Chile

SMA formula cargos contra proyecto Mina Mantos del Pacífico por incumplimientos ambientales

Miguel Rifo 28/01/2026
Durante actividades de fiscalización se constató que el área de acopio de minerales estaría operando fuera del área autorizada en su permiso ambiental.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló un cargo en contra de Compañía Minera Gatico S.A., titular del proyecto Mina Mantos del Pacífico, ubicado en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta.

El proyecto, que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desde 2015, contempla la explotación de minerales oxidados de cobre del yacimiento Mantos del Pacífico mediante el sistema de rajo abierto, a través de las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío y transporte. El mineral extraído es transportado para su posterior procesamiento en la planta de beneficio de minerales de la Mina Mantos de la Luna.

En el marco del Programa de Fiscalización de la SMA, fiscalizadores de la Oficina Regional de Antofagasta realizaron una inspección ambiental al proyecto, en conjunto con la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

A partir de la revisión del área, apoyada en el análisis de imágenes satelitales, se constató que el acopio de minerales se extendería sobre una superficie aproximada de 22 hectáreas, hacia el sureste del proyecto, fuera del polígono evaluado ambientalmente.

Con estos antecedentes y tras el análisis legal correspondiente, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló un cargo leve en contra del titular, al verificar que el área de acopio de minerales marginales excede el área evaluada ambientalmente.

La jefa de la Oficina Regional de la SMA en Antofagasta, Javiera de la Cerda, señaló que “el análisis de imágenes satelitales permitió constatar que el titular estaría desarrollando actividades fuera del área autorizada en su permiso ambiental. En ese sentido, es fundamental recordar que los proyectos deben ajustarse estrictamente a lo evaluado y aprobado ambientalmente”.

Compañía Minera Gatico S.A. contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, contados desde la notificación del procedimiento sancionatorio.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/01/antofagasta-sma-cargos-mina-mantos-del-pacifico-incumplimientos-ambientales

Chile

Chile introduce el silencio administrativo para destrabar permisos de inversión minera

Rolando Alza 28/01/2026

Reforma establece que, transcurrido un plazo sin pronunciamiento de la autoridad, ciertos permisos se entenderán automáticamente otorgados.
Reforma permitirá que ciertos permisos se entiendan otorgados si la autoridad no responde dentro de los plazos legales.

El silencio administrativo se ha convertido en uno de los ejes centrales de la reforma al sistema de permisos en Chile, diseñada para enfrentar los retrasos que han limitado el desarrollo de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, explicó Manuel José Barros, socio del Estudio Carey, durante una conferencia organizada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Según Barros, la nueva ley busca corregir una práctica recurrente en la administración pública chilena: el incumplimiento de los plazos legales para otorgar permisos, pese a que estos se encuentran expresamente fijados en la normativa vigente. La ausencia de respuesta oportuna, señaló, ha generado altos niveles de incertidumbre jurídica para los inversionistas, en particular para el capital extranjero.
Permisos con aprobación automática

La reforma introduce el silencio administrativo como institución del derecho administrativo, estableciendo que, transcurrido un plazo sin pronunciamiento de la autoridad, ciertos permisos se entenderán automáticamente otorgados, sin necesidad de una resolución expresa.

Barros precisó que el nuevo régimen no se aplica de manera indiscriminada. La ley distingue seis tipos de permisos, de los cuales:

Tres se entenderán rechazados si vence el plazo sin respuesta.
Tres se entenderán aprobados, principalmente aquellos vinculados a construcción, funcionamiento del proyecto y autorizaciones de segunda categoría.

Este diseño, explicó, busca equilibrar la agilización de inversiones con el resguardo de estándares técnicos, ambientales y sociales.
Cambio estructural en la relación Estado–inversión

Subrayó que el silencio administrativo representa un cambio profundo en la lógica de tramitación, ya que por primera vez el sistema deja de depender exclusivamente del pronunciamiento explícito de la autoridad para avanzar en determinados permisos.

