Brasil

Moradores de Brumadinho homenageiam vítimas no dia em que tragédia completa sete meses

Neste domingo (25), dia em que a tragédia em Brumadinho completa sete meses, moradores da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte fizeram um ato em homenagem aos 248 mortos e 22 desaparecidos.

Familiares e amigos das vítimas participaram de uma missa e depois caminharam até a entrada de Brumadinho, onde foram soltos balões brancos, com mensagens e nomes das pessoas que morreram, e vermelhos, das vítimas que ainda não tiveram os corpos localizados. Também foram espalhados cartazes com fotos e nomes dos entes queridos que morreram após o rompimento da barragem.

Na entrada da cidade, balões foram soltos às 12h28, horário exato do rompimento da barragem. O ato foi seguido por um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas. No dia 25 de janeiro deste ano, a barragem da Mina do Córrego do Feijão, da Vale, se rompeu, deixando um rastro de lama até o rio Paraopeba.

 

Fuente:https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/moradores-de-brumadinho-homenageiam-v%C3%ADtimas-no-dia-em-que-trag%C3%A9dia-completa-sete-meses-1.737786?fbclid=IwAR2Y3gjeOKP57_2KwlHWSQqq2sXy3i-8jZuhu8sbnqEFEskmzPQiSVHCrN0

Perú

Tía María: el proyecto minero que complica a Vizcarra en Perú

El gobierno peruano suspendió la licencia de construcción por 120 días, lo que causó una indignación transversal. El congresista aprista Mauricio Mulder estaría evaluando presentar una moción de vacancia contra el Mandatario.

No solo significaba una inversión de US$ 1.400 millones, sino que también aumentaría el PIB de Perú en 0,4% y consolidaría a ese país como el segundo mayor productor de cobre del mundo. Semanas atrás, el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender la licencia de construcción del proyecto minero Tía María por 120 días, luego de que el gobernador regional de Arequipa y algunas organizaciones sociales presentaran recursos de revisión. La misma secretaría de Estado había otorgado el permiso en julio, tras la aprobación del segundo estudio de impacto ambiental.

Tía María es un proyecto ubicado en la provincia de Islay, en la región de Arequipa. Desde el año 2003 la empresa Southern Copper se encarga del plan, que contempla la construcción de dos minas denominadas “Tía María” y “La Tapada” para la obtención de cobre.

Según la última encuesta de El Comercio/Ipsos, el 54% de los peruanos está informado sobre Tía María. De ese porcentaje, un 54% está contra su desarrollo. Así, el Presidente Martín Vizcarra heredó una crisis de lo que en Perú se conoce como “conflictos sociales”. Pero también el propio gobierno estaría dando pasos en falso.

Años de discusión

En 2009 se presentó el primer estudio de impacto ambiental, sometido a evaluación por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos. Pero fue declarado “inadmisible” por el ministro de Energía y Minas de ese entonces, Pedro Sánchez Gamarra.

En agosto de 2014 se aprobó un segundo estudio, determinándose que el proyecto minero no usaría agua dulce del río, sino agua de mar desalinizada. Además, el proyecto utilizaría dos geomembranas, sensores y capas de protección para asegurar que no hubiera impacto en el subsuelo. El informe también señalaba que el proyecto minero no generaría evaporación de ácido sulfúrico, lo que descartaba la posibilidad de lluvias ácidas.

Desde entonces, la iniciativa ha provocado una gran controversia en la sociedad, especialmente en Arequipa. Las protestas en contra del plan han provocado 7 muertes, incluida la de un policía. En 2011, luego de la presentación del primer estudio, se inició una manifestación que terminó con cuatro fallecidos y varios heridos. En 2015 volvieron las protestas, dejando a tres fallecidos y más heridos.

Tras la suspensión de la licencia, la prensa peruana publicó un audio donde se escucha a Vizcarra y autoridades de Arequipa conversando sobre el proyecto y la zona donde se desarrollaron las protestas. “Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo”, dice el Mandatario en la grabación. Con esto, la popularidad de Vizcarra se ha visto afectada.

“La posición que ha tomado Vizcarra frente al tema sintoniza con el clamor regional, pero se opone a los intereses de las élites empresariales y de los niveles socioeconómicos más altos”, señala Carlos Meléndez, politólogo peruano.

