiertas al nuevo gobierno. Es importante para el fortalecimiento de la democracia que los movimientos sociales mantengan un planeamiento crítico e independiente al gobierno. Siempre son importantes los contrapesos desde la sociedad organizada. Estos siempre serán muchos más sólidos que los contrapesos institucionales”, afirmó Lara.

Sin duda otra de las discusiones que continuarán en la antesala del nuevo Gobierno será la del Tren Maya, votada en consulta popular, sin considerar los cuestionamientos previos de las comunidades indígenas.

Omar Arellano, hace una reflexión sobre este y los nuevos proyectos que lleguen a plantearse: “Todo megaproyecto representa un impacto negativo tanto ambiental como social, aún cuando éste conlleve beneficios significativos a la sociedad, pone ello es indispensable estimar los impactos negativos y externalidades que se generan en su ejecución y operación. Por lo anterior, los proyectos de esta envergadura deben planearse detalladamente y valorar las medidas de mitigación o compensación socioambientales. Se debe poner a disposición con la mayor transparencia los proyectos que empiezan a echarse a andar en nuestro país con el nuevo gobierno. Que se permita la discusión y la apertura para hacer las recomendaciones y acciones necesarias para apuntalar los proyectos de la mejor manera.”

Fuente:https://www.sinembargo.mx/05-01-2019/3516464?fbclid=IwAR1QE_0m8Kwk8EDO1LSRATZxYOWuwyE1vG5-hwVyUcLO-csfrTtWCCc5i6U