Chile

Con Penco en la mira: Ministro Grau abre la puerta a la explotación de tierras raras

23/10/2025
El ministro Nicolás Grau volvió a respaldar el proyecto de tierras raras que busca instalarse en Penco, abriendo la puerta a su futura explotación. Durante el encuentro empresarial Erede, el titular de Hacienda destacó el rol “industrial y geopolítico” del proyecto impulsado por Aclara Resources, pese a la sostenida oposición de comunidades y organizaciones sociales del Biobío.
J. Arroyo Olea

Esta semana, en medio del evento empresarial de Erede, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a respaldar el cuestionado proyecto minero que busca instalarse en los cerros de Penco.

En concreto, Grau apeló a la tradición industrial histórica de la Región del Biobío, la misma que ha sido desmantelada por el empresariado y el modelo neoliberal a vista y paciencia de un Estado subsidiario.

Grau señaló que, desde el Ejecutivo, se mantienen expectantes ante el avance del proyecto encabezado por Aclara Resources. En concreto, planteó que «el proyecto de tierras raras, que conecta muy bien la tradición minera del Bío Bío con su tradición industrial y que además tiene un timing perfecto, diría yo para la discusión geopolítica y efectivamente, es un proyecto que está muy acorde con los tiempos».

Así las cosas, el ministro Grau, como vocero Hacienda, viene a reforzar el respaldo que anteriormente ya dio a un batería de proyectos con un historial de conflicividad en el Biobío.

Vale la pena recordar que en septiembre de 2024, mientras ejercía como ministro de Economía, Grau impulsó junto a dirigencias sindicales y representantes de la institucionalidad chilena y el empresariado, el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, el cual busca acelerar la tramitación, aprobación y ejecución de proyectos extractivos y ampliamente resistidos por la población local y organizaciones sociales, entre los cuales se encuentra el proyecto minero de tierras raras.
https://resumen.cl/articulos/con-penco-en-la-mira-ministro-grau-abre-la-puerta-a-la-explotacion-de-tierras-raras

Perú

Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

22/10/2025
Voceros del Valle de Tambo arribaron a Lima para manifestar su rechazo al proyecto Tía María impulsado por el gobierno de Jerí. Ante su inviabilidad legal y social, interpondrán una medida cautelar que busca frenar el inicio de las actividades de explotación.

La caducidad del EIA sería un incumplimiento normativo que podría invalidar la decisión de poner en marcha Tía María. Foto: Marco Cotrina/LR
Luego de conocer la decisión del gobierno de autorizar el inicio de las actividades de explotación de Tía María, los agricultores del Valle de Tambo, acompañados de abogados de organizaciones de sociedad civil, anunciaron que interpondrán una medida cautelar ante el Poder Judicial para frenar los efectos jurídicos de la resolución que dio luz verde al proyecto minero a cargo de Southern Copper Corporation.

En conferencia de prensa, el dirigente Miguel Meza calificó como una «imposición» la actitud del Poder Ejecutivo, que no ha respetado el mayoritario rechazo de la población expresado desde el 2009 en la consulta popular realizada en seis distritos de Islay. Asimismo, cuestionó el hecho de darle luz verde a Southern, pese a que no cuenta con el permiso de uso de agua requerido ni el derecho de servidumbre

«¿Cómo le otorgan esta resolución ministerial a Southern? Su estudio de Impacto Ambiental está caduco, no tiene la servidumbre y no cuenta con autorización de uso de agua. Recordemos que, su primer EIA era un mamarracho y respecto a su segundo estudio, dijeron que iban a sacar agua del mar. Hace días estuve conversando con la alcaldesa de Mejía y me informó que no hay trámite ante la municipalidad o Dicapi», manifestó.

De igual forma, recordó que hasta el momento, ningún representante del gobierno se ha acercado a dialogar con la población del Valle de Tambo, pese a que se han cursado invitaciones anteriormente tanto a la expresidenta Dina Boluarte como a sus ministros de Estado. Por lo pronto, insistirá en este pedido ante el mandatario José Jerí y el gabinete ministerial, aunque reconoce no tener muchas expectativas al respecto.

Meza informó que en los próximos días se convocará a una asamblea popular para decidir las acciones a tomar en rechazo al proyecto Tía María. Para este propósito, se ha conformado una comisión que dialogará con otras organizaciones sociales y ya está en funciones un Comando de Lucha en el Valle de Tambo que liderará la presión en las calles.

Inicio de Tía María podría frenarse

Según explicó David Velazco, director Ejecutivo de Fedepaz, ya existe una demanda de amparo contra las autoridades ambientales y la propia empresa de capitales mexicanos que fue presentada a fines de marzo de este año. El cuestionamiento central se centra en la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que caducó en el 2019.

«Estamos cuestionando la vigencia del EIA a través de la demanda de amparo que hemos presentado ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima. Este jueves, vamos a plantear una medida cautelar, de manera preventiva, y esperamos que el Poder Judicial suspenda los efectos de esta resolución directoral que autoriza las actividades de explotación hasta que se resuelva el pedido principal que tiene que ver con la caducidad del Estudio de Impacto ambiental», indicó a este medio.

En la misma línea, estimó que el Poder Judicial debe emitir un pronunciamiento en unos 30 días y el tema de fondo podría resolverse a fines de diciembre o inicios de enero del próximo año. A su juicio, existen las pruebas necesarios para conseguir un fallo exitoso, puesto que un EIA tiene solo cinco años de vigencia, y el estudio presentado y aprobado data del 2014

Por su parte, Rodrigo Lauracio, miembro del equipo legal de la Red Muqui, recordó que los pobladores del Valle de Tambo han agotado todas las vías administrativas necesarias antes de recurrir a la instancia judicial. Y es que, ellos presentaron un pedido de nulidad ante la Dirección General de Minería y solicitaron al Senace incorporarse como tercero en el procedimiento administrativo. No obstante, estos recursos fueron desestimados.

«Senace han sostenido que los pobladores no tenían un interés legítimo para intervenir en este procedimiento de evaluación de la caducidad del EIA. Esto claramente es una negativa y por lo tanto, la vía que correspondía era judicializar el caso a través de una demanda de amparo. Una vez llevada la audiencia el 18 de diciembre, el juez tiene el plazo de 10 días para emitir una decisión. Para los primeros días del 2026, deberíamos tener una sentencia, que consideramos debería ser favorable porque tenemos los medios probatorios para acreditar que el EIA ha perdido vigencia», anotó.

Dirigentes denuncian criminalización y evalúan protestas

En la conferencia de prensa, también participaron otras representantes del Valle de Tambo como Agripina Páucar, Paulina Bobadilla y Vilma Bobadilla. Ellas denunciaron que el proyecto Tía María supone una amenaza de contaminación de su medio natural agrícola y advirtieron una posible afectación al ecosistema frágil de Lomas de Cachendo.

De no obtener respuesta por parte de los integrantes del gobierno de José Jerí, no dudarán en retomar las movilizaciones para defender el agua, su territorio y fuentes de vida. Recordaron que entre el 2011 y 2014, siete peruanos perdieron la vida durante las protestas, dos se encuentran en prisión y existe una estrategia de criminalización contra los líderes sociales.

