Perú

Zoe luchó incansablemente contra la minería:

en su propio cuerpo y en su salud que le era arrebatada día a día. A sus cortos 12 años murió a causa de intoxicación con arsénico y plomo.
Cerro de Pasco – Perú
¿Cómo le dices a tu hija que por haber nacido en donde ha nacido, está ya condenada a la intoxicación y la muerte? Cómo puedes vivir en paz, cuándo sabes que tus hijos tienen que jugar respirando aire envenenado? ¿Cómo les dices, que deben permanecer ahí, porque es la tierra donde siempre han vivido, donde han aprendido a trabajar, donde están todos sus lazos?

La historia de Zoe, debe dolernos a todos. Tenía 12 años y cuando nació en Cerro de Pasco, Perú, su pueblo, ya se registraban graves daños al ambiente en el que vivía y se desenvolvía la población. Este poblado, que se visualiza como un inmenso hueco en la tierra, ha sido declarado como una zona de sacrificio en América Latina según la ONU y según estudios de la Organización Mundial de la Salud los niveles de metales pesados sobrepasan en cientos de veces los límites de seguridad nacionales.

Sus padres hicieron de todo para salvar a su hija, gastaron todo lo que tenían, y más allá de lo que tenían buscaron medios económicos, para que su hija pueda recibir un tratamiento. Siendo una de las localidades que más ganancias le representa al Perú, sus pobladores, con una abrumadora mayoría enferma, intoxicada, debe recorrer kilómetros de distancia para acceder a atención médica, que aún así no es especializada y tampoco con acompañamiento recurrente. La atención médica para los habitantes de Cerro de Pasco, así como en todos los lugares de extracción minera, es desastrosa y una deuda histórica, que a las autoridades y las empresas explotadoras, no les interesa atender, aún pese a los reclamos, insistencia y demandas de las víctimas de esta operación minera.

Dejaron a morir a Zoe por su indiferencia y negligencia

El estado, con sus gobiernos de turno, una y otra vez ignoraron que Zoe y cientos de niños más, vivían con esta intoxicación crónica por culpa de su negligencia, de su indolencia, de su irresponsabilidad. La empresa Volcán que es la responsable del desastre en esta zona, de origen peruano, que desde el 2017 tuvo más de 50% de sus capitales en manos de la gigante anglo – suiza Glencore y actualmente mayoritariamente con capitales argentinos a cargo de la firma Integra Capital; informa en su página web que cumple con los estándares ambientales y de responsabilidad social. Su emporio de destrucción ha crecido cada año, a costa de la vida de las personas.

Zoe sufrió mucho. Su calidad de vida mermaba todos los días. Zoe ha dejado el vacío en su familia, pese a la lucha incansable de sus padres y vecinos. A los niños de Cerro de Pasco les une la desgracia heredada desde tiempos de la colonia. Según versa una investigación de enero 2024, publicada por el portal Mongabay, los niveles de coeficiente intelectual de los niños que viven en Cerro de Pasco se han visto afectados significativamente por la exposición a metales pesados.


LEA MÁS AQUÍ La historia de ZOE: https://iglesiasymineria.org/2025/05/16/zoe-la-nina-que-murio-envenenada-por-el-empresa-minera-volcan-y-por-el-estado-peruano-su-historia-es-la-historia-de-cerro-de-pasco/

Red Iglesias y Minería

Perú

Perú: absuelven a 11 personas que encabezaron protestas contra una minera

24/04/2025 Habían sido condenados en primera instancia
La líder comunal Lisbeth Abarca, una de las absueltas. . Imagen: EFE
Once líderes comunales y activistas peruanos fueron absueltos por un tribunal superior, tras haber sido sentenciados a penas de entre 8 y 9 años de cárcel por su participación en 2015 en unas protestas contra la gran mina de cobre Las Bambas.

Los comuneros protestaron en 2015 por el cambio en el estudio de impacto ambiental para permitir el paso diario de unos 170 camiones cargados con el mineral por territorios de las comunidades andinas, algo que iba a afectar tanto su salud como el medioambiente.

La mina Las Bambas es considerada una de las mayores explotaciones de cobre en Perú y la más grande de una empresa china en América Latina, pero ha recibido quejas por su aparente impacto negativo en el respeto de los derechos humanos de los pobladores.

«Esta sentencia sienta un precedente muy importante»
Luego de que una sala penal revocó las sentencias que se habían dictado contra los líderes por los delitos de disturbios y daños agravados, varios de ellos y sus abogados ofrecieron una rueda de prensa en Lima para dar detalles del proceso judicial.

«Para nosotros es un nuevo día hoy día, porque hasta ayer hemos pasado una penuria para nuestras familias, nuestros hijos, era una situación triste», dijo Maximiliano Huachaca, quien enfrentaba una condena de ocho años y el pago de una reparación civil a favor del Estado y de la firma china MMG, que desarrolla el megaproyecto de Las Bambas en el departamento andino de Apurímac.

Aseguró que con esta sentencia han encontrado «la justicia verdadera», después de una «dura lucha» que ha durado casi una década.

Uno de los abogados de los comuneros, David Velazco, expuso que tras la apelación que presentaron en 2024 tras un primer fallo, la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac cuestionó la existencia probatoria de la figura de la autoría mediata de los activistas sobre estos delitos.

«Saludamos la sentencia, agradecemos que los magistrados hayan hecho justicia, esta sentencia sienta un precedente muy importante en la lucha contra la impunidad cuando se abren procesos arbitrarios contra los defensores de derechos humanos y del ambiente», afirmó Velazco.

En este sentido, la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) aseguró que este proceso judicial «ha evidenciado la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución y criminalización de defensores».

