Chile

Descripción de Fiesta Religiosa en Andacollo: Llaman a tomar conciencia frente a contaminación minera

Vecinos por Andacollo, como religiosos laicos e integrantes de organizaciones en la comuna, han hecho un llamado en el marco del inicio de la festividad por la Virgen del Rosario que se extenderá desde el 23 al 27 de diciembre, cuyo lema para este 2018 es: “Somos su pueblo, su historia y Ella es nuestra Madre”, a tomar en cuenta las condiciones de contaminación a causa de la mega industria minera y que ha venido afectando severamente la calidad de vida de la población.

Desde la Iglesia se ha señalado que se están viviendo tiempos especiales y que la fe y creencia en la Virgen de Andacollo hace vivir la cercanía de su Hijo Jesús, considerando la coincidencia de esta fiesta religiosa con la festividad de Navidad, invitándose a que se profundice ese misterio, la fe, el compromiso y la relación con Dios. Desde ese punto de vista, Vecinos por Andacollo han llamado a la comunidad religiosa que visita anualmente este santuario, uno de los más importantes de Chile, a tomar conciencia y compromiso frente a la realidad que se vive en esta comuna donde habita la Virgen y que está en peligro de acuerdo a causa del descontrol extractivista, cuya mega industrias, a pesar de planes de descontaminación, se vienen arrastrando impactos de larga data.

Cabe consignar que el Estado chileno declaró como “zona saturada” (2009) a la comuna a causa de la grave contaminación por polución que incluye diversos componentes de metales pesados, cuyos planes de descontoaminación (2014/2015) han sido insuficientes para asegurar vivir en un medio ambiente libre de contaminación y proteger la integridad de los habitantes de manera efectiva, esto es el cumplimiento estatal en velar y proteger el derecho de las personas a desarrollarse en un medio adecuado, saludable y propicio para la vida humana, según han denunciado dirigentes.

En un período que va del 2010 al 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubicó a Andacollo entre las 20 ciudades con mayores problemas de Latinoamérica en materia de contaminación y este año 2018 se registraron varios casos de contaminación por polución a causa de las tronaduras con explosivos efectuada por la empresa minera canadiense Teck, como ha ocurrido en agosto y marzo de este año, así como existe un amplio registro de los últimos años con sistemáticas transgresiones a la Norma Calidad Primaria para MP10, manteniendo a la comuna de Andacollo con altos índices de pobreza, indigencia, mortalidades, enfermedades de diversos tipos, en su mayoría relacionadas a las condiciones de vida en Andacollo por la explotación y contaminación minera, la que se efectúa de manera colindante a la zona urbana y también con cercanía a pequeños poblados rurales.

Escuchar las intervenciones de Mónica Älvarez, dirigenta socio ambiental y dirigenta de un comedor social para ancianos en la comuna. Asimismo, Javier Cifuentes, actual concejal en la comuna y ex dirigente socio ambiental. Luis Guerrero.

Fuente:https://cl.ivoox.com/es/fiesta-religiosa-andacollo-llaman-a-tomar-conciencia-audios-mp3_rf_30979611_1.html

Argentina

Orozco: «San Jorge no es viable bajo ningún punto de vista»

El intendente de Las Heras ratificó su negativa a la minería metalífera, se opuso al debate en la Legislatura por la reforma de la 7722 y, si bien consideró que debe diversificarse la economía de Mendoza, remarcó: «Pero a costa del agua de los mendocinos, no».

«Soy militante del agua. La minería en San Jorge no es viable bajo ningún punto de vista. A mí me tienen que dar controles, con auditorias bien hechas, y no estamos capacitados para eso», lanzó el intendente de Las Heras, Daniel Orozco (UCR), en diálogo con MDZ Radio.

El viernes, en el programa «Otra manera», el jefe comunal consideró que «tenemos que hacer una diversidad económica, pero a costa del agua de los mendocinos, no». Asimismo, se identificó con el pensamiento de los intendentes de San Carlos y General Alvear, que rechazan la minería.

«No comparto la reforma de la 7722. Como médico, con los metales pesados que tenemos, hoy dijo no. Mi oposición a la minería es tajante y en eso estoy con los ambientalistas de Uspallata, de todo Las Heras», completó el dirigente cobista.

Justamente, algunos cambios en la 7722 permitirían que el desarrollo del proyecto minero San Jorge pueda desarrollarse íntegramente en Mendoza y no como una iniciativa biprovincial con San Juan. Sin embargo, el jefe comunal lasherino rechaza la idea.

 

Fuente:https://www.mdzol.com/politica/Orozco-San-Jorge-no-es-viable-bajo-ningun-punto-de-vista-20181226-0095.html

Mexico

Zoques , piden intervención de la ONU

Los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, hicieron un llamado a las Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que no se violen los derechos humanos y el territorio de los zoques por la empresa minera canadiense Minaurum Gold Inc en la zona de La Cristalina.

La empresa tiene la concesión desde 2015 con el título de exploración minera número 225472 que llevaba el nombre de “Jackita”, con una extensión de mil 499.8829 hectáreas, ubicado entre La Cristalina y el municipio de Santo Domingo Zanatepec.
Además, compró a la misma empresa el lote denominado “Mar de Cobre” con el título 231753 por cinco mil 610.4665 hectáreas, también ubicado en Zanatepec. Ambos lotes los fusionó y creó el proyecto “Santa Marta” por una extensión total de siete mil 109 hectáreas.

