Perú

Gobierno ancashino suspendió actividades de minera Aurillac

Decisión fue tomada a causa de supuestas actividades ilegales de extracción por parte Aurillac.

El gobernador regional de Áncash, Luis Gamarra, entregó la Resolución Regional N° 007-2018-GRA/DREM que dispone la “suspensión de las labores de exploración del Proyecto Minero César Jesús”, perteneciente a la empresa minera Corporación Minera Aurillac.

 

Una medida que tiene como origen la inspección realizada el 26 de enero en la que se detectaron labores de perforación en zonas no autorizadas y riesgos en la calidad del suelo y la cobertura vegetal.

En la sesión de la entrega del documento estuvieron presentes, asimismo, dirigentes de PicupCochac AltoPacuashHuamarínJosé Carlos Mariátegui y Ucro, que abarca 52 comités de la Cordillera Negra. Para Jhon Santos, del centro poblado de Quenuayoc, el “logro no es de los dirigentes, es de toda la población”.

“Agradecemos la decisión asumida por el gobernador. Estamos firmes en nuestra posición y haremos valer nuestros derechos en otras instancias”, concluyó Santos.

La autorización concedida a la minera Aurillac fue emitida el año 2014. Sin embargo, el rechazo de la población de la Cordillera Negra se hizo sentir desde el primer momento. Los habitantes de dicha localidad argumentan que la presencia de la minera hace peligrar los 84 ojos de aguas y bofedales del lugar.

 

Fuente:https://camiper.com/tiempominero/gobierno-ancashino-suspendio-actividades-de-minera-aurillac/

Chile

Tarapacá: SMA fiscaliza Faena Minera Teck Quebrada Blanca

En el contexto de un incidente reportado en la construcción de la Fase II del proyecto.

 Durante el día 10 de diciembre de 2019, la Oficina Regional de Tarapacá de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), realizó una fiscalización a las instalaciones de la Faena Minera Quebrada Blanca de la empresa Teck, a raíz del incidente reportado el día 09 de diciembre del presente período, el cual correspondió a un rebalse del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, perteneciente a la construcción de la Fase II del proyecto.

La actividad de fiscalización se centró en verificar el manejo de efluente de la Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), impacto ambiental a la flora y fauna del lugar, afectación de recursos hídricos y el plan de contingencia con que cuenta la operación minera. Además, durante la inspección se realizó un recorrido por la piscina de efluentes, punto de descarga efluente y la trayectoria seguida por el derrame.

“Una vez finalizada la actividad de fiscalización se le solicitó a la empresa reportar diariamente a esta Superintendencia al comienzo de cada jornada laboral por vía correo electrónico, informando sobre el estado de avance de las medidas de limpieza planificadas por Teck, como también los parámetros in situ monitoreados en el cauce Quebrada Agua del Mote. Reporte que hemos recepcionado satisfactoriamente”, señaló Tamara González, Jefa de la Oficina Regional SMA de Tarapacá.

Detalles del recorrido:

  1. Piscina de efluentes: la cual se encontraba en funcionamiento con agua en su interior, sin sobrepasar la línea de rebose y con la descarga desde la PTAS operativa.
  2. Punto de descarga efluente: se observó canalización por donde el caudal del efluente siguió su curso en dirección hasta la Quebrada Agua del Mote.
  3. Trayectoria seguida por el derrame: se recorrió la línea de descarga, hasta al menos 200 metros más aguas abajo del punto indicado como de máximo alcance.

Fuente:https://portal.sma.gob.cl/index.php/2019/12/16/tarapaca-sma-fiscaliza-faena-minera-teck-quebrada-blanca/

Chile

Agricultores de Quilapilún interponen denuncia ante Superintendencia de Medio Ambiente contra minera de Angloamerican y Codelco

La Comunidad de Agricultores del Valle de Quilapilún, de Colina, interpuso una denuncia ante la Superintendencia del Medioambiente en contra de Minera los Bronces de Angloamerican, por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y haber dado inicio a la construcción de obras al margen de la legalidad ambiental.

En el libelo, los denunciantes señalan que a través de distintas “Consultas de Pertinencia” al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ambas compañías mineras pretenden eludir la obligación de realizar Declaraciones de Impacto Ambiental o Estudios de Impacto Ambiental, en un proyecto que permitirá a Angloamerican construir un acueducto de 8,0 kms. que captará aguas claras de relave desde el Tranque Ovejería de Codelco hasta hasta el sector de la Planta “Las Tórtolas” de Angloamerican.

Se trata de “consultas de pertinencia” ingresadas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con fecha 11 de noviembre de 2019 por parte de Anglomerican Sur S.A.y 19 de noviembre de 2019 en el caso de Codelco ,División Andina. En ellas ambas compañías solicitan a la autoridad medioambiental su visto bueno para realizar estos proyectos sin la necesidad de que tengan que ingresar al Sistema de Avaluación Ambiental.

En el escrito, los agricultores denuncian además que Minera Los Bronces ya ha iniciado faenas de construcción de dicho acueducto sin la respectiva autorización administrativa o ambiental que permita la realización de esas obras.

