Chile

Concesiones mineras sobre Florida y Biobío: crece tensión por avance de minera de tierras raras sobre poblaciones urbanas

15/05/2026
Concesiones mineras sobre Florida y Biobío: crece tensión por avance de minera de tierras raras sobre poblaciones urbanas

La comuna de Florida se encuentra hoy en un estado de alerta ante la densa red de concesiones mineras que comienzan a proyectarse sobre su territorio. La preocupación ha escalado al confirmarse que estas solicitudes no solo afectan zonas rurales, sino que se superponen directamente sobre el suelo urbano de la comuna. Específicamente, las poblaciones Tapihue, El Esfuerzo, San José de la Dehesa y San Lorenzo se encuentran bajo la amenaza técnica de estas concesiones, situando la posible actividad industrial a escasos metros de los hogares, plazas y escuelas de las familias floridanas.

Por Nicolás Salazar

En verde las concesiones mineras que se extienden por un tercio de la comuna de Florida. En la imagen se puede ver que rodean e incluso se sobreponen en el suelo urbano de la comuna, específicamente en las poblaciones Tapihue, El Esfuerzo y San Lorenzo, ubicadas en los extremos del área urbana (imagen)

Este fenómeno en Florida no es un hecho aislado, sino que forma parte de un despliegue masivo en la Región del Biobío. La empresa Aclara Resources (anteriormente conocida como BioLantánidos) ya lidera la avanzada con su proyecto en la vecina comuna de Penco, pero no es la única. Diversas compañías, aprovechando el Código de Minería vigente, han inscrito miles de hectáreas en el valle del Itata y la Cordillera de la Costa, buscando replicar el modelo de extracción de arcillas ioníferas en una región que hasta hace poco no figuraba en el mapa minero nacional

Este fenómeno es monitoreado de cerca por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), organización que desde 2018 acompaña a las comunidades del Biobío en asesoría estratégica, técnico-ambiental y legal frente a la avanzada minera.
Impacto ambiental y el colapso de un territorio en crisis

Los costos locales de esta «fiebre minera» son alarmantes. La literatura científica y los reportes internacionales advierten que la minería de tierras raras es una de las más contaminantes del mundo, asociándose frecuentemente a la liberación de elementos radiactivos como torio y uranio, además del uso intensivo de químicos que pueden lixiviarse hacia las napas subterráneas. La destrucción del suelo, la contaminación del agua y la pérdida irremediable de biodiversidad amenazan con transformar ecosistemas vitales en nuevas zonas de sacrificio ambiental.

Para Florida, esta amenaza llega a un territorio que ya se encuentra al límite de su resistencia. La comuna ha sido históricamente devastada por el monocultivo forestal de pino y eucalipto, modelo que ha secado sus cuencas hídricas y ha propiciado mega incendios catastróficos, como el ocurrido recientemente en 2026, que han puesto en riesgo la vida de sus habitantes. Sumar la megaminería a un paisaje ya erosionado y sediento representa, para las organizaciones sociales, un golpe final a la posibilidad de un desarrollo rural sustentable.

Según Lucio Cuenca, director del OLCA, la minería sumaría una nueva presión: «Hay amenaza por uso y contaminación de grandes cantidades de agua… y peligro por el transporte y uso de grandes cantidades de sustancias tóxicas»
Geopolítica del extractivismo: El Biobío en la mira de las potencias

La urgencia detrás de este despliegue responde a un contexto internacional frenético. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la industria de alta tecnología y la «transición energética». Sin estos minerales, es imposible fabricar imanes permanentes para autos eléctricos y turbinas eólicas, pero su uso más crítico y estratégico se encuentra en el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), semiconductores y, fundamentalmente, en la industria armamentística para la guía de misiles, sonares y motores de aviones de combate.

Esta dependencia tecnológica ha desatado una tensión geopolítica global sin precedentes. Actualmente, China domina casi la totalidad del mercado de procesamiento de tierras raras, lo que ha llevado a potencias occidentales como Estados Unidos y Canadá a buscar desesperadamente fuentes alternativas en el Sur Global. El apoyo explícito del Pentágono a proyectos de suministro fuera de la órbita asiática sitúa a comunas rurales del Biobío en el centro de una disputa estratégica entre imperios que buscan asegurar su superioridad tecnológica y militar.

Según Lucio Cuenca, director del OLCA, este interés responde a una estrategia de potencias occidentales para «generar alianzas con el gobierno de EEUU para proveer Tierras Raras, conseguir financiamiento y tecnología de refinamiento, en el contexto de disputa geopolítica con China».