 

Fuente:https://www.rumbonuevo.com.mx/zoques-piden-intervencion-de-la-onu/

Chile

Relaves mineros: un pasivo ambiental del que nadie responde

El gobierno ha anunciado recientemente un plan que busca dar eventual solución a 37 sitios de acopio de desechos, sin embargo, organizaciones ambientalistas cuestionan la iniciativa, ya que no da solución definitiva a un problema carente de política pública e iniciativa de las propias compañías extractivistas que se desentienden de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

Fuente:https://radio.uchile.cl/2018/12/26/relaves-mineros-un-pasivo-ambiental-del-que-nadie-responde/

Chile

Alerta Isla Riesco cuestiona autorización de tronadura controlada en Mina Invierno

El Tribunal Ambiental de Valdivia modificó la medida cautelar del uso de explosivos en el proyecto ubicado en la Región de Magallanes. La institución levantó la suspensión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.

Luego de escuchar los alegatos de las partes en la audiencia realizada el pasado 12 de diciembre, el Tribunal Ambiental de Valdivia decidió levantar la medida cautelar de suspensión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”, en Isla Riesco.

En la resolución dictada este 24 de diciembre, el Tribunal sostuvo que “el reclamante no acompañó antecedente alguno que permita contrarrestar en sede cautelar la documental agregada por los oponentes; así como tampoco demostró su falta de verosimilitud de los antecedentes aportados por el titular oponente”.

“Por tal razón, y en espera del completo y cabal análisis de los antecedentes que se realizará en el pronunciamiento de fondo de esta reclamación, este Tribunal no tiene otro camino que dar verosimilitud a los informes sectoriales analizados y ponderados en la evaluación administrativa de los impactos ambientales, especialmente a los informes del Consejo de Monumentos Nacionales de fs. 13472 y fs. 16572, que dieron su conformidad al proyecto, descartando efectos significativos sobre el componente paleontológico” según informa la institución en un comunicado.

Y el texto agrega: “Debido a esta razón y bajo el principio preventivo del Derecho Ambiental, el Tribunal resolvió alzar dicha medida cautelar y en su reemplazo dictar una nueva medida, que autoriza a la Mina Invierno S.A. a ejecutar el proyecto Tronadura, condicionado al cumplimiento de un informe previo de diseño de la primera tronadura, el que deberá ser verificado en terreno por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)”.

La nueva medida cautelar además “instruyó que Mina Invierno deberá informar con 10 días de anticipación, a ambos servicios, el día y hora en que realizará la primera tronadura”.

“Con la información levantada en terreno, más la que aporte el Sernageomin, la SMA deberá elaborar y remitir directamente a este Tribunal un informe, en un plazo de 10 días de ocurrida la tronadura. En base a estos antecedentes el Tribunal evaluará la necesidad de modificar la medida o dictar nuevas que sean procedentes” establece la resolución firmada por los Ministros Iván Hunter Ampuero, Michael Hantke Domas y Sibel Villalobos Volpi.

También se refirió a las restantes tronaduras. El Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, estableció que “Minera Invierno S.A. deberá remitir a este Tribunal, dentro de 5° días, un informe de caracterización de los fragmentos resultantes del proceso de tronadura, así como también del nivel de afectación del sustrato en los puntos de detonación, confeccionado por un palentólogo, indicando además si se han encontrado hallazgos paleontológicos”.

Revise el  expediente acá

Alerta Isla Riesco: “Mala noticia para esta Navidad”

“La empresa podrá usar explosivos en sus faenas de carbón mientras se resuelve recurso” lamentó  la agrupación ciudadana Alerta Isla Riesco  en las redes sociales.

Luego de la decisión judicial, Ezio Costa, director de la Fiscalía Ambiental (FIMA) se refirió al tema.

Luego del anuncio del Gobierno sobre la realización de la Cumbre Climática (COP-25) en Chile, la organización planteó la siguiente pregunta: “¿Hablemos en serio de Cambio Climático y abandono del carbón?.

Advertía que “hasta ahora, con aprobación de explosivos para abaratar costos de extracción del carbón que se quema en Zonas De Sacrificio, no vamos en el sentido correcto”.

 

Fuente:https://radio.uchile.cl/2018/12/25/mala-noticia-para-esta-navidad-alerta-isla-riesco-cuestiona-autorizacion-de-tronadura-controlada-en-mina-invierno/

Perú

Proyecto minero Conga debe seguir en suspenso, según virtual gobernador de Cajamarca

El virtual gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara , consideró hoy que el proyecto minero Conga  debe seguir en suspenso debido a que tiene muchas falencias.

«Conga es un proyecto que tiene muchas falencias desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social», subrayó.

Asimismo, Guevara recordó que Conga es un proyecto «manchado de sangre» , ya que el conflicto social en torno al proyecto ocasionó la muerte de cinco cajamarquinos.

«Hay que decirlo con todas sus letras, cuando se emitió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para favorecer al proyecto Conga estuvo plagado de muchas inexactitudes, incluso de actos de corrupción», declaró en RPP Noticias.

«Este tipo de proyectos, por ahora,  deben seguir en suspenso porque quien va a decidir es el pueblo de Cajamarca», indicó.

El proyecto Conga, en manos de Minera Yanacocha, propiedad de Minas Buenaventura y la estadounidense Newmont, supone una inversión de US$4,800 millones. No obstante, se encuentra paralizado desde noviembre de 2011 por los conflictos sociales.

