Perú

Cusco: Policías y campesinos se enfrentan en Chumbivilcas

Cuando eran las siete de la mañana, un grupo de agentes de la Policía llegó a la comunidad campesina de Yavi Yavi, situada en el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, según información de la institución policial, para «desbloquear» el corredor minero del sur, que había sido obstruido con palos y piedras por unos 300 campesinos.

La versión de la comunidad es opuesta. El presidente de Yavi Yavi, Gregorio Rojas, señaló que fueron agredidos sin ninguna razón. «Ni siquiera estábamos en protesta. Habíamos ido al lugar para empezar a construir nuestras viviendas y nos provocaron», refirió.

 

No obstante, el jefe de la Región Policial Cusco, coronel Manuel Mar Pérez, insistió en que la vía usada por la minera MMG Limited, para el transporte de minerales extraídos desde su mina Las Bambas, en Cotabambas-Apurímac, hasta el puerto de Matarani, sí estaba cerrada.

EL CHOQUE

El intento de los agentes para habilitar la vía fue rechazado por los comuneros, refirió Mar Pérez, con un ataque de palos y piedras lanzados con huaracas (hondas). Desde el lado de la policía, empezaron a disparar bombas lacrimógenas a discreción. A esta versión, los comuneros añaden que también hubo disparos de perdigones y balas de goma.

A causa del choque, hay ocho heridos. Según el coronel Mar, seis policías fueron afectados por el impacto de piedras, mientras que Gregorio Rojas reportó que una mujer y un menor de 12 años están gravemente heridos.

El enfrentamiento entre policías y comuneros también dejó otros daños. Se incendió el campamento que usaban los policías que resguardan el paso de los camiones encapsulados, que sacan los minerales de Las Bambas. Según el dirigente Rojas, fueron los propios policías los que incendiaron su campamento para «acusarnos luego a nosotros».

Como es evidente, la policía acusa a los campesinos del incendio. “Los comuneros quemaron las carpas térmicas del personal policial que se encontraba en la zona, continuando el bloqueo de la vía”, refiere la nota policial.

El coronel Manuel Mar invocó a la población a la calma y que evite hostigar «continuamente a la policía con el fin de victimizarse y poder encontrar solución a su demanda».

Asimismo, instó a «los actores del conflicto, para que hagan las labores de gestión. Estamos en el quinto mes del estado de emergencia y es inconcebible que los actos, tanto del MTC como de MMG y los pobladores, no hayan encontrado soluciones concertadas».

RECLAMO IRRESUELTO

El conflicto minero en Yavi Yavi viene de mucho tiempo atrás. El Ministerio del Interior lo catalogó en agosto de 2018 como activo en escalada. La comunidad espera la solución a sus dos reclamos: renegociación del precio pagado por sus terrenos por la minera MMG Limited y que el Ministerio de Transportes explique por qué calificó la vía como de categoría nacional, cuando debía ser comunal.

La historia es la siguiente. Una parte de la población de Fuerabamba del distrito de Chalhuahuacho, provincia apurimeña de Cotabambas, vendió sus tierras a la minera MMG y, como compensación, recibió terrenos en el fundo Yavi Yavi en Colquemarca, región Cusco.

Aquella vez, cuenta el dirigente Rojas, la comunidad no tenía carretera, pero unos meses después la empresa hizo una vía y el MTC la calificó como vía nacional sin autorización de los dueños de los terrenos. Lo hicieron para evitar que la minera pague una compensación a la comunidad. Desde entonces, los conflictos se suceden cada cierto tiempo. Ni la empresa ni el Gobierno atienden esas demandas.

Lo único que hizo el Ejecutivo es declarar en estado de emergencia el corredor minero del sur el 1 de septiembre del 2018. La medida cumple más de cuatro meses.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1390627-policias-campesinos-enfrentan-chumbivilcas?fbclid=IwAR2Uige0FW1CA3DbXD4A9b9Qrop29WE4ZVzKaenVl_mRPpdExaElKaTP0Vw

Chile

Más agua para la minería de cobre

El sector minero se dispone a utilizar agua de mar y construye plantas desaladoras en Chile. El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1% y el uso de agua de mar se incrementará a una tasa promedio del 12,2% anual.  Con ello, el consumo de agua total por parte del sector será del 56% para 2029.

 

Un estudio desarrollado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), evidenció que la demanda de agua de mar del sector pasará desde 3,28 m3/seg en 2018, a 10,82 m2/seg en 2029, alcanzando con ello el 43% del agua total requerida. El informe también evidenció que el consumo de agua de origen continental (dulce) esperada para 2029 alcanzará los 14,53 m3/s, un 12% más que lo estimado para 2018.

El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1% versus el agua de mar con una tasa promedio del 12,2% anual.  Con ello, el consumo de agua total por parte del sector se incrementará en 56% en el período analizado.

El aumento del 230% (7,06 millones de toneladas de cobre fino) en la producción de cobre estimado para 2029 y la escasez de agua continental empujan a las empresas a utilizar agua de mar y para ello construyen plantas desaladoras.

Se resalta el cambio de la matriz de producción, ya que en los próximos años se vuelca a los minerales de sulfuros lo que implica uso más intensivo del agua: “La producción de concentrados pasa de una participación del 71,2% al 88,4% en el periodo 2018-2029. Los minerales sulfurados deben ser procesados a través de flotación, proceso que es mucho más intensivo en el uso de agua”, explicó.

Situación regional

Cochilco también demostró que al analizar el consumo de agua de mar por región se observó una fuerte participación de la región de Antofagasta, seguida en menor medida por las de Atacama y Coquimbo.

En ese sentido, algunos de los proyectos que podrían concretarse en estos diez años son la ampliación de la desalinizadora de Escondida, inaugurada a principios de 2018; la planta desaladora Distrito Norte de Codelco; la ampliación de tuberías para Distrito Centinela de Antofagasta Minerals; el uso de agua de mar para la expansión de Sierra Gorda de KGHM y la puesta en marcha progresiva para el proyecto de hierro Dominga a partir del 2020, entre otras.

Así, se espera que el uso de agua de mar a nivel regional para el 2029 sea de un 32% para la región de Tarapacá, un 64% para la región de Antofagasta, un 32% para Atacama y de un 51% para la región de Coquimbo.

“En los próximos años, Antofagasta será la región que más consuma agua de mar, lo que permite una disminución importante en el uso de agua continental, pues es en esta región donde se concentra la mayor cantidad de actividad minera del cobre.

