Chile

Chile: comunidades indígenas llevan a tribunal proyecto minero Champagne de US$ 18 millones

Oscar Céspedes 18/06/2026

Comunidades minero Champagne
Comunidades indígenas y observantes ciudadanos presentaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Chile. Foto: Archivo.
La reclamación presentada ante el Primer Tribunal Ambiental cuestiona la aprobación ambiental de la exploración minera de Andex Minerals en Arica y Parinacota, destinada a evaluar recursos de cobre, oro y plata.

Comunidades indígenas y observantes ciudadanos presentaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Chile para impugnar la aprobación ambiental del proyecto “Exploración Geológica Minera – Champagne”, desarrollado por Andex Minerals Chile SpA en la Región de Arica y Parinacota.

La acción judicial busca revisar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable otorgada al proyecto, que fue evaluado mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Los reclamantes sostienen que la iniciativa debió ser sometida a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debido a sus posibles efectos sobre comunidades indígenas y componentes ambientales sensibles.

La reclamación fue presentada por la Comunidad Indígena Aymara de Umirpa, la Asociación Indígena Quechua Kawsaq Llaqta y ciudadanos que participaron en el proceso de evaluación ambiental. Según argumentan, la evaluación realizada no habría abordado con suficiente profundidad los posibles impactos sobre recursos hídricos, biodiversidad, áreas protegidas y el entorno humano de la zona.

El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la demanda y solicitó antecedentes al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), iniciando así una nueva etapa de revisión judicial sobre la legalidad del procedimiento y las respuestas entregadas a las observaciones ciudadanas.

Además, los demandantes solicitaron una medida cautelar para suspender los efectos de la RCA mientras se analiza el fondo del caso, con el objetivo de evitar la ejecución de actividades exploratorias antes de que exista un fallo definitivo.
Operario revisando cátodos de cobre.

Proyecto Champagne busca recursos de cobre, oro y plata
El proyecto Champagne se ubica en el sector de Anocarire, entre las comunas de Putre y Camarones, y contempla una inversión estimada de US$ 18 millones.

Las actividades autorizadas consideran la ejecución de 12 sondajes distribuidos en nueve plataformas, además de la instalación de un campamento modular y obras de apoyo. El objetivo es evaluar el potencial geológico de la zona para minerales como cobre, oro, plata y otros recursos metálicos.

De acuerdo con la información presentada por la empresa, los trabajos incluyen perforaciones mediante aire reverso y diamantina, técnicas comúnmente utilizadas en campañas de exploración minera.
Debate sobre evaluación ambiental en territorios sensibles

La controversia en torno al proyecto Champagne se suma al creciente debate sobre los estándares ambientales aplicados a iniciativas de exploración minera en territorios con presencia de comunidades indígenas y ecosistemas de alta sensibilidad.

Mientras que una Declaración de Impacto Ambiental permite acreditar el cumplimiento normativo sin exigir estudios más complejos, un Estudio de Impacto Ambiental requiere una línea base más detallada y un análisis exhaustivo de los posibles efectos sobre comunidades, patrimonio cultural y recursos naturales.

Para el sector minero, la exploración constituye una etapa fundamental para descubrir y desarrollar futuros proyectos, especialmente en un contexto donde Chile busca mantener su liderazgo en la producción de cobre y atraer nuevas inversiones en minerales estratégicos.

Sin embargo, la creciente exigencia social y regulatoria está elevando el nivel de escrutinio sobre proyectos ubicados en zonas altoandinas, donde convergen intereses económicos, disponibilidad hídrica, biodiversidad y valor cultural para las comunidades locales.

La resolución que adopte el Primer Tribunal Ambiental será seguida de cerca por la industria minera chilena, ya que podría sentar precedentes sobre los criterios de evaluación ambiental aplicables a futuros proyectos de exploración en territorios considerados sensibles.
https://www.rumbominero.com/chile/comunidades-llevan-a-tribunal-proyecto-minero-champagne/

Perú

Fiscalía abre investigación contra alcalde de Pariahuanca y otros cinco por protesta contra minería

El Ministerio Público les atribuye los presuntos delitos de disturbios, violencia contra la autoridad, entorpecimiento de servicios públicos y lesiones durante la movilización frente al Gobierno Regional de Junín el 18 y 19 de junio.

Fiscalía abre investigación contra alcalde de Pariahanca, pero no dice nada del presunto abuso de autoridad de la Policía.
Percy Salomé 24/06/2026

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo abrió una investigación preliminar contra el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena, y otros cinco dirigentes que encabezaron la protesta por la protección de la cuenca del río Yuracyacu frente al Gobierno Regional de Junín. La Fiscalía les atribuye presuntos delitos de disturbios, violencia contra la autoridad, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y lesiones leves.
La disposición fiscal establece un plazo de 60 días para las diligencias preliminares y ordena a la División de Investigación Criminal (Divincri) realizar las principales actuaciones en un plazo de 45 días.

La investigación también comprende a Fausto Agustín Gamarra Quispe, presidente del Comité de Defensa de los Recursos Hídricos del río Yuracyacu; Martín García Mayta, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Pariahuanca; Rogelio López Huamán, presidente del Frente de Defensa de Huancayo; Galaxia Lenina Solís Dávila, asesora legal de las comunidades; y Diego Rivera Cuñas. La investigación incluye además a quienes resulten responsables. Referenciageográfica

La protesta
Según la disposición fiscal, alrededor de 500 manifestantes provenientes de Pariahuanca bloquearon los accesos y salidas del Gobierno Regional de Junín durante la mañana del 18 de junio. Los comuneros exigían una reunión presencial con el gobernador regional, Zósimo Cárdenas Muje, y reclamaban medidas concretas para proteger las cabeceras de cuenca del río Yuracyacu frente a la expansión de actividades mineras.

