Internacional, Litio

El Gobierno portugués ha autorizado a Savannah Lithium a acceder a los terrenos que no pudo comprar anteriormente para explotar la mina de litio de Barroso, en el municipio de Boticas.


15/12/2024
Durante un año, la concesionaria portuguesa de la empresa británica estará autorizada por el Estado portugués a entrar en los terrenos privados donde se encuentra la explotación, cuyos propietarios están obligados a permitir el acceso en virtud de una orden del Secretario de Estado de Energía.

La empresa minera se ha felicitado por esta victoria para sus intereses. «Este desarrollo permitirá a Savannah reanudar el trabajo de campo y las perforaciones necesarias para avanzar con el estudio definitivo del proyecto», ha pbulicado en un comunicado citado por el diario luso ECO.

La resolución gubernamental señala que se ha informado a los propietarios y que la empresa presentó «todos los elementos necesarios» para la constitución de la explotación. La población de Boticas se ha mostrado históricamente en contra del proyecto: su alcalde ha declarado al diario Correio da Manhã que recibió la noticia de la publicación de la orden «como un puñetazo en el estómago».

El proyecto es similar al que Infinity Lithium, una empresa minera australiana, pretende explotar a tan solo dos kilómetros del centro histórico de Cáceres. Se trata de otra mina de litio que también cuenta con la oposición de vecinos y ecologistas por su enorme impacto ambiental y su dudoso retorno económico para la zona a largo plazo.

Savannah Resources es una empresa de exploración de recursos minerales que cotiza en la Bolsa de Londres. Su concesionaria en Portugal es la única propietaria del proyecto de litio de Barroso, cerca de la frontera gallega, identificado como la mayor reserva de este mineral en Europa. Los expertos calculan que la explotación alberga 28 millones de toneladas métricas de litio de alta calidad, necesario para producir las baterías de los coches eléctricos, entre otros productos de alta tecnología.

Se espera que la empresa, que quiere liderar el sector europeo de las baterías para vehículos eléctricos con su mina, se enfrente a la oposición de los ecologistas y la consiguiente negativa a vender los terrenos. Emanuel Proença, CEO de Savannah, ha afirmado que la empresa quiere «continuar con el proceso de compra y alquiler de terrenos», asegurando que «la adquisición de siete parcelas más» ya está en proceso.

Para seguir adelante con el proyecto, cuyo inicio está previsto para 2026, la empresa necesita unas 840 hectáreas para las cuatro minas de Barroso, pero sólo ha conseguido adquirir 93 hectáreas, según datos de septiembre de 2023.

La Unión Europea quiere limitar su dependencia de China
En febrero de 2024, Ursula von der Leyen declaró que el 97% del litio que utiliza la Unión Europea procede de China.

«Hemos visto que China, en los últimos 20 o 30 años, ha comprado estratégicamente una mina tras otra por todo el mundo. Adquieren la materia prima, la procesan en China y así tienen el monopolio sobre estos minerales. Así que dependemos totalmente de China», declaró en el Diálogo Industrial sobre Tecnologías Limpias de la UE,** celebrado en Bruselas.

La empresa alemana Euler Hermes ha firmado una carta de interés no vinculante para garantizar un préstamo de financiación de proyectos de hasta 270 millones de dólares con el que Savannah Resources desarrolle su mina en Barroso.

La misma agencia destaca el «sentido de urgencia en Alemania y otros miembros de la Unión Europea» para desarrollar una cadena nacional de suministro de litio y reducir la dependencia de las importaciones de China.
https://es.euronews.com/my-europe/2024/12/15/el-gobierno-portugues-autoriza-a-savannah-resources-a-ocupar-terrenos-privados-para-explot

El Salvador

La Iglesia se opone a plan de Bukele de reintroducir la minería en El Salvador

Bukele anunció que pedirá al Congreso que derogue esa ley, pues según un estudio, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares
AFP 13/12/2024
La Conferencia Episcopal de El Salvador expresó este jueves su oposición al plan del presidente Nayib Bukele de reintroducir la minería metálica en el país, prohibida desde 2017, para potenciar el crecimiento económico.

La Iglesia se opone a plan de Bukele de reintroducir la minería en El Salvador
«Con el mejor deseo para todos, expresamos nuestro no rotundo, a la explotación minera en el país», señaló la Conferencia en un comunicado.

