Ecuador

LA POLÍTICA MINERA INCONSULTA: ALERTA POR LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVISTA EN ECUADOR

Autor: CEDUH

COMUNICADO

La consolidación del modelo extractivista contribuirá a aumentar la violencia hacia las comunidades afectadas, evidenciando la continuidad de mecanismos encaminados a perseguir, criminalizar y judicializar a personas, dirigentes y a las organizaciones sociales que resisten hace varios años.

Mediante un proceso de subasta y remate se otorgaron 275 concesiones con más de 1.500 millones de dólares comprometidos en el período 2018 – 2021, para actividades de exploración minera, manifestó este 27 de abril Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. De tal manera que las transnacionales que tienen proyectos en el país anunciaron la creación de la Alianza para la Minería Responsable en Ecuador (AMRE). Alianza que está liderada por Adventus, Lowell Copper, Cornerstone, Lumina Gold, INV Metals, Lundin Gold, Newcrest, Toachi Mining, SolGold y la Cámara de Minería del Ecuador. Así, la política extractiva se profundiza en Ecuador, violentado los derechos individuales y colectivos de la población, en especial su derecho a la consulta previa porque las comunidades no fueron consultadas por el estado ecuatoriano para el otorgamiento de la concesión minera a favor de las compañías mineras.

El presidente Lenín Moreno, el 24 de abril de 2019, mediante Decreto Ejecutivo 722, dispuso la emisión de la nueva Política Minera del Estado, la cual tiene seis ejes: planificación sectorial, inversiones, consulta previa y popular, gestión eficiente y sostenible, combate a la minería ilegal y beneficios tributarios. Estos ejes buscan fundamentalmente una mayor articulación entre Ministerios, inversionistas extranjeros y sectores de la sociedad civil, incrementar la inversión con beneficios tributarios como exenciones de impuestos y eliminación de otros, flexibilizar las normas para el otorgamiento de permisos y licencias ambientales, y regular la consulta previa, libre e informada. Asimismo, el Gobierno ha incluido a los proyectos mineros Fruta del Norte y Mirador, ubicados en Zamora Chinchipe y Loma Larga, en Azuay, en el plan de ingresos de la minería para el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la investigación de Martín Zorrilla y otros (2018), nuestro país cuenta con la mayor biodiversidad del mundo, la amenaza de extinción para parte de esta biodiversidad ha aumentado dramáticamente desde abril de 2016, tiempo durante el cual el Gobierno ha abierto alrededor del 13% del país a la exploración minera, con muchas de las concesiones en bosques previamente protegidos. Si se produce exploración o explotación, estas nuevas concesiones disminuirán significativamente las áreas protegidas forestales, dado que más del 30% del área total protegida por Bosques Protectores (BP) se incluye en las nuevas concesiones mineras exploratorias. La mayoría de las concesiones se ubican en la hiperdiversa zona de bosques y fuentes de agua.

En el marco de la resistencia frente a la imposición de proyectos extractivos las organizaciones sociales desde el 2017, exigieron a la Contraloría General del Estado investigar y emitir informes sobre las irregularidades denunciadas por las comunidades, respecto de varios proyectos de minería a gran escala. Hasta la fecha el contralor subrogante Pablo Celi ha visitado los proyectos mineros: Loma Larga en Quimsacocha – Azuay y Llurimagua en Imbabura.

El proyecto Llurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami) y la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco) de Chile, empresa que, hasta la presente, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde el 2015. La falta de evaluación y control permitió que no se apliquen medidas de prevención y mitigación, por lo tanto, no aplicaron sanciones administrativas para suspender o revocar la licencia ambiental, es decir que el Ministerio del Ambiente (MAE) aprobó el estudio de impacto y plan de manejo ambiental sin parámetros locales que describan la caracterización del área del proyecto. Las violaciones a la ley han sido tan graves que la Contraloría concluyó en su informe que la concesión minera debió haber sido revocada.

Mientras que el informe de la Defensoría del Pueblo sobre este proyecto, evidencia que varias personas de la zona de Intag, opuestas al proyecto minero, están bajo amenaza constante. Además, señala que, junto a la ausencia de supervisión de las operaciones mineras, el Estado, a través de sus instituciones, incluida la Policía Nacional, violó sistemáticamente los derechos de la comunidad y la naturaleza.

El 8 de mayo de 2019, Carlos Pérez, Ministro de Energía y Recursos No Renovables, anunció una reforma al Código Orgánico Ambiental para normar la consulta previa y popular, en el tema minero, petrolero y eléctrico; también anunció que el presidente Lenín Moreno en días posteriores firmará un Decreto Ejecutivo en este sentido. Esta reforma alarma a las comunidades afectadas, en el caso de Quimsacocha atenta contra la consulta popular del 24 de marzo de 2019, que ha sido un precedente importante de democracia, con una repercusión directa, vinculante con el territorio, luego de un proceso largo de resistencia que no ha estado exento de persecución, criminalización y judicialización a los dirigentes sociales.

Con estos antecedentes, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU denuncia que este nuevo anuncio de regular las consultas vía decreto es ilegal, porque pretender regular un derecho constitucional violentando el principio de reserva de ley, pues es una clara contradicción a las decisiones judiciales y decisiones de las personas en los territorios, que se han pronunciado y demandado para frenar las actividades extractivas.

Exigimos que se cumplan las sentencias y las decisiones expresadas vía consultas populares, que las autoridades estatales cumplan lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en el Examen Especial sobre el proyecto Llurimagua. Además, que se cumpla lo dispuesto por la Defensoría del Pueblo en la Resolución Defensorial sobre la violación a los derechos humanos y de la naturaleza de este proyecto, donde exhorta al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables a declarar la caducidad de la concesión minera Llurimagua, y a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) la reversión de autorizaciones de uso de agua.

Alertamos que la imposición y consolidación del modelo extractivista en el Ecuador atenta contra los derechos humanos y de la naturaleza, garantizados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales; por lo tanto, contribuirá a aumentar la violencia hacia las comunidades afectadas, evidenciando la continuidad de mecanismos encaminados a perseguir, criminalizar y judicializar a personas, dirigentes y a las organizaciones sociales que resisten hace varios años, incluso existen asesinatos de dirigentes sociales que han quedado en la impunidad y son muestra de un contexto de conflicto por la apropiación de los recursos naturales por parte del Estado y las empresas transnacionales. Hemos constatado que hasta el momento el papel del Estado ha sido garantizar que las actividades de las empresas mineras no se interrumpan; un ejemplo claro es la imposición de una política pública minera violentando el derecho a la consulta previa libre a informada, y su incapacidad para controlar el cumplimiento de las normas que regulan las actividades mineras.

Fuente: https://cedhu.org/noticias/counicados/152-alerta-por-la-consolidacion-del-modelo-extractivista-en-ecuador?fbclid=IwAR3R0lBDfoo8oO-tv2bPV80k1WUH_SzTceitj-nDWP_lNJbe_PhiI8P8228

Argentina

GRAN MARCHA EN GAIMAN JUNTO AL VALLE, LA MESETA Y LA COSTA

Autor: El Valle online

Vecinos y vecinas de Gaiman marcharon junto a asambleas de Chubut en una tarde memorable de abrazo al Río Chubut, en defensa del Agua y la Vida.

Este sábado la población de Gaiman protagonizó una gran marcha y abrazo simbólico al Río Chubut junto a la Asamblea en Defensa del Medio Ambiente del VIRCh, integrantes de comunidades originarias y de distintas asambleas de vecinos de localidades de la Costa.

La actividad tuvo el objetivo de expresar una vez más el sostenido y contundente NO a la megamineria y la zonificación minera en Chubut, y se convocó desde las 17 horas en plaza Julio A. Roca.

Además en la calle del Arte se presentaron al aire libre espectáculos artísticos a cargo de las agrupaciones artísticas Fuego Negro, Grupo Carileufú, Brian Pedrero, Murga Los Desakatados y el taller de Folklore de extensión de la universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco. También hubo un rincón literario y de artes visuales.

Junto a los vecinos y vecinas de la Asamblea de Vecinos de Gaiman en Defensa del Medio Ambienteparticiparon grupos de motoqueros, generándose una gran caravana desde Trelew.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42680-gran-marcha-en-gaiman-junto-al-valle-la-meseta-y-la-costa
Colombia

Una nutrida marcha contra la minería en Santurbán

Autor: El Espectador .com
Conflicto Relacionado: Santurbán

Los santandereanos regresaron a las calles para manifestar su rechazo a una posible licencia ambiental para que la empresa Minesa opere en el páramo de Santurbán.

La cita era a las 2:00 p.m. Ciudadanos de distintas corrientes políticas y miembros de diversas organizaciones sociales y ambientales esta vez encontraron una razón para marchar juntos: oponerse a una posible licencia ambiental que permita a la empresa Minesa explotar oro en el Páramo de Santurbán.