Fernando Rospigliosi, exministro del Interior peruano, cree que las protestas seguirán porque el descontento provocado por Vizcarra es transversal. “El tratamiento que dio al conflicto lo ha hecho quedar mal con todos, empresarios y opositores al proyecto. Los radicales y caudillos oportunistas han visto la debilidad del gobierno y seguirán promoviendo disturbios para sacar provecho político”, indicó.

En medio de esta creciente tensión, el congresista aprista Mauricio Mulder, anunció la posibilidad de presentar una moción de vacancia contra Vizcarra, similar a los procesos iniciados contra su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, la probabilidad de que logren destituir a Vizcarra por este tema es muy baja. “No existen los votos suficientes. La moción de vacancia es una bandera de la oposición más radical, y ni siquiera dentro del APRA tiene el consenso de todo el partido”, señala Meléndez. “Un Congreso con gran desaprobación no puede destituir a un Presidente con alta aprobación, es políticamente inviable”, concluye Rospigliosi.

 

Fuente:https://www.latercera.com/mundo/noticia/tia-maria-proyecto-minero-complica-vizcarra-peru/796962/

Perú

Preocupante sentencia de 6 años de prisión a Walter Aduviri sobre caso “Aymarazo”

Desde tempranas horas el día , lunes 19 de agosto, se informó del bloqueo de carreteras de Puno – Desaguadero y Puno – Juliaca, como medida de solidaridad con el gobernador regional que actualmente se encuentra en la clandestinidad frente a la condena del Juzgado Penal Colegiado de Puno, que ordenó 6 años de prisión y 2 millones de soles de reparación civil por el delito contra la tranquilidad pública en el desarrollo de las protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek.

El bloqueo de carretaras viene dándose por 24 horas como inicio de las protestas en rechazo a la sentencia señalada. Asimismo, los manifestantes señalan que también se solidarizan con las protestas que se dan en Arequipa contra el proyecto Tía María; en Moquegua contra el proyecto Quellaveco; y en Tacna contra Southern que viene extrayendo agua de las lagunas de Candarave desde hace casi 60 años, perjudicando el acceso al agua de la población.

La Sentencia

La sentencia completa la darán a conocer el lunes 26 de agosto. Para el abogado experto en derecho penal y derechos humanos, David Velasco, de la institución FEDEPAZ, miembro de Red Muqui; el adelanto de sentencia que señala a Walter Aduviri como “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública” en el caso conocido como el Aymarazo”, es un término novedoso respecto al grado de participación en que se acusa a las personas de cometer delitos. “En más de 25 años de abogado litigante nunca había escuchado y leído el término de coautor no ejecutivo”, señaló Velasco. Quien manifestó que lo que se venía usando era el término de autor mediato para incriminar a aquellas personas que no cometen directamente el delito, pero ordenan, dirigen realizarlo. El caso más conocido es el de Fujimori, que lo sentenciaron por autoría mediata en el caso del asesinato en Barrios Altos y la Cantuta. Sin embargo, el abogado señaló que estará a la espera de que la sentencia se haga pública para opinar al respecto; ante una tipificación penal que causa sorpresa.

No obstante, el abogado señaló que, en términos generales, la sentencia contra el ahora gobernador regional, Walter Aduviri, es parte de la criminalización de la protesta que realiza el Estado peruano contra quienes protestan en defensa de derechos colectivos de sus comunidades y pueblos.

Cabe precisar, que en el Consejo Regional se viene discutiendo la suspensión de Aduviri como gobernador regional, de acuerdo a lo sugerido por el Poder Judicial de Puno. Consejeros que postularon con la lista de Aduviri están a favor de su suspensión.

 

 

Noticia del miércoles 14 de agosto

 

El día de hoy en la mañana, miércoles 14 de agosto, el Juzgado Penal Colegiado de Puno dio el adelanto de sentencia al ahora gobernador regional, Walter Aduviri, a 6 años de prisión y a la reparación civil de 2 millones de soles por ser “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el caso conocido como el «Aymarazo». La entidad judicial ha dispuesto también su captura inmediata.

El “Aymarazo”

Como se recuerda, el pueblo aymara inició una huelga indefinida que llegó a su pico más alto en mayo del 2011, en rechazo al proyecto minero Santa Ana, que estaba a cargo de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta fue impulsada por el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno y Aduviri era el presidente del Frente.