Los doce obispos firmantes se declararon «muy preocupados» por la «posible activación de la explotación minera», prohibida por ley por impulso de asociaciones ambientalistas y de la Iglesia católica.

Bukele anunció recientemente que pedirá al Congreso, controlado por su partido, que derogue esa ley, pues según un estudio cuya autoría no reveló, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares, equivalentes «al 380% del PIB».

«La práctica de cualquier tipo de minería» traería «consecuencias irreversibles contra la salud y la vida de la población», advirtió la Conferencia, encabezada por el arzobispo de San Salvador, Jose Luis Escobar.

Contaminación
En sintonía con los ambientalistas, los obispos indicaron que la extracción minera podría terminar «contaminando» ríos y mantos acuíferos por el uso de productos químicos como cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico.

Una gran preocupación es que la extracción de oro contamine el río Lempa, que atraviesa la zona de potencial minero presentada por Bukele y que abastece de agua al 70% de los habitantes de la capital y ciudades aledañas.

«Estamos a favor del desarrollo económico, sin embargo la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y su salud; eso vale más que todo el oro del mundo», sostuvo la Conferencia Episcopal.
https://www.ecotvpanama.com/internacionales/la-iglesia-se-opone-plan-bukele-reintroducir-la-mineria-el-salvador-n6021287

Perú

AVANCE DE LA MINERÍA ILEGAL AMENAZA A POBLACIONES INDÍGENAS: INSTITUCIONES SE HAN DEBILITADO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

12/12/2024
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha presentado un revelador informe sobre los retrocesos en la protección de los pueblos indígenas y sus territorios.

 

Mineros ecuatorianos han ingresado a territorio peruano, con maquinaria pesada, generan un foco de conflicto social y de pérdida de control territorial.

El 11 de diciembre se cumplen dos años desde las primeras muertes en el sur andino, resultado de la represión estatal durante las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Las víctimas eran de origen indígena, y estos eventos fueron el preludio de un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Congreso, que resultó en la concentración del poder político en este último.

En el contexto de esta crisis, se presentó el informe «Posicionamiento político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH frente a la situación de los pueblos indígenas u originarios en el Perú». Este documento, que se elabora anualmente, fue enviado a la OIT en agosto y destaca el debilitamiento institucional y la aprobación de políticas públicas que afectan a las comunidades indígenas.

Durante la presentación, Luis Hallazi, representante del Instituto del Bien Común, señaló que el gobierno actual está supeditado a un Congreso autoritario que promueve cambios y reformas constitucionales de facto, afectando la institucionalidad.

Destacó que en el Perú, 55 pueblos indígenas organizados en 3.003 comunidades poseen alrededor del 30% del territorio. Sin embargo, los procesos de saneamiento físico-legal están detenidos por diversas razones, lo que facilita invasiones en sus tierras, especialmente en la Amazonía, debido a la Ley Forestal y la expansión de las economías ilegales.

Ana Leyva, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH, denunció la situación de impunidad respecto a las muertes de 49 personas durante los últimos dos años de conflicto. No solo no se ha hecho justicia, sino que se intenta justificar estas muertes, trasladando la responsabilidad a las víctimas. Esta situación refleja el poco valor que se otorga a las vidas de estas personas en el país.

Leyva criticó la falta de inclusión de las organizaciones indígenas en un evento denominado “cumbre indígena” que fue convocada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso dejando de lado a las organizaciones indígenas nacionales. Lo que constituye una negación a su condición de interlocutores en temas indígenas. Además, expresó la preocupación por el próximo censo nacional, que se está organizando con muy poco tiempo y sin la participación de todas las organizaciones indígenas nacionales. Recordó que el censo es importante porque permitirá saber cuánta población se considera indígena y dónde está. De ello depende las políticas de inclusión y el presupuesto asignado a ellas, así como la determinación de la representación política que les corresponde.

Conflicto por el oro

Respecto a la minería ilegal y el cultivo ilícito de coca, Luis Hallazi señaló que se han incrementado significativamente entre 2018 y 2022, afectando a las comunidades indígenas y áreas protegidas. Se han identificado más de 56 pistas clandestinas de aterrizaje en comunidades nativas. Un caso destacado es el de los Kakataibo, quienes enfrentan minería ilegal, cultivos ilícitos, falta de titulación, invasión, tala forestal y violencia.

