Como lanzamiento de la campaña ciudadana “El agua es tu vida”, promovida por instituciones como CooperAcción y las parlamentarias Marisa Glave y Katia Gilvonio, se realizó el foro “El Agua es tu vida: efectos de la minería sobre las fuentes naturales de agua” el día lunes primero de abril, para hablar de las amenazas actuales de relaves mineros y nuevos proyectos mineros al agua que consume la ciudad de Lima.

En el foro expusieron los dirigentes sociales Saturnino Ríos de la Cuenca alta del río Rímac, Genaro Aguilar de la misma plataforma, Elias Barreto del Frente de defensa de la comunidad de Chicla y Paula Meza, del colectivo Mantaro Revive. Todos ellos coincidieron en denunciar la indiferencia del Estado frente a las diversas empresas mineras, así como el serio peligro en las cuencas del Rímac, Mantaro y la Oroya por la presencia de metales como el plomo, cadmio, que son cancerígenos y nocivos para la salud humana.

Luego expusieron José de Echave, subdirector de CooperAcción, y Luis Lazo representante del Foro Salud. De Echave destacó que existe un relato que señala que el Perú tiene agua de sobra, cuando somos el cuarto país en la región con estrés hídrico. Por su parte Luis Lazo señaló que el Estado peruano tiene una lógica privatizadora y donde no se preocupa de la salud preventiva de sus ciudadanos frente a los ejemplos de contaminación por minería.

Por otro lado, por parte del Estado expusieron representantes del MINAM, SEDAPAL, OEFA. El representante de SEDAPAL Josué Céspedes reconoció que es un tema serio que están estudiando, mientras José Carlos Farfán de la OEFA señaló que están haciendo un seguimiento en la ejecución del proyecto Ariana para evitar que este sea un riesgo a las fuentes de agua de la ciudad.

Por su parte el congresista Oracio Pacori denunció la nociva influencia de la minería informal y de la minería formal que afecta seriamente los ríos que son afluentes del Lago Titicaca, y que su despacho está trabajando para monitorear la situación y que las autoridades cumplan con su papel de fiscalización de estas actividades.

Asimismo las congresistas Katia Gilvonio y Marisa Glave destacaron que desde sus despachos vienen trabajando intensamente por dialogar con las comunidades afectadas por la minería en la cuenta del Mantaro y del Rímac y que seguirán monitoreando la situación de riesgo que representan los relaves de Tamboraque y el proyecto minero Ariana.

Uno de los casos más mencionados en el foro fue el de la construcción de la relavera y otros componentes mineros de El Proyecto Ariana en una cabecera de cuenca, tendría impactos negativos sobre el túnel trasandino que sirve para trasvasar agua al rio Santa Eulalia, principal colector hídrico de Lima. Así lo precisaron especialistas de SEDAPAL, sobre el funcionamiento de esta infraestructura y su importancia para el abastecimiento de agua a la ciudad, de la misma forma sobre las 19 lagunas y 3 represas que administran en esta zona y que almacenan más de 300 millones de metros cúbicos de agua que mediante el túnel Trasandino llevan el líquido elemento al rio Santa Eulalia y al Rímac respectivamente.

El foro que se realizó en el auditorio Alberto Andrade del Edificio Juan Santos Atahualpa, del Congreso de la República, es el inicio de una campaña ciudadana que tendrá diversos momentos para analizar la amenazas a las fuentes de agua en Lima y otras regiones del país, para sensibilizar a las autoridades y sobre todo a la ciudadanía.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/foro-en-el-congreso-alerto-de-amenazas-contra-el-agua-de-lima/

Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica.

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas, #Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/867-elementos-para-una-salida-dialogada-pacifica-y-duradera