En otro momento, Meza se refirió a las declaraciones del CEO de Southern Perú, Raúl Jacob, quien anunció que concluirá la parte de la construcción de la mina y de apertura para la segunda parte del 2027, así como resaltó las bondades económicas de Tía María. Para Meza, la agricultura es la actividad que mayor trabajo les da a los pobladores.

«En el Valle de Tambo, el jornal de trabajo es de S/110 y S/120 y falta personal para trabajar la chacra. En su propio EIA, señalan que generan 700 empleos directos, de las cuales, el 90% es para mano calificada y el 10% que no tienen una carrera. Resulta que las políticas mineras buscan ensalzar las bondades económicas a costa de la agricultura y el ambiente sostenible», sentenció.
https://larepublica.pe/economia/2025/10/22/tia-maria-agricultores-del-valle-de-tambo-presentaran-medida-cautelar-para-suspender-ejecucion-de-proyecto-minero-a-cargo-de-southern-arequipa-hnews-1615768

Internacional, Litio

EE. UU. acelera su nueva fiebre del litio con Texas como eje estratégico

Rodrigo 21/10/2025
Estados Unidos vive una nueva fiebre industrial en Texas, donde el litio y otros minerales críticos están dando origen a un ecosistema energético que mezcla minería, tecnología e intereses geopolíticos. Lo que antes fueron campos petroleros, hoy se convierten en yacimientos estratégicos de transición energética, con respaldo de empresas como Tesla (TSLA), refinerías emergentes y subsidios federales multimillonarios.
Texas se convierte en epicentro del litio estadounidense

Gigantes como Chevron (CVX), Halliburton (HAL) y ExxonMobil (XOM) están reactivando sus operaciones en Texas, pero no buscan petróleo: ahora perforan en busca de litio y elementos raros como samario, disprosio o berylio. La formación geológica Smackover, en el este del estado, ha revelado los fluidos más ricos en litio de Norteamérica, según la firma Smackover Lithium.

En paralelo, la startup TerraVolta —fundada por el exbanquero Jamie Liang— recibió 225 millones de dólares del Departamento de Energía para construir una refinería en Texarkana. Su modelo extrae minerales de salmuera rica en metales y devuelve el residuo al subsuelo, lo que permitiría acelerar la producción sin requerir evaporación prolongada.

Según Liang, “va a haber una construcción de infraestructura a gran escala” con pozos, tuberías y servicios auxiliares. Al menos dos refinerías más están en etapa avanzada en la zona. Si los precios del litio se mantienen fuertes, más proyectos podrían sumarse en los próximos años.

Tierra, agua y tecnología: el nuevo triángulo crítico

En el desierto del oeste tejano, Texas Mineral Resources Corp. (TMRC) busca explotar tierras raras desde Round Top Mountain, una propiedad de 950 acres. Allí afirma haber producido disprosio de alta pureza, clave para motores eléctricos y semiconductores. El proceso requiere triturar 20.000 toneladas de roca por día y someterlas a baños químicos y separación electromagnética.

El Departamento de Defensa también ha invertido casi 300 millones de dólares en proyectos que procesan samario y otros metales para misiles, motores de aviación y tecnología furtiva. El más avanzado es la planta que planea Lynas Rare Earths Limited, en sociedad con el Pentágono, a orillas de la bahía de San Antonio. Sin embargo, enfrenta obstáculos ambientales: problemas con aguas residuales llevaron a la empresa a suspender permisos y revaluar su plan de construcción.

Al mismo tiempo, startups como Metallium están innovando desde el corazón industrial de Houston, recuperando minerales desde residuos electrónicos e industriales. Usando tecnología desarrollada en Rice University, su planta —programada para 2026— espera transformar basura tecnológica en materias primas críticas.
Tesla y EnergyX lideran apuesta estructural por el litio

La única refinería de litio actualmente operativa en Estados Unidos pertenece a Tesla (TSLA) y se ubica cerca de Corpus Christi, Texas. Inaugurada en diciembre, importa mineral desde Canadá y planea procesar hasta ocho millones de galones de agua por día para generar material grado batería. A unos 110 kilómetros al norte, el Departamento de Defensa financia otra planta de tierras raras junto a Lynas, con una inversión acumulada de 288 millones de dólares.

En Texarkana, la startup EnergyX, respaldada por General Motors (GM), anunció un proyecto de demostración que estará operativo en 2026. Usará adsorbentes y membranas selectivas para extraer litio de forma rápida y con menos consumo hídrico. Según su fundador Teague Egan, el proceso utiliza solo 6.600 galones de agua por tonelada de litio, frente a los volúmenes inmensos requeridos por evaporación convencional.

El objetivo de EnergyX es alcanzar 50.000 toneladas anuales de producción para 2030, consolidando el “hub” del litio estadounidense en la región Smackover. “Texas puede convertirse en un referente global”, declaró Egan, quien compara el auge del litio con la revolución del gas y petróleo que cambió la economía del sur del país.

No obstante, la carrera por el litio enfrenta retos complejos. Falta infraestructura de procesamiento, sobran riesgos ambientales, y China domina la cadena de suministro con capacidad de inundar mercados y arrasar competidores mediante subsidios estatales. Expertos como Michelle Michot Foss, del Baker Institute, advierten que EE. UU. no solo debe abrir minas, sino reconstruir la industria metalúrgica intermedia para reducir su dependencia crítica.

EE. UU. acelera su nueva fiebre del litio con Texas como eje estratégico

Ecuador

¿Por qué no debemos criminalizar la protesta social en Ecuador?

Renato Rivera Rhon
Investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC) y profesor especializado en seguridad y economía criminal. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global.
20/10/2025

Han transcurrido cerca de 30 días desde que inició el paro en Imbabura por el alza del costo del diésel, un incremento que, sin entrar en detalles técnicos, golpea con fuerza al sector agrícola que vive de ingresos diarios en un mercado altamente especulativo, apenas suficiente para cubrir la canasta básica.

Sin embargo, el gobierno, siguiendo la receta de sus antecesores, ha optado por una estrategia de criminalización de la protesta, sugiriendo que “probablemente” la minería ilegal y contrabandistas de diésel estarían detrás del financiamiento de las movilizaciones. No existe, hasta el momento, una sola prueba que lo sustente.

Para que una acusación de este tipo sea verificable y judicialmente sustentada, deberían existir evidencias concretas y rastreables: flujos financieros o reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que conecten dinero ilícito con los actores de la protesta; testimonios sólidos y verificables; interceptaciones o actas judiciales que respalden la hipótesis; y, en última instancia, sentencias firmes. Ninguno de estos elementos ha sido presentado en casi un mes de manifestaciones, lo que permite concluir que estas afirmaciones, una vez más, se sostienen en el terreno de la conjetura o del discurso político.

Acusar de manera general al “crimen organizado” de financiar la protesta se ha convertido en una herramienta discursiva común en países atravesados por altos niveles de violencia, como hoy ocurre en Ecuador. Esta estrategia cumple una doble función: por un lado, desvía la atención de la ineficacia estatal en la lucha contra el crimen organizado, y por otro, deslegitima el descontento popular, justificando la represión y dividiendo a la sociedad entre “los buenos que quieren trabajar” y “los malos que estarían del lado del crimen”.