Cuenca advierte que Chile ha profundizado esta posición mediante la firma de un «Memorándum de Entendimiento con EEUU para colaborar en minerales críticos, que incluye facilitación en exploración e inversiones», lo que a su juicio «compromete la soberanía de nuestros pueblos e hipoteca la posibilidad de trazar caminos independientes». Para el experto, la narrativa verde es un disfraz: «Se profundiza el extractivismo en nuestros territorios… se precarizan territorios y se profundizan las desigualdades».
Amenaza a la soberanía habitacional y expansión intensiva

La situación en Florida es crítica debido a la falta de regulación que proteja el suelo habitacional frente al interés extractivo. Al tratarse de un modelo de minería a tajo abierto que requiere remover grandes volúmenes de tierra por hora, la proximidad con las poblaciones Tapihue y San Lorenzo sugiere un escenario de convivencia dificil, donde el ruido, el polvo en suspensión y la posible contaminación química degradarían irreversiblemente la calidad de vida urbana.

El director de OLCA destaca que la única defensa real es la organización: «El camino de la defensa territorial es una combinación de estrategias legales e institucionales… pero sobre todo de una movilización social en distintas formas que involucre a distintos actores de la comunidad». Por ejemplo en la comuna vecina de Penco, existe una propuesta llamada Parque para Penco, que surge surge precisamente como una alternativa para «proteger el bosque nativo que queda y recuperar ecosistemas degradados» frente a la voracidad de las forestales y mineras.

Finalmente, la expansión de la explotación intensiva de tierras raras sobre la Región del Biobío advierte una transformación radical del territorio. De concretarse estas concesiones en Florida, se consolidaría un modelo de ocupación que prioriza la rentabilidad de las corporaciones transnacionales por sobre la seguridad habitacional, salud y otros derechos sociales bàsicos de las poblaciones urbanas y rurales de Florida. La amenaza no es solo ambiental, sino una vulneración directa a la soberanía de las comunidades que ven cómo sus barrios son convertidos en meras coordenadas de una cadena de suministro global.
https://resumen.cl/articulos/concesiones-mineras-sobre-florida-y-biobio-crece-tension-por-avance-de-minera-de-tierras-raras-sobre-poblaciones-urbanas

Chile

Tribunal Ambiental anula permiso de millonario proyecto de Collahuasi tras reclamaciones de comunidades indígenas

El Segundo Tribunal Ambiental anuló el permiso ambiental del proyecto minero de Collahuasi por falencias en evaluación indígena.
Cristian Neira
15/05/2026
Imagen referencial sobre faenas mineras – Agencia Uno

El Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi ”, una iniciativa valorizada en más de US$ 3.200 millones y considerada una de las inversiones mineras más relevantes actualmente en ejecución en Chile.

La decisión judicial ordenó retrotraer parte del proceso de evaluación ambiental, luego de detectar deficiencias en la forma en que fueron abordadas las observaciones presentadas por comunidades indígenas aymaras de la Región de Tarapacá.
Tribunal cuestiona evaluación ambiental del proyecto de Collahuasi

El fallo apunta directamente a la evaluación realizada respecto de las asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya, cuyos reclamos, según estableció el tribunal, no fueron correctamente caracterizados durante la tramitación ambiental del proyecto minero.

La instancia judicial concluyó que existían antecedentes insuficientes para descartar una eventual “susceptibilidad de afectación directa” sobre dichas comunidades, además de advertir que no se realizaron reuniones previas exigidas por el artículo 86 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Asimismo, el tribunal sostuvo que observaciones formuladas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), relacionadas con impactos en el medio marino, no fueron debidamente consideradas por el Comité de Ministros que anteriormente había rechazado los recursos contra la RCA.
Proyecto minero de más de US$ 3.200 millones queda sin efecto

La resolución judicial anuló tanto la decisión del Comité de Ministros como la RCA aprobada en diciembre de 2021 para el proyecto de expansión de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

La iniciativa busca extender la vida útil de la operación minera por cerca de 20 años, aumentando la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados desde 170 mil a 210 mil toneladas por día, además de incorporar una planta desaladora como fuente complementaria de abastecimiento hídrico.

En su sentencia, el Segundo Tribunal Ambiental afirmó que la resolución impugnada “carece de una debida fundamentación”, ya que las observaciones ciudadanas fueron abordadas “de manera incompleta y sin una adecuada ponderación técnica y jurídica”.
Comunidades indígenas lideraron reclamaciones

Entre quienes presentaron reclamaciones se encuentran la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta, la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya, además de agrupaciones indígenas de Copaquire y otras organizaciones aymaras de Tarapacá.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/tribunal-ambiental-anula-permiso-millonario-proyecto-collahuasi-reclamaciones-comunidades-indigenas-n5458828

Chile

Comunidad atacameña lleva al Tribunal Ambiental proyecto en Salar de Atacama rechazado en últimos 4 gobiernos

El proyecto aprobado recientemente por el Comité de Ministros fue rechazado en 4 instancias por su impacto ambiental en el Salar de Atacama.
Nicole Donoso 12/05/2026

Salar de Atacama. 