La Fiscalía sostiene que los manifestantes ejercieron presión sobre los accesos de la sede regional e impidieron el ingreso y salida de personas. Además, señala que un funcionario identificado como Juan Emilio Damián Ladrón de Guevara habría sufrido agresiones durante la movilización.

Ese mismo día, la Policía lanzó bombas lacrimógenas para intentar despejar los exteriores del Gobierno Regional y permitir la salida de trabajadores. Sin embargo, la protesta continuó y los manifestantes permanecieron en el lugar hasta el día siguiente.

Disposición fiscal contra dirigentes de Pariahuanca a raíz de protesta que pide protección ambiental en la naciente del río Yuracyacu
Intervención fiscal por presencia de menores
En su disposición, la Fiscalía recoge reportes sobre la presencia de menores de edad en una cuna que funciona dentro de la sede regional e indica que los manifestantes se habrían negado a permitir un pase libre para que madres y niños abandonaran el recinto mientras representantes del Ministerio Público verificaban su situación.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que los manifestantes obstaculizaron el ingreso del fiscal provincial de Familia, Carlos Santa Cruz Urbina, quien acudió al lugar para supervisar las condiciones en las que permanecían los menores.

La disposición agrega que la fiscal adjunta Verónica Carhuachín Galazar habría recibido insultos y agresiones verbales cuando intentaba cumplir sus funciones junto a otros representantes del Ministerio Público.

Acuerdo tras más de 30 horas de protesta
La movilización concluyó el 19 de junio luego de más de 30 horas de protesta ininterrumpida frente a la sede regional.

Ese día, representantes de las comunidades de Pariahuanca suscribieron un acta de compromisos con el Gobierno Regional de Junín, representado por la vicegobernadora Milagros Inche. El documento establece que la entidad impulsará ante el Consejo Regional una ordenanza para declarar de interés regional la protección de las cabeceras de cuenca de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo.

El acuerdo también contempla gestiones para revisar concesiones mineras y registros REINFO en la zona, acciones de vigilancia sanitaria para la población afectada y apoyo a los piscicultores perjudicados por la mortandad de peces registrada en la cuenca.

Aunque el gobernador Zósimo Cárdenas no participó presencialmente en la reunión, ratificó los compromisos mediante una comunicación telefónica.

Las diligencias ordenadas
Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó a la Divincri recabar las fichas de identificación de los investigados, solicitar los registros de cámaras de seguridad del Gobierno Regional y de municipalidades cercanas, así como recopilar videos difundidos por medios de comunicación y redes sociales.

También dispuso tomar declaración a Juan Emilio Damián Ladrón de Guevara y someterlo a un examen médico legal, recoger los testimonios de Vanessa Aquino Zambrano, Carlos Santa Cruz Urbina y Verónica Carhuachín Galazar, e interrogar a Patricia Soria, trabajadora de la oficina de Gobernación Regional.

Asimismo, la policía deberá identificar a los representantes de los menores que permanecían en la cuna durante la protesta y recibir las declaraciones de los seis investigados con la asistencia de sus abogados defensores.

Con estas diligencias, la Fiscalía buscará determinar si los hechos ocurridos durante la protesta configuran responsabilidades penales y si existen más personas involucradas en los incidentes registrados frente al Gobierno Regional de Junín.

Fiscalía abre investigación contra alcalde de Pariahuanca y otros cinco por protesta contra minería

Chile, Litio

Las imágenes por satélite de la NASA muestran un paisaje casi psicodélico en el Salar de Atacama

 pero lo que parecen colores hipnóticos es en realidad una advertencia ambiental. Detrás del litio que alimenta el coche eléctrico hay millones de litros de agua evaporados y un ecosistema cada vez más presionado
La NASA difundió una secuencia satelital HLS del Salar de Atacama, en Chile, donde las piscinas de evaporación del litio cambian de color entre marzo de 2025 y febrero de 2026. La imagen parece una obra abstracta vista desde el espacio, pero también ayuda a entender el coste ambiental de un proceso que evapora enormes cantidades de agua en uno de los ecosistemas más secos y frágiles del planeta.
Martín Nicolás Parolari
19/06/2026
Las imágenes por satélite de la NASA muestran un paisaje casi psicodélico en el Salar de Atacama, pero lo que parecen colores hipnóticos es en realidad una advertencia ambiental. Detrás del litio que alimenta el coche eléctrico hay millones de litros de agua evaporados y un ecosistema cada vez más presionado
© NASA.

Desde el espacio, el Salar de Atacama parece una pintura abstracta. Rectángulos perfectos, tonos de azul eléctrico, verdes pálidos, amarillos intensos y manchas blancas se recortan sobre la superficie áspera del desierto chileno. La imagen tiene algo hipnótico, casi artificial. Pero no es arte: son piscinas de evaporación de litio.

Según el Scientific Visualization Studio de la NASA, la secuencia fue construida con imágenes HLS (datos armonizados de Landsat y Sentinel-2) tomadas entre el 3 de marzo de 2025 y el 21 de febrero de 2026. En ellas se observa cómo los estanques cambian de color mientras el agua desaparece lentamente y la salmuera concentra litio, un mineral clave para baterías, vehículos eléctricos y almacenamiento energético.