El proceso de eliminación del subsidio a los combustibles es un ejemplo claro de ello. En los últimos años, toda medida impopular ha estado acompañada por una narrativa de criminalización que convierte la protesta legítima en sospecha de delito. Debemos ser cautelosos ante esta tendencia, pues este tipo de retórica no solo erosiona la confianza pública, sino que además desvía la atención de los verdaderos problemas estructurales que alimentan el malestar social y las economías criminales, como la minería ilegal.

La pregunta entonces es: ¿qué hace realmente el Estado frente a la minería ilegal? Los resultados son débiles frente a la magnitud del problema. A pesar de que desde 2023 el Estado la declaró una amenaza a la seguridad pública y del Estado, los datos oficiales siguen siendo contradictorios. Según la Cámara de Minería, existen 21 provincias con minería ilegal; el gobierno, en cambio, reporta 287 en 16 provincias. Esta disparidad refleja la ausencia de un diagnóstico coherente y la falta de coordinación institucional frente a un fenómeno que ya desborda las capacidades de control del Estado.

Los registros judiciales tampoco respaldan el discurso oficial. Nueve de cada diez casos de minería ilegal corresponden a flagrancias, con pocos detenidos y escasas incautaciones. Ninguno ha derivado en procesos por lavado de activos. Desde 2015 no existe una sola condena por lavado vinculada a minería ilegal, y desde 2022, cuando entraron en funcionamiento los jueces especializados, no se ha tramitado un solo caso con delito precedente en esta materia. En cambio, sí hay evidencia de infiltración en las fuerzas de seguridad: militares activos y pasivos custodiando material aurífero en zonas como Buenos Aires, junto con registros de actos terroristas y redes de protección institucional que operan con impunidad, tal como sucedió en Guayaquil.

El problema radica en entender que, cuando la política sustituye al sistema de justicia, la democracia se erosiona. El gobierno, debe abandonar la narrativa de securitización que divide y deslegitima la protesta social, y priorizar una estrategia sostenible y basada en evidencia para enfrentar la minería ilegal. Mientras no se atienda la raíz del problema, las finanzas ilícitas que las sostiene y la corrupción que la protege, el país seguirá atrapado entre la improvisación institucional, el fortalecimiento del crimen organizado y el deterioro progresivo de su democracia.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/opinion/renato-rivera-rhon/criminalizacion-protesta-social-paro-nacional-crimen-organizado-ecuador-107524/

Ecuador

Un mes de huelga y represión en Ecuador: un Gobierno aliado al extractivismo y lejos del pueblo

17/10/2025
Liderado por la Conaie, la mayor organización indígena del país, el paro nacional en Ecuador lleva cuatro semanas contra medidas del gobierno de Daniel Noboa, entre las que se encuentran el aumento del precio del combustible y la expansión de actividades extractivas. Las organizaciones denuncian «dictadura minera», violencia y represión. Ya son tres las personas asesinadas por las fuerzas estatales.
Foto: Karen Toro / La Periódica
Por Catalina Roig

Desde la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto con otras organizaciones sociales, se declaró Paro Nacional en todo el país el 18 de septiembre, y fue ratificado más tarde en varias ocasiones, en rechazo a diferentes medidas del gobierno de Daniel Noboa —entre ellas la eliminación del subsidio al diésel y las políticas de expansión de actividades mineras y petroleras—. Noboa fue reelegido en abril pasado, pero el país atraviesa crisis en salud, educación, ambiente y seguridad.

Las protestas comenzaron con el anuncio de la subida del combustible, en el que se anunció un aumento de 1,8 a 2,8 dólares el galón. Sin embargo, aunque esta medida fue la que detonó el Paro Nacional, las protestas se dirigen a hacer una crítica estructural al gobierno de Noboa.

Luego de un mes de paro, desde la Conaie sumaron como exigencias al gobierno «la liberación de los doce presos de Otavalo, que se hagan cargo de gastos de los heridos y muertos en enfrentamientos y las disculpas públicas por parte del Gobierno por usar armas letales en contra el pueblo», explicó Javier Toro, comunicador independiente de la provincia de Imbabura.

Denuncias de represión y censura a los movimientos indígenas y sociales

Desde el comienzo, distintos organismos de derechos humanos han denunciado las diferentes tácticas represivas y de persecución del gobierno ecuatoriano contra las personas protestantes. Ya tres personas de nacionalidad kiwcha fueron víctimas letales: Efraín Fuerez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán. La Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador reportó 346 vulneraciones a derechos humanos: 172 personas detenidas, 282 heridos y 15 personas desaparecidas temporalmente.

“Se ha utilizado al Estado para realizar acciones de guerra contra la población civil” denunció Vivían Idrovo, integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. “El ingreso de convoyes en la provincia de Imbabura y al norte de la provincia de Pichincha ha causado profundo terror, tenemos un reporte de 130 personas heridas en los días 13 y 14 de octubre. Se han denunciado graves violaciones de derechos humanos”, contó.

Entre los detenidos se encuentra un grupo de manifestantes que fue apresado el 26 de septiembre en la ciudad de Otavalo, epicentro de las movilizaciones. Fueron acusados con cargos de terrorismo y enviados a una de las cárceles de máxima seguridad, donde el día anterior a su traslado se había producido una masacre carcelaria en la que murieron 17 personas.

“El Gobierno ha estigmatizado permanente a personas y manifestantes indígenas, y ha intentado involucrarles en grupos de delincuencia organizada, como a los manifestantes detenidos en Otavalo”, explicó Idrovo y resaltó que otro hecho muy grave ocurrió el 12 de octubre, cuando dos militares mutilaron las trenzas de dos manifestantes, siendo que éstas representan una forma de identidad y cultura para las personas kiwchas.

Otra de las medidas de persecución del gobierno fue económica: distintas organizaciones (entre las que se encuentra la Conaie, Alianza Ceibo y el Frente Nacional Antiminero) denunciaron que sus cuentas bancarias fueron congeladas sin previo aviso.

La política ambiental de Daniel Noboa

Además de exigir que se elimine el decreto de subida del diésel, la Conaie exige puntos en el plano ambiental: el fin del modelo extractivo y el respeto a las consultas previas a las comunidades (derecho establecido en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos), la revocatoria de las licencias mineras en diferentes puntos del Ecuador y el cumplimiento del histórico voto popular por la Reserva Nacional de Yasuní, que rechazó los proyectos de extracción petrolera y el gobierno intenta desoírlo.

En esta línea, el paro se da en un contexto de emergencia ambiental en Ecuador. Desde la reelección del Presidente, se sucedieron distintas políticas que generaron un retroceso en el plano ambiental. Entre las medidas se encuentra la fusión del ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas, el despido de 30 guardaparques y el envío de un proyecto de ley para la recuperación de Áreas Protegidas y promoción del desarrollo local. Entre las respuestas sobresale un pronunciamiento de organizaciones que señaló que el proyecto ignora los derechos colectivos de las comunidades y promueve la privatización.

“El paro fue convocado a nivel nacional por la Conaie motivados por al eliminación del subsidio del diésel y el alza de los precios, que iba a resultar en un incremento del costo de la vida y en un mayor empobrecimiento de las comunidades rurales e indígenas. Aunque este fue el disparador es importante entender que, en diversas regiones, se incluyó entre las demandas temas relacionados con el extractivismo”, explicó José Cueva, vocero del Frente Nacional Antiminero.

