Ecuador

Pregunta para consulta popular sobre actividad minera en Quimsacocha la definirá el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé conocer este lunes la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratifica la consulta popular en el cantón Girón (Azuay) para permitir o rechazar la actividad minera en Quimsacocha.

En el pleno del CNE se “ratificará o modificará” la pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsakocha?, indicó el vocal Luis Verdesoto, quien dice que esta consulta no representará un riesgo para el futuro de proyectos mineros estratégicos: “Lo que se juega es la especificidad del criterio de una comunidad respecto de una obra de desarrollo específica y puntual, en donde debe primar la decisión de los actores locales sobre una obra de desarrollo”.

Así 15.363 electores de tres parroquias de Girón recibirán una octava papeleta en los comicios del 24 de marzo.

Según Verdesoto la campaña para promover el Sí o el No se podrá hacer «libremente», sin inscripción previa en el CNE, pero solo estarán autorizadas a hacerlo las habitantes de la zona.

El proyecto Loma Larga o Quimsacocha es operado por la empresa canadiense INV Minerals. El potencial estimado de la mina es de 1.86 millones de onzas de oro; 10,5 millones de onzas de plata; y 73,6 millones de libras de cobre. (I)

Para el concejal de Girón Fausto Ávila es importante que la población se pronuncie y adelantó que armarán estrategias para que la gente tome conciencia de que “esta actividad pone en riesgo las vertientes naturales y el agua”.

Para el presidente de la Cámara de Minería del Azuay, Patricio Vargas, la pregunta es “sesgada” y advirtió que apelará su contenido, aunque la decisión del TCE es la última instancia.

 

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/27/nota/7158626/pregunta-giron-se-tratara-cne

Brasil, Comunicados OCMAL

Brumadinho: otro crimen de la minería en medio de la impunidad

Con profundo pesar y gran indignación hemos tomado conocimiento del nuevo crimen sufrido por   comunidades y ecosistemas en Minas Gerais, Brasil.Nuevamente VALE, la empresa otrora estatal brasileña, responsable de la ruptura de un dique de colas con innumerables costos humanos y ambientales.

Quienes vivimos y trabajamos preocupados de los efectos negativos de la minería en América Latina despertamos cada día con la esperanza de no ser, otra vez, testigos de un nuevo crimen minero. Cada día nos esforzamos para que no se desarrolle un nuevo proyecto minero, pues éste encierra las amenazas de lo vivido el 5 de diciembre de 2015 en Mariana con 19 muertos, más de un millón de afectados y 600 kilómetros de río contaminado.

Y ahora, el 25 de enero recién pasado en Brumadinho, se suma a los muchos más a través de la historia reciente.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL estuvo presente en la conmemoración de los 3 años del crimen de VALE y BHP en Mariana.
Vimos entonces cómo un pueblo abandonado, aun con muestras de la avalancha de barro tóxico formado por las lamas de los desechos de la minería, se erguía como testigo de la impunidad en que operan empresas mineras en América Latina.
Familias esperando aún reparación, vivienda, apoyo, reconocimiento de víctimas de los desastres provocados por la minería.
Justamente la presencia de OCMAL en el municipio de Brumadinho en noviembre de 2018 fue un acto de apoyo y solidaridad con las comunidades que luchan por evitar la ampliación de la mina, cuyo dique de desechos ha causado el reciente crimen socioambiental.Vemos con tristeza e indignación la impunidad que acompaña al poder corporativo minero en nuestra región debilitando nuestras frágiles democracias y capturando a los Estados con cooptación y corrupción.
Vemos también con esperanza que estos crímenes sirven para demostrar cada vez mas, y ojalá de una vez por todas, que la minería no es una alternativa para nuestros ricos países que a costa de saqueo y agresión terminan siendo pobres y devastados.

La actividad minera es una industria del desecho. Por cada 7 kilos de cobre se produce una tonelada de desechos tóxicos. Por cada gramo de oro se producen 3 toneladas de desechos peligrosos.
Es una industria del desecho masivo porque transforma el subsuelo en relaves tóxicos, sopas químicas, montañas de veneno.
Junto con sentir y solidarizar con el pueblo de Minas Gerais, llamamos a reconsiderar la minería como opción económica para nuestros pueblos.
La tecnología, arma secreta de la arrogancia tecnocrática minera, no evita los crímenes de los que somos testigos. La responsabilidad minera no previene, no mitiga, no compensa.
Exigimos por el bien de las comunidades y los ecosistemas y finalmente por la seguridad y supervivencia del planeta: no más desechos mineros en América Latina.
OCMAL expresa su solidaridad a las víctimas y sus familiares, los/as trabajadores/as y moradores de las comunidades afectadas, asi como a los/as defensores/as de la tierra y el ambiente en Minas Gerais.

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

OCMAL

Brasil

Avalancha desentierra debate minero en Brasil

Mientras los rescatistas siguen buscando entre el barro a los 305 desaparecidos tras la rotura el pasado viernes de una presa de residuos mineros cerca del municipio sureño de Brumadinho, al sureste de Brasil, las preguntas en torno a las causas comienzan a hacerse en voz cada vez más alta.

Para responderlas, en principio, es necesario entender en qué consistía la estructura –propiedad de la multinacional brasileña Vale– que colapsó, desatando 12 millones de metros cúbicos de desechos mineros que, hasta el momento, dejan 58 muertos. El episodio no es nuevo. Hace 3 años otra presa de la misma empresa cedió. El torrente de lodo dejó 19 víctimas mortales e incontables desaparecidos en esa ocasión.