La disputa por la minería en el Páramo de Santurbán ya completa casi una década. En 2011 se llevaron a cabo las primeras manifestaciones. Esta vez el temor a que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales conceda una licencia a la empresa con capital de Emiratos Árabes fue la motivación principal para protestar.

Mientras los santandereanos en gran número marchaban en Bucaramanga, el director general de la ANLA Rodrigo Suárez Castaño, sostuvo una reunión con el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República Camilo Ernesto Jaimes Poveda. Suárez había pedido previamente a este organismo realizar un “acompañamiento permanente» al proceso de licenciamiento.

Video insertado

Más de 100 mil personas le dicen al gobierno @IvanDuque y @RodSuarezCa que preferimos la vida y el agua. No queremos que se realice mega minería en nuestro bosque alto andino de Santurbán. #YoMarchoPorSanturbán

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/una-nutrida-marcha-contra-la-mineria-en-santurban-articulo-860030
Perú

A propósito de Las Bambas: debate sobre el poder minero en Perú

Autor: Jorge paucar
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El conflicto por la mina Las Bambas (Apurímac y Cusco) es complejo y tiene diversos aspectos que debemos tomar en cuenta, como las grandes diferencias entre los actores del conflicto: la empresa minera transnacional, la comunidad campesina local y los representantes del Estado peruano. En este sentido, las asimetrías de poder son un problema, afirmó el sociólogo Francisco Durand.

En un evento organizado por LaMula.pe, Durand, autor de varios libros sobre poder político y empresarial en Perú, sostuvo que el gran problema en conflictos como el de Las Bambas son las «increíbles asimetrías de poder«. Para el sociólogo las diferencias están marcadas entre:

«[…] estos gigantes que operan a nivel mundial con pequeñas comunidades campesinas que han estado en la pobreza extrema y de pronto todo ha sido alterado por estas grandes inversiones».

«Si queremos avanzar habría que tratar a todos los actores de igual forma, habría que preguntarle a todos los actores con la misma insistencia y de esa manera habremos dado un paso adelante», agregó.

Para Durand, es complicado que los tres actores del conflicto dialoguen de manera igual. «La empresa que tiene enormes recursos concentra más poderes de los que debería. La concentración de poder es parte de esta problemática que debemos reconocer», señaló.

Ante ello, el abogado Gonzalo Quijandría, que cuenta con estudios y experiencia en gestión minera, respondió afirmando que «no es tan sólido eso de que se tiene dinero y se tiene poder».

«El sector minero ha perdido poder por un tema evidente, por su mala fama, por su mala reputación«, afirmó.

Quijandría sostuvo que, por ejemplo, si hay convenios entre empresas mineras y la Policía Nacional es porque «no hay comisarías donde se está invirtiendo más en el país». «El Ministerio del Interior debería calcular cuánta seguridad necesita cada zona. No hay un gran poder detrás de esto», señaló.

«Si se tuviera ese poder, se podría generar movimientos en políticas públicas. A un empresario minero, ni un congresista lo recibe en su despacho por temor del parlamentario a que le tomen una foto con él. Eso es poco poder, casi nada de poder. El dinero no es poder en una situación como esa».

«No queremos un Estado pro-minero, queremos un Estado que esté presente en un proyecto de desarrollo para el bien del país. No somos los señores de la película Avatar que dicen ‘destruyan el árbol’«, agregó.

Recordemos que, en la historia del conflicto por Las Bambas, resalta la cantidad de cambios que se han realizado al proyecto, modificaciones que las empresas solicitaron y que el Estado aprobó sin considerar que se podría afectar a la población local, como el descarte del mineroducto por una carretera sin asfaltar que pasaría por la propiedad de la comunidad Fuerabamba.

Por ello, para el economista José de Echave, resulta lejana de la realidad la afirmación de Quijandría.

«No sé si el diagnóstico sobre el poder de los mineros (de Quijandría) corresponda con la realidad. Por ejemplo, no me imagino que el alcalde de Lima construya la ampliación de la vía expresa, que esta funcione cinco años y recién luego se negocie con los propietarios. Eso es lo que ha pasado en el caso de Las Bambas. El corredor minero funciona desde el 2015, estamos 2019 y recién el Ministerio de Transportes comienza a conversar con los propietarios. Esa es solo una demostración del enorme poder de los mineros».

«O la norma antielusión que está congelada desde el 2012, ¿quién hace presión para que eso no salga? La Confiep y la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE). Yo sí creo que tienen un poder enorme. De eso hay evidencias. Que todo no salga como quieren, es otro asunto. Pero hoy en día la representación máxima del empresariado es el minero, la data y los hechos demuestran que es así», agregó de Echave, subdirector de CooperAcción.

En este sentido, el economista Juan Infante lamentó que en más de veinticinco años de «nueva minería» la situación no haya mejorado respecto a la relación con las comunidades de la zona en la que se realizan las actividades extractivas.

«Podemos decir ahora que es vergonzoso no haber resuelto esto. Es el colmo. Existe el poder del dinero y el poder minero. ¿Cómo es posible que los mineros, con tanto dinero y poder, no han podido evitar estos conflictos? Si tienen poder, deberían usarlo para que el Estado funcione de tal manera que no tengamos estos conflictos», afirmó.

«Hay demasiado dinero y está siendo mal utilizado. Las mineras tienen mucho poder y el único poder de las comunidades es bloquear las vías», agregó.

Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para modificar el proyecto a través de cambios a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en marzo del 2011, durante el gobierno de Alan García.

Las solicitudes para cambiar el EIA de Las Bambas se presentaron a través de tres modificatorias (MEIA) y seis Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS). Todas estas fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo, ya sea por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hasta diciembre del 2015 como por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que entró en funciones esa fecha.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/04/30/las-bambas-mineria-poder-empresarial-opiniones-especialistas-economia-sociologia/jorgepaucar/

Brasil

Conheça os ‘acionistas ativistas’ e suas estratégias para ganhar voz nas assembleias

Autor: Bruno Rosa

RIO — Há duas semanas, índios guaranis Mbya levaram quase 11 horas de ônibus entre Parelheiros, no interior paulista, e Curitiba em uma viagem de ônibus para participar de uma assembleia de acionistas. Nas mãos, algumas ações da Rumo Logística, o suficiente para ter o direito de entrar e falar sobre os impactos de um projeto sobre seu povo.

Uma semana depois, Carolina de Moura voou de Minas Gerais para o Rio para se sentar entre detentores de papéis da Vale , como ela, e expor as consequências do rompimento da barragem da empresa que deixou 270 mortos e desaparecidos em Brumadinho há três meses. O esforço é parecido com o de José Martins Ribeiro, de 78 anos, que há 51 frequenta assembleias da Petrobras .

Como eles, pessoas físicas que têm causas sociais ligadas a empresas vêm comprando ações para participar de assembleias de acionistas e ganhar voz dentro das companhias. Embora o movimento seja novo no Brasil, os acionistas ativistas já são conhecidos em países desenvolvidos, onde a cultura de investimentos em ações é maior. Minoritários levam uma nova voz às assembleias e cobram transparência e alinhamento com temas que não dizem respeito só ao lucro. O poder de voto destes acionistas, porém, é proporcional à fatia do capital da companhia que eles detêm.

— Isso é comum no exterior. Em 2002, numa assembleia da GE, freiras compraram ações para questionar a postura da empresa sobre o meio ambiente. No ano passado, acionistas da Disney questionaram a remuneração dos executivos — conta Renato Chaves, conselheiro de empresas e especialista em governança, para quem a chegada da tendência ao Brasil reflete a maior insatisfação com a gestão das empresas. — A assembleia no Brasil é feita, muitas vezes, para cumprir tabela. A má governança traz consequências físicas e perdas de valor.

Papéis pela internet

Inspirados nessa estratégia, os índios Mbya decidiram comprar ações da Rumo a poucos dias da assembleia marcada para 24 de abril . Seria a única forma de expor aos diretores da empresa sua reivindicação de compensações pelos impactos da duplicação da ferrovia Itirapina-Cubatão, em São Paulo. Tiago dos Santos, líder da Terra Indígena Tenondé Porã, conta que os papéis foram comprados num banco on-line pouco antes da partida para Curitiba.

— A gente também tem nossos assessores jurídicos. Pesquisamos a fundo para ver se era viável comprar ações. E começamos a correr — conta Tiago, em entrevista por meio do WhatsApp, lembrando que a maior dificuldade foi formalizar em papel a condição de acionista para não ser barrado na porta. — Só um dia antes conseguimos toda a papelada.

A Rumo Logística informou que reconhece que o mercado acionário é aberto a qualquer pessoa que queira investir e participar das assembleias. Sobre a obra, diz ter as licenças necessárias e contar com mediação da Funai e do Ibama para atender os indígenas.