Respecto a las licencias mineras, durante este año hubo protestas en distintos puntos del país en las que se denunció que el Gobierno busca otorgar licencias de explotación minera.

La manifestación más masiva ocurrió dos días antes del inicio del Paro Nacional: más de 100 mil personas marcharon en Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, en contra del proyecto de minería de Loma Larga en el páramo de Kimsacocha, una reserva hídrica que alimenta los ríos de la ciudad.

La principal demanda fue “el acatamiento y la ejecución de la consulta popular que prohibió la explotación minera en nuestras zonas de recarga hídrica, que incluyen el páramo de Kimsacocha”, explicó Kléver Calle, miembro del Cabildo Popular por el agua de Cuenca. En esta ciudad ya había existido una consulta en 2022, cuando el 80 por ciento votó a favor de prohibir la minería.

Situaciones similares se vivieron en las localidades de Las Naves (provincia de Bolívar) y Palo Quemado (provincia de Cotopaxi). Ambas comunidades fueron reprimidas durante el último año en manifestaciones cuando se realizaron consultas previas por parte del Ministerio de Ambiente. Ambos procesos se realizaron bajo la militarización de las comunidades y fueron denunciadas como fraudulentos, ya que no se permitió participar a la población que estaba en contra de las actividades mineras.

“En Ecuador lo que esta sucediendo es una suerte de dictadura minera, donde las corporaciones trasnacionales agrupadas en la cámara de Minería del Ecuador están marcado el guion para el Gobierno”, afirmó Cueva. “Son las empresas las que han impulsado una serie de reformas legales para favorecer, por un lado, la represión y por otro lado facilitar su ingreso en el territorio”, explicó.

Por otro lado, en el oriente ecuatoriano, las organizaciones que representan a las comunidades indígenas amazónicas exigieron el cese de la explotación petrolera en sus territorios. Piden que se respete la consulta popular que se realizó en 2023 (luego de más de diez años de lucha) para el freno a la explotación en el territorio ITT del Parque Nacional del Yasuní. Es la zona donde viven las comunidades indígenas Tagaeri-Taromenane, pueblos no contactados y amparados por el derecho internacional de respetar y garantizar la intangibilidad de esos territorios y con prohibición de actividades extractivas.

Por otro lado, organizaciones denunciaron que el Gobierno anunció que se van a reactivar las subastas petroleras de 22 bloques —Ronda Subandina y Ronda Suroriente— que afectarían a más de 3,5 millones de hectáreas de selva amazónica, de las que 89 por ciento es territorio indígena. Esto va en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanas, que estipulo que cualquier norma que afecte territorios ancestrales debe someterse a consulta previa, libre e informada. Además, en el 2020 la población Waoraní de Pastaza había ganado en la Corte una demanda contra el Estado por la explotación de petróleo en su territorio.

“Basados en nuestro derecho a la autodeterminación y consentimiento, respetando nuestra forma de gobierno y derecho propio, nuestra decisión ya fue tomada en el 2018 y no queremos que nos vuelvan a consultar”, explicó Opi Nenquimo, presidente de la Organización Waoraní de Pastaza (OWAP) y afirmó que “los pueblos y nacionalidades indígenas, tenemos derecho a decidir sobre lo que pasa en nuestra casa, ya que nadie conoce estos territorios y ecosistemas, y tenemos derecho a decir ‘no’ a las empresas petroleras y mineras, y que esa decisión sea determinante”.
https://agenciatierraviva.com.ar/un-mes-de-huelga-y-represion-en-ecuador-un-gobierno-aliado-al-extractivismo-y-lejos-del-pueblo/

Perú

Minem autorizó inicio de actividades del proyecto minero Tía María

Proyecto de cobre es rechazado por la población del valle del Tambo. En protestas realizadas en el 2011 y 2014, se produjo la muerte de siete personas (seis manifestantes y un policía).
16/10/2025
Foto: Defensoría del Pueblo
El pasado 13 de octubre, a través de la Resolución Directoral 0692-2025-MINEM/DGM, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto Tía María, a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay (Arequipa).

Según la resolución, la empresa cumplió con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros, entre ellos la acreditación de la propiedad de los terrenos superficiales. Asimismo, señala que el proyecto cuenta con el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado mediante la Resolución Directoral 392-2014-MEM-DGAAM y con el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), en 2021.

El Minem también resaltó que en este caso “no corresponde iniciar procedimiento de consulta previa” porque sobre el área de influencia directa “no hay presencia de pueblos indígenas u originarios”.

Conflicto que cobró siete vidas

El proyecto Tía María tiene como objetivo la extracción de cobre, con una inversión estimada en $ 1400 millones. Fue anunciado en el 2003, pero fue paralizado tras las protestas iniciadas entre marzo y abril de 2011, las cuales causaron la muerte de tres personas.

Los principales opositores son los habitantes del valle del Tambo, quienes se oponen al proyecto porque temen que las actividades mineras a cielo abierto contaminen el aire de la zona, así como las aguas del río Tambo, utilizado por los agricultores de los distritos de Islay, Dean Valdivia y Cocachacra.

En el 2009, la empresa presentó un estudio de impacto ambiental (EIA), pero en el 2011 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) encontró 138 observaciones al estudio de impacto ambiental (EIA), sobre todo relacionadas con el agua y el polvo minero.

Tras una modificación del EIA, presentada en el 2013, la empresa aseguró que no usaría agua del río Tambo, sino agua de mar. Sin embargo, la población no dejó de oponerse, y en el 2014 se produjeron nuevas protestas que cobraron la vida de cuatro personas (tres manifestantes y un policía).

Según la Red Muqui, desde 2024, “las organizaciones del valle vienen cuestionando la legalidad y legitimidad del EIA, denunciando que Tía María no cuenta con licencia de uso de agua ni con licencia social”.

En marzo de 2025, agrega la organización, la población presentó una demanda de amparo solicitando la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el EIA, así como la nulidad de la resolución que autorizó la construcción de la planta de beneficio de dicho proyecto.

Minem autorizó inicio de actividades del proyecto minero Tía María

Latinoamerica, Litio

Del litio al cobre: la posición de las inversiones chinas en América Latina

Bnamericas 15/10/2025
Del litio al cobre: la posición de las inversiones chinas en América Latina

La presencia de la inversión china en proyectos mineros en América Latina es todavía relativamente modesta, pero ha ganado nuevo impulso en los últimos años y se está consolidando como uno de los temas centrales en las discusiones geopolíticas actuales.

Actualmente, las empresas chinas tienen una participación del 4,1% en proyectos mineros de la región, según un relevamiento de la base de datos de proyectos de BNamericas.

La participación china se produce de muchas formas, desde participaciones accionarias directas o indirectas hasta financiación y suministro de equipos y servicios especializados.

«Los movimientos de los inversionistas chinos en el sector no han sido lineales. Entre 2010 y mediados de 2019, hubo una fuerte ola de entrada de estos inversionistas, principalmente en Perú, seguida de una disminución hasta 2023. Ahora, vemos señales de un resurgimiento del interés chino en la minería en la región,» dijo a BNamericas Tito Martins, ex ejecutivo de Vale y Nexa y actual consultor senior de metales y minería en Kaiau Consultoria.