Por lo anterior los denunciantes solicitaron a la Superintendencia del medio Ambiente, el ingreso al SEIA de ambos proyectos para que se evalúen los potenciales impactos a la comunidad. La paralización de faenas de construcción del ducto; que se acredite la relación societaria que existiría entre Angloamerican y Codelco Chile y finalmente que se suspenda la tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental de las consultas de pertinencia ingresadas por ambas compañías mineras.

David Ojeda Behrens, representante de Comunidad de Agricultores del Valle de Quilapilún señaló que es “imperativo que la Superintendencia del Medio Ambiente, requiera el ingreso de estos proyectos a evaluación ambiental y solicite a la brevedad la autorización al Tribunal Ambiental para paralizar las obras que Angloamerican comenzó a construir. Vemos con mucha preocupación cómo la gran minería de este país busca subterfugios legales para obtener agua. Además que nos exponen al riesgo de contingencias graves de contaminación por rotura de ducto, como ya han ocurrido, lo que sepultaría definitivamente la agricultura de la zona”.

El representante expresó también que “para nosotros es bastante evidente la colusión entre Codelco y Angloamerican, tanto para evadir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como para generar un negocio de compraventa de aguas entre ellos. Con todo lo que pasa en Chile, pensamos que la cultura de la evasión había quedado atrás.

“Nuestra comunidad –declaro David Ojeda- presentó el 6 de noviembre pasado sus observaciones en el proceso de Participación Ciudadana del proyecto “Los Bronces Integrado” y ocuparemos todos los instrumentos legales que nos franquea la ley para que se transparente esta situación y no se perjudique más la agricultura del sector.

 

Fuente:https://www.elmostrador.cl/dia/2019/12/13/agricultores-de-quilapilun-interponen-denuncia-ante-superintendencia-de-medio-ambiente-contra-minera-de-angloamerican-y-codelco/

Perú

Moquegua: En enero de 2020 acaban mesas por Quellaveco

En esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

 El informe del Grupo de Trabajo de Tumilaca, creado por el Gobierno para despejar las dudas de los agricultores, concluirá la quincena de enero de 2020.

Según el coordinador Guido Herrera, en esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca.

Los técnicos de los organismos del Estado, así como de los agricultores, realizaron la semana pasada un trabajo de georreferenciación en el campamento. Herrera dijo que regresarán nuevamente a realizar el monitoreo. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

Mencionó que cabe la posibilidad de que se amplíe el trabajo unos 15 días. En Tumilaca, los agricultores protestaron hasta en dos oportunidades en contra del proyecto cuprífero. Temen que con la construcción se contamine el agua de la cuenca.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/12/moquegua-en-enero-de-2020-acaban-mesas-por-quellaveco-lrsd/

Perú

Exigen que el gobierno y minera Gold Fields respondan por derrame producido hace un año en Hualgayoc

Hace un año, exactamente el 16 de diciembre, se produjo un derrame desde las operaciones de la empresa minera Gold Fields en la provincia de Hualgayoc, que ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas según las informaciones locales. A raíz de este suceso, las organizaciones sociales emprendieron una serie de acciones de protesta para exigir la atención a la contaminación y que no se otorguen mayores permisos para actividades mineras, además, se instaló una mesa de trabajo liderada por el gobierno nacional.

Al cumplirse un año de este hecho, los dirigentes que encabezaron las protestas continúan exigiendo que la empresa se haga responsable de los daños producidos y una de las principales acciones que vienen realizando, tiene que ver con el seguimiento a la denuncia que interpusieron en la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cajamarca en contra de Gold Fields.

El dirigente Víctor Hugo Cruzado publicó la Cédula de Notificación 2424-2019 incluyendo la Disposición N° 07-2019-FEMA, en la que se informa que Gold Fields solicitó al Ministerio Público la acumulación de la investigación de dos hechos. El primero por “la presunta infiltración permanente y continua del relave contenido en la relavera de la Unidad Minera Cerro Corona, de la Empresa Minera Gold Fields La Cima S.A. hacia aguas subterráneas – manantial Las Tomas”, de acuerdo a un informe de la Administración Local del Agua Chotano Llaucano de febrero del 2019. El segundo hecho, se refiere al derrame producido el 16 de diciembre del 2018 y que ya es de conocimiento público. No obstante, la conclusión de la Fiscal Gricelda Ysla fue que no procede la acumulación solicitada por la empresa, debido a que los hechos no son los mismos y, por lo tanto, las investigaciones preliminares tampoco investigan el mismo presunto hecho.

Asimismo, Víctor Hugo Cruzado junto al también dirigente Niño Benavides Marín, difundieron una carta abierta dirigida al alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar, en la que le exigen que haga presión ante el gobierno nacional para que se cumplan los acuerdos firmados por los ministros de Energía y Minas y de Salud, durante una reunión a principios de febrero de este año y entre los que destacan la atención médica por dos años a personas y niños contaminadas con metales tóxicos como plomo y arsénico; construcción del hospital de Bambamarca y culminación del expediente técnico, financiamiento y construcción de la planta de tratamiento de agua potable para Bambamarca; igualmente, le solicitan que se continúe respaldando las acciones de protesta para que la empresa Gold Fields a modo de indemnización, construya una planta de tratamiento de aguas ácidas y realice la limpieza y descolmatación del río Tingo – Maygasbamba.

