Chile

Paris plantea controlar alta circulación de trabajadores mineros en Calama

El secretario de Estado aseguró que muchos mineros no respetan las medidas de distanciamiento social ni el uso de mascarillas.
Por Aton
20/06/2020
Ante aumento de coronavirus: Codelco detiene proyectos del norte y Chuquicamata operará sólo con personal de Calama

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que se buscará la manera de controlar la alta circulación de trabajadores mineros en Calama, luego de que se reportara una gran cantidad de personas en el aeropuerto de la ciudad, muchos de ellos sin respetar las medidas de distanciamiento social ni el uso de mascarillas. Esto se debería a la gran cantidad de vuelos por el cambio de turno en la minería.

«Me comuniqué con algunos parlamentarios de la zona, otros no me han contestado el teléfono, para justamente estudiar el tema de las mineras y la gran cantidad de vuelos. Ahí tenemos que buscar también una situación en conjunto con el Ministerio del Trabajo para controlar de alguna manera esta alta circulación», aseguró Paris tras el reporte diario en La Moneda.

El drástico aumento de los contagios en la Región de Antofagasta, y especialmente en Calama, tiene alerta a las autoridades del Minsal. «Todos los días evaluamos, el Presidente de la República junto al equipo, la situación de todo el país. Nos preocupa particularmente la Región de Antofagasta, la comuna de Calama», dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

«Hoy día se encuentra con cuarentena y, efectivamente, tenemos que ver la respuesta con respecto a estas medidas, no solamente la cuarentena sino la disminución de permisos para que las personas circulen en esa comuna», agregó Daza, quien informó que el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, viajó hasta la zona.

«Hoy día también quiero decir que el subsecretario de Redes Asistenciales se encuentra en la región viendo la situación de la red y las necesidades de la comuna, particularmente. Por lo tanto, la Región de Antofagasta la estamos mirando con mucho detalle», insistió.

«Si es necesario poner medidas más estrictas en otros aspectos así se van a hacer (…) A partir de la próxima semana tenemos una mayor disminución de los permisos en relación a diferentes empresas y se va a analizar particularmente la situación de Calama», finalizó la subsecretaria de Salud Pública.
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/06/20/paris-plantea-controlar-alta-circulacion-trabajadores-mineros-calama.html

Guatemala

CC ordena mantener suspendidas operaciones de Mina Fénix

Por Jessica Gramajo

19/06/2020
Las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel en Izabal seguirán suspendidas por orden de la CC. (Foto: Compañía Guatemalteca de Níquel)

Las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel en Izabal seguirán suspendidas por orden de la CC. (Foto: Compañía Guatemalteca de Níquel)

Las operaciones de la Mina Fénix, ubicada en Izabal, seguirán suspendidas luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó sentencia a una apelación de amparo promovido contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) por haber otorgado licencia de explotación a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

En julio del año pasado, la CC suspendió de manera temporal la licencia de explotación de la CGN a nombre de la Minera Fénix, decisión que fue apelada, pero rechazada este viernes.

«Este Tribunal confirmó el otorgamiento del amparo al considerar que se violaron los derechos de los pueblos indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo económico, social y cultural que los afecta directamente», señala la CC en un comunicado.

Además, indicaron que «el MEM otorgó la licencia de explotación a la CGN sin que esta cumpliera con el requisito de aportar un estudio de impacto ambiental del área total que pretendía explotar y no atendió la cosmovisión de los pueblos indígenas asentados en el área de influencia del proyectos minero señalado».

Autorizan un área
Sin embargo, la CC estableció que de los 247.9 kilómetros cuadrados otorgados en la licencia, la minera sí podrá operar en 6.29 km2 ya que solo de esa superficie presentaron estudio de impacto ambiental.

«La licencia únicamente será válida para 6.29 Km2, de los 247.9978 Km2 que habían sido autorizados porque solo sobre esa superficie hicieron estudio de Impacto Ambiental», señaló la Corte.

Al mismo tiempo, otorgó un plazo de 18 meses para realizar el proceso de consulta, que les permitiría operar en los 6.29 kilómetros cuadrados donde sí elaboraron estudio de impacto ambiental.

Hasta el momento no hay pronunciamiento de las autoridades del MEM ni de la Mina Fénix.
https://www.soy502.com/articulo/operaciones-mina-fenix-seguiran-suspendidas-orden-cc-100931

Internacional

Tesla asegura suministros de cobalto y ejerce poder en el mercado

Por Mineriaenlinea 19/06/2020

Elon Musk está dando a sus rivales el blues de heavy metal.

Al asegurar 6,000 toneladas al año de cobalto directamente de las operaciones de la República Democrática del Congo del gigante minero Glencore, el jefe de Tesla garantiza abundantes suministros del ingrediente de la batería al tiempo que minimiza los dolores de cabeza por su procedencia.

Con China aspirando más y más del metal azul, también está presionando a los competidores de vehículos eléctricos como General Motors y Volkswagen.