Leyva señaló reveló que mineros ilegales de oro han ingresado a territorio peruano en la zona Comainas, cerca a la comunidad de Antigua Canan, Amazonas, utilizando maquinaria pesada, sin que ninguna autoridad los detenga. Lo que significa pérdida de control territorial y de soberanía.


Informe sobre posicionamiento político del GTPPII de la CNNDDHH / Miembros del GTPPII de la CNNDDH

Ángel Damian, representante de la Confederación Nacional Agraria (CNA) señaló la existencia de minería ilegal transfronteriza en el río Puyango, la misma que afecta las aguas del río Tumbes. Asimismo, criticó la Ley APCI impulsada por el Congreso, que busca poner fin al financiamiento internacional para las ONG que trabajan en favor de comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables. Damian afirmó que desde la CNA lucharán contra esta norma y buscarán la derogación de la Ley Anti-Forestal.

Para conocer más sobre esta propuesta y, en general, sobre la situación actual de los pueblos indígenas, no deje de revisar el informe completo de la CNDDHH ingresando al siguiente enlace: https://goo.su/kTEl

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Chile

Justicia ambiental anuló el «no» del Gobierno al megaproyecto Dominga


Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera

09/12/2024 Cooperativa.cl
El pronunciamiento del Comité de Ministros, conocido en enero de 2023, fue declarado ilegal y quedó sin efecto.

La empresa Andes Iron dijo que la resolución confirma que su iniciativa minero-portuaria «cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias necesarias».
Foto: ATON
Greenpeace puntualizó que el fallo del Primer Tribunal Ambiental «no implica la aprobación del proyecto, sino que anula la decisión del Comité de Ministros que lo rechazó en 2023, y ordena emitir una nueva resolución».

El Primer Tribunal Ambiental, asentado en Antofagasta y con jurisdicción para causas desde la Región de Arica hasta la de Coquimbo, anuló la decisión del Gobierno que, a inicios de 2023, dio un portazo al muy bullado megaproyecto minero y portuario Dominga.

El 18 de enero de aquel año, el Comité de Ministros -liderado por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado también por sus pares de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- resolvió de manera unánime calificar desfavorablemente la iniciativa que hace más de una década pretende desarrollar la empresa Andes Iron en la comuna de La Higuera (Provincia de Elqui, Región de Coquimbo).

Ahora, en otra decisión unánime, la justicia ambiental dejó sin efecto el pronunciamiento del Ejecutivo, al declararlo «ilegal» por haber incumplido una «sentencia dictada en causa Rol R N° 1-2017, la cual ya se encontraba firme y ejecutoriada»; acción que infringe principios fundamentales como la cosa juzgada, la imparcialidad y la confianza legítima.

El tribunal apunta además que algunos ministros que habían emitido opiniones previas no se inhabilitaron en la revisión del caso, comprometiendo la legitimidad del proceso; y hubo además «pronunciamientos contradictorios y carentes de coherencia», entre otras infracciones que afectaron derechos de la compañía.

«La resolución impugnada perjudica al reclamante al dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 161/2021, que calificaba favorablemente el proyecto Dominga. Esto ha llevado a que se declare el proyecto ambientalmente desfavorable e inviable, sin cumplir con las exigencias legales», señala el fallo.

Finalmente, el Tribunal Ambiental subrayó el peso obligatorio de su resolución respecto del resto de los órganos públicos: «El control judicial no solo invalida o sustituye decisiones administrativas, sino que también impone el respeto a valores jurídicos sustantivos».

Satisfacción en Andes Iron
Mediante una declaración escrita, la empresa Andes Iron Spa celebró la noticia, que le da la razón respecto al reclamo que interpuso en agosto del año pasado.

«Estamos muy conformes con el categórico y unánime fallo del Tribunal Ambiental, que anula lo resuelto por el Comité de Ministros y restablece nuestra RCA (Resolución de Calificación Ambiental). Este fallo confirma que Dominga cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias necesarias para una evaluación ambiental adecuada», dijo la firma en un comunicado.

Greenpeace: «Sentencia preocupante»
En tanto, la organización Greenpeace Chile apuntó que «este fallo de la justicia no implica la aprobación del proyecto minero portuario Dominga, sino que (sólo) anula la decisión del Comité de Ministros que lo rechazó en 2023, ordenando emitir una nueva resolución».