Lisbeth Abarca, otra de las personas que habían recibido una condena de prisión, expresó que este largo proceso judicial les ha causado mucho daño psicológico, tanto a ellos como a sus familias. «Nos han restringido incluso en el trabajo. Este proceso largo ha afectado a nuestros hijos, esposas, padres y madres», denunció.

Asimismo, los defensores afirmaron que las investigaciones de este caso no han acabado, puesto que las tres muertes de comuneros ocurridas durante las protestas aún no tienen responsables. «Mientras a nosotros nos aceleraron el proceso, las investigaciones por los fallecidos están estancadas. Hay niños huérfanos y viudas que siguen esperando justicia», agregó Huachaca.
https://www.pagina12.com.ar/820621-peru-absuelven-a-11-personas-que-encabezaron-protestas-contr

Perú

PATAZ: EL CONFLICTO ARMADO EN EL SOCAVÓN

05/05/2025
El hallazgo sin vida de los 13 mineros que habían sido secuestrados el pasado 25 de abril, es un nuevo capítulo de la espiral de violencia que se vive en esta provincia de la sierra de La Libertad.

De lo que se sabe, los trabajadores asesinados laboraban para la contratista R&R, y según información proporcionada por la propia empresa minera Poderosa, brindaban servicios a un minero artesanal con quien “mantiene un contrato de explotación”. Al parecer, previamente la zona en disputa había sido invadida violentamente por ilegales y los trabajadores habrían llegado al lugar para desalojarlos.

Este hecho es una clara evidencia de que el estado de emergencia no ha funcionado en Pataz y de que la disputa por el control de la extracción de oro en esta zona del país es cada vez más violenta. La Libertad sigue siendo la zona del país con mayor índice de criminalidad y Pataz es un buen ejemplo de ello. Desde el 12 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, lo que significa que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, supuestamente, habían asumido el control interno de ambas provincias.

Sin embargo, a estas alturas queda claro que esta medida no ha funcionado y que los enfrentamientos armados, atentados y asesinatos, continúan. Hace unos meses, el alcalde de Pataz, Carlos Mariño, en una entrevista en un medio radial, señaló que mientras los estados de emergencia “no vayan acompañados de un recurso logístico, no van a funcionar […] La Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) está en Parcoy y en el distrito de Pataz, pero no están protegiendo al pueblo. Tenemos comisarías que no están bien implementadas”.

Los hechos le dan la razón al alcalde. Ya en octubre del año pasado, en la zona Tolvas, parte de la concesión de la empresa Poderosa, se había encontrado una suerte de fosa común, con aproximadamente 12 cuerpos en descomposición. Esta zona había sido tomada por un grupo de mineros ilegales liderado por rankeados delincuentes. Como se sabe, en la zona hay enfrentamientos abiertos entre diferentes grupos que buscan controlar las zonas de explotación minera.

Además, otra evidencia del fracaso de esta estrategia, es que con estado de emergencia y con la Policía y las Fuerzas Armadas, supuestamente, controlando todo lo que pasa en Pataz, hace apenas unos días, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hablaba de “supuesto secuestro de trabajadores en Pataz”. Queda claro que el gobierno no tiene idea de lo que pasa en esta zona del país.

La disputa armada no se da en la superficie, es sobre todo en los socavones para controlar las galerías y las labores mineras. Se sabe, por diferentes reportes que, por ejemplo, la seguridad de la minera Poderosa, libra enfrentamientos bajo tierra con grupos de mineros ilegales, respaldados por gente fuertemente armada: esta empresa ha informado que alrededor de 30 sectores de la unidad de Santa María, una de las zonas de mayor producción, han sido capturados por mineros invasores, que están respaldados por bandas delictivas.

Otros ejemplos de que el estado de emergencia no funciona: diversos informes señalan que en esta provincia de La Libertad hay 52 plantas que operan este mineral extraído, que luego es transportado sin ningún tipo de control o fiscalización por parte de las autoridades. Además, en los últimos cuatro años, habrían salido unos 33,708 volquetes cargados con 674,160 toneladas de oro, por un valor de US$3,553 millones. La Libertad se ha convertido en el principal departamento productor de oro del país.

Finalmente, sobre todo en una zona tan convulsionada como la de Pataz, debería esclarecerse la relación entre la minería formal y sus contratistas, ya sea pequeños mineros u otros, ya que, en esa relación difusa, todo indica que son estos trabajadores los que están siendo expuestos en una situación de enfrentamiento abierto y tremendamente violento.

Desde CooperAccion hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares de los 13 trabajadores asesinados

Bolivia

SE APRUEBA LEY DEPARTAMENTAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL A LA REPRESA DE TACAGUA POR VOTACIÓN UNÁNIME

30/04/2025
Colectivo CASA.- En sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, realizada el martes 29 de abril de 2025, se aprobó en grande y en detalle por votación unánime de los 32 Asambleístas Departamentales de Oruro la Ley Departamental de protección a la Represa de Tacagua, como símbolo de Desarrollo Agro productivo lechero del Municipio de Challapata, Provincia Abaroa del Departamento de Oruro, con un amplio reconocimiento de la vocación productiva de Challapata, del trabajo de los regantes y la necesidad de proteger el Agua, por ende a la Represa de Tacagua con la ley departamental.

Previamente a la sesión, la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego N°2 Tacagua con los 1200 usuarios, ingresaron por las calles de la ciudad en una impresionante marcha pacífica, con carteles, y a través de un pronunciamiento manifestaron que se encontraban en Emergencia, con ello la decisión de entrar en vigilia en puertas de la Asamblea Legislativa mientras se desarrollaba la sesión.

