Argentina

La megaminería NO promueve el desarrollo local

A continuación transcribimos fragmentos del mito/capítulo 5 del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”. Nos parece de suma importancia para Chubut divulgar los hechos y análisis que allí se relatan en momentos en los que, como el actual, las empresas mineras hacen lobby en las instituciones democráticas. Desenmascarar sus mentiras es un deber ciudadano.

Lo que se afirma aquí es que la megaminería NO GENERA DESARROLLO LOCAL. Y para demostrarlo, tomamos el caso de Bajo La Alumbrera en Catamarca.

Los procesos de encadenamientos productivos dinámicos a partir de la minería se dan únicamente en los casos de los países centrales (Estados Unidos, Canadá, Australia), que son los países donde se hallan radicadas las grandes corporaciones transnacionales que controlan las cade- nas de valor a escala global. En el caso de países especializados en la provisión de materias primas, lo cierto es que ninguno de ellos ha superado la pobreza y el subdesarrollo gracias a la gran minería transnacional. En la Argentina, el caso de Catamarca ilustra esta situación.

Tras catorce años de explotación de Bajo de la Alumbrera, el primer emprendimiento megaminero radicado en el país, el paisaje socioeconómico de la provincia no ha cambiado favorablemente, sino todo lo contrario: se evidencia la intensificación de preocupantes indicadores “sociales” con niveles de pobreza e indigencia, de desempleo y subempleo, y con porcentajes de población “asistida” a través de los diversos “programas socia- les” de los más altos del país, e incluso, con algunos valores superiores a la media de la región del Noroeste argentino (NOA). La acentuación de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo contrasta notablemente con la “evolución” de las variables macroeconómicas en un contexto de fuerte expansión de las exportaciones mineras.

El “crecimiento” de la minería se ha dado en el contexto de una retracción de los niveles de actividad de la industria, la construcción y el sector agropecuario provincial, a tal punto que, entre 1997 y 2002, mientras que la variación del valor agregado del sector minero se incrementó en un 11.353,3%, la industria sufrió una variación negativa del 22,1% y la construcción del 47,7%. Un estudio oficial señala que “el sector minero constituyó la fuente de crecimiento del Producto Bruto Geográfico (PBG) durante el período 1997-2002 […] compensando las caídas de las restantes actividades productivas” (DPPD, 2005: 70), lo que en realidad puede interpretarse como un sola- pamiento del deterioro de las capacidades productivas del territorio provincial.

Comparando los años anteriores y posteriores al inicio de las actividades de Minera Alumbrera, se puede observar una profunda transformación en la estructura productiva de la economía provincial. El crecimiento de más de 18 puntos porcentuales promedio de la participación del sector minero ha ocasionado una correlativa retracción de la casi totalidad de las restantes actividades; entre ellas, resalta la magnitud del retroceso de la industria manufacturera, con una caída de 10 puntos porcentuales, y del sector terciario en general, que desciende en 7 puntos en los períodos comparados.

Un estudio de una dependencia del propio Ministerio de la Producción del Gobierno de Catamarca, señala al respecto:

La actividad extractiva metalífera, con el cobre como principal producto, se constituyó en el principal factor para el crecimiento de los indicadores macroeconómicos provinciales. No obstante ello, su funcionamiento con características de enclave, le impidió convertirse en motor de la economía provincial (DPPD, 2005: 68).

Probablemente, por la veracidad de este “reconocimiento” tras más de doce años de funcionamiento de la explotación, la provincia de Catamarca siga registrando los peores indicadores “sociales”. El diario provincial de mayor tirada (y de orientación prominera) afirmaba:

Es habitual sostener que Catamarca es una provincia pobre. Deprimentes indicadores sociales parecen sostener el aserto.

  • Con el 25% de su población económicamente activa trabajando en el Estado -el mayor porcentaje del país-, el desempleo alcanza no obstante el 9,9% y la subocupación el 4,8%, lo que arroja a unos 30 mil catamarqueños con problemas laborales, sin tener en cuenta a los becados, figura legal con que se encubre el empleo precario de miles de jóvenes en la administración pública.
  • 9 mil personas cobran planes de empleo de 120 y 180 pesos por mes, aparte de la cobertura que brindan organismos nacionales como la Gerencia de Empleo, donde hay registra- dos 15 mil beneficiarios de programas de inserción laboral, seguro comunitario y seguro de capacitación y
  • El 56% de los menores de 18 años -unos 88 mil niños y adolescentes- reciben la Asignación Universal por Hijo. Se trata de la tasa más elevada de la
  • El 75% de las escuelas públicas alimenta a sus alumnos. 87 mil niños reciben ración diaria en comedores infantiles y
  • 30 mil familias reciben ayuda alimentaria a través de bolsones, tarjetas o Vales Pro 1.200 familias más obtienen alimentos por el programa Hornos y Cocinas solidarias. No hay registros oficiales unificados de otros subsidios otorgados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Legislatura provincial y hasta los municipios.
  • Catamarca tiene una tasa de suicidios de 13,5 casos cada 100 mil habitantes, superando en un 58% la media nacional de 8,5%. El embarazo adolescente, otro problema de la pobre- za y la falta de educación, alcanza el 20%, el nivel más alto del De estas madres, el 3,5% tiene menos de 15 años (Diario El Ancasti, 2010).