La NASA no presenta la secuencia como una denuncia ambiental. Su valor está en mostrar, con una claridad casi incómoda, el mecanismo físico de la extracción: bombear salmuera subterránea, extenderla en enormes piscinas y dejar que el sol del desierto haga el resto. El problema es que ese “resto” ocurre en una de las zonas más secas del planeta.

Lo que parece una paleta de colores es una fábrica de evaporación
El Salar de Atacama, en la región chilena de Antofagasta, es el mayor salar de Chile y uno de los puntos más importantes del suministro global de litio. La propia NASA recuerda que este desierto recibe apenas unos milímetros de lluvia al año, una condición extrema que lo convierte en un lugar ideal para evaporar agua y concentrar minerales.

El proceso empieza bajo tierra. Las empresas perforan el salar para extraer salmuera rica en litio, una mezcla de agua salada y minerales acumulada durante miles de años. Esa salmuera se bombea a la superficie y se reparte en estanques abiertos. Con el paso de los meses, la radiación solar y el viento eliminan el agua y elevan la concentración de litio. Luego, el material concentrado pasa a plantas de tratamiento químico.

La imagen satelital permite ver ese proceso casi como un reloj cromático. Los colores no son un capricho visual: indican cambios en la composición, la concentración de sales y el avance de la evaporación. Lo que desde arriba parece bello, desde abajo es una operación extractiva lenta, intensa y enorme.

El coste oculto: el agua se va y no vuelve
El gran problema es que la evaporación no es un detalle del proceso. Es el proceso. De acuerdo con la Universidad de Chile, la explotación de salmueras en el Salar de Atacama se realiza por bombeo hacia piscinas de superficie, y en la obtención de litio mediante evaporación alrededor del 90% del agua se pierde en la atmósfera.

Ese dato cambia por completo la lectura de las imágenes. Cada estanque de colores no es solo una etapa industrial: es agua salobre evaporándose en un territorio donde el equilibrio hídrico ya es delicadísimo. Aunque no se trate siempre de agua dulce, la salmuera forma parte del sistema hidrogeológico del salar, y su extracción a gran escala puede alterar relaciones subterráneas difíciles de recomponer.

La Universidad de Chile también señala que un estudio de 2019 citado en su investigación detectó una caída de más de 10 metros en los niveles de agua subterránea durante los últimos 15 años. La conclusión es sencilla y dura: la pérdida de agua avanza más rápido que la recarga natural del sistema.

El salar también se está hundiendo
Las imágenes por satélite de la NASA muestran un paisaje casi psicodélico en el Salar de Atacama, pero lo que parecen colores hipnóticos es en realidad una advertencia ambiental. Detrás del litio que alimenta el coche eléctrico hay millones de litros de agua evaporados y un ecosistema cada vez más presionado
© NASA.
El impacto no se limita al agua que desaparece. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Chile detectó que una zona del Salar de Atacama se hunde a una tasa de entre 1 y 2 centímetros por año. El trabajo utilizó datos satelitales entre 2020 y 2023 para verificar deformaciones en la corteza terrestre.

Reuters, al recoger el estudio, explicó que el área afectada mide aproximadamente 8 kilómetros de norte a sur y 5 kilómetros de este a oeste, y que coincide con zonas donde se realiza el bombeo más intenso de salmuera. Francisco Delgado, autor principal del trabajo, aclaró que no se trata de todo el salar, sino de una zona específica vinculada a los puntos de mayor extracción.

Ese matiz es importante para no exagerar el fenómeno. El Salar de Atacama no se está hundiendo entero como una escena de desastre inmediato. Pero la subsidencia localizada sí funciona como una señal de alarma: cuando se extrae salmuera más rápido de lo que el sistema puede reponerse, el terreno puede compactarse y perder permeabilidad, un cambio difícil de revertir.

La paradoja del coche eléctrico está en el territorio
El coche eléctrico suele presentarse como una solución limpia frente al motor de combustión, y en términos de emisiones urbanas lo es. No emite gases de escape, reduce contaminación local y puede integrarse con electricidad renovable. Pero su cadena material no es invisible. Alguien extrae el litio, el cobre, el níquel, el cobalto y otros minerales que sostienen esa transición.

Ahí aparece la paradoja. Mientras las grandes ciudades buscan reducir su huella de carbono, parte del coste físico se desplaza a territorios remotos, áridos y habitados por comunidades que conviven directamente con la minería. IWGIA, en un análisis firmado por José Aylwin para Indigenous Debates, advierte que la extracción acelerada de litio en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile ha generado daños sobre el derecho de los pueblos indígenas a un ambiente sano y al acceso al agua, afectando actividades tradicionales como el pastoreo de camélidos y cultivos como la quinoa y el maíz.

En el caso del Salar de Atacama, Reuters también recoge la preocupación de comunidades nativas por el agotamiento de agua dulce y salmuera rica en litio, con efectos potenciales sobre personas y fauna. La discusión, por tanto, no es solo tecnológica. Es social, ambiental y política.

La alternativa existe, pero todavía no reemplazó al modelo dominante
Una de las tecnologías que más se menciona como posible salida es la extracción directa de litio, conocida como DLE por sus siglas en inglés. A diferencia de la evaporación en piscinas, la DLE busca separar el litio mediante procesos más controlados y devolver parte de la salmuera al salar después del tratamiento.

Reuters informó en marzo de 2026 que Albemarle inició el proceso de evaluación ambiental en Chile para su primer proyecto de extracción directa de litio en el Salar de Atacama. Según la compañía, el sistema permitiría recuperar casi el doble de litio y reducir la cantidad de salmuera extraída respecto a las operaciones actuales.

