Chile

Comunidades anuncian ofensiva legal y movilización tras aprobación de minera de tierras raras por gobierno de Kast

Lucio Cuenca
09/06/2026
La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) del Biobío aprobó de manera unánime este lunes el proyecto minero de tierras raras que la empresa canadiense Aclara Resources busca instalar en los cerros de Penco-Lirquén, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendara dar luz verde a la iniciativa.

La votación se realizó en medio de manifestaciones frente a la Delegación Presidencial Regional, en pleno centro de Concepción, donde organizaciones ambientales, comunidades mapuche, vecinos y vecinas del territorio expresaron su rechazo al proyecto extractivo y denunciaron sus impactos sobre el agua, los ecosistemas, la economía local y la vida comunitaria de la zona.

La instancia fue presidida por el delegado presidencial regional, Julio Anativia, María Eliana Vega, directora regional del SEA, y en la votación también participaron los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Transportes, Henry Campos; Vivienda, Luis Villagra; Obras Públicas, José Piña; Desarrollo Social, Daniel Manchileo; Energía, Javier Salamanca; Salud (subrogante), Ernesto Bravo, Jefe de Acción Sanitaria; Medio Ambiente, Mario Delannays; Minería, Daniel Escobar; Agricultura, Francisco Lagos; y Economía, Christian Cifuentes. Todas autoridades designadas por el gobierno de José Antonio Kast, administración que había manifestado respaldo público a la expansión de la minería de tierras raras.

La masiva marcha que antecedió la votación

La aprobación ambiental ocurrió apenas dos días después de una masiva marcha realizada desde Penco a Lirquén, donde cientos de personas recorrieron las calles bajo consignas contra la minería, el extractivismo y la instalación de industrias contaminantes en la Bahía de Concepción.

La movilización, convocada por organizaciones territoriales y ambientales, volvió a evidenciar el persistente rechazo ciudadano al proyecto impulsado por la transnacional Aclara Resources, cuya tramitación ambiental ya había enfrentado cuestionamientos. Diversas agrupaciones recordaron además que en una consulta ciudadana efectuada en 2022 la comunidad manifestó mayoritariamente su oposición a la iniciativa.

Comunidades anuncian ofensiva legal y territorial

Camila Arriagada, vocera de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras” —espacio conformado por organizaciones territoriales y ambientales, la Cámara de Comercio, el gremio gastronómico y turístico, juntas vecinales y asociaciones campesinas— señaló que las comunidades ya preparan una estrategia de oposición que combinará acciones legales, administrativas y movilización social sostenida en el territorio.

“La reclamación ante el director ejecutivo del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y también las acciones ante el Tribunal Ambiental son las vías legales y administrativas que continúan después de esta aprobación, y nosotros vamos a avanzar en esos procesos”, afirmó.

La dirigenta sostuvo que las organizaciones también buscarán fortalecer la articulación territorial y aumentar la presión social contra el proyecto. “Vamos a agotar todas las instancias, no solamente legales y administrativas. También vamos a articularnos como movimiento para ejercer toda la presión social que se requiera”, señaló.

En esa línea, anunció que las comunidades impulsarán nuevas movilizaciones y evalúan avanzar hacia medidas de mayor alcance. “Vamos a convocar manifestaciones y todas las acciones que sigan expresando nuestro descontento frente a esta aprobación, incluso avanzar hacia un paro comunal e intercomunal para construir una oposición más firme y sostenida en el tiempo”, indicó.

OLCA: “La aprobación no garantiza que el proyecto se construya”

Para Javier Arroyo Olea, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la aprobación unánime del proyecto se enmarca en una política gubernamental orientada a acelerar inversiones extractivas impulsadas en distintos territorios.

“El escenario actual responde a una presión por acelerar proyectos cuestionados ambiental y socialmente, como parte de la agenda del gobierno y de los intereses de empresas extractivas transnacionales”, señaló.

Arroyo destacó que en Penco-Lirquén existe una resistencia territorial sostenida desde hace más de una década contra la iniciativa minera de Aclara Resources, impulsada por comunidades y organizaciones que han buscado fortalecer alternativas ligadas al comercio local, la defensa ambiental y la vocación productiva del territorio.

El investigador de OLCA afirmó además que la aprobación ambiental no garantiza la concreción del proyecto, recordando experiencias previas de resistencia territorial en la Bahía de Concepción.

“La decisión de los representantes regionales de Kast es un elemento importante, pero no significa que el proyecto vaya a construirse. Penco-Lirquén y la Bahía de Concepción tienen referencias históricas de defensa territorial, como ocurrió con GNL Talcahuano y GNL Penco, proyectos que, pese a contar con aprobación ambiental, no lograron instalarse debido a la persistencia de las comunidades”, indicó.

Asimismo, destacó que la reciente movilización entre Penco y Lirquén refleja solo una de las múltiples formas de organización que han desarrollado las comunidades para enfrentar el proyecto extractivo. “La marcha da cuenta de una de las expresiones que ha desarrollado el movimiento en defensa del territorio, pero no es la única. En esta nueva etapa, la intención es seguir abriendo caminos y estrategias que fortalezcan el rol comunitario y la oposición territorial al proyecto”, concluyó.