Y admite que:

La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del Oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura. Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, 7 de cada 10 ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras. Mientras que en Santa María, la oposición ronda el 60%. […]

Y sigue:

“el discurso antiminero, por otra parte, no tendría ningún margen para extenderse si los catamarqueños pudieran percibir que la explotación de sus riquezas tiene impacto concreto en su calidad de vida. Lo cierto es que esto no ha ocurrido.”

El índice de pobreza del Gran Catamarca siempre ha sido mayor al promedio nacional, pero en los últimos años la diferencia respecto de ese promedio se ha mantenido, y en algunos períodos aumentó. En 1997 empezó a producir la mina Bajo de la Alumbrera, Catamarca, la más importante del país hasta hoy. Trece años después, en el primer semestre de 2010, según la metodología del INDEC en la Argentina había un 12,0% de personas bajo la línea de pobreza. Ese valor se elevaba a 20,9% en el Gran Catamarca, y a 14,4% en el Gran San Juan (INDEC, 2010). Los promotores de la minería suelen anunciar que, debido a la competencia de los altos salarios pagados por esta actividad, las demás se verán obligadas a elevar los suyos. Sin embargo, la presencia de Minera Alumbrera no ha revertido el bajo costo salarial privado en la provincia de Catamarca, que durante 2010 registró un promedio 19,4% menor al promedio nacional, mientras que en San Juan ese valor fue 21,7% menor a la media nacional (INDEC, 2011). Según el PNUD, en 2006, el Índice de Desarrollo Humano Ampliado promedio en la Argentina fue de 0,682. Pero resultó ser bastante menor en Catamarca (0,596) y en San Juan (0,586), provincias que ocuparon el 19º y 20º lugar entre 23 jurisdicciones (PNUD, 2009).

Un episodio vergonzoso, pero emblemático, da cuenta del modelo de desarrollo propiciado por este tipo de minería. En 2009, el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), Gerónimo Vargas Aignasse, de Tucumán, presentó un proyecto de Declaración para que el Congreso de la Nación exprese “que vería con agrado que el alimento sobrante diario de Minera Alumbrera Limited fuera entregado en forma de donación al Municipio de Andalgalá y Amaicha del Valle, escuelas y comedores escolares, como así también a toda sociedad de beneficencia de niños carenciados de la Provincia de Catamarca y Tucumán”. La entrega de sobras a escolares y carenciados: ¿sería este el famoso “efecto derrame” que los paladines de la megaminería invocan para defender la actividad? ¿O sería una expresión novedosa del clientelismo empresarial, que muchos pretenden disfrazar tras el pomposo concepto de “responsabilidad social empresarial”? ¿Acaso no era que la minería sería un motor de desarrollo provincial?” (Svampa y Viale, 2009).

Andalgalá fue declarada en emergencia económica a fines de 2009 por la gravísima situación financiera que enfrentaba el municipio.

 

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43244-la-megamineria-no-promueve-el-desarrollo-local

Perú

Perú: desborde de relaves mineros

Puno: desborde de relavera minera causa una muerte en Ananea

Una poza de sedimentación de residuos mineros se desbordó el miércoles 14 de noviembre en horas de la noche en el sector Sillacunca, cerca de la vía Ananea-La Rinconada, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El derrame del material altamente tóxico sobre la vía causó la muerte de un ciudadano natural del distrito de Quilcapuncu, Faustino Apaza Mamani (34 años).

Los trabajadores de la minera declararon que la poza del siniestro no contaría con un sistema para la evacuación de lodos. Pese a ello, la empresa minera San Francisco de la Central de Cooperativas Mineras San Antonio de Poto (Cecomsap), propietaria de la poza, cuenta actualmente con autorización para explotar oro de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y ha pasado las fiscalizaciones sin ninguna observación durante años.

Ante lo sucedido, la ciudadanía local ha reclamado a la DREM que fiscalice efectivamente las instalaciones de las empresas mineras en la zona.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/43240-peru-desborde-de-relaves-mineros

Mexico

Con el rescate de mineros aclararán lo que intentó ocultar Grupo México

El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López aplaudió el inicio de la primera etapa del rescate de los mineros en Pasta de Conchos, pues así dijo, quedará al descubierto lo que intentó ocultar Grupo México cubriéndose en el gobierno federal y la posibilidad de que no quisieron invertir en el rescate de muertos y heridos.

“Me da mucho gusto que se realice esto porque allí no es nada más rescatar los restos sino que va a aclararse lo que ocultó siempre el  Grupo México cubriéndose en el gobierno federal, pues los defensores más acérrimos de que no se realizara el rescate era el Secretario del Trabajo y su segundo de abordo que parecían rottweiler cuando se hablaba”, dijo.

Recalcó que existe la gran probabilidad de que no se quiso gastar para el rescate de los vivos o sacar a los heridos porque para la empresa todo era negocio por lo que se debe hacer justicia primero que nada y que la gente concluya su duelo.

