03 de febrero de 2020

Los días 4, 5 y 6 de febrero se retomará el juicio oral a los 19 defensores criminalizados luego del conflicto social de Las Bambas del 2015. Ellos y sus comunidades llevan esperando justicia desde hace cuatro años en este juicio que se ha postergado más de 8 veces.

En la acusación, la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad. Así mismo se está pidiendo como reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano y 88 mil 600 dólares a favor de la empresa minera MMG Las Bambas por daños a la propiedad privada.

Con el objeto de velar por el debido proceso, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos participarán como observadores durante en el juicio oral.

Cabe precisar que en la visita del relator de defensores de Naciones Unidas, Michel Forst, los señores Brandon Quispe y Javier Mamani, acusados en el referido proceso judicial, denunciaron que agentes de seguridad les sembraron armas.

El día miércoles 05 en el lugar del juzgado, comunidades de toda la provincia se harán presentes para mostrar su solidaridad con los defensores sometidos a juicio y levantar su reclamo frente a la postergación de otro de los procesos judiciales en contra de defensores que ya tienen más de 4 años sin resolverse.

Por otro lado, es necesario recordar que las investigaciones de los casos de 3 defensores que murieron durante los conflictos del 2015 y 2016, aún se encuentran en etapa preliminar.

www.cooperaccion.org.pe

3 febrero, 2020 DHSF
El pasado viernes 31 de enero, La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva de 9 meses para dirigentes de Espinar. A la fecha, están detenidos Abel Kana Quispe y Jorge Kana Taco, Teniente Gobernador y Fiscal de la Comunidad Espinarense de Urisanya respectivamente. La razón: el supuesto ‘secuestro’ a Elvis Flores, un trabajador de la empresa PROSEGUR, que brinda servicios de seguridad para la compañía minera ‘Las Bambas’, quien habría llegado a vivir en un hospedaje de la comunidad desde el 25 de enero.

El supuesto delito se habría cometido el 30 de enero. Los comuneros descubrieron que Flores estaba grabando y fotografiando durante las asambleas comunales y acciones de protesta. Aquí, cabe señalar que Urinsaya, que pertenece al distrito de Coporaque, inició medidas de lucha exigiendo la anulación del DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur, sin informar y consultar previamente a las comunidades, que, en la actualidad, se ven afectadas por el transporte de más de 500 vehículos que trasladan concentrado de cobre y otros insumos.

Para las tres de la tarde, del 31 de enero, La Fiscalía recibe la denuncia de Flores, afirmando que los comuneros lo habían encerrado en su propio hospedaje. A partir de este momento, surgen una serie de irregularidades por parte del Ministerio Público, pues deciden detener a Virginia Ccaña, dueña del hospedaje, en calidad de imputada, quien, según comunicaciones con el abogado de oficio, ha sido obligada a declarar.

Lo inexplicable, es que después de las declaraciones de Ccaña, la Fiscal de Espinar, Carmen Rosa Salas –la misma que estuvo a cargo de la denuncia en contra del ex Alcalde y Ex dirigentes en el conflicto del 2012- oficializa una denuncia de prisión preventiva a diez comuneros que ocupan algún cargo dirigencial: 08 hombres y 02 mujeres.

Actualmente, Abel Kana y Jorge Kana, están detenidos en el Poder Judicial de Sicuani, y Salas ha ordenado que la audiencia de prisión preventiva se realice para hoy, 03 de febrero, a las tres de la tarde. Este caso es ‘Sui Generis’ en Espinar, pues es la primera vez que existe la posibilidad que diez dirigentes puedan ir a prisión en calidad de ‘prevención’ en un marco de protesta social.

Relación de Investigados:

1.- Abel Kana Quispe – Teniente Gobernador

2.- Jorge Kana Taco – Fiscal de la Comunidad

3.- Santos Gregorio Arpi Quispe – Integrante de Ronda Campesina

4.- Guillermo Hermogenes Quispe Taco – Integrante de Ronda Campesina

5.- Matilde Huamani Ccompi – Comunera

6.- Roger Choqueccota Qquehue – Integrante de Agrupación Vecinal

7.- Isaias Kana Huillca – Presidente de Comunidad

8.- Brigida Huamani Huillca – Presidenta de Club de Madres

9.- Guillermo Kana Chuma – Comunero de Sector Churpa Baja

10.- Gregorio Sinanyuca Quispe – Presidente de Ronda Central de la comunidad

Datos:

*Los comuneros también exigen reparación por daños a su salud y medio ambiente, además de la afectación de sus terrenos agrícolas, además demandan ser reconocida como área de influencia directa de del proyecto minero Las Bambas.