Cuestionamientos a la evaluación ambiental

Camila Arriagada afirmó que, aunque la aprobación era esperable debido a la postura de las autoridades regionales, persisten graves cuestionamientos sobre la evaluación ambiental del proyecto.

“No era sorpresa la votación de estas Seremis, pero aun así existen muchas inconsistencias en la evaluación ambiental. Las medidas de mitigación y compensación son insuficientes y el SEA no presentó los riesgos ni los impactos más significativos del proyecto, especialmente en aspectos críticos como los elementos radioactivos presentes en el estudio”, advirtió.

La vocera agregó que durante la exposición realizada en la sesión de la COEVA quedó en evidencia una defensa institucional de la inversión privada por sobre las comunidades afectadas. “Lo que vimos hoy es cómo estos organismos del Estado están más preocupados de defender los intereses de la inversión privada que los intereses de las comunidades”, cuestionó.

En la misma línea, Valeria Sepúlveda, integrante de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras”, criticó la decisión adoptada por la COEVA y la falta de respuesta a las observaciones realizadas por la ciudadanía y el municipio durante la evaluación ambiental.

“Es muy decepcionante que, por ejemplo, la Seremi de Salud califique este proyecto como solo molesto. No se dio respuesta a las observaciones ciudadanas ni a las de la municipalidad, y aun así se sostuvo que el proyecto cumple técnicamente con las disposiciones ambientales”, señaló.

Sepúlveda indicó además que las organizaciones continuarán desplegando acciones institucionales y jurídicas para impedir la instalación de la minera en el territorio.

“Vamos a seguir haciendo reclamaciones y utilizando todas las herramientas legales y jurídicas posibles. Que este proyecto haya sido aprobado no significa que nos vayamos a cruzar de brazos”, afirmó.

“Vamos a seguir luchando hasta el final”

Durante la marcha previa a la votación, María Flores Quilapán, mujer mapuche e integrante de la organización Koñintu Lafken Mapu, sostuvo que las comunidades seguirán movilizadas pese a la aprobación institucional del proyecto.

“Como ciudadanía que habita el territorio de Penco, decimos no a la minera porque conocemos la contaminación y el impacto que genera esta megaempresa. No solo será impactada la comuna de Penco, también Tomé, Talcahuano, Santa Juana, Florida y las comunas vecinas”, señaló.

Asimismo, advirtió que “aunque el proyecto se apruebe, nosotros vamos a seguir luchando hasta el final para impedir que esta minera se instale en esta comuna histórica y turística, una comuna que todavía tiene agua limpia”.

30 días para presentar reclamaciones

Tras la aprobación ambiental, se abrió un plazo de 30 días para que las personas y organizaciones que participaron con observaciones ciudadanas presenten recursos de reclamación. En caso de interponerse reclamaciones, el Comité de Ministros tendrá 60 días para pronunciarse.

Las organizaciones sociales y ambientales anunciaron que continuarán desplegando movilizaciones, acciones legales y presión territorial para impedir la ejecución del proyecto, insistiendo en que la aprobación ambiental no garantiza viabilidad social en una zona marcada por conflictos socioambientales y resistencia comunitaria frente al extractivismo.

Comunicaciones OLCA www://olca.cl

Internacional

Greenpeace organiza la protesta submarina más profunda contra la minería del fondo marino

Alexis Caraco

Una pancarta de Greenpeace con el mensaje ‘Listen To The Science’ desde 2.300 metros bajo la superficie

La acción fue organizada por Greenpeace International junto con Greenpeace Alemania y Greenpeace Nordic, dentro de una campaña más amplia que busca frenar la minería comercial en los fondos marinos. Imágenes difundidas por la organización mostraban al robot desplegando el mensaje a una profundidad de unos 2.315 metros, en una zona donde las compañías mineras esperan extraer metales utilizados en baterías y nuevas tecnologías.

El grupo ecologista señaló que la protesta estaba pensada para presionar a los gobiernos y a los delegados implicados en las negociaciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que estudia las futuras normas para los proyectos de minería en aguas profundas.

Los científicos marinos han advertido en repetidas ocasiones de que la actividad industrial en el fondo del océano puede dañar ecosistemas frágiles que todavía se conocen poco. Greenpeace sostiene que los riesgos ambientales superan a los beneficios económicos y pide una moratoria mundial sobre la minería de los fondos marinos.

La organización describió la operación como la protesta con pancarta realizada a mayor profundidad hasta la fecha, en la que recurrió a la robótica para llamar la atención sobre las amenazas ambientales ocultas muy por debajo de la superficie del océano.

Este texto fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Informar de un problema : [feedback-articles-es@euronews.com].
https://www.msn.com/es-cl/noticias/other/greenpeace-organiza-la-protesta-submarina-m%C3%A1s-profunda-contra-la-miner%C3%ADa-del-fondo-marino/ar-AA24aDWm?apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1

Chile

Tribunal Ambiental admite demanda por presunto daño ambiental en Tierra Amarilla contra el Estado y empresas mineras

Miguel Rifo 05/06/2026
Habitantes de Tierra Amarilla presentaron una demanda por daño ambiental contra el Fisco de Chile, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado. El tribunal acogió la acción a trámite, pero rechazó una medida cautelar.