La presencia china está diversificada tanto entre países como entre segmentos.

Argentina posee la mayor participación, con un 10,53%, seguida de Perú, con casi un 6%. En Argentina, el interés de estos inversores se centra en el litio, mientras que en Perú predomina el cobre.

«En estos dos países, los gobiernos locales han incentivado a los inversionistas extranjeros, incluidos los chinos, a ingresar a la industria minera. Otros países de la región presentan características muy singulares que dificultan el entorno. Grandes compañías mineras globales ya están bien establecidas en Chile y Brasil, lo que representa una barrera importante para nuevos participantes, independientemente de su origen,» afirmó Martins.

En Argentina, empresas mineras chinas como Ganfeng Lithium , Zijin Mining y Tibet Summit han estado invirtiendo en proyectos de litio en los últimos años.

Las provincias argentinas, que tienen autonomía para aprobar proyectos y otorgar licencias, vienen impulsando esfuerzos para incrementar la inversión extranjera, sin mayores distinciones en cuanto a país de origen.

En Perú, China ha consolidado su presencia en operaciones cupríferas como Las Bambas , operada por MMG ; Toromocho, operada por Chinalco ; Río Blanco , operada por Zijin Mining, que se encuentra en prefactibilidad; y Pampa del Pongo , operada por Jinzhao Mining, cuya operación está prevista para el próximo año. China también participa en la mina de hierro Marcona en Perú, a través de Shougang Hierro , y desarrolla varios proyectos en fase de exploración.

En Chile, Brasil y México, la participación de inversionistas chinos en proyectos mineros es menor al 3%.

En Brasil, sin embargo, movimientos recientes indican un renovado interés.

A principios de 2025 , Anglo American vendió sus activos de níquel en el país a MMG Singapore Resources, filial de la estatal china MMG, en una operación estimada en US$500 millones. También ese año, la minera peruana Minsur completó la venta de Mineração Taboca a la empresa china CNMC Trade Company por US$340 millones. Taboca opera la mina de estaño Pitinga en Amazonas y es propietaria de la fundición Pirapora en São Paulo.

A pesar de la recuperación, la inversión china en la minería brasileña todavía es modesta en comparación con otros sectores.

En 2024, las inversiones chinas en Brasil totalizaron US$ 4,18 mil millones, un aumento del 113% en comparación con 2023, según el Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC).

El sector eléctrico brasileño lideró la captación de capital chino, con el 34% de las transacciones, seguido del petróleo (25%) y el sector automotriz (14%). La minería ocupó el cuarto lugar, con el 13% de las inversiones.

Geopolítica

El interés chino en la minería latinoamericana está fuertemente vinculado a factores geopolíticos.

En medio de la creciente tensión arancelaria entre Estados Unidos y China, el país asiático ha utilizado su dominio en minerales críticos como palanca de presión. Pekín anunció recientemente restricciones a la exportación de tierras raras, insumos clave para las industrias tecnológica y de defensa estadounidenses.

Con grandes reservas de varios de estos minerales, América Latina se ha convertido en escenario de disputas entre ambas potencias globales.

En los últimos meses, la administración de Donald Trump ha estado acercándose al presidente argentino Javier Milei, incluso ofreciendo apoyo del Tesoro de Estados Unidos para las reservas de divisas del país.

Los analistas creen que este acercamiento podría abrir espacio para una mayor presencia de empresas norteamericanas en la minería argentina, limitando la expansión china.

En Brasil, la minería también probablemente se verá influenciada por cuestiones políticas en los próximos meses.

Desde agosto, Estados Unidos ha impuesto un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas, pero ambos gobiernos han iniciado negociaciones para reducirlo. Los analistas señalan que, en algún momento, el acceso de las empresas estadounidenses a las reservas brasileñas de minerales críticos , especialmente tierras raras, probablemente estará en la agenda.

Brasil posee la segunda mayor reserva de estos minerales, sólo detrás de China, pero aún carece de la tecnología para procesarlos.

«Estados Unidos cuenta con la tecnología, el capital y la capacidad industrial para, si realmente se compromete, desarrollar una cadena de procesamiento de tierras raras en pocos años. Sin embargo, tendrá que abordar su rezago tecnológico con respecto a China y probablemente negociar el acceso a las tecnologías chinas. China ha invertido fuertemente en el sector y posee una ventaja técnica y una infraestructura consolidada,» declaró a BNamericas José Carlos Martins, miembro del directorio de Cedro Mineração y ex ejecutivo de Vale.

Este acercamiento entre Estados Unidos y la minería en Sudamérica ya está empezando a ocurrir.

La empresa minera Aclara Resources, con sede en Toronto, planea integrar las cadenas de suministro entre Sudamérica y Estados Unidos. La compañía planea invertir US$1.200 millones en proyectos de tierras raras en Brasil y Chile, así como construir una planta en EE. UU. para convertir los óxidos extraídos en aleaciones para imanes permanentes.

“La idea es construir una cadena de suministro totalmente integrada, trazable y sostenible que conecte la minería responsable en Sudamérica con la producción de materiales avanzados en América del Norte”, dijo Ramón Barúa Costa, CEO de Aclara, en una entrevista reciente con BNamericas.

La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo ( DFC ) de Estados Unidos ya ha invertido US$5 millones en el proyecto Carina de Aclara en Brasil, lo que refuerza el interés estadounidense en desarrollar cadenas de valor regionales para minerales críticos.
(La versión original de este contenido fue escrita en portugués)
https://www.bnamericas.com/es/reportajes/del-litio-al-cobre-la-posicion-de-las-inversiones-chinas-en-america-latina

Litio, Mexico

Litio: la guerra por el control real del territorio y de la soberanía, revelan informes

14/10/2025

México libra una guerra que no se reconoce en los discursos oficiales, en . los desiertos del norte, donde el litio promete independencia energética, se está configurando una disputa más profunda: la del control real del territorio y de la soberanía.

Lo que en el discurso político se presenta como símbolo de orgullo nacional, en la práctica se ha convertido en un recurso administrado por redes criminales, capitales extranjeros y una burocracia militarizada que gestiona sin transparencia la riqueza del subsuelo.

El Banco Mundial advierte que la demanda global de litio aumentará más del 400 % antes de 2035. México, con reservas probables de 1.7 millones de toneladas, ocupa una posición estratégica.

Litio: la guerra por el control real del territorio y de la soberanía, revelan informes

Perú

4 razones que explican la crisis de violencia que vive Perú, factor clave en la caída de la presidenta Dina Boluarte

Protesta en Perú contra la inseguridad.
Getty Images, foto, La inseguridad es el gran tema de preocupación para los peruanos, que han salido a la calle para reclamar el fin de la violencia.
Guillermo D. Olmo
BBC News Mundo
13/10/2025
La popularidad de Dina Boluarte en las encuestas llevaba meses bajo mínimos.

La presidenta resistía en el cargo pese a la polémica acción de las fuerzas de seguridad en las protestas que siguieron a la caída del expresidente Pedro Castillo que dejaron decenas de muertos, la sucesión de escándalos de corrupción que la salpicaban y la percepción entre gran parte del electorado de una falta de liderazgo en el gobierno.