A estratégia conquistou o grupo Articulação dos Atingidos e Atingidas pela Vale, que reúne parentes das vítimas de desastres causados por atividades da mineradora. Na última terça-feira, dez representantes foram à sede da empresa, no Rio, protestar como acionistas. Colocaram placas com os nomes dos mortos e desaparecidos após o rompimento da barragem de Brumadinho. Integrante do grupo, Carolina explica que o objetivo de comprar ações foi poder registrar as reivindicações dos atingidos na ata da reunião. Assim, querem evitar o argumento de que a empresa não sabia.

— A Articulação já participa de assembleias da Vale desde 2010. Não vamos nos calar. A empresa tem que investir tudo o que ganha na melhoria dos rios e se preocupar com vidas humanas — defende Carolina.

A Vale diz respeitar o direito de livre manifestação pacífica.

Meio século de ativismo

Dos seus 78 anos, o administrador José Martins Ribeiro já dedicou 51 a ir aos encontros de acionistas da Petrobras cobrar mais transparência. Preocupado com o patrimônio da maior estatal do país, quer proteger a empresa da corrupção.

Ribeiro se considera um acionista da estatal desde os anos 1950, quando quem abastecia nos postos da companhia ganhava um cupom que depois era convertido em ações preferenciais. Nos últimos anos, passou a falar sempre nas assembleias. Tentou até ser membro do Conselho de Administração, sem sucesso:

— A União é a controladora. Você chega à assembleia, e as decisões já estão tomadas. Não há espaço para outras vozes buscarem direitos — reclama.

A Petrobras não comentou.

Para Flávia Maranho, coordenadora da Celso Lisboa Escola de Negócios, o objetivo do ativismo de acionistas é tentar influenciar as práticas e políticas da companhia:

— O ativismo pode beneficiar, em particular, as partes interessadas que dependem da boa atuação dos investidores institucionais. Para as empresas,  esse movimento pode melhorar a confiança e a credibilidade diante do mercado, permitindo obtenção de capital a custos mais baixos.

Fuente: https://oglobo.globo.com/economia/conheca-os-acionistas-ativistas-suas-estrategias-para-ganhar-voz-nas-assembleias-23642886?fbclid=IwAR0AEb46g3GjVaG6aDn9DV8xW_o16c3tbyFNawJ6_DxX5fFP-FW4eYRvb9Y

Colombia

Mujeres tejiendo resistencias. Voces de La Minga Indígena, Afro y Campesina en Colombia.

Autor: Natalia Hernández

Atravesando ríos, valles, montañas y desiertos, en lo que va corrido del año, a lo largo y ancho de su territorio, la Colombia históricamente convulsionada por la guerra se ha sacudido con la capacidad organizativa y movilizadora de una Minga indígena, Afro y Campesina. Con esa fuerza, en el mes de marzo se levantó un Paro Nacional y una Asamblea Permanente y, se instaló hasta el 2 de mayo un Refugio Humanitario por la vida de líderes y lideresas sociales en Bogotá.

Esta nueva explosión de sinergia social iniciada el 10 de marzo con La Minga por la Vida, Territorio, la Justicia y la Paz en el departamento del Cauca, que encontró adhesiones en todo el territorio nacional, sostiene como eje común y central la defensa de la vida, dentro un pliego de exigencias en materia de derechos sociales, culturales y sociales. La Minga enfrenta de esta manera las políticas derechistas y retroactivas en términos sociales, humanitarios y ambientales que busca implementar el gobierno a través de su base de políticas gubernamentales propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo.

Los Acuerdo de paz, el gran damnificado de la falta de compromiso del Estado.

El presidente Iván Duque, del Centro Democrático, el partido político fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha sido el único en declararse formalmente opositor al Proceso de Paz llevado adelante entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la organización guerrillera insurgente FARC-EP. En la misma línea ha procurado una postura desinteresada en dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz. Por el contrario, ha optado por el desfinanciamiento de los mismos e incluso arremete en su contra entablando una serie de objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el conjunto de normas creado para regular el inédito sistema de justicia transicional que resultó de las negociaciones en La Habana para el juzgamiento de los excombatientes y que funciona a su vez como sistema de rendición de cuentas.

Las modificaciones propuestas por el mandatario afectan en varios sentidos a las comunidades movilizadas. Quebrantar los acuerdos establecidos que permitieron la desmovilización del grupo guerrillero instala un descrédito en el proceso que busca establecer una paz estable y duradera en territorios de fuego cruzado entre los distintos grupos armados. Este gesto es una invitación a la reactivación del conflicto. Además, sienta bases de desconfianza para futuros procesos de desmovilización con otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional. Desde que Duque asumió la presidencia, ocho ex-comandantes de las Farc abandonaron sus espacios de reincorporación argumentando faltas de seguridad.

Esta actitud por parte del gobierno no es nueva. De hecho, fue la falta de compromiso político lo que precisamente impulsó a una nueva conformación de La Minga, una práctica ancestral que funciona como mecanismo de articulación entre indígenas de diferentes etnias para la coordinación de acciones conjuntas alrededor de la consigna “Caminar la Palabra”. A esta Minga, acudieron comunidades de consejos regionales indígenas de varios departamentos como el Cauca, Huila y Caldas, contó con la participación de algunos resguardos indígenas, organizaciones campesinas como el Coordinador Nacional Agrario, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO-CUT), movimientos político-sociales como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos y comunidades Afro nucleadas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.

Despojo de la tierra, el triunfo de las grandes minorías.

“Las organizaciones que nos movilizamos en la minga somos organizaciones que tenemos acuerdos firmados con el gobierno nacional, acuerdos que no se han cumplido” cuenta Marylen Serna, mujer campesina del departamento del Cauca, integrante de La Minga, vocera del Congreso de los Pueblos y vinculada al Movimiento de Mujeres por la Vida del municipio Cajibío.

Un serial acumulado de pactos incumplidos relacionados principalmente con prácticas de despojo de la tierra que se remontan al periodo colonial y que hoy persisten en los territorios a causa de las altas concentraciones de la tierra en manos de pocos propietarios: terratenientes, ingenios azucareros, grandes concesiones mineras y multinacionales. Marylen nos presenta un ejemplo concreto de esta dinámica: “En el caso del Cauca, la multinacional irlandesa Smurfit Kappa Cartón de Colombia que siembra pinos y eucaliptos tiene más de 12.000 Hectáreas”.

La presencia de esta compañía en municipios del suroccidente colombiano como Cajibío, Sotará y El Tambo, genera varios tipos de afectaciones “Tiene miles de hectáreas productivas. Ha ocupado tierras que se necesitan para la producción de alimentos, además requiere muchísima agua y ha ido acabando con fuentes hídricas propias de nuestras comunidades. Ha desplazado flora y fauna nativa por la instalación de cultivos que son agresivos. Los campesinos y campesinas que antes tenían sus propias fincas donde producían su comida se han vuelto dependientes de esta empresa, hoy son peones con malos pagos por sus trabajos […] Al ir mecanizando el trabajo, ha ido desplazando el empleo que trajo a las comunidades.” Explica Marylen.

Defensa de la tierra y el territorio en el centro de la vida

La líder campesina señala que los impactos más fuertes los produce en la vida de las mujeres: “No es posible que haya una producción de alimentos en la zona, porque no tenemos tierra y las mujeres somos las que más trabajamos y luchamos por la conservación de las semillas, para tener una producción diversificada en el terreno, en las propias huertas, así no es necesario comprar todos los alimentos, ni traerlos de otros lugares o de las ciudades o que las mujeres tengan que irse al trabajo doméstico simplemente porque no hay tierra para trabajar. El promedio de la tierra que tenemos en el municipio de Cajibío es 1.3 hectáreas por cada familia y cada familia está compuesta por 5 o 6 personas. Realmente es imposible vivir con esa cantidad de tierra. Por eso una de las peticiones más importantes de las mujeres en esta Minga es la adjudicación de tierra y que las mujeres sean propietarias de esa tierra.”

La expansión de la frontera agrícola tiene efectos semejantes en la generación de alimentos para las comunidades. Kelly Peña perteneciente a la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública comparte la enorme preocupación por el impacto del creciente fenómeno de la deforestación: “El desplazamiento de esta frontera transforma inmensos bosques tropicales de la Amazonía del pacífico colombiano en grandes hatos ganaderos y cultivos de palma aceitera, poniendo en riesgo la labor de recolección que realizan las mujeres en las comunidades indígenas, reduciendo parte de la oferta de alimento que tienen comunidades enteras”.

Sobre este punto las diversas comunidades que integran La Minga vienen trabajando en el diseño de una propuesta de reordenamiento territorial con una justa redistribución de la tierra basada en la fórmula “territorio con autoridad colectiva” para que según Marylen “Podamos hacer un acuerdo interétnico con las comunidades indígenas y negras, porque estamos en un solo territorio, que podamos construir territorios interculturales, para producir conjuntamente […] que la tierra vuelva a manos de sus propietarios ancestrales y tradicionales”.