CARENCIAS DE IMPLEMENTOS

Desde el inicio, a través de a quien llamaron “garganta profunda” la Diócesis conoció la carencia de cuerda de vida, ademes empotrados, rejilla de hierro, sino una estructura de madera, además de que cuando llegaron a la Diagonal 17 suspendieron la labor de rescate.

Explicó que en otro intento de rescate no había caídos ni derrumbes y que, al estar hueco, los propietarios de la mina pusieron lonas y finalizaron la búsqueda.

“Después se metieron ellos y salieron vomitando ¿qué quiere decir? Que al otro lado había restos; ¡allí hay una de porquerías!; el de Protección Civil señaló que al día siguiente del derrumbe, mencionó que era peligros exponer vidas y que no se encontraría nada”, dijo.
 

fuente:https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/11/25/con-el-rescate-de-mineros-aclararan-lo-que-intento-ocultar-grupo-mexico-856844.html?fbclid=IwAR16SFZ2HQLQxXmIK4hHhJx7yvoJtyb143MTm6XawoQwTxZAEwQJV7zNXE0

Venezuela

Grupos criminales ejecutan masacre por el control de minas de oro en Venezuela

Los asesinatos se dieron en una zona donde se encuentra buena parte de los yacimientos de oro y diamantes.

Una nueva masacre se dio al sur de Venezuela por el control de las minas de oro adjudicadas por el régimen de Nicolás Maduro a grupos terroristas En esta oportunidad entre 6 y 8 personas habrían sido acribilladas en el estado Bolívar.

Este es uno de los estados más importantes del país en materia económica, y tras la caída de la producción petrolera se ha convertido en escenario de masacres perpetradas por guerrillas y pandillas que pretenden adueñarse del oro venezolano. Aunque no existe información oficial por parte de la tiranía, se conoció que los asesinatos se dieron en Ikabarú, una zona al sur del país donde se encuentra buena parte de los yacimientos de oro y diamantes.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reseñó que el viernes 22, alrededor de las 7 de la noche, a la comunidad indígena pemón llegó un grupo armado presuntamente ligado al “sindicato del Ciego” buscando al jefe de una mina en la zona. Por su parte la agencia de noticias Reuters señala que entre los fallecidos hay un indígena y un militar.

Según la ONG, los grupos delictivos o “sindicatos” mineros buscan el control a través de la violencia, para implantar un sistema de explotación en la zona “con convivencia estatal».

Un reporte de fines de octubre de la Washington Office on Latin America (WOLA) destaca que actualmente los ingresos de la minería proporcionan un salvavidas financiero a las élites políticas en Venezuela y son de suma importancia para mantener el poder.

“La falta de transparencia en la rendición de cuentas del Gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo. Llámalos guerrilleros, sindicatos, ‘pranes’ o facciones corruptas del Ejército: están allí para quedarse”, señala.

Tras la masacre, el presidente (e) Juan Guaidó se pronunció: “¡Masacran a nuestros indígenas para robarse el oro de los venezolanos! No lo podemos permitir (…) ¿Va a seguir la Fuerza Armada tolerando semejante humillación a nuestro pueblo?”.

No es primera vez que Venezuela sufre una masacre por la disputa en el control de las minas de oro; en mayo de 2018 20 personas fueron asesinadas por la guerrilla colombiana ELN. En 2016 también se produjo la masacre de Tumeremo, que fue perpetrada por pandillas lideradas por Jamilton Andrés Ulloa Suárez, conocido como el Topo, y causó la muerte de 28 mineros.

La importancia de Bolívar y el negocio de la minería

En los últimos años el estado Bolívar se ha mantenido en manos del chavismo. Era de esperarse que en las pasadas elecciones regionales el régimen hiciera hasta “lo imposible” para adjudicarse la gobernación a pesar de haber sido derrotado. Es allí, al sur del país, donde las zonas mineras de Bolívar viven el asedio de grupos armados y la impunidad reina ante los ojos de la gobernación de la entidad.

En Venezuela las minas de oro han sido entregadas por el régimen a contratistas, testaferros, bandas delictivas y grupos armados como la guerrilla colombiana ELN, en expresa violación y abuso de los recursos de la nación.

El arco minero del Orinoco está ubicado en este estado, y contempla una zona de aproximadamente 114 000 kilómetros cuadrados, ubicada al sureste de Venezuela, limítrofe con Brasil. Allí se extraen minerales como el carbón, el manganeso, oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita, níquel, diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco.

De acuerdo con un reportaje del periodista holandés Bram Ebus, las mafias, muchas de ellas dirigidas desde las cárceles, comenzaron a tomar el control de las minas venezolanas desde 2011, luego de que el Gobierno de Venezuela nacionalizara gran parte de su industria minera.

Explica Ebus que los militares venezolanos están clandestinamente involucrados en la industria ilegal del oro, apoyando a las pandillas a cambio de una parte de sus ganancias: “Los mineros pagan dinero de extorsión, conocido como ‘vacuna’, a los pranes o líderes carcelarios, a cambio de que se les permita trabajar”.