Con alegría se pudo escuchar la decisión unánime de los Asambleistas Departamentales de Oruro, quienes aprobaron la ley en grande y en detalle. La Ley tiene por finalidad:

1) Promover y gestionar la protección ambiental de la Represa Tacagua por su valor agroproductivo.

2) Proteger el sistema de riego para la producción agropecuaria.

3) Gestionar el manejo sostenible del recurso hídrico para el desarrollo agrícola y lechero.

4) Garantizar la producción agrícola, ganadera y lechera de las comunidades del Municipio de Challapata, velando la seguridad y soberanía alimentaria.

5) Proteger el sistema de vida (agua, suelo, aire, seres vivos) de las áreas de aporte vulnerables a la contaminación minera.

 

“Son 3 años de trabajo donde los regantes en conjunto al municipio, concejales, Renamat, Regantes, 7 ayllus y con el Colectivo CASA, todos articulados en el comité interinstitucional de defensa del Medio Ambiente de Challapata pusimos dedicación, esfuerzo y tiempo a la construcción de esta ley, y hoy después de la marcha y vigilia, estamos felices de que la Asamblea Legislativa haya aprobado nuestra ley, es un impulso para avanzar hacia el dragado, a la seguridad y soberanía alimentaria y hacia el ejercicio de nuestra libredeterminacion, somos regantes productores, NO MINEROS” .Señaló Jimmy Poma Presidente de la Asociación de Regantes de la represa de Tacagua
Que viva nuestra asociación de Regantes!!! que viva la Represa de Tacagua!!! que viva la Unidad de las comunidades y organizaciones!!!

 

Oruro, 29 de abril de 2025

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Chile

CRECE PREOCUPACIÓN POR PERSECUCIÓN A DEFENSORES AMBIENTALES Y AVANCE DE MINERA DE TIERRAS RARAS “ACLARA”

Con un amplio respaldo nacional e internacional, y emplazamiento al gobierno de Canadá, cerró la campaña de solidaridad con Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, defensoras/es ambientales de Penco (Región del Biobío en Chile), quienes están siendo objeto de hostigamiento y persecución judicial por parte de la minera ACLARA.

Así, denunciando este intento de deslegitimación a la protesta ambiental en Chile, por parte de la minera de origen canadiense, se reunieron 327 firmas en total, entre la cuales se destaca el apoyo de organizaciones internacionales, como The Gaia Foundation, Yes to Life, No to Mining global solidarity network, Canadian Network on Corporate Accountability, y MiningWatch Canada, siendo esta última la convocante para las adhesiones en el norte global.

“Exigimos al gobierno canadiense a través de su embajada en Santiago, implementar «Voces en Riesgo: Directrices de Canadá sobre el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos», y manifestarse públicamente en apoyo con las defensoras ambientales de Penco y su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos, sus territorios y las fuentes de agua”, expresaron su la declaración, las organizaciones firmantes de ese país.

Vale indicar, que las Directrices de Canadá para apoyar a los defensores de los derechos humanos, a las cuales se hace referencia en la declaración, establecen un marco de acción que debe ser implementado por funcionarios gubernamentales, especialmente por el personal de asuntos exteriores y las misiones diplomáticas en el extranjero. Este documento subraya que los jefes de misión son responsables de promover los derechos humanos, lo que incluye el respaldo activo a quienes los defienden. Para ello, las embajadas canadienses pueden adoptar diversas medidas, como el mapeo y monitoreo de la situación de los defensores, establecer relaciones directas y constantes con ellos, visibilizar su labor, reconocer sus esfuerzos mediante premios, fortalecer sus capacidades, apoyar redes de solidaridad, dialogar con autoridades locales, colaborar con actores internacionales, acompañarlos en procesos judiciales, hacer declaraciones públicas, brindar asistencia de emergencia y promover una conducta empresarial respetuosa de los derechos humanos.

Equipo OLCA
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
Compañía de Jesús #2540, Santiago, Chile

Perú

Cusco: diez comunidades originarias de Espinar en protesta ante el Estado y Antapaccay

Cooperaccion  29/04/2025
Diez comunidades originarias de Espinar, en la región Cusco, realizaron una medida de lucha que se inició el domingo 30 de marzo, en respuesta al incumplimiento de compromisos asumidos tanto por el Estado como por la empresa minera Antapaccay, subsidiaria de Glencore. Las comunidades involucradas en esta protesta son Alto Huarca, Huarca, Cala Cala, Antacollana, Huisa, Huisa Ccollana, Suero y Cama, Alto Huancané, Huancané Bajo y Tintaya Marquiri.

Las comunidades denuncian la vulneración de sus derechos y exigen soluciones urgentes ante los impactos de la actividad minera. Sus principales demandas incluyen la nulidad de la segunda modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) y la suspensión de sus trámites administrativos, la implementación de un plan integral de reparaciones para remediar los daños ambientales acumulados, una reunión urgente con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el ministerio de Energía y minas para atender sus reclamos, la paralización de la planta industrial de óxidos de la empresa minera, cuya operación consideran ilegal, y la realización de una consulta previa auténtica y vinculante, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que garantice su participación en decisiones que afectan sus territorios.

Las comunidades han alertado sobre diversas irregularidades en los procesos administrativos y en la implementación de la consulta previa, denunciando manipulación que estaría vulnerando su derecho a una participación libre e informada. Además, han expresado su preocupación por la contaminación ambiental comprobada en agua, suelo y aire, según informes de la OEFA y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cusco. También han denunciado la criminalización y persecución de líderes comunales que han alzado su voz en defensa de sus derechos y territorios.