La Comunidad Atacameña de Peine recurrirá al Primer Tribunal Ambiental para revertir la decisión del Comité de Ministros que aprobó la construcción de un proyecto minero destinado a la producción de cloruro de potasio en el Salar de Atacama, iniciativa que había sido desestimada los últimos cuatro gobiernos.

Se trata de la iniciativa presentada ante el SEIA en 2009 por el Grupo Errázuriz “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine”, que suma una inversión de US$43,2 millones para la elaboración de 200 mil toneladas de este mineral, con una vida útil de 20 años.

El proyecto fue rechazado en cuatro oportunidades por los gobiernos de Sebastián Piñera I y II, Michelle Bachelet II y Gabriel Boric, durante los años 2012, 2017, 2021 y 2025, tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental como por el Comité de Ministros.

La comunidad denunciante asegura que la iniciativa carece de elementos técnicos acordes a la legislación chilena en materia medioambiental. Además, buscarán contactarse con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que transparenten por qué no fueron invitados a participar de la sesión del Comité de Ministros celebrada el pasado jueves 7 de mayo, pese a las reiteradas cartas planteando la solicitud.
Falta de antecedentes técnicos y mitigación

Durante los últimos 17 años las autoridades ambientales determinaron que no fue posible evaluar de forma adecuada el impacto del proyecto, debido a diversas deficiencias en la información entregada por la empresa. Entre los principales reparos se identificaron problemas en la línea de base ambiental, en particular en la caracterización de ecosistemas frágiles del Salar de Atacama, como vegas, bofedales y sistemas lacustres.

También se observó la falta de antecedentes suficientes en materias clave como hidrogeología, hidrología y biodiversidad, incluyendo eventuales efectos sobre especies protegidas como el flamenco andino, clasificado como vulnerable y con sitios de nidificación en la zona.

A esto se sumaron observaciones técnicas al modelo hidrogeológico utilizado para proyectar el impacto de la extracción de salmuera. Según los evaluadores, no se acreditó con certeza cómo el bombeo afectaría los niveles de agua ni la existencia de barreras naturales que separen las áreas de extracción de ecosistemas sensibles cercanos.

Asimismo, se cuestionó que parte de los parámetros de monitoreo y alerta provinieran de información de terceros, en lugar de estudios propios realizados en terreno. Las autoridades añadieron que el proyecto no incorporaba medidas claras de compensación o reparación frente a los eventuales impactos ambientales identificados.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/comunidad-atacamena-lleva-al-tribunal-ambiental-proyecto-salar-atacama-rechazado-ultimos-4-gobiernos-n5458721

Chile

Confirman multa a minera que opera tranque de relaves colapsado contaminando un río en Aysén con metales

A pesar del problema de contaminación minera constatado desde 2015 en una localidad rural de Aysén, la empresa no ha cumplido con las medidas para frenarla.
María del Mar Parra
12/05/2026
Contaminación minera en Aysén.
Foto: CODESA.

En un entorno rodeado de montañas y bosque nativo en Aysén, la actividad minera en la faena El Toqui desde 1983 ha dejado un grave problema de contaminación por metales pesados en los suelos y ríos de la localidad rural de Alto Mañihuales, provocando incluso la muerte de ganado.

Al menos desde 2015, informes públicos detectaron la contaminación en los suelos y en muestras de orina de vecinos, y la Superintendencia de Medio Ambiente ha sancionado a la empresa titular anterior y la actual, por incumplir los planes de cierre. Pero más de 10 años después, siguen sin tomarse medidas para frenar la contaminación que constantemente se está filtrando al ambiente.

Incumplimientos reiterados
Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sanción impuesta en 2022 por Sernageomin en contra de la empresa Minera Pacífico del Sur, que adquirió el proyecto en 2020. Se la obliga a pagar los montos adeudados de más de $12 mil millones como garantía para ejecutar el plan de cierre, además de una sanción de $ 400 millones por no haber pagado las cuotas para este fin.

La sanción ya había sido confirmada por un juzgado civil en 2024, luego de que la empresa judicializara el caso para revertir la decisión de Sernageomin. Organizaciones locales están esperando a saber si la empresa acatará el fallo de Apelaciones o recurrirá a la Corte Suprema.