No obstante, advirtió que su aplicación efectiva dependerá de la elaboración de reglamentos, los cuales deberán definir con precisión qué permisos estarán sujetos a este mecanismo, un proceso que podría extenderse durante todo el año 2026.
logo de Codelco

Incentivos y sanciones

Para evitar abusos, la reforma incorpora sanciones a funcionarios públicos cuyas demoras injustificadas provoquen incumplimientos de plazos, así como mecanismos de control posterior sobre los permisos que se otorguen por silencio administrativo.

Barros señaló que este esquema busca generar incentivos claros para una gestión más eficiente, reducir la discrecionalidad y otorgar mayor previsibilidad a los titulares de proyectos, especialmente en sectores intensivos en capital como la minería.
Impacto directo en minería

En el ámbito minero, el silencio administrativo se complementa con otras medidas de la reforma, como la simplificación de permisos sectoriales y la reducción de plazos para proyectos considerados estratégicos, en los cuales los tiempos legales se reducen hasta en 50%.

“El objetivo es que los permisos dejen de ser un cuello de botella para aprovechar el ciclo favorable de los commodities y atraer inversión”, sostuvo Barros, remarcando que la eficacia del nuevo régimen dependerá de su correcta implementación y del cambio cultural dentro de los servicios públicos.
https://www.rumbominero.com/chile/chile-silencio-administrativo-para-destrabar-permisos-de-inversion-minera/

Internacional, Litio

Por qué su enorme reserva de litio divide a Portugal

Jochen Faget 27/01/2026

Portugal cuenta con grandes yacimientos de litio. Sin embargo, el proyecto de una mina en el norte del país causa polémica. La UE y el Gobierno lo apoyan, pero la población local lleva siete años resistiéndose.
https://p.dw.com/p/57Z4z

Paisaje con montañas, campos y bosques cerca de dónde se planea la construcción de la mina a cielo abierto de litio.
Campos, bosques y montañas cerca de Covas do Barroso, donde se planea una gran mina de litio a cielo abierto.
Imagen: Jochen Faget/DW

Litio para 500.000 o incluso un millón de baterías de coches eléctricos al año: según estimaciones, el mayor yacimiento de litio de Europa se encuentra en la región de Trás-os-Montes, en el norte de Portugal.

No obstante, lejos de entusiasmar a los residentes, la extracción de litio enfrenta, desde hace años, una fuerte oposición. Para los trasmontanos, el proyecto de construcción de una gigantesca mina a cielo abierto, de casi 600 hectáreas, es un grave delito ambiental.

«El proyecto no cuenta con el apoyo del distrito, de la población local, de las organizaciones locales ni del municipio», explica Nelson Gomes, de la iniciativa ciudadana fundada hace siete años para oponerse al proyecto minero. «Esta mina no cuenta con la aceptación social necesaria», agrega.

En la pequeña aldea de Covas do Barroso, donde se planea construir la mina, los residentes incluso intentaron impedir las perforaciones exploratorias realizadas por la operadora, Savannah Resources, una sociedad anónima británica. Tras negarles a los trabajadores el acceso a sus propiedades, fue necesario recurrir a un decreto gubernamental para llevar a cabo las perforaciones.

Actualmente, todas las obras están suspendidas porque el decreto ha expirado. La mayoría de los residentes se resisten a las ofertas de compra de Savannah Resources, por lo que se está discutiendo la expropiación. «No permitiremos que destruyan nuestra tierra», dice el agricultor Nelson Gomes. «Seguiremos luchando contra el proyecto de la mina de litio; no nos rendiremos».
Corrupción y falta de transparencia

Sin embargo, la Comisión Europea ha establecido cuotas para la extracción de materias primas críticas como el litio en Europa. Además, ha declarado la mina de litio portuguesa como un «proyecto estratégico».