En esa época, las protestas se radicalizaron luego de que el gobierno de Ollanta Humala hizo caso omiso a los pedidos de diálogo y exigencias del pueblo aymara. La población señalaba que la minería perjudicaría sus actividades agropecuarias y generaría la contaminación de las aguas. Señalaron también que se vulneró la normatividad vigente que establecía la prohibición de actividades a menos de 50 kilómetros de la zona de frontera, en este caso con Bolivia.

Criminalización de la protesta

En opinión de José Bayardo Chata, abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, la sentencia genera un precedente negativo para el ejercicio de la defensa de derechos colectivos indígenas y derechos humanos en general, expresados en la protesta social.

Como se recuerda, el Ministerio de Justicia, aprobó hace poco, a través de resolución ministerial, el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta norma señala que son defensores de derechos humanos las “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de los derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional”.

El abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, integrante de la Red Muqui, señaló que el proceso judicial no consideró la condición de integrante de pueblo indígena aymara de Walter Aduviri; el derecho a la protesta que le asiste a todo grupo que vea vulnerado sus derechos, más aún cuando se trata de pueblos indígenas que de acuerdo a la legislación internacional del Convenio OIT 169, deberían ser respetados en sus decisiones, de acuerdo a la autodeterminación que como pueblos indígenas les corresponde. “El juicio se fue manejando como un proceso ordinario. Y es preocupante que en el juicio no se haya tenido en cuenta, por ninguna de las partes, la normativa que protege los derechos de los pueblos indígenas”, finalizó José Bayardo Chata.

En el comunicado público de la Asociación en mención, se señala: “Con esta sentencia condenatoria, el Estado renueva su ánimo de persecución a toda persona o grupo humano que recurra a la protesta social como recurso último en la búsqueda de reivindicación de sus derechos denegados”.

Desenlace

La defensa legal de Walter Aduviri, que no estuvo presente hoy en el adelanto de lectura de sentencia, podrá apelar a decisión del Juzgado en primera instancia. Asimismo, recién el lunes 26 las partes serán notificadas por el Juzgado de Puno, con la sentencia completa.

Durante el adelanto de lectura de sentencia en el Juzgado de Puno, se concentraron cerca de 300 personas que protestaban por la injusticia que se estaba dando. Miembros de organizaciones campesinas del norte de Puno, señalaron que estaban evaluando la realización de un paro regional frente a lo que consideran una injusticia y abuso de poder.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/927-preocupante-sentencia-de-6-anos-de-prision-a-walter-aduviri-sobre-caso-aymarazo?fbclid=IwAR38HiYKWNQKl0FXn-tuQ09fLhKrOFOs5OtZ4mxe1W7Eavzu9TL5jl57WAg

Perú

Moquegua: Denuncian a policías por tortura en paro contra Quellaveco

Dos oficiales y siete suboficiales de la Policía, que fueron parte del contingente desplazado a garantizar la seguridad y el orden en el paro realizado en la localidad de Tumilaca – Moquegua, fueron denunciados por un grupo de pobladores. La protesta se acataba en contra del proyecto minero Quellaveco.

En el Ministerio Público se denunció al comisario de Samegua, mayor Alexander Sánchez Choque, y al jefe de la comisaría central, alférez Antony Salazar Bernahola. También han sido comprendidos en la acusación los suboficiales Jonathan Palacios, Tomás Ayala Luna, Jhon Cano, Wilder Quispe, Erick Mamani Luna, Uriel Zapana y Deryian Mamani Orocollo.

La denuncia la hicieron seis trabajadores de la comuna distrital de Torata. Acusan a los oficiales de abuso de autoridad y a los suboficiales de tortura.

Según se detalla en la denuncia, los efectivos policiales, por orden de sus superiores, los confundieron con los manifestantes que bloquearon un tramo de la carretera Binacional, el primer día del paro (12 de agosto). Los agraviados contaron que los maltrataron verbal y físicamente. Incluso dijeron que a dos de sus compañeros les provocaron serias lesiones. El incidente ocurrió a las 16:25 horas de ese día en el kilómetro 26+700 de la carretera Binacional.