Las comunidades afirman que el proceso de consulta previa del proyecto minero “Expansión Tintaya – Ampliación Antapaccay e Integración Coroccohuayco” se ha prolongado por más de cinco años sin que se alcancen acuerdos que respeten sus derechos fundamentales y colectivos. Además, sostienen que el Estado ha actuado en colusión con la empresa minera, favoreciendo la explotación de recursos en detrimento de las comunidades afectadas.

El comunero de la comunidad de Alto Huarca, Claudio Humasi Fernández, mencionó que “las comunidades de Espinar están ejerciendo su derecho al control territorial sin vulnerar ninguna ley, ya que las carreteras utilizadas para otro tipo de uso nunca fueron consultadas y siguen perteneciendo a las comunidades”. Señaló que la minería en la zona está atentando contra la salud de la población, pues muchos comuneros, incluido él, presentan metales pesados ​​en el cuerpo y solo reciben medicamentos comunes sin un tratamiento adecuado. Asimismo, que la empresa Antapaccay, del conglomerado Glencore, no ha remediado el daño ambiental y exige remediación, reparación e indemnización para las comunidades afectadas. Además, exigen la presencia del ministro de Energía y Minas en las comunidades de Espinar y que la empresa cumpla con la sentencia de la Sala mixta descentralizada de Canchis del 15 de enero de 2025, que determinó la vulneración de derechos de la comunidad campesina de Huisa y ordenó una “consulta ex-post” sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya. Finalmente, también exige la llegada de los dueños o accionistas de la empresa para que escuchen directamente las denuncias de las comunidades y el maltrato que sufren por parte de los administradores de la empresa minera.

El 1 de abril de 2025, el Ministerio de Energía y Minas, a través del ministro Jorge Luis Montero Cornejo, envió un oficio a los presidentes de las diez comunidades de Espinar, invitándolos a una reunión de trabajo programada para el 7 de abril en Lima. La agenda de la reunión que propuso el MINEM consistía en abordar aspectos relacionados con el proyecto minero de explotación “Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”, así como las preocupaciones sobre la posible vulneración del derecho al libre tránsito y el normal desenvolvimiento de las actividades en la provincia.

Sin embargo, las comunidades manifestaron que no asistirían a la reunión en Lima, ya que consideran que dicho encuentro debe realizarse en sus territorios, donde se encuentran los comuneros directamente afectados. El mismo día, la Fiscalía de prevención del delito se apersonó al lugar donde las comunidades mantienen su medida de lucha en defensa de sus derechos.

Las comunidades de Espinar reafirman su compromiso con la defensa de sus territorios y anuncian que mantendrán el control de sus territorios hasta que el Estado y la empresa minera cumplan con sus acuerdos y obligaciones. Asimismo, exigen el respeto a sus derechos y una consulta previa real y efectiva, garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Panamá

Marchan en Panamá por defensa de soberanía, rechazo a reapertura de mina y reforma de pensiones

Associated Press 29/04/2025

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Unas 300 personas con banderas panameñas y con consignas como “esta patria no se vende» marcharon el martes por calles de la capital de Panamá para rechazar un memorando de entendimiento sobre seguridad firmado con Estados Unidos que, afirman, atenta contra la soberanía del país. Mostraron, además, su oposición a los planes del gobierno de reabrir una enorme mina de cobre.

La marcha, convocada por un grupo de redes sociales que ganó notoriedad en las pasadas protestas masivas antimineras denominado Sal De Las Redes, tiene lugar en medio de una huelga indefinida impulsada por el poderoso sindicato de la industria de la construcción y gremios magisteriales. Se inició el lunes para rechazar esos dos asuntos, pero también para exigir la derogación de una ley sobre reformas a las pensiones aprobada y divulgada el mes pasado.

Obreros de la construcción y maestros convocaron marchas y cierres de calles en todo el país desde el lunes. Algunas de ellas fueron reprimidas por la policía antimotines con el uso de gases lacrimógenos.

“Estamos en desacuerdo con ese memorando que firmó el gobierno”, dijo a The Associated Press durante la marcha Ariel Valdés, un agente de seguridad privada de 30 años, arropado con una bandera panameña. Criticó que el presidente José Raúl “Mulino está cediendo el canal a Estados Unidos”.

Panamá y Estados Unidos firmaron ese acuerdo durante la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el mes pasado, el cual permite que ese país incremente la presencia militar y ocupe temporalmente algunos sitios aledaños al canal que en el pasado usó como bases para la defensa de la vía marítima comercial y que son operados por las autoridades panameñas.

La administración del presidente Donald Trump, quien desde antes de asumir su segundo mandato amenazó con retomar el canal, lo consideró un paso en su objetivo de recuperar la vía ante lo que llama la “amenaza” de la presencia china. El fin de semana dijo en una publicación en su plataforma Truth Social que los barcos militares y comerciales de su país deberían pasar gratuitamente por el canal.

Los críticos afirman que el memorando atenta contra la soberanía del canal y del país, así como de su neutralidad, pero el gobierno panameño ha negado que lo firmado implique que vaya a haber bases militares estadounidenses como en el pasado.

“Este memorando no crea obligaciones en el Derecho internacional. No cede soberanía, no es permanente, tiene fecha de vencimiento, inclusive una cláusula de escape. Nosotros podríamos hoy decir no lo renovamos”, dijo el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, durante una comparecencia ante una comisión legislativa el martes.

“Panamá vale más sin minería”, fue otra de las consignas que se corearon durante la marcha, en respuesta a las intenciones del gobierno de reabrir una enorme mina de cobre que fue cerrada después de que su contrato de concesión fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal del país en noviembre de 2023.
https://lancasteronline.com/lavoz/latinoamerica-y-caribe/marchan-en-panam-por-defensa-de-soberan-a-rechazo-a-reapertura-de-mina-y-reforma/article_dcf9328c-3627-529a-af00-5a9bc881562d.html

Perú

Comuneros de Cusco inician huelga indefinida: bloquean el Corredor Vial Sur en protesta contra el Gobierno y la minera Las Bambas

29/04/2025
La situación se tensa con la llegada de la Policía Nacional, mientras los habitantes de Chumbivilcas se mantienen firmes en su lucha por soluciones concretas a sus demandas.