El tribunal competente acogió a trámite una demanda por presunto daño ambiental en Tierra Amarilla, presentada por habitantes de la comuna en contra del Fisco de Chile, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado.

La acción judicial sostiene que la existencia de botaderos, acopios y depósitos de residuos mineros ubicados tanto en las cercanías como dentro del radio urbano de la comuna habría generado afectaciones sobre distintos componentes ambientales y sobre la calidad de vida de la población local.
Demandantes atribuyen impactos a depósitos de residuos mineros

Según los antecedentes expuestos en la demanda, los reclamantes afirman que diversos depósitos asociados a operaciones mineras contienen material particulado fino y metales que podrían estar afectando componentes como el aire, el suelo, la flora, la fauna, los ecosistemas y el medio humano.

La presentación judicial sostiene que los efectos denunciados tendrían un carácter acumulativo, crónico y permanente, argumentando que existiría una afectación ambiental que continuaría expandiéndose debido a la persistencia de emisiones en sectores próximos a Villa Estadio, la Escuela Luis Uribe y el sector de Nantoco.
Solicitan medidas de remediación y monitoreo

Entre las medidas solicitadas al tribunal se incluyen la remoción, estabilización, confinamiento o cobertura definitiva de los depósitos de residuos mineros cuestionados.

Asimismo, los demandantes pidieron la prohibición del tránsito de camiones sin sistemas adecuados de contención de carga en zonas urbanas, la implementación de programas permanentes de monitoreo ambiental, la realización de estudios técnicos independientes sobre dispersión de material particulado y la ejecución de medidas de remediación y seguimiento ambiental. La demanda también solicita que los costos asociados a estas acciones sean asumidos por las entidades demandadas.
Tribunal rechazó medida cautelar solicitada

Junto con la acción principal, los demandantes solicitaron una medida cautelar innovativa destinada a ordenar la realización de análisis químicos y mineralógicos de materiales depositados en sectores cercanos a Villa Estadio y la Escuela Luis Uribe.

El objetivo de dicha solicitud era elaborar un informe técnico-científico que permitiera determinar la composición de los materiales y evaluar eventuales riesgos ambientales o para la salud de la población.

Tras revisar los antecedentes acompañados, el tribunal resolvió no acoger la medida cautelar, señalando que los documentos presentados no permiten configurar una presunción grave del derecho reclamado ni acreditar la existencia de un riesgo actual, concreto e inminente que justifique su adopción.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/06/demanda-dano-ambiental-tierra-amarilla-mineras-estado

Chile

Audiencia pública y marcha contra la minería de tierras raras movilizan al sur de Minas Gerais

20/05/2026
Poços de Caldas fue escenario de una gran movilización popular contra la exploración de tierras raras en el sur de Minas Gerais este 8 de mayo. La audiencia pública y marcha realizada en el Campus IFSULDEMINAS – Poços de Caldas reunió a cientos de personas y llenó tanto el auditorio como el área externa de la institución.

Por Climax
Imagen: El evento en Poços de Caldas reunió a movimientos sociales, pueblos tradicionales, investigadores y parlamentarios en defensa del agua, los territorios y contra los impactos de la minería. – Climax

A la marcha asistieron movimientos sociales, estudiantes, investigadores, colectivos culturales, ambientalistas y comunidades tradicionales, en un acto que denunció los impactos ambientales y sociales de los proyectos mineros planificados para la meseta volcánica de Poços de Caldas.

Estuvieron presentes la diputada federal Célia Xakriabá y las diputadas estatales Bella Gonçalves y Beatriz Cerqueira, quienes movilizaron la audiencia, abogaron por una mayor transparencia en los procesos relacionados con los proyectos mineros y la ampliación del debate público sobre los impactos de la minería en el sur de Minas Gerais.

Durante la audiencia, líderes indígenas del pueblo Kiriri denunciaron la forma en que las empresas mineras llegaron al territorio sin presentar información clara sobre proyectos de exploración de tierras raras. Los discursos resaltaron la falta de diálogo con las comunidades y los riesgos que los proyectos representan para los territorios tradicionales y los recursos naturales de la región.

Representantes del sector agrícola cafetalero también se posicionaron en contra de los proyectos mineros. Líderes que representan a más de 2.500 productores de café han advertido sobre los posibles impactos de la minería en las aguas, manantiales y áreas de producción agrícola del sur de Minas Gerais.

A lo largo de la actividad, movimientos sociales y organizaciones populares cuestionaron el avance de la exploración de minerales críticos y estratégicos en Brasil y argumentaron que la llamada transición energética no puede ocurrir a expensas de la destrucción ambiental y el compromiso de territorios.

La movilización finalizó con una posición colectiva en defensa del agua, la agricultura, los pueblos tradicionales y la soberanía de los territorios. Entre los principales mensajes de la ley se destacó la certeza de que el Sur de Minas Gerais dice no a la exploración de tierras raras.

