Argentina

Convocan a una marcha por el No a la Mina

El próximo jueves 26 de diciembre vecinos de Esquel realizarán una marcha a partir de las 19hs en la plaza San Martín, en contra de la instalación de un proyecto minero en la meseta, Esquel y la zona.

Viviana Moreno, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la mina, en diálogo con Postales de Radio, describió cómo fue el comienzo del tema minera en la región y cuáles son los daños que puede provocar la exploración minera. “Detrás de la gente que apoya a la minería, hay intereses económicos”, manifestó Moreno.

 

Fuente:http://www.radionacional.com.ar/convocan-a-una-marcha-por-el-no-a-la-mina/?fbclid=IwAR0maVNi_PYMKE0Uq8i-m7YuAzrCKYrFMTrA-dp2OK75EuVAeXmfA0z3vC0

Internacional

Minería submarina: la actividad más lucrativa del rubro y ambientalmente incompatible

La Convemar provee artículos regulatorios en las Partes XI, especialmente su Anexo 3, hasta la Parte XIV, que abundantemente encausan el accionar de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM) para la protección de los fondos marinos. Aun cuando fueron escritas hace ya más de cuatro décadas, el trabajo de los legisladores de entonces demostraron una buena cultura ambiental.

La actividad minera es extractiva por naturaleza y la que se pretende hacer en los fondos marinos también lo es. A la fecha existen 18 contratos para nodules de manganeso: 16 en el Océano Pacífico y 1 en el Océano Índico. Los primeros 6 contratos fueron regularizados en el año 2001 (IOM, JSC Yuzhmorgeologiya (Rusia), IFREMER (Francia), KYOST (Korea), DORD (Japan), COMRA (China). Luego, BGR (Alemania) en 2006. Después en el 2011 nuevos contratos fueron adjudicados en esta región del mar internacional. NORI (Nauru) seguido por TOML (Tonga); en 2012; los siguieron GSR (Belgium), UKSRL1(UK) en 2013.

Para el 2015 se unieron a la exploración submarina MARAWA (Kiribati) y OMS (Singapore). En 2016, UK solicitó un segundo lugar: UKSRL2 (UK). El mismo año Cook Island (CIC) se adjudicó un sitio para la exploración submarina. Finalmente en el 2017, CIM aplicó por un segundo lugar para la República de China (fuente: www.isa.org.jm). El total del área ya otorgada para la exploración excede 1 millón de kilómetros cuadrados, algo equivalente al tamaño de Bolivia, Egipto o Mauritania. Notemos que la superficie de Chile no excede los 800 mil kilómetros cuadrados. Esto solo en el Océano Pacífico del Norte; entre las costas de México y la Isla de Hawaii.

Todos los contratos mencionados están diseñados para la exploración con la intención de explotar (extracción) los elementos encontrados en nódulos de manganeso (ore), que se encuentran en las profundidad del océano, en la superficie de los sedimentos. Lo importante de la fecha de regularización es que cada contrato de exploración es concedido por 15 años. Los primeros en expirar fueron extendidos por 5 años más y ya están por expirar definitivamente. Una vez terminado el tiempo de exploración (15 + 5 años), el contratista debe renunciar a la concesión o aplicar por una licencia de explotación. Pero también existe la provisión de comenzar explotación en cualquier momento después de comenzado el tiempo de contrato por exploración.

La última opción se hizo evidente después de 2012 ( https://www.theguardian.com/business/2013/mar/14/david-cameron-seabed-mining-worth-40bn) y se aplica a los tres ores: nódulos, costras de cobalto de las montañas submarinas y masivos polimetálicos de las dorsales oceánicas. La semana pasada se aprobó el contrato número 30 a China (Beijing Pioneer Hi-Tech Development Company; fuente: ISBA/25/C/30). Este último contrato es para nódulos de manganeso ubicado en las cuencas oceánicas del Océano Pacífico Noroeste.

En las dorsales oceánicas del Océano Atlántico del Norte, existen ya 3 contratos para explorar/explotar los ventiladores termales, Russia (2012), IFREMER (Francia) (2014) y Polonia (2018). En la dorsal del Océano Índico existen ya 4 contratos para esos ventiladores oceánicos, a saber, China (COMRA en 2011), Korea (2014), BGR-Alemania (2015) e India (2016). Nuevamente las provisiones de la CONVEMAR establecen que estos contratos expiran también en 15 años. Los primeros contratistas que deberán decidir por una extensión o aplicación por explotación es en 2027. Como mencionado en el párrafo anterior, explotación puede comenzar en cualquier momento.

Las montañas submarinas tampoco se escapan, esas ubicadas en la Zona y que cada una de ellas por ser unidades ecológicas indivisibles, cada una es patrimonio común de la humanidad. COMRA (China) y JOGMEC (Japan) en 2014 (ambas en el Océano Pacífico del Oeste) regularizan contratos para la exploración de montañas submarinas para despojarlas de sus costras polimetálicas enriquecidas en cobalto. Rusia (Océano Pacífico del Oeste) y Brasil ( Río Grande Rise-Atlántico del Sur) regularizan contratos en montañas submarinas en el 2015.

República de Corea en 2018, firma un contrato en la región del Océano Pacífico del Oeste. Nuevamente las provisiones de la Convemar establecen que estos contratos expiran también en 15 años. Los primeros contratistas de las montañas submarinas –habitats fundamentales para peces de uso comercial- deberán decidir explotar a mas tardar en 2029.

Cuando un contrato de exploración llega a los 14 años, el contratista debe decidir: 1) continuar con el contrato, solicitando una extensión ó 2) puede solicitar un aplicación para un programa de explotación 3) rescindir el contrato a la autoridad. Para tomar esta decisión tiene 6 meses antes de llegar a los 15 años.

En el caso de que el contratista decida extender la exploración (ya lo han hecho 7 contratistas de nódulos de manganeso; aquellos que firmaron en 2001 y 2002), debe enviar una solicitud para la extensión a la AIFM. En la realidad, después de 15 años de exploración, 7 contratistas no estaban convencidos de poder realizar minería submarina y solicitan la extensión que es aprobada por la AIFM, a los siete.

Los argumentos (guiados por la Autoridad) fueron basados en desventajas de mercado o causas de fuerza mayor. Lo importante es que nadie solicitó una licencia de explotación.

La Convemar y en el documento ISBA/21/C/19, establece qué información debe ser incluída como requisito para aplicar a un extensión del plan de trabajo de la exploración a caducar. La aplicación para una extensión implica que todo el trabajo acordado por contrato, llamado Plan de Trabajo Aprobado, ha sido realizado a totalidad. Esto significa que completaron todos los requerimientos ambientales obligatorios y descritos en ISBA/19/LTC/8, ISBA/21/LTC/11 e ISBA/21/LTC/15. De los requerimientos obligatorios destacan: resumen de toda la información ambiental colectada para el referente de base de línea siguiendo las recomendaciones de LTC y la AIFM, contenidos en ISBA/19/LTC/8, ISBA/21/LTC/11 e ISBA/21/LTC/15. Esto significa que los 7 contratistas en un periodo de 15 años, han terminado su programa de monitoreo ambiental para establecer la base de línea para poder generar un Estudio de Impacto Ambiental cuando soliciten un permiso de explotación.