Un negocio riesgoso

Como explica Julio Fierro, investigador geoambiental quien ha asesorado al ministerio del Medio Ambiente en Colombia, el principal desafío de la minería de metales es qué hacer con los inmensos desechos que genera.

Casi la totalidad de las toneladas de roca que son pulverizadas hasta tener el grosor de un cabello humano, con el fin de extraer los gramos del metal en cuestión, terminan convertidas en un “lodo tóxico” cargado de los metales que no son utilizados, como níquel, arsénico entre otros.

El dilema, tras este proceso, es cómo almacenar esos desechos. Pese a que en los últimos años se han buscado alternativas que drenen el agua de los desechos y lo reúnan de forma más segura, la opción más común, de acuerdo con Jorge Eduardo Cock, exministro de minas y energía, “es juntar todo ese lodo en una especie de represa como la de Brasil”, llamadas presas de cola o relaves.

“Se trata de estructuras poco resistentes, de varios pisos, que se van construyendo una sobre otra”, señala Fierro. Una debilidad acentuada, de acuerdo con Tadzio Coelho, sociólogo brasileño e investigador de asuntos mineros de la Universidad Federal de Maranho, por la precaria fiscalización que se hace de las condiciones de seguridad de este tipo de diques “en las que los organismos investigadores dependen de la información aportada por la propia empresa”.

Todos estos factores confluyen, de acuerdo con el exministro Cock, en estructuras sobre las cuales “es imposible asegurar que no van a romperse”. En bombas de fango tóxico a la espera de ser detonadas por la erosión del lodo sobre las paredes de la estructura, las lluvias o los sismos.

 

Fuente:http://www.elcolombiano.com/internacional/avalancha-tras-ruptura-presa-en-brumadinho-abre-debate-sobre-mineria-en-brasil-JB10110595
Internacional

Minería, desastres ambientales y accidentes

En Brasil se ha repetido otro accidente minero de un alcance terrible, 254 personas sepultadas por la rotura de una represa de residuos, al tiempo que ha supuesto una catástrofe ambiental. Ambos desastres, humanos y ambientales, provocados por accidentes, suelen ir de la mano afectando a las poblaciones más vulnerables.

Una vez más un accidente que hemos visto una y otra vez en las minas a cielo abierto: la rotura de la presa de los residuos del tratamiento del mineral y el vertido al medio ambiente de millones de toneladas de fangos con alto contenido en metales pesados. En España vivimos el drama de Aznalcollar y los vertidos tóxicos sobre Doñana.

Esta vez ha sido en Brumadinho, la tragedia mil veces repetida y no sólo en Brasil, donde hacía sólo tres años que Minas Gerais había sufrido otro accidente similar, la tragedia de Mariana. En este caso el impacto ha sido brutal, con cientos de víctimas humanas; pero también lo será el ambiental, por la contaminación que causarán las miles de toneladas vertidas a lo largo de kilómetros de cauce del río.

Las investigaciones de estos grandes accidentes deben servir para que se apliquen medidas de control de los riesgos y no se vuelvan a repetir, pero lo cierto es que ni se pagan las multan ni se aumentan los controles ni se paraliza la actividad cuando el riesgo es intolerable. En algunos casos, aunque se realicen comisiones de investigación en el Parlamento, alguno de sus integrantes han recibido fondos de la minería para sus campañas políticas. En el Brasil de Bolsonaro hay pocas esperanzas siquiera de que se exijan responsabilidades a la empresa, porque Bolsonaro ha hecho del antiecologismo una de sus banderas. ¿Quién se puede creer ahora que hará algo contra los responsables de este desastre?

La legislación de la minería en materia de seguridad siempre ha sido objeto de controversia, como lo ha sido ligar los sueldos a la producción bajo cualquier condición laboral y sin prevención de riesgos. La cuestión cobra especial gravedad en lo que a baldas de residuos mineros se refiere, porque son infraestructuras inseguras y peligrosas.

La amenaza del desempleo se convierte en el mantra que las empresas extienden como un virus por las poblaciones donde se instalan. La falta de visión de alternativas ligadas a los escasos recursos de esas poblaciones, las convierte en doblemente vulnerables.

Tenemos varios factores subyacentes donde se gestan las catástrofes: pobres legislaciones en materia de seguridad unidos a la financiación de campañas políticas o legislaciones que siendo correctas no se hacen cumplir, inspecciones complacientes, connivencia con representantes de trabajadores que han de elegir entre susto o muerte, entre desempleo o empleo miserable, poblaciones con pocos recursos, en situación de vulnerabilidad y por último empresas que sólo invierten para enriquecerse, depredan el lugar y llevan al límite los riesgos sin invertir en seguridad.

El debate sobre las explotaciones mineras a cielo abierto está muy presente en España. Decenas de nuevos proyectos mineros se extienden por toda nuestra geografía. Sus promotores se aprovechan de dos factores: el abandono del territorio que deja campo libre a su explotación más impactante, y las necesidades de empleo.