Mineras y violencias en los territorios

El conflicto por la tierra y el territorio se ven profundizados por el extractivismo, señala Kelly Peña. Desde la organización en la que trabaja vienen enfatizando las consecuencias del extractivismo minero-energético para las mujeres: “Se ha dado un aumento de la explotación y la violencia sexual de las niñas y mujeres en el marco de las economías de enclave, desarticulación de las economías propias de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas donde las mujeres tienen un papel preponderante, informalidad laboral, impacto en la salud sexual y reproductiva y surgimiento de nuevas formas de explotación de las mujeres a partir del trabajo no valorizado que realizamos en torno al cuidado”.

En este sentido el relato de Marylen resulta descriptivo: “Las concesiones mineras llevan maquinaria a sitios donde anteriormente la minería era artesanal, tanto hombres como mujeres de manera sostenida en el tiempo extraían pequeñas cantidades de minerales que les permitían subsistir, hoy ya no es posible, hoy están las dragas, las grandes maquinarias en los ríos especialmente donde se saca oro. Lo que afecta principalmente a las mujeres quienes más se sostenían de la pequeña minería”.

Estos territorios de gran riqueza natural y proximidad al mar pacífico convierten a estas tierras en una región codiciada por todos, aquí el conflicto armado se relaciona con la disputa por el control de cultivos ilícitos, la minería y la presencia de las multinacionales. Frente a este escenario las comunidades desarrollan procesos de resistencia por el valor de los ríos y del agua, cuenta Kelly, recordando la experiencia de lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. “En muchas de estas regiones se asesinan líderes y lideresas sociales” plantea. La organización Somos Defensores habla de 600 asesinatos desde el 2016. De los cuales 118 serían indígenas según la Organización Indígena Nacional de Colombia.

“La presencia de grupos guerrilleros, militares, paramilitares, grupos armados protegen los cultivos ilícitos, otros protegen la minería y las multinacionales. Quitan libertades y la posibilidad de movilidad de la gente en el territorio. La gente no tiene libertad para reunirse, organizarse, porque está siempre estigmatizada, señalada. Donde las mujeres son botín de guerra de los actores armados [..] las consecuencias de todo esto son muy fuertes: miedo a la organización, a la vida comunitaria, tener que salir del territorio para ir a la ciudad a buscar formas de subsistencia, por miedo, por el temor, por el asesinato a líderes y lideresas que se atreven a levantar su voz y defender su territorio”. Comparte Marylen acerca de la presencia de actores armados legales e ilegales.

Conectando luchas entre mujeres mingueras y de otras organizaciones.

En este contexto la movilización social adquiere características específicas para las mujeres “Ellas han ganado estos espacios en el marco de enormes dificultades y sacrificios familiares […] Alejandrina Pastor, mujer referente de la ONIC hablaba de Efigenia Vásquez, de todo lo que implicó tanto para la organización como para ella, ser una mujer periodista indígena” cuenta Kelly refiriéndose al asesinato de la lideresa indígena del pueblo Kokonuko en el 2017 por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, una unidad de la Policía Nacional de Colombia. “No sólo se pierden vidas, se pierden procesos costosísimos para las mujeres”.

En medio de estos escenarios de dolor, exclusión de los espacios de decisión y la desatención de las apuestas y necesidades de las mujeres, las mujeres han motivado los procesos de organización, expone Marylen: “Poder leer el contexto que nos rodea y nos afecta desde la visión de las mujeres ha permitido el reconocimiento de nuestro derecho a la movilización y la participación política”. Sobre el desafío que implicó para las mujeres sostener la minga durante más de 27 días comparte una anécdota: “Las múltiples tareas y obligaciones no les permiten esa libertad para poder participar y poder salir de su casa durante tanto tiempo. Por eso tuvimos que generar un relevo. Que estuvieran por 3 y 4 días y después llegarán otras. No fue fácil, fue muy difícil. Sin embargo, ahí estuvimos durante todo el tiempo, movilizadas, trabajando, cocinando, prestando guardia, asistiendo a los espacios de comisión política. Las mujeres nos la jugamos toda en esta Minga”.

A pesar de que el movimiento social y en este marco el de las mujeres atraviesa por un periodo de repliegue defensivo, sugiere Angélica Beltrán de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, en el cual “pasamos de tener un escenario en el que propusimos con mayor protagonismo a uno en el cual resistimos el avance de las diferentes iniciativas del Gobierno Colombiano”.  Las últimas movilizaciones revelan una nueva capacidad aglutinante entre diferentes sectores, organizaciones y apuestas “Poder construir un ejercicio unitario de movimiento social y popular de los movimientos sindicales, agrarios, estudiantiles.” concluye Marylen.

Así también viene ocurriendo en los movimientos de mujeres según observa Sandra Solano, también integrante de la Confluencia “En nuestro país el movimiento de mujeres es muy diverso en sus apuestas feministas, aun así se han generado escenarios de unidad y convergencia desde los feminismos, entorno a la defensa de la paz y la salida política y negociada”. En este sentido el reto consistirá según ella en: “Seguir generando opinión y acción frente a la profundización del modelo neoliberal después de unos acuerdos incumplidos a las FARC y un creciente exterminio de líderes y lideresas sociales […] Es necesario generar procesos de reflexión frente a experiencias pasadas y apostar al fortalecimiento organizativo de las mujeres en los territorios, pues es allí donde se generan disputas diarias frente a la justicia, la permanencia en el territorio y la eliminación de todas las violencias que nos atraviesan”.

Estos desafíos conllevarían el aprovechamiento del caudal de saberes adquiridos en materia organizativa, como explica Angélica: “Las experiencias que vivimos son capacidad instalada, aprendizajes valiosos que nos fortalecen para seguir actuando de cara al país y también en lo regional, donde el trabajo no para y las organizaciones de mujeres seguimos sembrando trabajo de base”.

Este ciclo de movilizaciones que incluyeron el paro más grande realizado por poblaciones indígenas en el país seguramente continuará caminando como la Minga, hasta que se transformen las condiciones que le dieron forma, hasta que haya tierras donde vivir y garantías para cultivar. Ni los panfletos encargados de diseminar amenazas contra las líderesas y líderes sociales, las organizaciones sociales, campesinas y afro, ni los pronunciamientos criminalizantes por parte de integrantes del gobierno buscando estigmatizar las resistencias, ni el miedo, ni el dolor, ni la desesperanza han sido suficientes para frenar esta fuerza colectiva que aprende de la movilización en unidad. Porque como dijo la líderesa afro del Cauca Rossa Mejía Caicedo “El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”.

Fuente: https://www.revistaamazonas.com/2019/05/08/mujeres-tejiendo-resistencias-voces-desde-la-lucha-de-la-minga-indigena-afro-y-campesina-en-colombia/?fbclid=IwAR35i1-426-6noyXtGhJKwhgXyMcA35g1wtDlM_y2JGnOsSqpk3syQnDE0k

Brasil

A maldição das minas no Brasil: entre o medo do desemprego e o fantasma da impunidade

Autor: Naiara Galagarra

As legiões de aventureiros avarentos que penetraram nestas terras do Brasil no século XVIII não pararam para pensar que o ouro não se come. Alguns morreram de fome com pedras brutas no bolso. Não havia comida, estradas nem comércio. Aquela febre do ouro estabeleceu as bases de um Estado que deve quase tudo às minas. Seu nome, seu desenvolvimento, seu patrimônio histórico e sua economia. A paisagem verde de Minas Geraisé pontilhada por enormes lacunas de ocre intenso que a mineração escava na terra e por depósitos descomunais para colocar os resíduos que essa atividade gera. O colapso de uma dessas barragens em Brumadinho matou há cem dias, completados neste domingo, 235 pessoas. Outras 35 − também devoradas em segundos pela avalanche de rejeitos − continuam desaparecidas. A Vale, empresa proprietária da mina e uma das maiores multinacionais brasileiras, é reincidente. A tragédia provocou uma grande onda de indignação popular que levou a algumas poucas mudanças, mas o medo de que se repita está muito presente.

Maria Lourdes Anunciação, de 64 anos, vive tomada pelo medo em uma moradia de tijolos descobertos muito perto de uma barragem quatro vezes maior do que a que se rompeu em 25 de janeiro em Brumadinho. Não é a única. Nada menos que 23 depósitos de resíduos rodeiam Congonhas, uma cidade turística de 50.000 habitantes. Só uma colina separa a família Anunciação da mais próxima. Eles contam depois do desastre as autoridades fecharam a escola, e ficou nisso. “Depois de Brumadinho, não fizeram nenhuma simulação. Só a sirene, que tocou uma vez. Eram quase nove da manhã e quase ninguém ouviu. Tocou muito baixo”, recorda Maria. As vítimas de Brumadinho também não a ouviram, porque não tocou. “As pessoas têm mais medo das barragens agora, mas do desemprego também”, aponta sua filha Tatiane. Elas, como tantos na área, têm parentes que trabalham no setor.