«Esto significa que aún quedan instancias administrativas y judiciales pendientes para la definición de la operación del proyecto. Desde Greenpeace, en conjunto con otras organizaciones ambientales agrupadas en la Alianza Humboldt, la ciudadanía y las comunidades, seguiremos trabajando para mantener a salvo esta zona, y exigir el cumplimiento de nuestra legislación y estándares ambientales», señalaron los activistas.

En cualquier caso, «esta sentencia nos resulta preocupante, ya que el eventual avance de este proyecto representa un grave riesgo para las especies que habitan en el sector de La Higuera, un área de reconocimiento mundial por albergar fauna marina en peligro, como la ballena azul y diversas aves costeras».

«Además, en esta zona se encuentra la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, uno de los santuarios más importantes del norte de Chile», de modo tal que «un ecosistema tan frágil no puede ser puesto en peligro por los impactos de un proyecto de esta envergadura, que considera intervenciones en mar y tierra».

«El proyecto Dominga lleva más de 10 años en tramitación y ha sido rechazado sistemáticamente por los diferentes actores y organismos involucrados, porque nunca dio respuesta de elementos técnicos para su evaluación: insuficiencia de información en la línea base, falta de evaluación sinérgica de impactos en la flora y fauna local, subestimación de los impactos en aves de la zona, especialmente del pingüino de humboldt, entre otros. En este tiempo, además, la situación ambiental ha cambiado, por lo cual la línea base de proyecto se encuentra obsoleta», agrega Greenpeace, que cierra abogando por que «de manera definitiva, el proyecto Dominga sea rechazado, manteniendo protegida esta invaluable área natural».
https://cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/justicia-ambiental-anulo-el-no-del-gobierno-al-megaproyecto-dominga/2024-12-09/205250.html

Chile, Litio

Gobierno agregó seis salares a la lista prioritaria para producción de litio

Se trata de los salares Hilaricos y Quillagua Norte, en las regiones de Tarapacá, y Quillagua Este, Quillagua Sur, María Elena Este y Cerro Pabellón, en la Región de Antofagasta. De esta manera, suben a 12 las zonas priorizadas.
Patricia Schüller Gamboa 06/12/2024

En el marco de la Estrategia Nacional del Litio, el Ministerio de Minería anunció la apertura del proceso para asignar Contratos de Operación de Litio (CEOL) a privados en seis nuevas zonas priorizadas. Este segundo grupo está compuesto por yacimientos de gran interés para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de litio y otros minerales.

Se trata de los salares Hilaricos y Quillagua Norte, en las regiones de Tarapacá, y Quillagua Este, Quillagua Sur, María Elena Este y Cerro Pabellón, en la Región de Antofagasta. De esta manera, suben a 12 las zonas priorizadas.

Según el ministerio, algunos de estos proyectos permitirán desarrollar minería polimetálica, proyectos de extracción de litio contenido en arcillas, fuentes geotermales, entre otros. Con esto, la Estrategia Nacional del Litio impulsará innovaciones en materia de exploración y explotación de litio en formas distintas a la tradicional de extracción de salmueras.

“Con este anuncio completamos un total de 12 áreas priorizadas para asignación de CEOLes a empresas o consorcios privados nacionales e internacionales, lo que representa el 50% de las manifestaciones de interés válidas”, afirmó la ministra Aurora Williams

“Durante estos meses hemos realizado un intenso trabajo de análisis de los más de 80 manifestaciones de interés que recibimos para viabilizar una estrategia balanceada. En este sentido, el trabajo en el territorio del ministerio ha sido muy valioso para mantener un diálogo permanente con las comunidades que consideramos es una condición habilitante para el desarrollo de esta política pública”, añadió.

Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que “la estrategia avanza entregando certezas. Priorizamos estos 6 yacimientos, que se suman a los 6 sistemas salinos anunciados en septiembre, para aprovechar de manera rápida los beneficios económicos y las oportunidades que abre el litio: empleo, desarrollo de proveedores, innovación y tecnología. Para eso elaboramos una estrategia que es flexible, que se hace cargo de la protección medioambiental y los intereses de privados”.

En tanto, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, indicó que “este anuncio refuerza el compromiso del gobierno de desarrollar la industria del litio equilibrando producción con protección ambiental. Por ello, trabajamos con los ministerios que componen el comité para establecer áreas de yacimientos que sean compatibles con elementos de valor ambiental presentes en el territorio, tales como ríos y sus afluentes, tan importantes en el desierto”.