Actualmente, es casi imposible calcular la cantidad de oro existente en el Arco Minero Venezolano. Se cree que podría haber unas ocho mil toneladas, que equivalen a más de docientos cuarenta mil millones de euros.

 

Fuente:https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/11/25/masacre-minas-oro-venezuela/?fbclid=IwAR2UnzZfA_QJDxgyQUJpQAfX2WjeNzuJMhqyZj01x3jIGr5jl4BtYbGCyA8
Perú

América Latina Minería en Perú y la UE: “El tajo abierto contaminará el mundo entero”

La extracción de los minerales que requiere Europa la sufren en carne y hueso las poblaciones de Perú. Para sensibilizar tanto a políticos como a la sociedad, una delegación peruana visitó Bruselas. DW habló con ella.

Sobre Virginia Pinares, líder campesina de Cotabambas, en Perú, pende una posible condena de once años por obstrucción de vías hacia la mina de Las Bambas. En Bruselas, Pineras forma parte de una delegación, patrocinada por la red EU-LAT y la Plataforma Europa-Perú, que quiere hacer visible el costo social que tiene al otro lado del océano el mineral que se consume acá.

«No nos oponemos a la minería, pero queremos que la empresa cumpla con la ley. Nos consultaron y estuvimos de acuerdo con que el transporte del cobre se hiciese por mineroducto. Y en 2014 lo cambiaron a transporte por carretera. A otros hermanos los han desalojado, ubicándolos en Nueva Fuerabamba, pero en esas casas no se garantiza su acceso al trabajo agrícola. Reclamamos, también por escrito», dijo Pineras a DW.

«No nos escuchaban. Así que hicimos nuestra lucha pacíficamente. El gobierno ha mandado policías con orden de disparo”, sigue Pineras, vicepresidenta de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental y vocera de las organizaciones de la sociedad civil en las mesas de diálogo que existen con las instituciones peruanas y la empresa minera.

Julia Cuadros, economista especialista en desarrollo y minería, forma parte de la delegación. Como directora de la organización Cooperación, Cuadros asesoró, entre 2002 y 2016,  a las comunidades afectadas por el proyecto minero Río Blanco, en Piura, en el norte del país. Se oponían al proyecto que iba a afectar los páramos, los bosques de neblina y el agua.

«Las comunidades estaban en resistencia porque su visión de vida no tenía nada que ver con la actividad minera. Han pasado casi 12 años y el proyecto sigue paralizado”, cuenta Cuadros a DW. En pleno conflicto, en 2008, a su casa llegó la citación del ministerio Público: se la acusaba del delito de terrorismo. «Yo era la única mujer. Los otros eran dirigentes de comunidades, alcaldes, asesores técnicos. Aunque la acusación no tenía sustento, vivimos más de tres años en incertidumbre. La denuncia la habían hecho campesinos, comprados por la empresa. Se quería juzgar este conflicto medioambiental según la ley antiterrorista que se había activado para luchar contra Sendero Luminoso y el MRTA”, añade Cuadros.

Si no hay cambios, seguirán los conflictos

«Ni en el caso de Julia Cuadros ni en el caso de Virginia Pineras existía una sola prueba de lo que las acusaba”, explica a DW David Velazco, de Fedepaz, organización que promueve y defiende derechos humanos en Perú. «No sólo en Perú, en toda América Latina, se detecta una instrumentalización del Derecho Penal para tratar de acusar a quienes protestan con la idea de detenerlos y desmovilizar la protesta”, puntualiza el abogado de Fedepaz.

La demolición de la honra de quienes se oponen, la represión y la aprobación de normas inconstitucionales que violan tratados internacionales serían otros elementos de un patrón cada vez más difundido en el Nuevo Continente. ¿Para qué? «Desmovilizando a un dirigente, desmovilizas a la masa”, responde Velazco. «Se trata de imponer el modelo extractivista aduciendo el desarrollo económico, pero olvidando el desarrollo social”, agrega. Teniendo en cuenta que Perú, Chile, Brasil y México concentran el 85% de las exportaciones mineras de la región y ocupan altas posiciones en la lista de mayores exportadores mundiales, de no haber cambios, conflictos habrá para rato.

¿Qué debe cambiar? Teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con todos esos países que exportan al Viejo Continente, especialmente materias primas y minerales, el campo de acción es evidente. «Por lo pronto, el instrumento ‘Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos’ de la UE es absolutamente insuficiente, porque su aplicación es voluntaria”, dice Cuadros. No obstante, en todo espacio de diálogo de la UE con sus socios, Cuadros detecta una ventana de posibilidad.

«No puede ser que cada vez que haya un conflicto social se declare el estado de emergencia ni que la fuerza pública reprima a las poblaciones por orden de una empresa. Es inadmisible que en el corredor minero en Cotabambas no sólo esté la Policía Nacional sino el Ejército, y que la nueva legislación de Perú proteja a las minas como ‘activos críticos’ en detrimento de la población”, concluye Cuadros.

En cualquier caso, que en 2018 la Eurocámara -en donde la delegación peruana fue acogida por diputados de diversas fracciones- haya aprobado una resolución apoyando que la UE en su conjunto promueva el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, que se negocia en la ONU desde hace un lustro, es una esperanza. Con este tratado las empresas que violen derechos fundamentales podrían también ser llevadas a un tribunal.