Previamente, el Gobierno portugués había clasificado la mina como de «interés nacional». Esto implica una simplificación de los trámites de permisos, y los residentes o las comunidades afectadas prácticamente no tienen voz ni voto.

Pero el respectivo Gobierno cayó en 2023, en medio de acusaciones de corrupción que también involucraron la concesión de licencias a la mina de litio. Asimismo, había violado la Convención de Aarhus de las Naciones Unidas, que establece normas para el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.

Hace dos años, la fiscalía portuguesa también declaró que las evaluaciones de impacto ambiental requeridas se habían realizado ilegalmente porque las autoridades habían ocultado información crucial a los involucrados.
Paisaje dañado por perforaciones exploratorias mineras.Paisaje dañado por perforaciones exploratorias mineras.
Para realizar perforaciones de prueba, se alteró el paisaje natural.
Imagen: Jochen Faget/DW

El inicio de la explotación minera previsto inicialmente para 2025 no se materializó. La empresa operadora tuvo que revisar sus planes en repetidas ocasiones y, en particular, mejorar significativamente sus medidas de protección ambiental.

Sin embargo, persisten las dudas sobre la compatibilidad ambiental del proyecto: «Contamos con estudios de expertos de renombre internacional que demuestran que, en caso de accidente, los escombros y las aguas residuales podrían contaminar las vías fluviales en una amplia zona», afirma Nelson Gomes, de la iniciativa ciudadana.
Población ignorada

Lo que más indigna a la población es la actuación del Gobierno y de la operadora de la mina. «Ninguno de ellos me ha contactado todavía para hablar sobre las ventajas y desventajas del proyecto», se queja el presidente de la cámara municipal de Boticas, Guilherme Pires. «Nadie toma en serio las preocupaciones de la población», insiste.

Según Pires, el Gobierno impuso el proyecto de litio en la región sin tener en cuenta las tradiciones agrícolas, que serían destruidas por la mina.

En entrevista con DW, el político local también critica que la empresa operadora, Savannah Resources, esté tratando de manipular a la población con folletos de diseño y eventos promocionales.

Savannah Resources colabora estrechamente con una iniciativa ciudadana recién fundada llamada «Futuro para Barroso». Su presidente, José Moura, afirma que buscan obtener el máximo beneficio posible del proyecto para la región.

«La mina significa progreso y ventajas económicas», cree Moura. En lugar de quejarse, el presidente de la cámara municipal debería cooperar con la empresa operadora, opina.
¿Palabras vacías?

En declaraciones escritas a DW, la empresa operadora, Savannah Resources, subrayó la importancia de la participación de la comunidad local. Pero, a pesar de las reiteradas solicitudes, se negó a conceder una entrevista.

Al ser consultada, también la Comisión Europea aseguró que la aceptación y la participación pública en proyectos mineros estratégicos son importantes y necesarias.

Sin embargo, Guilherme Pires, insiste en que ninguna de estas condiciones se cumple en el caso de la mina de litio.
https://p.dw.com/p/57Z4z
https://www.dw.com/es/gigantesco-yacimiento-de-litio-en-portugal-bendici%C3%B3n-econ%C3%B3mica-o-desastre-ambiental/a-75684825

Bolivia, Litio

Gobierno no descarta romper contratos del litio con China y Rusia

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, indicó que se evalúan los convenios y advierte que se anularán si causan daño al país.
litio
La planta de litio de YLB en Potosí. Foto: YLB
Daniel Zenteno
27/01/2026

El Gobierno dejó abierta la posibilidad de romper los contratos para la explotación del litio firmados con empresas de China y Rusia, luego de admitir que los convenios comprometen la fe del Estado, pero que aún se encuentran bajo evaluación técnica y legal para determinar si generan daño económico para el país.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó en contacto con Erbol que se realiza una revisión detallada de los acuerdos aprobados de manera reservada por la anterior administración. Si bien cuestionó la forma en la que se dispuso de recursos naturales sin transparencia, reconoció que en este caso se comprometió la fe del Estado, un aspecto que obliga al Gobierno a actuar con cautela.