Durante los 19 meses de tramitación del caso en la Corte de Apelaciones, vecinos y especialistas en derecho ambiental denuncian que se utilizaron “maniobras dilatorias” por parte de la empresa y del Sernageomin para aplazar el proceso.

Además, pesan sobre la empresa sanciones de la SMA que obligan a someter el proyecto a evaluación ambiental, lo cual aún no se ha cumplido, y otras sanciones por la falta de monitoreo de las variables ambientales y la no entrega de información reglamentaria.
Contaminación minera en Aysén

Uno de los problemas más grandes de la mina El Toqui son los tranques de relaves donde se depositan los desechos mineros que ha acumulado la operación.

Un informe de Sernageomin conocido en abril de 2025, determina que el tranque Confluencia está almacenando tres veces el máximo de relaves contaminantes permitido y que operó once años a pesar de que tenía permiso para operar solo seis años.

Recientemente, un informe del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) detectó altos niveles de arsénico que superan más de 60 veces el límite permitido para agua potable en el estero San Antonio de Alto Mañihuales.

A mediados de 2025, el Instituto Nacional de Derechos Humanos acusó que el Estado está violando los derechos humanos de vecinos de la zona por la falta de acciones concretas para frenar la contaminación.

Vacas muertas
Vecinos también acusan negligencia de las autoridades por la falta de monitoreo e información sobre la contaminación y cómo está afectando a las personas.

En 2024, a un vecino se le empezaron a morir las vacas. Relata que la veterinaria del SAG le dijo que por su experiencia y por la coloración de los órganos que presentaban los animales, se trataría de contaminación por metales pesados, pero que no había recursos en la región para determinar oficialmente la causa de muerte con estudios.

También declaran que en 2026 se entregaron los resultados de muestras que tomó la DGA del agua potable, que arrojaron metales pesados dentro de la norma. Vecinos solicitan que se haga un monitoreo continuo en el año ya que denuncian que la toma de muestras fue en invierno pero la contaminación más grave se da en verano.

“El hecho de que no hayan muestreos de suelo, de la orina de los vecinos o del ganado, es por mera negligencia de las instituciones públicas. El escenario constatado en 2018 por la SMA no ha cambiado en nada y la empresa se ha negado a tomar acciones para cambiarlo, por lo que no se trata de un episodio puntual sino de una contaminación constante”, declara Erwin Sandoval de la organización local CODESA, que ha seguido el caso.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/confirman-multa-minera-que-opera-tranque-relaves-colapsado-contaminando-un-rio-aysen-metales-n5458711

Chile

Estado rechaza cuarta propuesta de conciliación de minera demandada por daño ambiental en salar de Surire

Continúa el proceso judicial que busca una sentencia por daño ambiental contra la minera Quiborax por dañar irreparablemente el salar de Surire y afectar la nidificación de flamencos.

María del Mar Parra 05/05/2026
Flamencos a pocos metros de actividad minera en el salar de Surire.
Foto: Captura de video, Patagonia.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó en 2024 a la empresa minera Quiborax por generar un daño ambiental en el salar de Surire; una ecosistema protegido en el desierto de la región de Arica, del cual la empresa extrae ulexita desde 1987. Allí, los flamencos y vicuñas circulan a pocos metros de los camiones y retroexcavadoras mineras.

La empresa ha ofrecido en cuatro ocasiones propuestas con medidas para llegar a un acuerdo y cerrar el caso. Pero este mes, el CDE rechazó la cuarta propuesta y el proceso judicial continuará en busca de una sentencia por el daño ambiental, a menos que se presente otra propuesta que sí sea aceptable para el Estado.

En las cuatro ocasiones, el CDE consideró que la propuesta de la minera es insuficiente para hacerse cargo del daño generado, que según la demanda es “continuo, acumulativo, permanente e irreparable”.
Minera, Surire y el daño ambiental

La demanda declara que la minera Quiborax ha acumulado 37 años de actividad minera sobre el salar, transitando de una forma de extracción de baja mecanización a una faena que implica el tránsito de retroexcavadoras, montacargas y camiones directamente sobre el salar, y un aumento considerable en la cantidad de toneladas extraídas.

Esta actividad se ejecuta sin haberse sometido a evaluación ambiental a lo largo de los años y sin medidas para mitigar el impacto. Esto, según el documento del CDE, ha destruido irreparablemente la superficie del salar y su régimen de inundación, afectando a comunidades locales y también interviniendo sitios de reproducción de flamencos en estado de conservación que anidan en las lagunas del salar.