De igual forma que para el caso de los sistemas salinos priorizados anteriormente, para habilitar este proceso en estos nuevos yacimientos, se iniciarán las respectivas consultas indígenas a la brevedad en todos los casos que exista susceptibilidad de afectación a comunidades indígenas, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y compromisos establecidos por Chile a nivel internacional.

Una vez concluida la consulta para cada caso, y dictado el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones del CEOL, se abrirán licitaciones públicas, cuyas reglas y condiciones estarán contenidas en las respectivas bases que se darán a conocer durante el año 2025.

El proceso considera un procedimiento simplificado que permita agilizar la celebración de CEOLes en estos seis yacimientos priorizados, de modo de asegurar la pronta ejecución de los proyectos más viables.

Para acceder a este procedimiento, en el caso de los primeros cinco yacimientos indicados en este anuncio, las empresas o consorcios deberán contar con experiencia en cualquier etapa de la cadena de valor de la industria del litio y/o experiencia en minería; capacidad financiera para desarrollar el proyecto y, adicionalmente, un porcentaje de concesiones mineras equivalente o superior al 80% del polígono en cualquiera de los yacimientos priorizados.

En el caso del denominado “Sector Cerro Pabellón”, se llevará a cabo un procedimiento distinto, en vista de la situación excepcional que supone la existencia de un proyecto de generación de energía eléctrica, a partir de una fuente geotermal actualmente en operación en dicho sector.

Los interesados en participar del procedimiento simplificado en todos estos polígonos tendrán plazo hasta el 31 de enero de 2025 para ingresar una solicitud de CEOL por sistema salino, debiendo adjuntar los documentos que permitan acreditar que reúnen los requisitos señalados.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el Ministerio de Minería presentará al solicitante un modelo de CEOL. En caso de existir acuerdo entre las partes, se procederá a la firma del CEOL una vez concluida la consulta indígena y dictado el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones del CEOL. En los casos en que se logre este acuerdo mediante el procedimiento simplificado, no habrá licitación pública.

Además, se ha determinado ampliar hasta el 31 de enero de 2025 el plazo para la recepción de antecedentes de los interesados en acceder al proceso simplificado del primer proceso de sistemas salinos, que incluye el Salar de Coipasa, en la Región de Tarapacá; los salares Ollagüe y Ascotán, en la Región de Antofagasta; y los salares Piedra Parada y Agua Amarga, y Laguna Verde, en la Región de Atacama.

Adicionalmente, se simplificarán ciertas exigencias de antecedentes para acreditar que se cumple con el requisito de ser titular de concesiones mineras equivalente o superior al 80% del polígono en cuestión.

Gobierno agregó seis salares a la lista prioritaria para producción de litio

Perú

APRUEBAN CUARTA MODIFICATORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS BAMBAS


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

27/11/2024
www.conflictosmineros.org.pe
El pasado 14 de noviembre fue aprobada la cuarta modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del proyecto minero Las Bambas, por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

La Resolución Directoral N° 00146-2024-SENACE-PE/DEAR, del 13 de noviembre de 2024, señala que esta modificación permitirá actualizar el plan de minado, incremento del procesamiento, cambios en accesos en el sistema de manejo de aguas y otras modificaciones, con el fin de optimizar procesos en la operación minera, así como nuevas medidas de manejo ambiental.

En relación a esta modificación, la empresa anuncia inversiones por US$ 1753 millones en la etapa de construcción y US$ 4893 millones para la etapa operativa. En el caso del yacimiento de Ferrobamba (actualmente en explotación), voceros de la propia empresa han señalado que se encuentra en la quinta etapa de exploración y se evalúa tres etapas adicionales que buscan ampliar la vida útil de la mina. Como se sabe, Las Bambas cuenta con tres yacimientos: Fuerabamba, Chalcobamba y Sulfobamba.

Cabe mencionar que la aprobación de esta cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental ha sido rechazada por la Federación de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas y Distrito de Progreso-Grau, quienes difundieron un comunicado al respecto, donde se expresan en estos términos: “exigimos que el Senace, se rectifique y convoque a un nuevo proceso de socialización de la cuarta MEIA presentada por la empresa Las Bambas”.