Los números prometidos son relevantes: la presentación ambiental citada por Reuters indica que la extracción neta de salmuera pasaría de 442 litros por segundo a 342 con una línea de DLE en operación, y podría bajar hasta 142 litros por segundo si se implementaran las seis líneas previstas.

Aun así, conviene mantener la cautela. La DLE todavía debe demostrar a gran escala que puede reducir impactos sin crear otros problemas, y el modelo dominante en el Salar de Atacama sigue siendo la evaporación en piscinas. Incluso Albemarle, en su propia presentación del proyecto, lo plantea como una transición pendiente de permisos, inversión final y despliegue gradual.

La imagen bonita que obliga a mirar el precio real
Las imágenes de la NASA fascinan porque convierten una operación minera en una secuencia visual casi hermosa. Pero esa belleza es precisamente lo que las vuelve inquietantes. El mosaico psicodélico del Salar de Atacama no es una rareza natural: es la huella geométrica de una industria que crece al ritmo de la demanda mundial de baterías.

La transición energética necesita minerales. Eso no se puede negar. Tampoco se puede negar que abandonar los combustibles fósiles es urgente. Pero el caso del litio en Atacama recuerda que una transición no es automáticamente justa ni limpia por el simple hecho de apuntar a un objetivo climático correcto.

El desafío no consiste solo en fabricar más coches eléctricos. Consiste en preguntarse de dónde salen sus materiales, cuánta agua cuesta extraerlos, qué ecosistemas quedan bajo presión y qué comunidades pagan el precio inmediato de una promesa global. Desde el espacio, el Salar de Atacama parece una pintura. Desde el suelo, es una advertencia.
https://es.gizmodo.com/las-imagenes-por-satelite-de-la-nasa-muestran-un-paisaje-casi-psicodelico-en-el-salar-de-atacama-pero-lo-que-parecen-colores-hipnoticos-es-en-realidad-una-advertencia-ambiental-detras-del-litio-que-2000242058

Perú

Bombas lacrimógenas no frenan protesta de Pariahuanca frente al Gobierno Regional de Junín

La Red de Medios 19/06/2026
ACTUALIZACIÓN: Pobladores de Parihuanca se enfrentan a policías, quienes usan lacrimógenas
Alrededor de las cinco de la tarde de este jueves, la policía utilizó una segunda andanada de bombas lacrimógenas contra los pobladores de Pariahuanca, quienes protestan contra la minería informal en las alturas de la cuenca del río Yuracyacu.

La acción policial buscó permitir la salida de los trabajadores del Gobierno Regional de Junín, quienes no lograban salir a sus casas.

NOTA ORIGINAL
La Policía lanzó bombas lacrimógenas la tarde de este jueves contra los pobladores de Pariahuanca que protestan en los exteriores del Gobierno Regional de Junín, pero la intervención no logró desactivar la movilización. Los manifestantes permanecen en los accesos de la sede regional, impiden la salida de trabajadores y organizan una vigilia indefinida a la espera de que el gobernador Zósimo Cárdenas atienda personalmente sus demandas.

La tensión escaló durante la tarde cuando un grupo de comuneros intentó acercarse al ingreso principal del Gobierno Regional. Efectivos policiales respondieron con el lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Pero minutos después, la multitud retomó posiciones en los exteriores del edificio y reafirmó su decisión de permanecer en el lugar.

La protesta forma parte de la movilización anunciada por organizaciones sociales y comunidades de Pariahuanca para exigir la protección de las cabeceras de cuenca del río Yuracyacu y frenar la expansión de concesiones mineras en la zona. Los dirigentes reclaman la presencia del gobernador Zósimo Cárdenas y rechazan cualquier negociación con funcionarios de menor rango.

“Ya hemos conversado durante meses con gerentes y directores. Tenemos actas y compromisos que no se cumplen. Queremos hablar directamente con el gobernador”, señaló uno de los dirigentes de la protesta.

Los comuneros exigen que el Gobierno Regional impulse la declaratoria de intangibilidad de la cuenca alta del Yuracyacu, amplíe la protección del área de conservación regional Huaytapallana y gestione el retiro de las concesiones mineras que consideran una amenaza para sus fuentes de agua.

Organizan olla común para pasar la noche
Lejos de retirarse tras la intervención policial, los manifestantes empezaron a organizar su permanencia en Huancayo. Durante la tarde realizaron una colecta y aportes para financiar una olla común.

“Nos vamos a quedar hasta que venga el gobernador. Si hoy no nos recibe, seguiremos aquí mañana”, comentó una pobladora.

Reclamo por contaminación
El conflicto ambiental se agravó en los últimos meses luego de la mortandad masiva de truchas registrada en la cuenca del Yuracyacu. Una pericia de la Policía detectó la presencia de cianuro en los peces muertos, situación que incrementó la preocupación de las comunidades y fortaleció su rechazo a la actividad minera en la zona.

“Agua sí, mina no”, repiten los manifestantes.

Gobierno Regional responsabiliza a dirigentes
En un comunicado, el Gobierno Regional de Junín emitió un comunicado en el que aseguró que mantiene su disposición para atender las demandas de la población de Pariahuanca, con la instalación de una mesa de diálogo, conformada por funcionarios de las gerencias vinculadas a los sectores de Agricultura, Energía y Minas y Medio Ambiente, quienes acudieron para instalar un espacio de conversación e informar sobre las acciones de fiscalización, control y recuperación ambiental en la cuenca del río Yuracyacu y zonas aledañas.