Suspensión de actividades

La operación de la minera había sido suspendida como medida cautelar mientras durara el juicio, para no acrecentar el presunto daño ambiental. Sin embargo, y dada la situación económica de la minera, el Primer Tribunal Ambiental autorizó de forma excepcional que se vuelva a extraer una cantidad acotada del mineral.

Desde el CDE intentaron revertir esta autorización, argumentando que la actividad permitida tampoco se ha sometido a evaluación ambiental, por lo que se está aceptando un riesgo de acrecentar el daño ambiental y el impacto en la nidificación de flamencos, sin información que permita descartar dicho riesgo. Los recursos fueron rechazados.

Comunidades que habitan cerca del salar también se hicieron parte en la demanda pidiendo que se tome en cuenta no solo el daño en el salar mismo sino en la reserva de la biósfera Lauca, por el tránsito de camiones que extraen agua de la reserva para humedecer y mantener el camino minero usado para la faena.

El salar de Surire está protegido bajo diversas figuras: Es parte de la Reserva de la Biósfera Lauca reconocida por la UNESCO, es sitio Ramsar reconocido como un humedal de importancia mundial, es un Monumento Natural administrado por Conaf.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/estado-rechaza-cuarta-propuesta-conciliacion-minera-demandada-dano-ambiental-salar-surire-n5458551

Bolivia

Protestas de campesinos, mineros y transportistas abren una semana de alta conflictividad en Bolivia

Los conflictos se acumulan para el Gobierno de Rodrigo Paz con el anuncio de manifestaciones y bloqueos de varios sectores, además de la llegada a La Paz de una marcha campesina
María Silvia Trigo
27/04/2026
Imagen referencial de archivo. Un miembro del Sindicato de Trabajadores Bolivianos sostiene una bandera nacional durante enfrentamientos con la policía en El Alto, Bolivia, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Freddy Barragán)

La semana inicia con el anuncio de movilizaciones de varios sectores en Bolivia y el arribo a la sede de Gobierno de una marcha campesina que inició hace más de dos semanas en la región amazónica de Pando, al norte del país, en rechazo principalmente a una ley que autoriza la reclasificación de la tierra.
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A la movilización se sumó una columna de 150 campesinos de San Ignacio de Moxos, en Beni, y organizaciones de otras regiones han anunciado que se integrarán progresivamente, entre ellos la Federación de Trabajadores Mineros, lo que sube la presión contra el Gobierno al tratarse de uno de los sectores de mayor influencia en la agenda política nacional. La marcha arribó este domingo a la localidad de Caranavi y se estima que llegue a La Paz el viernes 1 de mayo luego de recorrer 160 kilómetros.

Los marchistas consideran que la Ley 1720, que fue promulgada el 8 de abril y que establece la reconversión voluntaria de la tierra de pequeña a mediana propiedad, pone en riesgo a los pequeños productores y amenaza los territorios indígenas.
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El sistema anterior, vigente desde 1953, prohíbe la comercialización de las pequeñas propiedades y fue diseñado con el objetivo de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y el desplazamiento progresivo de campesinos y productores. Con la nueva ley —denominada Conversión de la Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial—, las pequeñas propiedades, de hasta 500 hectáreas, quedan abiertas al mercado al poder ofrecerse como garantía para préstamos bancarios.

El Gobierno y algunos legisladores defienden la ley en nombre de la libertad individual, del desarrollo de los campesinos y del derecho a la propiedad, y han subrayado que el cambio de clasificación es voluntario.
Robo de armamento militar estaba destinado a grupos delictivos relacionados a la minería ilegal

En tanto, algunos críticos y analistas observan que pone en peligro a la población más vulnerable al permitir que pequeños propietarios hipotequen y pierdan sus parcelas y puede fomentar la concentración de la tierra. También observan que el trámite se realice a simple solicitud del propietario y sin ningún criterio técnico.

En paralelo a este conflicto está el otro dolor de cabeza del Gobierno: el problema del combustible. Tras más de tres meses de reclamos por la mala calidad de la gasolina —que el gobierno admitió pero sin responsabilizarse por su origen ni resolver de fondo el problema—, en la última semana hubo un suministro irregular de diésel, lo que provocó el reclamo de sectores estratégicos, como el transporte pesado y la agroindustria, para normalizar su distribución.

En ese marco, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz convocó a una marcha sectorial este lunes por la supuesta falta de respuestas de la administración de Rodrigo Paz a sus demandas.
bloqueos y huelga de choferes en La Paz, Bolivia

“El sector ha coadyuvado con el incremento del precio del combustible, por lo que no existe justificativo para la actual escasez”, señala el comunicado del sector en referencia al aumento en el precio de los carburantes tras el levantamiento del subsidio en diciembre pasado.