Además, la mencionada Federación cuestiona las modificaciones unilaterales que el Gobierno ha hecho al llamado “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso”, donde se eliminaron tres sub grupos de trabajo importantes que tenían temas pendientes: “rechazamos de manera categórica la publicación de la resolución ministerial N.300-2024-PCM que en términos simples ha eliminado 3 sub grupos de trabajo vitales para provincia de Cotabambas y Grau

Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, Apurímac es la cuarta región con el mayor número de conflictos (13%). Cabe precisar que 8 de los 13 casos reportados son de índole socioambiental, sobre todo vinculados a la presencia minera. Una expresión de esta situación de tensión social es el carácter casi permanente de los estados de emergencia en el denominado corredor vial del sur. Una medida que, por definición, debería ser excepcional, ya que implica la restricción de derechos, ha sido prolongada, en lo que va del año, hasta en siete ocasiones.

Bolivia, Litio

Negocio del litio: ¿Qué se sabe de CATL, la empresa matriz con la que firmó contrato el Gobierno boliviano?

CATL es una empresa china que está en el centro de la carrera mundial por almacenar la energía limpia que hará falta para la transición ecológica de Estados Unidos y el resto del mundo.
EL DEBER.
26/11/2024
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un contrato de servicios con la empresa Hong Kong CBC Investment Limited para la implementación de dos plantas de producción de carbonato de litio grado batería, con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, y una inversión de $us 1.030 millones.

«Hoy presentamos el segundo contrato para la producción con CBC Investment Limited, una empresa subsidiaria de CATL, líder mundial en la producción de baterías de litio. Esto demuestra que Bolivia está negociando con los más grandes», afirmó el presidente Luis Arce durante la firma. del acuerdo.

De acuerdo con un reporte de eldiario.es, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), una empresa china de la que la mayoría nunca ha oído hablar, está en el centro de la carrera mundial por almacenar la energía limpia que hará falta para la transición ecológica de Estados Unidos y el resto del mundo.

Especialista en el almacenamiento de energía, CATL había pasado desapercibida hasta ahora para la política estadounidense pese a tener entre sus clientes a Tesla, Volkswagen y BMW, y de ser la mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, con casi dos quintas partes del mercado global.

En febrero, la empresa estadounidense de energía Duke Energy anunció que eliminaría de manera progresiva el uso de baterías CATL. Duke, que presta servicio a más de 8 millones de clientes, comunicó en ese momento su intención de reemplazar la tecnología de CATL por la de un “proveedor nacional o de un país aliado”.

La decisión llegó después de que varios legisladores expresaran su preocupación por el uso de baterías CATL en Camp Lejeune, una base del Cuerpo de Marines en Carolina del Norte. Duke, que gestiona la infraestructura eléctrica de la base militar, desconectó en diciembre las baterías CATL.

A los críticos les preocupa que las baterías de CATL alimenten una dependencia tecnológica con China que podría transformarse en una vulnerabilidad si las relaciones entre Washington y Pekín empeoran. También se teme que las subvenciones del gobierno estadounidense para las tecnologías verdes terminen beneficiando a entidades chinas.

En cualquier caso, los expertos coinciden en que no hay una hoja de ruta clara para descarbonizar las calles y carreteras de Estados Unidos sin instalar en los vehículos eléctricos baterías chinas baratas, probablemente de CATL o de BYD, su rival principal (también china).

Según Michael Dunne, fundador de la consultora especializada en vehículos eléctricos Dunne Insights, Estados Unidos lleva “años de retraso en lo que se refiere a baterías, cadenas de suministro de baterías, y minerales críticos; aquí es donde nuestra despensa está vacía”.

En su opinión, aunque en Estados Unidos haya una “sensación de urgencia” por aumentar la capacidad nacional de producción de baterías, alcanzar a China necesitará un plazo de entre cinco y diez años. Según Dunne, este proceso no será lo suficientemente rápido y barato como para lograr el objetivo del presidente Joe Biden: que en 2032 dos de cada tres vehículos nuevos vendidos en EEUU sean eléctricos.

“Nos preocupa mucho que China tenga capacidad de control sobre nuestra industria en EEUU, incluso ahora que estamos desarrollando este impresionante pilar de fabricación” dijo la secretaria de Energía de EEUU, Jennifer Granholm.