Guevara criticó faltan otros estudios vinculados al proyecto, como el balance hídrico o sobre el manejo de aguas subterráneas.

Al respecto, dijo que el gobierno central debe establecer un nuevo modelo minero para la región Cajamarca.

«Vamos a exigir que que no sea un combinado de piedras que deje indefensa a la población. Planteamos que parte del Impuesto a la Renta se quede en Cajamarca para remediar los pasivos ambientales», sostuvo.

También planteó la generación de empleo a través de la obra de inversión pública. Añadió que existen S/2,000 millones para su región que se encuentran en manos del Ejecutivo.

«Hacemos llamado para que el MEF transfiera esos fondos a la región de Cajamarca«, anotó Guevara.

Cajamarca representa el 27% de la cartera de inversiones mineras de nuestro país. Es precisamente en esta región donde se registra el mayor monto de inversión de esta naturaleza: US$16,209 millones en seis proyectos mineros (Michiquillay, Conga, Quecher, El Galeno, La Granja y Michiquillay).

Estas oportunidades contrastan con las altas cifras de pobreza, que, según el INEI, ascendió a 47.5% durante 2017. Casi la mitad de la población vive sin satisfacer sus necesidades básicas.

 

Fuente:https://gestion.pe/economia/proyecto-minero-conga-debe-seguir-suspenso-dice-virtual-gobernador-cajamarca-nndc-252371?href=tepuedeinteresar

Mexico

Comunidades chiapanecas mantienen resistencia contra concesiones mineras

Desde hace más de tres décadas se ha extraído material pétreo de la mina a cielo abierto Salsipuedes, al suroriente de San Cristóbal de Las Casas. El yacimiento se ha extendido hasta ocupar un centenar de hectáreas. Especialistas han denunciado que los humedales cercanos, declarados área natural protegida en 2008, se están desecando de modo irreversible por la pérdida de siete de los 25 pozos de la zona.

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La resistencia de las comunidades ha logrado frenar la operación de 111 mineras autorizadas en Chiapas, las cuales abarcan alrededor de un millón de hectáreas, 16 por ciento del territorio estatal.

Un caso emblemático es la mina de barita del ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, en la sierra, donde fue asesinado el activista Mariano Abarca Roblero, en noviembre de 2009. Se presume que en este homicidio, aún impune, está involucrada la empresa canadiense Black Fire.

La minería es una actividad de muerte que sólo deja migajas y destrucción. Las que se llevan la riqueza son las compañías mineras, por lo que jamás vamos a permitir que exploten los yacimientos que existen en nuestros territorios, advirtió Luis Rojas Nomura, del Frente Popular 20 de Junio, con presencia en la costa del estado.

La oposición a los proyectos se ha dado principalmente en los municipios de Escuintla, Acacoyagua y Chicomuselo, donde las mineras han abandonado proyectos de exploración o extracción.

En Chiapas hay 111 concesiones para extracción de oro, plata, titanio y barita, entre otros minerales, pero todos estos proyectos están llenos de opacidad, anomalías y falta de información a las comunidades, afirmó Libertad Díaz Vera, del área defensa de la tierra y el territorio de la organización civil Otros Mundos, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Gracias a la organización de los pobladores de diferentes comunidades, dijo en entrevista, en ninguna de las áreas concesionadas opera mina alguna.

Señaló que los trabajos en el yacimiento El Bambú, en el ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla, están suspendidos, por la oposición de los pobladores conscientes de la destrucción y contaminación que ocasionaría.

El proyecto Casas Viejas tampoco ha pasado de la fase de exploración ante la lucha del Frente Popular en Defensa del Soconusco; sin embargo, Díaz Vera señaló que aún así hubo graves daños ambientales.

Los trabajadores sacaban material. Después de denunciarlos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el pueblo decidió no permitir el paso de la maquinaria y camiones hasta que la empresa informara sobre esta situación.

Pobladores de varias comunidades de Acacoyagua, en el Soconusco, instalaron alrededor de la mina un campamento de vigilancia y al cabo de dos años “se ha demostrado que el proyecto en esa región es opaco y ha contaminado.

Además de provocar enfermedades en la piel, se ha presentado un aumento de casos de cáncer, por lo que han solicitado a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Salud que realicen los estudios correspondientes para verificar la información, pero se han negado, dijo Díaz Vera.

Añadió que desde los campamentos los habitantes vigilan la entrada y salida de máquinas, y a veces han pedido que los choferes de los camiones demuestren qué material llevan.

Luis Rojas Nomura, representante del Frente Popular 20 de Junio, expresó que ejidos, bienes comunales y campesinos están firmes en no permitir la explotación minera, pues así está acordado en actas.

Comentó que sólo en Acacoyagua hay 13 concesiones que abarcan más de 36 mil hectáreas y en Escuintla ocho, las cuales afectarían sus aguas, pues por ahí pasa el río Cintalapa.

En el ejido La Libertad, agregó, destruyeron el ambiente con la mina Cristina. Definitivamente, la minería nos va a causar problemas. Antes existía la idea de que traería progreso y desarrollo, pero es mentira, porque ya vimos lo que destruyeron. Se llevaron toneladas y toneladas de titanio y dejaron nuestros caminos destruidos.