En el caso de la región de Coquimbo, el 50% de las operaciones mineras del cobre serán abastecidas por agua de origen marino al 2029.

Es importante destacar que empresas mineras que operan en Atacama, región que atraviesa una severa sequía, también están realizando un importante esfuerzo por incrementar el uso de agua de mar, el que llegará a un 33% al año 2029”, concluyó Cantallopts.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/42319-mas-agua-para-la-mineria-de-cobre?fbclid=IwAR1LPxOgZEqyJqGZAj0OqUraEfUtqwj-dz53teYL7oIHjk26KAP06Bln0vw

Chile

La Comisión de Minería del Senado sesionará en San Pedro de Atacama

Congresistas recorrerán el salar y se reunirán con los representantes de las comunidades, para conocer los efectos de la explotación de litio en la cuenca.

Analizar la explotación del litio desde sus distintas dimensiones es lo que plantea la Comisión de Minería del Senado para la sesión del viernes 11 de enero, cuando el organismo parlamentario se reúna en San Pedro de Atacama con el Consejo de Pueblo Atacameños (CPA), que integran 18 comunidades de la cuenca del salar donde SQM y Albemarle tienen sus operaciones.

“Esta reunión tiene como primer objetivo que los senadores conozcan el salar, hay otros salares, pero el de Atacama es el principal. En segundo lugar, conversar con las comunidades para ver cuál es el impacto local de la extracción del litio y cuáles son los derechos que están en juego, como el de agua”, explicó el senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guillier.

Debate pendiente

El parlamentario dijo que dentro de las conversaciones y el debate que se tiene que dar con las comunidades y la ciudadanía en general, está el integrar el litio en las cadenas de valor, y para eso no se tiene que nacionalizar el recurso, recalcó, pues pertenece al Estado. Sin embargo las concesiones, dijo, han sido negativas, como en el caso de SQM que además vinculó en la corrupción de la clase política.

En esto contexto, agregó el congresista, “hicimos (en la Comisión) un montón de gestiones, ante todos los organismos: Superintendencias, Contraloría, Fiscalía, Impuestos Internos, pedimos todos los antecedentes para tener un pronunciamiento y ni siquiera la Fiscalía Nacional Económica dijo tener facultades reales y Corfo dijo que no estaba en condiciones de administrar el salar, es decir, estamos en el peor de los mundos”, lamentó Guillier sobre la falta de fiscalización en la industria.

 

Fuente:http://www.revistaei.cl/2018/12/28/la-comision-mineria-del-senado-sesionara-san-pedro-atacama/?fbclid=IwAR34C8WJ9ZChsMeIn5UcyW09nMcB5lEaq5c_ZM01wT5xb6vo8SNIHoRQdYw

Costa Rica

No vamos a impulsar derogatoria de ley contra minería a cielo abierto; asegura ministro de Ambiente

El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, mencionó en la Comisión de Ambiente del Congreso que no es de recibo para el Gobierno impulsar una derogatoria a la ley que prohibe la minería metálica a cielo abierto.

Rodríguez indicó que está de acuerdo con una minería artesanal pero que el Gobierno no abordará el problema en la mina de Crucitas legalizando la minería a cielo abierto.

Con respecto a soluciones, el jerarca de Ambiente indicó que es necesario formalizar pequeños y medianos empresarios que quieran extraer oro, en conjunto con las cooperativas que quieran hacer uso de ese mismo recurso.

Fuente:http://crc891.com/no-vamos-a-impulsar-derogatoria-de-ley-contra-mineria-a-cielo-abierto-asegura-ministro-de-ambiente/

Latinoamerica

De Hidroituango a Dominga: las amenazas y conflictos en 5 megaproyectos de Latinoamérica

En Latinoamérica los grandes proyectos generan controversia. Construcciones de hidroeléctricas, explotación minera o carreteras, entre otros, se convierten, algunas veces, es la causa de conflictos con comunidades indígenas o en amenazas para la biodiversidad. Mongabay Latam ha seleccionado cinco casos de megaproyectos que estuvieron en el ojo de la tormenta en el 2018 que reflejan los problemas de las grandes inversiones en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

 

1.- Bolivia: el avance de la coca en el Tipnis  

Los cultivos ilegales de hoja de coca han entrado al área protegida del Tipnis. Foto: El Deber

Cuando en el 2011, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la construcción de la carretera que uniría a los departamentos de Cochabamba y Beni atravesando Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) estalló una protesta. Ocho años después, con el proyecto suspendido, los males dentro del área protegida del Tipnis se están extendiendo.

En agosto, la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza visitó la zona reservada para dialogar con quienes están a favor y en contra de esta gran obra. El recorrido se vio frustrado cuando la comisión intentó llegar al Polígono 7, una zona autorizada para el cultivo de coca, poblada por colonos que se dedican a esta actividad y que apoyan el avance de la carretera.

Los cocales han avanzado más allá de la zona permitida y se están extendiendo dentro del área protegida. El Informe Anual de Monitoreo de Coca señala el Tipnis es una de las áreas protegidas más amenazadas por el cultivo ilegal. Los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de la carretera aseguran que el interés de debe a que los cocaleros quieren sacar sus cultivos por esta vía.

2.- Colombia: la catástrofe de Hidroituango

 

El proyecto hidroeléctrico más grande y ambicioso en la historia de Colombia se convirtió también en una amenaza en el 2018. La Hidroeléctrica de Ituango, más conocida como Hidroituango, mantuvo en vilo a por lo menos 120 000 personas debido al riesgo de una avalancha que se presentó cuando se taponearon los tuneles construidos para desviar el Río Cauca.

Para evitar el desborde, Empresas Públicas de Medellín —que ejecuta la obra— desvió el agua hacia el cuarto de máquinas. Pese a esta medida, el nivel del agua siguió subiendo y el 12 de mayo se produjo la inundación de Puerto Valdivia. El peligro continuó hasta el 23 de mayo cuando se logró controlar la situación. Las pérdidas fueron grandes para una obra valorizada en 11 billones de pesos (aproximadamente 3800 millones de dólares) y que ya lleva ocho años en construcción.

