Un video elaborado por investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM aborda los impactos ambientales, económicos y sociales de esta modalidad extractiva en México.
La minería del siglo XX trajo consigo una nueva técnica de extracción llamada «lixiviación con cianuro de sodio», a la que se le considera muy eficaz porque en su proceso se recuperan más metales. La aplicación de este procedimiento consiste, básicamente, en lavar piedras en cianuro y extraer así todos sus minerales, como plata, oro, arsénico, fluoruro de calcio, grafito natural. Sin embargo, el agua que se utiliza para el lavado queda impregnada de cianuro, afectando los recursos hídricos cercanos, comenzando así una larga lista de afectaciones al ambiente, entre las que destaca la contaminación de los suelos.
Saquean empresas mineras a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.
El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la provincia de Sucre, Johnny Martínez Arone, denunció que la minera australiana Laconia intenta obtener una licencia de concesión para la exploración en 100 mil hectáreas de terreno que incluyen la cuenca hidrográfica de Ccarhuarazo. El 99% de las autoridades locales y distritales están en contra del ingreso de la minería.
Dentro de la lucha por impedir que se instale una mina de oro en la comunidad indígena de Zacualpan, este martes la nueva mesa directiva acudirá al Registro Agrario Nacional (RAN) para conocer si dicha dependencia registró la última acta de la asamblea.
“Los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado, se utilizan también varias toneladas de agua y grandes cantidades de energía, y los que unos consumen a otros se les quita”, mencionó Horacio Machado Aráoz, investigador del CEIICH de la UNAM.
Ha pasado un mes de la fecha estipulada para la firma del contrato entre el Estado Uruguayo y Aratirí y todavía no se ha efectuado el acuerdo. La semana pasada el presidente José Mujica manifestó que «sin garantías suficientes» el proyecto no se llevará adelante. En torno a la polémica, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería sigue juntando firmas para realizar una consulta popular y elaborando informes que contradicen las informaciones oficiales. En Perspectiva conversó con Raúl Viñas, vocero de dicha organización, quien acusó a Aratirí de no tener «ni la experiencia ni el capital» para un emprendimiento como este. De firmar un contrato con esta empresa, a Uruguay «le sería imposible lograr el desarrollo de cualquier escalón de la industria metalúrgica», señaló Viñas. Sobre el final, concluyó: «la minería puede ser un gran negocio en Uruguay» pero no «para Uruguay».
El pasado 3 de marzo, el Instituto FRASER (Canadá) presentó el resultado del «Sondeo Anual entre Empresas Mineras (2013)», un interrogatorio electrónico sobre cómo evalúan las posibilidades de inversión en todo el mundo. Dicho estudio recoge las respuestas de 690 representantes de empresas mineras. En sus conclusiones, el Instituto FRASER realiza una evaluación de la situación particular de la Argentina, resaltando el hecho de que, excepto por el caso de Jujuy, todas sus provincias retrocedieron escalones en forma «significativa» en 2013, revirtiendo el «notable avance» experimentado en el sondeo precedente (2012/2013).
La defensa de los cinco acusados de pintar con graffitis las paredes del municipio de Puerto Madryn, planteó que la causa debe cerrarse porque significa una limitación a la libertad de expresión. Además de afirmar que no existen pruebas del daño que se dice ocasionado, manifestaron que la falta de oportunidad de difundir la lucha por el agua y contra la megaminería en los medios masivos de comunicación, es una forma de censura.
