27/07/2025
Las protestas en contra del proyecto minero, Tía María y La Tapada se intensificaron a pocas horas de recibir el mensaje presidencial. Los voceros temen que Boluarte apoye a Southern.
Foto del autorMirelia Quispe

Las acciones de rechazo contra el proyecto minero Tía María continúan en el Valle de Tambo, en Arequipa, donde este domingo se realizaron movilizaciones a las ferias locales de Cocachacra y la Punta de Bombón. Los manifestantes ya preparan una protesta más contundente para este lunes 28 de julio, Día de la Independencia del Perú, y planean quemar un muñeco alusivo a Dina Boluarte.

“Estamos convocando al pueblo de Valle de Tambo a concentrarse este 28 de julio en la plaza San Francisco, a partir de las nueve de la mañana, para participar en el desfile patrio. En dicho desfile, participaremos con nuestras banderas verdes y, alrededor de mediodía, quemaremos un muñeco de Dina Boluarte. Este 28 de julio”, declaró Jorge del Carpio, dirigente de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) y vocero de valle de Tambo.

Según el propio dirigente, el acto simbólico de quema del muñeco responde a la sospecha de que el Ejecutivo podría anunciar el inicio del proyecto minero durante las celebraciones patrias: “Sospechamos va a anunciar que el proyecto Tía María – La Tapada va”.

Bloqueos de vías continúan
Aunque este domingo no se registraron bloqueos activos, se informó que ayer hubo dos bloqueos importantes: uno en la zona conocida como “Ventillata”, que comunica el Valle de Tambo con Tacna y Moquegua, y otro en Santa María, en Cocachacra. También se realizó una olla común, donde invitaron comida preparada con ingredientes cosechados del valle de tambo a los conductores que quedaron varados, y algunos pasajeros no dudaron en bajar y pedir un poco de comida y agua.

Mientras que las actividades de hoy se concentraron en las ferias de productos alimenticios en Cocachacra por la mañana y en la Punta de Bombón por la tarde. “Son las ferias donde acuden muchas personas a abastecerse de comida para toda la semana”, indicó Jorge del Carpio.

Mientras tanto, en la zona se desplegaron nuevas banderas verdes para que los tambeños que desees las coloquen en sus casas en preparación para el desfile del 28. Las consignas que acompañan las actividades siguen siendo claras: “El valle no se vende, el valle se defiende. El valle nos alimenta, la mina nos asesina”.
https://larepublica.pe/politica/2025/07/27/tia-maria-pobladores-amenazan-con-quemar-muneco-de-dina-boluarte-en-rechazo-de-proyecto-minero-areuipa-hnews-2246022

El Gobierno ha retirado a cerca de 50.000 mineros del registro de formalización por no avanzar en su proceso, desatando protestas y revelando cómo el sistema ha servido de escudo a operaciones ilegales.
Sergio Llerena Caballero 18/07/2025
Según datos del Ministerio Público de Perú, la minería ilegal genera pérdidas económicas de 6.285 millones de dólares anuales, una razón de peso que explica las recientes protestas violentas de mineros informales: hay mucho dinero de por medio.

Pero… ¿por qué se habla de tanto dinero (ilegal) en juego cuando las protestas son de mineros informales y no ilegales? El detalle que explica esta contradicción aparente viene del propio Gobierno y sus reparos con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Dicho registro, administrado por el Ministerio de Energía y Minas, fue creado en 2016 con el propósito original de que, en un plazo de 3 años, los pequeños mineros informales puedan regularizar sus actividades (formalizarse) cumpliendo con ciertos requisitos técnicos, ambientales y administrativos.

Sin embargo, esos 3 años iniciales se han ido prorrogando hasta la actualidad en que, en junio, el Gobierno emitió un decreto que ordenó retirar del Reinfo a cerca de 50.000 mineros.

El Gobierno tomó esta decisión luego de verificar que durante el primer semestre de 2025 los cerca de 50.000 inscritos no mostraron avances en su proceso de formalización, acusando un uso indebido del registro.

¿FACHADA PARA LA ILEGALIDAD?
Además, el fracaso del Reinfo parece evidente si se considera que, según cálculos hechos a partir de datos del Ministerio de Energía y Minas, desde su creación sólo entre el 2 y el 2,4 por ciento de los mineros inscritos (que suman cerca de 90.000 personas) lograron formalizarse exitosamente.

«A partir de la diferentes ampliaciones de la vigencia del Reinfo, los mineros que son parte de este registro podían continuar realizando sus actividades, pero sin ser pasibles de una fiscalización efectiva o algún tipo de control que venga desde el Estado, y si es que miramos el caso de las intervenciones para controlar la minería ilegal, todas aquellas personas que sean parte del registro no son pasibles de recibir una intervención o fiscalización por minería ilegal», dijo a la Agencia Sputnik la coordinadora Luisa Ríos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en el departamento de Madre de Dios (Amazonía sur).