La megaobra también ha levantado inconformidades en las comunidades de los 12 municipios en los que tiene influencia, que reclamaban porque sus actividades de barequeo —minería manual— y pesca se han visto afectadas. Alertan, además, sobre el peligro que corre el bosque seco tropical en Colombia y el desplazamiento de la fauna, entre otros reclamos. Las protestas contra Hidroituango han cobrado dos vidas, Hugo Albeiro George y Luis Alberto Torres, que se oponían al proyecto, fueron asesinados.

 

3.- Chile: el proyecto minero Dominga en la recta final

La propuesta es instalar el proyecto Dominga en un área de alta biodiversidad. Foto: Oceana / Eduardo Sorensen.

El gobierno chileno tiene entre sus planes instalar el proyecto minero y portuario Dominga en una zona cercana a un área de alta biodiversidad en el mar de Chile: la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choro y Damas.

Esta propuesta ha generado serias controversias en el país y motivó que 200 científicos enviaran una carta al presidente Sebastián Piñera explicando la necesidad de proteger dicho espacio, considerado un Sitio Prioritario para la Conservación. El Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) y la Corporación Nacional Forestal (CORFO) —organismos encargados de administrar las áreas protegidas del país— han manifestado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Andes Iron —a cargo del proyecto— ha subestimado los impactos del mismo.

Luego de que el EIA fuera desaprobado por la Comisión de Evaluación y por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, la empresa Andes Iron acudió al Tribunal Ambiental que en abril de 2018 falló a su favor. La controversia se encuentra actualmente en la Corte Suprema, luego de que la ONG Oceana interpusiera un recurso de casación para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental. Lea la historia completa aquí.

 

4.- Ecuador: los bosques que se pierden por la mina Mirador

Los proyectos mineros en Ecuador se han incrementado exponencialmente en la última década, principalmente en la Amazonía y en la Cordillera del Cóndor. Mirador es uno de ellos, instalado en la provincia de Morona Santiago, donde el 90 % de las concesiones se superpone sobre territorio indígena. Se trata de una mina a cielo abierto que se extiende sobre 9928 hectáreas, y que está destinada a la extracción de cobre, principalmente, pero también a la explotación de plata y oro.

Hasta ahora, este proyecto ya ha causado la deforestación de 1307 hectáreas de bosque entre el 2009 y el 2017, solo por la construcción de las vías de acceso a la mina, según el análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Pero no solo la deforestación está causando problemas en este proyecto minero. También se cuestionan las negociaciones que la empresa ECSA realizó para adquirir los terrenos en la zona donde se ha instalado la mina. La situación se agrava porque no se realizó el proceso de consulta previa en las comunidades afectadas por Mirador. El Ministerio del Ambiente suspendió, en mayo de 2018, el 40 % de las obras en este proyecto minero por irregularidades en la apertura de vías, inadecuado manejo de los pozos de sedimentación y mal manejo de escombros, entre otros incumplimientos. Lea la historia completa aquí.

 

5.- Perú: los problemas de la Hidrovía Amazónica

La Hidrovía Amazónica se desarrollará en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Cuestionamientos y reclamos rodean al megaproyecto Hidrovía Amazónica, una propuesta del Estado peruano para implementar un canal de navegación a lo largo de más de 2600 kilómetros en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. Las críticas han llegado desde las federaciones indígenas y la comunidad científica, que temen por los impactos que ocasionen las obras que se ejecuten en los ríos.

Un estudio científico señala que el dragado o extracción del lecho fluvial podría afectar diversos hábitats de la Amazonía peruana. Mientras que las comunidades indígenas de las zonas donde se implementará el proyecto reclaman por las irregularidades presentes en el proceso de consulta previa y han presentado demandas en contra del Consorcio Hidrovía (Cohidro) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), responsables de la obra. Lea la historia completa aquí.

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Fuente:https://es.mongabay.com/2019/01/megaproyectos-latinoamerica-2018/?fbclid=IwAR0lblCLcdR7Osvooz-o5jzNObARJJJA808FcA5FlAkNtY5sb30g_VDLgWY

Colombia

Antioquia no da tregua en su lucha contra el mercurio y la minería ilegal

El año pasado tres mil mineros antioqueños dejaron de usar mercurio para la extracción de oro, así lo aseguran desde la Secretaría de Minas del departamento que, además, ha intervenido esta práctica en 41 municipios. Estas acciones hacen parte del plan Antioquia sin mercurio que busca reducir a cero el uso del tóxico metal que el 15 de julio es ilegal en Colombia.

“Hoy somos referente nacional en la lucha contra el mercurio: innovando con nano y biotecnología para el beneficio del mineral; formalizando y capacitando a más de 1.000 mineros ancestrales en el uso de tecnologías limpias”, dice el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. A pesar de estas acciones, el rastro del mercurio aún no se va de las montañas antioqueñas. Este sigue siendo el departamento con más municipios (57) afectados por el mercurio y Zaragosa tiene el penoso título de aportar el siete por ciento de toda la contaminación del químico a nivel nacional.

El experto en toxicología Jesús Olivero Verbel, explica: “Se trata de uno de los elementos más tóxicos. Aun en bajas concentraciones puede generar efectos perjudiciales a la fauna silvestre y los seres humanos”, pues su uso en la extracción aurífera contamina fuentes hídricas. Olivero advierte que “el problema por lo general proviene del consumo de alimentos, en especial peces capturados en zonas contaminadas, los cuales –en muchos casos– representan la única fuente de proteína para las comunidades”.

Y aunque es difícil combatir la contaminación en personas mayores, estos daños comienzan, muchas veces, antes del nacimiento y se prolongan durante los primeros meses a través de la leche materna. Pero el rastro del mercurio es solo una de las consecuencias de la minería ilegal, otro de los frentes en los que la Gobernación y la Secretaría de Minas trabajan para erradicar. Y no es para menos, pues Antioquia es una de las cinco zonas en las que el Ministerio de Defensa alertó sobre el crecimiento de la explotación ilícita de minerales.“De todas las zonas en las que hay actividad de minería ilegal, el departamento de Antioquia es el de mayor afectación”, dice el coronel Carlos Alberto Montenegro, comandante de la brigada contra la minería ilegal en Colombia.

La cifra más reciente sobre los títulos mineros que tiene el departamento es 1.448, lo que lo convierte en la región con más títulos, seguida muy de cerca por Boyacá con 1.446. Esto tiene que ver no solo con la próspera extracción minera de Antioquia, que le representa al país el 45 por ciento del total, sino con que el departamento es, como autoridad minera desde hace varios años, el encargado de otorgar estos títulos.

Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Minera, solo el 22 por ciento de la extracción aurífera de Antioquia se hace de manera legal, mientras que el 78 por ciento restante corresponde al llamado ‘barequeo’ o minería de subsistencia, pequeña minería y minería ilegal.

Ante esta situación, la Gobernación del departamento, de la mano de las secretarías de Minas y Ambiente ha empezado a encarar esta problemática con estrategias directas como el convenio interadministrativo con el Ejército Nacional a través del cual fue posible clausurar, a octubre de 2018, 75 minas en áreas sin títulos mineros.

Ese mismo mes, la Secretaría expidió el decreto 2989 del 08 de octubre de 2018, con el que se pretende monitorear y controlar la maquinaria necesaria para la minería mediante herramientas de georreferenciación. Esto le permite a la Policía Nacional hacer un seguimiento en tiempo real y determinar si cada máquina se está usando en un área con título minero o no.

La cartera de minas del departamento también trabaja en el mejoramiento de las condiciones de las minas y la formalización de los mineros. En 2018 cerca de 1.800 mineros fueron capacitados en dos jornadas especiales realizadas en los municipios de Segovia, Remedios, El Bagre y Amará. Además se invirtieron más de 395 mil millones de pesos en asistencia técnica, jurídica y acompañamiento a 335 titulares y pequeños mineros en el suroeste, nordeste, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio.

Por otro lado, las acciones contra el mercurio han resultado en la incautación de más de 270 kilogramos del químico, cuyo kilo puede llegar a costar hasta 40 millones de pesos en el mercado negro. Además, en 2018, se capturaron 1.566 personas vinculadas con el tráfico del químico y la minería ilegal.

A pesar de estos resultados, la Secretaría de Minas enfrenta ahora dos problemas serios. Por un lado está el rechazo de la comunidad por la reactivación de actividades de exploración en regiones que han sido históricamente de vocación agrícola, como el suroeste antioqueño, por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti. Los habitantes denuncian que la minería pone en riesgo el tejido social de la región y traerá impactos negativos para su economía y el medioambiente. Además, el diputado del Centro Democrático, José Luis Noreña, denunció el pasado diciembre que la Secretaría de Minas ha estado recibiendo sobornos de particulares para favorecerlos con la entrega de títulos mineros desde 2008. Ante las acusaciones, el gobernador Luis Pérez envió una carta al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, donde lo ponía al tanto de la situación.

 

Fuente:https://www.semana.com/nacion/articulo/antioquia-no-da-tregua-en-su-lucha-contra-el-mercurio-y-la-mineria-ilegal/597147

 

Argentina

Argentina, cuarto país latinoamericano con más conflictos mineros

Un observatorio contabilizó 29 enfrentamientos con comunidades por medio ambiente. México, Chile y Perú, en el podio.

ONGs desde México a la Argentina participan de un Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que contabilizan los choques entre empresas y comunidades por asuntos medioambientales.

En esa dirección, en la Argentina han contado unos 29, mientras que a la cabeza del ranking figura México, con 46. Le sigue Chile, con 44. Allí quedó suspendida la explotación de la mina Pascua Lama, en los Andes, que tiene su parte argentina.

El tercer puesto es para Perú, con 39 conflictos. Y el cuarto para la Argentina.Después vienen Brasil (26), Colombia (16), Bolivia (10), Guatemala (10) y Ecuador (8).

 

Fuente:http://oncediario.com.ar/2019/01/08/argentina-cuarto-pais-latinoamericano-con-mas-conflictos-mineros/

Perú

Las venas abiertas de la minería en Perú

“Mata a la que está con waraqa (honda), mata a esa chola de mierda, dale, dale”. Ésta fue la orden del oficial a un agente de policía para que asesinara -en junio de 2011- a la activista Petronila Coa Huanca en el aeropuerto de la ciudad de Juliaca (región de Puno). Murieron otras cinco personas y decenas resultaron heridas por los disparos de policías y soldados. Alan García, del Partido Aprista, desempeñaba la Presidencia de Perú. Petronila Coa Huanca participaba en las protestas contra los proyectos mineros en la región de Puno, por ejemplo el de Santa Marta, de extracción de plata, desarrollado por la canadiense Bear Creek; también reivindicaban la descontaminación de la cuenca del río Ramis, afluente del lago Titicaca.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señala que entre 2011 y 2018 han sido asesinadas 119 personas defensoras de los derechos humanos en Perú y más de 800 eran objeto de criminalización durante 2017 (“líderes comunitarios, indígenas y ronderos son particularmente afectados mediante la aplicación de tipos penales como la extorsión y el secuestro”, según el Observatorio para la Protección de los Defensores); en 2017 fueron asesinados ocho defensores de la tierra y el medio ambiente en Perú, informa la ONG Global Witness. Además la Campaña “Defensoras no están solas” denuncia el procesamiento de 102 mujeres por participar en diferentes formas de protesta social. La Defensoría del Pueblo, que hace un seguimiento de los conflictos sociales en el país, informó en octubre de 2018 de 199 conflictos (142 activos y 57 latentes), de los que el 61,8% fueron de carácter socioambiental y se registraron principalmente en los departamentos de Áncash, Puno y Cusco.

“Minería para el progreso”. Así define el consorcio encabezado por la compañía australiana MMG Limited su actividad en la mina de cobre Las Bambas, de la que es propietaria desde 2014 en el departamento de Apurímac (los titulares anteriores fueron la minera anglo-suiza Xstrata y la multinacional Glencore, con sede en Suiza). El accionista principal de MMG Limited es China Minmetals Corporation. “Se espera que Las Bambas produzca más de dos millones de toneladas de cobre en concentrado durante sus primeros cinco años de operación”, afirmó en octubre el director ejecutivo de MMG Limited, Geoffrey Gao. Aunque hay también otra realidad en el caso de Las Bambas. Con Ollanta Umala en la presidencia, en septiembre de 2015, la represión policial de las protestas se saldó con cuatro manifestantes muertos y la declaración del Estado de Emergencia en seis provincias. En agosto de 2018 se decretó asimismo el Estado de Emergencia en 482 kilómetros del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa (“corredor minero del sur”), para que la policía mantuviera el “control del orden interno” con el apoyo del ejército; de este modo se hacía frente a las movilizaciones y bloqueo de carreteras por parte de las comunidades.