“Seguimos firmes en la defensa de la salud de nuestros hijos y población en general. Ahora se recuerda un año de la contaminación de la minera Gold Fields que derramó sus relaves matando todo ecosistema, hábitat y las aguas superficiales y subterráneas. Nuestra lucha contra los relaves de Gold Fields tiene que fortalecerse y todos retomar el paro suspendido hasta lograr justicia”, posteó Víctor Hugo Cruzado.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/exigen-que-el-gobierno-y-minera-gold-fields-respondan-por-derrame-producido-hace-un-ano-en?fbclid=IwAR2aExbVX2YC7DB6pVnf9xwaFp5bqaQrNyTkZtntjhET-61rWzRXscByZ7g

Perú

Ariana y Quiruvilca: Dos caras de una misma empresa beneficiada en perjuicio del Perú

Artículo de opinión de asesor de Red Muqui, Ing Juan Aste Daffós.

Cabe preguntarle al Director General de Minería, Oscar Alfredo Rodríguez Muñoz: ¿cómo así el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Minería (DGM), no se percató que Southern Peaks Mining (SPM), a través de su subsidiaria Minera Quiruvilca Limited, compró primero en junio 2012 la totalidad de la unidad minera Quiruvilca a la canadiense Panamerican Silver, propietaria de Cía Minera Quiruvilca, y luego SPM se la venda a ella misma a través de otras de sus subsidiarias, primero a Sociedad Minera Quiruvilca Inversiones SAC, en julio 2015, y luego a Cía Minera Quiruvilca, regresando al punto inicial; para en diciembre 2017 declararse en quiebra, dejando de operar desde enero 2018 en que abandonó la mina, con lo cual dejaba de cumplir con el plan de cierre?

La ejecución inmediata de la garantía vigente que mandata la Resolución de la Dirección General de Minería N° 0066 del 05 de marzo del 2018 al declarar el incumplimiento del plan de cierre de minas de la unidad minera Quiruvilca de la Cia Minera Quiruvilca SA, significaba el cobro del monto de la carta fianza y que la DGM se encargue de ejecutar el plan de cierre, sin embargo, este monto al ser insuficiente para cumplir con el plan, implicó un beneficio para la empresa SPM y un perjuicio para el Estado Peruano. ¿Quién calculó el monto de este plan y el de la carta fianza?: La Dirección General de Minería.

Para la empresa era mejor que le ejecuten la carta fianza porque se ahorraba dinero y la responsabilidad de asumir la remediación del pasivo ambiental, que, por lo que ocurrió, era de gran dimensión y riesgo ambiental, comprobado con el impacto ambiental del ingreso de mineros informales y con la rotura de los diques de las relaveras, en un breve tiempo luego que la empresa SPM, a través de Cía Minera Quiruvilca, abandonó la mina. Así, con suma facilidad, el plan de cierre pasó a ser un compromiso del Estado financiado en gran parte por todos los peruanos, y cuya elección de la empresa ejecutora se habría concretado desde la DGM a través de adjudicaciones directas (sin concurso) para el tratamiento de las aguas ácidas. Lo peor han sido las lamentables consecuencias de la contaminación de la cuenca del río Moche que condujo a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a declarar en emergencia esta cuenca. ¿Quiénes ganaron? Saquen sus conclusiones.

Pero, ¿quiénes son los representantes en el Perú de la empresa Southern Peaks Mining (SPM) cuyos capitales son del paraíso tributario de la isla Gran Cayman? Esta empresa es gestionada en el Perú principalmente por Enrique Ramírez Ostolaza, y Adolfo Vera Fernández, ex funcionarios de Volcan Cía Minera y de Cía Minera Quiruvilca, antes en manos de Panamerican Silver, y hoy SPM es la propietaria de Ariana Operaciones Mineras SAC, titular del proyecto Ariana. Las preguntas que se caen de maduras son ¿Cómo hizo SPM para que el 2016 MINEM le apruebe el EIA del proyecto Ariana ubicado entre las fuentes de agua para Lima ubicadas en la cabecera de la cuenca del Atlántico y que se derivan hacia la costa del pacífico mediante un túnel trasandino?

Agua de Lima en riesgo

Ello porque existe un alto riesgo de ingreso de material del relave a través de la boca del túnel y porque precisamente el EIA aprobado no contempla estaciones de monitoreo ambiental en la entrada y en la salida del túnel. Todos los componentes del proyecto han sido diseñados dentro de la huella colectora del Sistema Marca, por lo que cualquier derrame va a ir directo a los canales de coronación del sistema y de inmediato ingresará al túnel trasandino.

