Luego del asesinato de Mariano Abarca Roblero en noviembre de 2009, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, México, la REMA Chiapas dio a conocer las pruebas de los cheques que esta empresa entregó al entonces presidente municipal Julo César Velásquez. Así, el 10 de marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses presentaron una queja ante la Policía Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés) con el fin de investigar a dicha empresas por este soborno. En julio de 2011 las oficinas de la empresas canadiense fueron investigadas por la RCMP para profundizar en las investigaciones, sin que a la fecha se sepa nada del proceso.
Técnicos de la minera Falconbridge Dominicana (FALCONDO) no están seguros de la explotación de Loma Miranda, en caso de obtener el correspondiente permiso del Estado Dominicano.
Un video elaborado por investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM aborda los impactos ambientales, económicos y sociales de esta modalidad extractiva en México.
Saquean empresas mineras a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.
El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la provincia de Sucre, Johnny Martínez Arone, denunció que la minera australiana Laconia intenta obtener una licencia de concesión para la exploración en 100 mil hectáreas de terreno que incluyen la cuenca hidrográfica de Ccarhuarazo. El 99% de las autoridades locales y distritales están en contra del ingreso de la minería.
Dentro de la lucha por impedir que se instale una mina de oro en la comunidad indígena de Zacualpan, este martes la nueva mesa directiva acudirá al Registro Agrario Nacional (RAN) para conocer si dicha dependencia registró la última acta de la asamblea.
“Los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado, se utilizan también varias toneladas de agua y grandes cantidades de energía, y los que unos consumen a otros se les quita”, mencionó Horacio Machado Aráoz, investigador del CEIICH de la UNAM.
Ha pasado un mes de la fecha estipulada para la firma del contrato entre el Estado Uruguayo y Aratirí y todavía no se ha efectuado el acuerdo. La semana pasada el presidente José Mujica manifestó que «sin garantías suficientes» el proyecto no se llevará adelante. En torno a la polémica, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería sigue juntando firmas para realizar una consulta popular y elaborando informes que contradicen las informaciones oficiales. En Perspectiva conversó con Raúl Viñas, vocero de dicha organización, quien acusó a Aratirí de no tener «ni la experiencia ni el capital» para un emprendimiento como este. De firmar un contrato con esta empresa, a Uruguay «le sería imposible lograr el desarrollo de cualquier escalón de la industria metalúrgica», señaló Viñas. Sobre el final, concluyó: «la minería puede ser un gran negocio en Uruguay» pero no «para Uruguay».
El pasado 3 de marzo, el Instituto FRASER (Canadá) presentó el resultado del «Sondeo Anual entre Empresas Mineras (2013)», un interrogatorio electrónico sobre cómo evalúan las posibilidades de inversión en todo el mundo. Dicho estudio recoge las respuestas de 690 representantes de empresas mineras. En sus conclusiones, el Instituto FRASER realiza una evaluación de la situación particular de la Argentina, resaltando el hecho de que, excepto por el caso de Jujuy, todas sus provincias retrocedieron escalones en forma «significativa» en 2013, revirtiendo el «notable avance» experimentado en el sondeo precedente (2012/2013).