“¡El agro, la pesca y la minería juntos por el desarrollo de Islay!” Southern Cooper en Perú –subsidiaria del gigante del cobre Grupo México- anuncia de este modo el proyecto minero “Tía María” en la provincia de Islay (Arequipa), cuyas tareas de exploración comenzaron en 1994. Actualmente Southern Perú está a la espera de obtener el permiso de construcción que otorga el Ministerio de Energía y Minas, con la particularidad de que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2014 expira en agosto de 2019; la previsión de la empresa es producir 120.000 toneladas de cobre anuales en “Tía María”.

La iniciativa de Southern Perú tiene ya una larga historia. En abril de 2011 cuatro personas murieron y un centenar resultaron heridas por la represión policial de las protestas en el Valle del Tambo; otros dos opositores al proyecto “Tía María” y un policía muertos es el balance del paro indefinido y las movilizaciones de 2015, en las que se reclamaba por las posibles consecuencias de la actividad minera, como la contaminación del río Tambo, de las aguas subterráneas, el impacto en la agricultura o las enfermedades pulmonares. En cuanto a la criminalización de las acciones, en enero de 2018 la Fiscalía de Arequipa acusó de pertenencia a organización ilícita para delinquir a activistas que participaron en las luchas de 2015. Mientras, pobladores del Valle del Tambo continúan movilizándose con la consigna “Agro sí, mina no” y por ejemplo en marzo de 2018, se celebró en Cocachacra (Islay) el Encuentro Nacional “Valle de Tambo, resistencia y lucha por la vida”.

Pero “Tía María” no es la única actuación de Grupo México en Perú. La agencia pública ProInversión le adjudicó el 20 de febrero los yacimientos cupríferos de Michiquillay, en el departamento de Cajamarca (1.100 millones de toneladas de mineral); también desarrolla la iniciativa Los Chancas (Apurímac), en fase de evaluación ambiental, y la ampliación de la mina y la concentradora Toquepala, en la región de Tacna, para aumentar la producción de cobre.

Otro de los múltiples frentes abiertos es el proyecto Tintaya Antapaccay, que desarrolla desde 2013 la transnacional Glencore en la provincia de Espinar (Cusco). En diciembre de 2018 las excavadoras de la empresa irrumpieron de manera violenta en la comunidad de Alto Huarca (Espinar), lo que causó destrozos y  heridos (en abril se produjeron episodios parecidos durante la resistencia a los desalojos). Uno punto de intensidad en la protesta se registró en mayo de 2012, cuando la empresa Xstrata era titular de la mina: cuatro comuneros muertos, otros heridos de bala y la declaración del estado de emergencia durante una huelga indefinida; entre las reivindicaciones figuraban los impactos ambientales –sobre los ríos Salado y Cañipía, la muerte de animales o la presencia de mercurio y plomo en la sangre y orina de los vecinos-, así como el incumplimiento de los convenios entre la empresa y las comunidades.

Podrían agregarse numerosos casos de extractivismo, resistencia y acción represiva. Una de las referencias centrales es el proyecto Conga, que promueve la empresa Yanacocha y está oficialmente suspendido desde noviembre de 2011; integran esta sociedad la estadounidense Newton Mining, la peruana Minas Buenaventura y en menor proporción la japonesa Sumitomo, que adquirió en diciembre de 2017 la participación de Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. Anunciada como “la mina de oro más grande de Sudamérica”, el proyecto se sitúa en las provincias de Cajamarca y Celendín, entre 3.500 y 4.100 metros sobre el nivel del mar. A pesar de la suspensión, el pasado 23 de abril el periódico La República reprodujo estas declaraciones de Carlos Sánchez Terrones, representante de las rondas campesinas de Cajamarca: “Personas que están plenamente identificadas como trabajadores mineros llegan a las comunidades con regalos a concientizar a la gente para que consigan la licencia social del megaproyecto Conga”; “recordamos que el año 2012 dejó cinco muertos y centenares de heridos como consecuencia de la represión policial”, añadió el dirigente.

La base de datos sobre criminalización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó, en relación con el proyecto Conga, la cifra de 42 personas procesadas por hechos ocurridos entre junio de 2012 y agosto de 2013; en total, 63 presuntos delitos. Las organizaciones populares alertaban, además, en movilizaciones y comunicados, de los impactos de esta macroiniciativa; por ejemplo, “secar cuatro lagunas, cinco ríos, unos 600 ‘ojos de agua’, además de levantar humedales y bofedales, lo que afectaría a las condiciones de vida de miles de familias”.

¿Qué relevancia tiene la actividad minera en la economía peruana? ¿Es la otra cara de las luchas populares? Al cierre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas contabilizó 48 proyectos de construcción de minas para los próximos años, que representan cerca de 60.000 millones de dólares en inversiones de 11 países, principalmente firmas de Gran Bretaña, China, México, Canadá y Estados Unidos. Además el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 del Ministerio de Economía, aprobado en agosto, apuntaba incrementos de la inversión minera del 19% en 2018 y el 23% en 2019, “las tasas más altas de crecimiento desde 2011”; de hecho, “se consolida el inicio de un nuevo ciclo de inversiones”, debido a proyectos cupríferos como Quellaveco, que desarrolla Anglo American Perú en el departamento de Moquegua; Mina Justa, en Ica, cuyo operador es la peruana Marcobre SAC; o la ampliación de la mina Toromocho, en Junín, a cargo de la filial peruana de la estatal Chinalco.

El Marco Macroeconómico Multianual señala asimismo que las compañías están en “una mejor posición financiera”; así, “la recuperación del precio de los metales y las políticas de reducción de costos ha incrementado la rentabilidad y reducido su endeudamiento”. Por otra parte, las exportaciones mineras de Perú sumaron 21.351 millones de dólares entre enero y septiembre de 2018, un 8,9% más que en el mismo periodo de 2017, según las estadísticas de la patronal SNMPE.

 

Fuente:https://contrainformacion.es/las-venas-abiertas-de-la-mineria-en-peru/

Costa Rica

Daño ambiental en Crucitas sería mucho más grave de lo que el Gobierno ha informado

El daño ambiental en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos, sería mucho más grave de lo que el Gobierno ha informado y supondría un riesgo para la salud de los habitantes de aquella región.

Contaminación con Mercurio (mayor a la estimada) debido a la minería ilegal; presencia de drenaje ácido y dispersión de metales tóxicos a otras áreas es lo halló un grupo interdisciplinario ajeno al  gobierno y compuesto por expertos de la Universidad Nacional de costa Rica y la U.de Cornell en Ithaca(new York)que financió el estudio.