El Gobierno Regional sostuvo, sin embargo, que los dirigentes y autoridades de Pariahuanca, encabezados por el alcalde distrital Wilson Quispe Camarena, rechazaron participar en la mesa propuesta. “Hasta el momento no ha sido posible iniciar la Mesa de Diálogo porque las autoridades y dirigentes de Pariahuanca no han aceptado instalar este espacio”, señala el pronunciamiento.

La institución también afirmó que el equipo técnico convocado contaba con facultades delegadas por el gobernador Zósimo Cárdenas para asumir compromisos y adoptar acuerdos dentro de sus competencias.

Niños no pueden salir
Asimismo, el Gobierno Regional expresó su preocupación por el bloqueo de las instalaciones y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para la salida de niños de la cuna jardín que funciona dentro de la sede regional.

Huanca York Times conoció que alrededor de 12 niños permanecen dentro de la cuna jardín sin poder salir. Incluso la fiscal de prevención del delito intercedió para que los menores pudieran abandonar la sede regional, pero no pudo convencer a los manifestantes.

Bombas lacrimógenas no frenan protesta de Pariahuanca frente al Gobierno Regional de Junín

Republica Dominicana

Movimiento ambiental convoca protesta en Puerto Plata por proyectos mineros

El predicador católico y activista social, también reiteró su rechazo al proyecto de la “Carretera del Ámbar”, una propuesta vial que según anunció el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en el Consejo de Ministro, se adjudicará el próximo mes.
Máximo Laureano 17/06/2026

Movimiento ambiental convoca protesta en Puerto Plata por proyectos mineros

Tras la apelación presentada por la empresa Vertrixi contra la decisión de un tribunal de paralizar la exploración minera en la Cordillera Septentrional, el padre Nino Ramos, vocero del movimiento «Unidos Somos Más», anunció que mantendrán las manifestaciones en las calles.

Ramos llamó a los ciudadanos a sumarse a una manifestación en Puerto Plata el próximo 21 de junio para reiterar su rechazo a la explotación minera en la montaña que comparten las provincias Santiago y Puerto Plata.

El sacerdote católico y activista social también reiteró su oposición al proyecto de la Carretera del Ámbar, una propuesta vial que, según informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante una reunión del Consejo de Ministros, será adjudicada el próximo mes.

En declaraciones ofrecidas a periodistas en Santiago, el padre Nino Ramos insistió en que, además del contrato de exploración otorgado a la empresa Vertrixi, existen otras concesionarias con proyectos de explotación en la zona.

Decisión sobre el amparo
La decisión sobre el recurso de amparo contra la exploración minera en la Cordillera Septentrional fue emitida el 5 de junio de 2026. En ella se ordenó la paralización inmediata de los trabajos de exploración de oro, plata, cobre y otros metales básicos correspondientes al proyecto denominado «Cobre El Hoyazo II», ubicado en el distrito municipal Pedro García.

El permiso de exploración otorgado a la empresa Vertrixi está amparado en la resolución núm. R-MEM-CM-013-2024, emitida el 5 de julio de 2024 por el Ministerio de Energía y Minas.
https://acento.com.do/actualidad/movimiento-ambiental-convoca-protesta-en-puerto-plata-por-proyectos-mineros-9700378.html

Argentina

El inesperado giro en la causa contra los ambientalistas de Uspallata


Conflicto Relacionado: San Jorge

Un dictamen del fiscal jefe Sebastián Capizzi, pide el sobreseimiento de los ambientalistas imputados en la causa por las protestas contra la minería en Uspallata.
Laura Fiochetta 17/06/2026

Un dictamen del procurador adjunto marca un giro en la causa contra los ambientalistas imputados por la protesta de Uspallata. 
Un dictamen del procurador adjunto marca un giro en la causa contra los ambientalistas imputados por la protesta de Uspallata.

Rodrigo D’Angelo / MDZ
Este martes 16 de junio, el fiscal jefe Sebastián Capizzi, emitió un dictamen pidiendo el sobreseimiento de los ambientalistas imputados en la causa por protestar en Uspallata el año pasado contra la minería, concretamente contra la instalación de la minera San Jorge que ya está operando en la zona.

En su escrito, se pone en contra de la actuación del fiscal Juan Manuel Sánchez quien en enero del 2025 calificó una protesta de vecinos como «organización criminal». Capizzi sostuvo que la defensa del ambiente configura un derecho constitucional, por lo tanto, pidió el sobreseimiento de los imputados.

logros, sinsabores y preguntas incomodas sobre los duenos de san jorge

Cobre Mendocino.
El hecho más importante ocurrió el 24 de enero, cuando se intentó inaugurar una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. Vecinos y asambleas ambientalistas se manifestaron en rechazo a la minería metalífera, mientras que trabajadores y sectores vinculados a la actividad minera, entre ellos integrantes de la UOCRA, participaron en apoyo al proyecto. La situación derivó en enfrentamientos, agresiones, daños materiales y una fuerte tensión política y social.

La marcha contra San Jorge y los actores que ya no juegan.