Los trabajadores aseguran que después de cumplir con su jornada, fueron a recoger a dos obreros y material del proyecto de mejoramiento de servicios turísticos del Cerro Baúl. Bajaron de Torata a Moquegua a bordo de la camioneta de placa Z6C-739. La unidad era conducida por Alejandro Díaz Flor. Cuando iban a recoger el material, fueron interceptados por una camioneta policial. Los efectivos, sin dar explicaciones y calificándolos de “terroristas”, los habrían golpeado con las varas y escudos.

La agresión fue brutal, por ello Ramón Ponce Quispe y Ángel David Aparicio fueron llevados al hospital de EsSalud. Mientras tanto, sus compañeros Alejandro Díaz Flor, Marco Ramos Chicalla, Andy Tenazoa Condori y Juan Calcina Nina a seguridad del Estado.

Niegan que hubo excesos

El jefe de la Región Policial, coronel PNP Herbert Espinosa Ochoa, sostiene que los efectivos policiales cumplieron con sus funciones. Dijo que su despacho no recibió reporte de algún exceso y tampoco agresiones, como aducen los denunciantes. El oficial refiere que si se prueba los excesos, los implicados deberán responder.

El primer día del paro, los policías, en su intento por despejar la vía, lanzaron bombas lacrimógenas.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/22/denuncian-a-policias-por-tortura-en-paro/?fbclid=IwAR342B71whXcTIv2ATLxrFwIfSg6Z79ptxDsUADOUjgRovV17DzKC8Y0vwE

Mexico

‘Pasta de Conchos es facultad de federación’

Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, dijo ayer que para la conformación del comité que participa en las mesas de diálogo para el rescate de los restos de los mineros, no se corrieron invitaciones a otros niveles de gobierno y este órgano forma parte del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos.

«La minería del carbón es del ámbito federal y el tema de Pasta de Conchos lo ha tomado la Federación, quien tiene facultades para hacerlo. De hecho, siempre ha sido la minería del carbón, facultad de la Federación, entonces, eso explica porque está todo, todas las secretarás de Estado Federales», precisó.

Dijo que el Comité Técnico es presidido por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y diversas dependencias del ámbito federal.

El Comité Técnico está conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Minas, la dirección general de Minas, así como el Sistema Geológico Mexicano.

Además del Fideicomiso para el Fomento Minero, la Secretaría de Gobernación, la SEMARNAT y PROFEPA, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).

«Está la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, porque obviamente no estamos hablando de recuperar cuerpos, sino de recuperar restos óseos; entonces, el tratamiento de identificación es distinto», refirió.

Ayer trascendió que el gobernador Miguel Ángel Riquelme, afirmó que no se le había notificado sobre ninguna reunión para programar dichas acciones entre el Gobierno federal, expertos y familiares de las víctimas.

Fuente:https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/308277.pasta-de-conchos-es-facultad-de-federacion.html?fbclid=IwAR2JR_ACuccD148BXKnSiuvDbmQxkGa6-3w3_nuidA1Rrh17lUsnuhUrNlk

Mexico

El neoextractivismo de la “cuarta transformación” en México: el “molino satánico” y una mirada crítica al patriarcado

Extractivismo, destrucción de la tierra, profundización del sistema patriarcal, ocultamiento de las culturas originarias, son las políticas enquistadas en el Estado mexicano.

Lo que el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, llama la “cuarta transformación” (4T) es la actual forma en que se nombra el despojo. Mientras que, para los regímenes anteriores, fueron megaproyectos frustrados e inacabados, para el actual grupo de poder narco-empresarial-político-militar, es una pulsión terca que pretende territorializar la histórica maquinaria de destrucción.

La metáfora del “molino satánico” es retomada de Karl Polanyi (2009), quien se percató de “la gran transformación” del siglo XIX al XX, identificando la maquinaria del progreso como la prolongada guerra contra los territorios y formas de autoabastecimiento de los pueblos.

En la actual realidad que vivimos, dicha ofensiva aparece con el Proyecto Integral de Desarrollo (PIC), focalizado en la región sur-sureste mexicano. Este es continuidad de aquello que, desde hace 40 años, el neoliberalismo ha pretendido territorializar en la región mesoamericana desde diversas iniciativas: el Sistema de Integración Centroamericana, el Proyecto Pantera, el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Mesoamericano y las Zonas Económicas Especiales.