*Durante los días de protesta, la comunidad ha solicitado la presencia del Gerente General de MMG Las Bambas, para retomar el diálogo y exponer sus demandas, sin embargo no ha existido ningún acercamiento de parte de la empresa.

*La Federación Unificada de Campesinos de Espinar – FUCAE, inmediatamente tomo postura con un pronunciamiento, exigiendo al Estado que deje de criminalizar a los dirigentes, y que más bien demuestren ‘voluntad franca y trasparente para resolver sus demandas’.

Foto: Presidencia de la República
Jorge Frisancho

Luego de las elecciones congresales de la semana pasada, el triunfo del Ejecutivo sobre la mayoría parlamentaria aprofujimorista que buscó vacarlo es total, y ha de haber sido motivo de justificado regocijo en los pasillos de Palacio.

Pero harían mal el presidente Martín Vizcarra y sus asesores políticos en asumir que se trata de una victoria sobre la oposición legislativa en su conjunto. No lo es (y estoy seguro de que todos los involucrados lo ven con claridad diáfana). Tan huérfano de bancada como siempre, con respecto al parlamento Vizcarra aún camina sobre un campo minado.

La aritmética lo confirma. Al momento de escribir estas líneas, tres de las organizaciones políticas que en septiembre intentaron declarar a Vizcarra “temporalmente incapaz”, suspender su gobierno y juramentar a Mercedes Aráoz como Presidenta (AP, APP y FP) suman 62 escaños. Eso debería bastarles para cualquier iniciativa requerida de mayoría simple. Con apenas cuatro votos más, alcanzan una mayoría absoluta, lo que les permitirá elegir a la junta directiva, censurar gabinetes y modificar leyes orgánicas. Para llegar a la mayoría calificada con la que se nombra a los miembros del Tribunal Constitucional o se reforma la Constitución, les faltan 25 votos: tarea ardua pero no imposible en un Congreso tan fragmentado como el que viene.

Así, pues, un bloque opositor renovado tendría el mango de la sartén, o buena parte de él, todavía en la mano. La pregunta es si sus intereses llegarán a aglutinarse y si podrán actuar de forma concertada, y la respuesta no está del todo clara.

La bancada más nutrida, Acción Popular, proviene de un partido quebrado en dos facciones y no tiene hoy una línea definida, como no la tuvo en septiembre. Parece haber hecho una declaración de principios (harán “obstruccionismo democrático”, en la sintomática expresión de su entonces candidata Mónica Saavedra, hoy virtual congresista electa), pero el alcance de esa voluntad está severamente constreñido por las circunstancias. Para AP, el tema más importante en los meses que vienen será cómo capitalizar en las elecciones generales del 2021 su actual tendencia al alza, y es probable que ese interés mantenga a las dos facciones alineadas en la figura de una “oposición constructiva” a nivel del Congreso, mientras intentan resolver sus disputas internas lejos de la vista del público y la prensa.

Alianza para el Progreso, la segunda bancada, está en una posición similar, pero con algunas diferencias significativas. Una es su tendencia a la baja con respecto a elecciones previas, que los pone por necesidad en una postura defensiva. Otra es que si bien ha mantenido sus bastiones (como muestra este interesante análisis de Jesús Cosamalón), no ha cuajado como plataforma nacional. En ese contexto, es difícil de que APP deje de funcionar en el Parlamento de la forma en que ha funcionado hasta ahora: básicamente, como furgón de cola y volumen de votos para iniciativas ajenas.

Junto al imperativo 2021, por su parte, Fuerza Popular tiene una urgente tarea adicional: proteger a su cúpula de los procesos judiciales anticorrupción. La suma de esas dos necesidades (y la presencia de Martha Chávez) probablemente dé como resultado una oposición cerril que los distanciará de sus antiguos socios pro-vacancia. Un rapproachement estratégico no es imposible, pero no viene dado.