El contratista debe cumplir con todo los requerimientos ambientales obligatorios que los documentos ISBA/19/LTC/8, ISBA/21/LTC/11 e ISBA/21/LTC/15 establecen. Para los ambientes de nódulos esto significa más de 100 variables que deben medirse no una vez sino que temporalmente. Brager et al., (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X18304329?via%3Dihub), analiza los requerimientos y concluye: 1) existen 12 temas ambientales que no han sido incluidos en el desarrollo de la linea de base por los contratistas, 2) cada uno de ellos deber ser revisado críticamente por expertos en estudios ambientales; es decir se debe desglosar esta información en forma publica ( se trata de saber que ocurrirá con nuestro patrimonio común) y 3) de no confirmar 1 y 2, entonces se debe pensar en un estudio de línea de base no aceptable, pobre, lo que significaría que no se podrá realizar un estudio de impacto ambiental estadísticamente sólido que pueda dar garantías de que las actividades mineras en los fondos oceánicos no impactarán nuestro patrimonio común de la humanidad.

En términos prácticos, esto significa una buena cobertura de muestras, no como los son ahora; una muestra cada 1.000 kilómetros cuadrados; la excepción es un contratista: una muestra de fondo marino cada 45 kilómetros cuadrados (fuente: BBNJ-UN, NY 2017, Side Event). Una muestra cada 1,000 kilómetros cuadrados equivale a tomar una muestra en alguna parte de Santiago (Santiago de Chile cubre un área de 837,89 kilómetros cuadrados, INE), y describir la biodiversidad de la toda la Región Metropolitana. ¿Imposible, verdad?

También significa que es imposible colectar muestras en una misma área en tiempos sucesivos (cobertura temporal). A 5.000 metros sobre el fondo marino, desde un buque, no es posible saber exactamente dónde se colectó la muestra, GPS no funciona, solo se asocia a la posición del barco. Por lo anterior la cobertura temporal es dudosa. La conservación y protección de la biodiversidad característica de los ambientes marinos profundos, requiere estudios más adecuados (alta cobertura y estacionales) que los hechos por la mayoría de los contratistas a la fecha.

El estudio de la biodiversidad de los fondos marinos requiere que las especies sean clasificadas a nivel de especies. Existen análisis a nivel de familia, pero deben ser a nivel de especies. Además, no existe en el mundo científico actual el número adecuado de taxónomos expertos en fauna de los fondos marinos de la Zona. Esto significa que aun si los contratistas mejoran la cobertura espacial y temporal de la línea de base, no podrán identificar los organismos a nivel de especie, de hecho lo hacen a nivel de Clase con suerte Orden.

Una manera de mejorar este importante problema es a través de taxonomía molecular. Es fácil colectar material (muy poco material es necesario), análisis de ARN o ADN es rápido sin embargo, sin una buena base de datos genéticos de los animales que aún no se conocen, la mayoría son especies nunca antes vistas de los fondos marinos, ayuda poco.

La Convemar llama a proteger la biodiversidad (todas las especies) y el ambiente de los fondos marinos para las futuras generaciones (Parte XI, Artículo 139) donde llama a responsabilizar a los estados miembros por el daño causado a los fondos marinos en la Zona y luego Parte XI, Article 145; llama a la protección del ambiente marino, responsabilidad de todos los ciudadanos del planeta.

La Comisión técnica y legal de la AIFM, ha periódicamente señalado a la AIFM que un alto porcentaje de contratistas no cumplen con los requerimientos recomendados por la comisión en contenido y robustez estadística de los muestreos ambientales y que no entregan la información en el formato requerido (fuente: reportes de la comisión al consejo y en particular ISBA/25/C/19). Lo anterior implica que la base de línea ambiental no será la adecuada para poder justificar cualquier Estudio de Impacto Ambiental durante el periodo de exploración y menos aún durante explotación.

El 25 de Julio de 2019, la AIFM hará pública la base de datos de la Zona. Trabajo que comenzó hace más de 18 meses bajo mi responsabilidad cuando era Director de la Oficina de Manejo Ambiental y Recursos Minerales de la AIFM. Toda la información que se entregue es lo que existe y ha sido enviada con los reportes anuales por cada uno de los contratistas. Por primera vez en 25 años de la AIFM, sabremos qué han hecho (cualidad y cantidad) cada uno de los contratistas durante el periodo de exploración y cuán robusta estadísticamente es la línea de base ambiental en CCZ. También estará la información ambiental de las dorsales y las montañas submarinas, con sus contratos aun dentro de los 15 años de exploración.

En resumen la línea de base ambiental, pre-requisito fundamental para aplicar por una licencia de explotación, no parece un producto que haya pasado un filtro de calidad y certeza. La información es recopilada sólo por los mismos contratistas tenemos que tener fé de que entregan buena información.

Es claro que no todos hacen lo que está escrito en los contratos, como lo ha declarado reiterativamente la Comisión Técnica y Legal. Es decir esta actividad está aún en desarrollo con mucha incertidumbre técnicas y metodológicas para escalar hacia una fase de explotación en el futuro. ¿Entonces cuál es la justificación de la AIFM de apurar un código minero para 2020? ¿Por qué AIFM sostiene reuniones anuales exclusivas con los contratistas? ¿El efecto David Cameron, es la razón?

En justicia, la AIFM debería solicitar una Moratoria a la explotación hasta que los contratistas proporcionen garantías de que la línea de base ambiental, los estudios de impacto ambiental y los seguimientos ambientales sean robustos estadísticamente y aprobados por todos nosotros, los dueños de los patrimonios comunes de la humanidad. A la fecha ya sabemos que el incremento antrópico de CO2 en la atmósfera ha comenzado a tener efectos en los fondos marinos a más de 5.000 metros de profundidad. Aumento en la variabilidad de temperature, pH, y oxígeno disuelto.

Estas variables están impactando ya los comunidades submarinas de los fondos oceánicos, especialmente en el área en donde están los 16 contratos de nódulos. Ninguna de los impactos de las variables climáticas han sido incluidas en las regulaciones y reglas de la Convemar; menos aún en el borrador del código minero.

En otras palabras, el fracaso de no poder generar una línea de base ambiental apropiada por los contratistas a la fecha, hace que la minería submarina sea totalmente incompatible con el medio ambiente marino, que ciertamente lo impactará negativamente en forma local, CCZ, montañas submarinas y dorsales oceánicas, con repercusiones globales que serán exacerbadas por los cambios climáticos inducidos ya por el hombre.

 

Fuente:https://www.elmostrador.cl/noticias/2019/07/16/mineria-submarina-la-actividad-mas-lucrativa-del-rubro-y-ambientalmente-incompatible/

 

Internacional

Un día en la Cumbre Social del Clima: toca seguir diciendo Sí a la Vida No a la Minería

Durante la COP25 trasladada repentina e inesperadamente a Madrid tuvo lugar la Cumbre Social del Clima. El breve plazo existente para organizar y coordinar actividades fue un desafío acometido con gran eficacia encabezada por Ecologistas en Acción con colaboración de numerosas entidades ambientales, sociales y personas voluntarias.

Para quienes no contamos con base en Madrid resultó más complicado insertarnos en actividades y organización.