En ese sentido, lo explicado por Ríos da cuenta de lo que parece ser un secreto a voces en Perú: el Reinfo terminó siendo una herramienta para que los mineros ilegales -bajo la fachada de «informales»- puedan continuar con sus operaciones amparados en la protección que les da el registro, en tano aleguen que su «formalización» está en curso.

Un minero informal es aquel que realiza actividad minera sin todos los permisos legales, pero que puede llegar a regularizarse; mientras que un minero ilegal es aquel que opera en zonas prohibidas -como ríos o reservas naturales- o sin autorización alguna y comete un delito penal; por tanto, la formalización de un minero ilegal no puede estar «en proceso» al ser legalmente imposible que se formalice.

¿Qué buscan entonces los mineros que actualmente protestan en Perú? Según explica Ríos, en vista de que el Gobierno decretó que el Reinfo expire el próximo 31 de diciembre, los mineros exigen que esta vigencia se extienda (una vez más) hasta fines del 2027.

Asimismo, exigen que si la vigencia no se puede extender, se apruebe en el Congreso el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal en Perú (Ley MAPE).

Ríos advierte que el proyecto de Ley MAPE se está buscando aprobar de una manera «apresurada», sin consultar a la ciudadanía, con un pobre enfoque sobre el impacto ambiental de la minería, entre otros vicios que impedirían una efectiva formalización de los mineros informales.

«Por ejemplo, la Ley MAPE plantea que se pueda aplicar el silencio administrativo positivo. Esto significa que si tú presentas un trámite sobre materia minera y el procedimiento establece que ese trámite demora 10 días, por ejemplo, y llega el día 11, no importa el contenido de lo que quieras tramitar, pues este se aprueba porque el funcionario no generó observaciones dentro del plazo que se manejaba para ese trámite», detalla Ríos.

DERECHO MINERO
Por otro lado, de parte de los mineros informales existen reclamos que se pueden considerar razonables respecto a su derecho a que recibir facilidades para ejercer su actividad extractiva.

«Lo que buscan los mineros artesanales, la pequeña minería, es que todas las comunidades campesinas que se dedican a producir en sus tierras ancestrales tengan la posibilidad de un empleo ante el fracaso del modelo neoliberal. La gente ha avanzado y tiene ahora una gran oportunidad de desarrollo en los recursos de la minería y en sus propias tierras», dice a la Agencia Sputnik el congresista Roberto Sánchez, defensor de la causa minera informal.

Sánchez, miembro de la bancada de Juntos por el Perú (izquierda), apunta a una «falla injusta» dentro de las pretensiones de que a los mineros informales se les impida el ejercicio de sus actividades.

«En Perú, el 70 por ciento de la economía se desarrolla de manera informal, no sólo la minería. El Perú es un país informal en su economía, eso tenemos que decirlo con categoría, entonces que el Gobierno no sea más papista que el papa cuando dice que la informalidad del sector de la minería hay que combatirla: lo que hay que combatir y perseguir es al crimen, a la ilegalidad», afirma el congresista.

Por lo pronto, las protestas de los mineros han cesado desde que el Gobierno decidió llevar a cabo mesas de trabajo intersectoriales para atender sus demandas, aunque las posibilidades de un acuerdo que satisfaga a todas las partes se presumen bajas.

La minería informal en Perú, luces y sombras de un millonario y complejo conflicto social

LA AGENDA QUE UNE A EMPRESAS FORMALES Y MINEROS INFORMALES
17/07/2025

Minería informal e ilegal se han convertido en principales protagonistas de los conflictos y su crecimiento pone en discusión el régimen de concesiones mineras, señala el Observatorio de Conflictos Mineros en su 36 reporte semestral.

Investigadores alertan sobre el impacto de la actividad ilegal en la juventud, que opta por trabajos en el sector ante la falta de alternativas económicas viables.

El auge de la minería informal en el Perú ha transformado la conflictividad social, desplazando el foco de las disputas tradicionales hacia nuevos actores y territorios. El 36 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) concluye que el crecimiento de la minería informal y artesanal, en medio de la discusión sobre una nueva Ley MAPE, redefine la matriz de los conflictos, con disputas por control del territorio y beneficios entre pequeños y medianos mineros, empresas formales y comunidades.

Los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que el número de conflictos mensuales ronda los 200 casos, con una tendencia al alza en las protestas colectivas, que alcanzaron 256 acciones recientes. La mitad de estos conflictos son socioambientales y dos tercios están vinculados al sector minero, lo que confirma el dominio de los sectores extractivos en la conflictividad nacional.

El informe detalla que 15% del territorio —unos 19 millones de ha— está concesionado a la minería, con regiones como Apurímac y La Libertad superando el 50% de su superficie. En zonas como Pataz, donde las concesiones ocupan el 80% del territorio, la criminalidad asociada a la minería informal se ha convertido en un problema central.

Por otro lado, el nuevo superciclo de precios de minerales, especialmente cobre y oro, ha generado ingresos extraordinarios de casi 19.000 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024 para las empresas mineras. El incremento desmesurado de precios es también un incentivo para la expansión de la actividad informal.