Razmig Keucheyan, en su libro “La Naturaleza es un campo de batalla” comienza el capítulo dedicado a la ecología política que viene, con estas palabras: “Si a las asociaciones ambientalistas tradicionales les cuesta trabajo reconocer la dimensión social de la ecología, el movimiento obrero, por su parte, mantiene desde los orígenes una relación ambivalente con las problemáticas ambientales”. Tras la explosión de la planta química AZT en Toulouse, los sindicatos y los damnificados se dividieron, mientras los primeros gritaban que la química era una necesidad y la seguridad una exigencia, pidiendo seguridad y empleo, las víctimas, los ribereños y asociaciones ambientalistas clamaban “Nunca más, ni aquí ni en otra parte”.

Continúa diciendo Keucheyan “Esta ruptura es reveladora de una división que estructuró el campo político en el siglo XX. A los sindicatos la defensa de los empleos y de la industria que los proporciona, a veces con exclusión de otras preocupaciones como la seguridad de los vecinos o de  los mismos asalariados. Una lectura productivista del marxismo también influyó en esto así como la distinción entre el trabajo (sindicatos) y “fuera del trabajo”(sociedad civil).

La naturaleza no escapa a las fuerzas sociales, es la más política de las entidades. Por ello las explotaciones mineras están ligadas no sólo a las crisis ecológicas sino a los incumplimientos repetidos de las medidas de seguridad que acaban afectando tanto a trabajadores como a la   población. Todo ello teñido de un “clasismo ambiental” donde la ubicación de las grandes explotaciones mineras perpetúa las desigualdades vulnerando derechos cívicos, como son la seguridad, la salud y el ambiente, justamente en los territorios o comunidades más pobres.

Bhopal, un drama de consecuencias que aún perduran, Chernóbil o Fukushima tienen en su génesis causal pobres medidas de seguridad. Tantos accidentes mineros, como dice el cantautor asturiano en La Planta 14 la tragedia repetida, una tarde amarilla, los hombres no volvieron.

Contra la mercantilización de la naturaleza se necesita de una revolución política y social en cuanto a la rebelión contra la sociedad de consumo, y ahí es donde no debemos dejarnos vencer para evitar que las tragedias se repitan.

Fuente:https://blogs.publico.es/ecologismo-de-emergencia/2019/01/28/mineriadesastresaccidentes/
Brasil

Lloramos con la Madre Tierra lágrimas de barro y sangre

¡No a la impunidad!

La Red Iglesias y Minería llora junto a las víctimas del crimen socioambiental de Brumadinho, Minas Gerais (Brasil)

Estamos escribiendo hoy desde esta comunidad violada, que conocemos bien y que hoy volvemos a visitar, después de haber celebrado con ella varias veces en el caminar, la vida y la resistencia frente a la expansión de la minería.

Escribimos también desde las muchas comunidades latinoamericanas afectadas por la violencia arrogante del extractivismo, abrazadas hoy silenciosamente a la pequeña Brumadinho, en lágrimas.

Estamos solidarios con las familias de las víctimas y las comunidades de fe, que tendrán el duro desafío de reconstruir la esperanza. Nos unimos también a la Arquidiócesis de Belo Horizonte, que con las palabras del Evangelio definió la tragedia como “abominación de la desolación”, refiriéndose a los “absurdos nacidos de las ganancias y el desprecio al otro, a la verdad y al bien de todos”.

Seguimos acompañando y asesorando a las iglesias comprometidas en los territorios heridos por la minería y en todos los conflictos abiertos entre empresas extractivas y comunidades (Solo en Brasil hay más de 70 Diócesis donde fueron mapeados estos conflictos).

La impunidad consolida el crimen

La empresa VALE S.A., junto a la BHP Billiton, es la responsable de 19 muertes y de la contaminación de toda la cuenca del Río Doce, el 05 de noviembre del 2015. La repetición del mismo daño, tres años después, con un rastro de muertes mucho más graves, es la confirmación de la incapacidad de gestión y prevención de daños, desinterés y conducta criminal.

Esta responsabilidad involucra también al Estado, que otorga licencias a los proyectos extractivos y debería monitorearlos para garantizar la seguridad y la vida digna de las comunidades y del medio ambiente.

La responsabilidad del Estado es doble, porque la impunidad y la falta de reparaciones completas y suficientes para las víctimas del crimen de Marina fue una de las condiciones principales que permitieron el nuevo crimen de Brumadinho.

Puertas giratorias

Abrazados, el capital de las empresas mineras y el poder político, facilitan la instalación o ampliación de los grandes proyectos extractivos, minimizando las condiciones y las reglas de licenciamiento de los mismos. La propia “Córrego do Feijão”, cuyo depósito de desechos tóxicos se rompió, obtuvo en diciembre del 2018 una licencia ambiental para la expansión del 88% de sus actividades. En el Consejo de Políticas Ambientales del Estado de Minas. Solamente el Foro Nacional de la Sociedad Civil en la Gestión de Cuencas Hidrográficas (FONASC) votó en contra de la expansión, denunciando mecanismos “insanos” para reducir las exigencias en el licenciamiento de los grandes emprendimientos mineros.

No se pueden llamar “accidentes ambientales” a los desastres provocados por conductas irresponsables de las empresas aliadas al poder público.

