En un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la de Venezuela, hablar de conservación, naturaleza y biodiversidad es también verificar que los derechos ambientales también se resienten, se quiebran. Por eso, hacer una retrospectiva del año en esta materia es llegar a la conclusión de que los problemas no hicieron más que agudizarse por razones tan diversas como la profundización de una actividad extractivista que no respeta estándares ambientales y que es vista como el salvavidas a la crisis económica, hasta la flexibilización de normas para la protección de áreas protegidas que hace una década eran infranqueables.
Esa es la conclusión a la que llegan los especialistas consultados para este balance sobre la situación ambiental y de las tierras indígenas en la nación con mayor caída del Producto Interno Bruto en la región (70% en los último seis años) y una hiperinflación inédita que ya acumula 25 meses.
“El 2019 fue la continuación de un proceso. Hay temas ambientales que inciden e intensifican la emergencia humanitaria compleja y, a su vez, elementos de la emergencia humanitaria que inciden sobre los problemas ambientales”, explica Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y coordinador de la Coalición Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos, quien precisa que esto sucede con el conflicto minero, que no solamente constituye un crimen ambiental sino que también repercute en ámbitos sociales, culturales y de salud.
Lo imparable: nada detiene el avance de la minería
El lanzamiento del Plan Minero Tricolor, que implica la entrega de un yacimiento a cada gobierno regional, y la militarización de territorios indígenas en donde hay minas de oro y diamantes pusieron en evidencia, el último año, las intenciones de la administración de Nicolás Maduro de intensificar sus acciones para incrementar la explotación minera en el país.
Eso es lo que establece el Plan Sectorial Minero 2019-2015 al que le dio la bienvenida en junio pasado, cuyo primer objetivo es “fortalecer e incrementar la producción nacional del sector minero a su máxima capacidad instalada” y, aunque más adelante advierte que el negocio extractivista respetará y protegerá el medio ambiente, su actual ejercicio sugiere lo contrario.
Una muestra es, por ejemplo, un video que promociona a la minería como el futuro de Venezuela y que asegura que ese oro será el que permita que tanto el petro, la criptomoneda del chavismo, como el bolívar, que solo en 2019 se ha depreciado más de 98 % de su valor, tengan proyección en la economía mundial. Las imágenes, que luego de mostrar la inmensidad del río Caura exhiben a los mineros con sus bateas en un área devastada de El Sipao –un sector de la zona occidental del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde hace dos años un alud sepultó a cuatro trabajadores y dejó más de una decena de heridos-, ilustran el audiovisual en el que, al final, se agradece a Dios porque en cinco estados de la nación se puede extraer oro.
“Dentro de nuestro contexto, se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”, según el último informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). “Todos los parque nacionales y las cuencas hidrográficas localizadas al sur del Orinoco están siendo afectadas”, señala Álvarez Iragorry, quien aclara que frente a otras realidades amazónicas, la nación todavía está detrás de Brasil y Bolivia, donde los efectos del extractivismo son mucho más graves.
En esa misma línea extractivista, el 15 de octubre pasado se hizo un anuncio sin precedentes: Maduro prometió entregar una “mina de oro productiva” a cada gobernación (gobiernos regionales) chavista. Esta decisión se desprende del “Plan Minero Tricolor”, que contempla también una serie de alianzas con empresas nacionales e internacionales para generar ingresos a la nación a través de la exploración y explotación de minerales.
La noticia rápidamente impactó a la opinión pública y acaparó el interés en las redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue la diputada de la Asamblea Nacional, Mauligmer Baloa, quien señaló que el nuevo plan ponía en peligro la existencia de los indígenas que habitan los territorios donde están las minas de oro.
Fuente:https://ladobe.com.mx/2019/12/mineria-imparable-parques-nacionales-invadidos-y-derrames-que-no-cesan-las-deudas-ambientales-de-venezuela-en-el-2019/?fbclid=IwAR3_FYS-IK2hVdDOkng1hCqKpV56L8_lDnIlinTvKoGbhpej-w_KwN1WwiU
La declaratoria “libre de minería”, de Tocoa, Colón, representa un logro importante para el pueblo organizado y no organizado que, desde hace más de 4 años viene denunciando las concesiones mineras otorgadas por el Estado de Honduras, en la montaña “Parque Nacional Carlos Escaleras”, dijo en Radio Progreso la líder social Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y el Comité Municipal Ambiental.
En reciente informe de seguimiento a la Sentencia T-361, el Ministerio Público concluyó que el Ministerio de Ambiente no cumplirá con el plazo del 18 de diciembre para expedir la nueva delimitación de Santurbán.
En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.
El 12 de diciembre se publicó en el diario El Peruano un Decreto de Urgencia que permite la adquisición de terrenos en el corredor minero en el tramo Apurímac – Cusco para la ejecución de obras viales, consideradas de necesidad pública e interés nacional.
La sanción se dio luego de que los profesionales de la Superintendencia del Medio Ambiente detectaran nueve infracciones.
El diario inglés, The Guardian, informó que los Nahua, comunidad indígena de la amazonía ubicada en una de las zonas más alejadas de la selva peruana, viene sufriendo una epidemia de envenenamiento por mercurio.
La salida de Evo Morales y el posible triunfo de un movimiento de derecha en las próximas elecciones en Bolivia sembró las dudas sobre el futuro de la extracción y producción de litio, un mineral clave para la nueva generación de dispositivos electrónicos y protagonista del proyecto económico para el altiplano.
En esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.
Lima- Más de diez millones de peruanos desconocen que corren el riesgo de quedarse sin agua por una mina en la altura de los Andes que puede contaminar la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima y Callao, advirtieron este martes organizaciones que buscan detener el proyecto minero.