Pero cuando unos desconocidos dispararon contra la banda de cumbia Agua Marina durante una actuación en Lima en la noche del miércoles, los acontecimientos se precipitaron. Pocas horas después, Boluarte salía de la presidencia destituida por el Congreso en el desenlace de una crisis política fulgurante.

Y es que el azote de una criminalidad cada vez más violenta se ha convertido en una de las principales preocupaciones en Perú, con gran parte de la población y de los analistas culpando a los dirigentes políticos de inacción, cuando no complicidad, ante las bandas criminales.

El nuevo presidente, José Jerí, prometió nada más jurar el cargo «una guerra contra el crimen».
«El mal que nos aqueja en este momento es la delincuencia. El enemigo está en las calles», dijo Jerí en sus primeras palabras como presidente ante el Congreso de la República.

Los datos dan cuenta del auge de la delincuencia.
En el primer semestre de 2025 se registraron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Solo en el pasado agosto hubo 209 homicidios. Y Human Rights Watch ha alertado de que Perú es uno de los países de la región en los que más aumentan las muertes violentas.

Pero el delito cuyo incremento más ha alarmado durante la presidencia de Boluarte ha sido el de las extorsiones, que parecen haberse disparado. Según un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia, un organismo de análisis de la delincuencia, en 2024 las denuncias fueron más del doble que las registradas en 2018.

Según los datos policiales, cada día se presentan 75 denuncias por extorsión en Perú y los expertos señalan que el problema es probablemente mayor, ya que las víctimas evitan en muchos casos denunciar por temor a represalias de quienes los extorsionan.

Pequeños negocios y transportistas son los más golpeados. El Observatorio del Crimen y la Violencia estima en unos 180 los conductores de transporte urbano asesinados este año por negarse a pagar cupos, una cifra que ha llevado al sector a organizar sucesivos paros y protestas para exigir respuestas al gobierno.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Dos mujeres caminan junto a un agente de Policía en una noche de Lima. Todos se ven de espaldas y cabizbajos. Una de las mujeres lleva abrazada a la otra.

1. Auge de la minería ilegal

Los expertos señalan que el auge de la criminalidad va de la mano del de la minería ilegal, que en los últimos años parece fuera de control en Perú.

«Las economía ilícitas han florecido con la minería ilegal en el centro», le dice a BBC Mundo, Ricardo Valdés, exviceministro de Interior de Perú y experto en el estudio de la delincuencia.

«La demanda de oro se disparó por el incremento del precio del oro en los mercados internacionales», indica Valdés, que señala que distintos grupos criminales fueron concentrándose en la minería ilegal ante la falta de respuesta de las autoridades.

La suya no es la única voz que señala a una aquiescencia de los congresistas y los sucesivos gobiernos con los grupos delictivos dedicados a la minería ilegal.
Vista aérea de la Amazonía peruana llena de minas ilegales.

El gobierno ha venido renovando año a año el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un polémico mecanismo que nació con el objetivo declarado de la formalización de los mineros artesanales.

Concebido inicialmente como temporal, el Reinfo se ha venido prorrogando desde hace años hasta convertirse según críticos como César Bazán, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en una especie de «patente de corso» para la minería ilegal.

Pese a las protestas que en las calles exigieron su supresión y las advertencias de organizaciones no gubernamentales sobre su impacto negativo en el medio ambiente, la seguridad ciudadana y los pueblos indígenas que habitan muchas de las zonas mineras, el gobierno de Boluarte aprobó en junio una nueva extensión del Reinfo.

Valdés le dijo a BBC Mundo que ni el gobierno ni los congresistas «quisieron enfrentarse con el medio millón de votantes que viven de la minería ilegal y en torno a ella se han desarrollado muchas otras oportunidades para la criminalidad, porque para financiarla muchos han recurrido la extorsión y la explotación sexual».

Así, organizaciones criminales transnacionales como la venezolana Tren de Aragua, la brasileña Comando Vermelho o la ecuatoriana de Los Choneros se abrieron paso en Perú y empezaron a interactuar con las locales, engordando un monstruo que ha desbordado a sus autoridades y castigado a su población.
Cabecera de una manifestación contra el gobierno de Dina Boluarte. La pancarta principal dice «Ni un muerto más».

2. Facilidades a la delincuencia desde el poder

Muchos en Perú culpan a los políticos en el Congreso de haber favorecido con sus decisiones el auge del crimen organizado. Corrupción y delincuencia son las dos principales preocupaciones ciudadanas, según las encuestas, y en ocasiones parecen ir de la mano.

César Bazán le dice a BBC Mundo que «para protegerse a sí mismos en las investigaciones en las que muchos estaban envueltos, los congresistas aprobaron leyes que debilitaron la lucha contra el crimen organizado y la capacidad de la Policía y la Fiscalía para hacerle frente».

Entre ellas, destaca la que limita el tiempo disponible para corroborar las informaciones facilitadas por los testigos que la ley peruana califica como colaboradores eficaces, la que exige la presencia de abogados en los allanamientos y registros llevados a cabo por los agentes, o la que redujo los plazos de prescripción para ciertos delitos graves.

Ricardo Valdés señala que hay indicios suficientes para pensar que «el gran articulador criminal de la minería ilegal tiene representantes en el Congreso y en muchos partidos políticos».

Y no es el único. El colectivo conocido como Generación Z anunció que se sumará al paro nacional convocado por distintas organizaciones el próximo 15 de octubre contra lo que califica de «pacto corrupto» en el Congreso para hacer presidente a José Jerí.
El presidente de Perú, José Jerí, tras dos policías, en una imagen nocturna.

3. Una respuesta «populista»

El aumento de la delincuencia impactó especialmente a la población a partir del momento en que las bandas de extorsionadores empezaron a mostrarse más violentas.

Bazán indica que «el problema de la extorsión siempre existió, lo que pasa es que ahora ha aumentado y, sobre todo, ha aumentado también la violencia de los grupos de extorsionadores».

Los homicidios de quienes se niegan a pagar e incluso los ataques con explosivos contra los negocios cuyos propietarios se resisten al chantaje se han repetido en los últimos años.

Algunos casos conmocionaron a la opinión pública, como el ataque con una granada que dejó 15 heridos en una discoteca del populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho, y empujaron a Boluarte a decretar el estado de emergencia y ordenar el despliegue del Ejército en tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas.
Un grupo de policías, de pie junto a un edificio. Es de noche y al fondo, a unos metros, en la misma calle, se distingue a un grupo de personas.

Boluarte trataba de mostrar firmeza frente a la delincuencia pero su abrupta salida del poder revela que su estrategia no funcionó.

Bazán cree que «el gobierno trató de responder con medidas populistas como la declaración del estado de emergencia, que no obtienen resultados en la lucha contra el crimen ni atacan la raíz del problema».

En la misma línea, Valdés asegura que «la experiencia demuestra que los estados de emergencia no sirven absolutamente para nada en la lucha por acabar con el crimen organizado».

4. Una policía mermada y bajo sospecha

La crisis de inseguridad no solo le ha acabado costando la presidencia a Boluarte, sino que ha también ha colocado bajo el foco a la Policía Nacional del Perú (PNP).

En medio de constantes cambios en el Ministerio del Interior, que ha tenido hasta 13 ministros en los últimos cuatro años, el cuerpo se ha visto incapaz de contener el aumento de la delincuencia.