Aún así, junto al grupo de minería de Ecologistas en Acción, Salva la Selva, Yes to Life No to Mining, War on Want y la Cumbre de los Pueblos logramos organizar a contrarreloj una jornada para abrir un debate que creemos imprescindible. “La Cara Oculta de la Transición Energética” donde lanzamos la pregunta de a dónde lleva el auge del extractivismo de metales como el litio, el cobre o el wolframio y muchos otros habida cuenta de que la minería existente actualmente está generando problemas inconmensurables tanto ambientales como sociales.

Una de las cosas que más me impresionó, fue la afirmación de mi compañero en YLNM Wale Obayanju, quien dijo considerar que el extractivismo minero tendrá aún peores consecuencias que la extracción de combustibles fósiles, en cuanto a destrucción del medio circundante, al conllevar muchísimos más impactos en un territorio mucho más extenso. Wale es miembro de Health of Mother Earth Foundation HOMEF, y como tal, un conocedor en profundidad del grave impacto negativo causado por la extracción petrolera en Nigeria de la mano de empresas como Shell.

Por otro lado, Nicolás Quiroz, representante del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, llegó directamente desde la Cumbre de los Pueblos que a pesar del traslado de la COP a Madrid se mantuvo en Chile. Y su mensaje puso la defensa de la tierra en el centro. Su lucha particular es la defensa del agua en Chile, y relató la existencia comunidades en su país que ya no cuentan con acceso a este recurso vital a causa de las actividades extractivas en manos de empresas privadas que no tienen ningún respeto por los bienes comunes. Esto sucede no sólo en el ámbito de la minería, sino que se extiende también a otras actividades que consideran igualmente extractivas como la agroindustria. Otro de los mensajes que puso Nicolás sobre la mesa es la urgente exigencia de que Chile deje la COP, ya que un gobierno que está pisoteando los derechos humanos de su pueblo de la manera en que lo está haciendo el presidente Piñera no puede en modo alguno tomar parte en las discusiones internacionales. Crear este momento de unidad con el pueblo chileno ha sido un punto central durante esta Cumbre Social.

Asad Rehman, director de la organización británica War on Want, destacó especialmente las diferentes caras que ha tomado la lógica del extractivismo a lo largo de la historia desde el descubrimiento, pasando por la esclavitud, el colonialismo, el imperialismo y el neoliberalismo. Saquear a los pueblos del Sur para acumular riqueza en el norte ha sido la tónica común. Señaló especialmente que es imposible una transición energética justa dentro de dicha lógica. Hay que cambiar un modelo en el que los países del norte consumen diez veces más que los del sur, si se continúa desplazando a las personas de sus tierras y contaminando el entorno, dehumanizando y sacrificando a la gente.

Isidoro Albarreal analizó los pasivos ambientales de la minería ejemplificando con el caso de la catástrofe de Aznalcóllar, acontecida en el entorno del Parque Nacional de Doñana en Andalucía hace más de 20 años y lo comparó con la mucho más reciente catástrofe de Brumadinho en Minas Gerais, Brasil. Como parte del grupo de minería de Ecologistas en Acción, Isidoro manifestó también las preocupaciones existentes con respecto a la mina Rio Tinto, en la provincia de Huelva y expuso la peligrosidad de las balsas de residuos de la misma y la amenaza que suponen para las comunidades situadas más abajo de las balsas en caso de una posible rotura. Este riesgo ha sido evaluado por diferentes expertos y según los mismos existen temores fundados ante posibles accidentes. Son numerosas las minas que en todo el mundo se encuentran en similar situación.

Mientras los compañeros dieron testimonios e invitaciones a la acción muy concretas, y advirtieron de la urgencia y necesidad de cambio, Elena Solís, miembro también de Ecologistas en Acción llevó a cabo un análisis técnico y político del nuevo boom minero como tercera revolución industrial, advirtiendo de los impactos que traerá consigo inevitablemente la minería de materiales que se clasifican como críticos por su alta demanda y la dificultad por acceder a los mismos.

Por mi parte, intenté dar una visión rápida del rol central que juega en concreto la Unión Europea al priorizar políticas de materias primas para favorecer la transición y la supuesta decarbonización de la economía con su propuesta de un Nuevo Pacto Verde (Green New Deal) que es de todo menos verde y su Alianza Europea de Baterías. Brevemente presenté también las redes que van levantando estas denuncias, tanto a nivel global, como Ibérico como localmente, pues de la proximidad de la minería no se salva en estos momentos casi nadie y es importante seguir tejiendo redes y denunciando públicamente caso por caso para mostrar la realidad y dimensión de los alcances del problema minero-extractivo.

En este sentido, destaco la grata presencia y participación en el debate de miembros de luchas diversas en contra de proyectos destructivos, tanto dentro como fuera del estado español: No a la Mina en el Valle del Corneja, de Ávila, No a la Mina de Uranio Coordinadora de Salamanca y Salvemos las Villuercas de la provincia de Cáceres. También se escucharon testimonios preocupados sobre proyectos de fracking en Campos de Montiel y La Mancha, y del extranjero sonaron las voces de Macedonia e Indonesia.

En palabras de Nnimmo Bassey, activista nigeriano y que acudió a presenciar el debate sobre la cara oculta de la transición energética “aquí es donde tiene lugar la verdadera COP, y no en el espacio oficial”. Agradecemos su presencia a todas las personas que participaron.

Fuente:https://medium.com/@ecologistadelno/un-d%C3%ADa-en-la-cumbre-social-del-clima-toca-seguir-diciendo-s%C3%AD-a-la-vida-no-a-la-miner%C3%ADa-373c92bc82a2

Colombia

La mina de oro de Buriticá tendrá dueño chino en 2020

El 2020 será crucial para el proyecto minero Buriticá, ubicado en el Occidente de Antioquia, pues se espera que en el primer trimestre arranque la operación comercial y que Zijin Mining Group de China cierre el contrato por medio del cual adquirirá a Continental Gold, dueña de la mina.

La negociación tasada en 1.400 millones de dólares canadienses (3,7 billones de pesos a una tasa de cambio de esa divisa de 2.647 pesos) fue anunciada ayer por Luis Germán Meneses, gerente en Colombia de Continental Gold, quien precisó que la meta es que Zijin concluya la transacción en unos cuatro meses.

“En la medida en que la junta directiva de Continental le está recomendando a los accionistas votar a favor del negocio es porque, tanto la junta como la gerencia, consideran que este es un pacto favorable para todos los interesados en este proyecto”, expresó el empresario, quien agregó que Zijin tiene actividades en China y otros nueve países (ver Paréntesis).

Igualmente, aseguró que tanto las autoridades como la comunidad de Buriticá deben estar tranquilas porque Zijin está comprometida con seguir desarrollando el proyecto bajo altos estándares operativos, medioambientales y de manejo de la fuerza laboral.

La movida

Desde la presidencia de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, resaltó la realización de este negocio, explicando que este tipo de contratos son frecuentes entre las compañías que hacen el trabajo de exploración, licenciamiento y cuando están a punto de iniciar la explotación lo venden a otras.