Fuente:

Audiência e marcha contra mineração de terras raras mobilizam o Sul de Minas


https://olca.cl/articulo/nota.php?id=111564

Chile

Tierras raras: representantes de Kast votarán el 8 de junio proyecto minero que busca instalarse en Penco-Lirquén

29/05/2026
La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) del Biobío votará el próximo 8 de junio el proyecto minero de tierras raras que Aclara Resources busca instalar en los cerros de Penco-Lirquén. La instancia estará integrada por representantes regionales del gobierno de José Antonio Kast, en medio de cuestionamientos ambientales y oposición de comunidades del territorio.

Por equipo editorial de Resumen.cl

A las 16:00 horas del lunes 8 de junio sesionará la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región del Biobío en las oficinas de la Delegación Regional, donde el único punto en tabla es la votación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero que Aclara Resources busca instalar en los cerros de Penco-Lirquén.

La instancia política es dirigida por la Delegación Presidencial Regional, hoy comandada por Julio Antivia Zamora.

Por otro lado, los seremis que forman parte del COEVA son las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Energía, Minería y Transportes.

El gobierno de Kast ha posicionado su respaldo al cuestionado proyecto minero en Penco-Lirquén, al igual que la gerencia de Aclara Resources ha señalado que el Ejecutivo podría agilizar la tramitación del mismo.

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La instancia política es un punto clave de la tramitación ambiental del proyecto, pero no significa que, en caso de ser aprobado, el proyecto se alcance a materializar.

La comunidad de Penco-Lirquén ha demostrado que no porque un proyecto cuente con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable se llegue a construir.

El caso más cercano descansa en las costas de la Bahía de Concepción, donde el proyecto GNL Penco, pese a contar con tramitación favorable, no se ha instalado ante las sostenidas acciones de rechazo por parte de la población.
https://resumen.cl/articulos/tierras-raras-representantes-de-kast-votaran-el-8-de-junio-proyecto-minero-que-busca-instalarse-en-penco-lirquen

Chile, Litio

La carrera por el litio en Chile bajo el gobierno de Kast

El presidente Kast, que asumió en marzo pasado, promete a los inversores una vía más rápida hacia uno de los minerales más codiciados del mundo.
John Bartlett 31/05/2026

Kast plantea una estrategia más liberal respecto de la explotación del litio que su antecesor, Gabriel Boric.
IVAN ALVARADO. REUTERS

A lo largo de las llanuras áridas que comparten Chile, Argentina y Bolivia, una cadena de salares de gran altitud azotados por el viento se ha considerado durante mucho tiempo fundamental para la transición energética mundial. Este trío de territorios es el Triángulo del Litio, que alberga más de la mitad de las reservas conocidas de este mineral en el mundo. El litio es necesario para las baterías de los vehículos eléctricos y otras tecnologías de energía renovable.

Chile posee la mayor parte del triángulo, con una cadena de salares al oeste de los Andes. Estos yacimientos de salmuera ricos en minerales se extienden hacia el sur desde el vasto Salar de Atacama. El litio se extrae principalmente de esta salmuera, que se encuentra a unos 10 metros por debajo de estos lagos. En otras palabras, se trata de un lucrativo corredor de litio.

El nuevo gobierno de Chile está dando señales de un giro radical en el enfoque del país respecto al litio, uno de sus activos más estratégicos. La política nacional de recursos ha cambiado en los últimos años, lo que ha dejado a empresas, comunidades e inversores navegando por un panorama incierto.

Gabriel Boric, el anterior presidente, vio una forma de reforzar los ingresos mediante la renacionalización parcial del litio con su Estrategia Nacional del Litio (ENL) de 2023. Pero sus planes, cuidadosamente trazados, han recibido un duro golpe por parte de José Antonio Kast, el ultraconservador que asumió el cargo el 11 de marzo. Kast promete un cambio de rumbo abrupto.

Una de las primeras medidas del gobierno de Kast fue poner las carteras de Economía y Minería bajo el mando del mismo ministro, Daniel Mas, una señal de que el crecimiento económico, la agilización de la concesión de permisos y la política minera avanzarán al unísono. Como dijo Kast durante su campaña presidencial: “Nuestro enfoque se centra en reducir la carga regulatoria y tributaria, y garantizar seguridad de manera que se habilite un mercado competitivo y se atraigan nuevas inversiones”.

Esto significa que Kast debe ahora gestionar un delicado equilibrio entre las relaciones de Chile con Estados Unidos y China. Mientras tanto, están en juego algunos de los ecosistemas andinos más frágiles.
Estrategia inconclusa

La ENL de Boric tenía como objetivo garantizar que Chile fuera el mayor productor mundial de litio, al tiempo que reforzaba el papel del Estado en el sector y mantenía una normativa medioambiental estricta. También creó una red de áreas protegidas, con el objetivo de proteger el 30% de ellas para 2030, de las cuales hasta la fecha se ha protegido el 7,7%. Esta campaña de nacionalización dio lugar a la empresa Novaandino Litio, una empresa conjunta entre la empresa estatal de cobre Codelco y el gigante químico chileno SQM. Novaandino Litio se constituyó en diciembre de 2025 y cuenta con licencias para operar en el Salar de Atacama hasta 2060.