Sin embargo, sería un error descartar a FP como fuerza parlamentaria, y no solo porque cuenta con 15 escaños (pocos pero pesan). Una lección importante del paso del APRA por el último Congreso es que una bancada chica puede lograr grandes victorias, si sabe manejarse y mantiene una bien planificada política de alianzas. Y en este Congreso, Fuerza Popular tiene espacio para maniobrar y sumar.

Fuerza Popular tiene claros puntos de intersección con el Frepap (15 escaños), Unión por el Perú (13 escaños) y Podemos Perú (11 escaños) en temas de seguridad ciudadana, derechos civiles y política educativa, y no hará falta demasiada astucia para aprovecharlos. Además de la ideología, el tema es estratégico: el potencial de crecimiento de estas agrupaciones en la ruta del 2021 radica en disputar bolsones electorales con la izquierda, tanto en el Sur (UPP), como en Lima y Lima Región (PP, Frepap), y no es difícil imaginar escenarios que los lleven a la confluencia con el fujimorismo más oscurantista (es decir, con todo el fujimorismo).

¿Cómo puede el gobierno construir parapetos parlamentarios en esta coyuntura? Por ahora, de la misma manera en que lo ha hecho siempre: buscando apuntalarse en lo que fuera la “bancada liberal”, hoy parte del Partido Morado (9 escaños) y desglosando cuanto interés regional pueda ser desglosado de todas las organizaciones en la liza, a través de iniciativas legales, proyectos de infraestructura o algunas otras formas de desembolso.

Vizcarra cuenta hoy con dos ventajas. La primera es un considerable respaldo ciudadano, mantenido desde el referéndum. La segunda es la brevedad del periodo congresal que se inicia, que acortará los plazos de negociación de las distintas bancadas y les mantendrá la vista fija en sus necesidades electorales. La principal desventaja es que sus apoyos parlamentarios son todavía más endebles de lo que eran el año pasado, y no puede confiar en que se mantengan.

Herida de gravedad en la disputa con UPP, PP y el Frepap, la izquierda no tiene ya ningún incentivo para jugar en la cancha del gobierno. Por lo demás, el único grupo de izquierda que queda en la escena parlamentaria es el Frente Amplio, que solo ha jugado a favor de Vizcarra a regañadientes y cuando ha sido absolutamente necesario. Para el FA, no hay de otra: mantener una agenda opositora propia es asunto de supervivencia.

Mientras tanto, el rol que el Partido Morado jugará en el Congreso sigue siendo una incógnita: entran con esa bandera algunos viejos aliados de Vizcarra, pero también se han alzado desde ahí voces vagamente antiderechos y pro-Keiko. No es exagerado interpretar estas dos últimas intervenciones, así hayan sido hechas a título personal y por tentativas que parezcan, como invitaciones a la conversa. ¿Para qué? Imposible saberlo, pero quizá pronto se empiecen a ver negociaciones más abiertas para la conformación de directivas y comisiones.

Pero incluso si Palacio pudiera contar con el FA y el PM como puntales sólidos (y no puede), la suma no alcanza. El Ejecutivo tiene la iniciativa, pero deberá negociar con todas las bancadas dispuestas a hacerlo e hilar una agenda que les sirva a todas ellas. Es probable que tal agenda aparezca como un sancochado de concesiones en temas de fondo, desde la reforma electoral a las políticas laborales, pasando por el enfoque de género. Eso le serviría para mantener a su oposición dividida, pero tendrá un precio.

No será fácil que Vizcarra salga de ese proceso sin magulladuras. El dato fundamental, por ahora impredecible, es quién sabrá usar el Congreso para aprovecharlo en su beneficio y quién se desinflará en el intento.

http://noticiasser.pe/index.php/opinion/vizcarra-en-un-campo-minado

Luis Gárate
03 de febrero de 2020
Foto: Perfil industrial

Pasadas las elecciones congresales del 26 de enero último y con la nueva composición de fuerzas políticas en el Congreso que ha generado más de una sorpresa y una serie de análisis sobre la fragmentación de las bancadas, vuelve al tapete el tema de la compleja relación de la minería con la sociedad.