Aseguró que la empresa Cristina del Male “ofreció que si aceptábamos el paso de máquinas y camiones de volteo nos darían escuelas, caminos, brechas, un centro de salud y 50 mil pesos para el ejido. Nunca hubo nada y se llevaron 49 mil toneladas a 6 mil y 9 mil pesos cada una en 2015.

Decidimos emprender la resistencia para no permitir que las mineras se apoderen de los territorios que tenemos en la parte norte de Acacoyagua, porque las comunidades afectadas serían Los Amates, Acacoyagua, Jalapa, La Cadena, San Marcos y otras. Nos causaría un daño irreversible.

Rojas Nomura sostuvo que si se permite la operación de minas serán afectadas las reservas naturales de El Triunfo y La Encrucijada.

Mientras, Díaz Vera advirtió que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República es motivo de preocupación para los pueblos donde hay concesiones mineras.

El proyecto de bienestar, como él lo llama, incluye la minería y el Fondo Minero, que existe desde 2014, y la idea es que haya más inversión canadiense. Eso le dijo al presidente (de Estados Unidos) Donald Trump, afirmó.

Con el fideicomiso, agregó, se pretende repartir una parte de las ganancias entre los pobres. Esto es dar dinero a cambio de salud. También habla de minería verde o sustentable; no obstante, los daños están a la vista y ningún fondo los va a solucionar.

Advirtió que habrá más resistencia porque no creemos en la minería sustentable ni en el Fondo Minero. Nos preocupa que en lugar de hacer justicia a las familias afectadas se solicite más inversión.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/comunidades-chiapanecas-mantienen-resistencia-contra-concesiones-mineras/

Colombia

Consejo de Estado ‘tumbó’ consulta antiminera en Íquira, Huila

El Consejo de Estado sepultó definitivamente la consulta popular antiminera liderada por la propia comunidad en el Huila. La primera fue en Cumarales (Meta). La iniciativa ciudadana generó choque de trenes. La multinacional Telpico con carta blanca para la exploración del bloque VSM-22 suspendido por el movimiento ciudadano.

El Consejo de Estado ‘tumbó’ la primera consulta popular, contra exploración petrolera en el municipio de Íquira, en el occidente del Huila.

La iniciativa ciudadana, promovida por la propia ciudadanía desde el 2016, se oponía radicalmente al desarrollo del bloque de perforación exploratoria VSM-22 adjudicado hace siete años a la multinacional Telpico.

La consulta a punto de convocarse quedó definitivamente sepultada por el alto tribunal que rectificó su propia jurisprudencia y dio un sustancial viraje en el conflicto por las competencias concurrentes en materia de exploración de los recursos naturales no renovables.

En realidad, la Sección Quinta, revocó una tutela  proferida el 15 agosto de 2018 por la Sección Cuarta que respaldaba la competencia de los entes territoriales para restringir la minería de alto impacto.

Con ponencia del magistrado huilense Alberto Yepes Barreiro, la corporación judicial respaldó la tesis de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en consecuencia dejó sin efectos, una sentencia proferida hace un año por el Tribunal Administrativo del Huila que avaló finalmente la consulta popular.

La entidad estatal entuteló al Tribunal opita por violación al debido proceso. La tutela fue rechazada inicialmente por la Sección Cuarta según providencia expedida el 15 de agosto de 2018, lo que desató un ‘choque de trenes”.

En su criterio, las consultas populares son factibles en virtud del derecho a la participación ciudadana y en materia minero-energética. Igualmente, reiteró que las autoridades nacionales y territoriales tienen competencias compartidas lo que exige coordinación. “Si no se logra o no es posible una concertación prima la competencia de las autoridades territoriales en virtud del principio de subsidiariedad por ser la instancia más cercana al ciudadano”, señaló.

“Los municipios, en ejercicio de sus competencias y con el fin de garantizar la protección de su medio ambiente y regular los usos del suelo, pueden prohibir las actividades minero-energéticas en su jurisdicción”, recalcó. Igualmente estimó que el Tribunal Administrativo del Huila realizó un estudio adecuado de forma y fondo del mecanismo de participación ciudadana.

“Al determinar que la pregunta era confusa, la adecuó para que su contenido no fuera sugestivo y brindara claridad al ciudadano, lo que no desbordó en forma alguna su competencia en cuanto no cambió el sentido del cuestionamiento ni agregó asuntos que no fueron aprobados por el Concejo de Íquira”, expresó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

La posición de este sector del Consejo de Estado, fue impugnada por la entidad estatal argumentando que esas conclusiones eran una tergiversación de la sentencia de constitucionalidad.

En su sentir, la Corte Constitucional “nunca pretendió excluir de tajo las competencias de la nación sobre la actividad minera en favor de la autoridad territorial ni mucho menos otorgarle patente de corso a las autoridades territoriales para ejercer un poder absoluto de veto a la actividad minera a través de sus facultades de ordenación del suelo”.

“De llevarse a cabio la consulta popular en Íquira se estaría incurriendo en una grave alteración de los intereses litigiosos de la Nación ya que el aval desconocía los precedentes jurisprudenciales.

En este caso sostuvo que se pretermitió la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional sobre la necesidad de la concertación entre el territorio y la Nación en materia de exploración de recursos naturales (sentencia C-123 de 2014).

Señaló que la autoridad judicial violó el orden jurídico y las competencias asignadas con la reformulación unilateral de la pregunta proyectada en el marco de la consulta popular.