Qué dice el dictamen que podría cambiar la causa
Entre sus argumentos, Capizzi sostiene que: «La narración del caso colocó en un extremo a quienes apoyan la actividad minera de la zona: afiliados de la UOCRA, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, autoridades de la cámara referida, Autoridades de la Intendencia de Las Heras y del Gobierno de Mendoza y otros empresarios afines invitados. En el otro extremo, se dirige la acusación contra «un número tumultuoso de aproximadamente 70 personas» que se manifestaban contra la actividad minera proyectada para desarrollarse en la localidad de Uspallata, integrado por personas que pertenecen y toman parte de una agrupación destinada a imponer sus ideas anti mineras por el temor y la fuerza»

En ese sentido agrega: «Ese punto de partida de la teoría que formula el titular de la acción es sumamente relevante, de acuerdo al principio de objetividad señalado, porque el sistema normativo vigente impone al Estado deberes específicos que ordenan ciertos horizontes de comprensión y resolución de los conflictos relacionados con la defensa del medio ambiente. Para empezar, el artículo 41 de la Constitución Nacional dispone que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales».

Para argumentar por qué deben ser sobreseídos los imputados, suma: «(…) los Estados tienen la obligación de identificar, revisar y eventualmente derogar normas que se utilicen para criminalizar a personas defensoras del ambiente, así como de establecer procedimientos que permitan desestimar tempranamente acciones judiciales en su contra. Concretamente, las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras ambientales también pueden estar vinculadas a la criminalización de sus actividades a través del uso indebido de la ley para restringir dichas actividades, otras formas de acoso judicial, detenciones arbitrarias y condenas con penas desproporcionadas».

Las conclusiones del dictamen de Capizzi sobre los ambientalistas
Para terminar, Capizzi concluye que «reconociendo la potencia de esos antecedentes normativos resulta cuestionable encuadrar lisa y llanamente la forma grupal de ejercer la defensa ambiental como una organización criminal peligrosa contra el orden público, y, con ello, responsabilizar a las personas físicas solo por su pertenencia a dicho colectivo. Debe ser cuestionada esa calificación jurídica penal, justamente, porque su empleo indiscriminado o automático puede producir en sus participantes un efecto amedrentador y una conculcación directa de su libertad de expresión, de reunión, y, en general, de su derecho autónomo a defender derechos humanos».

Por eso, pide el sobreseimiento. «En definitiva, entiendo que debe postularse la falta de relevancia penal de la acción de organizar o tomar parte de una organización destinada a la defensa del ambiente, y diferenciarse de las lesiones o amenazas concretas a bienes jurídicos ajenos fundamentales que, en el contexto de esa reunión, expresión y protesta, se hayan consumado de una manera injustificada. Es por todo ello que correspondería solicitar el sobreseimiento de los imputados por el delito previsto en el art. 213 bis del Código Penal (art. 353 inc. 2 del Código Procesal Penal)».

Qué dice la defensa de los ambientalistas imputados
El abogado Alfredo Guevara Escayola emitió un comunicado en el que hizo público el dictamen. En esa nota, sostuvo que: «El dictamen del fiscal jefe descalifica completamente la actuación del fiscal Juan Manuel Sánchez desde enero de 2025, quien instrumentó la versión del gobierno provincial para presentar a los vecinos como terroristas, siendo premiado con su designación por el Senado a fines del año pasado. El fiscal Sánchez ha sido denunciado por prevaricato y privación ilegítima de la libertad».

Además, subraya que: «El dictamen se fundamenta en la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte IDH y el Acuerdo de Escazú, que prohíben expresamente la criminalización de defensores ambientales.El Procurador sostiene que la defensa del ambiente configura un derecho constitucional merecedor de amparo reforzado, resulta incompatible criminalizar a personas por organizarse con esa finalidad, y corresponde solicitar el sobreseimiento por el artículo 213 bis».

Aunque, se distancia en un punto de lo determinado por Sánchez: «Sin embargo, el Procurador no adopta medida alguna contra el fiscal Sánchez, permitiendo que siga al frente de una investigación que evidencia la instrumentalización del Poder Judicial por el poder político y económico».

Qué podría pasar con la causa
El dictamen de Capizzi no es vinculante, es decir que es una opinión, sin embargo se trata de un jefe de fiscales lo que podría marcar el rumbo de la causa.

Para eso,hay que esperar cómo continúa esta investigación judicial aunque lo marcado por Capizzi sienta antecedentes para otras causas similares que existen en la provincia por detenciones en medio de protestas contra la minería metalífera, siempre y cuando estén bajo la calificación de «organización criminal» como a los vecinos de Uspallata.
https://www.mdzol.com/politica/el-inesperado-giro-la-causa-contra-los-ambientalistas-uspallata-n1545300#google_vignette

Perú

Sala Civil de Puno cambia postura sobre consulta previa en minería

Antes sostenía afectación directa por concesiones, pero mayoría cambia postura; voto en discordia advierte riesgo para derechos colectivos indígenas Materiales y servicios jurídicos
Fredy Itusaca 15/06/2026

cambia postura sobre consulta previa
Sala Civil de Puno varía criterio y señala que concesión minera no exige consulta previa, según línea del TC; comunidades campesinas quedan en debateGuías y diarios de viaje

Foto: CPR

Sala Civil de Puno cambia postura sobre consulta previa en minería
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La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno emitió una sentencia en el caso Jatucachi que da un giro en su postura sobre la consulta previa en concesiones mineras, siguiendo ahora la línea del Tribunal Constitucional.

El constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda explicó que antes la Sala sostenía que las concesiones mineras por sí solas ya afectaban los derechos de las comunidades campesinas, pero ahora la mayoría cambió esa posición.