La RDC debería ejercer más poder sobre el mercado de cobalto que Arabia Saudita sobre el petróleo. Su región del sudeste de Katanga alberga dos tercios de las reservas disponibles del metal. Pero la reputación de conflicto y conflicto de la RDC hace que sea arriesgado y costoso. Por eso, Musk siempre ha expresado su preferencia por la ingeniería de cobalto con baterías de automóviles Tesla.

Asegurar una cuarta parte del cobalto de Glencore’s Katanga Copper Company, alrededor del 4% de la producción mundial, sugiere que la preferencia todavía está lejos de la realidad. Es casi cuatro veces más de lo que Tesla usó en 2019, según la consultora Benchmark Mineral Intelligence.

Al centrarse en el único minero de cobalto no chino en la República Democrática del Congo, Musk también está minimizando el riesgo de exposición al abuso laboral, especialmente cuando Covid-19 está obstaculizando la auditoría normal de la cadena de suministro en el terreno.

Las operaciones más mecanizadas de Glencore hacen que sea poco probable que el cobalto de las rocas excavadas por las legiones de mineros informales de la República Democrática del Congo, algunos de ellos niños, lleguen a las baterías de Tesla. Eso es menos verificable con los productores chinos de menor escala.

A los rivales occidentales de Musk les resultará más difícil encontrar una tranquilidad similar, especialmente porque las baterías de los vehículos Volkswagen, BMW y General Motors usan más cobalto.

Este año, las minas de DRC de Glencore producirán 26,000 toneladas de mineral de cobalto, aproximadamente el 18% del suministro global. Los operadores chinos como China Molibdeno, producirán otro 37%. Sin embargo, los acuerdos de extracción con mineros como Glencore, que envía la mitad de su mineral de cobalto de la RDC a procesadores chinos como Gem Jiangsu Cobalt Industries, significa que las refinerías chinas controlan casi el 70% del cobalto refinado del mundo, según BMI.

Con Tesla y China uniendo casi las tres cuartas partes de los suministros disponibles en el mundo, habrá menos para todos los demás. El metal actualmente está obteniendo solo $ 30,000 por tonelada, un tercio de su pico máximo de 2018, debido en gran parte a un exceso de suministro de los mineros informales de la RDC.

A medida que los precios se recuperen, Musk estará aislado.

Tesla asegura suministros de cobalto y ejerce poder en el mercado

Chile

¿Salvoconducto para la evaluación ambiental durante la pandemia?

por Leonardo Tapia Ovalle 18/06/2020
Hace un par de semanas desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) se publicó un informe relativo a los proyectos que están siendo evaluados ambientalmente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante el periodo equivalente a lo que ha transcurrido de pandemia en Chile. Se analizó de este modo entre el 1 de marzo y el 15 de mayo del presente año, mismo espacio temporal que fue comparado con los años 2019 y 2018.

Para sorpresa de lo que se esperaría, la cantidad de proyectos activos en evaluación ambiental durante el periodo analizado fue 2,5 veces superior al promedio de los dos últimos dos años y en términos de inversión (potencial) la diferencia es 7 veces superior.

De acuerdo a los comentarios y conclusiones de dicho informe, se destaca que en función del contexto económico cuesta entender este explosivo aumento en proyectos en evaluación; que debido al contexto sanitario la evaluación ambiental sería precaria y deficiente, ya que las condiciones laborales de los servicios públicos con competencia ambiental no serían las óptimas; se acusa un abuso empresarial acompañado de complicidad gubernamental al aprovecharse de las debilidades institucionales del momento lo que se traduciría en más facilidad para obtener aprobación y permisos ambientales. Así también, destaca la incapacidad de la comunidad en pronunciarse al respecto.

Dicho informe concluye que, “el intento de eludir niveles de evaluación ambiental un poco más exigentes, como podría ser la vía EIA, o de disfrazar el fraccionamiento de proyectos mayores por la vía de las DIA, se está en plena consolidación al permitir e incentivar esta verdadera avalancha de proyectos que claramente supera la capacidad de procesamiento del sistema en condiciones de pandemia, generando un forado de dimensiones desastrosas que se verán materializada en los próximos meses y años”.

Los datos revelados a la opinión pública por OLCA son relevantes en sí mismos, y a la vez son incomodos, pues de acuerdo a su informe los proyectos estarían siendo evaluados con deficiencias técnicas ya que los organismos públicos están operando a “media máquina”. Complementario a lo expuesto por OLCA, cabe destacar que los municipios han perdido injerencia en el proceso de evaluación ambiental durante los últimos meses, y que la participación ciudadana ha mermado o no se está realizando por razones obvias.

