Las asambleas por el agua mendocinas redoblaron su actividad por las presiones empresarias para derogar la Ley 7722 que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y otras sustancias tóxicas en la minería metalífera. Además supedita los proyectos metalíferos aprobados por el Ejecutivo provincial a la ratificación rechazo del legislativo. Hubo marchas y cacerolazos frente a la Legislatura para que no modifiquen una norma que se construyó con asambleas históricas. Desde la Universidad Nacional de Cuyo, la UTN y el Conicet, 511 docentes e investigadores presentaron un documento contra la apuesta «irresponsable» a un sector que no genera fuentes de trabajo. Mendoza vive la mayor crisis hídrica desde que se tienen datos oficiales. Minería y falta de agua forman parte de la misma ecuación. La grieta entre la clase política y la sociedad.

“Hoy por hoy tememos que cualquier martes de estos la Legislatura apruebe la modificación de la ley 7722”. Así sintetiza a lavaca Marcelo Giraud, geógrafo y representante de la Asamblea por el Agua Pura, la sospecha que hace meses ronda por las diversos espacios asamblearios de Mendoza: el intento de legisladores oficialistas y opositores, con el lobby de las corporaciones y cámaras mineras detrás, de modificar la ley que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería y que genera un marco normativo para la actividad en la provincia.

Miles de vecinas y vecinos han salido estas semanas a las calles con cacerolazos, ruidazos y vigilias en toda Mendoza, con la Legislatura como centro de las protestas. Mientras los empresarios mineros nucleados en la Unión Industrial de Mendoza (UIM) condicionan la generación de empleo a que se voltee la ley (falso argumento que se utiliza también en Chubut) 511 académicos y científicos del Conicet firmaron un documento que presentaron ante los legisladores en los que advierten sobre “la falta de debate público en torno a la supuesta conveniencia” de la derogación de la 7722.

Conicet: “Idea irresponsable”

“La idea de desarrollo provincial a partir de la expansión de la minería aparece a todas luces simplificada y anacrónica y, en tanto, irresponsable”, alertan los científicos, sobre uno de los principales argumentos promineros. “De las múltiples actividades con valor económico existentes en la provincia, la propuesta de insistir en viabilizar la minería como una de las principales alternativas, puede ser la peor forma de ‘ampliar’ la matriz productiva”.

Giraud, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), es uno de los firmantes. “La incertidumbre es grande”, dice a la Agencia lavaca. “La embestida que hemos notado en los medios, también. Al no tener despacho en comisiones, necesitarían dos tercios para habilitar el debate sobre tablas. Y al necesitar una mayoría importante, están presionando muchísimo. Inclusive los titulares de la televisión hablan de la política acorralada por los empresarios mineros. No hay metáfora”.

Historia de una ley

La resistencia de los pueblos contra los proyectos mineros en Mendoza comenzó en 2003. “Muy poco después de las históricas luchas de Esquel”, precisa Giraud, haciendo referencia al municipio chubutense donde la población votó a través de un plebiscito el rechazo a un proyecto de la Meridian Gold.

La movida cuyana: “El surgimiento de las primeras movilizaciones, en los departamentos de San Carlos y General Alvear, es heredero de todas las luchas encadenadas en nuestra América. Eso derivó en la concreción de un proyecto de ley de ampliación de la reserva provincial de Laguna del Diamante, uno de los íconos de la belleza y de lo que son las áreas de cordillera y de nieves y glaciares en Mendoza. Los mineros plantearon la inconstitucionalidad de esa ley, pero la Corte falló a favor del área protegida como bien común, y por la protección del medio ambiente. En San Rafael, la Comisión de Energía Atómica también pretendía reabrir una mina de uranio, de modo que hubo una oposición muy fuerte. La cosa fue creciendo hasta llegar a grandes marchas frente de la Legislatura, en 2006”.

A pura lucha y creatividad frente a la Legislatura se logró la ley 7627.

Giraud: “Suspendía toda la actividad minera y metalífera hasta que la provincia sancionara su plan ambiental. El entonces gobernador Julio Cobos la vetó en diciembre de 2006. Allí surge otra asamblea, del Gran Mendoza, la Asamblea Popular por el Agua, y se van reproduciendo cada vez más. Así, el 20 de junio de 2007 la Legislatura terminó aprobando la Ley 7722. Siendo candidato a vice en ese entonces, Cobos no se animó a vetarla. La presión de la gente en muchos lugares fue lo determinante, y se terminó redactando a cuatro manos entre gente que estaba en las marchas con los legisladores que acompañaban a los asambleístas. Así, en plena lucha, fue que se lograron los últimos retoques de la ley”.

-¿Qué establece la Ley 7722?