«Aunque mi casa esté en una zona intangible, nos desplazan porque lo exige la concesión. Eso se podría modificar”, dice Pinares, y concluye: «Si no hacemos nada, el Apurímac será pronto un río muerto y el tajo abierto va a contaminar el mundo entero”.

(cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.

Fuente:https://www.dw.com/es/miner%C3%ADa-en-per%C3%BA-y-la-ue-el-tajo-abierto-contaminar%C3%A1-el-mundo-entero/a-51324019?fbclid=IwAR0JMPFehPRRikDJwga5iguk6IovoGGg4feHikX9Uoq-Kqr0ry8b44yY80c

Perú

Juntas contra todas las violencias en el sur andino

Las mujeres que conviven con proyectos mineros en el Perú, en este caso el corredor minero sur andino en Cusco y Apurímac, están siendo parte de procesos de cambios económicos, políticos, culturales y ambientales. Las provincias de Espinar, Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) conviven con algunas de las principales inversiones mineras en el país: empresa Hudbay con el proyecto Constancia (Chumbivilcas), empresa Glencore con el proyecto Antapaccay (Espinar) y empresa MMG con el proyecto Las Bambas (Cotabambas). No obstante en esta convivencia se dan una serie de vulneraciones a los derechos, las cuales generan impactos diferenciados y muchas veces invisibilizados en las mujeres.

 

Si bien es cierto que la minería ha generado directa e indirectamente dinámicas económicas en los territorios, también se debe señalar que esta actividad ha expuesto a las mujeres a situaciones de violencia sexual, económica, y cultural que han agudizado las brechas de desigualdad y de vulneración que viven las mujeres. Debido al incremento del costo de vida que genera el ingreso de las actividades mineras en un territorio, ellas ahora se ven en la obligación de incorporarse a trabajos adicionales que les generen ingresos económicos adicionales para su supervivencia y la de sus familias, lo cual se suma a sus labores de  rol de cuidado cotidiano. Esto les ha perjudicado en el núcleo familiar y comunal, ya que por un lado los cónyuges se han sentido amenazados ante la independencia y empoderamiento que las mujeres van obteniendo, lo cual termina algunas veces en situaciones de violencia física o psicológica. Por otro lado, se suma el despojo de sus territorios, teniendo que salir de sus comunidades y mudarse a los “centros” de dinámica comercial generadas principalmente por los servicios para la minería, dejando de lado sus principales círculos de apoyo y soporte comunales/culturales.

 

A las mujeres originarias y campesinas de Cusco y Apurímac les es difícil salir de los círculos de violencia, sobre todo por estar aún en contextos de pobreza, analfabetismo y desnutrición. En el siguiente cuadro podremos ver que las provincias de Cusco y Apurímac, las cuales cuentan con la presencia de los mayores proyectos mineros del país, presentan el mayor porcentaje de mujeres que fueron agredidas alguna vez por el Esposo o compañero. A pesar de que hacen falta estudios que ahonden en el vínculo del desarrollo de actividades mineras y el incremento de la violencia de género en los territorios, los testimonios de mujeres dan cuenta de un incremento de los casos de violencia familiar en las provincias que abarca el corredor minero.

El rol de cuidado de las mujeres del corredor minero refuerza sus preocupaciones en el futuro de sus hijos, sus animales y sus principales actividades productivas: la agricultura, la ganadería y la horticultura. Es por eso que manifiestan que hay contaminación en el agua, lo cual viene afectando a los animales que habitan en los ríos y a los seres vivos que se sirven de este: animales para la ganadería y las personas que lo consumen. Así mismo, la salud de las mujeres y de sus familiares viene siendo afectado por la contaminación de los metales pesados. Recordemos que de un dosaje realizado el 2017 en Espinar a 897 personas[1], más de 700 tenían arsénico, cadmio y mercurio en su sangre. Las mujeres insisten en que hay contaminación, no solo en su fuente principal de vida el agua, sino también en el aire. Y es que para ellas el tránsito de camiones de las empresas perjudica con el polvo a la agricultura, generando impactos a corto y mediano plazo en sus cultivos y afectando también la salud de sus familias. Actualmente son alrededor de 170 centros poblados los que son atravesados por el Corredor Minero, en el cual se registra el paso de 370 camiones de la empresa china MMG que además del polvo generan ruidos insoportables y temblores que rajan las viviendas. A pesar de esto, las mujeres se han organizado y quieren ser consideradas como defensoras del medio ambiente desde antes que llegara la empresa minera.