La participación ciudadana en el SEIA si bien existe, solo es obligatoria para Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y voluntaria en caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Pero en esta modalidad solo aplica siempre y cuando la comunidad lo solicite y solo para algunas tipologías de proyectos, lo que corresponde a aquellos que presentan cargas ambientales –es decir, proyectos que generan beneficio social pero a la vez externalidades negativas–. Así también, es importante destacar que históricamente –desde 1992 aproximadamente hasta la fecha– cerca del 95% de los proyectos han ingresado a evaluación en modalidad de DIA, y recién después de la gran reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010 y la posterior actualización al reglamento del SEIA (mediante DS 40/2013), se incluyó la participación ciudadana en las DIA –con cargas ambientales–. En síntesis, en general el espacio para la participación ciudadana ha sido reducido y solo en los últimos años ha tomado mayor impulso.

Dicha falencia o debilidad institucional ha sido compensada en muchos casos por la acción y rol municipal, por ser el órgano del Estado que mayor conexión tiene con el territorio y con las necesidades de su comunidad, por lo cual su pronunciamiento ha sido fundamental ante proyectos que buscan ejecutarse en el territorio. No obstante, a partir de enero del 2020 el SEIA privó a los municipios de pronunciarse en un aspecto clave para el proceso de evaluación. ¿La razón o justificación de esta medida? Se desconoce… al menos, no es de conocimiento público.

Es así como hasta fines del 2019 los municipios podían pronunciarse en relación a los siguientes ámbitos:

1) Si el proyecto o actividad en cuestión cumple con la normativa de carácter ambiental
2) Si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300
3) La compatibilidad territorial del proyecto en relación al Plan Regulador Comunal y/o Seccional
4) La relación del proyecto con el Pladeco.

En la actualidad los municipios están imposibilitados de pronunciarse en cuanto a los efectos, características o circunstancias que podrían generar un impacto ambiental y, lamentablemente, esta obstrucción tiene directa injerencia sobre los puntos ciegos o ámbitos ambientales no regulados que los organismos sectoriales pasan por alto por no ser de su competencia, pero que los municipios si lograban observar y fortalecer en consecuencia la evaluación ambiental.

Por otra parte, nuestras comunidades están agobiadas. Los índices de cesantía aumentan cada día y las ollas comunes ya son una realidad en muchas localidades. Las capas populares que son la inmensa mayoría de nuestros compatriotas no pueden quedarse en casa y deben salir a las calles a buscar el sustento diario, pues con esta pandemia hemos evidenciado que en Chile son muy pocos los que pueden ahorrar y aguantar las vacas flacas. La ilusión de la “clase media” que nos han intentado hacer creer nunca existió, siempre fueron capas bajas con acceso a crédito y capacidad de endeudamiento.

Podemos dimensionar entonces el precario momento por el cual se está llevando a cabo la evaluación ambiental de proyectos de inversión, es decir, 1) que debido a la contingencia sanitaria existe mayor dificultad para evaluar correctamente los proyectos por parte de los funcionarios públicos, sumando a esto la gran cantidad de proyectos ingresados, 2) Participación ciudadana debilitada o ausente, por cuanto la preocupación más urgente e importante para las comunidades en estos momentos es subsistir económicamente y protegerse del virus, 3) municipalidades imposibilitadas de pronunciarse en lo fundamental, y de compensar por otra parte la ausencia de participación ciudadana.

Es así como en esta carrera por la aprobación ambiental de proyectos, el titular está corriendo prácticamente sin obstáculos. Cabe destacar, que el resultado de la evaluación ambiental se sintetiza en una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la cual recae sobre el proyecto o actividad y no sobre el titular, es decir, el proyecto posteriormente podría cambiar de titularidad.

Entonces, ¿podríamos estar ante una especulación de licencias ambientales?, en donde se estén evaluando proyectos que en verdad no se quieren ejecutar en el corto plazo, y se está aprovechando el contexto nacional para facilitar la obtención de RCAs y posteriormente hacer negocio con aquello, pues recordemos que las RCA tienen un plazo de caducidad de 5 años desde su aprobación… No me atrevo a asegurarlo, pero dejo abierta la pregunta.
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/06/18/salvoconducto-para-la-evaluacion-ambiental-durante-la-pandemia/

Bolivia

Huanuni: 24 casos de covid-19 corresponden a trabajadores mineros

16/06/2020
El municipio de Huanuni en el departamento de Oruro es una de las regiones que registra casos positivos de covid-19, según el último reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), existen 85 casos registrados en el lugar, del total de diagnósticos 24 corresponden a trabajadores mineros lo que encendió las alarmas por el riesgo de contagio entre obreros.

El director del Centro Integral en Huanuni, Dr. Javier Gosalvez, informó este martes que un total de 13 mineros son pacientes activos, tres se recuperaron posteriores a tratamiento y se lamentó el deceso de dos sujetos, uno confirmado y otro bajo sospecha de covid-19.

“Aparentemente hay una influencia muy fuerte en cuanto a estos trabajadores que pueden ser como un foco de contagio en distintas secciones de la empresa ya que este mal se torna asintomático”, concluyó.