-No prohíbe por completo la minería metalífera, sino que es restrictiva: prohíbe el uso de sustancias tóxicas y obliga al Ejecutivo a que mande cualquier proyecto a la Legislatura para que lo ratifique o lo rechace. Esos artículos 1 y 3 son los que más molestan a las mineras. En 2011, por ejemplo, fue rechazado proyecto megaminero San Jorge que había sido aprobado por el Ejecutivo. Luego hubo otros proyectos que rebotaron, pero por grandes falencias técnicas y legales. Y los mineros quieren eliminar ese artículo bajo el argumento de que así ninguna empresa va a querer venir nunca. Hubo doce presentaciones para declararla inconstitucional, pero en diciembre de 2015 la Corte emitió un fallo ratificando su plena constitucionalidad.

Sin grieta

Giraud explica cómo se llegó a este momento: “El año pasado, dos senadores del PJ, Alejandro Abraham y Juan Agulles, presentaron proyectos de modificación de la ley, y este año un diputado del PI (Partido Intransigente), Eduardo Martínez Guerra, otro para derogarla. Son proyectos que fueron vistos con más simpatía por el oficialismo del radical-cambiemos Alfredo Cornejo (gobernador) que por el propio peronismo. En campaña, el ahora gobernador electo Alfredo Suárez ya dijo que el artículo 3 era un absurdo y que había que potenciar la minería”.

Del otro lado, la senadora Anabel Fernández Sagasti, que fue candidata a gobernadora por el Frente de Todos, también sostenía que había que potenciar la minería, pero dentro del marco normativo de la 7722. Giraud: “El discurso era que dentro de la ley, todo; por fuera, nada”.

¿Cómo debe leerse?: “Hubo una presión muy fuerte del sector empresario minero y, también, de las principales cámaras empresariales de Mendoza, que buscan su tajada. El Senado trató esos proyectos en 2018, durante algunos meses, pero la resistencia fue bastante importante, aunque nos llevamos un susto muy grande. Ahora se vinieron con más fuerza y presencia en los medios, desde los principales canales de televisión, y con mucho más énfasis en la cuestión de generar puestos de trabajo”.

Sin agua y sin trabajo

Como contó MU en su edición de octubre, una discusión similar está atravesando Chubut en este momento: en medio de un conflicto estatal que no cesa, las asambleas denuncian que detrás de la crisis que atraviesa la provincia está el interés de las corporaciones mineras por lograr la explotación de los territorios, hoy prohibidas en esa provincia por la ley 5001, luego del plebiscito de Esquel.

Retoma Giraud el tema del empleo: “Es cierto que en Mendoza la situación económica está más dura que hace unos años. Pero el discurso prominero olvida que todo el país está en crisis, no sólo Mendoza. Repudiamos que Sagasti haya dicho que ‘en Mendoza el único capaz de generar empleo genuino es el sector privado’. Y nos presentan al fracking y la minería como salvadores de una matriz económica agroindustrial supuestamente agotada, olvidando otras alternativas de diversificación y generación de empleo como el turismo, las industrias del conocimiento, la agroecología, la energía eólica y la solar. Las posibilidades de crear puestos de trabajo son muchas, y lo que menos empleo genera es el extractivismo”.

Crisis climática

Otro dato de contexto: el lobby minero se está produciendo en medio de la mayor crisis hídrica provincial desde que hay registros oficiales. “Una de las cuestiones clave es el impacto regional de cambio climático”, precisa Giraud. “Ocurre que llevamos 10 años consecutivos de crisis hídrica fuerte, tan grave como nunca la hubo en todo el siglo XX. No hay registro de algo así. De acuerdo a los ciclos, vamos a volver a tener años no tan secos, pero a largo plazo habrá cada vez menos agua para más población. Además, como la matriz productiva de Mendoza es la agroindustria bajo riego y las industrias derivadas. Si le das agua al fracking o a la megaminería, estás violando la ley de agua. Esa ley establece una jerarquía de prioridades entre diversos usos: primero para consumo humano, luego el uso agrícola, después el industrial y finalmente el recreativo. Mucha gente está con bronca porque le estuvieron dando agua al fracking mientras aguas abajo los regantes padecen turnos de riego cada vez más espaciados, teniendo que reducir la superficie regada y cosechando menos. Es parte de lo que reclamamos las asambleas”.

Giraud subraya así que no hay que leer la crisis del agua y al lobby minero como dos cuestiones separadas: “Así como están abocados con fuerza a derogar la 7722, también están buscando reformar la ley de aguas mendocina, pionera en su tiempo a nivel mundial. Tememos una mercantilización encubierta del agua, a favor del extractivismo y el gran capital”.

Por ese motivo, con políticos que no presentan grietas entre ellos sino con la comunidad, las asambleas se están reuniendo con una frecuencia semanal por el temor a que en cualquier momento queden conformados los dos tercios en la Legislatura. Giraud: “La incertidumbre es muy grande. Al parecer, apenas asuma Suárez presentaría otro proyecto contra la 7722, para que la Legislatura renovada le dé aprobación exprés en diciembre. Nosotros vamos a seguir resistiendo”.