El día de hoy, miércoles 8 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México emitirá sentencia sobre la responsabilidad del Grupo México (dueño de Southern Copper en nuestro país – Perú-), y el Estado mexicano en la fallida reparación integral a los afectados por metales tóxicos y la falta de remediación de la cuenca del Sonora, a través del Fideicomiso que crearon con un fondo de 2 mil millones de pesos (360 millones de soles aproximadamente), que solo implementaron un poco más de la mitad de acuerdo a la investigación de la institución Poder y el Comité de Cuenca Río Sonora, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la cuenca del río sonora en agosto del 2014 que afectó la salud de 381 personas, la calidad del agua que reciben 22 mil personas en el área de la cuenca del Sonora, y la actividad agropecuaria que desarrollan.
Las medidas de amparo
La sentencia que emitirá la Corte mexicana se basará en tres amparos interpuestos por los Comités de Cuenca del Río Sonora, que cuestionan la forma en cómo operó el fideicomiso desarrollado por la empresa y funcionarios mexicanos (amparo en revisión 384/2018); la falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo en revisión 927/2018); y la finalización intempestiva del Fideicomiso Río Sonora, junto a la conclusión del Programa de Remediación Ambiental (amparo en revisión 640/2019).
El Fideicomiso
La creación del Fideicomiso se dio meses después del derrame tras un acuerdo entre el Gobierno Federal del ex presidente Enrique Peña Nieto y la minera Buenavista del Cobre del que el Grupo México es dueño, sin la participación de los afectados, y sin un debate público sobre cómo debía darse la reparación integral. El Grupo México puso el dinero para “reparar” el daño que había generado y no le quiten la concesión, entre otras sanciones. Para la implementación del dinero del Fideicomiso se creó una Comisión Técnica que la presidió el subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo, junto a otros 4 miembros; la mayoría colocados por la empresa, sin la participación de ningún representante de los afectados por el derrame.
En los años siguientes, el Grupo México siempre señaló que como el origen de los fondos eran privados, dado que provienen de las empresas que provocaron el derrame, el fideicomiso era privado, y como consecuencia no tendrían que rendir cuentas a nadie.
Sin embargo, es materia de la sentencia establecer si el fideicomiso tuvo carácter público o privado y señalar el cumplimiento o no con lo estipulado en el contrato del fideicomiso entre la empresa y el Estado mexicano, estableciendo responsabilidades de los actos y omisiones.
Exigencia de afectados
La exigencia central de los afectados de los Comités de la Cuenca del Río Sonora a la Corte es que ese Fideicomiso con el comité técnico sea considerado autoridad responsable equivalente a una secretaría u otra autoridad federal, y que el Fideicomiso se reabra y sea obligado a reparar completamente los daños, con la participación de los afectados.
Informe revelador
De acuerdo a la investigación mencionada, “Análisis del Fideicomiso Río Sonora. Simulando la remediación privada en un Estado capturado”, y la última nota informativa emitida por Poder; señalan que “entre los gastos realizados destacan la entrega de sumas de dinero, supuestamente a personas afectadas, la compra e instalación de tinacos (bajo la promesa que servirían para guardar agua potable que nunca llegó), la obra negra de un centro de salud de especialidades que quedó inconcluso y gastos de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la atención en salud, para mejorar la imagen de la empresa”. Entre las irregularidades que señala el informe se encuentran los recursos asignados por el Comité Técnico del Fideicomiso para la compra de los tinacos a la empresa Rotoplas, debido a que el dueño de la empresa es familiar del dueño del Grupo México, Germán Larrea.
Por estas razones, el día de hoy es fundamental porque se sentaría un precedente en la lucha contra la impunidad de las empresas mineras mexicanas, que tendrán que rendir cuentas respecto a sus acciones; y el Estado, asumir su rol garante de derechos de las poblaciones, comunidades y ciudadanos. Tal como ocurre en nuestro país, Perú, en que el Estado ha olvidado su rol de representación de las poblaciones; y es facilitador de la inversión privada minera, sin garantizar los derechos de las poblaciones a un ambiente saludable con desarrollo sostenible.