“En este caso, el anuncio demuestra que las empresas y los proyectos mineros colombianos son atractivos para la inversión extranjera. Buriticá es una iniciativa exitosa en la parte exploratoria, en la gestión de recursos y en lo gerencial y por eso el apetito de los inversores chinos”, dijo.

En el mismo sentido se expresó Eduardo Chaparro, experto y asesor en minería, quien comentó que Zijin es una de las compañías más grandes del mundo en minerales metálicos. “Esa en una operación muy común en este sector productivo, así que con frecuencia una empresa vende sus activos para invertir en otra parte”.

También indicó que es recurrente que en la fase final del proyecto, la compañía que lo desarrolló se queda sin músculo financiero para completarlo así que prefiere enajenar. “La operación es normal, y no debe causar alarma. Esto lo que significa es que hay inversionistas que tienen confianza en que las cosas se están haciendo bien”.

El alcalde de Buriticá, Humberto Antonio Castaño, se declaró sorprendido tras conocer la negociación, pero confió en que el cambio en la propiedad accionaria del complejo minero conserve y garantice los compromisos y los beneficios asumidos inicialmente por Continental para su localidad y para los municipios del área de influencia de la mina.

Este diario intentó conocer la opinión de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, sobre este negocio, pero desde su despacho se indicó que por ahora no hará comentarios.

Más intereses

En un comunicado difundido por Continental se informó que Chen Jinghe, presidente de la junta directiva de Zijin, resaltó como el proyecto Buriticá es uno de los más grandes en el mundo y representará un gran complemento para el portafolio de activos internacionales de la compañía china.

Se espera que la mina produzca, en promedio, aproximadamente 250.000 onzas troy de oro anuales (7,7 toneladas) durante una vida de la mina de 14 años.

“Creemos que el importante volumen de recursos plantea excelentes oportunidades para expandir la producción y extender la vida de la mina. Continental ha avanzado exitosamente y minimizado los riesgos del proyecto, con producción comercial ya claramente a la vista y el primer vaciado de oro planeado para el primer semestre de 2020”, manifestó Jinghe.

Por su parte, Rafael Roldán, presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia (AIMC), planteó su inquietud por la llegada de la inversión china.

“Que el proyecto Buriticá pase de una multinacional a otra no debería generar cambios, pero tratándose de la inversión de un país poderoso como China, con ambiciones imperialistas y con la posibilidad de influir en las políticas de otras naciones, pensaría que es un negocio nefasto, y daría lugar para que muchas organizaciones que han estado en contra de la minería tengan otro argumento para renegar de la minería”, concluyó .

Contexto de la Noticia

Zijin fue creada en 1993, tiene como base la ciudad de Fujian, China, y es una compañía especializada en la explotación de oro, cobre, zinc, así como en la exploración y desarrollo de otros recursos minerales.

En su web sostiene que administra un portafolio extenso de recursos minerales a través de inversiones en China y en el exterior en nueve países. En Suramérica, por ejemplo, posee el 45 % de Río Blanco Copper un proyecto de cobre ubicado en la región de Piura, en el norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador, y su ingreso a Colombia sería la segunda inversión en este continente. Actualmente, está listada en las bolsas de valores de Shanghai y de Hong Kong.

 

Fuente:https://www.elcolombiano.com/negocios/zjin-compra-mina-de-oro-buritica-LE12075952

Colombia

Capturan a un alcalde en Santander por permitir minería ilegal

El funcionario, al parecer, facilitaba la explotación de un territorio cerca al páramo de Santurbán.

Miembros de la Fiscalía General de la Nación capturaron en las últimas horas al alcalde del municipio de California (Santander), Hugo Arnoldo Lizcano Pulido, quien estaría implicado en una red de minería ilegal que operaba cerca al páramo de Santurbán.

Junto al mandatario fueron detenidos por el Ejército Nacional dos miembros de la Fuerza Pública, el capitán Édgar Bernardo García Pineda, alias ‘El Primo’; y el sargento segundo (r) César Hernández Pérez, y dos civiles más (Arcesio Gamboa Lizcano y Marlon Giovanni Riaño Sánchez).

Según las investigaciones, los mencionados están señalados de conformar la banda de minería ilegal ‘Los Primos’, que se encargarían de direccionar el funcionamiento de este delito en la zona.

Según la Fiscalía, a los detenidos se les imputarán los delitos de invasión agravada de área especial de importancia ecológica (páramo de Santurbán), contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimientos mineros, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Las investigaciones que condujeron a estas capturas se iniciaron en febrero de este año y estuvieron a cargo de la Fiscalía 9 Especializada en Delitos Ambientales, el Batallón de Ingenieros Francisco José de Caldas y el Batallón de Contrainteligencia n. ° 2.

Las aprehensiones se hicieron efectivas en los municipios de California, Vetas y Bucaramanga.

Fuente:https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/capturan-a-un-alcalde-en-santander-por-permitir-mineria-ilegal-443010

Perú

Más de 10 millones de peruanos podrían quedarse sin agua por la construcción de una mina

Más de diez millones de peruanos desconocen que corren el riesgo de quedarse sin agua por una mina en la altura de los Andes que puede contaminar la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima y Callao, advirtieron organizaciones que buscan detener el proyecto minero.

La mina Ariana, de cobre y zinc, tiene previsto operar en el entorno de la laguna de Marcapomacocha, cuya agua es trasvasada por un túnel que cruza la cordillera de los Andes para suplir las necesidades hídricas de Lima, la capital peruana. Se trata de la segunda ciudad más grande del mundo después de El Cairo asentada en medio de un desierto.

Por ello las organizaciones CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL), que ya han denunciado este tema en ocasiones anteriores, presentaron un recurso de amparo para detener el proyecto hasta que existan las suficientes garantías de que no hay riesgo de que la actividad minera contamine el agua de la que depende una tercera parte de la población total de Perú.

“El caso ya está para sentencia. Ojalá que el Poder Judicial pueda tomar conciencia de este problema y podamos tener una sentencia para fines de este año o en la primera semana de enero”, indicó a Efe la abogada del IDL Maritza Quispe.
Las lagunas están ubicadas a más de 4.500 metros de altura.

Según la letrada, el proyecto minero Ariana amenaza tres aspectos fundamentales de la Constitución peruana, que son el derecho al agua, al medioambiente y a la salud, y así lo sustentaron ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, encargado de emitir un fallo en este caso.
RESIDUOS MINEROS A 500 METROS DEL TÚNEL

Para la ex congresista Marisa Glave el riesgo de contaminación de las aguas que abastecen a Lima es evidente, porque la laguna de residuos de la mina se ubicará a menos de 500 metros del túnel transandino, cuya estructura no es impermeable para recoger también el agua que se filtra dentro de las montañas.

El túnel atraviesa la cordillera de los Andes (foto: CooperAcción)
También las operaciones de la mina pasarán muy cerca de dos lagunas que nutren de agua a Marcapomacocha y utilizarán el curso de un río contemplado en un futuro para conducir sus aguas para el trasvase hacia Lima, aseguró Glave a Efe.

Asimismo, la ex legisladora advirtió presuntas irregularidades en el estudio de impacto ambiental, pues aparentemente el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no insistió en pedir a la empresa que haga estudios más detallados sobre la eventual filtración de aguas en la zona y dio luz verde para que la mina empiece a operar.