 

“No nos oponemos a la minería, pero queremos que la empresa cumpla con la ley. Nos consultaron y estuvimos de acuerdo con que el transporte del cobre se hiciese por mineroducto. Y en 2014 lo cambiaron a transporte por carretera. A otros hermanos los han desalojado, ubicándolos en Nueva Fuerabamba, pero en esas casas no se garantiza su acceso al trabajo agrícola. Reclamamos, también por escrito», Virginia Pinares, defensora de Cotabambas y vice Secretaria General de la FIDTACCHEPG en una entrevista a la prensa internacional.[2]

 

La violencia también radica en la poca transparencia y respeto que la empresa ha desarrollado en estos territorios en su vínculo con las comunidades. Para las mujeres organizadas del sur andino el debilitamiento de las organizaciones sociales mixtas, de las comunidades e incluso de las familias está muy ligada a la presencia de las empresas mineras con sus estrategias de división, manipulación y corrupción. Un ejemplo claro de ello es el quiebre del tejido social y cultural en la provincia de Espinar, complejo y difícil pero no imposible de resarcir para las mujeres K´ana. A ello se suma la afectación a la salud mental por los engaños con los que muchas veces ha entrado la actividad minera en estos territorios, cuentan las hermanas del sur “la mina nos decía que traeríamos el desarrollo, tu hijo será profesional, tendrá becas, pagaremos por tu casa” lo cual muchas veces era aceptar por necesidad y para que las nuevas generaciones “rompan el círculo de la pobreza”. En la actualidad, la estrategia de las empresas mineras se ha enfocado en la criminalización de la protesta, la cual en su punto más álgido y doloroso contó con 3 fallecidos[3] tras el conflicto de Las Bambas del 2015. Estas muertes dejaron esposas, madres, hijos e hijas que han tenido que re aprender su estar en el mundo, no solo por la ausencia de sus seres queridos, sino por la injusticia y la no reparación de las vidas.

 

Si bien las mujeres del corredor minero del sur andino están organizadas en asociaciones u organizaciones en sus respectivos territorios, todavía se muestra una debilidad de conocimiento y posibilidad para sus intervenciones en los diversos espacios de incidencia y/o diálogo en los cuales se toman decisiones que afectan a sus territorios. Las mujeres tienen dificultades para participar activamente de espacios de consulta, mesas de diálogo, así como de discusiones que las afectan como la Ley Marco sobre Regulación del Cambio Climático y la consulta previa de dicha norma. Es por esto que es urgente establecer buenas prácticas  como la generación de espacios de participación exclusiva para mujeres originarias e indígenas. Además existe el gran reto de incorporar a las mujeres jóvenes en las organizaciones de base y/o en la sensibilización sobre la sostenibilidad del territorio rural. Teniendo una perspectiva de género e interculturalidad en los espacios de diálogo, se podrán generar las condiciones para una verdadera participación de mujeres en los espacios de tomas de decisión del corredor minero del sur andino.

 

25 de noviembre de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/juntas-contra-todas-las-violencias-en-el-sur-andino/?fbclid=IwAR1BJyvRmWngOIeRS3580mhpDxXlYkJR8BRwuTagWhwGtvGDA4rK_8g4gKg

Perú

CooperAcción presenta recurso para que se realice audiencia pública sobre Coroccohuayco

En el marco del proceso de evaluación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del Proyecto Coroccohuayco, que representa una ampliación la mina Tintaya – Antapaccay, CooperAcción ha interpuesto un recurso administrativo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), para que este organismo corrija la omisión del mecanismo de audiencia pública con las comunidades de la zona de Coroccohuayco, como parte del procedimiento de participación ciudadana establecido por ley.

Es importante recordar que recientemente el Primer ministro Vicente Zeballos se reunió con representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya–Antapaccay y de la ampliación Coroccohuayco. En dicha reunión se acordó realizar una consulta previa en los próximos 30 días.

Una de las principales demandas de las comunidades es que se socialicen los contenidos de esta MEIA, particularmente considerando los graves impactos potenciales que su aprobación podría generar sobre los derechos humanos de estas comunidades. Este problema ha sido advertido incluso por el mismo SENACE en su informe de observaciones emitido a la MEIA del proyecto Coroccohuayco. Por tales motivos, no resulta claro por qué este organismo ha omitido hasta la fecha un componente tan esencial de la participación ciudadana, como son las audiencias públicas. El recurso administrativo presentado por CooperAcción busca corregir esta omisión, para que a través de la implementación de la audiencia pública se pueda generar un espacio de discusión y debate sobre los contenidos de la MEIA en el cual participen las comunidades afectadas.

No debe dejarse de lado que la aplicación de este mecanismo de participación ciudadana, como es la audiencia pública, no resta méritos a las demandas que vienen planteando las comunidades de esa zona, para que en el marco del proceso de consulta previa que próximamente se ha anunciado, pueda también ponerse en discusión los contenidos de la MEIA.

Adjuntamos el escrito presentado al SENACE.

 

Lea la carta completa aquí:

Cargo carta presentada a SENACE queja por defecto de tramitacion (2)

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cooperaccion-presenta-recurso-para-que-se-realice-audiencia-publica-sobre-coroccohuayco/?fbclid=IwAR0QmBG1Z6HNpnl8tsm_PQLdP4wsjTrPfhj8dZ7WTQU2RPu_HEBHPQk0FL8

Argentina

Chubut: ambientalistas denuncian que los diputados son visitados por Pan American Silver

En la provincia del Chubut y montado en la actual crisis económica, vuelve con fuerza el intento de las empresas megamineras de instalarse definitivamente en la meseta. Ambientalistas advierten que diputados fueron visitados por Pan American Silver mientras los intendentes de la meseta presionan para que se vote antes del 10 de diciembre.