Los reclamos de los transportistas —que básicamente son la regularización del abastecimiento de combustible y la garantía de su calidad— se dan una semana después de los ajustes que hizo el presidente en el sector de hidrocarburos. Posesionó a un nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras la renuncia de su antecesora y cambió al ministro de Hidrocarburos, en busca de soluciones a un conflicto que no ha parado de escalar y que supone una prueba de fuego para su gestión.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, atribuyó la escasez a la sobredemanda por actividades agrícolas y afirmó que se incrementaron los despachos de diésel, por lo que en los próximos días tendría que regularizarse el suministro.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme al aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2026/04/27/protestas-de-campesinos-mineros-y-transportistas-abren-una-semana-de-alta-conflictividad-en-bolivia/

Internacional, Latinoamerica, Litio

24/04/2026
El mercado de litio lleva dos años en caída libre de precios. Eso podría estar a punto de cambiar — y de manera estructural.

Canaccord Genuity proyecta que el mercado global de litio entrará en déficit en algún punto del ciclo actual y que esa brecha se extenderá hasta 2035. La lectura implícita es poderosa: la sobreoferta que destruyó precios en 2023 y 2024 no fue una corrección permanente. Fue el último momento barato antes de que la demanda de baterías absorba todo lo que el mundo puede producir.

Para los productores latinoamericanos que sobrevivieron la compresión de márgenes, la señal es clara. El problema ya no es si el litio recuperará valor. El problema es quién estará en condiciones de capitalizar el déficit cuando llegue.
Por qué el déficit tardó tanto en llegar — y por qué es más profundo de lo que parece

La narrativa de 2023 fue la sobreoferta china. Los productores de litio de Jiangxi, Sichuan y Qinghai inundaron el mercado con carbonato de litio a precios que ningún proyecto del Triángulo Sudamericano podía sostener. El precio del carbonato de litio grado batería colapsó desde máximos de US$80,000 por tonelada en 2022 hasta niveles cercanos a US$10,000 en 2024. Proyectos que tres años antes parecían imparables empezaron a entrar en pausa o revisión.

Lo que Canaccord señala ahora es que esa liquidez china fue temporal y que el mercado subestimó sistemáticamente cuánto litio necesitará la electrificación global. Los vehículos eléctricos son el driver más visible, pero no el único. El almacenamiento estacionario de energía —baterías conectadas a redes eléctricas nacionales— está creciendo a tasas que pocos modelos de demanda incorporaban hace dos años. La India, que apenas arranca su transición hacia EVs masivos, añadirá presión de demanda que el mercado no ha comenzado a descontar.

El déficit que Canaccord proyecta hasta 2035 no es una línea plana. Es una brecha que se agranda conforme la demanda de baterías escala y los proyectos nuevos tardan entre cinco y diez años en entrar en producción. Esa geometría es el argumento más sólido para que los precios del litio se recuperen — y que la recuperación no sea un pico especulativo sino un ciclo largo.
El cuello de botella no es el recurso: es el capital y el tiempo

Canaccord es explícito: el mercado requerirá inversión “significativa” en nueva oferta. Esa palabra — significativa — esconde la magnitud del problema. Los analistas estiman que cubrir el déficit proyectado exigirá llevar a producción una cantidad de minas nuevas que, bajo el ritmo actual de aprobaciones, permisos y financiamiento, resulta estructuralmente difícil de alcanzar antes de la segunda mitad de la próxima década.

El problema no es geológico. El litio existe en cantidades suficientes. El Triángulo del Litio —Argentina, Bolivia, Chile— concentra más del 50% de los recursos conocidos del mundo. México tiene reservas que el Servicio Geológico Mexicano estima en 243 millones de toneladas, las más grandes del planeta según algunas mediciones. El recurso está ahí. Lo que no está es la infraestructura, el capital comprometido y, en varios casos, el marco regulatorio que le dé certeza a los inversionistas.

Un proyecto minero de litio de escala relevante — del tipo que puede mover la aguja en el balance global — necesita entre cinco y diez años desde el descubrimiento hasta la primera tonelada de producción comercial. Si el déficit se anticipa para el inicio de la próxima década, las decisiones de inversión que cubrirán esa brecha deben tomarse ahora, o ya deberían haberse tomado. Ese es el mensaje que Canaccord le está enviando al mercado: el reloj no espera.
El Triángulo Sudamericano: ventaja posicional con brechas de ejecución

Chile y Argentina son hoy los actores mejor posicionados para capturar el valor del ciclo largo. Chile opera el Salar de Atacama con costos de producción entre los más bajos del mundo, y sus productores —SQM, Codelco a través de su asociación estratégica, y Albemarle— llevan décadas construyendo infraestructura y relaciones institucionales. La discusión política sobre la “nacionalización parcial” del litio chileno generó ruido en 2023, pero la industria ha absorbido ese ajuste sin perder competitividad estructural.