“El Minem ha cometido un error grave al aprobar así el estudio de impacto ambiental. Estamos de acuerdo con la exigencia del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) de hacer estudios internacionales complementarios”, añadió.

Meses atrás, el abogado Juan Carlos Ruiz recordó que la minera Southern Peaks, a cargo de la concesión minera Ariana, tiene malos antecedentes en la mina Quiruvilca, donde “dejó altos niveles de contaminación en las aguas”.
Lima ya pasó cuatro días consecutivos sin suministro de agua en 2017 cuando los constantes deslizamientos de tierra sobre el río Rímac por las intensas lluvias en la sierra andina impedían captar agua potable para la población, que hizo largas colas en depósitos para conseguir agua repartida en cisternas.

Lima, frente al Océano Pacífico, está construida sobre un desierto y no cuenta con muchas alternativas para el suministro de agua (Shutterstock)

DESCONOCIMIENTO GENERAL
Por su parte, el director de CooperAcción, José De Echave, indicó a Efe que gran parte de la preocupación que genera este proyecto se basa en que ha sido aprobado por todas las instancias del Estado con el desconocimiento de casi toda la población de la capital peruana.

“La población de Lima no está enterada de que en la cabecera de cuenca que abastece de agua a la ciudad se está ubicando un proyecto minero que, desde nuestro particular punto de vista, pone en riesgo ese abastecimiento. Es esencial que la gente esté informada”, sostuvo.

El también ex viceministro de Ambiente aseguró que la oposición a este proyecto no es una cuestión antiminera, ya que la cartera de proyectos de este tipo en Perú se acerca a los 60.000 millones de dólares y la inversión de Ariana es de solo 125 millones de dólares.
“Ariana es un excelente ejemplo de donde no debería haber actividad minera, precisamente en este tipo de ecosistemas que prestan servicios ambientales sumamente importantes”, concluyó.
Para la minera, no hay riesgo
En un artículo publicado este miércoles en el diario La República, el portavoz de Ariana, Luis Pariona, afirmó que el riesgo de contaminación de las aguas de Lima es inexistente y acusó a CooperAcción de desinformar para paralizar el proyecto y de dañar la causa ambiental en Perú.

“Es un riesgo que no existe, una falsedad que no han podido demostrar. Pero, al parecer, esto no les importa mucho, que sus objetivos de grupo están por encima de la veracidad, el prestigio y la legitimidad que una causa colectiva y derecho fundamental, como el acceso al agua potable, debe tener”, señaló Pariona.

Ariana, que se ubica entre las regiones de Lima y Junín, en el centro del país, tiene previsto contar con una planta para procesar un máximo de 2.000 toneladas métricas de cobre para comenzar a producir al año entre 45.000 y 50.000 toneladas de cobre y cerca de 30.000 toneladas de zinc.

 

Fuente:https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2019/12/12/mas-de-10-millones-de-peruanos-podrian-quedarse-sin-agua-por-la-construccion-de-una-mina/?fbclid=IwAR3wLm9c5e0YOM8mI6rF8bBgu9ZEEW3Uk2mZZKwN9orpE0gTKgOiYvKtSQ4

Internacional

Las familias de niños muertos en las minas de Congo llevan a los tribunales a Apple, Google, Microsoft y Tesla

Los afectados reclaman una indemnización por trabajos forzados y compensación adicional por enriquecimiento injusto, supervisión negligente y gran daño emocional

Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla son algunas de las empresas señaladas en la demanda interpuesta en EEUU, que puede sentar un precedente histórico

El cobalto es un elemento esencial para alimentar las baterías recargables de litio utilizadas en millones de productos de estas compañías tecnológicas

Los familiares de menores que han muerto o han quedado gravemente heridos mientras trabajaban en minas de cobalto en la República Democrática del Congo han interpuesto una demanda contra las compañías tecnológicas más importantes del mundo. En esta acción legal, que si prospera sentaría un precedente histórico, alegan que el cobalto que se extrae en estas minas sirve para alimentar teléfonos móviles, ordenadores portátiles y coches eléctricos fabricados por los gigantes tecnológicos.

Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla son algunas de las compañías demandadas. El bufete de abogados especializado en derechos humanos International Rights Advocates ha presentado la demanda ante un tribunal de Washington DC en nombre de 14 padres, madres o menores. En la demanda, se acusa a estas compañías de haber propiciado o instigado estas muertes o lesiones graves.

Según los abogados de las víctimas, los menores que trabajan en las minas de cobalto integran la cadena de suministro de estas compañías. Las familias y los niños lesionados reclaman una indemnización por trabajos forzados y una compensación adicional por enriquecimiento injusto, supervisión negligente y haberles causado intencionalmente un gran daño emocional. Es la primera vez que las empresas tecnológicas se enfrentan a un desafío legal de esta envergadura.

El cobalto es un elemento esencial para alimentar las baterías recargables de litio utilizadas en millones de productos que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla venden anualmente. La insaciable demanda de cobalto, impulsada por el deseo de contar con tecnología portátil barata, se ha triplicado en los últimos cinco años y se espera que se duplique de nuevo a finales de 2020. La RDC, uno de los países más pobres e inestables del mundo, proporciona más del 60% del cobalto utilizado.

La demanda argumenta que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla son colaboradores e instigadores de las compañías mineras que se beneficiaron de la situación de unos niños que fueron forzados a trabajar en condiciones peligrosas; condiciones que les causaron la muerte o lesiones graves. Los demandantes alegan que los menores trabajaban ilegalmente en minas de la compañía minera británica Glencore.

Señalan que el cobalto que se extrae en las minas de esta compañía es vendido a Umicore, un comerciante de productos mineros y de metal con sede en Bruselas, que vende baterías con cobalto a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes señalan que los menores trabajaron en minas de Zhejiang Huayou Cobalt, una gran compañía china líder en el sector, que, según la demanda, suministra este material a Apple, Dell, Microsoft y probablemente a otras de las compañías demandadas.

En la acusación, las familias señalan que los menores se vieron obligados a trabajar en el sector minero debido a la extrema pobreza del país. Afirman que se les pagaba tan poco como 2 dólares por una extenuante y peligrosa labor que consistía en excavar rocas de cobalto con utensilios rudimentarios en oscuros túneles subterráneos. Los familiares alegan que algunos de los niños murieron cuando los túneles se derrumbaron y otros se quedaron paralíticos o tendrán lesiones graves el resto de sus vidas como consecuencia de estos accidentes.

 

Una demandante, identificada con el nombre de Jane Doe 1, afirma que su sobrino se vio obligado a buscar trabajo en las minas de cobalto a muy temprana edad porque la familia no podía seguir pagando la cuota mensual de 6 dólares de la escuela. Según los documentos presentados ante el tribunal, en abril del año pasado el menor trabajaba en una mina gestionada por la Kamoto Copper Company, una subsidiaria de Glencore. Trabajaba en un túnel subterráneo, excavando entre rocas de cobalto, cuando el túnel se desmoronó y fue enterrado vivo. Su familia señala que nunca ha podido recuperar el cuerpo del menor.