FIDES ORURO

Chile, Litio

Productoras de litio de Chile resienten alza en contagios por coronavirus; producción estable

Foto de archivo. Vista del Salar Aguilar en el desierto de Atacama, Chile Noviembre, 2019. REUTERS/Fabián Cambero
17/06/2020(Reuters)
– La industria de litio de Chile, la segunda más grande del mundo, empieza a sentir los efectos del alza de casos de Covid-19 en el país, aunque los productores SQM y Albemarle afirman que sus operaciones no se han visto afectadas.

Albemarle, mayor productor mundial del componente de baterías para autos eléctricos, dijo el miércoles a Reuters que planeaba cerrar de inmediato su planta de potasa en el norte del país por 15 días hábiles para cumplir con las restricciones de personal exigidas por autoridades.

La medida “cumple con el objetivo de bajar la dotación en 24 personas (10% de la dotación actual) (…) en un contexto de aumento de la tasa de contagios en el país”, dijo la compañía.

La firma con sede en Estados Unidos dijo que la decisión no afectaría su producción de litio.

Además informó que 17 de sus trabajadores y contratistas en Chile habían sido infectados con el virus, incluidos 14 que laboran en el Salar de Atacama. Solo tres casos permanecen activos.

Su principal competidor, SQM, dijo por su parte que uno de sus trabajadores había fallecido a inicios de la semana por Covid-19. La compañía no respondió sobre cuántos trabajadores habían sido infectados.

SQM dijo que también redujo el personal, pero que los despachos permanecían estables.

“Hemos podido cumplir con la totalidad de nuestras exportaciones”, aseguró.

Chile, una potencia minera sudamericana y principal productor mundial de cobre, ha visto un fuerte alza en los contagios. Funcionarios de salud informaron el miércoles 220.628 casos totales y 3.615 muertes.

Reporte de Dave Sherwood, editado en español por Fabián Cambero
https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-chile-litio-idLTAKBN23O3BD