Parra ellos la situación está poniendo en riesgo » el equilibrio ecológico de la región a un grado mayor al estimado anteriormente», según un documento al que tubo acceso La Nación.

 

Fuente:https://www.nacion.com/el-pais/nuevo-informe-advierte-de-grave-contaminacion-con/KH2JXXXBIJFEVFVEOISW2AHS3A/story/

Internacional

“Las multinacionales financian el conflicto del Congo para conseguir los minerales”

Alcatel, Ericsson, Siemens o Nokia son empresas punteras en telefonía móvil. Todas se encuentran cada año en el Mobile World Congress de Barcelona, la convención más importante del sector. Pero, detrás de nuestros móviles, ¿qué se esconde? La periodista congolesa y defensora de los derechos humanos Caddy Adzuba, denuncia entre amenazas las consecuencias de la explotación ilegal del coltán.

Si trazamos el camino inverso de la producción, inevitablemente, llegamos a la República Democrática del Congo, que concentra el 80% de las reservas mundiales de coltán, un mineral fundamental para la elaboración de productos electrónicos. Los recursos minerales juegan un papel clave en la prolongación del conflicto más mortífero del mundo. Una periodista congolesa y defensora de los derechos humanos, Caddy Adzuba, lo ha denunciado, bajo amenazas pero incansablemente, a través de la frecuencia de Radio Okapi y en todo el mundo. En 2014, cuando recogió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, como siempre, habló claro: “Permitidme pedir cuentas a ciertas empresas multinacionales, que, en la búsqueda de sus intereses, han contribuido a asolar a sangre y fuego este grande y bonito país arrebatando la vida a más de seis millones de personas y la dignidad y el honor a más de 500.000 mujeres violadas”.

A menudo, los medios de comunicación olvidamos los conflictos de larga duración, como el de la República Democrática del Congo. Tú convives con él desde el año 1996, ¿qué recuerdas?

Más de seis millones de muertos, mujeres violadas, niños soldado, desplazados… Todos los congoleses que nos quedamos en el este del país, en Kivu, hemos vivido horrores. La guerra es algo que nadie puede desear ni a su peor enemigo, porque deja unas huellas imborrables: todo lo que vivimos y vimos, los familiares y amigos que perdimos… Conocí la primera guerra en 1996, cuando era muy pequeña. La llamaban de liberación, para derrocar al dictador, pero entonces no sabía ni qué significaba. Me levanté un día con el ruido de las balas y las bombas, en medio de una historia confusa que no entendía. Le pregunté a mi padre qué pasaba y me respondió: “Esto es la guerra”. Mi casa fue destruida y mi padre decidió que teníamos que marcharnos porque la ciudad era cada vez más insegura. Comenzamos una marcha a pie y, a veinte kilómetros de mi ciudad, caímos en una emboscada. No entendíamos nada, ni quién luchaba contra quién. Empezaron a disparar contra nosotros y me separé de mi familia. Me fui con un grupo de gente desconocida a través del bosque. Fueron más de 1.000 kilómetros a pie y hasta un año después no pude reencontrarme con mi familia, cuando ya pensaban que yo había muerto.

¿Las circunstancias te empujaron a estudiar derecho y a dedicarte al periodismo?

Cuando volví, muchas compañeras habían sido víctimas de la violencia sexual y otros chicos habían sido enrolados en grupos armados. Volvimos a la escuela y la mitad de la clase ya no estaba. Vivíamos con miedo, nos encerrábamos en casa a partir de las seis de la tarde. No podía soportar vivir así. En esa época, tenía dieciséis años y comencé a pensar qué hacer. Me concentré en mis estudios y me propuse ser jueza para juzgar a los criminales, todos aquellos que se habían llevado a mis amigos. Durante un tiempo, esa fue mi motivación. Después de la huida del dictador, comenzamos un ciclo durísimo de violaciones de los derechos humanos. Cuando ya tenía el bachillerato, pensé que era el momento de movilizarse. Para ser jueza, me faltaban cinco años en la universidad; así pues, pensé en la radio como un medio para denunciar la situación. Empecé a negociar una plaza en la radio nacional y, finalmente, después de insistir durante meses, me cogieron de prácticas. Conseguí algunos espacios para cubrir la violencia sexual contra las mujeres y la utilización de niños soldado.

Finalmente, has conjugado el periodismo y la justicia a través de la Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Este del Congo.

He tenido que enfrentarme al machismo y hemos tenido que organizarnos para combatirlo y denunciarlo. La asociación ha presentado casos de violación de los derechos humanos y, específicamente, de violencia sexual ante la Corte Penal Internacional y el Senado de los Estados Unidos.

Aunque para la resolución de conflictos es imprescindible abordar las causas, del conflicto en la República Democrática del Congo ¿conocemos más las consecuencias?

Podemos comparar una guerra a una situación de enfermedad. Cuando estamos enfermos, no podemos curar solo el síntoma, no podemos siquiera controlar la fiebre, sino que tenemos que buscar el origen, la causa de la enfermedad, para combatirla. Cuando sepamos de dónde viene la fiebre, podremos curar. Asimismo, si queremos cortar la hemorragia, tenemos que ir a buscar las causas. Podemos trasladar esta ecuación a mi país, donde la guerra no acaba, sino que ya hace veinte años que dura, dos décadas de sufrimiento.

“En todos los países donde hoy en día hay conflictos, se esconden intereses económicos sobre recursos escasos: Siria, Iraq, Colombia, el Congo…”

Las causas de conflicto en mi país son multidimensionales. Hay causas vinculadas a la codicia internacional por los recursos mineros, hay causas relacionadas con el conflicto étnico interno, las hay en relación con la fragilidad política interna y la inestabilidad regional. Cada estructura o actor implicado debe reconocer su responsabilidad en el conflicto. Cuando todos los actores implicados se planteen la pregunta, podremos sentarnos alrededor de una mesa para establecer un diálogo franco y coherente. Mientras esto no pase, solo podemos bajar la fiebre. Vivir un año de paz y cinco de guerra y algunos periodos de calma aparente. Hay niños que han nacido y crecido en la guerra. ¿Qué pueden aportar a su país? Nada. Solo conocen la violencia.

¿El Congreso Mundial del Móvil tendría que ser una oportunidad para ir a las causas?