Lo cierto es que hay demasiadas coincidencias en favorecer a la empresa SPM que demandan una seria investigación y revisión del traslado y la responsabilidad del plan de cierre de la unidad Quiruvilca al Estado, así como, del proceso de aprobación del EIA del proyecto Ariana y los permisos. Al respecto, en la fundamentación de la aprobación del EIA, Informe 385-2016-MEM/DGAAM/DNAM/DGAM/D del 29 de abril 2016, se afirma que “(…) la propuesta de localizar el depósito de relaves colindante al túnel trasandino debe ser descartada y adjuntar otras alternativas viables para su ubicación (…)”, lo cual ha sido ratificado en la aprobación del EIA y consentido por la empresa minera, sin embargo, esta última insiste en construir la relavera en el mismo lugar, desacatando lo establecido en dicho informe de la certificación ambiental. La DGM no realizó un análisis de riesgo, incumpliendo con lo establecido en el anexo 07 del reglamento de seguridad minera del MINEM.

Por lo señalado, no hay las garantías del caso en el proyecto Ariana, y el sindicato y el directorio de Sedapal tienen razón en estar preocupados y alertas. Habría que saber quiénes son los verdaderos dueños de SPM y quiénes son los funcionarios que le han facilitado las cosas aun a riesgo de afectar a toda la población de Lima porque un aumento de la contaminación del agua para la ciudad capital del Perú se traduce en un mayor costo del procesamiento para obtener agua potable en la planta de La Atarjea, y esto presionaría al alza la tarifa pública del agua.

Preguntas: ¿Por qué la DGM no alertó del perjuicio para el Estado Peruano y el país en los casos de la unidad minera Quiruvilca y del proyecto Ariana? ¿Por qué se aprobó el EIA del proyecto Ariana sabiendo las implicancias de la contaminación y el costo de la disponibilidad del agua para la población de Lima? ¿Por qué la DGM no devolvió el expediente a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) para que esta revise la inconsistencia identificada en el EIA? ¿Qué garantías ofrece hoy SPM en el proyecto Ariana frente a la evidencia de hechos inaceptables para el país?

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/ariana-y-quiruvilca-dos-caras-de-una-misma-empresa-beneficiada-en-perjuicio-del-peru/?fbclid=IwAR3CYyK_yMuZPoFJcdrNsGJ4xXjqaVTkfzIHlmvt0P3vhgZkTAYHCgOsrzw

 

 

Colombia

¡No es de forma, es de fondo!: Los reparos de la ANLA y el rechazo del COA a la AngloGold Ashanti

Después de las elecciones realizadas el 27 de octubre del presente año, la empresa sudafricana AngloGold Ashanti inició una fuerte campaña mediática en diferentes medios de comunicación nacional, intentando mejorar la cuestionada imagen de un proyecto que ha carecido de legitimidad, caracterizándose por ser un modelo impositivo que ha vulnerado  -desde hace más de 10 años-  el derecho a la participación efectiva de la comunidad, agudizando la división social, interfiriendo en decisiones municipales, militarizando el territorio y estigmatizando al movimiento social.

Mediante su estrategia mediática ha intentado demostrar las “buenas prácticas mineras” bajo su política de “responsabilidad social empresarial”, intentando ocultar la fuerte oposición que lleva más de diez años y que se ha expresado de diversas formas en el suroeste de Antioquia, como han sido las vigilias por la defensa del territorio, la travesía por el suroeste de Antioquia:

Un abrazo a la montaña, los encuentros regionales de economías indígenas y campesinas, los encuentros regionales de mujeres y de jóvenes, los cabildos abiertos, los Consejos de Concejales, acuerdos municipales, iniciativas de consulta popular, entre otras acciones más.

Esta estrategia mediática intensiva le apuesta a mejorar la imagen corporativa en su proceso de licenciamiento social y ambiental. El pasado 29 de noviembre Minera Quebradona radicó ante la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA), el estudio de impacto ambiental (EIA).

Para el 10 de diciembre  la ANLA le devuelve la solicitud a la empresa minera manifestando tres reparos:

1. No presentó información completa para los permisos de captación de aguas superficiales,vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal, entre otros.
2. La geodatabase no está debidamente estructurada.
3. Faltó certificado actualizado expedido por el ministerio del interior de la presencia o ausencia de comunidades étnicas o territorios colectivos en el área de influencia. Consecuentemente un vocero de la empresa emite concepto, en el periódico El Colombiano, manifestando que esta devolución es de forma y no de fondo.

 

Sin embargo, desde el Cinturón Occidental Ambiental –COA– queremos reiterar que más allá del concepto de la ANLA, persiste un problema de fondo y no de forma. El proyecto Quebradona de AngloGold Ashanti ha sido un modelo que nunca fue construido con la gente, ni ha sido aceptado por el suroeste de Antioquia, tampoco es producto de las necesidades nuestras, ha dividido comunidades e interfiriere persistentemente en la posibilidad de continuar la construcción de proyectos de vida propios.

Durante estos 10 años de movilización permanente contra el proyecto minero, desde los rincones de las montañas y ríos, continuamos fortaleciendo y articulando proyectos de vida que son producto del sentihabitar de los pueblos indígenas y campesinos, de mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y abuelos en la edificación del Territorio que nos soñamos.