Argentina opera bajo una lógica diferente. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), vigente hasta 2027, está funcionando como catalizador para proyectos que necesitaban certeza fiscal para avanzar. Las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca concentran la mayor actividad exploratoria de la región. Empresas como Lithium Americas, Posco y Ganfeng han avanzado sus posiciones en el país precisamente porque el RIGI redujo el riesgo regulatorio percibido. Si Argentina sostiene ese entorno hasta que la demanda global empiece a presionar los precios al alza, estará entre los grandes beneficiarios del ciclo que Canaccord anticipa.

Bolivia sigue siendo la excepción que confirma la regla. Con las reservas más grandes del mundo en el Salar de Uyuni, el país lleva más de una década sin lograr producción comercial a escala. El modelo estatal ha demostrado ser un cuello de botella severo, y ninguna señal de precio — por alta que sea — parece suficiente para resolver los problemas de gobernanza e infraestructura que frenan el proyecto. Bolivia producirá litio eventualmente, pero no en el ventana de tiempo que el déficit proyectado requiere.
China no se retira: reposiciona

Leer el déficit proyectado sin considerar la variable china sería un error de análisis. China no saturó el mercado por accidente. Lo hizo con una lógica deliberada: destruir la rentabilidad de proyectos rivales mientras aseguraba su propia cadena de suministro. CATL, BYD y los grandes productores chinos de baterías llevan años comprando o asegurando contratos de largo plazo con productores en Chile, Argentina y Australia. Cuando el déficit llegue, China ya tendrá acceso garantizado a una parte sustancial de la oferta disponible.

Eso cambia el problema para el resto del mundo. No basta con que exista litio suficiente en términos globales. La pregunta relevante es cuánto litio estará disponible para cadenas de suministro fuera de la órbita china — particularmente para la industria automotriz norteamericana y europea, que operan bajo presión creciente para diversificar su dependencia de materiales críticos procesados en China.

Aquí entra con fuerza la agenda de minerales críticos de Estados Unidos y la Unión Europea. El marco USMCA tiene implicaciones directas para el litio producido en México y el Triángulo Sudamericano que pueda integrarse a cadenas de valor norteamericanas. Un proyecto de litio en Argentina o Chile que pueda certificar procesamiento fuera de China tiene un premio de valor — tanto en precio como en acceso a financiamiento — que no existía hace cinco años.
Lo que el ciclo largo implica para inversionistas y productores

La proyección de Canaccord no es una recomendación de compra. Es un diagnóstico de estructura de mercado. Y ese diagnóstico tiene implicaciones concretas para distintos actores.

Para los productores en operación — SQM, Albemarle, Allkem, los proyectos argentinos que ya producen — la señal es que aguantar la presión de precios actual tiene sentido si el balance es largo. Los márgenes comprimidos de 2024 no son el nuevo normal. Son el costo de estar en el mercado cuando el ciclo todavía no giró.

Para los proyectos en exploración o desarrollo que pausaron por falta de financiamiento, el análisis de Canaccord es un argumento ante inversionistas y bancos. Si el déficit está proyectado con horizonte a 2035, un proyecto que entre en producción en 2028 o 2029 capturará precio de ciclo alto durante años. Ese es el tipo de retorno que justifica el riesgo de un activo temprano.

Para los gobiernos de la región, la lección es más incómoda: los marcos regulatorios que generan incertidumbre no solo ahuyentan proyectos hoy — los retrasan lo suficiente como para perderse el ciclo. Bolivia ya lo demostró. Si el déficit comienza antes de 2030 y los proyectos tardan una década en madurar, las decisiones de política pública que se tomen en los próximos 24 meses determinarán quién está en producción cuando el mercado lo necesite.
El litio barato fue una anomalía. El déficit estructural es la corrección.
ENLACE: Mercado de litio entra en déficit hasta 2035: oportunidad crítica para productores latinoamericanos –

Mercado de litio entra en déficit hasta 2035: oportunidad crítica para productores latinoamericanos

Republica Dominicana

«Movimiento Unidos Somos Más» realizá caminata en contra de la explotación minera

Los manifestantes advierten que seguirán protestando mensualmente en Santiago y Puerto Plata si no reciben una respuesta oficial.