Vivimos en un capitalismo global, donde todos estamos por detrás del interés económico, también los medios de comunicación. Olvidan que son el cuarto poder y que deberían supervisar a los demás. Para comprender qué pasa, para entender el periodismo que se hace y el que no se hace, tenemos que saber quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. Veremos que hay pocos medios independientes. En África, nos hace cierta gracia cuando se enfatiza la independencia de los medios europeos. Si el poder ejecutivo tiene el gobierno, la policía y el ejército, el poder legislativo puede hacer y modificar leyes y el poder judicial tiene jueces y el soporte policial… ¿qué herramientas tienen los medios? No tienen ninguna protección. Nuestro poder es la palabra, la información. Creo que los periodistas no son conscientes de que pueden contribuir a poner fin a una guerra. Y se requiere un cambio de perspectiva para sensibilizarnos ante los conflictos y ser transmisores de paz. Los medios no pueden continuar sirviendo a los intereses de determinados capitalistas de las multinacionales: deben tomar conciencia de lo que pueden hacer y poner a cada uno en su sitio.

¿Qué lugar corresponde a las multinacionales de la telefonía móvil?

En todos los países donde hoy en día hay conflictos, se esconden intereses económicos: Siria, Iraq, Colombia, el Congo… Para fabricar smartphones, se necesitan unos minerales escasos y hay países que los tienen, como el Congo, que es un país inmensamente rico con una población empobrecida. Para hacer los móviles, el coltán es imprescindible. Por eso se espolea la guerra, para extraer este y otros recursos. El mapa de las violaciones de derechos humanos coincide con el de las minas de coltán. Es verdad que las empresas de telefonía pueden decir que nadie las ha visto haciendo la guerra en el Congo, pero está lo que llamamos la mano invisible, existen los inversores de la guerra. Quien financia los conflictos bélicos también es criminal, aunque no dispare con el fusil. Las multinacionales financian el conflicto, los grupos rebeldes, para conseguir los minerales. La ONU impuso un embargo de armas al Congo en el 2003 y, aun así, el país está lleno. Sabemos quién trafica en nombre de quién y, por lo tanto, quien financia la guerra. Lo denuncian informes de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o las Naciones Unidas. Un informe de la ONU revela el nombre de multinacionales relacionadas con la compra ilegal de minerales, pero, actualmente, el documento está embargado por la presión de las empresas. La gente quiere vivir, pero no puede porque hay alguien que, desde su despacho climatizado, ha decidido que para hacer los teléfonos tienen que haber muertos en el Congo.

¿Qué camino sigue el coltán hasta que llega aquí?

La ruta está trazada y controlada. Hay alguien que financia a los grupos rebeldes, les da las armas y les pide ocupar un pueblo donde están los yacimientos. Los rebeldes tienen las armas y el dinero, ejecutan la orden de su financiador: matan y violan para intentar tomar el control del pueblo. Después, usan a los niños en las minas, convierten los hombres en esclavos y explotan la minería. Venden el producto a un país vecino, que lo envía al mercado mundial.

¿Entonces, países como Ruanda son clave?

Desde hace muchos años, es un país colaborador. Incluso se cita como el primer productor de coltán, aunque nunca ha tenido yacimientos. Por lo tanto, ¿de dónde viene? Efectivamente, del Congo, a través del tráfico ilegal. Y la comunidad internacional se mantiene en silencio.

Para romper el silencio, desde Barcelona, ya hace años que diversas organizaciones y colectivos piden un espacio de debate sobre los impactos de la telefonía móvil. ¿Cómo debe diseñarse la estrategia de sensibilización?

“A menudo, se habla del Congo en Europa, pero se piensa en tácticas típicamente europeas que no funcionarán en África”

Hay un proverbio que dice: si haces algo para mí sin mí, lo haces en mi contra. Porque, si lo haces para mí, tienes que saber cuáles son mis necesidades. Es necesario conocerlas para trazar una buena estrategia que me ayude. Las empresas, de un modo u otro, están conectadas con los minerales de sangre y eso debe conocerse. Hay que sensibilizar y comenzar a trabajar en una trazabilidad eficiente. Como ya hacen muchas organizaciones que trabajan en este tema, tienen que juntarse con las que están en el terreno y conocer lo que pasa. Así, conjuntamente, se puede diseñar la estrategia. A menudo, se habla del Congo en Europa, pero se piensa en tácticas típicamente europeas que no funcionarán en África: no tenemos la misma cultura ni el mismo modo de vivir. Tenemos que reunirnos en una mesa, profundizar en el contexto y encontrar maneras eficaces de abordar el problema.

Los medios de comunicación son clave para visibilizar lo que sucede sobre el terreno, pero a menudo no están. ¿El periodismo congolés hace un buen seguimiento de la guerra?

En el Congo, hemos conseguido desarrollar un periodismo sensible al conflicto. Desafortunadamente, los medios no están subvencionados, pero hemos creado radios comunitarias de la sociedad civil, de proximidad, donde la población se puede expresar. Radio Okapi, donde trabajo, es una frecuencia creada precisamente con el objetivo de acompañar el proceso de paz. El poder político y los intereses capitalistas están detrás de otros medios que se han vendido.

¿Qué rol juega la radio en un país en guerra?

Es el medio más importante. Donde hay un conflicto, a menudo, no hay electricidad y, por lo tanto, no se puede ver la televisión ni imprimir prensa ni consultar Internet. Lo que nos queda es la radio porque podemos comprar pilas. En muchos momentos, la gente dependía de la radio para saber qué estaba pasando. Yo lo experimenté: la radio nos permite vivir durante la guerra.

Precisamente, su capacidad de difusión también puede avivar el odio, como el caso de la radio Mille Collines en Ruanda.

Cabe subrayar el gran rol de la radio en las guerras. La radio puede salvar o matar. Una emisora puede alentarte a matar a tu vecino, como hizo Mille Collines, que transmitía una llamada al genocidio a través del miedo. Nosotros nos salvamos, en 2004, gracias a Okapi y a la RFI. La ciudad de Bukavu estaba asediada y la población llamaba a las emisoras para dar coordenadas exactas y relatar lo que estaba sucediendo. Los testimonios facilitaban información sobre las acciones de rebeldes y alertaban al resto. La comunidad internacional se movilizó. Finalmente, gracias a toda esa circulación de la información, los rebeldes se marcharon una semana después.