Como el conflicto es de fondo y no de forma, nos oponemos al proyecto Quebradona porque en estas majestuosas montañas le apostamos a la construcción de Territorios Sagrados para la Vida, propuesta que nace de la articulación regional y que se erige a partir de la tradición campesina y la cultura Embera, desde prácticas productivas y culturales de la economía familiar campesina, los sistemas agroecológicos, los circuitos económicos solidarios, los trapiches comunitarios, la gestión comunitaria del agua, los sitios sagrados, las zonas de protección y el patrimonio cultural y ambiental.

Como nuestras luchas son de fondo y no de forma, continuamos conquistando espacios para consolidar los procesos de participación social efectiva y afectiva, que trasciende hasta más allá del infinito, que no se limita a las listas de asistencia. Este proceso se estructura desde los cabildos comunitarios, consultas autónomas, mandatos populares, círculos de mujeres, audiencias autónomas, planes de vida comunitarios, entre otros procesos más.

 

El movimiento social se fortalece cada vez más

Continuaremos defendiendo nuestros mandatos populares, entre ellos, su declaratoria como actores no gratos para el suroeste de Antioquia. Desde las escuelas agroecológicas, las escuelas de sustentabilidad, la polinización del territorio, las escuelas de arte y cultura, desde la pedagogía de la madre tierra, las fincas escuelas, las cátedras del territorio, las casasmadre del territorio, las salas patrimoniales, desde los medios de comunicación comunitarios y alternativos, desde las mesas de concertación social: plan de vida comunitario… continuaremos nuestras resistencias, ratificando permanentemente que estamos construyendo nuestros planes de vida comunitarios y autónomos.

NO PERMITIREMOS QUE NOS ARREBATEN LA POSIBILIDAD DE DECIDIR CÓMO QUEREMOS VIVIR.

LARGA ES NUESTRA LUCHA Y CADA VEZ SOMOS MÁS

 

Fuente:https://www.contagioradio.com/no-es-de-forma-es-de-fondo-los-reparos-de-la-anla-y-el-rechazo-del-coa-a-la-anglogold-ashanti/

Mexico

Hay 15 millones de mexicanos con sed, pero 70% del agua la tienen refresqueras, mineras y lecheras

Especialistas de la UNAM y la UAM, así como activistas de la a coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, plantearon los diversos conflictos que vive la población mexicana para acceder al derecho humano al agua.
Para explicarlos, se remontaron a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la promulgación de Ley de Aguas Nacionales, que no contempló el acceso al agua como un derecho humano en la Constitución.

Aunque el agua es de titularidad pública, está “de facto” en manos de grandes empresas en México, las cuales controlan buena parte de su uso amparadas por una Ley que no contempla el derecho humano a este recurso. Además de esto, un 10 por ciento de la población mexicana no tiene acceso al agua potable, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con expertos consultados por Efe con motivo del Día Mundial del Agua, desde 1992 un 7 por ciento de –mineras, embotelladoras, lecheras– controlan el 70 por ciento de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más vulnerables.

El coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez, explicó que para entender las desigualdades hay que conocer el derecho humano al agua, que incluye obligaciones para el Estado y las empresas.

Por derecho, el agua debe tener un flujo constante y continuo, estar limpia y en condiciones óptimas, estar físicamente accesible, ya sea en el hogar del ciudadano o a una distancia mínima.

También el agua debe ser fácil de obtener desde el punto de vista económico y el ciudadano debe tener acceso a información exacta sobre la situación del líquido en el país, pero no siempre sucede en México.

Además, el agua tiene que distribuirse de forma equitativa a todos los sectores de la población, algo que tampoco termina de cumplirse como es debido en el país. Tampoco sucede.

Tomando esto en cuenta, Gutiérrez entiende que en México, “en general”, se está violando el derecho humano al agua.

Para afirmar esto se basa en la citada desigualdad a la hora de distribuir el agua, pues a menudo no se sabe “qué cantidad de agua se tiene ni qué calidad”.

Además, algunas familias que viven en condiciones de pobreza tiene acceso a agua una vez cada 8 días, o deben gastar el 15 por ciento de su salario para obtenerla.

A esto, el coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pedro Moctezuma, agregó en entrevista con Efe que 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua.

TLCAN Y LEYES DEL AGUA

Para entender cómo se llegó a esta situación es necesario remontarse a 1992, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el año pasado fue reemplazado por otro pacto denominado T-MEC y que está pendiente de su ratificación.

El TLCAN, entre Estados Unidos, Canadá y México, establecía que el acceso al agua es un componente importante para las inversiones.

Ese mismo año se creó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en la cual no se contempla el derecho humano al agua pues todavía no este no aparecía en la Constitución.

Se dio un proceso opaco en torno a la entrega de concesiones bajo el principio de que el agua pertenecía al primero que la solicite.

Sobre este contexto, los oligopolios empresariales vieron una gran oportunidad.