El marco de la ENL sigue nominalmente vigente bajo el mandato de Kast, pero, aparte de Novaandino Litio, sus proyectos licitados siguen a la espera de aprobación. Kast probablemente adoptará un enfoque diferente, advierte Francisco Urdinez, director del Núcleo Milenio sobre los Impactos de China en América Latina y el Caribe (ICLAC).

“En última instancia, la ENL quedó inconclusa por el gobierno anterior y la actual administración no tiene interés en impulsarla”, explica Urdinez, “porque los valores de esa política van en contra de su estrategia económica general. Quizás me equivoque, pero no creo que la ENL vaya a ninguna parte, al menos durante los cuatro años que Kast esté en el poder”.

Como indicio de este cambio de enfoque, el Ministerio de Minería afirmó que su objetivo es: “garantizar que los proyectos se desarrollen de manera efectiva, utilizando los instrumentos establecidos por el marco legal vigente y brindando certeza a los inversionistas que creen en nuestro país”.

Chile sigue ocupando el segundo lugar, tras Australia, en producción nacional de litio. Ambos países representan aproximadamente el 59% de la producción mundial. Pero parte de este esplendor ha comenzado a desvanecerse. En los últimos años se han descubierto importantes yacimientos nuevos en otros lugares y, sumado a la caída del precio hasta aproximadamente una cuarta parte de su valor de noviembre de 2022, el entusiasmo se ha disipado.
Ecosistemas frágiles

Hasta ahora, Kast ha tratado de debilitar la protección medioambiental. En su primera semana en el poder, el presidente derogó 43 decretos medioambientales promovidos por Boric. Esto supuso la pérdida del estatus de protección asignado a algunas especies en peligro de extinción y acabó con una legislación que habría convertido a Chile en el cuarto país del mundo con mayor superficie de áreas marinas protegidas. Entre los decretos anulados se encontraban seis que creaban áreas protegidas en salinas y lagos de altura andina.

Las comunidades que viven cerca de los salares temen que el mantra de “lo primero son los negocios” de Kast haga que el salar sufra las consecuencias, ya que la presión para acelerar la concesión de permisos ejerce presión sobre las evaluaciones ambientales y la consulta a las comunidades.

La extracción de litio de la salmuera extrae agua de los sistemas subterráneos que sustentan las zonas de cría de los flamencos y los humedales. Un estudio de 2024 reveló que el Salar de Atacama (el salar más grande de Chile) se está hundiendo entre 1 y 2 cm al año debido a esta extracción.

“Como resultado del aumento de la evaporación del agua de los estanques de litio, estamos observando una menor cobertura vegetal, una disminución de las poblaciones de flamencos y la pérdida de lugares de anidación, así como daños en las estructuras microbianas de las zonas de humedales”, explica la doctora Cristina Dorador, microbióloga que ha estudiado exhaustivamente los ecosistemas de los salares.

El salar de Maricunga alberga el segundo yacimiento de litio más grande de Chile. Codelco está estudiando un proyecto de 900 millones de dólares con Rio Tinto, el gigante minero con sede en el Reino Unido, y se prevé que comience la producción en 2030.

“El complejo del salar de Maricunga es un lugar sagrado para el pueblo colla”, explica Cindy Quevedo, conteniendo las lágrimas mientras describe los impactos de este proyecto para su pueblo y su territorio. Es presidenta del Consejo Nacional Pueblo Colla, una organización representativa indígena que agrupa a las comunidades colla.
Entre Washington y Beijing

La carrera por el control de las cadenas de suministro mundiales de baterías se está acelerando. Chile se encuentra ahora atrapado entre los intereses de dos superpotencias: Estados Unidos y China. Esta última se ha posicionado de manera dominante en lo que respecta a las cadenas de suministro de minerales, y Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Trump, ha tratado de contrarrestar esta situación, especialmente en América Latina.

Kast parece haber tomado partido muy rápidamente: en su primer día en el cargo, regresó apresuradamente de su ceremonia de investidura en la ciudad costera de Valparaíso para firmar un acuerdo sobre minerales críticos con Estados Unidos. Su aliado de extrema derecha, el presidente argentino Javier Milei, también ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos.

Sin embargo, el equilibrio no se centra tanto en el litio específicamente como en la relación económica más amplia. China sigue siendo el mayor comprador de cobre de Chile —una relación comercial que mueve miles de millones al año—, lo que le da a China una influencia significativa.

“Creo que el objetivo ahora es utilizar el litio y otros metales como moneda de cambio de favores geopolíticos”, afirma Urdinez. “Parte del objetivo de esos memorandos con EE. UU. es impedir que China acceda a ciertos minerales y elementos clave, como las tierras raras”.

Las empresas ya han sufrido pérdidas por inversiones en la industria del litio. Los planes para una planta de baterías de BYD de 290 millones de dólares y una instalación de Tsingshan de 233 millones de dólares se descartaron el año pasado cuando los precios del litio se desplomaron. Tianqui Lithium, otra empresa china, posee una participación considerable en SQM, pero las empresas chinas siguen siendo actores minoritarios en el mercado del litio chileno, sin poder de decisión.

