Habitantes del poblado minero de Mezcala reunidos en la plaza central en protesta por la muerte de tres hombres que fueron abatidos por policías estatales durante un enfrentamiento armado en septiembre de 2018. Foto: Especial“La mina se convirtió en la maldición de Mezcala”, expresó un habitante de este poblado ubicado en una de las vetas más importantes del país conocida como El cinturón de oro del río Balsas y que actualmente explotan empresas canadienses como Leagold Mining y Torex Gold, asentadas en los municipios de Eduardo Neri y Cocula, respectivamente.
En esta franja de la entidad, donde el aire quema la piel y los cerros cortados en tajo se tiñen de rojo al atardecer, actualmente operan grupos armados que mantienen una confrontación por el control de las ganancias que genera la industria minera a cielo abierto, así como la producción y trasiego de heroína de Guerrero a Estados Unidos, de acuerdo con reportes oficiales.
Esta situación ha provocado una espiral de violencia que ha dejado un número indeterminado de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas en los municipios de la Sierra y la región Centro de la entidad, una zona que se caracteriza por la riqueza natural explotada por empresas extranjeras con el aval de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Incluso, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el alcalde morenista de Iguala, Antono Jaimes Herrera, firmaron un convenio con empresarios para exentar del pago de impuestos hasta en un 80% a empresas mineras canadienses asentadas en la entidad.
A principios de este mes, el gobierno estatal difundió públicamente la firma del convenio para el desarrollo económico, incentivos fiscales, fomento a la inversión y de transparencia municipal donde estuvo presente el presidente del Clúster Minero y representante de la minera Media Luna, Alfredo Phillips y Julián Urióstegui Carbajal, dirigente del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales del estado de Guerrero (Concaingro).
A pesar de que la industria minera genera empleos directos e indirectos, el grueso de la población que habita en la franja minera del río Balsas de la zona de Mezcala subsiste de la actividad agrícola, pecuaria y acuícola porque la falta de desarrollo profesional le impide ocupar cargos bien remunerados en las empresas mineras que explotan la riqueza de la tierra.
“La maldición de Mezcala es la mina, nosotros como campesinos no podemos trabajar y ganar buen dinero en las empresas y desde que ellos llegaron el pueblo está destruido, mire cómo está la situación”, expresó un habitante de este lugar, mientras observa cómo policías estatales desalojaban a un grupo de manifestantes que bloqueaban la carretera federal México-Acapulco.
El desarrollo minero en Mezcala atrajo a la delincuencia y “ahí están las consecuencias”, indicó el poblador.
El gobierno estatal informó ayer por la noche que detuvo a tres hombres y un menor de edad durante el desalojo de la vía federal, además de que anunció el decomiso de tres autos y dos motocicletas.
A través de un comunicado oficial, las autoridades estatales afirmaron que el bloqueo carretero fue realizado por “habitantes de diversas comunidades de la sierra”.
La protesta de los ciudadanos se realizó luego de que, un día antes, fueron detenidos dos jóvenes acusados por las autoridades estatales de participar en los asaltos contra turistas sobre la autopista del Sol.
La inversión minera
En marzo de 2016, Proceso publicó el reportaje titulado “Inversión millonaria en territorios del narco en Guerrero”, donde se informó que los proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria contemplados por el gobernador Héctor Astudillo Flores estaban enfocados en zonas controladas por el narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.
De las cinco iniciativas incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) del gobierno estatal, destaca la construcción del puerto La Unión, obra anunciada desde 2007 por el entonces presidente panista Felipe Calderón en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, donde está la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles que fue concebida como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Igualmente, se planeó establecer un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande Montaña, Centro y zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buenavista de Cuéllar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso.
Esta franja, donde Astudillo pretende impulsar dos de sus más importantes proyectos, es controlada por la delincuencia organizada. Ahí la confrontación entre bandas criminales ha exhibido también los nexos de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército con el narcotráfico, advirtió Proceso hace tres años.
La mina de Carrizalillo
La empresa Goldcorp comenzó en 2007 la explotación de oro y Plata en la mina de Los Filos y El Bermejal en las tierras comunales del poblado de Carrizalillo, ubicado en las inmediaciones de Mezcala, indican reportes oficiales.