Sociedad civil organizada pero no escuchada

Desde 2011 la población de Brumadinho y de la región, se manifiestan de forma organizada contra la mina, sus impactos y amenazas. El FONASC, en diciembre del 2018, escribió una comunicación oficial al Secretario Estatal del Medio Ambiente, pidiendo la suspensión del licenciamiento de la mina “Córrego do Feijão”. La articulación Internacional de los Afectados y Afectadas por la Vale denunció en la Asamblea General de los Accionistas de la Vale, en abril del 2018, “los peligros del reiterado proceso de reducción de gastos y costos en sus operaciones”, haciendo mención explícita a los diversos depósitos de desechos.

Los responsables de estos crímenes no pueden alegar justificaciones de desconocimiento. Al contrario, en nombre del progreso y del lucro de pocos, hay una descalificación sistemática de las voces diferentes.

Con energía, hacemos resonar las palabras del Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’: “en el debate, deben tener un lugar privilegiado los moradores locales, aquellos mismos que se interrogan sobre que es lo que desean para si y para sus hijos y pueden tener en consideración las finalidades que trascienden el interés económico inmediato” (LS 183).

Flexibilizar hasta quebrar

El recién elegido Presidente de Brasil, atendiendo a las presiones de quien financió su campaña, manifestó el plan de flexibilizar al máximo el control y licenciamiento ambiental. Criticó la supuesta “industria de la multa ambiental”; su Gobierno despojó de atribuciones a la cartera del Medio Ambiente, suspendió contratos con ONGs empeñadas en defender el medio ambiente, extinguió secretarías que trabajaban para políticas públicas contra el calentamiento global.

También los gobiernos anteriores facilitaron la expansión sin control de la minería en el país, promoviendo el Plan Nacional de Minería y reformulando, por decreto, el Marco Legal de la Minería.

Los acontecimientos recientes demuestran, violentamente, que estas políticas son un suicidio colectivo y una amenaza a la vida de las futuras generaciones.

Este modelo de crecimiento es insustentable y letal; no se puede chantajear a quien necesita empleo para sobrevivir en regiones controladas por la minería, sin garantizar al mismo tiempo seguridad, salud y bienestar social. Los problemas no se resuelven “apenas con el crecimiento de los lucros de las empresas y de los individuos”. “No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema los términos medios son sólo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso”. (LS190,194)

Falsos Diálogos

Con frecuencia, las empresas y los gobiernos apelan a la mediación de los conflictos con las comunidades a través del “diálogo”. Buscan, inclusive, la intermediación de las iglesias, para ofrecer a estos procesos mayor credibilidad.

También institucionalmente se han invertido en mediaciones extrajudiciales y términos de ajustes de conducta para hacer más efectiva y rápida la reparación de daños y violaciones ambientales.

La falta de ejecución de las mitigaciones y reparaciones, la dejadez en prevenir nuevos desastres y la repetición de prácticas irresponsables y criminales confirman que: este tipo de propuesta no es un diálogo verdadero. Es una estrategia de las empresas para seducir a la opinión pública, garantizando una especie de licencia social para contaminar, reducir la resistencia popular y eludir que el gran capital puede convertirse a los valores de la sostenibilidad y del bien común.

Más que este “diálogo”, asimétrico e irrespetuoso, confiamos en las reglas democráticas de protección ambiental y de los derechos de las poblaciones, así como en autoridades que efectivamente monitoreen su respeto y castiguen a quien las viola. Apoyamos un Tratado Vinculante para Empresas y Derechos Humanos, en el nivel internacional, y una responsable, eficaz y rápida respuesta judicial para quienes apuestan por la impunidad o, a lo máximo, en una leve incidencia financiera de rara multas aplicadas.

¡El crimen socio-ambiental no es un accidente!

Desde Brumadinho y desde América Latina, 26 de enero, 2019

Red continental «IGLESIAS Y MINERIA»
Acción Ecuménica en el cuidado de las comunidades y sus territorios
Servicio de Coordinación Tel: +57 3176362463 +55 99 91955952 +593 99 9238054
www.facebook.com/IglesiasyMineria Twitter: @iglesiaymineria

Mexico

Habitantes de Acacoyagua piden sea declarado territorio libre de minería

El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, informaron que entregaron una solicitud a las autoridades municipales de Acacoyagua para pedir se comprometan a frenar la minería.

Al mismo tiempo, solicitaron se convoque a una asamblea de cabildo abierto en donde el Ayuntamiento establezca un acta de “Territorio Libre de Minería” y lo publique en el Periódico Oficial de Chiapas.

Los habitantes indicaron estar siendo amenazados por 21 concesiones mineras; de las cuales 13 están dentro de Acacoyagua, para la explotación de ilmenite, cobre, titanio, plomo y barita. Además de la amenaza de proyectos de dos mini hidroeléctricas y una plata geotermia.

El Frente ha denunciado en diversas ocasiones los múltiples actos de intimidación, ataques, compra de conciencia e intentos de división comunitaria a los cuales recurren estas empresas para imponer sus proyectos. También sufrimos daños a la salud y al medioambiente: irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales, deforestación y contaminación del aire.

Al respecto,  el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, escuchó cómo la minería contamina a los ríos Cacaluta, Chocolate y Cintalapa que nos abastecen de agua están siendo contaminados.

“Aquí vivimos principalmente del cultivo de mangos, arroz, cacao, frijol, café, maíz, ajonjolí, rambutan, entre otros, y no queremos que nuestra tierra siga perdiendo productividad a causa de la minería” indicaron.