As minas são a grande fonte de emprego local. E um potente motor da economia nacional, tanto que a mineração em Minas Gerais contribui com 8% das exportações brasileiras, que mesmo em épocas de crise é um gigante econômico. E, no setor, reina a Vale. Fundada em 1942 e privatizada em 1997, é a maior produtora de minério de ferro do mundo. Seu poder é enorme. A proclamação “Mariana nunca mais”, adotada por seu presidente, o agora substituído Fabio Schvartsman, depois de uma tragédia escandalosamente similar em 2015, ficou sepultada sob toneladas de ferro em Brumadinho. O rompimento da barragem de Mariana matou 19 pessoas, e causou o maior desastre ecológico do Brasil.

“Se você não está a favor de Vale, é um inimigo. A Vale não dialoga, a Vale manda”, afirma o professor Evandro Moraes, da Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda há décadas estas represas de resíduos minerais. Ele insiste que os acadêmicos sabem há muito tempo que, à medida que a terra vai ficando menos rica em minerais, os resíduos aumentam. Moraes está convencido de que sem mudanças profundas, haverá novos desastres. “É necessário mudar o ciclo econômico”, diz, diante do desafio de administrar cada vez mais resíduos. Soluções existem, afirma. Estão em estudos feitos pela universidade − e são economicamente viáveis, assegura. Os resíduos poderiam ser transformados em cimento. Mas, segundo ele, a Vale não demonstrou nenhum interesse. “Ela não dialoga com o mundo acadêmico, nem com a sociedade civil… só o Ministério Público consegue se impor à Vale”, aponta o professor.

Andressa Lanchotti é a coordenadora da equipe de promotores de Minas Gerais e de agentes da Polícia Federal que investiga o que ocorreu em Brumadinho. “Precisamos de uma mudança de comportamento muito grande para recuperar a confiança, porque em menos de três anos houve dois desastres envolvendo a mesma empresa [a Vale] em duas minas que tinham um certificado de estabilidade e uma auditoria externa. E as duas se romperam. Isso significa uma falta de credibilidade não só da Vale, mas de todo o sistema brasileiro de gestão de barragens”, explica a promotora em seu escritório em Belo Horizonte. Lanchotti considera que o Estado deve assumir a fiscalização, que hoje é praticamente um autocontrole das empresas. Há 34 inspetores de barragens no Brasil inteiro, quando o Estado de Minas Gerais sozinho é maior do que toda a Espanha.

Um decreto do Governo de Jair Bolsonaro ordenou que sejam desmantelados em três anos todos os depósitos de mineração construídos com a técnica de alteamento a montante, a mais barata e perigosa porque não tem alicerces nem muros. Foi essa a técnica usada nas duas barragens que desmoronaram. Nestes cem dias, o Ministério Público ordenou que a Vale paralise as atividades em oito barragens e pague mil reais mensais durante um ano a cada um dos 40.000 moradores de Brumadinho, determinou a realização de inspeções independentes, bloqueou milhões de reais em fundos da empresa para enfrentar a emergência, pediu o afastamento de Schvartsman da presidência e retirou seu passaporte.

Segundo a promotora, “existem tecnologias modernas que são usadas em outros Estados (do Brasil) e em outros países” para administrar resíduos de mineração, mas “aqui não se fazia isso porque não era prioridade por questões econômicas”.

A fiscalização é um ponto fraco no Brasil, como reconheceu o vice-presidente Hamilton Mourão em uma entrevista ao EL PAÍS logo após a tragédia. A Agência de Mineração inspecionou cerca de cem barragens nestes três meses, a maioria em Minas Gerais, mas o organismo ainda está elaborando suas conclusões, segundo um porta-voz. Esses imensos depósitos são organismos vivos, dizem os especialistas. “São como um leão em uma jaula, sempre a ponto de morder”, explica o professor. Costumam se romper porque seu conteúdo se liquefaz. É um fenômeno misterioso. “Nem os cientistas sabem por que ocorre”, afirma Moraes, um engenheiro e geólogo que em sua longa carreira foi consultor da Vale e de outras empresas de mineração. Três dos depósitos estão em um nível de emergência tão alto que cerca de mil pessoas, segundo a multinacional, foram retiradas das áreas próximas. A isso se somam os danos colaterais para o sustento de milhares de pessoas.

O Ministério Público investiga 26 pessoas por crimes contra a vida e o meio ambiente (com Schvartsman encabeçando a lista), já deteve preventivamente 13 engenheiros e auditores, mas ainda não há um relatório preliminar sobre as causas do colapso.

Wilson Moreira, de 64 anos, não acompanha em detalhes as medidas adotadas pela promotoria e pela Vale, nem as denúncias da imprensa. O que ele sabe é que perdeu um filho. Cleiton Luiz tinha 29 anos. “Foi encontrado na terça-feira de Carnaval [um mês depois da tragédia]. Só me deram uma caixa com uma foto dele em cima. Suponho que fosse ele. Não era permitido abri-la”, explica em Brumadinho este comerciante, que além disso viu como a economia local se arruinou e suas duas lojas perderam clientela. “Ele nunca falou que sentisse risco, gostava do trabalho. Morreu inocente.” Wilson interrompe seu relato com risos nervosos. Está convencido de que “se o Ministério Público funcionasse, a Vale estaria fechada por segurança”. Mas também diz que a empresa não pode desaparecer porque é vital para que as pessoas ganhem a vida. Quem diria em 1978, quando ele dirigia um caminhão que levava resíduos para a barragem, que aquele lodaçal cresceria exponencialmente e mataria seu filho. A busca pelos desaparecidos prossegue. A bombeira militar Priscila vasculhava a lama com um guindaste esta semana em busca de qualquer resto humano ou objeto. “Ontem achamos uma agenda, espero que sirva para encontrar a alguém.”

Em Mariana não havia sirenes. E em Brumadinho não chegaram a tocar. “Os sistemas de alarme têm de ser automáticos”, diz o bombeiro civil Pedro Cruz, de 31 anos, enquanto visita com sua namorada, Germana Souza, a igreja de Congonhas que abriga famosas esculturas barrocas de Aleijadinho pagas com os lucros da mineração, que atraem milhares de turistas para a cidade.

Com 55.000 empregados no Brasil e um faturamento de 36,5 bilhões de dólares (143,8 bilhões de reais), a Vale gera muita riqueza. E seu poder e influência são enormes. Brumadinho fez suas ações na Bolsa despencarem, mas agora já são cotadas como antes que o tsunami de rejeitos engolisse seus empregados, muitos deles enquanto almoçavam no refeitório. Devido ao desastre e à paralisação por ordem judicial de três minas, serão produzidas 62,8 milhões de toneladas a menos este ano, explica a empresa. Isso representa 15% do minério de ferro que ela produziu no ano passado. E tem impacto no mercado mundial. A queda, segundo o professor Moraes, fez o preço do minério de ferro subir, o que reduz as perdas, e além disso outras empresas já reativaram minas que não exploravam.

O fantasma de que os responsáveis máximos fiquem impunes está rondando. Basta ver o que ocorreu em Mariana, onde o tsunami de resíduos arrasou duas cidades e percorreu mais de 600 quilômetros até o Atlântico, alterando as vidas de centenas de milhares de pessoas e prejudicando gravemente o ecossistema. Três anos depois, ninguém foi condenado. Não há data para o julgamento e a proprietária da mina − a Samarco, controlada pela Vale e pela australiana BHP Billiton − pagou uma ínfima parte das multas por danos ambientais porque recorreu delas. “Depois de Mariana, muito pouco foi feito. Fazia três anos que estávamos anunciando que haveria mais desastres”, diz Fabiana Alves, do Greenpeace.

Um veterano do setor de mineração que também teve responsabilidades em políticas públicas nessa área e pede para ficar no anonimato diz que a sucessão de desastres “é totalmente inadmissível”, mas ressalta que, segundo as estatísticas, há dois ou três rompimentos por ano. “Até o Canadá, um país com um aparato legal considerado bom, ótimos consultores e uma tradição de excelência em atividades de mineração, teve rompimentos de barragens todos os anos entre 2011 e 2014.” No entanto, os danos no Brasil são incomparáveis àqueles.

Esse especialista opina que a legislação e a fiscalização são insuficientes para evitar acidentes. “É fundamental ter um projeto de alta qualidade, que a construção obedeça às melhores práticas da engenharia e, principalmente, que seja operada com rigor técnico”, afirma.

Sebastião José dos Santos, de 61 anos, vive na cidade rodeada por 23 depósitos de resíduos. Esse técnico de manutenção em uma mina acredita que elas são seguras: “Como filho de Congonhas e empregado da CSN [Companhia Siderúrgica Nacional], estou convencido de que aqui não teremos nenhuma catástrofe como as de Brumadinho e Mariana”. Depois de um tempo de conversa, surge uma certa dúvida quando ele diz: “Se alguma barragem se romper, e não vai se romper, todos vamos sofrer”.