Los comuneros destacaron dos peticiones a las autoridades de Ccapacmarca. Foto: Composición LR/Luis Álvarez
Desde el pasado viernes, los habitantes de la Comunidad Campesina de Ccapacmarca, ubicada en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), iniciaron una paralización indefinida mediante el bloqueo del Corredor Vial Sur, en protesta contra las autoridades nacionales y la empresa minera Las Bambas. Los comuneros demandan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Congreso de la República la promulgación de una norma que garantice el saneamiento físico legal de sus terrenos y la pavimentación definitiva de la carretera.

Los manifestantes exigen que dicha ley asegure la regularización jurídica de sus tierras, las cuales forman parte del corredor minero, con el fin de mitigar los impactos ambientales generados por el tránsito constante de vehículos de carga pesada que transportan concentrado de mineral desde la minera Las Bambas, situada en Apurímac.

Comuneros de Ccapacmarca denunciaron conversión ilegal de la carretera que atraviesa sus terrenos
En el año 2019, los comuneros de Ccapacmarca denunciaron que el Estado peruano, en presunta complicidad con la minera Las Bambas, habría realizado una conversión ilegal de la carretera que atraviesa sus terrenos comunales en una vía de carácter nacional. Esto, aseguran, vulnera derechos fundamentales como la consulta previa, la identidad cultural y el acceso a un ambiente saludable, derechos reconocidos tanto en la Constitución Política del Perú como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

Como parte de su pliego de demandas, los comuneros plantean dos peticiones principales: el saneamiento físico legal de sus tierras comunales y la pavimentación definitiva de la carretera. Según ellos, esto es una responsabilidad que deben asumir tanto la empresa minera como el Estado peruano.

Adicionalmente, los comuneros responsabilizan al Estado y a la empresa minera por el incumplimiento de los compromisos adquiridos desde el año 2019 y han solicitado la presencia urgente del ministro del MTC.

Cusco: agentes PNP fueron desplegados para mantener el orden en la comunidad de Ccapacmarca
La situación en la zona ha experimentado un aumento de la tensión con la llegada de un contingente de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), desplegados con el objetivo de mantener el orden público. Sin embargo, los pobladores han manifestado claramente que no detendrán las medidas de fuerza hasta alcanzar soluciones concretas a sus demandas.

«En estos momentos, representantes de la minera y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se encuentran en la búsqueda de una solución. Esperamos que se pueda levantar la medida de protesta. A lo largo del año, enfrentamos este tipo de movilizaciones en los más de 300 kilómetros que comprenden la vía», declaró el general de la PNP, Julio Becerra Cámara, quien también es jefe de la Región Policial Cusco.

Hasta el cierre de la presente información, los comuneros mantenían bloqueada una parte significativa de la vía.
https://larepublica.pe/sociedad/2025/04/28/en-cusco-comuneros-inician-huelga-indefinida-y-bloquean-el-corredor-vial-sur-en-protesta-contra-el-gobierno-y-la-minera-las-bambas-339080

Chile

Joaquín Lavín: el insistente promotor del proyecto minero de tierras raras en Penco

14/04/2025
Joaquín Lavín Infante se ha convertido en uno de los fervientes impulsores del proyecto de extracción de tierras raras en Penco, liderado por la empresa Aclara Resources. A través de columnas en medios como Ex-Ante, entrevistas en Las Últimas Noticias y su rol en la Universidad del Desarrollo, el exministro y excandidato presidencial ha desplegado una intensa campaña mediática, académica y política para posicionar este proyecto minero resistido por comunidades locales. La defensa de Lavín al uso estratégico de las tierras raras en el contexto geopolítico actual ha despertado críticas por su omisión de los impactos socioambientales que denuncia la ciudadanía pencona.

Por Javier Arroyo Olea| Integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Desde septiembre de 2022, el cuestionado político Joaquín Lavín Infante se incorporó como columnista del medio empresarial Ex-Ante. Desde esta vitrina, ha optado por buscar el posicionamiento de temáticas económicas en el debate público, emitiendo opinión sobre diversos temas. Sin embargo, uno de sus favoritos y más repetido guarda relación con la comuna de Penco y el resistido proyecto de extracción de tierras raras que la empresa minera Aclara Resources -mediante su subsidiaria REE UNO SpA- pretende instalar en sus cerros en una sexta tramitación ambiental.

Lavín Infante tiene un capital político fuertemente vinculado a la derecha y los capitales empresariales que es reconocido en el país. Ya sea como parte de la camada de los Chicago Boys, o excandidato presidencial, o exministro de Educación y de Desarrollo Social durante la primera administración del presidente Piñera, o como un criticado alcalde de la pomposa comuna de Las Condes, Lavín se ha mantenido como un punto de referencia en la discusión política.

Medios: las cajas de resonancia
En una de sus expediciones más recientes, junto al sociólogo Alberto Mayol, Lavín ha abordado la crisis climática como una oportunidad económica donde Chile juega un rol fundamental. La reproducción de este discurso ha sido uno de los «argumentos» de la clase política chilena y el empresariado para potenciar y acelerar cuestionados proyectos extractivos en el país.