Pero Granholm también reconoció la necesidad de “entender lo importante que es que la gente adquiera vehículos eléctricos de manera asequible”. Un objetivo que según los expertos no se podrá alcanzar en el mercado actual sin usar las baterías de China.
https://eldeber.com.bo/dinero/negocio-del-litio-que-se-sabe-de-catl-la-empresa-matriz-con-la-que-firmo-contrato-el-gobierno-bolivi_392479

Bolivia, Litio

Prevén que plantas de producción de 35.000 toneladas de litio entren en funcionamiento en tres años

27/11/2024

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) prevé que las dos plantas de producción de 35.000 toneladas (t) de carbonato de litio, cuyo contrato para su construcción fue suscrito el martes en La Paz por YLB y la empresa china CBC, entren en funcionamiento en tres años.

“Estas plantas van a estar en funcionamiento entre tres años a partir de la construcción de las mismas. Tenemos un periodo de estabilización de la operación y mantenimiento para posteriormente realizar las pruebas de rendimiento de la planta y en ese momento nosotros aceptarla como tal”, explicó este miércoles el presidente ejecutivo de YLB, Omar Alarcón.

El martes, YLB y la empresa china Hong Kong CBC firmaron un contrato para construir dos plantas de producción de carbonato de litio con tecnología EDL (Extracción Directa del Litio) en el salar de Uyuni, del departamento de Potosí, con una inversión total de $us 1.030 millones.

El contrato implica la construcción de una planta industrial de producción de 10.000 toneladas, con una inversión de $us 310 millones; y de otra factoría de 25.000 toneladas, con una inyección de $us 720 millones.

«Este contrato asegura el derecho propietario de las plantas para Yacimientos de Litio Bolivianos (…), además la comercialización del producto es de exclusiva propiedad y responsabilidad de YLB», enfatizó Alarcón.

En las nuevas factorías con la tecnología EDL se podrá optimizar el uso de la materia prima, la energía y el agua, para proteger el medioambiente y garantizar una producción sostenible del metal blanco.

La construcción de estas dos factorías implica un segundo contrato, el primero fue suscrito en septiembre de este año por YLB y la empresa rusa Uranium One Group para construir una planta industrial de 14.000 toneladas de producción de carbonato de litio, grado batería, también con tecnología EDL y una inversión de $us 970 millones, en Uyuni. /ABI

Prevén que plantas de producción de 35.000 toneladas de litio entren en funcionamiento en tres años

Litio, Mexico

Litio blindado constitucionalmente, pero su producción enfrenta obstáculos

27/11/2024

En la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, México ha dado un paso más para consolidar al litio como un recurso estratégico de la nación. A través de un cambio al Artículo 27 de la Constitución, el gobierno federal busca blindar el control y la explotación de este mineral, que ha cobrado relevancia debido a su uso en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, una de las industrias del futuro.

El litio, que ya estaba reservado en la Ley Minera desde 2022, es ahora reconocido constitucionalmente como un patrimonio de la nación, garantizando que su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento estén bajo control exclusivo del Estado. Esta medida elimina la posibilidad de concesiones a particulares para este mineral y refuerza la estrategia de nacionalización en torno a su explotación.

El texto, que ahora se incluirá en el párrafo sexto del Artículo 27, establece que “no se otorgarán concesiones para minerales radiactivos y litio”. Esta modificación tiene como objetivo “fortalecer al Estado nacional frente a los intereses económicos y garantizar un gobierno y unas instituciones que prioricen el bienestar nacional, en lugar de favorecer a grupos específicos”, según señala el boletín de la Cámara.

China, litio y vehículos eléctricos
La decisión de elevar la explotación del litio a rango constitucional tiene implicaciones políticas y económicas. México cuenta con algunas de las mayores reservas de litio del mundo, especialmente en Sonora, donde el yacimiento de Bacadéhuachi ha atraído la atención internacional.

En 2019, un informe de Mining Technology destacó a Sonora como un área clave para la explotación del litio, lo que motivó a la empresa china Ganfeng a adquirir la mayoría de las acciones de la inglesa Bacanora Lithium, que tenía concesiones en el yacimiento de Sonora desde 2011. No obstante, tras las reformas de 2022, el gobierno mexicano anuló estas concesiones y nacionalizó el recurso, un movimiento que generó tensiones con Beijing.

El interés por el litio no solo responde a su potencial económico, sino también a la creciente demanda mundial de baterías para vehículos eléctricos. El litio, apodado “el oro blanco” por su relevancia en la transición hacia energías limpias, es un componente esencial en las baterías de vehículos eléctricos.