Además, consideró que debió vincular en el trámite de la iniciativa ciudadana al Ministerio de Minas y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

En su criterio, el Tribunal no examinó el impacto fiscal que generaría la consulta popular, uno de los principales argumentos que originó el viraje constitucional.

Viraje radical

De hecho, la Sección Quinta, al resolver la impugnación, rectificó la posición de sus homólogos y cambió el criterio frente a las consultas antimineras.

En primer lugar, precisó que las consultas populares tienen límites. Las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables  no son competencia únicamente del nivel central (Nación) ni del descentralizado territorialmente /departamentos y municipios) ni de la ciudadanía.

Por las implicaciones que tiene en la práctica compete a todos los niveles.

“La propiedad, planificación, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales no renovables radica en el Estado. Sin embargo, las facultades no están exclusivamente en cabeza de las entidades del orden central con competencias sobre el particular si no que se ejercen de forma conjunta con las demás entidades y organismos competentes en el asunto”, anotó el magistrado Yepes.

“Es bajo esta perspectiva que cobra vital importancia el desarrollo jurisprudencial que se ha dado al conflicto entre las competencias asignadas a las autoridades nacionales y territoriales cuando se trata de la extracción de recursos naturales no renovables, planificación, ordenamiento territorial, usos del suelo y protección del medio ambiente”.

En esta materia, agregó- por ser una actividad multidimensional, es claro que las competencias están distribuidas tanto en el nivel central como territorial, por ello, en el trámite deben intervenir, los dos niveles de administración con la participación de las personas que puedan ver afectado su derecho a disfrutar de un ambiente sano, todo en el marco de los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad.

“Por lo tanto, no resulta posible que la planeación, aprovechamiento, exploración o explotación de recursos naturales no renovables sea un asunto susceptible de ser sometido a una consulta popular del orden municipal , sin que para tal efecto haya participado la Nación en observancia de los principios de autonomía territorial, concurrencia y coordinación”, subrayó Yepes Barreiro.

En otras palabras, “al ser la laye la que determina la forma en que el Estado (nivel central y territorial) interviene en la explotación de los recursos naturales no renovables y al encontrarse la autonomía de los entes territoriales claramente demarcada por lo que ella fije, es claro que dicho aspecto no es de resorte exclusivo del municipios, distritos y/o departamentos, razón por la cual, ambos niveles deben participar a efectos de adoptar las decisiones”.

En ese orden de ideas, concluyó que la consulta popular no resulta ser el medio idóneo para garantizar la participación de la Nación, el nivel territorial y la ciudadanía, en la toma de decisiones sobre la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, en la medida en que excluye de tajo la participación de la corporaciones autónomas Cars y del centro central que tienen competencias en materia ambiental y otras como el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Unidad de Planeación Energético-Mineras, entre otras.

La revocatoria

El Consejo de Estado afirmó que la decisión del Tribunal opita desconoció la doctrina de la Corte Constitucional con carácter vinculante y obligatorio por su jerarquía. Aunque realizó el control previo, no efectuó en su criterio, la revisión integral.

“Aunque los ciudadanos puedes participar en las decisiones que llegaren a afectar su derecho a disfrutar de un ambiente sano, y  los municipios tienen la competencia para regular los usos del suelo y a proteger el medio ambiente, estas prerrogativas, no pueden desconocer las competencias que tienen las demás entidades del Estado en la explotación de los recursos naturales”, precisó.

En estas condiciones, el tribunal regional desconoció las normas constitucionales que consagran las competencias concurrentes de la Nación y los entes territoriales en esta materia.

Por lo tanto, subrayó que el procedimiento para realizar la consulta popular, no resultan razonables. Sopretexto del análisis de constitucionalidad, el Tribunal se arrogó una potestad que no le correspondía al reformular la pregunta que se sometería a consulta.

En estas condiciones, revocó la tutela proferida por la Sección Cuarta y dejó sin efectos, la sentencia que avaló la consulta popular de Íquira.

Además, le ordenó que en un término de 30 días, expida un nuevo fallo, dejando sin efectos el respaldo a la consulta popular, otorgado el 5 de diciembre de 2017.

“Las consultas populares sobre asuntos en los que se vea involucrado el uso del suelo en general de las entidades territoriales son legítimas y la competencia para regular el ordenamiento territorial recae en los mandatarios locales quienes, al igual que la comunidad, puedan ser promotores de iniciativas de participación ciudadana, como en el presente caso”, advirtió el magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida, quien avaló la iniciativa popular. Al revocarse la consulta, el retorno de Telpico queda planteado.

Engorroso trámite

La consulta popular no fue fácil. Los promotores, dirigentes cívicos y campesinos tuvieron que sortear múltiples obstáculos.

Finalmente el Concejo de Íquira, liderado por su presidente Alberto Findicué expidió el Acuerdo 007 de 2016 oponiéndose a la exploración petrolera.

La corporación declaró la inconveniencia de la concesión de la licencia ambiental para la exploración del suelo en la localidad. Además, en el mismo acto, solicitó a la Anla la revocatoria de la licencia y le pidió a la multinacional Telpico, dueña del proyecto, la suspensión de todas las actividades.

El alcalde Alberto Yustres Ramírez lo objetó inicialmente por ilegal. Las observaciones fueron rechazadas el 8 de julio de 2016 por diez de los once concejales.

El Tribunal Administrativo del Huila respaldó las objeciones formuladas por el alcalde y anuló el citado acuerdo.