En ese contexto se ha insertado la insistente promoción por parte del cuestionado exalcalde, quien ha planteado que la minería -junto a otras actividades extractivas- puede impulsar a Chile a ser «los campeones de la economía verde». Sin embargo, en las intervenciones de Lavín Infante los cuestionamientos de las organizaciones sociales y comunidades no tienen espacio; por el contrario, han sido mucha veces caricaturizados por el economista.

Un ejemplo. En el sitio web de Ex-Ante, Lavín ha publicado al menos cinco columnas[1] en las que aborda el mercado de tierras raras o directamente el proyecto en Penco; sin embargo, el hecho no es casual. El medio de comunicación dirigido por Cristián Bofill ha abordado diversos conflictos socioambientales desde una mirada centrada en la posición de las empresas, siendo caja de resonancia de los cuestionamientos hacia organizaciones y, también, del discurso sobre «permisología» que han levantado los grupos económicos nacionales y transnacionales.

En los escritos de Lavín se abordan distintos puntos, pero todos enfocados a impulsar el proyecto extractivo en la comuna de Penco. Es más, en su último escrito, publicado en Ex-Ante el 05 de abril de 2025, Lavín establece que «no podemos seguir perdiendo el tiempo dándonos el lujo de dilatar y retrasar proyectos estratégicos, sino que, al revés, tenemos aquí una nueva y poderosa carta para la negociación que se viene con Estados Unidos». Esto, en un contexto donde el proyecto minero aún se encuentra en tramitación ambiental, por lo que suma presión en su discusión.

Sin embargo, Ex Ante y los espacios de convergencia con Mayol no son los únicos espacios donde Lavín promociona este negocio. Lo más reciente ha ocurrido como portada de Las Últimas Noticias (LUN) -propiedad de El Mercurio S.A.P.- el 08 de abril de 2024, pocos días después de su más reciente columna en el medio de Boffil.

En entrevista con LUN, Lavín planteó que «en términos económicos, que las tierras raras valen plata y en términos geopolíticos: pone a Chile más en el mapa mundial porque Estados Unidos nos necesita, porque hoy dependen principalmente de China y Trump, lo que quiere es disminuir esa dependencia», respaldando la iniciativa en términos geopolíticos. De igual forma, el exministro de Piñera apuntó a que, más allá de su uso en autos eléctricos, estos minerales tienen «usos en defensa, en energías antimisiles también se ocupan esas tierras. Eso es lo valioso y Trump se da cuenta de la importancia que tienen. Y yo lo menciono porque es un elemento que Chile tiene para negociar».

Pero también el economista cuestionó el proceso ambiental anterior que hizo caer el proyecto de Penco luego que, entre los argumentos presentados, el Servicio de Evaluación Ambiental decidiera dar término anticipado por importantes deficiencias en los estudios presentados por la empresa, entre lo que se encuentra la ausencia de consideración de especies en categoría de conservación. Pero para Lavín, esto solo es «permisología», indicando que «es ridículo rechazar un proyecto por eso. Incluso, podrían haber dicho, oye, protejan estos seis naranjillos, pónganles una malla, lo que sea, entiendo que el gobierno se dio cuenta que la embarró porque la persona a cargo de la evaluación de ese proyecto por parte del servicio de evaluación ambiental, ya no está en el cargo».

La trinchera académica: Universidad del Desarrollo
No solo los medios de comunicación han sido un espacio donde Lavín ha insistido con el tema.

Conocido es el vínculo entre el político y la Universidad del Desarrollo (UDD). Fundada a inicios de la transición postdictatorial, Joaquín Lavín Infante fue parte de quienes «decidieron emprender la aventura de formar una institución académica de primer nivel», señala el portal de la casa de estudios.

El grupo compuesto por representantes de la derecha pinochetista como Ernesto Silva Bafalluy, Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Federico Valdés y Hernán Büchi, abrió las puertas de Ingeniería Comercial de la UDD en Concepción, siendo el hito que marcó el inicio de la casa de estudios.

Hoy, Lavín continúa siendo parte de la Universidad. En febrero de este año asumió como director del Instituto de Emprendimiento UDD, puesto que alcanzó mientras aún ejerce como profesor de la Facultad de Economía y Negocios.

Esa Facultad ha sido un punto central en la academia, que promueve la minería de tierras raras. En 2024 realizó el evento Conexión Empresarial entre el 4 y 5 de junio en Concepción, donde participaron como panelistas en la misma mesa Joaquín Lavín y el Gerente General de Aclara, Nelson Donoso. La misma Facultad proyecta una nueva versión del mismo evento para este 2025, donde ya ha establecido a Aclara como socio estratégico, junto a otras empresas como Arauco, Coca Cola y Buses Hualpén.

Pero este no fue el único evento. A fines de junio de 2024, la misma Facultad de Economía y Negocios -a través de su Centro de Investigación Empresa y Sociedad- realizó el evento «Reconecta Biobío», donde reunieron «a los actores económicos más relevantes de la Región del Biobío con académicos de CIES-UDD para fomentar el diálogo y la colaboración con el objetivo de facilitarle a las empresas conectarse con la sociedad en un país en constante cambio», indican en su sitio.

Lo llamativo es que el evento «se desarrolló bajo las reglas de Chatham House (se conoce quienes asistieron, pero no lo que dijo cada uno), garantizando un ambiente de confianza para un diálogo abierto y constructivo», por lo que se desconoce públicamente el alcance de las conversaciones. Lo que sí se conoce, es que en el evento nuevamente se encontró Joaquín Lavín con el Gerente General de Minera Aclara.

Además de estos eventos, la UDD ha monitoreado la situación del proyecto minero a través de su centro de pensamiento Faro UDD, en cuyo boletín de agosto del año 2023 incluyó el proyecto como una «oportunidad de inversión que están en juego», planteando en la introducción del escrito que «ha habido un retroceso importante en el número de proyectos aprobados, además de que los tiempos de evaluación podrían ser considerados extensos, lo que tiene impactos negativos sobre la inversión regional».