En 2023, Australia lideró la producción global con 86,000 toneladas métricas, seguido por Chile (44,000) y China (33,000). Pero este último país domina el procesamiento y refinamiento, controlando alrededor del 60% del suministro global.

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Un recurso estratégico
Hoy el Gobierno mexicano enfrenta la presión de países como Estados Unidos y Canadá, que han pedido restringir la participación china en la cadena de valor de los vehículos eléctricos. En este contexto, la última propuesta de reforma constitucional busca garantizar que el litio sea un motor de desarrollo nacional.

Sin embargo, y pese a la visión estratégica, el desarrollo del sector enfrenta múltiples retos. La producción de litio en México es compleja debido a la naturaleza del yacimiento de Sonora, donde el mineral se encuentra en arcillas, una composición que exige métodos de extracción más costosos y técnicamente avanzados.

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se han superado algunas complicaciones técnicas gracias a desarrollos realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo y el Conahcyt. Sin embargo, aclaró que el camino hacia la producción comercial aún es largo.

“Ya existe la tecnología para extraer litio de arcilla, pero el desafío es el costo y el desarrollo completo de la cadena de producción”, explicó Sheinbaum en una conferencia matutina el pasado 11 de octubre.

Además, el organismo estatal LitioMx, creado en 2022 para gestionar este recurso, no ha presentado avances significativos. Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2025, LitioMx recibirá 12.9 millones de pesos, un aumento del 31.6% respecto al año anterior. Sin embargo, estos fondos están destinados principalmente a gastos administrativos, sin recursos para operaciones técnicas o de exploración, lo que limita su capacidad para generar resultados tangibles.

Armando Alatorre, geólogo especializado en minería, subraya que “si no inviertes en operación, ¿qué beneficios son los que realmente se quedan para el país?”.

Aunque las reformas buscan garantizar que el litio sea un motor de desarrollo nacional, el reto para México será convertir esta visión en una realidad productiva. La falta de avances operativos y la creciente competencia internacional podrían retrasar los beneficios esperados.

Por ahora, el país ha dado un paso clave hacia la soberanía energética, pero el éxito dependerá de la capacidad de transformar esta iniciativa en un proyecto económico viable. “El mensaje de reservarlo para la población mexicana es alentador, pero sin inversión operativa, los beneficios tangibles seguirán siendo limitados”, concluye Alatorre.
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Litio blindado constitucionalmente, pero su producción enfrenta obstáculos

Perú

Congreso de Perú censura a ministro de Energía y Minas por negligencia en medio de protestas de mineros artesanales

Ivonne Valdés
27/11/2024
Mineros artesanales participan en una protesta frente al Congreso de Perú en Lima el 22 de noviembre de 2024. Miles de mineros artesanales peruanos completaron este viernes su tercer día de protestas frente al Congreso en Lima, y exigieron extender hasta 2026 el plazo de inscripción en un registro único estatal que vence en diciembre y buscan formalizar su actividad. Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP vía Getty Images.
(CNN Español) –– El Congreso de Perú censuró al ministro de Energía y Minas de Perú, Rómulo Mucho Mamani, por considerar que no ha sido capaz de resolver la problemática de la minería artesanal, en medio de las protestas de mineros que acampan desde hace una semana en las afueras del Parlamento.

La medida fue aprobada con 79 votos a favor, cuatro en contra y 13 abstenciones, informó el Congreso en una nota de prensa.

La moción legislativa es vinculante. Mucho Mamani deberá presentar su renuncia a la presidenta Dina Boluarte en un plazo de 72 horas y en ese momento el gobierno deberá anunciar el sucesor.

CNN intenta comunicarse con el ministro para obtener su reacción ante esta medida.

Cientos de mineros acampan fuera del Congreso peruano y realizan bloqueos en carreteras para exigir la ampliación del registro integral de formalización minera (Reinfo) por al menos seis meses más. Se trata de un padrón que les permitiría operar en varios socavones y les exime de responsabilidad legal por el delito de minería ilegal.

Los mineros, que según la legislación vigente tienen hasta el 31 de diciembre para completar su formalización, niegan cualquier lazo con la minería ilegal.

El Poder Ejecutivo propuso una Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE), que otorga un plazo adicional de seis meses de vigencia del Reinfo. Esta ley aún se debate en el Congreso.
Con información de Andy Ortiz.
https://cnnespanol.cnn.com/2024/11/27/peru-censura-ministro-energia-minas-negligencia-protestas-orix