Más de 50 líderes de comunidades indígenas de ocho regiones del país, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades de gobiernos subnacionales, se reunirán en Lima este 5 y 6 de diciembre próximos con el fin de compartir experiencias sobre planificación y gestión sostenible de sus territorios locales, y demandar al Estado una nueva Ley de Ordenamiento Territorial.
Los representantes de Áncash, Huánuco, Junín, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Huancavelica buscan que esta nueva legislación permita articular las acciones para actuar frente al cambio climático, así como ante las concesiones de actividades extractivas que afectan sus tierras y a las personas.
El presidente de la comunidad campesina de Payancca, en Cotabambas, Apurímac, comenta, por ejemplo, que el cambio climático afectó a un 90% de los comuneros empadronados en su comunidad. «Por ello, en Payancca venimos trabajando los procesos de ordenamiento territorial para llevar propuestas como nuevos sistemas de cultivo que permiten tener una adaptación de los cultivos pero también de los agricultores», comenta.
Sobre las concesiones mineras, la preocupación es que varias se dieron en zonas donde también hay patrimonio arqueológico, como en Qqueuñapampa, Apurímac, donde se ubican los restos arqueológicos de Markansaya, que es de la época pre inca.
«Nos indigna que se esté concesionado a las empresas mineras. El Instituto Nacional de Cultura debe enterarse de esto porque es un lugar turístico y debería estar prohibido que se concesione. Nosotros estamos haciendo un estudio de ordenamiento territorial y nos enteramos que está concesionado y por eso solicitamos el retiro definitivo», señala Clemente Flores Sapacay, comunero de Qqueuñapampa.
Pero no es el único caso en el que concesiones se superponen con territorios en los que hay patrimonio cultural. En setiembre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas se vio obligado a eliminar la concesión que había otorgado a la canadiense Camino Minerals y que comprendía la famosa Montaña de los siete colores, en Cusco, luego de las protestas de las comunidades.
Aunque el Gobierno Central ha dado señales de estar interesado en impulsar una nueva política de ordenamiento territorial, el debilitamiento institucional frente a esta problema viene desde que, en el 2014, se aprobara la Ley N° 30230 conocida como el «paquetazo ambiental».
En este contexto es que se reúnen los más de 50 líderes de comunidades con representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades locales, para exponer sus aportes para la gobernanza territorial. El foro ha sido impulsado por la Plataforma Nacional para el Ordenamiento Territorial (POT), en coordinación con CooperAcción, Diaconía y el Instituto del Bien Común (IBC).
Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/12/05/lideres-de-comunidades-del-peru-llegan-a-lima-en-busca-una-nueva-ley-de-ordenamiento-territorial/redaccionmulera/
La empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país. Se trata de Integración Coroccohuayco, un proyecto de US$590 millones para ampliar la capacidad de producción de Antapaccay, en el Cusco, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que iniciará su construcción el próximo año y no en el 2020.
El 25 y 26 de noviembre, el Ministerio de Justicia y CooperAcción realizaron en la ciudad de Cusco el “Taller sobre Principios Rectores de la ONU y el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú (PNA): el punto de vista de las comunidades campesinas del Corredor Minero Sur”.
Por ocasião da visita de Baskut Tuncak, relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Substancias Tóxicas, FIDH, Justiça Global e Justiça nos Trilhos exortam o Estado brasileiro e as empresas a assumirem suas responsabilidades e repararem integralmente as violações dos direitos humanos e do meio ambiente que atingem a comunidade de Piquiá há três décadas.
La población del 
Las organizaciones abajo firmantes estamos profundamente preocupadas por informes recientes que llegan de Chubut, Argentina, una bella provincia de la Patagonia, referidos a la presencia del lobby minero en la legislatura provincial y las presiones a los legisladores para modificar la Ley Ambiental XVII-Nº 68 (antes Ley 5001), que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro.
Chile perdió la sede de la cita climática de la COP25 pero no así su presidencia, y aprovechó la cumbre de Madrid para anunciar el cierre anticipado de 4 centrales eléctricas a base de carbón. Desde el mundo ambientalista, las reacciones fueron disímiles. Fundación Terram interpretó el anuncio como una señal para que Chile muestre liderazgo, pero también advirtió que «faltan otras buenas noticias», como la firma del Acuerdo de Escazú.
En la actividad realizada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se revisaron tres casos chilenos: la minería de litio en el desierto de Atacama, la privatización del agua en Chile y las amenazas a la Patagonia, lugar de reserva de agua y vida. En la actividad realizada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se revisaron tres casos chilenos: la minería de litio en el desierto de Atacama, la privatización del agua en Chile y las amenazas a la Patagonia, lugar de reserva de agua y vida.
No es una mina ni son dos, son cientos de proyectos de minería metálica y uranífera los que podrían destruir a corto y mediano plazo las fuentes de agua de nuestra provincia.