La insistencia
Pues bien, la insistencia de Lavín se da en un contexto donde el proyecto minero ha sido promovido por distintos actores. Ya no solo son empresas, sino que el propio Gobierno chileno y dirigencias sindicales han optado por exigir su aprobación en el contexto de implementación del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío tras el proceso de cierre de la Siderúrgica Huachipato.

La importancia de esto recae no solo en lo que significa que un personero político como Joaquín Lavín Infante esté tan comprometido con la causa empresarial, sino que cómo los mecanismos de prensa, académicos y políticos se han articulado para respaldar un proyecto que, a todas luces, es duramente resistido por la población local.
https://resumen.cl/articulos/joaquin-lavin-el-insistente-promotor-del-proyecto-minero-de-tierras-raras-en-penco

Chile, Litio

Los actores tras bambalinas en el control del litio en Chile: Uno de ellos Francisco Javier Errázuriz Jr.

Mario Antonio Guzmán | 25/04/2025
Dos actores han tenido mayor visibilidad pública criticando los pasos del acuerdo entre Codelco y SQM: Tianqi y Francisco Javier Errázuriz. En los pasillos del Congreso y tiendas políticas, se dice que ambos activaron un fuerte lobby en el Legislativo para motivar la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara, que ya está en desarrollo y debería entregar su informe en el mes de mayo, a lo que hoy se suma la pregunta: ¿Habrá sido Errázuriz el orejero de Matthei?
Este jueves 24 de abril, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó, en Fase 1 de investigación y sujeta al cumplimiento de una serie de medidas de mitigación, la operación para extraer litio del acuerdo de asociación público-privado entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A (SQM).

Codelco y SQM recibieron con alivio la decisión de la FNE de autorizar la Fase 1 de la explotación en los salares, conforme con la Estrategia Nacional del Litio, en esta línea de negocios en paralelo al cobre, cuyo objetivo será la explotación, procesamiento y comercialización del mineral no metálico.

SQM, por su parte, consolida su posición de negocios con una de sus principales actividades en los últimos años, como ha sido la explotación, refinación y comercialización de productos de litio y otros minerales.

Pero esta historia que parece solo comercial, tiene varias trastiendas políticas detrás, como también un juego de miles de millones de dólares. Si bien el precio del litio bajó ostensiblemente en los últimos meses, el mercado internacional cambió abruptamente tras la guerra de aranceles de Donald Trump.

Sigue siendo un mineral que marcará el destino de la tecnología y avances científicos en el siglo XXI, y por lo tanto, un recurso natural estratégico y una fuente de innumerables negocios. Ahí la razón profunda sobre por qué preocupa tanto qué pasará con esta alianza Codelco-SQM.

Los traspiés de la candidata Evelyn Matthei
Las últimas declaraciones sobre este negocio, o “joint venture”, que ha emitido Evelyn Matthei provocaron varios remezones. Y hace un par de días mismo, la exalcaldesa y exministra, volvió a la carga al comentar la decisión de la FNE.

«Ese es un tema no más, lo que a mí me preocupa es si esto es en los mejores intereses de Chile» insistió luego de que el gobierno, la semana pasada, le pidiera calmar las críticas por “desinformación”.

Asimismo, Matthei agregó, tras participar de su primera actividad en terreno con su nuevo jefe de campaña, el exdiputado Diego Paulsen, que «la Fiscalía Nacional se pronuncia sobre colusión o no, son cosas distintas, lo que a mí me preocupa es efectivamente el mejor interés de Chile, y en ese sentido estoy recibiendo información».

Y es que en el mercado, el “ruido” de Matthei con sus dichos demuestra que hay muchos intereses en juego en el control de la explotación del litio y hacia dónde irán las ganancias: Si al Estado o a manos privadas.

Los analistas consultados acusan que en el entorno de Matthei hay desorden, que la conducta de la propia candidata presidencial es errática, que todo lo que hace y dice ocurre mirando por el espejo retrovisor a la llamada “nueva derecha”, con Republicanos y Nacionales Libertarios, cada vez más cerca suyo en las encuestas.

Un hecho que llama la atención
Como sea, hay una acción que causó mucha extrañeza y de la que todavía no se sabe exactamente qué la motivó: la sospecha sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

“He pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco”, dijo la candidata presidencial a través de su cuenta de X.

Matthei explicó que solicitó las diligencias para “revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile”.

Esto instaló varias interrogantes, que se fueron disipando en la medida que la exalcadesa de Providencia fue pronunciándose respecto de otros temas que causaron mayor polémica.

Como la inevitabilidad de que hubiera muertos tras el golpe militar de 1973, junto con el efecto que tuvieron las rotundas respuestas del Ministro de Hacienda y el directorio de Codelco, quienes declararon que era una impertinencia politizar un proceso que está siguiendo debidamente su curso institucional, y que pone a prueba a Chile frente a un mundo ávido de minerales críticos.

De hecho, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, decidió salir al ruedo al constatar que la prestigiosa agencia Bloomberg había recogido los dichos de Matthei de una manera que, a su juicio, ponía en riesgo el prestigio del país.

Sin embargo, entre quienes siguen la discusión pública relacionada con el mercado del litio y del Salar de Atacama en particular, persiste cierta inquietud sobre el origen del caso.

Para graficar cuántos intereses hay en juego, un ejecutivo minero dijo que el cuadro se puede ver así: “Todo esto se parece a un acuario con varios tiburones adentro”.