Según dice Bazán, «la policía no tiene suficiente financiación, ni efectivos, ni entrenamiento. Pero además hay un problema claro de complicidad de la policía y es evidente que hay algunos mandos que están implicados en el crimen organizado».

Según informaciones periodísticas, el presunto cabecilla criminal Erick Moreno, alias El Monstruo, declaró tras ser detenido por la policía de Paraguay que elementos de la PNP le informaban desde Perú de cómo los agentes paraguayos le seguían los pasos.

Y un antiguo alto mando policial peruano declaró que sus superiores lo apartaron cuando estaba a punto de detenerlo tras una larga investigación de sus actividades.

Según Ricardo Valdés, «la corrupción policial se ha extendido y normalizado».

La capacidad de la policía como fuerza de lucha contra le delincuencia se ha visto afectada también por las rivalidades políticas.

Valdés afirma que «desde la época del expresidente Pedro Castillo, la policía empieza a ser instrumentalizada por las altas autoridades del país y se inicia una pugna interna entre el sector que intenta investigar la corrupción y los policías que había colocado Castillo, que intenta impedirlo».

Ya en la época de Boluarte, al coronel Harvey Colchado, uno de los más reputados policías del país, lo pasaron a retiro después de registrar el domicilio de la presidenta y liderar las investigaciones de los casos en los que ella y su hermano estaban implicados.

Todos estos factores, cree el experto, llevaron a que cuando las bandas criminales se hacían más fuertes «se encontraron enfrente a una policía atontada y desnortada».
https://www.bbc.com/mundo/articles/crl2rr3613do

Perú

Protestas en regiones fueron preludio de la vacancia de Dina Boluarte: el malestar continúa

Los últimos días del régimen de Boluarte estuvieron marcados por la crecientes protestas en diferentes zonas del país. Su salida no ha calmado las demandas locales ni el temor de la inseguridad. Así, el nuevo presidente José Jerí asume su mandato ante un pronto paro el 15 de octubre.
Paros y protestas se han agudizado desde inicios de octubre en el país. Foto: composición LR.
Adrián Sarria Muñoz
La pradera vuelve a encenderse y el país ingresa otra vez en un ciclo de protestas. La vacancia de Dina Boluarte al parecer no apaciguó los ánimos y diversos frentes se suman al paro del 15 de octubre. Los días previos a la caída de la exmandataria dos focos regionales concentraron la tensión: Cajamarca, con epicentro en Jaén; y Huancavelica con la ciudad de Pampas como punto neurálgico. En ambos casos, la medida trajo bloqueos de carreteras y paros indefinidos.

El politólogo e investigador Omar Coronel contextualiza: “Estamos en una etapa de acumulación de malestar con el funcionamiento del Estado en múltiples áreas. A la erosión de capacidades se suma la ansiedad del ciclo electoral. Las élites son más vulnerables y la sociedad civil sabe que puede exigir un poco más”.

Desde el lunes 6 de octubre, las rondas campesinas de Cutervo, Cajamarca, iniciaron un paro indefinido que pronto derivó en cierres masivos. En Chiple y Chamaya Pueblo, sobre la carretera Fernando Belaúnde Terry, instalaron piquetes con llantas encendidas, piedras y cadenas humanas. Al tercer día, la consigna fue tajante: no pasaba nadie, ni siquiera peatones.

La Sutran registró al menos siete puntos bloqueados hasta el cierre de esta edición, en un corredor que conecta Cajamarca con Jaén, Amazonas y San Martín. Los reclamos van más allá de la coyuntura: exigen la culminación de los tramos pendientes de la Longitudinal de la Sierra, medidas firmes contra la minería ilegal y acciones urgentes de seguridad ciudadana.

El diario Ahora de Jaén, en comunicación con La República, detalló los impactos inmediatos: mercados cerrados, combustibles escasos y decenas de camiones varados con carga perecible. Tras la vacancia de Boluarte, el viernes 10 de octubre se registraron treguas en algunos puntos, otros aún evaluaban levantar la medida. Mientras que, por la tarde, en Jaén, una reunión de ronderos afinaba detalles para su participación del paro del 15 de octubre.

En paralelo, Huancavelica vive su propia paralización. Desde el último viernes 3, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (UNAT) cerraron accesos a Pampas y bloquearon la vía Huancayo–Huancavelica en cuatro puntos, a la altura de Imperial (Ñahuinpuquio). El pedido es claro: que una comisión técnica del Minedu llegue a la ciudad. Mientras no se presenten, no se moverán.
El periodista Percy Salomé, de Huancayork Times, describió a Pampas como “una ciudad sitiada”: entradas clausuradas, trochas selladas y piquetes abastecidos por vecinos. Ni el anuncio del Ministerio de Educación -que prometió reestructurar la Comisión Organizadora de la UNAT- calmó los ánimos. El viernes 10 de octubre se desarrolló una mesa de trabajo con representantes del Minedu, aunque se conoció que los estudiantes mantendrán su medida de lucha hasta que se plasmen los acuerdos.

Coronel interpreta ambos escenarios como reflejo de un deterioro más profundo: “No es solo seguridad; es salud, educación, infraestructura. Desde 2021 se rompe la mínima gobernabilidad de lo cotidiano. Comunidades y estudiantes ya no aceptan promesas; exigen presencia estatal efectiva. La protesta se convierte en un mecanismo de accountability social”.
Pataz: la marcha que llegó hasta Lima

El norte andino también aporta un símbolo. El 25 de agosto, Aldo Carlos Mariños, alcalde provincial de Pataz, La Libertad, inició una “marcha de sacrificio” desde Tayabamba hacia Lima para exigir hospital y carreteras. Se trata de una provincia a la vez azotada por los crímenes de la minería ilegal. Lo acompaña una columna de ronderos y pobladores que crece pueblo tras pueblo.

El 7 de octubre, ya en la costa central, Huaura lo recibió con agua, alimentos y vítores. Mariños responsabilizó a Dina Boluarte y a César Acuña: “No entienden el dolor del pueblo”. Su objetivo en Lima es sumar a transportistas y jóvenes de la Generación Z.
Alcalde de Pataz llegó a Lima en marcha de sacrificio y se unirá a paro del 15 de octubre. Foto: Kevinn García – La República.

Este viernes 10 de octubre la autoridad arribó a la capital y anunció que participará en el paro del miércoles 15. Considera que la vacancia de Boluarte no cambió el escenario. «El dolor del pueblo es demasiado grande para estar divididos. Es hora de unirnos. La causa es la misma y el pedido es el mismo: que se vayan todos. El Congreso cree que ha tranquilizado al pueblo y se equivoca», argumenta.

Coronel añade una lectura política: “Que una autoridad local gane visibilidad representando demandas postergadas es típico de democracias en crisis de representación. Puede haber cálculo electoral, pero también respuesta a la orfandad estatal. Es probable que figuras así se vuelvan actores clave de la oposición rumbo a 2026”.
El sur: memoria y repudio

El 4 de octubre, en Huamanga, Ayacucho, el ministro de Agricultura Ángel Manero y el congresista Raúl Coronado fueron repudiados por un grupo de mujeres. La primera voz fue Yovana Mendoza, cobradora de combi y hermana de una víctima del 15 de diciembre de 2022: “Detestamos a todos los que respaldan a Boluarte y a este Congreso. Encima nos dicen que la minería es prioridad y el agro puede esperar. Sin agua no hay vida, que comas minerales entonces”, dijo a La República.