Vecinos auto convocados del No a la Mina volvieron a expresar su rechazo a la zonificación minera en Chubut y alertaron sobre operaciones de las mineras ante el cambio de mandato.


Las principales críticas apuntan a los diputados que cierran sus mandatos este año. El Extremo Sur de la Patagonia afirmó que «Pan American Silver visitó a todos los diputados. Por su parte los intendentes de la meseta, actúan como agentes de la minera canadiense y presionan para que se modifique el artículo de la ley 5001 que impide la zonificación minera y que prohíbe la megaminería.»

La intención de PAS está relacionada con que la minería es un gran negocio rentable. Según informa la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), esa industria en 2018 exportó por U$S 3.900 millones y hay un aumento de las exportaciones en la primera parte del año. Por eso el interés en poner en funcionamiento el proyecto minero Navidad, considerado el reservorio de plata más grande del mundo, propiedad de la minera canadiense Pan American Silver Argentina.

Pan American Silver promete invertir 1000 millones de dólares y extraer 22 millones de onzas de plata al año. Números mágicos ante la necesidad de dólares de la Casa Rosada y la gobernación. En este sentido, Alberto Fernández dijo “La minería tiene un rol central en un país que necesita crecer y exportar”, y sostuvo que “todavía hay muchos recursos no explotados por la Argentina en materia minera. En San Juan, en Catamarca, en Santa Cruz, y en muchas otras provincias que son reacias a explotar la minería también”.

La megaminería solo deja pobreza y contaminación. Esta empresa solo busca explotar y saquear nuestros recursos naturales ilimitadamente con la complicidad del gobierno y la justicia que permiten que estas multinacionales se asienten en nuestro país para hacer ganancias millonarias.

 

Chubut es una referencia nacional en la lucha contra la megaminería

En 2003, plebiscito mediante, la comunidad de Esquel logró frenar a la multinacional Meridian Gold. El 81 por ciento de los votos dijo «no» a la actividad extractiva. Producto de la movilización en toda la provincia se logró la Ley 5001, que prohíbe la megaminería. Los distintos gobiernos provinciales intentaron derogarla junto a las mineras y los intendentes de la meseta de Paso de Indios, Telsen, Gan Gan, Las Plumas, Paso el Sapo, Lagunita Salada y Gastre, con la ayuda de todos los gobiernos que han pasado a nivel nacional desde hace 16 años.

 

La ayuda que han recibido de los gobiernos provinciales, además de darle todo el aparato político para logar su cometido, fue principalmente sacar, a las poblaciones de la meseta, todo apoyo económico que les permita desarrollarse en sus lugares. Desde no enviarles combustible para sus generadores eléctricos, como sucede en estos días en la localidad de Teka, hasta vaciar salas sanitarias o escuelas. Con esto abrieron el camino para que Pan American Silver cumpla el rol del estado, “done” combustible, servicios de internet, asista a salas de emergencia, etcétera.

Arcioni como fiel continuador de las políticas de Das Neves, aliado de Massa, Fernánez y ayer de Macri, es parte como ellos de los políticos patronales que promueven el saqueo y la contaminación de estas multinacionales. Solo la izquierda está planteando la necesidad de nacionalizar la legislación que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto, o megaminería.

Aprovechando la crisis en la que está la provincia, Arcioni comenzó a cerrar filas con los empresarios megamineros y desataron una feroz ofensiva tanto económica, cómo de aprietes a los vecinos de la meseta. Muchos habitantes han contado como en los últimos meses están recibiendo la visita constante de representantes de Pan American Silver acompañados por la policía provincial para «convencerlos» de apoyar los emprendimientos y vender sus campos. Pese a todo este poderío económico y el poder de coerción con el que cuentan, avalado por el gobierno provincial, los vecinos de la meseta siguen resistiendo y organizándose.

Con el cambio de gobierno, en el que continúa Arcioni y se ha unido todo el peronismo de la provincia tiene mayoría propia en la legislatura, y bajo la égida de José Luis Gioja, uno de sus más férreos defensores y protector de la megamineria y de los intereses de Barrick Gold, es por esto que las asambleas chubutenses han entrado en estado de alerta. Sumándose el hecho de que la mayoría de los diputados provinciales no renuevan sus bancas y que la experiencia que se vivió en el 2014 está fresca en la memoria.

En ese año, cuando se intentó que se apruebe un proyecto de ley de iniciativa popular que vetaba en forma definitiva el ingreso de las empresas megamineras a la provincia, el cual contó con el aval de más de 13000 firmas reconocidas por el tribunal electoral. Pero todo este esfuerzo se troncó al tomar estado parlamentario; legisladores de ese momento deformaron para convertirlo en un proyecto pro-megaminero, llegando al extremo de que un diputado justicialista recibía mensajes de un empresario minero diciéndole que tenía que cambiar de la ley en plena sesión.

Por esto y por todo lo que hemos vivido durante años las asambleas están de guardia en la legislatura provincial todos los martes y jueves ya que los legisladores han decidido duplicar las sesiones en lo que les queda de mandato.