El “molino satánico” de la iniciativa político-económico y cultural de la 4T aparece en el sur-sureste mexicano como un proyecto que pretende ser más eficaz y audaz en la forma de devorar los mundos de vida indígenas-campesinos. Las aspas de la maquinaria pretenden triturar y transformar los espacios de vida en no vida. Se presenta desde el Proyecto Integral Morelos, el Proyecto Integral del Itsmo de Tehuantepec y el Proyecto Integral de la Península mexicana, donde aparece el “caballo de troya” de lo que amañadamente llaman “Tren Maya”. Los circuitos de las vías férreas de dichos proyectos para algunas regiones estarán conectadas con super-autopistas. Para el caso concreto de la selva Lacandona, en Chiapas, se concretaría la super-vía San Cristóbal de Las Casas-Palenque.

En la misma geografía se suma la territorialización de plantaciones para amarrar la dependencia asistencialista del tutelaje estatal mediante el programa desarrollista “Sembrando vida” que es un mecanismo de cambio de uso de suelo y mediando la monetarización/bancarización para efectuar el cultiricidio de regiones campesinas. Del lado opuesto a la selva, se cartografía la minería a cielo abierto con extracción de oro, plata, cobre, entre otros, y, a la militarización ya existente de todo Chiapas, se suma una nueva fuerza represiva institucionalizada en la recientemente creada Guardia Nacional. Como ya dijeron decenas de intelectuales: “Más que una estrategia de seguridad, parece una estrategia de guerra”. En cuya misión se suma el combate de flujos migratorios de Centroamérica y más allá, que manifiestan el continuo vendaval multicromático de desposeídos y despojados, quienes se topan con el corrimiento del muro del río Bravo al río Suchiate, Usumacinta y el Hondo, en la frontera estatal de México y Centroamérica.

 

 

Mexico

En Gómez Palacio no quieren fábrica de cianuro

Desde hace dos años la población de varias comunidades agrarias de Gómez Palacio, Durango, luchan contra la instalación en su cercanía del complejo industrial Chemours. Produciría cianuro de sodio sólido que se emplea en la industria minera para separar oro y plata durante el proceso de extracción. El complejo incluye un gasoducto cuya finalidad es abastecer a las mineras. Se trata de una inversión de 250 millones de dólares. Ya en funcionamiento daría empleo a 350 personas. Las autoridades dicen que la oposición a esos proyectos se debe a la mala información que existe y a personas y organizaciones que no quieren que a Gómez Palacio le vaya bien.Chemours es parte de la trasnacional Dupont y México le es estratégico como consumidor y productor. Sus exportaciones y ventas locales superan los 2 mil millones de dólares. Desde 1960 tiene presencia en Tamaulipas, donde elabora dióxido de titanio. También cuenta con centros de envasado y almacenes en Monterrey y centros de distribución en San Luis Potosí y Hermosillo.

Las personas que no desean ese complejo industrial consideran que el cianuro es altamente tóxico, muy contaminante y que ocasiona daños irreversibles en la salud humana y el medio ambiente. El último cuarto de siglo hubo por lo menos 30 tragedias por el vertido de tan peligrosa sustancia. Por eso la oposición de muchos países, como los de la Unión Europea, para utilizarlo en, por ejemplo, la minería.

En abril del año pasado, un juez federal ordenó suspender la construcción de la citada planta que tenía un avance de 40 por ciento. Sus directivos aseguran que todo se resolverá en su favor y que casi convencieron a las comunidades inconformes de que Chemours y las obras complementarias les traerán progreso, no problemas. Mas los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna (región en la que destaca el corredor urbano-industrial integrado por las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) indican que sigue vigente el juicio promovido en 2017 para pedir la nulidad de los permisos para establecer la planta y obras complementarias; así como un amparo sobre el mismo asunto que estudia la Suprema Corte de Justicia de La Nación. Denuncian que, pese a ello, los trabajos en Chemours siguen con el cobijo de los gobiernos estatal y municipal.

El mes pasado se anunció que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales visitaría La Laguna para escuchar a los inconformes. Aún no lo hace. Existe otro problema: a 10 opositores al proyecto se les sigue proceso penal en libertad acusados de daños, lesiones y ataques a las vías de comunicación al sostener un violento enfrentamiento con la fuerza pública en marzo de 2018. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario federal de Derechos Humanos, asegura que las autoridades locales dejarían sin efecto el proceso penal si se permite construir a Chemours y realizar las obras complementarias.