La nueva tesis de la mayoría señala que una concesión minera no obliga al Estado a realizar consulta previa, porque el título en sí no genera una afectación directa sobre los derechos de las comunidades.Servicios jurídicos

Sin embargo, el juez Jorge Sarmiento Apaza presentó un voto en discordia donde sostuvo que la concesión es el primer paso de todo proyecto extractivo, y por eso sí debe consultarse desde el inicioMinería y metales

Sarmiento Apaza argumentó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo exige consultar a los pueblos antes de cualquier programa de prospección o explotación en sus territorios.

El análisis del constitucionalista Ruiz Molleda resalta que el voto en discordia aplica estándares internacionales de derechos humanos, en un debate que sigue abierto sobre cuándo y cómo proteger a las comunidades frente a la minería.

Sala Civil de Puno cambia postura sobre consulta previa en minería

Perú

Junín: Con protesta, Pariahuanca exige proteger cuatro cuencas tras mortandad masiva de truchas

La Red de Medios 15/06/2026
A 52 días de la mortandad masiva de truchas registrada en Pariahuanca, las comunidades afectadas saldrán a movilizarse. Este jueves, alrededor de 10 mil pobladores marcharán hacia Huancayo para exigir la protección de las cabeceras de cuenca de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo, que consideran amenazadas por actividades extractivas en la zona.

La movilización es convocada por el Frente de Defensa y Desarrollo de la Región Junín y las comunidades campesinas de Pariahuanca. Los manifestantes buscarán entregar su pedido al Gobierno Regional de Junín y exigir al Ejecutivo y al Congreso medidas que impidan la actividad minera en estas cuatro cuencas, consideradas vitales para el abastecimiento de agua y la actividad agrícola de la región.

«El pedido es único: que no exista ningún tipo de explotación minera en la zona. Por eso solicitaremos la intangibilidad de las cabeceras de cuenca de estos ríos», señaló Augusto Gamarra Sánchez, presidente del Comité de Recursos Hídricos de la cuenca del río Yuracyacu, margen derecha.

Los dirigentes cuestionan que, pese a que pericias de la Policía Nacional detectaron cianuro en muestras recogidas tras la muerte de las truchas, hasta ahora no se haya identificado a ningún responsable. Según los afectados, el desastre dejó pérdidas superiores a los S/ 7 millones, afectó a siete piscigranjas y perjudicó a decenas de familias que viven de la acuicultura y la agricultura.

Gamarra también sostuvo que las autoridades no han atendido los reclamos de la población desde que ocurrió la emergencia.

Buscan proteger cuatro ríos
La principal demanda de los comuneros es que las cabeceras de cuenca de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo sean protegidas de manera permanente para evitar actividades que puedan poner en riesgo las fuentes de agua.

La preocupación es mayor por el río Shullcas, principal fuente de abastecimiento para Huancayo metropolitano.

«No solo estamos pidiendo por nuestro pueblo, sino también por Huancayo. Por eso creemos que la movilización será multitudinaria», manifestó el dirigente.

La protesta se suma a las gestiones que las comunidades vienen realizando ante distintas entidades del Estado. En ese contexto, la congresista Ruth Luque informó que existe una medida cautelar que prohíbe la construcción de una central hidroeléctrica en el cauce del río Yuracyacu y anunció que participará en la movilización.

Cuestionan a Oro Negro
La minera Oro Negro, que opera en la parte alta de la cuenca, es señalada por las comunidades como responsable de la contaminación. La empresa rechaza estas acusaciones.

Entre los elementos que alimentan los cuestionamientos figura un informe químico-toxicológico de la Policía Nacional que confirmó la presencia de cianuro en muestras de agua y tejidos de las truchas afectadas.

Asimismo, la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín informó que una de las inscripciones de la empresa en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), correspondiente a la concesión Oro Marudy, se encontraba suspendida cuando ocurrió el desastre.

A ello se suma un informe del Ministerio de Energía y Minas que recomendó la exclusión definitiva de Oro Negro del Reinfo tras denuncias relacionadas con una inspección realizada por fiscalizadores.

Pariahuanca también es reconocida por su producción de palta destinada a mercados de exportación. El alcalde Wilson Quispe advirtió que cualquier afectación a la calidad del agua podría perjudicar esta actividad económica.

«Agua sí, mina no»
Con la consigna «Agua sí, mina no», los comuneros llegarán este jueves a Huancayo en lo que será la movilización más grande realizada desde la mortandad masiva de truchas. La movilización partirá del parque Grau.

Su objetivo es que el Estado adopte medidas para proteger las cabeceras de cuenca de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo, consideradas fundamentales para el abastecimiento de agua y el sustento de miles de familias de la región.

Junín: Con protesta, Pariahuanca exige proteger cuatro cuencas tras mortandad masiva de truchas

Internacional

Protesta en A Illa contra Altri y la Mina de Touro

Una multitudinaria manifestación por tierra y mar exige el archivo de los macroproyectos industriales en el interior de Galicia.
Xoán Otero Baamonde 14/06/2026

Imagen de una manifestación costera en Galicia contra proyectos industriales.

A Illa de Arousa se convirtió en el epicentro de una masiva protesta social contra los macroproyectos industriales de Altri en Palas de Rei y la mina de Touro-O Pino.