Su reclamo combinó memoria y presente: la impunidad por la masacre de 2022 y el ninguneo del agro. Coronel lo resume: “En el sur, el repudio es persistente. No es solo memoria, es un recordatorio de cuentas pendientes. Si no hay justicia institucional, la memoria se activa en la calle”.

El 8 de octubre, Juliaca rechazó la visita de Phillip Butters, periodista y candidato presidencial. Familiares de las víctimas del 9 de enero de 2023 lo declararon persona no grata. “Pidió plomazos a la cabeza de quienes protestaban. No puede venir ahora a buscar votos”, dijo Raúl Samillán, presidente de la asociación de deudos. La policía tuvo que evacuarlo entre insultos y objetos lanzados por la multitud.

Deudos de las víctimas también se pronunciaron tras la vacancia presidencial, la que ven como un primer paso para llegar hacia la justicia. “Dina Boluarte solo trajo llanto, dolor y sangre al pueblo peruano”, expresó María Samillán, hermana del médico fallecido Marco Antonio Samillán.

Mientras que en Arequipa existen colectivos ciudadanos que están en movilización permanente. Se pronunciaron contra Dina Boluarte cuando esta arribó a la Ciudad Blanca para la clausura de Perumin el 26 de septiembre, aunque no pudieron acercarse por el fuerte cordón policial.

Estos colectivos realizan de forma cotidiana marchas nocturnas hacia la Plaza de Armas en Arequipa, donde se han sumado jóvenes de la Generación Z. Los manifestantes aún definen cómo participarán el 15 de octubre, día en que también llegará a Arequipa el rey de España, Felipe VI, para el Congreso Internacional de la Lengua Española.
Amazonía y costa norte: olvidos encendidos

En Condorcanqui (Amazonas), comunidades awajún y wampis protestan desde agosto contra la minería ilegal que contamina los ríos con mercurio. La comisión enviada por la PCM en septiembre fue rechazada por “no tener capacidad de decisión”. El premier Eduardo Arana prometió un plan de acción con la Marina y la Policía, pero sin plazos; “pronto tendrán novedades”, dijo el 1 de octubre a La República.

Rosemary Pioc, lideresa awajún, lo resume: “Nos cambian ministros y los acuerdos se quedan en nada. No existimos para el Estado”. Pioc, además, advierte de un incremento de la violencia sexual contra mujeres y niñas, ya alertado meses antes y nuevamente abandonado.

En la costa norte, pescadores de Lambayeque y Piura bloquearon la Panamericana entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre contra la cuota de pota fijada en 42 mil toneladas. “No podemos vivir con una sola salida al mar”, decían. Tras dos días de tensión y enfrentamientos con la policía, el viceministro de Pesca ofreció cinco salidas más antes de fin de año.
Lima: motores apagados y rabia juvenil

Durante la noche del 9 y la madrugada del 10 de octubre, decenas de ciudadanos se congregaron frente a la embajada de Ecuador en San Isidro, para expresar su rechazo ante la posibilidad de que ese país otorgue asilo a Boluarte ante su inminente vacancia. Los manifestantes exigieron que la exmandataria responda ante la justicia peruana por las muertes registradas durante las protestas de su gobierno.

En paralelo, la tarde del viernes se convocó otra movilización frente al Congreso de la República, donde colectivos feministas, organizaciones juveniles y ciudadanos autoconvocados protestaron bajo el lema “Un violador no puede ser presidente”. Ello en referencia al flamante presidente José Jerí, quien enfrentó una denuncia de presunta violación sexual archivada por el actual Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, entonces en su calidad de fiscal supremo de familia.

La tensión social se mantiene alta mientras diversas organizaciones preparan la gran marcha nacional del 15 de octubre, convocada originalmente antes de la vacancia de Boluarte, pero que ahora se proyecta como una jornada de protesta masiva contra el Congreso y la continuidad de la crisis política.
Camino a la gran marcha en la capital

Diversas organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y agrupaciones juveniles se preparan para movilizarse este 15 de octubre en Lima, en una nueva jornada de protestas convocada inicialmente antes de la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, pero que ahora toma fuerza en medio de la inestabilidad política y el rechazo a la designación de José Jeri Oré como presidente.

Aunque la convocatoria fue lanzada días antes, la crisis se profundizó tras el debate y aprobación de la moción de vacancia en el Congreso, impulsada luego del ataque armado contra la agrupación Agua Marina durante un concierto en Chorrillos, hecho que generó fuertes cuestionamientos a la gestión de seguridad del Ejecutivo y terminó siendo el detonante político de la salida de la mandataria.

En Lima, la movilización del 15 de octubre tendrá como puntos principales de concentración la Plaza San Martín, el Parque Universitario y la avenida Abancay, con marchas previstas hacia el Congreso y Palacio de Gobierno. Se prevé la participación de gremios sindicales, colectivos feministas, agrupaciones universitarias y movimientos ciudadanos que exigen una transición democrática y elecciones generales inmediatas.

La capital vivió hace apenas unas semanas otra gran manifestación, protagonizada principalmente por jóvenes de la llamada “Generación Z”, que tomaron las calles para exigir cambios estructurales, renovación política y justicia por las víctimas de la represión. Aquella movilización, más espontánea y organizada desde redes sociales, demostró el creciente descontento entre los sectores juveniles.

El panorama político sigue siendo incierto tras la vacancia de Boluarte y el rechazo ciudadano al nuevo jefe del Gobierno. Así, Lima vuelve a ser el epicentro del descontento nacional.
Gobernadores regionales se pronuncian sobre vacancia

Durante sus casi tres de años de gobierno, Dina Boluarte halló apoyo en la mayoría de gobernadores regionales. Tras su caída, algunos empezaron a desmarcarse y criticar su gestión. César Acuña, gobernador de La Libertad y quien sostuvo al régimen desde su bancada de APP, ahora señaló que la vacancia respondió a un clamor popular.

“El Congreso ha escuchado al pueblo. La vacancia era necesaria porque la presidenta no tenía políticas claras para revertir la inseguridad. El país no aguantaba más, había muertos todos los días”, declaró Acuña.

Mientras que Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, señaló que la expresidenta pagó las consecuencias de una mala gestión. Además, cuestionó al Congreso por sostener a Boluarte por casi tres años, hasta que todas las bancadas le bajaron el dedo y la vacaron.

Quien opinó en contra de la vacancia fue el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores. «Creo que Dina Boluarte debió quedarse hasta julio del 2026, porque habiendo algunas situaciones en curso, creo que había ministros que sí debian salir, incluyendo el premier, pero llegar hasta esta estructura de quitar a un presidente de la República no parece saludable».

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un comunicado donde exhortó a que el nuevo gobierno preserve la gobernabilidad, la paz social y estabilidad del Estado. Esto en un clima donde las protestas en todo el país siguen activas.
https://larepublica.pe/politica/2025/10/11/protestas-en-regiones-fueron-preludio-de-la-vacancia-de-dina-boluarte-el-malestar-continua-hnews-949135