Independientemente de la política que aplique el gobierno de Kast, el acceso al litio depende actualmente de un marco regulatorio establecido por el Estado. En la actualidad hay diez proyectos a la espera de aprobación, y Corfo ha declarado que estos se respetarán.

Con una posible avalancha de inversiones en litio asomándose en el horizonte si se debilitan las regulaciones, las comunidades temen que los ecosistemas y los hábitats sufran las repercusiones.

“Vivo aquí, en las montañas; ¿por qué debería tener que afectar y destruir mis tierras sagradas para ofrecer soluciones a personas de otro continente que no han dejado de emitir CO₂?”, pregunta Quevedo.

“Estamos pagando las consecuencias sociales y medioambientales para crear una solución al cambio climático, un problema que no hemos creado nosotros”.

John Bartlett es un periodista británico que vive en Santiago de Chile. Ha escrito para The Guardian, The New York Times, Americas Quarterly y BBC News.

Este artículo fue originalmente publicado por Dialogue Earth.
https://www.pagina12.com.ar/2026/05/31/la-carrera-por-el-litio-en-chile-bajo-el-gobierno-de-kast/

Chile, Latinoamerica

Minería metálica en América Latina: un mapa del despojo en tiempos de “transición verde”

Bajo el título «Minería metálica en América Latina. Conflictividad ecosocial y ofensiva corporativa en la era del caos global”, OMAL y Paz con Dignidad, publicaron de manera reciente uno de los análisis más completos y rigurosos sobre el avance del extractivismo minero en la región.

El informe es el resultado de un trabajo colectivo que contó con la participación directa de organizaciones y referentes de distintos países, entre ellos el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), cuyo aporte no se limitó al capítulo sobre Chile, sino que atraviesa el espíritu crítico y la perspectiva territorial del documento en su conjunto.

El documento parte de una premisa central: el llamado «capitalismo verde oliva y digital», un relato que promete descarbonización, modernización e inclusión, pero que en la práctica es una nueva máscara para una vieja lógica de acumulación y despojo. El informe demuestra que la supuesta transición energética, lejos de reducir el extractivismo, ha convertido al litio, el cobre, el cobalto y las tierras raras en botines estratégicos de una guerra económica global, donde las grandes potencias y sus corporaciones presionan a los países del Sur para ampliar la frontera minera. En nueve estudios de caso que recorren desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica, Colombia, Perú y Chile, el texto cartografía con precisión los actores corporativos, los marcos jurídicos que los favorecen y las resistencias comunitarias que se les oponen.

En el caso de Chile, respecto al capítulo «Vanguardia verde oliva y digital bajo la sombra pinochetista», el informe revela cómo el país se ha posicionado como plataforma privilegiada de la nueva fiebre minera, montado sobre la arquitectura legal heredada de la dictadura de Pinochet: la Constitución de 1980, el Código Minero y el Código de Aguas. Así, con una cartera de 59 nuevos proyectos de inversión para el período 2025-2034 que suman más de 104.500 millones de dólares, Chile profundiza su dependencia primario-exportadora mientras el gobierno de Boric navega entre una retórica ambientalista y la firma de acuerdos con la Unión Europea que abren la puerta a la explotación de litio, cobre y tierras raras.

Conforme a lo anterior, la conflictividad socioambiental sigue creciendo: desde las zonas áridas del norte con severo estrés hídrico, pasando por los salares altoandinos donde habitan las comunidades Licanantay y Colla, hasta el centro-sur del país, donde la empresa canadiense Aclara Resources intenta instalar un megaproyecto de tierras raras en los cerros de Penco, un territorio sin tradición minera, que fue rechazado por el 99% de los vecinos en la consulta ciudadana realizada en esa comuna, siendo también la primera sobre minería realizada en Chile.

El informe cierra con un capítulo de conclusiones y alternativas construidas desde una perspectiva internacionalista, apostando por una impugnación integral del modelo extractivista y del capitalismo verde que lo sustenta.

La Coordinación de este informe estuvo a cargo de OMAL-Paz con Dignidad, sumando las colaboraciones de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), CooperAcción, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Leer / Bajar el informe: https://omal.info/wp-content/uploads/2026/05/OMAL_Mineria-metalica_AL.pdf

Colombia

Colombia presiona a Glencore para acelerar cierre de mina Cerrejón

Kevin Hinostroza 18/05/2026
Mina de carbón Cerrejón, ubicada en Colombia.
La iniciativa surge en medio de los esfuerzos de la administración de Gustavo Petro por reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Foto: Difusión.
El gobierno de Gustavo Petro busca anticipar el cierre progresivo de Cerrejón para evitar impactos económicos y sociales en La Guajira, región altamente dependiente del carbón.

El gobierno de Colombia intensificó la presión sobre Glencore para que avance desde ahora en un plan de transición y cierre progresivo de la mina Cerrejón, una de las mayores operaciones de carbón a cielo abierto del mundo.

La iniciativa surge en medio de los esfuerzos de la administración de Gustavo Petro por reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la transición energética del país.
Temen impacto económico en La Guajira

Aunque la concesión minera de Cerrejón se extiende hasta 2034, las autoridades colombianas advirtieron que retrasar la planificación del cierre podría provocar graves consecuencias económicas y sociales en la provincia norteña La Guajira, región cuya economía depende en gran medida de la actividad carbonífera.