Otro niño, identificado como John Doe 1, afirma que empezó a trabajar en las minas a los nueve años. En la demanda se indica que a principios de este año el menor trabajó como mula humana para la empresa minera Kamoto Copper Company, transportando sacos con rocas de cobalto por 0’75 dólares diarios. El niño se cayó en un túnel y algunos de sus compañeros consiguieron salvarlo. Afirma que lo dejaron solo en el suelo del sitio minero hasta que sus padres se enteraron del accidente y lo fueron a buscar. Ahora está paralizado desde el pecho hacia abajo y nunca más volverá a caminar.

Otras familias que han demandado a las compañías afirman que sus hijos murieron cuando un túnel se derrumbó o sufrieron lesiones graves mientras se arrastraban por los túneles o cargaban con mucho peso, como roturas en brazos y piernas, o lesiones en la columna vertebral. También señalan que nunca se les indemnizó por estas muertes o lesiones.

Las acusan de saber que había menores trabajando

Una de las acusaciones clave de la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla sabían y tenían conocimientos «detallados» de que el cobalto que utilizaban en sus productos se obtenía a partir del esfuerzo de menores que trabajan en condiciones peligrosas y que, por lo tanto, son cómplices de una violación de los derechos humanos.

En el escrito presentado, las familias argumentan que todas las compañías demandadas cerraron acuerdos comerciales con las compañías mineras que operan en la RDC. También afirman que la contratación masiva e ilegal de menores para que trabajaran en las minas de cobalto les proporcionó un beneficio económico considerable. El cobalto extraído por niños sigue formando parte de la cadena de suministro.

La demanda afirma que Apple, Dell, Microsoft, Google y Tesla tienen los recursos y la autoridad suficiente para supervisar la cadena de suministro de cobalto, así como para establecer unos criterios que garanticen que se cumplen unos estándares que respeten los derechos humanos. Consideran que las muertes y las lesiones de los niños mineros son el resultado de su incapacidad para gestionar correctamente la situación.

Qué dicen las compañías

Un portavoz de Glencore ha indicado que la compañía «toma nota de las alegaciones de la demanda presentada ante un tribunal de Estados Unidos el 15 de diciembre de 2019. Glencore apoya y respeta los derechos humanos conforme a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La producción de cobalto de Glencore en la República Democrática del Congo es un derivado de nuestra producción industrial de cobre. En las operaciones de Glencore en la República Democrática del Congo no se compran o procesan minerales extraídos de forma artesanal. Glencore no tolera ninguna forma de trabajo forzoso o la explotación de menores».

Por su parte, Apple ha asegurado que «está profundamente comprometida con el suministro responsable de los materiales que forman parte de nuestros productos». «Hemos liderado la industria estableciendo los estándares más estrictos para nuestros proveedores y estamos trabajando constantemente para elevar el listón para nosotros mismos y para la industria», prosiguen.

«En 2014, fuimos los primeros en comenzar a localizar en mapas nuestra cadena de suministro de cobalto a nivel de minas y desde 2016, hemos publicado una lista completa de nuestras refinerías de cobalto identificadas cada año, de las cuales el 100% son auditadas por terceros independientes. Si una refinería no puede o no está dispuesta a cumplir con nuestros estándares, será eliminada de nuestra cadena de suministro. Hemos eliminado seis refinerías de cobalto en 2019», detallan.

También ha respondido Dell, que asevera que «está comprometida con el suministro responsable de minerales, lo que incluye la defensa de los derechos humanos de los trabajadores en cualquier nivel de nuestra cadena de suministro y su tratamiento con dignidad y respeto».

«Nunca hemos efectuado operaciones a sabiendas utilizando cualquier forma de trabajo involuntario, prácticas de reclutamiento fraudulentas o trabajo infantil. Trabajamos con los proveedores para gestionar sus programas de aprovisionamiento de forma responsable. Cualquier proveedor con denuncias de mala conducta es investigado y, si se detecta esta mala conducta, se le aparta de nuestra cadena de suministro», indican.

«Estamos investigando estas acusaciones, y hemos informado a la Iniciativa de Minerales Responsables como parte de su mecanismo de quejas», añaden.

Microsoft no ha contestado a la solicitud de The Guardian, pero un portavoz ha dicho al Daily Telegraph que «si hay un comportamiento cuestionable o una posible violación por parte de uno de nuestros proveedores, investigamos y tomamos medidas».

The Guardian también ha contactado con Huayou, Google y Tesla, pero no ha recibido respuesta.

Traducido por Emma Reverter

 

Fuente:https://www.eldiario.es/theguardian/Minas-Republica-Democratica-Congo-tecnologicas_0_975002801.html

Perú

Mujeres, Minería y Salud Mental en Espinar

Derechos Humanos sin Fronteras ha publicado en el 2019 el libro ‘Mujeres, Minería y Salud Mental. Afectaciones psicoemocionales en las mujeres en comunidades del entorno minero Tintaya-Antapaccay en Espinar, Perú’, que es el producto de una investigación que inició en el 2017. En las siguientes lineas compartimos con ustedes el contexto social en la provincia cusqueña de Espinar,  principales hallazgos, metodología que se usó para la investigación y recomendaciones.

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Contexto

Es reconocido a nivel mundial que proyectos mineros de gran escala generan una afectación mayor y diferenciada en las mujeres que en los varones, por su condición de desventaja social. Esta situación es preocupante para las mujeres de la provincia de Espinar, quienes por más de 35 años, son afectadas por los cambios sociales, ambientales y económicos generados por la actividad extractiva.

Objetivos

Se realizó este estudio para identificar las afectaciones psicoemocionales que genera el actual proyecto minero Tintaya-Antapaccay en las mujeres, como consecuencia de los impactos que genera en el tejido social, la economía y en la salud fisiológica de los pobladores de comunidades aleñadas al proyecto y en la ciudad de Yauri. Específicamente, se evaluó la presencia de estados emotivos negativos como la depresión y ansiedad y sus principales causantes.

Metodología

Durante 2017 y 2018 se realizaron entrevistas semi-estructuradas y grupos focales con 56 participantes: mujeres directamente afectadas, representantes de organismos del Estado y miembros de organizaciones sociales en Espinar, y se aplicó test psicológicos a 40 mujeres de 8 comunidades del entorno del proyecto minero.

Resultados

Se identificaron las siguientes emociones y principales factores causantes, directamente relacionados a los impactos diferenciados que el proyecto minero genera en las mujeres:

· Preocupación por sobrevivir

· Miedo a padecer enfermedades

· Frustración por ingresos económicos restringidos

· Tristeza y soledad por la venta de terrenos

· Indignación por el no cumplimiento de acuerdos

· Angustia por omisión a la asistencia familiar

· Desconfianza de todos

· Menosprecio de la mujer por “dejar valores”

La aplicación de los tests y entrevistas psicologicas revelaron que 26 de las 40 mujeres tamizadas sufren de algun tipo de depresion clinica (por comunidad minimo un caso) y que de esta cifra, 16 mujeres presentan un nivel de depresion leve; 9 moderado y 1 grave.

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Principales Hallazgos

El enfoque en las afectaciones psicoemocionales identifico casos de depresión clínica en casi dos tercios de las mujeres tamizadas que junto con la expresión del conjunto de emociones negativas, relacionadas con la depresión y ansiedad clínica, por la mayoría de las mujeres entrevistas y que surgen y son directamente relacionadas por los impactos diferenciados del proyecto minero, revelan un estado frágil y preocupante en su salud mental.