Mexico

LAS RAZONES DE VÍCTOR TOLEDO

LAS RAZONES DE VÍCTOR TOLEDO
18/06/2020.
El pasado 16 de junio, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, finalmente se dio tiempo para
responder a los señalamientos realizados por una serie de exfuncionarios ambientales. Lo hizo sin
exabruptos y de forma contundente, pues no hay desperdicio en los certeros comentarios y
señalamientos sobre la actuación y la relación que sus antecesores tuvieron en la relativamente
joven política ambiental de este país, ya que surge, como bien señala el Secretario Toledo, durante
el gobierno de Ernesto Zedillo, dos años después del inicio de la agenda verde mundial que se
establece de forma global durante la “Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, la cual
supuestamente definía el establecimiento de “una alianza mundial nueva y equitativa mediante la
creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades
y las personas”.
Vale la pena recordar esta Cumbre, porque ahí nace el grueso de la política verde que de una u
otra manera sigue vigente; esa misma que en el artículo del Secretario Toledo, señala que fue
construida a través de la introducción de “conceptos aparentemente científicos como desarrollo
sustentable, crecimiento y economía verde, y capital natural, pero que en el fondo buscan ocultar la
mercantilización de la naturaleza”. Pocos años después, en 1997, con el auspicio de la CONABIO,
nace la primera intención regional de darle contenido práctico a la mercantilización de la naturaleza
a través del Corredor Biológico Mesoamericano (la segunda región con mayor biodiversidad del
planeta). En ese entonces, como ahora, una parte de los planteamientos centrales, “siempre en
aras del desarrollo”, era que aquellos sitios de interés biológico o biodiverso que potencialmente
quedarán fragmentados de sus “conexiones naturales”, se reconectarían a partir de establecer
pasos, túneles, corredores inducidos o naturales, puentes o hasta cableado para que la fauna lograra
transitar por ellos. En el ámbito nacional, ese experimento se desarrolló a partir del Programa de
Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca
(COINBIO).
Estos procesos dieron origen a los grupos de interés verdes que a la postre se convirtieron en
la denominada “Mafia Verde”, hoy claramente integrada en su extensa mayoría por quienes forman
el Consejo Consultivo del Agua, así como Ceiba y otras Ong ́s que han sido formadas o son
asesoradas o son consultores que en su momento fueron funcionarios ambientales, tales como el
grupo “Política y Legislación Ambiental” (Polea), además del Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible (CCMSS), esta última, pero no únicamente, desde hace años es una de las
principales operadoras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
a quienes, a cambio de financiamiento, le han entregado cientos de estudios y, en consecuencia,
información valiosísima sobre la riqueza biológica que tenemos en México, lo cual no es un hecho
menor, si entendemos que el verdadero interés mercantil en la biodiversidad proviene de las
poderosísimas empresas farmacéuticas Alemanas, Estadunidenses y Francesas por citar
algunas; esa misma riqueza que el gobierno de Peña Nieto entregó a los Alemanes gracias a los
acuerdos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que derivó en la firma del
“Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y
Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”. No sobra señalar que muchas de
esas Ong ́s “ambientalistas”, desde hace años también han sido precursoras en la práctica de
golpetear los procesos organizativos que desde los pueblos se generan en defensa de su territorio y
sus bienes naturales.Desde 1994, y con un México que amanecía en guerra contra el EZLN y el ingreso al TLCAN, muchos
grupos civiles, académicos, científicos y políticos fueron encandilados por la agenda verde
internacional y la supuesta puesta en marcha de la nueva agenda ambiental para el país,
encabezada por la recién creada SEMARNAT. Muchos de ellos se volcaron en la implementación de
programas relacionados con la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la
Degradación de los bosques (REDD+), a través de los “pagos de servicios ambientales”, la creación
de ANP ́s, la imposición de Reservas de la Biosfera, los ordenamientos territoriales y planes de
manejo, entre otros componentes, que en sí mismos, como bien señala Toledo, sólo han significado
la destrucción, la contaminación y la administración mercantil de la naturaleza, además de volverse
para algunas/os sus centros de investigación personal, pero todas ellas iniciativas muy útiles para
lavar la imagen de empresas y corporaciones, siendo estas las principales impulsoras del
Modelo Extractivo Depredador, ese mismo que se traduce en saqueo y desplazamiento forzado
de las comunidades.
Desde la creación de la Semarnat, se han diseñado y utilizado diversas estrategias para desplazar,
condicionar o convenir con las comunidades la entrega de su territorio y sus bienes naturales, pero
siempre hay un común denominador que le da “transversalidad” a la política verde mexicana: la
implementación de un componente de corte desarrollista que supuestamente llevará el
“progreso” a las comunidades indígenas y campesinas como son; El Plan Puebla Panamá, El
Protocolo de Nagoya, Los Corredores Biológicos, Las Reservas de la Biosfera y las ANP ́s, El
Acuerdo de Escazú, Las Energías Renovables o Verdes, el Ecoturismo, Los Biocombustibles, el Oro
Blanco, el Tren Maya, el Tren Transístmico, etc.
No podemos no estar de acuerdo con los precisos señalamientos que ha realizado el Secretario
Toledo contra sus antecesores, quienes, por supuesto, no podrán responder con ética ni tendrán
fundamento alguno contra las puntualizaciones que les han hecho, porque sin duda alguna el
desastre ambiental actual empezó y continuó con ellas y ellos en México y con otros grupos similares
a nivel Mundial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de atestiguar abiertamente este tipo de
señalamientos entre políticos y ex políticos, porque se expone tal cual la causa estructural y el
fondo del problema ambiental de México y el Mundo.
Y, sin embargo, en aras de la congruencia, hoy tan ausente, y de manera directa y clara le
preguntamos: ¿Cuál es su plan, señor Toledo?
El nuestro es continuar defendiendo el territorio, los bienes naturales y las diversas
expresiones de comunalidad que en el mismo se expresan, y, por lo tanto, es nuestra intención
que la actividad minera se acabe en el país, por una simple razón que usted ya expuso: las grandes
corporaciones biotecnológicas, agroindustriales y mineras -no solamente estas, pero
principalmente-, están acabando con la vida. Y en aras de la congruencia, de no menor importancia,
es necesario señalar que la misma estructura de intereses, la misma mercantilización de la diversidad
biocultural, la misma mentalidad desarrollista y colonial y la misma imposición de megaproyectos
mediante parodias de consulta, subyace en iniciativas como el Tren Anti Maya, el Canal Seco
Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. De ahí la pregunta.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Chile

EMERGENCIA SANITARIA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN CHILE Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Informe conjunto dirigido al Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de las Naciones Unidas, Don José Francisco Calí Tzay, elaborado por:
Comunidad Indígena Yagán de Bahía de Mejillones
Consejo de Pueblos Atacameños
Mesa de Coordinación de Pueblos Originarios del Budi
Municipalidad de Saavedra
Observatorio Ciudadano
Plataforma Política Mapuche
Junio 2020
Ver informe: https://observatorio.cl/emergencia-sanitaria-en-el-contexto-de-la-pandemia-por-covid-19-en-chile-y-su-impacto-en-los-derechos-de-los-pueblos-originarios/