Inició caminata desde el Monumento a los Héroes contra minería en Cordillera Septentrional.
Manifestantes exigen documento oficial que garantice la no explotación minera.
Advirtieron protestas mensuales en Santiago y Puerto Plata si no reciben respuesta escrita.
Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Inicia desde el parqueo del Monumento a los Héroes de la Restauración la caminata convocada por el Movimiento Unidos Somos Más, liderada por sacerdotes, organizaciones sociales, comunitarias y ambientalistas, en contra de la explotación minera en la Cordillera Septentrional.

Los manifestantes exigen al Ministerio de Energía y Minas la emisión de un documento oficial que garantice la no explotación minera en la Cordillera Septentrional.

Advirtieron que, de no recibir una respuesta por escrito, continuarán manifestándose mensualmente en las calles de Santiago y Puerto Palta.

A la caminata se sumaron otras organizaciones, entre ellas la Asociación Dominicana de Profesores.
https://noticiassin.com/pais/provincias/2026/04/24/caminata-contra-la-explotacion-minera-en-cordillera-1985896/

Republica Dominicana

Convocan a marcha contra explotación minera en Dominicana

Santo Domingo, 23/04/2026
(Prensa Latina) La Coordinadora Popular Nacional (CPN) convocó hoy a una gran concentración-marcha en Santiago de los Caballeros, en defensa de la soberanía dominicana y en rechazo a la explotación minera en zonas montañosas del país.

La movilización, pautada para mañana viernes a las 10:00, hora local, partirá desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, en el marco del 61 aniversario de la Revolución de Abril de 1965.

Según la organización, la jornada busca respaldar la lucha de comunidades ubicadas en las cordilleras Central, Septentrional y Bahoruco Oriental, que se oponen a proyectos de extracción minera por su impacto en el agua, la agricultura y el medio ambiente.

La CPN denunció que empresas como GoldQuest, Unigold y Belfond Enterprises mantienen permisos de exploración y explotación que, a su juicio, amenazan la sostenibilidad de cientos de comunidades.

El colectivo indicó que las organizaciones sociales exigen la cancelación definitiva de esas concesiones, al considerar que afectan las fuentes hídricas, la soberanía alimentaria y los medios de vida de la población.

Asimismo, anunció que esta movilización forma parte de un calendario de protestas que culminará el lunes 27 de abril, declarado como “Día Nacional de la Rebeldía”, con huelgas en municipios como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, además de concentraciones frente al Palacio Nacional y acciones simultáneas en distintos puntos del país.

La CPN sostuvo que estas acciones responden a lo que califican como la “voracidad” de corporaciones extranjeras y sectores locales, afirmando que la movilización social es el único camino para defender los recursos naturales y los derechos de las comunidades.https://www.prensa-latina.cu/2026/04/23/convocan-a-marcha-contra-explotacion-minera-en-dominicana/

Republica Dominicana

Sociedad Ecológica de San Cristóbal exige cese de “crimen ambiental” en El Pomier y Naranjo Dulce por el Día de la Tierra

22 abril, 2026

SAN CRISTÓBAL, Republica Dominicana. – En el marco del Día Mundial de la Tierra, la Sociedad Ecológica de San Cristóbal denunció hoy el estado de emergencia ambiental que atraviesa la provincia debido a la explotación indiscriminada de su corteza terrestre.

El periodista y abogado William Alcántara, en representación de la Sociedad Ecológica de San Cristóbal hizo un llamado enérgico a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente para detener las detonaciones de dinamitas y la extracción de agregados en las zonas de Naranjo Dulce y los yacimientos de El Pomier, calificando la situación como un «crimen ecológico» que compromete el futuro hídrico y la biodiversidad de la región.

¿Hasta cuándo permitiremos que se dinamite nuestra tierra por intereses particulares? Hoy 22 de abril no es un día de celebración, sino de resistencia por nuestros recursos naturales”, expresó Alcántara.

Propuesta de Restauración: El Río Nigua

La Sociedad Ecológica enfatizó que la solución no solo radica en detener la explotación, sino en iniciar un proceso agresivo de restauración. Se propuso como meta urgente:

Reforestación masiva de la cuenca del Río Nigua, actualmente asfixiada por la deforestación y la contaminación.
Creación de un bloque de unidad entre ciudadanos, empresarios y el gobierno para garantizar una inversión social que priorice el equilibrio ambiental sobre la extracción minera.

El comunicador instó a la comunidad sancristobalense a unirse en una sola voz para proteger nuestra casa común. “La tierra de San Cristóbal nos lo ha dado todo; es hora de que nosotros le devolvamos la vida”, concluyó.

Sociedad Ecológica de San Cristóbal exige cese de “crimen ambiental” en El Pomier y Naranjo Dulce por el Día de la Tierra