Por tanto, los habitantes en nombre de su derecho a la vida digna, instaron que no dejaran que la minería avance en la region, por lo que pidieron al Ayuntamiento se comprometa en cuatro acciones concretas:

  • Primero.- Se comprometa a no autorizar ninguna solicitud de permiso de uso y factibilidad para minería de ningún tipo, “a tajo o a cielo abierto” o “subterránea”.
  • Segundo.- Se comprometa a actuar en caso de que alguna empresa minera ponga en operación la fase de exploración o explotación.
  • Tercero.- Respete la decisión del Ejido Acacoyagua, de los Bienes Comunales de Acacoyaguay del Ejido 15 de Septiembre de no permitir que los camiones de carga y la maquinaria de los mineros dañen sus caminos ejidales y municipales.
  • Cuarto. Se comprometa a dar aviso de inmediato tanto a la población como a grupos organizados y a los representantes agrarios que le compete, en caso de que algún empresario, directivo o promovente del ramo minero se presente ante su envergadura para establecer diálogo, pedir información, hacer trámites o solicitar el permiso correspondiente.

Así mismo, convoque a una asamblea de cabildo abierto, en donde esté presente la ciudadanía que vive en Acacoyagua, con el propósito de analizar, discutir y refrendar los hechos en un acta en la cual el Municipio sea declarado como “Territorio Libre de Minería”.

Se comprometa a realizar todas las gestiones que le corresponden en un máximo de dos meses a partir de la asamblea de cabildo abierto, incluyendo que el acta sea publicada en el POF del estado de Chiapas.

Exhorte a los H. Ayuntamientos de los Municipios “Escuintla”, “Acapetahua” con quienes colindamos a que se pronuncien en el mismo sentido y se declaren también como “Territorios Libres de Minería”

FInalmente, solicitaron que se explore los mecanismos legales conducentes para elaborar o, en su caso, modificar un ordenamiento ecológico territorial municipal, mediante el cual determine la protección de todo el territorio municipal de actividades extractivas que nos pongan en riesgo (minería, hidroeléctricas y geotermia).

 

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/01/habitantes-de-acacoyagua-piden-sea-declarado-territorio-libre-de-mineria/

Brasil

Colapso de represa de relaves de Vale en Brasil deja cientos de desaparecidos

Una brigada de bomberos dijo hoy que busca a unas 200 personas desaparecidas tras el rompimiento de una represa de relaves de una mina de hierro de la brasileña Vale en el suroeste del estado de Minas Gerais.

Un comunicado del cuerpo de bomberos de la ciudad de Belo Horizonte dijo que decenas de personas están atrapadas por el río de lodo liberado por el colapso de la represa.

Vale dijo que había empleados en las oficinas de administración de la represa, las que fueron cubiertas por lodo y agua y que en ese lugar podría haber víctimas. Sin embargo, todavía no se han confirmado fallecimientos.

La minera Vale y autoridades locales informaron que los primeros indicios muestran que los relaves filtrados de la mina Corrego de Feijao se habían extendido a su área administrativa y a partes de la comunidad local Vila Forteco, cerca de la ciudad de Brumadinho.

El accidente se produce tres años después del peor desastre ambiental de Brasil cuando una represa mayor, propiedad conjunta de Vale y BHP Billiton, se rompió en la misma región, en la pequeña ciudad de Mariana, enterrando casas bajo el lodo y provocando la muerte de 19 personas.

El incidente del viernes parece de menor envergadura en comparación al desastre de 2015 en Mariana, también en Minas Gerais, tras el colapso de la represa de la mina de mineral de hierro Samarco.

La agencia de protección ambiental de Brasil, Ibama, dijo que la represa contenía 1 millón de metros cúbicos de relaves, mucho menos que los 50 millones de metros cúbicos de la represa Fundao de Samarco.

Fotos publicadas en G1 y otros sitios web de noticias locales, algunas acreditadas al departamento de bomberos, mostraban una vasta área cubierta de lodo con personas que caminaban con barro hasta los tobillos.

Los bomberos de la zona rescataron a varios sobrevivientes y los trasladaron a hospitales cercanos en helicóptero.

Un representante de la agencia de defensa civil de Brumadinho, a 10 kilómetros de la represa, dijo que estaban evacuando casas en la parte baja de la ciudad pero que los desechos no habían llegado hasta ahí.

El Instituto Inhotim, un museo de arte contemporáneo al aire libre en un parque a casi cinco kilómetros de Brumadinho, evacuó a los visitantes y cerró sus puertas por precaución.

Fuente:https://gestion.pe/mundo/colapso-represa-relaves-vale-brasil-deja-cientos-desaparecidos-256866

 