En 2010, los Estados Unidos aprobaron la ley Dodd-Frank, conocida como la ley Obama, para evitar que las empresas de los EUA compraran materiales manchados con sangre. ¿Se ha conseguido?

Era necesaria. Ahora contamos con una ley que prohíbe claramente que las multinacionales americanas compren minerales del Congo que no han estado trazados, es decir, que no provengan de un ciclo de extracción controlado. Es un gran paso. Por un lado, esta ley da poder a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones que trabajan contra la explotación minera ilegal. Les facilita una grieta para recurrir a la justicia. Además, soy consciente de que en Estados Unidos hubo una lucha fuerte para conseguirla. Nuestra Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Sur de Kivu participó en el Senado norteamericano para defender la ley. En cambio, en Europa, no hay una ley y las multinacionales nos preguntan: ¿en qué norma os basáis para acusarnos? [en mayo de 2015 se aprobó una enmienda para obligar a las empresas a contar con un certificado comunitario que garantice que no incentivan conflictos y abusos de derechos humanos en zonas de conflicto. Todavía no es vinculante porque tiene que pasar por los órganos legisladores de la UE y la Comisión Europea].

También hay minas legales, que son el medio de supervivencia de parte de la población congolesa. ¿En qué proporción?

“A través de un programa de trazabilidad de los minerales, sabemos que, en mi provincia, únicamente es legal un 1% de las 130 minas que hay. El resto son lo que llamamos puntos calientes, donde todavía hay grupos armados.”

Las empresas que necesitan el mineral del Congo deberían estar obligadas a ir sobre el terreno y asegurarse de que consiguen los minerales legalmente. A través de un programa de trazabilidad de los minerales, sabemos que, en mi provincia, únicamente es legal un 1% de las 130 minas que hay. El resto son lo que llamamos puntos calientes, donde todavía hay grupos armados. Por lo tanto, las empresas solo pueden comprar minerales de este 1%, donde no hay niños obligados a trabajar ni mujeres violadas. Este proceso de trazabilidad es lento, pero tiene efectos sobre algunos lugares. El pueblo congolés tiene derecho a hacer extracciones, es su país. Los llamamos explotadores de minerales artesanos, pero tienen que tener permiso del gobierno. Hay un catastro minero que define las zonas donde se pueden extraer los materiales y venderlos de forma legal. Obviamente, también hay congoleses que trafican, financian a los rebeldes y son criminales.

Igualmente, en el Congo, la gente también tiene smartphones.

En el Congo, la telefonía es la herramienta más importante después de la radio. Cada familia tiene, como mínimo, una radio y un teléfono. No deseamos que desaparezcan las empresas fabricantes, pero pedimos que respeten la legalidad y los derechos humanos. El teléfono es una herramienta esencial. Pero no puede pasar por encima de las personas. Las personas primero y los smartphones después.

“En el Congo, violan a las mujeres para destruir la comunidad”. Recientemente, en Guatemala, se ha iniciado un proceso judicial histórico contra la violencia sexual como arma de guerra. En el Congo, lo has denunciado reiteradamente. ¿Con qué objetivo se utiliza?

Para responder, me remonto a la planificación de una guerra. Quien hace la guerra dibuja una estrategia, pero, previamente, estudia a la población, la estructura social. Cuando ha estudiado el entorno, define el ataque. En el Congo, estudiaron cómo hacer la guerra y se dijeron: en lugar de gastar nuestras municiones para matar a las mujeres, las violaremos porque, así, destruiremos la comunidad y, entonces, la podremos someter. En el este del Congo, antes de la guerra, bajo una dictadura, comenzó una crisis económica muy fuerte. No había trabajo y solo los hombres trabajaban fuera de casa. Con la evolución de la crisis, ellos perdieron el trabajo y, por lo tanto, capacidad adquisitiva. Para mantener a la familia, las mujeres tuvieron que ir al campo, hacer intercambios y comerciar. Se hicieron cargo del comercio informal que, afortunada o desafortunadamente, se empezó a desarrollar. La economía del país estaba dirigida por las mujeres: eran las agricultoras, cultivaban y vendían. Ellas alimentaban a la familia y hacían funcionar la economía del país. Los señores de la guerra conocían la situación y planificaron la destrucción de la fuente de ingresos: destruimos a la mujer, sin matarla, y así no podrá mantener a la familia. No nos violan como un acto sexual, nos destruyen para que nos convirtamos en incapaces, enfermas, discapacitadas. Físicamente, después de las violaciones atroces, te tienes que someter a muchas operaciones y poca gente tiene la oportunidad. Además, si una mujer es violada, el marido no lo soportará, es un deshonor. Cuando la familia ya no se puede mantener, cogen a los hombres y a los niños para que trabajen en la mina.

Normalmente, en los conflictos, las mujeres se presentan como víctimas. ¿Qué papel debería jugar el periodismo?

“Los señores de la guerra conocían la situación y planificaron la destrucción de la fuente de ingresos: destruimos a la mujer, sin matarla, y así no podrá mantener a la familia.”

Los periodistas, en la mayoría de casos se focalizan en los hechos y no hacen seguimiento. Se dan cifras de violaciones aterradoras, pero ¿cuál es la situación de estas mujeres, que no son cifras? Nosotros, desde Radio Okapi, hacemos un seguimiento. Cuando sabemos que alguna de estas mujeres ha ido al hospital, vamos para saber qué trato está recibiendo. Acompañamos a la mujer en el ámbito médico. Después de dos meses, nos acercamos para saber cómo se sienten, cómo están superando el trauma. Nos preguntamos qué quieren. Si quieren justicia, interrogamos a los responsables para saber qué medidas se toman. Y hacemos seguimiento de la vida cotidiana de las mujeres, para saber en qué se convierten. Podemos llegar a hacer seguimiento durante dos años. A parte de la denuncia, entendemos que es necesario un programa de autonomización, de ayuda para que pasen a ser mujeres empoderadas. Trabajo con 150 mujeres para eliminar la etiqueta de víctima. Desde el periodismo, hay que hacer un seguimiento de todas las etapas. Las mujeres víctimas de ayer se convierten en activistas.

 

Fuente:https://www.pikaramagazine.com/2016/03/caddy-adzuba-multinacionales-congo/?fbclid=IwAR1iZL7-1iGyfVIsybK0mDrzGjTe8JV5WUnwC8NV5hH5H_OpswWo-ifb5tk