Junio 20201.- Introducción
En el marco de la crisis sanitaria y económica que vive Chile y el mundo, los pueblos
indígenas u originarios son uno de los grupos más vulnerables frente a los impactos de la
pandemia y la crisis económica, debido a las diversas desigualdades que enfrentan en lo
social, económico y territorial; lo anterior, se une a la sobrecarga de enfermedades que
afrontan, como por ejemplo, los altos índices de diabetes e hipertensión arterial
producto de los cambios alimenticios causados por la reducción territorial(1).
Diversos organismos económicos y financieros han anunciado una crisis económica sin
precedentes y decenas de millones de personas desempleadas a raíz de la pandemia por
Covid-19. Para la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL
ha pronosticado el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, la persistencia de las
desigualdades y el descontento generalizado. En este contexto, la crisis por la pandemia
tendrá repercusiones negativas en la salud y la educación, así como el empleo y la
pobreza, principalmente en los sectores más pobres y vulnerables(2), entre ellos los
pueblos indígenas(3).
Asimismo, dadas las desigualdades económicas, sociales y culturales de Chile, los efectos
de la pobreza y el desempleo sin duda afectarán de forma desproporcionada a los
pueblos indígenas u originarios que habitan tanto las zonas rurales como las ciudades.
Ello, sumado al hecho de que Chile aún no ha brindado respuestas adecuadas frente al
estallido social que surgió en el país en octubre de 2019, el cual ocasionó diversas
protestas a lo largo del país, que se vieron interrumpidas con el inicio de la emergencia
sanitaria por Covid-19 en marzo de 2020. En este sentido la CEPAL ha afirmado, con
respecto a Chile, que lo que más preocupa es que esto pueda aumentar el descontento
social que ya existía antes de la crisis sanitaria, “justamente porque la desigualdad y la
pandemia, han demostrado grandes deficiencias estructurales que se vienen arrastrando
en materia de salud y protección social”(4).

Sirve recordar, que si bien Chile ha ratificado el Convenio 169 de la OIT en el 2008 y
aprobó con voto favorable la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de 2016. A pesar de ello, los pueblos indígenas en Chile no están reconocidos
en la Constitución Política y la Ley 19.253 de 1993, conocida como la “Ley indígena”, hace
referencia a ellos como “étnias”, privándoles de esta forma de su reconocimiento político
como pueblos y del reconocimiento de sus derechos colectivos. Asimismo, la Ley
indígena no ha sido adecuada a los actuales estándares internacionales en materia de
derechos de los pueblos indígenas a los que se encuentra obligado Chile. Lo cual sin
duda aumenta el grado de vulnerabilidad de los pueblos indígenas que habitan Chile.
2.- Incidencia, tasas de mortalidad y aumento del riesgo de infección para el pueblo
Mapuche.
De acuerdo al Censo de 2017(5), los pueblos indígenas que habitan Chile representan el
12,8% del total de la población del país, lo que significa aproximadamente 2.158.792
personas, siendo el pueblo mapuche el más numeroso (1.745.147 personas). Asimismo,
se aprecia una tendencia en el incremento progresivo de la población urbana indígena
por sobre la rural: el mismo estudio, arroja que un 87,8% habita áreas urbanas, contra un
12,2% que lo hace en zonas rurales.

Latinoamerica

Propuestas del Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina

Retomando propuestas elaboradas colectivamente en distintos contextos, proponemos un Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina. Este Pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Convoca a movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o servidorxs públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada.

Este Pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos

En este sentido, los puntos que siguen buscan articular justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Algunos de ellos prevén un papel más protagónico de las instituciones públicas y otros se refieren más a las prácticas y cambios de facto que se tejen desde abajo y se van expandiendo horizontalmente.

– Transformación Tributaria Solidaria. Propuestas nacionales de reformas tributarias según el principio: “Quién tiene más, paga más – quién tiene menos, paga menos”. Deben incluir el impuesto a la herencia, a las grandes fortunas, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras y, como medida transicional, al daño ambiental. En lugar de que todxs paguen impuestos universales, y solo algunxs tengan protección social, proponemos que solo los que más tienen tributen, pero en cambio todxs estén protegidos.
– Anulación de las Deudas Externas de los Estados y construcción de una nueva arquitectura financiera global. En estos momentos extraordinarios se justifica, dejar de pagar la deuda externa como se hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. La cancelación de la deuda externa de los países del Sur global, constituye un primer paso de reparación histórica, por la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia.
– Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado que ponen la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho y, como tal, debe incluir un rol más activo del Estado y de las empresas en consulta y corresponsabilidad permanente con los pueblos y comunidades. Esto permitirá combatir la precariedad laboral y alcanzar una mejor repartición de las tareas del cuidado, en términos de clases sociales y de género, pues el mismo recae de modo desigual sobre las familias y en ellas, sobre las mujeres. Debemos promover políticas públicas que enlacen cuidado con protección social, atendiendo las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas.