Problemas a nivel personal, familiar y comunal, centrados en dificultades económicas, la soledad física e incertidumbre sobre el estado de su salud y supervivencia, más las consecuencias de los problemas sociales que se dieron en la zona durante el conflicto social de 2012, fueron factores y eventos más resaltados por mujeres diagnosticadas con depresión clínica.

La contaminación ambiental, la desolación y las consecuencias socioeconómicas negativas que el proyecto minero genera en la mujer, se vuelven factores agraviantes y causantes de estados de emotivos negativos.

El contexto de conflicto significa ruptura de lazos sociales, desintegración de espacios organizativos e incremento de enfrentamientos y situaciones sociales negativas, que altera el estado psicoemocional de las mujeres, lo cual es preocupante ya que esta situación también destruye el soporte emocional que ellas necesitan para manejar y sobrellevar las situaciones negativas.

La violencia continua que viven las mujeres es como una falla central, situando su salud mental en un estado de fragilidad. Junto con la suma de afectaciones diferenciadas que ellas viven por el proyecto minero, las mujeres son más vulnerables a desarrollar estados psicoemocionales negativos y trastornos psicológicos.

Recomendaciones

Soporte y atención psicológica: Mujeres viviendo en este contexto minero requieren de soporte emocional de profesionales y la creación de espacios no profesionales, para revertir el desarrollo de estados depresivos leves y moderados ya presentes, al igual que fortalecer su capacidad de manejar emociones negativas y traumas, limitando el desenlace de trastornos psicológicos. Esta atención y espacios para las mujeres deben de ser continuos, con enfoque de interculturalidad, de derechos y de género, ya que la salud mental y estados emotivos no se pueden remediar con una sola intervención.

Entidades del estado (a nivel local, regional y nacional), como garantes de derechos frente a los impactos diferenciados y en su responsabilidad de proveedor de servicios básicos como salud y

acceso a la justicia, deben tomar todas las medidas necesarias para atender y prevenir la afectación negativa en la salud mental de poblaciones impactadas por el proyecto minero, lo que abarca las dimensiones económica, social y ambiental, asegurando que el plan integral de salud incluya atención de salud integral –psicológica y física- especialmente para pobladores que viven en el entorno del proyecto minero, con enfoque especial en las mujeres que viven en asilamiento.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/5289-2/?fbclid=IwAR3Yn3kF2O2yfXj9GKXdGrtRepAK-F82VgncbxWQK_1t8hkvAj0kgDz7OFQ

Perú

Minería, modelo para armar

En noviembre, la Defensoría del Pueblo reportó 81 focos de convulsión social en territorios concesionados a mineras. Canadá es un país minero como el Perú y se configura como panacea de buenas prácticas comunales. ¿En verdad existe una receta para evitar los conflictos sociales?

Los protagonistas de los conflictos sociales provocados por la minería pueden haber cambiado pero el guion sigue siendo el mismo: comunidades indígenas que rechazan a las empresas que quieren explotar los minerales que hay bajo su territorio. Aquellas no confían, temen las mala prácticas de esta actividad extractiva -que da empleo a más de 250 mil trabajadores en el país, y que representa el 59% de nuestras exportaciones, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)- contaminen sus lagunas, sus suelos y sus cuerpos, o que el canon minero (50% del impuesto a la renta que pagan las mineras) no llegue a beneficiarlos.

En su último Reporte de Conflictos Sociales (noviembre de 2019), la Defensoría del Pueblo registró 81 focos de protestas vinculados a la minería, sobre todo en Áncash, y en la macro región sur. En el primer semestre vimos cómo las poblaciones aledañas al Corredor Minero del Sur, en Cusco, bloquearon la carretera por el daño a la salud que ocasionaba el tránsito de camiones con desechos mineros. La pugna aún está latente, los enfrentamientos entre la policía y la población han dejado varios heridos.

Aunque este año primaron las noticias sobre los desencuentros entre el Ejecutivo y el Congreso, los conflictos mineros no han dejado de estar presentes en la coyuntura. “Así como somos uno de los principales países productores de cobre, oro, plata, plomo y zinc en el mundo, también somos los principales productores de conflictos mineros a nivel mundial”, advierte, en su último informe, el Observatorio de Conflictos Mineros de la oenegé CooperAcción.

¿Llegaremos a revertir este escenario? ¿Es posible una minería en la que primen las buenas prácticas? Miremos las experiencias del primer mundo.

Una minería ejemplar

Canadá es un país minero como Perú. Su enorme potencial geológico lo ubica en la lista de los diez países productores de minerales y metales del mundo. Explota uranio, níquel, aluminio, y cobalto, pero su éxito no radica solo en la exportación de materia prima. Alrededor de esta actividad extractiva se ha formado una industria consolidada. Algunas de sus mineras son transnacionales y tienen proyectos en varias partes del mundo. La minería es, por lo tanto, la fuente esencial del PBI del país, y la que da más trabajo a sus poblaciones indígenas.

Sí, al igual que en Perú, allá también hay pueblos originarios (representan el 4% de su población), y según afirma en un artículo la socióloga María Sol Delgado: “La actividad minera canadiense ha logrado compatibilizar el desarrollo económico con los derechos de la población […] se caracteriza por ser uno de los casos más conocidos de buenas prácticas en la actividad minera a nivel mundial” ¿Podríamos sacar lecciones de su experiencia?

El subdirector de CooperAcción, José De Echave, reconoce los pasos innovadores que ha dado Canadá: A) El concepto de licencia social (la aceptación de la población para que se inicie un proyecto minero) fue acuñado por sus líderes empresariales; B) Allá se implementaron los primeros acuerdos de impacto y beneficios entre las mineras y las poblaciones originarias, incluso, algunas tuvieron participación como accionistas en algunas empresa; C) Una reforma que generó espectativa fue la creación de la Defensoría del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable, que canalizaría las quejas contra las mineras canadienses dentro y fuera del país, sin embargo aún no termina de ser implementada.

“Idealizar el modelo canadiense sería un error -advierte el economista-, allá también persisten los desastres ambientales y los conflictos sociales. Lo que tienen a favor, con seguridad, es la existencia de instituciones más fuertes para enfrentar esos problemas en comparación al Perú”.

Para el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Omar Narrea, el gran fuerte de Canadá es que las comunidades indígenas pueden negociar de igual a igual con las mineras en comparación a sus pares peruanos: “El Estado ha invertido en su educación y desde hace décadas los ha dotado de un nivel superior de información, negociación y empoderamiento. Hay que sacar una lección de esto, pues si el Estado invierte en infraestructura y desarrollo social habrá un mejor escenario para que el proyecto minero se desarrolle sin sobresaltos”.

Maldición y bendición

Para saber a ciencia cierta cómo se configura el modelo minero del país norteamericano, nos comunicamos con Kirsten Francescone, activista de MiningWatch Canada, una asociación sin fines de lucro que tiene 20 años monitoreando la actuación de las mineras. Enfática, dice que en Canadá no todo es color de rosa: “En 2014 la minera Imperial Metals protagonizó el peor desastre medioambiental de la historia canadiense. El dique de relaves de Mount Polley colapsó y más de 25 millones de metros cúbicos de desechos (equivalente a 10,000 piscinas olímpicas) fueron descargados en un lago en el que varios pueblos de la zona pescaban salmones. Hasta hoy no ha habido ninguna multa ni sanción”.