Precisamente ha sido el presidente Martín Vizcarra que ha declarado que el proyecto minero Tía María, “definitivamente” no se ejecutará durante su gobierno porque “no están dadas las condiciones”, tras las protestas realizadas durante meses por los habitantes del Valle del Tambo. “Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo, pero hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas”, señaló Vizcarra.

En respuesta, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha señalado que “le corresponde (al Estado) promover la inversión privada formal, aquella que ha cumplido con todas las normas y que resulta ambiental y socialmente responsable”. “No nos podemos dar el lujo de seguir postergando un proyecto que significa una inversión de más de US$ 1,400 millones dólares y que, durante su fase de construcción, aportaría casi 0.5 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)”, ha declarado el presidente de la SNMPE.

El ex presidente de Confiep, Roque Benavides, también ha reforzado la idea que no es “imposible” que se de luz verde a Tía María, dando a entender que es un tema de voluntad política y de mayor acercamiento de la empresa a la población. La actual presidenta de Confiep, María Isabel León, ha señalado que el presidente Vizcarra no debería pronunciarse en contra de Tía María “sin un sustento técnico”.

Cabe recordar que el año pasado, luego de los estallidos sociales en Las Bambas y Tía María, algunos gobernadores regionales del sur andino plantearon una iniciativa de Ley General de Minería y el presidente Vizcarra anunció el 28 de julio de 2019 que se nombraría una comisión de expertos que trabajaría la propuesta. Algunos de los partidos electos para el Congreso han señalado que están dispuestos a ver el tema. Sin embargo, la presidenta de la Confiep ha sentado posición y no ha tardado en declarar que no es “el momento adecuado para hacer cambios a la ley de minería”.

Como se sabe, desde hace bastante tiempo la conflictividad social en el país está fuertemente vinculada a la actividad minera. Según la Defensoría del Pueblo, el año 2019 se desarrollaron 220 conflictos sociales a lo largo y ancho del país, de los cuales el 65% estuvieron vinculados a la actividad minera.

Recordemos que en el caso concreto de Tía María, la empresa Southern no ha podido absolver las legítimas observaciones técnicas y las dudas de los agricultores del Valle de Tambo sobre los impactos que el proyecto puede provocar en la zona, principalmente a la producción agrícola.

No se trata entonces de un tema meramente coyuntural, es un problema de fondo que involucra la gestión del Estado, el funcionamiento de la propia institucionalidad vinculada a la minería y del marco normativo que no permite mecanismos adecuados de participación ciudadana y tampoco una adecuada evaluación de los proyectos y la consiguiente fiscalización. A pesar de las presiones de los gremios y voceros de la gran empresa, este nuevo Congreso sí podría poner en discusión un nuevo marco legal que permita prevenir y atender mejor la conflictividad generada por los proyectos mineros.

Foto: Observatorio de Conflictos Mineros

03 de febrero de 2020

Desde las primeras horas del domingo 2 de febrero, cinco distritos de la provincia cusqueña de Espinar han iniciado un paro de 48 horas cerca al óvalo de ingreso a Espinar y que a su vez es la salida para la región Arequipa. Estas poblaciones exigen ser considerados como zona de influencia directa del proyecto de integración Coroccohuayco, de la empresa minera Glencore.

Se trata de los distritos de Pallpata, Alto Pichigua, Pichigua, Occoruro y Condoroma. Entre los puntos de la plataforma destaca la anulación de la resolución 00196-2019 SENACE, aprobada el 17 de diciembre del año pasado, en la que se modifica el Estudio de Impacto Ambiental (MEIA). En esa resolución solo se estaría considerando a 13 comunidades de la provincia de Espinar.

Los dirigentes señalan que las comunidades originarias más afectadas no estarían siendo consideradas como zona de influencia directa y que los impactos negativos que ocasionará el proyecto minero Integración Coroccohuayco – Antapaccay, podrían comprometer seriamente las aguas, el suelo y el aire, como ha ocurrido en el pasado.

Fuente: Espinar Noticias

Fuente:http://muqui.org/noticias/cusco-defensores-ambientales-son-declarados-inocentes-tras-enjuiciamiento-de-minera-y-fiscalia/?fbclid=IwAR0-xL4C_Jn0_uxIrJy-s-fnAt6gteJ8P88hyPHQnHvZdkud-A6TrUNIr5s