Cerrejón produjo 16,8 millones de toneladas de carbón en 2025 y genera más de 12.000 empleos directos y contratistas, además de sostener infraestructura clave como un ferrocarril de 150 kilómetros y un puerto de exportación en el Caribe.

Según la consultora GEM, la mina aporta alrededor de US$ 166 millones anuales en regalías y cerca de US$ 86 millones en compras locales.
Mina a tajo abierto en Colombia.

Debate sobre transición energética

El informe de GEM señala que una transición desordenada podría afectar presupuestos municipales, empleo, proveedores y servicios sociales en una de las regiones más vulnerables de Colombia.

“La verdadera disyuntiva es entre una transición controlada y una crisis no controlada”, afirmó Juan Ignacio Guzmán, director de la consultora.

El debate también se ha convertido en una prueba para la estrategia energética del presidente Petro, quien prohibió nuevos contratos de exploración de carbón e hidrocarburos mientras impulsa proyectos eólicos y solares en La Guajira.
Proponen pacto de transición

La consultora recomendó establecer un “pacto de transición gestionada” entre el gobierno, Glencore, Cerrejón y las comunidades locales.

Entre las medidas planteadas figuran programas de capacitación laboral, reconversión de proveedores, financiamiento ambiental y planes para reutilizar la infraestructura minera y logística una vez concluida la explotación de carbón.

Asimismo, el informe advierte que experiencias internacionales de cierres abruptos de minas, como Cobre Panamá o casos en Sudáfrica y Zambia, evidencian riesgos de desempleo, crisis fiscales y problemas ambientales cuando no existe una planificación adecuada.
https://www.rumbominero.com/colombia/colombia-presiona-a-glencore-acelerar-cierre-de-mina-cerrejon/

Internacional

China mantendrá controles sobre tierras raras pese a diálogo con EE.UU.

Oscar Céspedes 18/05/2026
China abordará las preocupaciones de Estados Unidos sobre la escasez de tierras raras, según informó la Casa Blanca el domingo. Foto: Archivo.
La Casa Blanca informó que Pekín atenderá las preocupaciones de Washington por la escasez de minerales críticos como itrio, escandio e indio, claves para las industrias aeroespacial, tecnológica y de semiconductores.

Reuters.- China abordará las preocupaciones de Estados Unidos sobre la escasez de tierras raras, según informó la Casa Blanca el domingo en un resumen de los acuerdos alcanzados en la cumbre de líderes celebrada la semana pasada, que no llegaron a exigir la eliminación de las restricciones que han perturbado la fabricación aeroespacial y de semiconductores en Estados Unidos.

Introducidos en abril de 2025 como represalia por los denominados aranceles del «Día de la Liberación» del presidente estadounidense Donald Trump, los controles de Pekín siguen restringiendo estrictamente las exportaciones de ciertas tierras raras a pesar del acuerdo alcanzado en la cumbre de Busan del pasado octubre, en la que la Casa Blanca afirmó que China se comprometió a «eliminar efectivamente» todos los controles de exportación de minerales críticos, tanto actuales como propuestos.

Seis meses después, la última declaración de la Casa Blanca reconoce ahora tácitamente que el régimen de control de exportaciones de China ha llegado para quedarse. Tampoco mencionó si se prorrogará la tregua de un año sobre un conjunto más amplio de restricciones chinas a las tierras raras, que expira en noviembre.
Cátodos de cobre apilados.

La hoja informativa del domingo, que resume las conclusiones clave de la cumbre de Pekín, indicaba que China abordaría las preocupaciones de EEUU sobre la escasez de minerales críticos y tierras raras, incluidos itrio, escandio e indio.

También indicaba que China abordaría las preocupaciones de EEUU sobre las restricciones a la exportación de tecnología de procesamiento de tierras raras, que Pekín protege celosamente para salvaguardar a los productores nacionales, responsables de casi toda la producción mundial.

A diferencia de la Casa Blanca, el Ministerio de Comercio de China no hizo mención alguna a las tierras raras en su propio resumen publicado el sábado.

«La diferencia en este caso no es ideal, pero está bien», dijo Cory Combs, director asociado de la empresa de investigación macroeconómica Trivium China.

«Lo más importante es que ambas partes han manifestado de forma clara y creíble su interés por la estabilidad y son capaces de transmitir eficazmente ese mensaje a sus respectivas audiencias nacionales».

Mientras que las licencias de exportación de tierras raras están llegando a sectores como el automovilístico y la electrónica de consumo, las empresas de sectores sensibles en los que las tierras raras tienen posibles aplicaciones militares siguen sufriendo retrasos.