Brasil

Vale de Muerte

Es con profunda indignación que recibimos la noticia de otra tragedia provocada por la minera Vale. En la tarde de hoy (25/01/2019), dos represas localizadas en la comunidad de Corrigo do Feijão, en Brumadinho, región metropolitana de Belo Horizonte (MG), se rompieron. Todavía no tenemos información sobre el número de víctimas, pero, según los bomberos, unas 200 personas están desaparecidas. También hay informes sobre la llegada de material tóxico al río Paraopeba, afluente de San Francisco. La dimensión completa de este desastre aún no puede ser precisada.
La Articulación Intencional de los Afectadas y Alcanzados por Vale viene denunciando en los últimos años en la junta de accionistas de la empresa el peligro del reiterado proceso de reducción de costos y gastos en sus operaciones, ampliando así los riesgos e incidentes como el ocurrido en Mariana en 2015 y hoy en Brumadinho. Sin embargo, no se ha hecho nada. No se puede decir que el rompimiento de las represas, el día hoy, no era previsto o esperado: a pesar de alertada, Vale no hizo nada más que continuar con sus actividades mineras y aumentando sus ganancias.
Brumadinho Brumadinho se encuentra a 149 km de Mariana, epicentro del rompimiento de la presa de Fundão, otro crímen que implica a la minera Vale, que se llevó la vida de 19 personas y afectó a miles de personas en la Cuenca del Río Doce, las cuales padecen hasta el día de hoy y que la Vale S.A. no ha indemnizado ni reconoce su derecho como personas afectadas.
Además de la evidente responsabilidad de la empresa, entendemos que el Estado brasileño es igualmente responsable de las violaciones de derechos humanos de los afectados por el rompimiento de represas. La autorización de funcionamiento de represas de desechos mineros, que está prohibida en diversos países, la no fiscalización de sus instalaciones y la no responsabilización de las empresas mineras por los daños que causan, representan una verdadera omisión de las autoridades brasileñas que permiten que las violaciones se repitan. Incluso después de 3 (tres) años del crimen de la Cuenca del Río Doce, Vale no fue debidamente responsabilizada y lo/as afectado/as siguen luchando por el acceso a la justicia.
Y ahora, la Vale nuevamente protagoniza una nueva tragedia social y ambiental. Es urgente que las autoridades del Estado brasileño asuman sus responsabilidades y comiencen una investigación rápida, imparcial y efectiva para que este tipo de casos no se repitan. Además de promover la fiscalización de todas las represas del país, para evitar nuevas rupturas y tragedias.
Nos solidarizamos con todos lo/as afectado/as y nuevamente afirmamos que: ¡No fue un accidente!
Articulación Internacional de Afectado/as por VALE

Perú

Espinar: Población convive con una crisis de salud ambiental

El 2017 la provincia cusqueña de Espinar celebró cien años de creación política, un centenario con mucho derroche de fiestas y eventos públicos para la población local. El centenario pudo haber sido la oportunidad para hacer una revisión histórica sobre los avances y nuevos desafíos que tiene la provincia a nivel de acceso a derechos en salud, educación, desarrollo económico, entre otros. Sin embargo se dejó pasar esta oportunidad y no se dieron grandes discusiones, ni reformas, ni planteamientos sobre el tema minero y las implicancias de ello para el desarrollo de Espinar.

En ese marco, y siendo el tema minero ambiental una problemática recurrente en Espinar, nos preguntamos. ¿Cuánto se ha avanzado realmente en materia de salud ambiental?, ¿Es prioritario para las autoridades locales el tema del agua y la salud ambiental?

Estas preguntas sin duda tienen que ser respondidas por las nuevas autoridades electas. Ante este contexto, queremos señalar aquellas problemáticas que deben ser atendidas de inmediato por ser situaciones de vulneración y afectación a la población espinarense.

Espinar dentro de las ciudades más sucias del Perú

En marzo del 2013, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) – Cusco y el Ministerio Público, constataban en una inspección inopinada realizada en los botaderos de residuos sólidos en 108 distritos de la región Cusco, el 50% operaba inadecuadamente, y que las zonas que se encontraban en riesgo sanitario muy alto se ubicaban en Calca (Pisaq, Coya y Yanatile), Espinar y Canchis[1]. Para el 2018, la situación no había cambiado para Espinar, pues el Ministerio del Ambiente (MINAM) identificó a 92 distritos a nivel nacional que requieren de acciones inmediatas para mejorar el manejo de residuos sólidos[2], en esta lista nuevamente encontrábamos a la provincia de Espinar, evidenciando que es una de las zonas más sucias y con mayor contaminación de todo el Perú.

Calidad de sus fuentes de agua: Cañipia y Salado

 Es de conocimiento público que la problemática del agua en Espinar no solo es para la zona urbana, sino tambien para las comunidades del entorno minero. Ha sido el mismo Estado quien ha realizado estudios que señalan que el agua no es apta para consumo humano, pero no se conoce el origen y/o las fuentes de la contaminación hasta el momento. Además, están pendientes los resultados del estudio de causalidad que estuvo a cargo del Instituto Peruano de Energia Nuclear (IPEN), en ese marco cabe resaltar que Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) ha evidenciado durante el 2018, a través de un informe de Análisis de monitoreos[3], que la cuenca del río Cañipia presenta puntos de monitoreo recurrentes cercanos a Antapaccay y la relavera de Huinipampa con presencia de Manganeso, Sodio, Mercurio, Fosfato, Sulfato, y Molibdeno que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA’s). Así mismo, en el caso de la cuenca del río Salado los puntos recurrentes cercanos a la unidad minera Tintaya y la relavera Ccamacmayo, se encontró: Arsénico, Manganeso, Sulfato, Selenio, Sodio, Hierro, Aluminio, Boro, Cadmio y Cobre.