El municipio de A Illa de Arousa acogió este domingo una importante manifestación, tanto por tierra como por mar, para expresar el rechazo social a los proyectos industriales previstos en el interior de Galicia. La movilización exigió el cese definitivo de la planta que la multinacional portuguesa Altri planea instalar en Palas de Rei y mostró una oposición frontal a la reapertura de la mina de Touro-O Pino.
Bajo el lema ‘Re-matemos Altri e a mina de Touro-O Pino’, la jornada reivindicativa fue impulsada conjuntamente por las plataformas Ulloa Viva, En Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino. Esta unión escenificó la solidaridad entre los colectivos afectados tanto en las zonas de interior como en los sectores marítimo-pesqueros de la costa gallega.
«A forza da xente logrou parar Altri, pero non é o momento de baixar a garda ata que haxa unha retirada total de todos os permisos e autorizacións.»

Ana Pontón · Portavoz nacional do BNG
La movilización contó con una notable presencia política, destacando la intervención de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. La líder nacionalista puso en valor la capacidad de la ciudadanía para paralizar proyectos e instó a mantener la presión, tanto institucional como vecinal. Pontón afirmó que «a forza da xente logrou parar Altri», aunque advirtió de la necesidad de no «bajar la guardia» hasta que la administración retire completamente todos los permisos.
Además, la portavoz del BNG amplió sus críticas al ámbito minero, manifestando un rechazo rotundo a la llamada «megaminería contaminante». El objetivo es evitar la reactivación de la explotación de Touro-O Pino, una iniciativa que, según denunció, está «controlada por fondos buitre».
https://diariogallego.es/es/arzua/general/protesta-en-a-illa-contra-altri-y-la-mina-de-touro

Perú

Vicegobernador de La Libertad exige actualizar Ley General de Minería ante crisis por contaminación

Causa Justa 12/06/2026

La creciente conflictividad social vinculada a la actividad minera en La Libertad volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma normativa en el sector. El vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel, consideró que el próximo Gobierno Central deberá asumir como una prioridad la revisión y actualización de la Ley General de Minería para responder a los nuevos desafíos que enfrenta el país en materia ambiental, social y económica.

La autoridad regional formuló esta propuesta luego de los recientes acontecimientos registrados en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, donde pobladores y ronderos protagonizaron protestas contra actividades mineras que, según denuncian, estarían afectando las fuentes de agua utilizadas por las comunidades agrícolas y ganaderas.

La situación ha generado preocupación debido a la magnitud de los conflictos vinculados a la minería informal e ilegal en distintas zonas de La Libertad, una problemática que se ha convertido en uno de los principales desafíos para las autoridades nacionales y regionales.

Conflicto en Quiruvilca reabre debate sobre regulación minera
Las declaraciones de Ever Cadenillas se producen en un contexto marcado por la tensión social en el sector El Papelillo, donde integrantes de las rondas campesinas de Barro Negro destruyeron campamentos y equipos utilizados en labores mineras.

Los manifestantes sostienen que la actividad extractiva viene generando contaminación de ríos y quebradas que abastecen de agua a numerosas familias dedicadas a la agricultura y la ganadería.

La preocupación de las comunidades se centra en el impacto que tendrían los residuos y relaves sobre los recursos hídricos, situación que afecta directamente la producción agrícola y la salud de la población.

Para el vicegobernador regional, estos conflictos evidencian la necesidad de revisar el marco legal que regula la actividad minera en el país y establecer mecanismos más eficientes de supervisión, fiscalización y control ambiental.

La minería ilegal sigue avanzando en La Libertad
La Libertad es actualmente una de las regiones más golpeadas por la expansión de la minería ilegal e informal.

Además de Quiruvilca, provincias como Pataz y Sánchez Carrión enfrentan serios problemas relacionados con actividades extractivas desarrolladas fuera del marco legal.

En Pataz, la situación se ha agravado durante los últimos años debido al incremento de organizaciones criminales vinculadas a la explotación ilegal de minerales, lo que ha derivado en asesinatos, extorsiones, secuestros y enfrentamientos armados.

Diversos especialistas han advertido que la minería ilegal se ha convertido en una de las economías ilícitas más poderosas del país, superando incluso al narcotráfico en algunas zonas del territorio nacional.

¿Por qué piden revisar la Ley General de Minería?
Según lo expresado por Ever Cadenillas, la legislación vigente requiere una actualización que permita responder a una realidad muy distinta a la existente cuando fue aprobada.

El crecimiento de la minería informal, los vacíos normativos en procesos de formalización y los conflictos ambientales han puesto en evidencia limitaciones que dificultan una adecuada intervención del Estado.

La autoridad regional considera que el nuevo Gobierno deberá abrir un debate nacional sobre el futuro de la actividad minera, incorporando la participación de comunidades, empresas, autoridades regionales, especialistas ambientales y representantes del sector productivo.

El objetivo sería encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos minerales y la protección de los ecosistemas, así como garantizar el respeto de los derechos de las poblaciones que viven en las zonas de influencia minera.

El reto del próximo Gobierno
La discusión sobre la minería será uno de los principales temas que deberá afrontar la próxima administración nacional.

La creciente presión social en regiones como La Libertad, Cajamarca, Madre de Dios y Arequipa refleja la necesidad de construir políticas públicas capaces de enfrentar tanto la minería ilegal como los impactos ambientales derivados de actividades extractivas mal reguladas.

Para las autoridades regionales, la solución no pasa únicamente por reforzar los operativos de interdicción, sino también por fortalecer la fiscalización ambiental, mejorar los procesos de formalización y actualizar las normas que rigen al sector.

Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan exigiendo acciones concretas para proteger sus fuentes de agua, garantizar la sostenibilidad de sus actividades económicas y evitar que nuevos conflictos sociales escalen en distintas provincias de La Libertad.

Vicegobernador de La Libertad exige actualizar Ley General de Minería ante crisis por contaminación