La también magister en Antropología y Economía Política menciona, además, que actualmente hay más de 10 mil minas abandonadas en su país que no tienen empresa ni dueño que se encargue de la remediación ambiental. ¿En realidad Canadá es la panacea de la buena minería?

En el Perú hay más de 90 mineras provenientes de ese país, y algunas se han visto envueltas en conflictos con las poblaciones de su zona de influencia. La relación entre la comunidad de Tacraca en Cusco y la minera Hudbay Minerals, propietaria del proyecto Constancia, por ejemplo, aún es tensa.Según, Francescone, esta se caracteriza por criminalizar la protesta. Su compañera, la reconocida defensora de derechos humanos, Jennifer Moore, fue detenida por la policía y deportada a su país, en 2017, por proyectar un documental sobre los excesos de la minera Hudbay en los territorios donde opera.

Otro caso es el de Bear Creek Mining que demandó al Estado Peruano cuando este anuló la concesión minera del proyecto Santa Ana por el gran rechazo que causó en la población. A la fecha, tenemos que pagarle millones de dólares a la empresa como indemnización. Como se ve, las mineras canadienses han cometido excesos tanto en su país de origen como en el exterior.

En medio de las críticas a las malas prácticas del sector minero, Carlos Diez Canseco, ex gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SMMPE), se presenta como una voz disidente. Tras la experiencia de Las Bambas, que terminó con un acuerdo entre el Estado, la minera y las comunidades indígenas, el economista cree que estas han desarrollado la capacidad para negociar. Además, cita al último reporte del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas: “De las cinco provincias con mejor índice de desarrollo en Perú, tres están vinculadas a la minería”.

¿Una maldición o una bendición? Parece que la minería representa las dos opciones. “Lo que debe haber es un Estado fuerte que regule, fiscalice y que ponga altos estándares sociales y ambientales a las mineras, no creo en su autorregulación”, finaliza José De Echave.

 

Fuente:https://larepublica.pe/domingo/2019/12/15/mineria-modelo-para-armar/?fbclid=IwAR15uX55hW7eRvjLy7ZTBuEeTRGA27vNlLjf2zO8i5qowjtwqKstp5MsSxA#.XftZMTGEuQI.facebook

Perú

Corredor minero de Las Bambas: entre la torpeza y la improvisación

En un hecho sin precedentes, el Gobierno de Vizcarra emitió una norma y esta fue modificada dos veces en un lapso de 48 horas. El 12 de diciembre publicó el Decreto de Urgencia 026-2019[1], que resolvió declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac-Cusco”, y que autorizaba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a expropiar “las áreas que resulten necesarias para tales fines”, dejando a este sector en libertad de precisar quiénes serían los afectados.

 

 

Como lo advirtió CooperAccion[2] el mismo día que se publicó esta norma, esta contenía graves vicios de inconstitucionalidad. Lo más resaltante era que el procedimiento de expropiación contenido en esta norma no cumplía con dos condiciones necesarias: 1) La reserva de ley (solo puede ser aprobada por el Congreso), y 2) Que sea determinable en cuanto al sujeto y el bien a expropiar.

 

Quizás por tales motivos, en horas de la tarde del mismo 12 de diciembre, el Gobierno publicó una Fe de Erratas de este primer Decreto. En esta se retiró el término “expropiación” del título y del objeto de la norma. Luego, dos días después, el 14 de diciembre, se publicó un segundo Decreto de Urgencia (027-2019) que modificaba varios contenidos del primero. En esta última norma se retira la palabra “expropiación” en todo el articulado. También se cambia la palabra “afectados” por “beneficiarios”. Tal vez el Gobierno consideró que el impacto de esta medida sobre las comunidades sería menor si se les nominaba como beneficiarios y no afectados (o perjudicados).

 

Sin embargo, los vicios de inconstitucionalidad persisten. Si bien se ha excluido el término “expropiación”, los procedimientos de adquisición de las propiedades en el corredor minero dejan abierta la posibilidad de cometer arbitrariedades e incurrir en prácticas confiscatorias por parte del Gobierno, afectando la propiedad y el territorio de las comunidades ubicadas a lo largo del corredor minero. Por ejemplo, el primer Decreto de Urgencia estableció que, en caso el “afectado” se negara a aceptar la compensación o entregar su propiedad, se procedía automáticamente a aplicar la expropiación y ejecución coactiva del bien. Sin embargo, en la última modificación se señala que en ese mismo supuesto “se aplicará la ley que corresponda”; es decir, no precisa de ninguna manera qué pasaría en esas circunstancias.

La “ley que corresponda” a la que se hace referencia, no puede ser otra que el Decreto Legislativo 1192[3], que regula el proceso de adquisición y expropiación de bienes inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura. Esta norma señala explícitamente, que la expropiación solo puede ser aprobada por ley expresa del Congreso. Imaginemos entonces un escenario en el cual un comunero de Cotabambas se niega a entregar su propiedad. ¿El Gobierno se animaría a expropiarlo vía decreto de urgencia u otra norma de menor rango? ¿Cómo se procedería en ese caso si aún no hay un Congreso instalado? Preguntas que quedan sueltas, pero que no deben dejar de ser aclaradas si nos atenemos a los antecedentes de Las Bambas, y las distintas arbitrariedades cometidas por el Estado y la empresa contra la población de Apurímac y Cusco a lo largo de la existencia de esta mina.

 

Como es de público conocimiento, Las Bambas y su corredor minero viven continuas crisis de gobernabilidad desde hace ya varios años. Se han creado numerosos espacios de diálogo, se han establecido varios acuerdos con la población, e incluso recientemente se ha creado la figura de Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial del Sur, cargo que recae en la ex ministra de Desarrollo Social e Inclusión, Paola Bustamante. Nos preguntamos: ¿para qué tanta burocracia y recursos públicos comprometidos si se siguen adoptando medidas inconsultas? Una norma inconstitucional aprobada de espaldas a la población, y de una forma tan desacertada que ha obligado al Gobierno a hacer dos rectificaciones en menos de dos días ¿Existe alguna estrategia o idea de lo que se quiere hacer con Las Bambas y el corredor minero? Consideramos que en las reuniones de la mesa de dialogo que se reanudan esta semana, debería ser un momento para aclarar estos temas.

 

[1] Como se tiene conocimiento, el 30 de octubre pasado se disolvió el Congreso, y hasta el período de instalación del nuevo Parlamento, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar mediante decretos de urgencia, que tienen rango de ley.
[2] Ver: http://cooperaccion.org.pe/expropiacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/.
[3] Que se desarrolla mediante el Decreto Supremo 011-2019-VIVIENDA.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/corredor-minero-de-las-bambas-entre-la-torpeza-y-la-improvisacion/?fbclid=IwAR3moLP195kAFQteb24C-ZD7oFUeTIBMpZrP_RwS6DDhwCqbnVEBERq4-dE