Alberto presidente

Además a nivel nacional, como también se vivió durante muchos años, se apuesta fuertemente al desarrollo megaminero. Alberto Fernández fue claro en todos los medios que su intención era exportar el modelo megaminero de San Juan a todo el país.

El 6 de noviembre se realizó un cónclave con figuras del PJ, empresarios y sindicalistas («Loma Avila») para crear un Observatorio y reflotar la organización Federal de Estados Mineros, desde la cual impulsar las políticas para” convencer” a las provincias que todavía resisten como por ejemplo Mendoza y Chubut. Y así lograr una minería para todes.

Pero la población chubutense y las asambleas que se oponen a los desarrollos megamineros entienden claramente que esta lucha se gana con organización y en las calles, en unidad de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Desde el PTS en el FIT Unidad estamos comprometidos contra el saqueo, explotación y contaminación de nuestras tierras. Todos los gobiernos apoyaron el modelo “Barrick Gold” que afecta a poblaciones enteras. Por eso estamos en contra de la megaminería y del proyecto Navidad.

Ante este nuevo intento de aprobar la megamineria en la provincia decimos:

 

  •  Nacionalización bajo control de los trabajadores con participación de la comunidad y las organizaciones socioambientales de la explotación de los recursos naturales. Abajo el reaccionario código minero hecho al servicio de la ganancia capitalista a costa del saqueo de los recursos.
  •  Movilización popular contra la megamineria. Que los sindicatos impulsen asambleas y llamen al paro general, y que los centros de estudiantes llamen a la movilización estudiantil con asambleas por facultad. Necesitamos ser miles para imponer con la movilización que se vayan las multinacionales mineras y defender nuestros recursos naturales.Desde el PTS en el FIT Unidad convocamos a toda la población para fortalecer este reclamo.

Fuente:http://www.laizquierdadiario.com/Chubut-ambientalistas-denuncian-que-los-diputados-son-visitados-por-Pan-American-Silver?fbclid=IwAR3c2wFaao7OEAc9bnyBVL-hFlaJVpvRq_kps7S0BMt1rTQQ1mI01TcWxWY

 

Mexico

Universitarios llaman a movilizarse contra “proyectos de muerte” en Puebla

Raquel Guevara Aguilar, estudiante de posgrado en la BUAP, llamó a la movilización social pacífica para hacer frente a los llamados «proyectos de muerte», como la minería, en la Sierra Norte de Puebla.

Guevara Aguilar participó en la presentación del Quinto Coloquio Internacional Pensar Contemporáneo y el Primer Encuentro «Territorio, Ciudad Paisaje», organizados por estudiantes del posgrado en Estudios Socioterritoriales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Desde la academia, nosotros como estudiantes de posgrado a nivel maestría y doctorado, estamos realizando propuestas (…)  No sabemos si van a cancelarse este tipo de proyectos, pero lo que sí se está proponiendo es la movilización social», comentó.

Agregó que estos proyectos generan un desplazamiento de los pueblos originarios, por parte de las grandes mineras, y agregó que el uso intensivo de la naturaleza está provocando su deterioro.

“Son proyectos en los que está habiendo un desplazamiento, un despojo de estas grandes mineras y un uso intensivo de la naturaleza que está provocando un deterioro ambiental, específicamente en la Sierra Norte”, explicó.

La movilización ha sido adoptada por varias comunidades de esta parte del estado, como en Ixtacamaxtitlan y Tetela de Ocampo.

Las actividades del coloquio concluirán el próximo 22 de noviembre y se desarrollan en la Casa del Libro Gilberto Bosques Saldivar de la BUAP, en la 6 Oriente 203, del Centro Histórico de Puebla.

 

Fuente:https://www.e-consulta.com/nota/2019-11-20/universidades/universitarios-llaman-movilizarse-contra-proyectos-de-muerte-en-puebla?fbclid=IwAR3rQJXtOiFLGN8T2TzpFuW-8CYp19PVXxgpdb9GVnN7bT9_gYSPFLfCHPk

Bolivia

25N Desde los territorios denunciamos la violencia medioambiental que amenaza con destruir nuestros tejidos de vida

Hoy 25 de Noviembre las defensoras de la Madre Tierra nos pronunciamos contra toda forma de violencia hacia las mujeres.

Desde el Colectivo CASA y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra nos pronunciamos en este nuevo 25 de noviembre para la eliminación cualquier forma de violencia contra las mujeres. Entendemos también que son las mujeres jóvenes, pobres y de pueblos indígenas las que se encuentran expuestas a mayores márgenes de vulnerabilidad. Desde la defensa del Medio Ambiente y los Territorios, consideramos que los megaproyectos y otras formas de despojo están violentando no solamente la tierra, sino los cuerpos de millones de mujeres encargadas de la reproducción de la vida en contextos comunitarios. Por eso nos sumamos a la denuncia de la violencia medioambiental que denuncian las defensoras de la Madre Tierra y nos acuerpamos con las hermanas de todo el mundo en este esfuerzo para lucha contra el sistema de despojo capitalista y patriarcal.

Fuente: Colectivo Casa.