El comité promotor inscribió la iniciativa el 18 de noviembre de 2016 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil mientras paralelamente se tramitaba un acuerdo en el Concejo que objetó el alcalde y que finalmente invalidó el mismo tribunal.

El Consejo Nacional Electoral certificó el 12 de septiembre de 2017 el cumplimiento de los requisitos legales de la referida iniciativa y lo remitió al Concejo para que continuara con el proceso. El organismo refrendó las 1.725 firmas ciudadanas que la respaldan.

Luego el Concejo de Íquira  expidió el 30 de septiembre el Acuerdo No. 006  declarando la conveniencia de  la iniciativa ciudadana.

El alcalde Alberto Yustres Ramírez, remitió la documentación al Tribunal Administrativo del Huila para que el examen previo de constitucionalidad.

Finalmente la consulta fue avalada, pero no se ha convocado por falta de recursos. El Ministerio de Hacienda se negó a aportar los recursos.

¿Revivirá Telpico?

La multinacional petrolera Telpico con sede principal en Houston, Texas (Estados Unidos), podría retomar las labores de exploración, suspendidas por las acciones de la ciudadanía.

El proyecto petrolero fue adjudicado en el 2010. La multinacional se quedó  con tres proyectos, entre ellos, el  bloque de perforación exploratoria VSM-22, con influencia en los municipios Íquira, Yaguará y Teruel, en el occidente del Huila.

El bloque contempla el montaje de 15 plataformas multipozos en un área de cinco hectáreas, la perforación de unos 60 pozos (cuatro por cada plataforma), la construcción de vías y líneas de conducción con una extensión máxima de diez kilómetros.

La segunda fase, actualmente suspendida, incluye el montaje de las plataformas para iniciar la búsqueda de petróleo en con una superficie de 13.197 hectáreas (131,96  kilómetros cuadrados). Además de toda la infraestructura para la producción de crudo, en caso de resultar exitosa.

 

Fuente:https://www.lanacion.com.co/2018/12/11/consejo-de-estado-tumbo-consulta-antiminera-en-iquir/

Argentina

MINERAS Y GOBIERNOS: MENTIRAS EDULCORADAS Y MANIOBRAS 2019

Entregadores de diversa calaña -pero con sueldos y fueros parlamentarios- “debatieron”, con el habitual desprecio por la ciudadanía y con la euforia empresaria que caracteriza estos encuentros, las supuestas ventajas de la minería y estrategias para obtener licencia social. Se reunieron al amparo de un oscuro “Círculo de Legisladores”, claramente alineado con los intereses de las transnacionales mineras. Macristas, kirchneristas, peronistas dijeron presente. El ministro de minería de la contaminada provincia de San Juan insiste en llamar “industria sustentable” a una de las actividades más destructivas y contaminantes que dañó cuencas hídricas y destruyó la agricultura en amplias zonas, principalmente el valle de Jáchal e Iglesia, perjudicando impune e irremediablemente a la población. Lideró el encuentro el subsecretario de Desarrollo Minero del gobierno de Cambiemos, Gustavo Lamothe. Y también participó como autoridad de la entidad el ex gobernador de Chubut Néstor Perl, padre del director del Grupo Jornada en nuestra provincia.

A través de las dos notas que presentamos a continuación, podemos vislumbrar parte de los planes de estos traidores al Pueblo, sin distinciones de credos políticos, y de las poderosas empresas extranjeras que tienen detrás.

El Gobierno nacional aspira a que las exportaciones mineras pasen de los actuales u$s3.800 millones a u$s10.000 millones en 2025, y a superar lo que considera es el gran desafío de hoy que es el consenso social, “aceptando a la minería como una actividad económica más, cumpliendo con todas las normas que haya que cumplir”.

Así afirmó el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Gustavo Lamothe, al hablar durante la Charla-Debate “Minería en la Argentina ¿Regular o prohibir? Desarrollo, legislación e impacto medioambiental”, organizada por el Círculo de Legisladores de la Nación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) presidido por el diputado (MC), Humberto Roggero. Del encuentro participaron entre otros el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim; el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel; el titular de la Auditoria General de la Nación, Oscar Lamberto; el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Marcelo Alvarez; el secretario General del Círculo de Legisladores, Néstor Perl, y representantes del cuerpo diplomático de Gran Bretaña, Australia, Brasil, Perú y Bolivia.

Tras una introducción de Roggero, que destacó que “la minería es un tema estratégico para el país”, y resaltó que “la idea es decir Sí a la Minería, No a la Contaminación. Queremos generar un marco de reflexión para lograr en el futuro un modelo nacional minero sustentable.

Lamothe habló de la actividad minera como “motor de crecimiento del siglo XXI en la Argentina”, y resaltó que la cantidad de empresas que invierten en exploración en el país “creció un 30 por ciento”. No obstante, comparó las cifras con la de otros países de la región: “Argentina tiene una inversión en exploración de u$s241 millones, mientras que Perú tiene u$s610 millones y Chile u$s577 millones; hay mucho camino por recorrer”. Se refirió a las explotaciones de cobre en San Juan, Catamarca y Salta, las de oro en Santa Cruz “con proyectos de mediana y gran envergadura”, y a la “vedette actual, que es el litio”, del cual se podrían llegar a producir 290.000 toneladas para el año 2023”.

Señaló como desafíos actuales la compensación de proyectos maduros, el fomento de la exploración, la mejora de la competitividad para atraer inversiones, reducir las actuales restricciones y llegar a un consenso social sobre la actividad.