Agua con metales toxicos en la ciudad de Espinar:

A finales del 2018 hemos sido testigos de la reciente indignación “urbana” por un informe de la DIRESA en el que afirma la presencia de 4 metales (Aluminio, Arsénico, Hierro y Manganeso) en la planta de tratamiento de agua potable “Virgen de Chapi”. Frente a ello, como DHSF, hemos elaborado un informe[4] el cual fue compartido con la autoridad edil de Espinar para que pueda ser usado como un instrumento de apoyo en la elaboración de un Plan de Acción para responder la demanda de la población. Lo cierto es que los pobladores de la zona urbana también están siendo afectados por la presencia de metales tóxicos presentes en su agua y que tienen un efecto bioacumulativo[5], por ello se ha conformado hace unos días el Comité de Lucha por el agua y la salud de Espinar, el cual deberia ayudar a canalizar esta preocupacion y angustia ciudadana por el agua que se consume en Espinar y el impacto para sus vidas.

 Finalmente, no deberíamos ver la toxicidad en los pobladores como un simple resfriado, pues los efectos a largo plazo mostrarán la magnitud de un problema que pudo haberse evitado y que ya es visible en muchas comunidades, personas con signos y síntomas de enfermedades que pueden estar asociadas a la ingesta de metales tóxicos, tal como lo indican las guías de diagnóstico clínico que deben ser revisadas constantemente por los profesionales de salud que laboran en la zona.

Que Espinar encuentre las maneras de sobreponerse a estas situaciones,  no solo es responsabilidad de sus autoridades locales y regionales, sino también de sus representantes sociales, sus comunidades, ciudadanas y ciudadanos que se atrevan a salir de ese desarrollismo economicista que está absorbiéndolos y atrapándolos en el individualismo sistemático.

*Bióloga, – Área Derechos Colectivos y Medio Ambiente – Derechos Humanos Sin Fronteras.

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/espinar-poblacion-convive-con-una-crisis-de-salud-ambiental/?fbclid=IwAR2gIiKqBWICi53SHCSWek-kLCTDID9m-6ZU6XEOMXu2EEhogzA1Pmb1QhY

Colombia

COMUNICADO PUBLICO URGENTE Alerta por alianza entre la Universidad de Antioquia y la AngloGold Ashanti Rechazamos que la Universidad Pública sea cooptada por el extractivismo

Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos ante la opinión pública nacional e internacional para expresar el rechazo a la alianza entre la AngloGold Ashanti y la Universidad de Antioquia quienes se han propuesto la implementación de un diplomado, con varias organizaciones sociales del municipio de Jericó, lo cual podría alimentar la consolidación de una línea de base para disfrazar, con una falsa legitimidad, al proyecto minero Quebradona.

Este tipo de alianza alimenta el poder corporativo para encubrir sus intenciones de avanzar en la expansión de la frontera extractiva y avalar con una supuesta “participación social” y “capacitación” la consolidación de un proyecto territorial de expropiación, pues resulta preocupante que sea la universidad pública quien actúa como su aliada.

 

Las universidades, y especialmente la universidad pública, deben mantener independencia y actitud crítica frente a la actuación de las empresas, además de las ya estudiadas consecuencias del extractivismo que expropia a las comunidades de sus territorios y ha generado nefastas consecuencias a los derechos humanos y ambientales. Por este motivo, la universidad pública debe aportar, desde su conocimiento y capacidades, a la defensa de lo público, a la integridad social y ambiental, a la pervivencia de las comunidades y a la protección el patrimonio ecológico y cultural de nuestro país.

 

En el mes de diciembre de 2018 se hizo pública una convocatoria, por parte de la Universidad de Antioquia, de realizar en el municipio de Jericó un diplomado para el “Fortalecimiento Organizacional” el cual se proyecta iniciar en enero de 2019. Inmediatamente a esta convocatoria, varias organizaciones sociales del municipio y del Suroeste de Antioquia, lanzaron una alerta porque el financiamiento de este diplomado es patrocinado por la AngloGold Ashanti, multinacional que lleva cerca de 10 años en el Territorio y quien consolida sus intereses en la región puesto que busca desarrollar el proyecto minero Quebradona, el cual pretende extraer 3.95 Mt de cobre, 6.13Moz de oro, 85.2 Moz de plata y 70Kt de molibdeno.

 

Coincidimos con el enfático rechazo a este patrocinio de la AngloGold Ashanti, más aún porque esta multinacional desconoce los acuerdos municipales que han promovido alcaldes y concejos municipales del suroeste para la prohibición de la minería de metales, además de las recurrentes movilizaciones que rechazan su imposición extractiva. Tampoco se nos debe olvidar que AGA “es conocida en el mundo por financiar grupos paramilitares, como en el caso denunciado por Human Rigths Watch en la República Democrática del Congo, y por asediar y perseguir a las comunidades que obstaculizan la entrada de sus proyectos mineros. Además de las delicadas acusaciones sobre su relación con el asesinato de líderes en el país y de su responsabilidad en la división de comunidades para favorecer sus intereses”.

 

Contexto:

 

El Suroeste de Antioquia es una región predominantemente agrícola, el conflicto por la extracción de minerales ha estado latente desde que la AngloGold Ashanti y otras multinacionales llegaron a la región, generando resistencias por las acciones que han emprendido en los territorios. Los trabajos de exploración minera por parte de la AGA se han estado realizando en la vereda Quebradona del municipio de Jericó desde hace 12 años, generando conflictos sociales y perforaciones en acuíferos que, como afirman habitantes de la zona, aún continúan pese a los daños que han causado para el abastecimiento del agua, especialmente en épocas de sequía.