Espinoza señaló que Bolivia arrastra un historial de incumplimiento de compromisos estatales, lo que ha deteriorado la confianza internacional. “No podemos seguir en esa dinámica de deterioro de la confianza que se tiene en Bolivia, no como gobierno sino como país”, afirmó, al explicar por qué el Ejecutivo es prudente al pronunciarse sobre el reconocimiento de los contratos.
Contratos de litio

No obstante, el ministro fue enfático al indicar que la evaluación en curso podría derivar en la ruptura de los convenios. Precisó que, si se identifican cláusulas que comprometan los recursos nacionales o generen perjuicio económico, “evidentemente serán denunciadas y se romperán los contratos o se tomará el mejor camino posible”.

Los contratos de explotación de litio con el consorcio Hong Kong CBC de China y Uranium One Group de Rusia fueron suscritos durante la gestión de Luis Arce, aunque hasta el momento no cuentan con la aprobación de la Asamblea Legislativa, requisito necesario para su ejecución.

Ambos contratos permitirían la llegada de más de $us 2.000 millones para la industrialización del litio y producir carbonato de litio en grado batería, de manera que el país podría aprovechar sus más de 20 millones de toneladas del recurso.

Sin embargo, los convenios generaron rechazo y movilizaciones durante la anterior administración, debido a que, según la oposición, no contemplaban el impacto ambiental y a las comunidades, además de ser presuntamente desfavorables para el Estado y demasiado generosos con las empresas trasnacionales.
https://larazon.bo/economia-y-empresa/2026/01/27/gobierno-no-descarta-romper-contratos-del-litio-con-china-y-rusia/

Perú

Tras ser absueltos, agricultores del Valle del Tambo se movilizan en Lima contra proyecto minero Tía María


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Gloria Alvitres | 26/01/2026
El conflicto social en torno al proyecto minero Tía María se mantiene latente. En Arequipa, las denuncias presentadas contra agricultores que protestaron a fines de 2025 vienen siendo archivadas de manera progresiva. En paralelo, dirigentes del Valle del Tambo se movilizaron hasta Lima para cuestionar la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental, que consideran caduco. Convoca.pe revisó el caso para comprender el estado actual del conflicto.

Alegando “problemas de sistema” se suspendió la audiencia programada para hoy en el Primer Juzgado Constitucional que iba a resolver la Acción de Amparo que solicita declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por Southern Peru Copper Corporation. En paralelo, en Arequipa, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra dirigentes del Valle de Tambo por las protestas realizadas contra el proyecto minero en 2025. En ese contexto, los dirigentes del valle realizan un plantón frente al Poder Judicial, en Lima, y sostienen que no cesarán las movilizaciones mientras continúe el avance del proyecto.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas respaldó en 2025 el reinicio del proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Peru Copper Corporation. La iniciativa avanza hacia su etapa de construcción, con la expectativa de iniciar operaciones comerciales en la segunda mitad de 2027. A este escenario se suman cuestionamientos legales sobre la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental que sustenta el proyecto, así como denuncias de criminalización de la protesta social.

David Velasco (Fedepaz), abogado de la defensa, señaló que los dirigentes fueron acusados sin pruebas individualizadas. “La Policía no tenía a quién acusar por las protestas pacíficas y se abrieron más de 40 investigaciones, prácticamente una por cada día de movilización, contra ‘quienes resulten responsables’. La acusación fue tan amplia que se terminó citando a los dirigentes más conocidos, pero sin fotos ni pruebas que los incriminen”, explicó.
protesta

La Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior denunció una supuesta comisión de delitos por parte de los manifestantes. A partir de estas denuncias, y también de oficio, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió investigaciones contra distintos pobladores del Valle del Tambo, pese a que no existían imputaciones ni sindicaciones directas en su contra. En todos los casos, las investigaciones se dirigieron formalmente contra “los que resulten responsables”, aunque de manera reiterada fueron citados los mismos 20 pobladores, según indicó David Velasco de Fedepaz.