¿Quiénes desean que el acuerdo Codelco-SQM no se haga?
Hay dos actores que han tenido mayor visibilidad pública criticando los pasos del acuerdo: Tianqi y Francisco Javier Errázuriz hijo.

De hecho, en los pasillos del Congreso y tiendas políticas, se dice que ambas partes activaron un fuerte lobby en el Legislativo, con el fin de motivar la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ya está en desarrollo y debería entregar su informe en el mes de mayo.

En el caso de Tianqi, esta instancia sería una ampliación del campo de batalla que mantiene con el Grupo Pampa, por no haber llevado el negocio a consulta en junta de accionistas, pese a que el directorio en pleno, con los votos de Tianqi, en su momento dio su visto bueno para el acuerdo con Codelco.

En tanto, Errázurriz pasó de declarar públicamente su deseo de “ser socio de Codelco” a una posición de crítica absoluta respecto de los pasos que ha dado la minera estatal para cumplir con las directrices emanadas de la Estrategia Nacional del Litio, tanto en el Salar de Atacama como en el de Maricunga.

En ese contexto, a muchos llamó la atención la carta que el martes 22 de abril despachó el empresario Francisco Javier Errázuriz Ovalle al director de El Mercurio.

La afinidad absoluta entre Matthei y Errázuriz despertó suspicacias, más aún cuando los argumentos de corte más técnico planteados por la candidata presidencial, en el comentado programa de Checho Hirane en Radio Agricultura, fueron idénticos a los que Errázuriz lleva pregonando con fuerza en las últimas semanas.

Lobby feroz
En el mercado y en el Congreso Nacional se comenta que Errázuriz, siguiendo una tradición que fue muy bien expuesta por Felipe Vilchez Rubio en una reciente columna en El Desconcierto, está completamente “desplegado” en su afán por echar abajo el acuerdo entre Codelco-SQM.

¿Habrá sido Errázuriz el orejero de Matthei? Nadie se atreve a afirmarlo categóricamente, aunque existen pocas dudas de que a través de terceros puede haber hecho llegar una sugerencia.

Una muestra del ímpetu con que Errázuriz viene propugnando la revisión del acuerdo Codelco-SQM, es la influencia que, dicen en los pasillos de la sede legislativa, ha ejercido en la Comisión Especial Investigadora (CEI) N°65, cuyo mandato considera la revisión del acuerdo Codelco-SQM en el Salar de Atacama y la compra de LPI por parte de la minera estatal en el Salar de Maricunga.

Sólo así se puede explicar que el abogado Mauricio Daza, vinculado al Grupo Errázuriz desde los años de Francisco Javier Errázuriz Talavera, haya participado en dos sesiones consecutivas de la CEI, sin reconocer esa relación ni evidenciar su largo historial de pugnas contra SQM y en específico con el Grupo Pampa, liderado por Julio Ponce Lerou.

En dos sesiones completas, sin el histrionismo habitual de sus apariciones en el programa “Stock Disponible”, pero sí con bastante severidad, Daza entregó argumentos que fueron muy bien recibidos por los tres miembros de la comisión que han demostrado mayor interés por el desarrollo de la instancia: Cristián Tapia (presidente), Yovana Ahumada y Miguel Angel Calisto.

Fueron los mismos argumentos que, en una sesión posterior, el propio Francisco Javier Errázuriz declaró personalmente ante la comisión, de una manera que para quienes siguen las discusiones legislativas, evidenció un innegable nivel de concertación.

“Es la comisión de Errázuriz”, dice un parlamentario que no forma parte de la instancia, pero que ha seguido sus pormenores, pese al escaso interés que, hasta la intervención de Matthei por X, había generado entre sus pares.

El “valle productivo” de la discordia
Errázuriz y su abogado Daza, al igual que Matthei, han lamentado que no hubiera una licitación abierta en el Salar de Atacama y acusan que el llamado “valle productivo” que se generaría en caso de que se hubiese prescindido de SQM y se recurriera a un nuevo actor que tuviera que partir de cero en la producción de litio, sin infraestructura ni pozos de salmuera a su disposición, es una falacia.

El vicepresidente ejecutivo de CORFO, José Miguel Benavente, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, el director de Codelco y ex vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitran, el investigador y académico de CLAPES UC, Hermann González, todos, con diferentes enfoques y énfasis -económicos, financieros, ambientales, geopolíticos- han expuesto a la comisión por qué para el Estado resulta más beneficioso el acuerdo Codelco-SQM, que cualquier otra fórmula, y también el daño que ocasionaría al Fisco no percibir ingresos durante los años que demoraría un nuevo operador en conocer el salar e instalarse.

Pero los diputados Tapia, Ahumada y Calisto han insistido en cuestionar todos sus argumentos.

“Su posición es desconocer e invalidar todo cuanto pueda respaldar la legitimidad de un acuerdo que hasta fue publicado en la web de Codelco y que deja al Fisco con ingresos permanentes y en proporciones que no se ven en ningún otro país que produzca minerales críticos. Sólo Errázuriz es tan duro como ellos. Ni siquiera los chinos de Tianqi miran mal el negocio. De hecho, lo único que quieren los chinos es involucrarse más”, concluye un asesor parlamentario que sigue los temas mineros.

La decisión de la FNE de este jueves, puso paños fríos a los análisis de estos agoreros, pero no será el fin de una soterrada guerra comercial y política que ha suscitado el control del litio en Chile.

Y eso que aún no se abren las ventanas de la esfera judicial, donde también podrían darse recursos y acciones legales tratando de frenar el pacto entre Codelco y SQM.
https://eldesconcierto.cl/2025/04/25/los-actores-tras-bambalinas-en-el-control-del-litio-en-chile-uno-de-ellos-francisco-javier-errazuriz-jr