Dato: Los Comités de Cuenca Río Sonora, Poder, y otras organizaciones mexicanas enviaron una carta al presidente Vizcarra en la víspera de la decisión del Consejo de Minería respecto a la ratificación de la licencia de construcción del proyecto Tía María; señalando los atropellos que estaba cometiendo el Grupo México en su país, que es la empresa mexicana que tiene la mayoría de acciones de Southern Copper Corporation.
Fuente:https://muqui.org/noticias/corte-mexicana-decidira-sobre-reparaciones-a-afectados-por-grupo-mexico-en-cuenca-del-sonora/
El día de hoy por la mañana, 9 de enero, se desarrolló el paro de más 12 comunidades de Espinar, que posteriormente levantaron a las 6pm, pertenecientes a los distritos de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua y Pichigua, entre las que se encuentras las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua. Las comunidades de Espinar señaladas exigen la anulación de la resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Coroccohuayco, que es la ampliación del proyecto minero Tintaya-Antapaccay perteneciente a la empresa minera suiza Glencore. Se estiman 25 años de vida del proyecto minero Coroccohuayco, sumado al proyecto minero en funcionamiento actual, Antapacay, que también operará 25 años.
Dos preguntas presentó el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, y alcaldes de varios cantones de esa provincia, a la Corte Constitucional (CC), solicitando una Consulta Popular en contra de la minería.
El pasado 31 de diciembre la empresa Minera Escondida, operada por BHP Billiton, cesó la extracción de los 24 pozos de agua dulce que se ubican en el acuífero de Monturaqui, los primeros días de enero comenzó la desconexión eléctrica de las bombas, una por una.
El día de ayer, jueves 9 de enero, a partir de las 10am, se desarrolló en las instalaciones de El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sutesal- en Breña, el Foro Electoral: Pacto por el agua. La apertura del Foro electoral estuvo a cargo de la secretaria general de Sutesal, Luisa Eyzaguirre y contó con la participación de diversos candidatos de los partidos políticos postulantes: Juntos por el Perú, Podemos Perú, Apra, Perú Libre, Frente Amplio, Unión por el Perú, Renacimiento Unido Nacional, Alianza para el Progreso. El foro lo organizó el Frente Pueblos en Defensa del Agua, la Vida y Sedapal, que impulsa el sindicato de trabajadores de Sedapal (Sutesal), el Frente Unitario de los Pueblos del Perú y diversos colectivos que luchan por el agua como bien común.
Pobladores de Mazapil, Zacatecas, lograron que la empresa minera Newmont Goldcorp renunciara a 5 millones de m3 de agua al año que afectan el abasto de sus comunidades. Los ejidatarios celebran la resolución, pero advierten que es insuficiente. Ese volumen representa 10 por ciento del líquido concesionado
Al menos 14 menores murieron en una mina de cobalto de la República Democrática del Congo (RDC). Ahora, sus familiares han decidido presentar una demanda en los tribunales estadounidenses contra las principales empresas tecnológicas del mundo, a las que acusan por los trabajos forzados y abusos perpetrados contra los menores.
Expertos de Alemania, Australia, China y Estados Unidos concluyeron de forma unánime que la recuperación de restos humanos en la mina Pasta de Conchos, es viable y ya se trabaja en el plan técnico para realizarlo.
La Corte Constitucional explicó que la minería a cielo abierto que lleva a cabo Carbones del Cerrejón sería la causante de daños
Entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, pobladores de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, a través de sus organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de LLusco, el Frente de Defensa de Chumbivilcas, las comunidades campesinas del distrito de Llusco, La Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), entre otras, ejercieron su derecho de libertad de expresión, opinión y de reunión, exigiendo diálogo con el Estado por la visible contaminación ambiental en la cuenca del río Yahuarmayo, conocido como Molino, y por las afectaciones negativas causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera ANABI SAC.