Minería informal redefine conflictos sociales en Perú

El auge de la minería informal e ilegal, según el informe presentado en un contexto de protestas de los mineros artesanales e informales en diversas regiones, se refleja en la dispersión de la producción minera, especialmente de oro. La transformación del patrón de producción de este mineral es notoria: si antes predominaban grandes empresas como Yanacocha, hoy la producción se dispersa entre pequeños, medianos y mineros artesanales, así como actores ilegales.

El OCM identifica un cambio histórico: de conflictos sindicales en los 70 y 80, a disputas entre empresas y comunidades en los 90 y 2000, hasta el actual protagonismo de la minería informal, que disputa territorio con empresas y comunidades.

Este fenómeno también es resultado del fracaso del modelo de minería impulsado durante los últimos 30 años, con comunidades que no han percibido los beneficios de manera directa y que, en muchos casos, optan por realizar ellos mismos la actividad minera para controlar las ganancias producto de la extracción de los recursos de su propio territorio.

Sin embargo, pese a que predomina una narrativa donde las empresas formales y los actores informales se presentan como antagónicos, estos sectores tienen suelen tener vínculos incluso comerciales, pues el oro ilegal sale “blanqueado” por los puertos del país. Además, ambos sectores, gran minería y empresarios de la MAPE, comparten una agenda común orientada a ampliar lo más posible la frontera de la extracción minera y al mismo tiempo reducir lo más posible las responsabilidades y procedimientos referidos a los aspectos sociales y ambientales. Así lo señaló Paul E. Maquet, vocero de CooperAcción, durante la presentación del reporte.

Por su parte, Mirtha Vásquez, abogada de Grufides, denunció que el régimen de concesiones fomenta el desorden: “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”. Vásquez comparó el modelo peruano con la normativa que se está discutiendo en Colombia, donde se plantea primero delimitar zonas a proteger. En Perú, en cambio, se entregan áreas estratégicas para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

La expansión de la minería informal e ilegal afecta también regiones de norte del país como Amazonas, La Libertad y Cajamarca, donde las rondas campesinas enfrentan amenazas y criminalización por denunciar contaminación y violencia. En Cajamarca, la inversión minera formal cayó cerca de 50% respecto a años anteriores, pero la región sigue como la tercera productora de oro, con nuevos proyectos que generan conflictos al superponerse a territorios indígenas. “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”, denunció.

Daniel Hernando, investigador en minería ilegal, advirtió que la minería informal redefine las trayectorias de vida juvenil, desplazando alternativas como la agricultura o la educación técnica. “Muchos jóvenes terminan insertados como trabajadores”, señala, lo que genera deserción escolar, consumo temprano de alcohol y violencia. El Estado, según Hernando, debe acompañar la formalización y no limitarse a la fiscalización, ya que la variedad de actores y posturas genera conflictos inter e intra comunales, con episodios de coacción y atentados. En regiones como Loreto, la minería ilegal convive con otras actividades ilícitas, agravando la complejidad del problema. “Esta actividad plantea unos ingresos que difícilmente se pueden igualar en el territorio con otras actividades”, concluye Hernando.

Ante este panorama, el Estado debe escuchar las voces de todos los actores en la discusión sobre la nueva Ley MAPE, y no solo a los sectores empresariales ya sean estos de la gran minería o de la pequeña, artesanal o informal. Organizaciones de pueblos indígenas, gobiernos territoriales y asociaciones de personas afectadas por la contaminación también deben ser convocadas a las instancias de diálogo para que su perspectiva también sea incluida, señaló Maquet en referencia a la discusión sobre el Reinfo.

Resistencia y criminalización

En el norte, la resistencia a proyectos como Río Blanco persiste. En enero, miles marcharon desde Tambogrande a Piura, sumándose a dos décadas de oposición local. El 97 % de la población de Ayabaca y Huancabamba rechazó la minería en consultas vecinales hace casi veinte años, optando por agricultura y turismo ecológico. Pese a ello, la empresa Río Blanco, de capitales chinos, avanza con respaldo legal inédito. Autoridades locales y regionales han reiterado su rechazo, alertando sobre el riesgo para la producción agrícola y la paz social. Situación similar se vive en el valle de Tambo, en Arequipa, ante la insistencia por imponer el proyecto Tía María.

David Velazco, director de Fedepaz, sostuvo que la conflictividad persiste en un momento “muy duro y muy ácido”, y criticó el discurso oficial que asocia minería y desarrollo, ignorando las demandas sociales. Además, destacó que la criminalización de defensores ambientales y líderes sociales se ha intensificado, y denunció que los ciudadanos de Islay vienen siendo denunciados por haber acatado un paro durante los últimos meses.

Puedes descargar el 36 reporte semestral del Observatorio de Conflictos Mineros en este enlace: https://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2025/07/36-OCM-primer-semestre-2025-1.pdf

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