Fuente: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/04/politica/1556925352_146651.html?fbclid=IwAR13YxLDeol0Jtywlyy_NygZv_xOmEVq4RCTO0yXfBxjqyarOiGaIo7DxK0

Chile

Preocupación en la Patagonia por perforaciones mineras en el entorno del lago General Carrera

Autor: Absalon Opazo
Conflicto Relacionado: Los Domos- Chile Chico- Equu Mining- Southern Gold

En la región de Aysén se encuentra el lago General Carrera, un magnífico espacio natural rodeado de montañas nevadas y alimentado por los glaciares del Campo de Hielo Norte, que a su vez, es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. En este lugar, además, se encuentra una zona conocida como Quebrada Honda, donde investigadores han descubierto las huellas de los primeros pobladores humanos de la Patagonia, incluyendo pinturas rupestres que datan de por lo menos, 10 mil años.

“Hay niveles de roca que eran el fondo del Atlántico hace 20 millones de años, ahí estamos encontrando restos de arrecifes de corales, de tiburones y algunas ballenas. Otros niveles están llenos de marcas de hojas, de lo que eran bosques tropicales hace más o menos 45 millones de años”, explica al diario español El País el paleontólogo de la U. de Valdivia, Enrique Bostelmann, quien lidera las excavaciones en la zona.

Pero en paralelo a esta labor científica, hay otras personas que están buscando riquezas en el suelo de esta zona. Se trata de la minera australiana Eqqus Mining, que está realizando perforaciones para encontrar oro y plata, situación que tiene en alerta a las comunidades locales.

El proyecto de la minera, llamado Los Domos, ha dividido al pueblo de Chile Chico y ha generado un clima social “insoportable”, según describen algunos activistas que incluso acusan que han recibido amenazas. Una de las personas que se ha atrevido a sacar la voz en ese sentido es Corina Ainol, líder de la Agrupación Antukulef, colectivo que ha venido informando sobre los impactos de la minera en la localidad.

Ainol explica que el proyecto de la firma australiana llegó en medio de un momento de incertidumbre en Chile Chico, ante los niveles de desempleo. Así, el plan contemplaba abrir una nueva mina dentro de los límites del Parque Nacional Patagonia, los que fueron aprobados en enero de 2018, en los últimos meses del Gobierno de Michelle Bachelet. Se trata de un territorio salvaje que supera las 300 mil hectáreas, dentro de las que están los terrenos donados al Estado por la fundación Tompkins Conservation.

Ante las limitaciones, comenzó una dura campaña del alcalde de Chile Chico contra el Parque Nacional, argumentando que atacaba a los modos de vida tradicionales e impedía «el desarrollo del pueblo». En ese entonces, se realizó una votación en la que participó solo el 20% del Censo, y que terminó con un 80% contra el Parque.

En paralelo, el gobierno de Sebastián Piñera redibujó los límites del área protegida, asegurando que hubo errores en el decreto firmado por Bachelet. De esta forma, se sacó un polígono de 2.309 hectáreas de tierras del Estado donde la minera pretende obtener el oro.

Esta decisión fue admitida por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en enero de este año, destacando que se sumaron dos mil hectáreas para compensar. Así el Parque Nacional quedó con un tamaño similar al original, pero quedando al lado de una eventual mega operación minera que se establecería entre los cerros y los afluentes del río, según detalla El País.

Gloria Becerra, agricultora y líder campesina, ha manifestado su preocupación por el futuro de Chile Chico con el proyecto minero, y fue hasta el Senado para denunciar el hecho: “Me preocupa la contaminación de nuestras aguas y del lago”, dice la mujer que se dedica a la venta de verduras y hortalizas en el pueblo.

“Hay campesinos arriba que beben agua del río, los animales también, regamos con ella y no vamos a poder cultivar sano, natural. Y el río va a parar al lago, que es el principal reservorio de agua dulce de Chile“, agrega Becerra.

Pero este no es el único proyecto que complica al lago General Carrera. Equus Mining está también desarrollando proyectos de exploración en Puerto Ibáñez, en la costa norte del lago, al igual que la empresa australiana Laguna Gold.

“La cuenca del Lago General Carrera podría ser convertida en una zona de sacrificio, porque hay cuatro empresas mineras transnacionales que quieren convertir la zona en un gran complejo industrial de extracción y procesamiento de oro“, advierte el periodista Patricio Segura, integrante de la red y director de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa).

De acuerdo a los últimos informes entregados a sus accionistas, Equus Mining ya comenzó la fase tres de su proyecto de exploración en Los Domos. Ante esto, Codesa presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que la firma debería presentar una evaluación de impacto ambiental. A la vez, el Servicio Nacional de Geología y Minería informó en febrero al SMA sobre una posible infracción, debido a que la empresa habría fragmentado el proyecto de exploración para eludir la evaluación de impacto.

Fuente: https://www.elciudadano.com/chile/preocupacion-en-la-patagonia-por-perforaciones-mineras-en-el-entorno-del-lago-general-carrera/05/08/?fbclid=IwAR3FReKDnwVGxlgGe3vRXLJqm52ix8dHdKWf0V7Fsa_tDLDsVv7HwY5YFXw

El Salvador

Ríos majestuosos, con arsénico y sin oro

Autor: Luis Ponce, Brenda Ramírez

El Salvador ha actuado por casi 20 años como un espectador pasivo de la actividad minera en la cuenca alta del río Lempa. Desde el pasado 29 de marzo de 2017 El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, no obstante su vecino Guatemala cuenta con una Ley que permite la exploración y explotación vigente desde hace 22 años. Son siete proyectos activos en la frontera, uno de ellos a menos de 20 kilómetros y que amenaza directamente al Lempa: la mina Cerro Blanco.

El Salvador es un país agua dependiente, en gran porcentaje, de una sola cuenca hidrográfica: el río Lempa. De él se abastece buena parte de la población para el consumo y producción de energía electrica. Este río, aunque su mayor recorrido lo hace en territorio salvadoreño, nace en Chiquimula, Guatemala.

Recorre una parte de suelo hondureño y entra por el norte del país. En la cuenca alta, Santa Ana, es alimentado por el lago de Guija, un embalse natural en el que desemboca el río Ostúa, un río tributario al Lempa, afectado directamente por la actividad minera en Cerro Blanco. En conclusión, las actividades de la explotación minera guatemalteca están contaminando el río Lempa.

Cidia Cortes, investigadora de la Universidad Luterana Salvadoreña, sostiene que en total Guatemala ha concedido 344 licencias de exploración y explotación minera, de las cuales siete están cercanas a El Salvador.

Una de estas es la mina Cerro Blanco que, actualmente, pretende explotar más de 20 kilómetros cuadrados de mina de oro y plata. Sin embargo, pareciera que “hasta la naturaleza está en contra de la mina”, expresa Cortes, pues está ubicada sobre una zona geotermal. Las estimaciones de producción de la empresa es que la mina ha de producir 952 mil onzas de oro y 3.14 millones de onzas de plata, durante nueve años de vida útil.

A simple vista parecen las estimaciones de una empresa visionaria, sin embargo la historia va más allá de las proyecciones actuales. Según información del Colectivo Madre Selva, fue en 2004 que la empresa Entre Mares S.A., subsidiaria de la empresa Goldcorp, presentó un Estudio Ambiental Inicial, mismo que fue rechazado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por inconsistencias de información.

Un año después, en conformidad al art. 20 de la Ley de Minería de Guatemala, la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental, que fue rechazado bajo el mismo argumento del anterior, agregando que, según la minera, no habrían impactos ambientales. Al poco tiempo, el entonces presidente Oscar Berger cambió de sección a la directora de la Unidad de Gestión encargada de recibir estos reportes.

En junio de 2007, la minera presentó el mismo estudio y fue aceptado por la nueva directora de la Unidad, la Dra. Eugenia Castro Modonessi. Madre Selva expresó el 23 de julio de ese año su oposición al proyecto, ya que a su criterio no reunía información necesaria para ser aprobado. Sin embargo, el 14 de agosto la empresa recibió el beneplácito gubernamental.

Más adelante el ministerio recibió fragmentado el proyecto Cerro Blanco en temas relativos al funcionamiento: tratamiento de aguas, dormitorios para los empleados, entre otros. Toda esta situación obligó a las organizaciones sociales y comunidades de Asunción Mita, municipio al que pertenece la concesión minera, en el departamento fronterizo de Jutiapa, a organizarse y manifestar resistencia al proyecto que ya se había echado a andar.