Pese a que la trasnacional canadiense cuadruplicó sus ganancias, Goldcorp vendió en 2017, a su homóloga Leagold las minas de Carrizalillo en 438 millones de dólares.
A través de un comunicado, Goldcorp anunció que recibió 279 millones de dólares en efectivo y 71 millones en acciones, cifra que representa el 30 por ciento de su capital y señaló que obtendrá un reembolso de los impuestos por un monto de 88 millones de dólares.
Además, la empresa informó que, en 2015, generó 272 mil 900 onzas de oro y 194 mil onzas hasta septiembre de 2016 y en ese entonces el precio de la onza era de 854 dólares.
La mina de Carrizalillo tiene reservas estimadas de oro por 1.4 millones de onzas y 7.8 millones de onzas de plata, remata el comunicado de la empresa difundido hace dos años.
Este es el contexto de riqueza que genera la industria minera en la entidad que contrasta con la violencia y pobreza que se vive en la zona donde operan empresas extranjeras, principalmente de origen canadiense.
Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/mezcala-guerrero-la-maldicion-de-una-mina-que-no-atrajo-progreso-sino-violencia/




Miles de comuneros y ronderos de la provincia de Huancabamba, Ayabaca e incluso de las jurisdicciones vecinos de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), ratificaron el acuerdo de no permitir la inversión y explotación minera en la sierra de Piura.
Miles de indígenas brasileños instalaron este miércoles en Brasilia su tradicional “Campamento Tierra Libre”,donde se denunciaron ante el mundo su rechazo por las concesiones mineras y permisos de tala en territorios de propiedad de los pueblos ancestrales del amazonas, otorgadas por el gobierno de Jair Bolsonaro.
El proyecto minero Tintaya Antapaccay de la empresa minera Glencore, que opera hace varios años en la provincia de Espinar, Cusco; empieza lentamente a colocarse – otra vez- en el ojo de la tormenta.
En rueda de prensa, la Federaciones Indígenas y Campesinas del Azuay -FOA, anunció su rechazo ante el anuncio del gobierno de considerar al proyecto minero Kimsakocha como parte del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y la firma del Decreto Ejecutivo 722 para que el Ministerio de Energía emita una nueva política minera en un plazo de 30 días.
El Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán compartió ayer un video filtrado que muestra a Santiago Urdinola, presidente de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), detallando una estrategia mediática para impulsar la solicitud de licencia ambiental que presentaron para la construcción de Soto Norte, un proyecto minero de extracción de oro que, según organizaciones ambientalistas, afectaría nocivamente al Páramo de Santurbán.
Desde tempranas horas, miles de ronderos y campesinos de las distintas comunidades de la provincia de Huancabamba y Ayabaca de Piura, y Namballe y San Ignacio de Cajamarca, se concentraron en la ciudad de Huancabamba, realizando un mitin de cierre en la plaza principal de la ciudad, en el que hicieron uso de la palabra autoridades locales, dirigentes de las rondas campesinas y presidentes de distintas comunidades que rechazan el proyecto minero Río Blanco del consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation; y otros proyectos mineros que quieren realizarse en la región. También participó el congresista por Piura, Hernando Cevallos.
En días recientes, la Contraloría General del Estado, publicó el infomre final sobre el proyecto minero de Llurimagua; concesión administrada por la Empresa Minera del Estado y la empresa estatal de Chile CODELCO. En este Informe muestra más de 10 irregularidades sobre el proceso de adjudicación y exploración avanzada en el Valle de Intag, cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura.
En marzo del año en curso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una reunión pública en Cabo San Lucas, les dijo a miles de sudcalifornianos: “No a la mina”, en referencia al proyecto de megaminería a tajo abierto Los Cardones; proyecto que con otros nombres diferentes empresarios y corporaciones de capital transnacional han intentado establecer durante más de una década en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna.
Hace instantes logró ser instalada la denominada Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos en el estadio Molinopampa de Challhuahuacho – Apurímac.