“Esa ley concibe al agua como un recurso que hay que distribuir, pero todos esos elementos que contiene el derecho humano al agua nunca fueron contemplados”, asegura Gutiérrez.

En aquel entonces, el agua “era concebida casi como un recurso infinito que había que llevar de un lado a otro sin tomar en cuenta las necesidades de las personas ni de la naturaleza”.

La coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) de la UAM, Elena Burns, indicó a Efe que el objetivo de la ley anterior fue “crear un mercado del agua”.

“Las concesiones fueron objetos de compra y venta con la idea de que el agua quedara en manos de los que podrían hacer un uso más productivo y rentable de ella”, precisó.

En 2012 se incluyó en el articulo 4 de la Constitución el derecho humano al agua y se dio a los legisladores 365 días para publicar una Ley General de Aguas, algo que finalmente nunca sucedió.

Moctezuma va más allá y habla del llamado “huichicoleo del agua”, que se da a través de desviación ilegal del recurso a grandes empresas.

El huachicoleo es una palabra que en México alude al robo y venta ilegal de hidrocarburos, ahora extrapolado a la distribución del recurso hídrico.

“Estas empresas tienen a pozos clandestinos”, sostiene el especialista.

No obstante, identificar a esas empresas beneficiadas resulta sumamente complicado: una empresa puede dividirse en cientos de filiales.

Gutiérrez considera esto como “el gran problema para monitorear a las empresas”.

“Las grandes multinacionales del agua tienen una cantidad increíble de empresas diversificadas”, asegura.

Sobre este escenario se ciernen dos imágenes contrapuestas: en la localidad de Alpuyeca, en el estado de Morelos, la gente tiene agua una vez a la semana durante tres horas.

Enfrente, un gigantesco campo de golf se riega diariamente con agua potable.

“Como este caso hay cientos en el país, ahí descubres cómo las concesiones están siendo otorgadas a actores que hacen mucho dinero con el agua”, concluye.

UN 10% NO TIENE ACCESO A AGUA POTABLE

En un boletín, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) de la UNAM, Manuel Perló precisó que son entre 12.5 y 15 millones de personas las que sufren la falta del recurso en el país latinoamericano.

La falta de agua potable se da principalmente en áreas rurales, pero también en las zonas marginadas de las grandes ciudades.

“Esas personas padecen problemas de salud y de higiene ligados a la falta de agua. Tenemos una deuda con ellos”, señaló.

De las personas que sí reciben el líquido, alrededor del 30 por ciento no lo obtiene con la cantidad ni la calidad suficiente.

“El derecho al agua se encuentra en nuestra legislación, pero no se cumple”, recordó.

Fue en 2012 cuando se incluyó en la constitución el derecho humano al agua y se dio entonces a los legisladores 365 días para hacer una Ley General de Aguas, algo que nunca se hizo.

El doctor en planificación urbano-regional destacó que en territorio mexicano los recursos hídricos están distribuidos de forma desigual.

“La mayoría están en el sur-sureste, pero en el centro y norte, donde se encuentra la mayor cantidad de población y la economía, hay menos”, expuso.

Esto influye en la compleja infraestructura para llevar agua a algunas zonas del país.

El especialista apuntó también que de los 653 acuíferos en México, 105 están sobreexplotados.

Los acuíferos son fuentes subterráneas de las que se extrae el líquido a través de pozos y bombeo, que pueden estar a diferentes profundidades: de 50 a 300 metros.

“Pero se les extrae mucha más agua de la que pueden captar de forma natural, y el número de acuíferos sobrexplotados ha aumentado en los últimos años”, apuntó.

En 1975 solamente 32 estaban en esa condición, en 2018 la cifra aumentó a 105.

Al respecto, Perló recomendó potenciar una política de reutilización del agua. En el país solo se trata la mitad del líquido, cuando lo ideal sería hacerlo en un 90 por ciento.

El consumo promedio es de 322 litros por persona al día, además, el 40 por ciento del agua se pierde en fugas.

La captación de agua de lluvia podría ser una buena solución para la escasez que sufren algunos grupos poblacionales.

“En lugares con parques públicos se puede captar agua de lluvia. Estos espacios no deberían depender solo del agua que reciben del sistema general de distribución, sino que ellos mismos deben captar, almacenar y utilizar el recurso para su propio uso”, propuso.

 

Fuente:https://www.sinembargo.mx/22-03-2019/3554451

Internacional

El Poder Popular en Rumania detuvo un proyecto minero. Ahora la Corporación está demandando por miles de millones de dólares.

Activistas de justicia ambiental rumanos y estadounidenses se manifestaron en Washington, DC, ante una audiencia del tribunal del Banco Mundial sobre un caso presentado por Gabriel Resources, con sede en Canadá.

Recientemente, un grupo colorido se reunió frente a un edificio del Banco Mundial en el centro de Washington, DC para defender una comunidad a 5.000 millas de distancia en Rumania. La mayoría nunca se había conocido, pero cuando cada uno señalaba a ella o su letrero dibujado a mano, eran sonrisas y asentimientos. Y antes de que lo supieras, estaban cantando consignas juntas como si hubieran hecho esto antes, incluyendo una en el idioma rumano: «Uniti Salvam Rosia Montana».