Se ha puesto en evidencia que la vida campesina, los sentidos de comunidad, el cuidado y la reciprocidad son centrales en el sostenimiento de la vida

– Una Renta Básica Universal que unifique la política social a través de la introducción de una renta básica para todxs, y que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas heredadas del neoliberalismo, para poder salir de la trampa de la pobreza. Tal como acaba de recomendar la CEPAL a los gobiernos latinoamericanos. Disminuir la jornada de trabajo sin disminución de salario, para repartir tanto el empleo formal como las tareas de cuidado.
– Priorizar la Soberanía Alimentaria. En un momento en el cual la región latinoamericana presenta el mayor grado de concentración de la tierra a nivel mundial, es prioritario desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, del acceso al agua y una profunda reforma a las políticas agrarias, alejándose de la agricultura industrial de exportación con sus efectos ambientales y sociales nefastos. Se trata de priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes. Fortalecer los mercados campesinos y locales. Crear redes de distribución de semillas para asegurar su libre circulación, sin propiedad intelectual. Reforzar las redes de distribución campo-ciudad y la certificación comunitaria entre consumidores y productores. Fomentar la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra, generando soberanía a quienes la cuidan y trabajan, y protegiéndoles de la especulación.
– Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Para proteger la diversidad cultural y natural, necesitamos una transición socio-ecológica radical, una salida ordenada y progresiva de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, la deforestación y los grandes monocultivos. Es necesario transitar hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, desmercantilizadas y democráticas y modelos de movilidad colectivos, seguros y de calidad. Se debe reducir el riesgo frente al colapso climático, una amenaza más grave que la pandemia como nos muestran inundaciones, sequías, deslaves e incendios.
– Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas de nuestros tiempos. Para disputar los sentidos históricos de convivencia, desde medios ciudadanos, pero también desde la calle, la plaza y los espacios culturales.
– Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. La pandemia ha mostrado la fragilidad de las cadenas globales de producción, y la riqueza de los esfuerzos locales, y nacionales. La enorme creatividad de los pueblos latinoamericanos debe ser la base para los cambios políticos, que promuevan la autonomía y sostenibilidad de los territorios y sociedades locales. Corresponde fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afro-americanos y experiencias comunitarias urbanas populares en términos económicos, políticos y culturales; desmilitarizar los territorios y el conjunto de la sociedad; apoyar los mercados locales; democratizar el crédito, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, la soberanía energética local comunitaria basada en modelos sustentables y renovables.
– Por una integración regional y mundial soberana. Es imperativo favorecer los sistemas de intercambio local, nacional y regional a nivel latinoamericano, con autonomía del mercado mundial globalizado que abran alternativas al monopolio corporativo. Introducir monedas paralelas al dólar en diferentes escalas permitiendo una desconexión relativa de las peligrosas dinámicas del mercado mundial, fortaleciendo los intercambios entre países de la región y su diversificación económica complementaria.

Adhesiones y contactos

* Quiénes somos? 1.400 personas y más de 300 organizaciones apoyan el Pacto en su primer semana. Las primeras firmas se pueden consultar en https://pactoecosocialdelsur.com/quienes-somos/

* Adhesiones: invitamos las personas y las organizaciones interesadas en sumarse a que hagan sus adhesiones directamente en el sitio web del Pacto Latinoamericano: PACTO ECOSOCIAL LATINOAMERICANO – Pacto Ecosocial Latinoamericano

PACTO ECOSOCIAL LATINOAMERICANO – Pacto Ecosocial Latinoamericano https://pactoecosocialdelsur.com/

* Contactos de prensa, comentarios y propuestas pueden ser enviadas a las personas de contacto del Pacto:

Argentina: Maristella Svampa (maristellasvampa@yahoo.com) y Enrique Viale (enriqueviale@yahoo.com.ar)

Bolivia: Mario Rodríguez Ibáñez (mario.reddiversidad@gmail.com)

Brasil: Breno Bringel (brenobringel@gmail.com), Rudrigo Rafael de Souza (rudrigorafael@gmail.com) y Vanessa Dourado (vanedourado.m@gmail.com)

Chile: Lucio Cuenca (cuenca.lucio@gmail.com) y Antonio Elizalde (antonio.elizalde@gmail.com)

Colombia: Arturo Escobar (turoescobar@gmail.com) y Tatiana Roa Avendaño (troaa@censat.org)

Ecuador: Alberto Acosta (alacosta49@yahoo.com), Esperanza Martínez (esperanza@accionecológica.org) y Miriam Lang (miriamantonialang@gmail.com)

Perú: Jaime Borda (jaime_borda@yahoo.es) y José de Echave (jdeechave@cooperaccion.org.pe)

Venezuela: Edgardo Lander (elanderl@yahoo.com)

Argentina

MINERAS AL ACECHO DEL ACUERDO CON LOS BONISTAS

11/06/2020
Las empresas mineras tienen como objetivo la explotación de una decena de proyectos para extraer oro, plata, cobre y litio. Sin embargo, “el nuevo default deja al país al margen del radar de los fondos de inversión internacionales que operan en el sector”; motivo por el cual, están al acecho del acuerdo con los bonistas. Su ambición es extraer hasta el agotamiento, las riquezas minerales de la cordillera de los Andes y de los salares en el norte argentino, en un marco de políticas de estado que las acompañan.