Luis Rebollar, vicepresidente de la compañía, espera una resolución judicial definitiva y favorable para concluir el proyecto, el cual beneficiaría la economía regional sin atentar contra la salud ni el medio ambiente. Cabe recordar que el manto freático de varios de los municipios que integran la región lagunera está contaminado con arsénico.

Y por agua de mala calidad no paramos. Hace un año La Jornadainformó de las inundaciones causadas en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán por el desbordamiento del canal La Compañía, pestilente río conformado por las aguas negras y de lluvia provenientes de la zona más poblada del estado de México. Cada año varias colonias de esos dos municipios y otros vecinos se inundan, pues el canal está metros arriba de los asentamientos humanos debido al hundimiento que sufre esa parte de la cuenca de México a consecuencia de la explotación irracional del mantro freático y al avance de la mancha urbana sobre zonas de recarga.

Las autoridades llevan años prometiendo medidas para evitar las inundaciones. El remedio lo conocen bien: dragar el cauce del canal La Compañía para extraer la basura y el lirio que impiden el flujo normal del agua. Y lo fundamental: que no sea ya el destino final de la basura de hogares, la industria y el comercio, ni del cascajo de obras que se realizan en los municipios ubicados al oriente del estado de México.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/08/19/opinion/018a2pol?fbclid=IwAR00Xsm8nKsTnJNxSBkA_QoRla8XHMMjx6r5Dnt-X0eH-2UOVhO948ZguV0

Latinoamerica

Estamos perdiendo la Amazonía y la batalla Global

Las imágenes son terribles y duelen. La Amazonía se está incendiando y el sentimiento de culpa es inevitable. Todos, de una manera u otra, le estamos prendiendo fuego y, como consecuencia, estamos perdiendo ese fabuloso bioma del que dependemos más de lo que creemos y sabemos.

Las tonterías que dice el presidente brasileño no sorprenden. Es el mismo que tiene como referente al ocupante de la Casa Blanca que sobre estos temas se lleva el premio de la estupidez. Pero tampoco podemos voltear la mirada cuando sabemos que el presidente boliviano promulgó, apenas el mes pasado, el decreto supremo 3973 que autorizó “quemas controladas”, precisamente en los departamentos de Santa Cruz y el Beni. Como informan los despachos de noticias, los incendios ya han arrasado por lo menos 500 mil hectáreas de ese bosque seco único en el mundo que es la Chiquitania, que se ubica precisamente en la provincia del mismo nombre, en el departamento de Santa Cruz.

Pero los incendios, en distinta magnitud están en todos los países amazónicos y van más allá, tocando otros ecosistemas. En el Perú tenemos los mismos problemas y similares desafíos y tampoco podemos ponernos en plan de observadores, esperando que los vientos no nos traigan el fuego de los países vecinos. Todos los años la deforestación incontrolada provoca que perdamos más de 140 mil hectáreas y el Perú figura en el vergonzoso top ten de los países con mayor deforestación a nivel mundial. ¿Las causas principales? La tala ilegal, la agricultura y la minería.

 

Que lo dramático de las imágenes de estos días y las miles de hectáreas que estamos viendo cómo se incendian en toda la Amazonía, no nos hagan peder de vista que desde hace años estamos dejando que esto pase. Algunos expertos mencionan que el 20% de la Amazonía ya la hemos perdido de manera definitiva y otro 20% está en franco proceso de deterioro.

No hay forma de revertir esta tendencia de deterioro si es que los países amazónicos no actuan de manera conjunta. Mientras que estas y otras iniciativas no se implementen, hay que ser concientes que la batalla por la defensa de la Amazonía y de todo el planeta la estamos perdiendo.

Mexico

Señalan intereses económicos en previa negativa a rescate minero

La activista y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach expresó fuertes opiniones sobre la anterior negativa al rescate de los cuerpos.

– La reunión del Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos les trae esperanza a los colectivos compuestos por familiares de las víctimas de la terrible explosión ocurrida hace ya más de 13 años en la infame mina. Estas familias han intentado, ya por varias administraciones federales, recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Es de hacer notar que no todos aceptaron la versión oficial sobre los riesgos y complejidades del rescate, pues hay quienes aseguran que la decisión tuvo desde sus orígenes tintes económicos y políticos.