Las investigaciones se iniciaron por presuntos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros, en el contexto de la paralización indefinida que comenzó el 18 de febrero de 2025 en el Valle del Tambo. En total, la Fiscalía abrió más de 40 investigaciones penales contra más de 20 residentes del valle, entre agricultores, transportistas y maestros, que se oponen al proyecto minero Tía María.

“Lo que existe es una criminalización por parte del Estado. A mí se me ha investigado incluso por declaraciones en medios de comunicación o publicaciones en Facebook, sin que existan pruebas o fotografías que demuestren bloqueos de carreteras”, afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo, en declaraciones a Convoca.pe.
planton

En notas anteriores, Convoca.pe dió a conocer la persecución sostenida contra dirigentes y defensores de derechos humanos que se oponen al proyecto minero. Entre 2011 y 2014, durante el periodo más álgido del conflicto por Tía María, ocho personas fallecieron. “La persecución continúa, pero no tienen pruebas”, sostuvo Meza.

El cuestionado estudio de Impacto Ambiental

“Nos encontramos en Lima en una comisión para exigir que se invalide el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Tía María porque es un atentado contra la agricultura y contra el río», afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo a Convoca.

En marzo de 2025, los habitantes del Valle de Tambo presentaron una demanda de amparo contra Southern Peru Copper Corporation, el Ministerio de Energía y Minas, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) solicitando que se declare la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, así como la nulidad de la resolución que autorizó la construcción de la planta de beneficio.
empresa

Respecto a Senace, el gobierno aprobó contra el reloj un decreto destinado a acelerar grandes inversiones mineras cómo reveló Convoca.pe el 2024. El ex ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aceleró la aprobación del Decreto Supremo 009-2024, mientras aún se desarrollaba el debate interno de la norma en las instancias técnicas competentes. Esta decisión se produjo en el marco de un discurso oficial orientado a la “reducción de la tramitología” como mecanismo para agilizar las inversiones mineras.
“El Estudio de Impacto Ambiental ha caducado porque fue presentado el 2013, ya no tiene sentido que lo sigan validando, además, tenía muchas fallas y cuestionamientos”, indicó Miguel Meza.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María vuelve a estar en el centro del debate. En un reportaje anterior, Convoca.pe revisó el expediente completo de aprobación del estudio, 35 tomos, con el apoyo de ingenieros ambientales independientes y contrastó los hallazgos con la consultora Geoservice Ingeniería, contratada por Southern Peru Copper Corporation para su elaboración. La revisión identificó graves inconsistencias en el manejo de las aguas y en el monitoreo de los impactos ambientales, además de revelar una historia poco conocida de interacciones entre el Ministerio de Energía y Minas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la propia consultora.

La audiencia programada para el día de hoy en el Primer Juzgado Constitucional fue suspendida alegando “problemas en el sistema” y se realizará en mayo, según informó Red Muqui a Convoca.

A las afueras del Poder Judicial, dirigentes, agricultores y pobladores del Valle del Tambo realizan un plantón para exigir que se revise el caso adecuadamente. Miguel Meza ha señalado que continuarán con futuras acciones de resistencia a la minera porque la consideran dañina para la agricultura.
https://convoca.pe/agenda-propia/tras-ser-absueltos-agricultores-del-valle-del-tambo-se-movilizan-en-lima-contra

Republica Dominicana

En República Dominicana se busca oro y otros metales en 17 provincias

En el país había permisos para explorar 127.8 millones de hectáreas en manos de 19 personas físicas y jurídicas
Pablo García
Santo Domingo 28/01/2026

En República Dominicana se busca oro y otros metales en 17 provincias
Empleados de la empresa minera Unigold en un yacimiento denominado Los Candelones, donde se encontró oro. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

En la República Dominicana se busca oro en los cuatro puntos cardinales. Hasta el 20 de octubre de 2025, sobre el territorio nacional había 38 permisos de exploración, distribuidos entre 17 provincias, con los cuales se busca dar con yacimientos de ese u otro mineral metálico, como la plata o cobre.