Por: Noalamina.org

En una nota de El Cronista y en publicaciones sobre la actividad minera en Argentina, se informa que las empresas están a la espera de que “el país renegocie la deuda con lo tenedores de títulos de deuda con jurisdicción extranjera, es decir, que deje atrás la cesación de pagos”. En todo el mundo se conocen nuestros yacimientos y el interés actual es la extracción de oro, plata, cobre y litio. Sin embargo, “para la explotación se requiere de la decisión de invertir y el acceso al crédito, situaciones imposibles en el contexto de default”.

Los planteos de una expansión de la actividad minera son justificadas por la disminución de la productividad de los yacimientos en explotación actual, concibiendo a Latinoamérica con un único destino mineral. Por ese motivo, pretenden acelerar inversiones para seguir devastando nuestro país.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, expresó: “estamos esperando el acuerdo con el FMI y los bonistas para tener acceso al crédito, porque cuando un país entra en default, las empresas pierden financiamiento”. Agregando en un tono profético y con la voracidad propia de los empresarios extractivistas, que hay que apurarse porque “si no atraemos las inversiones que necesitamos la minería termina en 2025/26”.

Los proyectos mineros que se intentan desarrollar están en distinto grado de avance, algunos llevan años de prospección y han superado la etapa de factibilidad, favorecido en algunos casos por valores récord de sus precios internacionales como es el caso del oro. La onza de oro (28,35 g) ha superado los 1.700 U$S y continua en alza.

En la actualidad, fuentes del sector hablan de “nuevos proyectos de cobre como Agua Rica, Josemaría y El Pachón; aumentar proyectos de litio que podrían entrar en explotación en los próximos años y ampliaciones en varios yacimientos auríferos. Esto sin contar que en Chubut, donde está prohibida la minería, está localizado el proyecto de plata Navidad, uno de los más grandes del mundo”.

En El Inversor Energético Minero se publica que Bill Gates ingresa al mercado argentino del litio a través de Break Through Energy Ventures. Su interés es extraer el mineral del Salar de Chachi Pampa, ubicado entre las provincias de Salta y Catamarca.

A nivel nacional, el presidente Alberto Fernández aspira a convertir a Mendoza y a Chubut en provincias mineras como San Juan. Esto se contradice con su discurso democrático que habla de que la minería se desarrollará en los sitios donde existe el aval de la gente. Nada más claro que, la ferviente oposición a la minería manifestada por cientos de miles de mendocinos y la lucha sin descanso de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH).

Otra de las señales de lo planificado sobre la minería por el gobierno nacional lo manifestó el secretario de Ambiente, Juan Cabandié, en una videoconferencia con legisladores nacionales a los que en un discurso contradictorio aseguró que “el agua vale más que el oro”, rechazó la megaminería y el fracking asegurando que es un mal necesario. Sin embargo, su aporte más novedoso, fue expresar el anhelo de tener una robusta empresa nacional de minería, como si fuera la solución para atenuar los impactos negativos de la actividad. Coincidentemente, en los últimos días comenzó a hablarse de una YPF dedicada a la megaminería.

Los antecedentes de participación del gobierno en minería a gran escala no han sido muy felices. Cabe recordar que para realizar la explotación del Proyecto Bajo Alumbrera se creó una unión transitorias de empresas y se conformó YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) integrado por la Universidad de Tucumán, el gobierno Nacional y el gobierno de Catamarca. La experiencia no dejó de tener numerosas denuncias por contaminación de los pueblos afectados por el emprendimiento y las conclusiones fueron que la producción no fue aprovechada para mejorar la situación provincial.

Al mismo tiempo, el gobernador de Chubut Mariano Arcioni, expreso en una publicación de El Inversor Energético Minero: “trabajamos en un plan de desarrollo minero sin modificar la Ley 5001”; esto se puede interpretar como que tratarían de esquivar la ley usando minería subterránea y métodos de extracción como la flotación. Otra de las señales, es la ausencia permanente del estado provincial que permite a Pan American Silver (propietaria del Proyecto Navidad) intentar obtener la licencia social que necesita. Para lograrlo, aprovecha la crítica situación imperante para regalar kits alimentarios y realizar avances tecnológicos en la postergada zona de la meseta chubutense.

Los movimientos para habilitar la actividad minera en Mendoza y en Chubut, no parecen aleatorios, sino que forman parte de un coordinado plan que comenzó a gestarse a fines del 2017. Y del mismo forman parte, las frustradas intenciones de derogar o modificar las leyes provinciales Nro 7722 y Nro 5001, respectivamente. A esto se suma, en plena pandemia, la incorporación de capitales nacionales del poderoso empresario Eduardo Elsztain a un proyecto tan resistido como el proyecto Suyai de Esquel.

Más allá de las especulaciones de gobernantes y empresarios, los proyectos de Chubut, Mendoza y Agua Rica en Catamarca, cuentan con movimientos ambientalistas que se oponen mediante importantes recursos legales y activa participación ciudadana.

Mineras al acecho del acuerdo con los bonistas