Reuters informó anteriormente de que la actual escasez de itrio —componente de un recubrimiento protector contra el calor en los motores de los aviones— y de escandio, utilizado en la fabricación de chips, ha afectado gravemente a la industria estadounidense. Las empresas han presionado a Washington para que intervenga ante Pekín.
El indio, clave para la tecnología

Un mineral crítico mencionado por primera vez por la Casa Blanca es el indio, que desempeña un papel clave en la cadena de suministro de semiconductores, tanto en la fase inicial como en la final, y que figura en la lista de control de exportaciones de China desde febrero de 2025

Su compuesto, el fosfuro de indio, es crucial para fabricar chips fotónicos de última generación que utilizan luz en lugar de electricidad para procesar datos, así como láseres ópticos de alta velocidad utilizados en redes de fibra óptica y 6G. Otro compuesto, el óxido de indio y estaño, se utiliza para fabricar pantallas LED en productos electrónicos de consumo.

Fabricantes como Coherent están intensificando la producción de chips fotónicos que se están integrando rápidamente en el desarrollo de centros de datos de IA en todo el mundo.

Las exportaciones chinas de indio han caído drásticamente en los 14 meses transcurridos desde febrero de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de aduanas. Los envíos han descendido en aproximadamente dos tercios a nivel mundial y en un 77% hacia EEUU.

El director ejecutivo de Coherent formó parte de la delegación ejecutiva que acompañó a Trump en su visita, y todas las empresas participantes se enfrentan a problemas normativos o políticos en China. Coherent posee una cuota de mercado mundial del 40% en componentes ópticos de fosfuro de indio.

«Si la concesión de licencias en China sigue siendo lenta o depende de factores políticos, Coherent podría enfrentarse a mayores costos de insumos, problemas de asignación, retrasos en la ampliación de la capacidad y dificultades para satisfacer la demanda de los hiperescaladores», dijo Paul Triolo, socio y responsable de política tecnológica para China en DGA-Albright Stonebridge Group.
https://www.rumbominero.com/usa/china-mantendra-controles-sobre-tierras-raras-pese-a-dialogo-con-ee-uu/

Bolivia

Rodrigo Paz advierte que protestas y bloqueos amenazan transición democrática en Bolivia

Insular FM – 24/05/2026
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió que las protestas y bloqueos de carreteras que afectan desde hace semanas a distintas regiones del país representan una amenaza para la transición democrática y económica impulsada por su administración, en medio de una profunda crisis social y financiera.

En una entrevista con Bloomberg, el mandatario sostuvo que el actual escenario pone a prueba la estabilidad institucional boliviana en pleno proceso de apertura hacia la inversión privada y los mercados internacionales.

Las movilizaciones, que ya cumplen cuatro semanas, han dificultado el traslado de alimentos, combustibles y suministros médicos hacia La Paz y la ciudad de El Alto. Frente a este escenario, el gobierno intenta avanzar en negociaciones con los sectores movilizados, mientras la policía continúa despejando algunas rutas mediante operativos que han incluido el uso de gases lacrimógenos.

“Hay muchos intereses internos y externos en hacer fracasar esta democracia y generar desorden regional”, afirmó Paz desde la sede presidencial en La Paz. El mandatario insistió además en que la crisis actual “pone en tela de juicio la viabilidad de la democracia en Bolivia”.

El Ejecutivo convocó para este domingo una reunión con la federación de agricultores de La Paz con el objetivo de buscar una salida negociada al conflicto. Además, un consejo socioeconómico integrado por representantes de distintos sectores sostendrá el miércoles un encuentro destinado a discutir iniciativas vinculadas al petróleo, gas, minería, litio e inversiones.

Paz expresó su confianza en que ambas instancias permitan disminuir la tensión, aunque recordó que la Constitución contempla el uso de la fuerza pública en determinadas circunstancias.

Entre los manifestantes se encuentran agricultores, sindicatos y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del mandatario, argumentando que no ha logrado revertir la crisis económica tras seis meses de gobierno.

“El pasado no quiere ceder el paso al presente y al futuro. Eso forma parte del conflicto que estamos viviendo”, declaró Paz, en referencia a sectores que, según dijo, se resisten al cambio político y económico.

Pese al clima de conflictividad, el presidente aseguró que mantendrá su plan de reformas orientadas a reducir el déficit fiscal, abrir la economía, fortalecer la seguridad jurídica y disminuir las tensiones sociales y raciales.

“Nuestro gobierno representa el cierre de un ciclo político de los últimos 20 años”, afirmó. “Esta transición no será fácil, pero es el camino correcto para liberar las fuerzas productivas de Bolivia”.

Durante las últimas semanas, las protestas y bloqueos han marcado la agenda política boliviana. La policía informó que logró habilitar un corredor para liberar al menos 70 camiones cisterna con gasolina y diésel retenidos en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, en El Alto, lo que permitirá abastecer estaciones de servicio en La Paz y zonas cercanas.

El gobierno también rechazó versiones sobre una eventual crisis interna tras recientes cambios de gabinete, asegurando que las modificaciones responden únicamente a decisiones administrativas del presidente.

Las movilizaciones continúan en distintos puntos del país. Organizaciones indígenas, campesinas y sindicales han llegado incluso a cercar La Paz para exigir la salida de Rodrigo Paz, en un contexto de creciente tensión que ya deja cuatro muertos y más de un centenar de detenidos.

Rodrigo Paz advierte que protestas y bloqueos amenazan transición democrática en Bolivia