La Argentina es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos de índole socioambiental provocados por empresas mineras en cuanto a contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, pero también por la repartición de rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, tal como lo indica un flamante estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
De acuerdo con el portal mexicano Jornada, la Argentina y México comparten el segundo lugar entre una veintena de naciones mineras de la región que afrontan esta clase de problemas.
Cada uno tiene 26 casos, y de ese modo sólo son superados por Perú y Chile, que cuentan con 33 conflictos mineros, que la CEPAL atribuye a «la falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales, entre otras, y que -sobre todo- sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países en cuestión».
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