|La resistencia indígena contra la explotación de una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, es una advertencia a todas las empresas mineras internacionales para que consideren las perspectivas indígenas con más cautela o sufran las consecuencias.
Las operaciones de explotación en la mina Escobal, en la que la minera estadounidense Tahoe Resources invirtió más de 500 millones de dólares, fueron suspendidas en 2017 mediante mandato judicial en espera de los resultados de una consulta de las comunidades indígenas cercanas, una decisión confirmada por el máximo tribunal de Guatemala en septiembre.
Los líderes Xinca, una comunidad principalmente agrícola que reúne a unas 400,000 personas, rechaza la presencia de la mina en sus territorios debido a que sus actividades dañarán la tierra y agua en sus tierras ancestrales, poniendo en peligro su existencia.
El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas que empiece “inmediatamente” las consultas, aunque el proceso se encuentra atascado en un litigio para definir cuáles son las comunidades que deben participar en la consulta.
Esta pugna entre las ambiciones de las mineras transnacionales y el derecho de los pueblos indígenas ilustra el tipo de conflictos en los que se pueden enfrentar los capitales internacionales con rivales cada vez más sofisticados, a menudo una combinación de activistas ambientales y comunidades locales, según ejecutivos de la compañía y analistas del sector.
“Recuerda que una inversión minera segura requiere lograr primero una licencia social”, dijo Luis Rivera, un ejecutivo de la minera sudafricana Gold Fields en Lima.
El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.
Hablando en condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, un ejecutivo de una empresa minera con sede en Canadá se quejó señalando que “En todas partes del mundo, los pueblos indígenas tienen mucha influencia sobre los políticos y cuando uno se enfrenta a algunos de estos grupos (…) casi no se puede ganar”.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), invocado en la decisión de la corte de Guatemala, requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos, algo que no ocurrió antes de la construcción de Escobal, hogar del segundo depósito de plata más grande del mundo.
En México, unos 10 proyectos de minería y energía sufrieron retrasos importantes solo este año debido a problemas con las consultas indígenas, dijo Gabino Fraga, un consultor que ayudó a empresas como la minera Peñoles y la petrolera estatal Pemex a realizar consultas.
Fraga dijo que es probable que haya más choques en la región si los gobiernos y las empresas no gastan más tiempo y recursos en las consultas, un problema que ya están enfrentando las empresas de energía limpia en México.
Desde 2013, año en que obtuvo su licencia de extracción, la mina Escobal produjo unos 20 millones de onzas de plata anuales hasta 2017. La decisión de la Justicia guatemalteca de reconocer el valor de los argumentos de los indígenas Xinca y de los defensores del medioambiente, significó la primera vez que los jueces guatemaltecos detuvieron una mina operativa debido a las consultas indígenas.
Las acciones de la minera Tahoe Resources cayeron en más de la mitad desde el año pasado, y las pérdidas han aumentado desde el fallo de septiembre.
En un nuevo giro, la minera canadiense Pan American Silver Corp ofreció comprar Tahoe el mes pasado, incluyendo un pago condicional por el reinicio del envío de concentrado de plata de Escobal.
Gabriela Roca, ejecutiva y abogada de la unidad local de Tahoe Resources, Minera San Rafael, sugirió que las consultas ordenadas por el tribunal podrían tomar tan solo unos meses si todas las partes actúan de “buena fe”. Si no, podrían prolongarse hasta cinco años.
Según la interpretación de esta abogada, “La consulta no es un voto, no es veto, no es un plebiscito. Es un dialogo”, dijo.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2017 sostuvo que la falta de consultas adecuadas por parte de las empresas extractivas causó la gran mayoría de los 200 conflictos en proyectos extractivos en América Latina y el Caribe.
El BID concluyó que en casi nueve de cada 10 casos los conflictos que involucraban a las comunidades indígenas empeoraron cuando no se consultó a la población afectada por las operaciones extractivas y contaminantes.
Lejos de aliviar las tensiones, el fallo judicial parece haber galvanizado a los indígenas guatemaltecos que no quieren que la mina Escobal afecte negativamente sus tierras y sus condiciones de vida.
Al lado de la propiedad de la mina en la ciudad de Casillas, los camiones que se aproximan son inspeccionados por miembros de la comunidad que buscan hacer cumplir la suspensión en lo que denominan un “campo de resistencia”.
Mientras el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala se prepara para iniciar las consultas el próximo año, el liderazgo Xinca se muestra firme en que no participará en ningún diálogo futuro sobre la mina, dijo el presidente de su parlamento, Aleisar Arana, en una entrevista reciente.
Arana, quien celebró el fallo de la corte, busca inspirar a otros pueblos indígenas a unirse en la lucha contra proyectos transnacionales de explotación como la mina Escobal, que según él, causan grandes daños medioambientales en sus tierras y son una amenaza para las culturas indígenas.
“La mina ha alterado nuestras formas de vida. Es algo que nosotros lo vemos como una amenaza y una invasión”, dijo el líder indígena guatemalteco.
Fuente:http://www.rcinet.ca/es/2018/12/25/indigenas-guatemaltecos-mantienen-defensa-de-sus-tierras-contra-la-explotacion-minera/
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