Madre Selva en sus investigaciones reconoce que en 2012 el proyecto Cerro Blanco solicitó al Ministerio de Energía y Minas un cierre temporal de dos años, esto a causa de “fallas técnicas e inundaciones en el túnel”. Durante el proceso de preparación de la extracción, la empresa llegó hasta la reserva de agua geotermal que se ubica bajo el cerro.

Este líquido fluye a una temperatura entre 80 y 120 grados celsius. Contiene un alto nivel de arsénico y metales pesados. Para superar esta falla, la empresa adoptó un modelo de enfriamiento y drenaje de la misma. El agua es extraída de los túneles, vertida en pilas de enfriamiento, pasa a una planta de retención de arsénico y luego es vertida en el río Morán, un río de invierno, tributario del río Ostúa.

El arsénico no es el único metal que diversas investigaciones han encontrado en los sedimentos de los ríos Morán y el compartido Ostúa, tanto en la parte de Guatemala como en la de El Salvador. Según la investigación de Cortes, hay presencia también de plomo, cadmio y cromo, metales pesados que son nocivos para la salud humana y la vida de los ecosistemas de la zona.

En mediciones hechas por su equipo de trabajo se puede observar el nivel alarmante de contaminación. Lo ideal, señala, es que no hubiera presencia del metal, sin embargo hasta 5.9 ppm, unidad con que se mide la presencia de metales en sedimentos, son tolerables para el ser humano y la fauna marina. En el caso Morán, en 2014 se registraron 35.57 ppm y en 2018 143.13 ppm; un aumento del 400%. En el caso Ostúa Guatemala, de 16.34ppm se pasó a 125.23 ppm; un aumento de casi el 800%. En el caso Ostúa El Salvador, de 13.86 ppm a 49.82 ppm; un aumento del 360%.

La mina lleva más de 10 años de operar sin haber extracción una sola onza de oro o plata, pero si ha estado drenando cantidades enormes de agua termal con alto contenido de metales pesados tóxicos. Una de las enfermedades señaladas por Madre Selva, que despierta una alerta sanitaria, es el padecimiento a largo plazo de “hidroarsenicismo crónico”.

Este padecimiento se manifiesta a través de irritación intestinal que causa dolor estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. La exposición prolongada al arsénico inorgánico causa patrones de lesiones cancerígenas en la piel. Síntomas que son resentidos desde hace algunos años por los pobladores que residen cerca de la mina, según informa Madre Selva.

La aldea Trapiche Vargas es vecina directa del proyecto minero. Son alrededor de 300 familias las que residen en el lugar. Viviana Palma y Elsa Ramírez convergen en una misma experiencia comunitaria: han sido espectadoras impotentes de la muerte de los ecosistemas que ofrecían sustento a los pobladores. Por un lado, Palma enumera las enfermedades visibles entre las personas del lugar: enfermedades de la piel, intoxicaciones, pérdida de la vista y el oído.

Para agravar la situación, el terreno fue dinamitado agrietando paredes y dejando inhabitables casas de bajareque. El personal de la mina prometió ayudar en la reparación, sin embargo en los casi 20 años de proyecto minero, sólo un trayecto de calle ha sido construido. A pesar de la consciencia que se ha ganado con los años, muchas personas resultan indiferentes a la lucha anti minera, pues esta es la única fuente de ingresos, en una zona donde con dificultad llegan los servicios básicos que un Estado debe propiciar para sus ciudadanos.

Han sido varias las organizaciones e instituciones que han conocido la problemática que trae consigo el proyecto minero. Una de ellas es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), pues cuenta con un informe, desde 2013, donde detalla recomendaciones especificas al Gobierno salvadoreño, mismo que es el responsable de tutelar o realizar las acciones para velar por la protección de los derechos de su población.

Guatemala también ya tiene ese expediente, según expresa Ana Guevara, procuradora adjunta de la PDDH. Fue de esa manera que se buscó un mecanismo, a través del mandato constitucional del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (PDH) para establecer un trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Este acuerdo se firmó el 12 de noviembre de 2018. El acercamiento inició cuando ambas instituciones de Derechos Humanos, impulsaron “acciones de fortalecimientos de capacidades al personal, en el tema exclusivamente de derechos humanos y empresas. Iba encaminada a establecer mecanismos de cooperación ya sea en el tema de promoción, en el tema de incidencia y también el seguimiento a casos que estuvieran vinculadas a violación de empresas”, dice Guevara.

Una posible violación es la contaminación de un río que no sólo abastece a comunidades de Asunción Mita, sino también la cuenca alta del río Lempa, es decir buena parte de El Salvador se ve afectado. Los mandatos constitucionales de ambos entes garantes de los Derechos Humanos sólo permite, dentro de su territorio, la emisión de condenas morales y si la acción es más grave, ésta debe notificarse a la unidad fiscal correspondiente.

Por tratarse de una problemática binacional, el camino a recorrer está marcado por la diplomacia internacional. En ese sentido, son los Estados los encargados de buscar establecer un tratado, de común acuerdo, sobre las aguas transfronterizas, así lo señala Luis González de la UNES. Agrega que hasta ahora ha existido una falta de voluntad política sobre todo desde el lado guatemalteco.

Hace seis años se iniciaron conversaciones pero quedaron estancadas. Esto debido a que el país vecino alega la figura de la “soberanía de cuenta”, aunque esta ya está desfasada pues hoy se habla de “cuenca compartida”, sostiene González. Hasta hoy, el único plan en marcha es sobre el trifinio, tal como sostienen los ambientalistas, puede servir como base ejemplar para resolver este caso.

Sin embargo, Julio González de Madre Selva, refuerza la idea que el Gobierno de Guatemala hace poco o nada respecto al tema. Recuerda que si se compara el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala es el país con más alto índice de percepción de corrupción, un dato respaldado por Datosmacro.com, y en ese sentido dice que “es una situación donde prevalecen los intereses económicos sobre los Derechos Humanos”.

Leocadio Juracán, diputado del Congreso de Guatemala, apoya esta idea pues expresa que “cuando el Estado debe ser garante de los derechos humanos, garante del bienestar de la población… tenemos un Estado que está desprotegiendo a sus ciudadanos”.

Juracán va más allá, pues desde su trabajo en el Congreso ha conocido de cerca el desarrollo de investigaciones sobre el otorgamiento de permisos mineros. En ese sentido, el pasado 7 de diciembre de 2018 fue citado el ministro de Ambiente, al Congreso guatemalteco, para dar explicaciones de los mismos, además de aclarar un proceso que se está llevando a cabo actualmente: la venta de derechos mineros en Cerro Blanco.

El legislador señala que cada vez más cobra fuerza una hipótesis que le resulta preocupante. Pareciera que la verdadera intención, de una mina que en casi 20 años de funcionamiento no ha producido nada, es buscar un vacío legal para demandar al Estado guatemalteco.

Esta hipótesis es apoyada por Julio González, quien agrega que la empresa interesada en la compra de la mina Cerro Blanco, es una “empresa jr.”, es decir que cuenta con un bajo capital, pero pretende comprar una “ganga”, que tiene oposición de la gente y demostrar que no funciona para así entablar una demanda millonaria contra el Estado, basados en los gastos de inversión incurridos.

Juracán sostiene que el Estado no tiene la solvencia económica para enfrentar una indemnización como esta, similar a la demandada por Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y que fue favorable para el país. Su preocupación, afirma, es que el Estado no se niegue a pagar, por el alto grado de corrupción e impunidad que se gesta dentro del mismo, señalado en investigaciones de la CICIG.

Las iniciativas son diversas del lado de Guatemala, pero no encuentran suficiente apoyo. El movimiento Winaq, al que pertenece Juracán, impulsa la idea de suspender durante dos años el trabajo minero y que sea el pueblo, en una consulta popular, quien elija si desea o no que se sigan explotando recursos minerales pesados. “No hemos encontrado, lamentablemente, respaldo para promover y avanzar en esta iniciativa”, dice Juracán, pues de los 158 diputados, al menos ⅔ responden a intereses de las grandes transnacionales.

Del lado de El Salvador, el trabajo de la PDDH y organizaciones sociales ha logrado al menos establecer una ruta de trabajo conjunto. Sin embargo, falta mucho por hacer. Cortes sugiere que una de las necesidades que deben tomarse enserio, es que el MARN de El Salvador monitoree los niveles de desechos que se vierten al río y llegan hasta el territorio nacional, es decir un control técnico científico. Además, Rodolfo Calles de Cripdes, señala que el Estado debe diseñar una estrategia más agresiva, para darle seguimiento al tema desde la vía diplomática.

Por el momento Cuevitas, Bendición de Dios, Arenal Pacheco, El Zorrillal, El Javiyal, Bonanza y La Portada son las comunidades más cercanas y afectadas. Estas necesitan, según ambientalistas, investigadores y DDHH, el acompañamiento del Estado, desde la diplomacia y desde el acompañamiento territorial, un desafío para el nuevo Gobierno. Un trabajo articulado para poder mantener una frase que reza la oración a la bandera salvadoreña: “Ríos majestuosos”, donde el papel de espectadores pasivos no llegue a obligar a que sea complementada por “Ríos majestuosos, con arsénico y sin oro”.