Varios ciudadanos rumanos se unieron a la manifestación por activistas del Centro de Derecho Ambiental Internacional, el Instituto de Estudios de Políticas, Earthworks, la AFL-CIO y otras organizaciones de justicia ambiental de Estados Unidos. Todos se habían unido para defender un lugar llamado Rosia Montana.

Ubicada en la región montañosa y rica en recursos de Rumania, Transilvania, Rosia Montana es una hermosa ciudad con una historia que se remonta a 2000 años atrás. Este lugar, sin embargo, tiene una importancia inefable que va más allá de su importancia histórica. Hoy, es un ejemplo inspirador de cómo un grupo de obstinados agricultores locales luchó por sus hogares, su comunidad, sus tierras y su patrimonio cultural ante el asalto de una empresa minera canadiense, Gabriel Resources.

Esta corporación quería destruir a Rosia Montana convirtiéndola en la mina de oro a cielo abierto más grande de Europa, lo que representa una grave amenaza ambiental debido al uso de cianuro tóxico. Fue David contra Goliat. Gabriel tenía el dinero, tenía conexiones con los niveles más altos del poder y controlaba los medios de comunicación de Rumanía a través de contratos publicitarios millonarios. En Rosia Montana, libraron una guerra, comprando infraestructura comunitaria vital, como tiendas, el dispensario local, etc. para cerrarlos. También ofrecieron dinero para casas y dividieron la comunidad, enfrentando a los miembros de la familia.

Muchos locales cedieron. Pero un grupo de propietarios se resistió. Para ellos, un hogar y raíces significaban más que cualquier dinero en el mundo. Se unieron, organizaron una campaña poderosa y demandaron para bloquear permiso tras permiso. Y cuando bloquearon la propuesta de la mina en todos los rincones legales, los accionistas de Gabriel se impacientaron y se volvieron aún más desagradables. Presionaron a su socio en crimen o empresa conjunta, el gobierno rumano, para aprobar una ley para acelerar la mina. Aquellos que se nieguen a irse podrían ser rápidamente expropiados.

Afortunadamente, la lucha de 15 años de los lugareños no pasó desapercibida. Se había extendido de boca en boca y luego, a través de las redes sociales. En 2013, cuando el gobierno propuso esa ley ilícita, cuando todo parecía oscuro y sombrío, una nación entera inspirada en la terquedad de la resistencia de Rosia Montana acudió a su apoyo.

Para los árbitros, Rosia Montana se trata de dinero, dinero y nuevamente dinero.

Cientos de miles salieron a las calles hasta que el gobierno retrocedió. Juntos ganaron. Este momento, conocido como «el otoño de Rumania» fue equivalente a una revolución, a un despertar nacional. La gente, joven o vieja, urbana o rural, se dio cuenta de que si luchan juntos, pueden ganar juntos. El lema que acuñó este momento es «Uniti Salvam Rosia Montana!» – unidos salvamos a Rosia Montana.

El 13 de diciembre, los árbitros del CIADI se reunieron para lo que bien podría ser su última audiencia antes de anunciar su fallo en la primavera del próximo año. Es muy probable que Gabriel esté utilizando esta demanda para presionar al gobierno rumano para que llegue a un acuerdo de solución antes de este fallo, que podría incluir la iluminación verde de la mina de oro.

Fuente:https://inequality.org/research/romania-mining-icsid/?fbclid=IwAR1lR6Eg8ew5eUMunLhaUDcXxxWvHJSLRkHyLgTzzrqYkp9Z15tErEDlrGM

Perú

Perú. El viejo cuento de “Agua Sí, Oro También” otra vez

Durante esta semana, nos sorprendió un artículo escrito por el conocido político y ex gobernador de Ica, Fernando Cillóniz, denominado “Agua sí, oro también”, el cual trata de recolocar en el debate la idea que solo la gran minería salvará al país, y que las resistencias y cuestionamientos de la gente, solo son radicalismos y manipulación de peligrosos antimineros.

El artículo se centra en “analizar” el caso Cajamarca,  a partir de la presencia de Minera Yanacocha y su aporte.  Es casi surrealista la forma como Cillóniz describe la supuesta época de oro y bonanza de Cajamarca- que dice haber conocido-  ubicándola entre el 2012 y los años siguientes.  Dice entonces que en aquella época,  Yanacocha llegó a producir tantas onzas de oro y había tanto dinero en Cajamarca, que se construían escuelas, hospitales, carreteras, reservorios, plantas de tratamiento de agua, etc., etc., etc.  Pero no queda ahí su relato, habla de los grandes bosques de pino que se sembraban,  la ganadería y la industria lechera que prosperaban, y la agricultura y la pisicultura que crecían de mano de “su” minería. Solo la faltó decir que la leche y la miel manaban por los campos.