 

En el 2018 y ratificando su posición de 2017, el Concejo Municipal de Jericó prohibió la actividad minera en su jurisdicción mediante Acuerdo Municipal. A esto se suma el accionar de las organizaciones del municipio y de la región quienes han emprendido diferentes acciones para defender los territorios -de vocación agrícola- contra la proyección de la AGA de promover su apuesta de minería de cobre a gran escala en Colombia. El gobierno colombiano lo ha declarado como “Proyecto de Interés Nacional y Estratégico –PINES-.” por lo cual se está facilitando el desarrollo del mismo mediante la promoción de falsas expectativas de empleo. A esta situación se suma la alianza entre academia y corporaciones que contrasta con el temor de la población antioqueña de perder su territorio sagrado para la vida.

 

Frente a esta situación exigimos:

 

A la Universidad de Antioquia:

  • Haga público el convenio que ha firmado con la Anglo Gold Ashanti donde especifique los montos de financiación y las cláusulas de este proyecto.
  • Se respete su misión y principios éticos con “especial responsabilidad con la sociedad, a la cual se debe; se compromete con las soluciones a los problemas de la sociedad, con alto sentido humanístico”
  • Que la extensión de la universidad apunte a un real acompañamiento de las comunidades sin tener dependencias económicas con empresas que tienen intereses marcados en los territorios para obtener licenciamiento social y ambiental.

 

Al gobierno nacional:

 

  • Se garantice que la Universidad Pública sea financiada con recursos de la nación y no de empresas que tienen intereses económicos en las regiones.
  • Se tomen las medidas necesarias para garantizar los recursos de la educación pública, para garantizar la objetividad, la transparencia y la autonomía de las Universidades del país.

 

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la situación de las organizaciones que defienden los territorios ante el avance del extractivismo.

Nos solidarizamos con las comunidades de la región que están en la defensa de los territorios e invitamos a universidades, investigadores, profesores y estudiantes a que demanden una educación pública, para la vida, de calidad y en la defensa de los intereses de las comunidades y territorios del país.

 

FIRMAN

Organizaciones:

Agenda Ambiental Provincia de Vélez

Asociación de Acueductos Comunitarios de Antioquia ADACA

Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán ACISC

Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ANUC Cundinamarca

Campesinos de Palocabildo, Jericó, Antioquia

Casa de la cultura del municipio de Nataga, Huila

Censat Agua Viva – Amigos de La Tierra Colombia

Centro de Estudios Minero Energético

Cinturón Occidental Ambiental -COA

Círculo de fuego y unidad

Coalición de Movimientos y Organizaciones de Colombia (Comosoc)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR

Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA

Colombia Punto Medio

Colombia Social Impact Corporation

Comité Ambiental en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio del Cauca

Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima

Comité Ambiental de Armero Guayabal

Comité Ambiental de Bolívar, Santander

Comité Ambiental de Espinal

Comité Ambiental de Roncesvalle

Comité Ambiental del Líbano Tolima

Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime

Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta

Comité Ecológico de Pijao, Quindío

Comité por la Defensa del Agua, la Vida, el Territorio y el Ambiente de El Peñón, Santander

Comité Promotor para la Consulta Popular de Roncesvalles “Por la defensa de la vida y el territorio”

Conciencia Campesina de Cajamarca Tolima

Coordinadora Regional para América Latina

Corporación de Apoyo a Comunidades Populares CODACOP

Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

Corporación Jurídica Libertad CJL

Corporación Regional Yariguíes

Corporación SOS Ambiental

Enda América Latina

Escuela de Pensamiento

Fundación AMA (Amigos del Medio Ambiente)

Fundación para el Desarrollo del Campo y Construcción de la Paz CAMPO PAZ

Fundación Pepe Breu, Medellín

Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM)

Instituto Mayor Campesino IMCA

Instituto Popular de Capacitación – IPC

Marcha Carnaval Quindío

Mesa Ambiental de Jardín, Antioquia

Mesa Ambiental de Jericó, Antioquia

Mesa departamental para la defensa del agua y el territorio del Caquetá

Mesa Ecuménica por la Paz – MEP

Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero

Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social (Messsa)

Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia

Morro de Agua del Suroeste de Antioquia

Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida de Gachantiva

Movimiento social En Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí- Ríos Vivos

Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio – MOVETE

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL

Organización Amar es Más

Pax Christi Medellín

Red de Comités Ambientales del Tolima

Red de Solidaridad Global

Red de Acción Frente al Extractivismo – RAFE

Red de los 14 Pueblos Hermanos por el Agua y el Territorio

Red Nacional de Acueductos Comunitarios

Resguardo Indígena Karambá, Quinchía, Risaralda

Si a la vida, No a la minería

Universidad Popular de los Pueblos – UPP

Veeduria ecológica Arbeláez- VEA

Veeduria MCC Santurbán

 

Personas

Álvaro Cadavid M. Profesor titular Universidad de Antioquia

Erika Milena Muñoz Villarreal, investigadora grupo estudios jurídicos y sociojuridicos. Universidad de Caldas

Maryo Castro

 

Fuente:https://censat.org/es/noticias/comunicado-publico-urgente-alerta-por-alianza-entre-la-universidad-de-antioquia-y-la-anglogold-ashanti-rechazamos-que-la?fbclid=IwAR151sL-LjBfTf39csb9Re1lJXd9iyNTIGX-JwMEIKuxxc-t_zdgKzoAb7s