Desde San Cristóbal hasta Dajabón y desde El Seibo hasta Elías Piña, 19 personas físicas y jurídicas contaban con la autorización oficial para exploración metálica, en un área de 127.8 millones de hectáreas, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Minería.

Dos de esas concesiones, ubicadas en la cordillera Septentrional, provocaron que el pasado domingo el presidente de la República, Luis Abinader, instruyera al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, a aclarar el tema y, previamente, aseguró que en el área no existe ningún plan de explotación minera.

Luis Abinader aclara que no hay plan de explotación minera en la cordillera Septentrional

La zona ha estado bajo exploración minera desde marzo de 2024. Allí dos empresas: Proyecto Minero Gold Rain, bajo el nombre «Lluvia de oro», y Vertrixi Holding, procuran encontrar ese metal, cobre o plata, en un área que incluye localidades de Santiago y Puerto Plata, en esta última los municipios de Altamira, Guananico e Imbert.

Para este miércoles está convocada una marcha vehicular en rechazo a la exploración minera en esa cordillera, convocada por representantes de organizaciones comunitarias, ambientales y religiosas del Cibao.

Distribuidos por provincias, Monte Plata es la que posee el mayor número de concesiones para búsqueda de minerales metálicos, entre los que se incluyen también el plomo y el zinc, con 14. En esta demarcación, la empresa Corporación Minera Dominicana cuenta con cinco permisos, ubicados en comunidades de Bayaguana, Yamasá y Peralvillo.

Otras concesiones en esa provincia están en poder de las compañías Taipen Resources DR y Precipitate Dominicana, con dos, mientras que Golden Stone Corporation, Agencia Navarro y Consorcio Tecnológico & Ambiental cuentan con un permiso cada una. Algunas de estas firmas tienen autorización para explorar en localidades del municipio de Sabana Grande de Boyá.

Antonio Jorge Messina y Teresa Costa Leuzzi completan la lista de las empresas y particulares con permisos para buscar minerales metálicos en la citada provincia, según los datos más recientes de Minería.
21 millones de hectáreas

San Juan continua en la lista de las demarcaciones con mayor cantidad de permisos para la búsqueda de minerales metálicos. Hasta octubre, en esa provincia se registraron ocho proyectos de este tipo.

Goldquest Dominicana y la Corporación Minera San Juan son las responsable de la búsqueda del metal dorado y de otros minerales. La primera, con cinco concesiones, y la segunda con las restantes tres, examinan un área de 21 millones de hectáreas. Además, exploran en comunidades de provincias cercanas como Elías Piña y Azua. Goldquest cuenta también con una operación de exploración en La Vega.

En vencimiento

De las concesiones de exploración que se mantenían vigente hasta mediados de octubre, seis de ellas tenían fecha de vencimiento para noviembre y diciembre de 2025, para las cuales no se visualizaba en el documento de Minería la solicitud de una prórroga por parte de sus propietarios.