Fuente: https://www.diariocolatino.com/rios-majestuosos-con-arsenico-y-sin-oro/

Mexico

Marchan mil 500 personas en contra de la Mina Peñasquito de Goldcorp-Newmont

Autor: Alma Ríos

■ Participaron transportistas, ejidatarios y habitantes de la comunidad Cedros

■ Denuncian el incumplimiento de diversos convenios que ha celebrado la empresa con ejidatarios 2008 y 2009

■ También se quejan de la contaminación y escasez de agua provocados por la minería

Unas mil 500 personas participaron ayer en la denominada Marcha por la Dignidad y la Vida, dijeron, para desmentir lo expuesto por la Mina Peñasquito de Goldcorp-Newmont y el diputado local morenista a la 63 Legislatura, Omar Carrera Pérez, respecto a que los inconformes con la problemática que se ha generado entre la empresa extractiva y comunidades del Valle de Mazapil, involucra sólo a 35 personas, entre ejidatarios y transportistas, y según el mayor consorcio extractor de oro en el mundo, son sus extorsionadores.

La movilización fue organizada por el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

Involucró según el parte oficial, 40 autobuses materialistas de la Unión de Transportistas de Mazapil CAVA, S.A. de C.V., 15 autobuses de pasajeros, 2 sprinter y 25 vehículos particulares, en los que se trasladaron transportistas, ejidatarios y habitantes de Cedros, comunidad donde se asienta la Mina Peñasquito, e integrantes del FPLZ procedentes de entre otros, los municipios de Vetagrande y Pánfilo Natera, y algunas pocas, empleadas y madres de familia de los centros de desarrollo infantil del FPLZ.

Durante el recorrido por las calles del Centro Histórico las consignas demandaban entre otros reclamos, “¡si no cumplen que se vayan!”, en relación a diversos convenios que ha celebrado Mina Peñasquito con los ejidatarios de Cedros en 2008 y 2009, de los que los han entregado copias a la prensa.

Los convenios
En uno de ellos se señala que la empresa se obliga a “capacitar y contratar a personas originarias del Ejido de Cedros” que manifiesten este deseo, de acuerdo a su nivel de escolaridad y capacitación, y que se constituya una empresa de transporte o “adquieran en lo particular góndolas”, comprometiéndose la minera “a celebrar contratos de acarreos” de manera preferente en su caso.

En un cuarto punto del convenio celebrado el 10 de junio de 2008 y signado en representación de Mina Peñasquito por Bill Humphrey y Armando Escárcega, se consigna algo señalado como parte fundamental de las razones de su movilización, que la empresa se comprometió “a no afectar el manantial del Ejido de Cedros y en caso de hacerlo rehabilitarlo, siempre y cuando no se trate de causa naturales”.

Un trago de agua
Ayer al arribo del contingente a la sede de la Legislatura del estado, al momento de entregarle su pliego petitorio al diputado morenista, Omar Carrera Pérez, a quien han acusado de dar voz en esa tribuna a textos preparados por Doris Vega, encargada de comunicación social de Mina Peñasquito, lo invitaron a visitar la comunidad de Cedros para que verifique que efectivamente que el manantial referido se ha agotado.

El comisario ejidal lo instó asimismo, a beber de una botella que le entregó en el momento, agua de la que ellos consumen; el gesto del legislador fue darle un único trago viendo a los ojos a Rigoberto López Martínez, para luego cerrar el recipiente.

El diálogo entre ambos fue difícil de distinguir entre los gritos que desde atrás señalaban a Carrera Pérez de “vendido” y “priista”.
El legislador les informó que en la sesión de ayer leería el documento que le fue entregado y un punto de acuerdo propuesto por él sobre el que les pidió poner atención pues, “son sus exigencias también”.

“Omar te invitamos a que antes de declarar una cosa, conozcas a fondo los problemas que tenemos en Mazapil, porque yo sin temor a equivocarme te digo que no has puesto un pie en Mazapil, ni ningún legislador de ustedes. Yo te pido que antes de que declares una cosa constates las cosas como son, no como te viene a decir la minera”, le dijo en ese momento Ascención Carrillo, presidente de la Unión de Transportistas de Mazapil CAVA, S.A. de C.V.

Solicitud de apoyo 
a diputados locales
Los manifestantes encabezados también por Felipe Pinedo Hernández, líder del FPLZ solicitaron hablar con los integrantes de todas las fracciones partidistas integradas a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la Legislatura.

El texto fue leído públicamente al arribo del contingente a la sede del Poder Legislativo del estado, antes de su entrega a los diputados; expone que desde el pasado 27 de marzo la Asamblea General del Ejidatarios de Cedros determinó bloquear los accesos principales de Mina Peñasquito “porque no atiende a sus compromisos pactados con nuestra comunidad y con la Unión de Transportistas y Trabajadores de Mazapil”.

Agrega que “desde hace siete años no contamos con agua por al agotamiento de nuestro manantial” debido a la actividad minera, y solicita que se verifiquen en aquel lugar “los alarmantes niveles de contaminación y estragos en el agua, en el territorio, en el medio ambiente y en la salud”.

Con ese sustento quieren que los diputados locales les apoyen ante la Federación “para que se tomen cartas en el asunto”.

Proponen a su manifestación como “un llamado a la legalidad y respeto a los derechos humanos y normas ambientales que se estipulan en nuestra Carta Magna, y que al día de hoy de manera sistemática son violentados por esta empresa trasnacional”.

El documento concluye con un mensaje en el que conminan a que “asuman los intereses de Zacatecas y especialmente de quienes padecemos de manera directa estos métodos extractivistas de Minera Peñasquito”.

El texto fue dirigido en copia asimismo, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el gobernador Alejandro Tello Cristerna; y los senadores José Narro Céspedes, Napoleón Gómez Urrutia y Geovanna Bañueños.

Mesa de negociación en 
Segob y Godezac como garante
Felipe Pinedo informó que se espera para hoy la instalación de una mesa de diálogo con la presencia del subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, y a la que se sienten entre otros por parte de Mina Peñasquito, Michael Harvey, director de asuntos institucionales de Newmont-Goldcorp, así como una comisión negociadora integrada por el comisariado ejidal de Cedros, Rigoberto López Martínez, y él mismo.

Las demandas principales, reiteró, es que se restablezca el agua “que no existe ni en el pozo de agua potable de la comunidad ni en el manantial”, se indemnice a la gente por el agotamiento de los mantos friáticos, y se regrese el empleo a los 200 trabajadores de la Unión de Transportistas de Mazapil.

Dijo que “nunca han roto” el diálogo con Gobierno del Estado, pero ayer declinó la invitación a una mesa para ello convocada por Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno, señalando que luego de haber sido ignorados por las autoridades estatales en su demanda de la solución de este conflicto por meses, decidieron buscar las instancias federales, donde Olga Sánchez Cordero ya instaló una mesa de negociación, por lo que acudir con Gobierno del estado sería “un retroceso”.

No obstante agregó que Salas Dávila es bienvenido a esa mesa en caso de que quiera constituirse como garante de lo que allí se acuerde.

También con la Federación se están revisando dijo las actuaciones en este asunto de Profepa y Semarnat, “porque entendemos que en anterior gobierno la corrupción permeaba y otorgaba reconocimientos que no existen en favor de estas empresas ecocidas”.

Dijo que están pidiendo que se les verifique de nueva cuenta ahora por el gobierno de la 4T, y solicitó que se norme a la empresa extractiva mediante auditorías ambientales y administrativas.

Mencionó al respecto que tienen en su poder para estudios ambientales tanto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como del Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey, que han puesto sobre la mesa de negociación que se ha abierto por la Segob en la Ciudad de México, “demostrando que sí tenemos la razón”.

Sobre el señalamiento de que el cerco a Peñasquito afecta 20 mil empleos, según el dicho de la empresa, Felipe Pinedo dijo que en ella trabajan 6 mil 300 personas, 450 de las cuales proceden de los cuatro municipios de la región, y únicamente 140 del Ejido de Cedros.

En la marcha de ayer hubo un conato de bronca al momento en que el reportero Andrés Vera, de Periómetro, se acercó a la vanguardia del contingente. En esa zona ya se manifestaba mediante pancartas el rechazo con el manejo informativo del periodista sobre este conflicto. El comunicador señaló el hecho como un acto de represión.

Sobre la ausencia ayer de José Narro, líder histórico del FPLZ, en la manifestación, se informó, que se encuentra en Washington en una comisión referida al T-MEC.

Fuente: http://ljz.mx/2019/05/08/marchan-mil-500-personas-en-contra-de-la-mina-penasquito-de-goldcorp-newmont/?platform=hootsuite