Sobre ello, la activista y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach, entrevistada por nuestro conductor Francisco Juaristi Guerra, dio las siguientes declaraciones.

“Esto no es un dictamen ni un peritaje para ver si se hace o no se hace, eso fue un invento genial de Javier Lozano; jamás se habían hecho dictámenes ni peritajes para ver si hace la recuperación del minero atrapado, se recupera y punto.”

Sobre los expertos que el gobierno federal invitó al proyecto, Auerbach señaló:

“Todos los que vienen son ingenieros en minas de carbón con experiencia en rescate minero, no son abogados ni funcionarios. No es un Javier Lozano de la Libre de Derecho quien va a decidir si se hace o no se hace una recuperación de restos. El rescate de restos se va a hacer.”

 

Fuente:http://superchannel12.com/senalan-intereses-economicos-en-previa-negativa-a-rescate-minero/?fbclid=IwAR24u4vhrCCBnEUN5DtnrQRFKXmDTjNGGkkH2tfxhqATPPP78PAvOnf0jKA

Mexico

Se ha extraído 5 veces más oro en este siglo que en toda la Colonia

La sobrexplotación implicó graves problemas sociales y ambientales, señala estudio realizado por Fundar

Entre 2000 y 2018, las empresas mineras extrajeron cinco veces más oro del territorio mexicano que todo el que se explotó durante los tres siglos de la Colonia, etapa considerada históricamente como sinónimo de saqueo.

En lo que va de este siglo, sobre todo a partir de que se aprobó la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, la actividad extractiva se fortaleció, trayendo consigo graves problemas sociales, económicos y ambientales.

Así lo señala el Anuario 2018, Actividades extractivas en México. Retos para la Cuarta Transformación, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que se presentó ayer en Casa Lamm. El documento asienta que de 2013 a 2018 los proyectos mineros en México aumentaron 77 por ciento.

Indica que mientras en 2010 había 667 proyectos mineros en el país, para 2018 sumaban mil 531. De ese total, mil 113 estaban dedicados a la exploración y 68 por ciento estaban destinados a buscar minerales preciosos, en particular oro.

Al presentar la investigación, Francisco Reynoso, titular del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, informó que entre 2000 y 2010 las mineras, la mayoría extranjeras, se llevaron el doble del oro extraído durante la Colonia; de 2011 a 2014 se extrajo una cantidad similar, y tan sólo entre 2017 y 2018 también se consiguió el doble de ese mineral al que se logró obtener durante 300 años.

Cada vez es más rápido ese saqueo intensivo en este país a costa de las comunidades, señaló.

Contra el argumento de desarrollo esgrimido por gobiernos y empresas, las regiones donde se explotan los minerales no gozan de los beneficios económicos. En las zonas donde se extrae oro y plata, los índices de pobreza superan la media nacional, pues más de la mitad de habitantes viven en la miseria.

Tan sólo donde se explota la plata, la cuarta parte de la población vive en rezago educativo, una de cada tres personas no cuenta con los recursos suficientes para acceder a la canasta básica, 60 por ciento viven en la pobreza y 30 no cuenta con servicios básicos de vivienda.

El reporte también critica que el gobierno de López Obrador apueste por invertir en el sector de los hidrocarburos, cuando éstos, además de contaminantes, son cada vez menores en el país.

Tan sólo en el periodo de vigencia de la reforma energética (2013-2018), los ingresos petroleros pasaron de 33 a 19 por ciento, a raíz de un declive porcentual de 28 puntos en la producción del energético al finalizar el sexenio pasado.

Pese a esa realidad compleja para los hidrocarburos, la administración federal sigue apostando por esa industria, pues para el actual ejercicio fiscal se destinaron 25 mil millones de pesos extra a la Secretaría de Energía para fortalecer a Pemex, más 82 mil 527 millones a la paraestatal para rescatar su sistema nacional de refinación.

Reynoso celebró que el presidente López Obrador se haya pronunciado contra el fracking, sin embargo, lamentó que aún no se prohíba legalmente.

El informe de Fundar revela que las actividades extractivas en México aportan apenas 0.66 por ciento del total del empleo asegurado en el país y prácticamente la tercera parte del personal (27.4 por ciento) se contrata a través de tercerización.