Mientras que el sanjuanino Hensel puntualizó que en su provincia “logramos hacer convivir a la minería, la agricultura y el turismo”, y coincidió con Alvarez en la necesidad de “transformar el capital minero en nuevas formas, porque la minería es finita, y debe fomentar otras industrias”. A la vez que pidió “no perdernos en falsas dicotomías; no podríamos avanzar en el desarrollo tecnológico si no tuviéramos minería”, y aseguró que “no podemos como país depender sólo de la agricultura y la cosecha de la Pampa Húmeda; tenemos otra Pampa Húmeda en esa cordillera de los Andes que tenemos que desarrollar”.

Agregó que “la principal industria exportadora de Catamarca, San Juan y Santa Cruz es la minería, con más de 30 mil puestos de trabajo”, y también consideró que “el gran desafío es sociabilizar la minería”. Y destacó la gran oportunidad que se abre para la Argentina con el desarrollo de los vehículos eléctricos, para cuyas baterías serán necesarios minerales que el país tiene en cantidad.

“La minería hay que militarla. Tenemos que trabajar en todos los frentes para construir entre todos un modelo minero nacional”, dijo Hensel que se mostró preocupado por las “incertidumbres” que se generan para la actividad minera a partir de “la ley de Glaciares” a la que pidió revisar porque “pone en riesgo 19 mil millones de dólares en exploración y más de 15 mil puestos de trabajo.

Es importante recordar que la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, prohíbe en su artículo 6º “la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.

En tanto que Alvarez, quien se emocionó al recordar su paso por la actividad legislativa como asesor del entonces diputado nacional Oscar Lamberto “con quien aprendí el valor del diálogo, respetando las diferencias y pensando siempre en el bien común y en el bien de mi país”, advirtió que “lo que veo en la minería tiene que ver con la conflictividad social, hay un gran sector de la sociedad que no quiere el desarrollo de la minería, porque ve que no está dejando nada, algo que a veces es una realidad”.

Tras puntualizar que actualmente “hay 260 conflictos en América Latina relacionados con la minería”, Alvarez resaltó que “esta es una actividad finita, los recursos se acaban y no podemos pensar sólo en las generaciones actuales, hay que pensar los proyectos con un foco intergeneracional, que tenga que ver con cómo generar un desarrollo que permita que cuando se acabe el mineral esas comunidades puedan seguir trabajando en otras actividades económicas”.

Destacó que “un eje fundamental es la necesidad imperiosa de generar un diálogo multiactor con las provincias, ONG, legisladores y empresas, con todos los sectores sociales, para generar una minería responsable, sustentable, bien hecha y que respete los derechos humanos” y advirtió: “no hay otro camino, si no lo logramos, no vamos a tener minería sustentable en la Argentina”.

Al respecto, ejemplificó que “Perú y Chile han iniciado hace un año un diálogo social, porque entendieron que la conflictividad social viene con fuerza”. Y habló de otros dos ejes fundamentales para la actividad, que son la transparencia empresaria y una política de Estado “que se geste a partir del diálogo social, que genere previsibilidad pero también controles efectivos y cuyos resultados lleguen a la gente”.

Álvarez recordó que la Cámara de Empresarios Mineros creó un programa denominado “Hacia una Minería Sustentable”. Dicho programa genera 8 protocolos de gestión de cada uno de los yacimientos de las empresas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con su relación con las comunidades, con el respeto a los derechos humanos, con la biodiversidad de especies vegetales y animales y con los diques de colas para que no haya accidentes o incidentes”.

El vicegobernador jujeño, Carlos Haquin, destacó distintos cambios que llevó adelante la provincia para impulsar la actividad minera, que “ha generado 4.000 puestos de trabajo en la Puna, y está generando otros 700 puestos de empleo directo en energías renovables”, y enfatizó que “pretendemos ser parte como Estado de todo el desarrollo de las inversiones mineras”.

Haquin destacó que “hoy en Jujuy hay seguridad jurídica y en materia de transparencia la provincia ha creado la oficina anticorrupción. Tenemos respeto por los derechos humanos con instituciones fuertes y con paz social”. El vicegobernador agradeció al presidente Mauricio Macri por “su fuerte compromiso con el desarrollo de proyectos mineros, de energías renovables y de turismo en la provincia de Jujuy”.

El titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto hizo un aporte “Nosotros que hacemos auditoria ambientales nos sorprendemos por la mala prensa que tiene la minería. Sin embargo hay otros sectores como la producción de soja y los basurales que son más peligrosos porque transfieren millones de productos tóxicos en un minuto al medio ambiente pero nadie habla mal de como la agro-industria contamina con sus químicos y nadie se pregunta donde va a parar los residuos tóxicos, pero todo el mundo habla mal de la actividad minera”.

 

La versión del gobierno sanjuanino

Hensel expuso en el debate nacional “La importancia de la minería en Argentina”
El ministro de Minería sanjuanino asistió al Círculo de Legisladores de Nación para debatir tres ejes fundamentales de la industria sustentable.

Entre empresarios, investigadores y funcionarios se dio un desayuno de trabajo muy interesante en Capital Federal pensando en “La importancia de la minería en Argentina”. En este sentido, para la organización, la minería sustentable se convirtió en uno de los objetivos estratégicos que promueven transformaciones positivas y adecuadas al devenir histórico de la Nación.

El ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, expuso sobre el desarrollo minero sanjuanino. Hensel contó cómo la minería sustentable, dirigida por una política de Estado clara, transformó la provincia.

“Pasamos del monocultivo de la vid a diversificar nuestra economía. Así la minería representa el 78% de las exportaciones y el 40% del PBG. San Juan creció un 40% respecto de la media nacional”, dijo Hensel.

La meta es lograr que esa riqueza minera atraviese a toda la sociedad, apoyando e impulsando a otras industrias, para ser motor de desarrollo regional y nacional.

El intercambio de ideas tuvo tres ejes: el desarrollo de la minería en el país, su legislación y su impacto en el medioambiente.

La charla debate estuvo organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) perteneciente al Círculo de Legisladores de la Nación (CLN).

De la jornada participaron Mariano Lamothe, subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación; Carlos Haquim, vicegobernador de Jujuy; Marcelo Alvarez, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Humberto Roggero, presidente de IEERI y de Relaciones Internacionales; Horacio Pernasetti, vicepresidente de IEERI; Nestor Perl, ex gobernador de Chubut y secretario general del CLN; Julian Ronney, presidente de la Cámara Británico Argentina.

También asistieron la Ing. Liliana Gurdulich de Correa (senadora MC); Fernanda Bendinelli Ferrero (diputada MC) con ejercicio en diversos cargos del Círculo de Legisladores; Oscar Lamberto (diputado MC); miembros del cueroo diplomático de Bolivia, Inglaterra, Perú, Australia y Brasil.

El IEERI en su versión oficial

El IEERI nació por impulso del Círculo de Legisladores de la Nación, acorde a los cambios que se vivieron en el país y a nivel internacional. La idea fue acompañar esos cambios con el desarrollo de estudios y propuestas en las áreas productivas, culturales, sociales, políticas, económicas, del campo tecnológico y las comunicaciones; con preponderancia en las relaciones internacionales.

El instituto ha encarado esfuerzos sostenidos, cubriendo un amplio programa de estudios y divulgación, organizando seminarios, ciclos de conferencias y tareas de investigación desde su creación hasta la actualidad.

Además ha puesto especial énfasis en la cooperación e integración que permitan hacer realidad los objetivos estratégicos que promuevan transformaciones positivas de la Nación.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42293-mineras-y-gobiernos-mentiras-edulcoradas-y-maniobras-2019

Internacional

Nace una nueva plataforma contra el proyecto de mina de titanio en el entorno de Cabañeros

Considera que la iniciativa prevista en Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo “perjudicará al medio ambiente y a la salud de las personas»

Su estudio de impacto ambiental está actualmente en información pública y el Gobierno regional ha reconocido su «complejidad»

Una nueva asociación se ha constituido con el nombre de Plataforma No a la Mina de Arroba para luchar contra el  proyecto de mina de titanio, zircón y turilo que se está tramitando en los términos municipales de Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo, ambos  pueblos de la provincia de Ciudad Real y en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros. El acto se ha llevado a cabo junto a la cabeza megalítica de Arroba, un lugar “cargado de simbolismo”.

Con este acto, el colectivo ha querido recordar el ritual de despertar a la Tierra que se hacía en época prerromana, deseando que la población de la comarca elija desarrollarse de forma sostenible, conservando «la gran riqueza patrimonial y natural que atesora para el futuro» y muestre su rechazo a este proyecto.

La Plataforma cree que el proyecto de mina de Arroba y Puebla de Don Rodrigo infringe numerosas normas del procedimiento administrativo y “perjudicará seriamente al medio ambiente y la salud de las personas». También asegura que supondrá un freno al desarrollo pues, aparte de “interferir en las posibilidades actuales de desarrollo sostenible”, tras los años de explotación “los pueblos quedarán sin trabajo y con el terreno destruido y contaminado, con la posibilidad de que los contaminantes se dispersen llegando incluso al Guadiana y sus embalses y sin que los problemas actuales del mundo rural se hayan solucionado».

Entre los objetivos de la Plataforma destacan, en primer lugar, presentar alegaciones en diversos formatos accesibles a todas las personas que deseen participar: alegaciones jurídicas, alegaciones resumidas y firmas clásicas, pidiendo la declaración de impacto ambiental negativa. En segundo lugar, difundir los valores ecológicos y culturales mediante charlas, marchas de senderismo y otras actividades; y finalmente unir a todos los pueblos con proyectos mineros de minerales tóxicos.

Inicio de trámites

Este proyecto minero ha iniciado trámites para instalarse en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros, y su promotor es Explotaciones Mineras de Titanio. Las aleaciones de titanio se utilizan  en el ámbito industrial, principalmente en los aviones y también en helicópteros, blindaje, buques de guerra, naves espaciales y misiles.

Actualmente, su estudio de impacto ambiental se encuentra en información pública, un documento donde se recoge el objetivo de aprovechar estos recursos minerales en el yacimiento ‘Pochico’, ubicado en el monte público de Riofrío. El proyecto supone una inversión de más de 8 millones de euros y contempla la implantación de una planta mineralúrgica. El dato más significativo es que el área de extracción está a cuatro kilómetros por el oeste de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes”.

Desde el Gobierno castellano-manchego han reconocido que este proyecto es el más “complejo” de los que se están tramitando en la provincia, por el entorno en el que se encuentra y por otras muchas circunstancias.

 

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/plataforma-combatira-proyecto-titanio-Cabaneros_0_850065042.html