Este artículo no debiera pasar de ser una anécdota, por la falta de rigurosidad mínima con la que escribe, proporcionando de manera ligera una serie de datos que solo con un poco de memoria y un primario googleo, se puede establecer que son falsos. No señor Cillóniz, el 2012 no era la época de la bonanza minera donde todo florecía,  fue la época del peor conflicto enfrentado con esta actividad, el conflicto Conga, que nos dejó 5 muertos y decenas de heridos.  No, esa no fue la época del boom y mayor producción de oro, el descenso progresivo de la producción y por tanto del canon minero, se verifica mas bien en esta etapa, concretamente del 2010 para adelante, y tiene que ver con el agotamiento de las reservas mineras y la intensa explotación sufrida por las vetas de alta ley.  Conforme a los propios datos del Ministerio de Energía y Minas, el año récord de producción de oro por Yanacocha fue en el 2005, cuando registró un volumen de 3 millones 333 mil 088 onzas troy, pero, para ser precisos la bonanza no era para los cajamarquinos, pues conforme a cifras del INEI, ese mismo año la región entraba en el primer quintil de pobreza, ocupando el cuarto lugar. En el 2012 ciertamente Yanacocha declaró las cifras más altas de inversión, pero ojo, la inversión de capital que hizo no fue para la construcción de escuelas, hospitales o sembrar árboles; fue para la construcción de Conga, su nueva mina que luego quedaría paralizada al evidenciarse los impactos que generaría y que no habían sido informados a la población.

Efectivamente, este artículo entonces no debería de pasar de ser solo una anécdota, de no ser porque tiene una clara finalidad: seguir afianzando el falso mito sobre el rol del extractivismo minero en el país, maximizando sus supuestos beneficios, tratando de ocultar los graves impactos a nivel ambiental y social que ha generado, e invisibilizando las serias distorsiones económicas que causan.

Que Cajamarca está en una etapa de desaceleración económica por las bajas recaudaciones que ahora tenemos, es cierto, sin embargo, la razón de ello, es la poca responsabilidad que se tuvo promoviendo una política extractivista en esta región, volviéndola dependiente de la minería, convirtiéndola en un enclave, que implicó que los esfuerzos se concentraran en privilegiarla, deprimiendo así las actividades tradicionales como la agricultura y ganadería.  Prueba de ello es que Cajamarca habiendo sido una de las cuencas lecheras más importantes de país antes de los 90, pasó a ser rebautizada abrupta y arbitrariamente como “Cajamarca región minera”, lo que causó un progresivo abandono de las políticas a favor de la agricultura, la ganadería o la forestación.

Los grandes beneficios tributarios, cambiarios y administrativos ofrecidos a la minería, hacían imposible que otras actividades económicas pudieran competir con la misma, y lo que es peor, los privilegios de esta actividad, que por ley fue calificada de Interés público y Necesidad Nacional [1], permitían que se desarrolle no solo sobre territorios tradicionalmente dedicados a la producción, sino sensibles ambientalmente, como las zonas colectoras de agua; aquello es lo que generó los conflictos, las resistencias, que aún subsisten en la región, sobre todo en la zona rural afectada que considera que el único “legado de la minería” fue dejarlos sin agua y contaminados.

Depender de una sola actividad económica, cuyo crecimiento y rendimiento depende de los mercados internacionales, es la forma más endeble y peligrosa de sustentar una economía, pues cuando las condiciones internacionales cambian, la economía interna cae estrepitosamente sin posibilidad de contrarrestar el efecto con otras actividades; es la “enfermedad holandesa” de la que hablan los economistas.   Esto es lo que está pasando en Cajamarca, años de extraer mineral, años de otorgar beneficios a la gran minería, sobre todo tributarios, años de deprimir a otras actividades económicas sostenibles, solo ha traído más riqueza para las trasnacionales, más miseria para Cajamarca, ahora ubicada en el primer lugar de pobreza en el país. La forma de distribución de los recursos recaudados en canon, sumada a sus restricciones legales y la falta de capacidad de gestión, no sirvieron para construir una sola carretera de envergadura, un solo hospital de primer nivel, o impulsar alguna otra actividad productiva.

Y como una cachetada a la pobreza de Cajamarca, este 5 de diciembre último, el gobierno publicó mediante decreto de urgencia la ampliación por 3 años más de un beneficio para las mineras, la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal.  Es decir en lugar de exigirles más inversión social o responder por los grandes daños ambientales provocados, les devuelve dinero, supuestamente para que sigan invirtiendo.

Así no podemos seguir promocionando esta actividad como la gran oportunidad de desarrollo, la evidencia no solo nos muestra lo contrario -por más que el señor Cillóniz y otros personajes nos quieran hacer creer en cuento-  sino que así como se promociona es una amenaza para los pueblos y sus modos de vida. Y en Cajamarca lo sabemos muy bien.

 

Fuente:https://kaosenlared.net/peru-el-viejo-cuento-de-agua-si-oro-tambien-otra-vez/?fbclid=IwAR1bQRQxyK_MqAzkIbVTEJjDHxS6sfaiZ5bnxtA57A3FTuHz6IoQhOJFn4U