Los permisos emitidos a algunas de las empresas y particulares citados se expanden a localidades de otras provincias, como Hato Mayor, Monseñor Nouel, Santo Domingo y Sánchez Ramírez, ocupando esta última el tercer lugar entre los territorios con mayor cantidad de proyectos exploratorios.
Otros proyectos

Más al norte del territorio dominicano, específicamente en Santiago Rodríguez y Dajabón, la compañía Bohio Resources DR contaba a octubre con tres concesiones, aunque el período de validez de dos de ellas finalizaba entre noviembre y diciembre de 2025.
Te puede interesar
El oro supera los 5,000 dólares la onza y rompe otro récord

María Cabrera Vitienes, Ismenia Berenisse Rodríguez y José Ramón Rodríguez Mejía completan las personas físicas que tienen permisos de exploración minera en comunidades de Elías Piña, Hato Mayor, San Cristóbal y San José de Ocoa, en una extensión territorial de 8.8 millones de hectáreas.

En tanto, las firmas Amish Blue y Estrial contaban hasta octubre pasado con un permiso cada una para realizar labores de búsqueda de minerales metálicos en El Seibo, Monseñor Nouel y San Cristóbal hasta 2027 y 2028, respectivamente.
https://www.diariolibre.com/economia/negocios/2026/01/27/los-lugares-donde-se-busca-oro-en-la-republica-dominicana/3417846

Republica Dominicana

Organizaciones del Cibao anuncian marcha vehicular contra minería en la Cordillera Septentrional

Los organizadores de la marcha invitan a la población a encender las luces de sus vehículos como símbolo de apoyo a la protesta contra la minería
Nathaly Tavárez 27/01/2026
Comunitarios del Cibao se unen en marcha vehicular contra minería, buscando proteger el medio ambiente.
(DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Representantes de organizaciones comunitarias, ambientales y religiosas de varios distritos municipales del Cibao anunciaron este martes que realizarán una marcha vehicular en rechazo a proyectos de exploración minera en la Cordillera Septentrional.

El anuncio fue hecho por el colectivo Unidos Somos Más, que agrupa a moradores de Río Grande, San Francisco de Jacagua, Pedro García y Yásica Arriba, junto a sacerdotes, juntas de vecinos, asociaciones de ganaderos y la Sociedad Ecológica del Cibao.

De acuerdo con lo expresado por los voceros, la marcha está programada para este miércoles 28 de enero, a partir de las 8:00 de la mañana, saliendo desde la Circunvalación Norte en su intersección con la autopista Duarte, con dirección al centro de Santiago.

Los comunitarios aseguraron que la movilización será pacífica y abierta a la participación de comunidades rurales de Santiago y Puerto Plata.

Durante la lectura del comunicado, los representantes manifestaron su preocupación por el impacto ambiental que, según indicaron, tendría la actividad minera en la Cordillera Septentrional, zona que consideran vital para el abastecimiento de agua y la sostenibilidad de la vida rural.
Recibe en tu bandeja de correos un resumen semanal de las principales noticias de interés para la diáspora dominicana y Estados Unidos.

Perú

Santiago de Chuco: Conflicto social por protesta minera y presencia policial

26/01/2026

El conflicto social Cachicadán se suma a los episodios que marcan la agenda diaria en la sierra de La Libertad, donde las disputas por actividades extractivas mantienen en alerta a la población. En el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, comuneros y autoridades locales expresan preocupación por presuntos impactos ambientales vinculados a operaciones mineras en la zona. La tensión social se incrementó tras una intervención policial durante una jornada de protesta comunal.
¿Por qué se inició el conflicto social en Cachicadán?

Los pobladores del caserío de Tambillo acataron un paro indefinido como medida de protesta frente a la empresa minera Olga Victoria. Los comuneros denunciaron una presunta contaminación ambiental que afectó fuentes de agua utilizadas para consumo y actividades agrícolas. La protesta se sostuvo como una exigencia de garantías ambientales y protección de los recursos hídricos.
¿Qué rol cumplió la Policía Nacional durante la protesta?

Durante la movilización, se observó la presencia de un importante contingente de la Policía Nacional que se desplazó hasta la zona con el objetivo de resguardar el orden público. Sin embargo, comuneros cuestionaron la intervención policial al considerar que favoreció a la empresa minera, lo que intensificó el malestar social.
¿Qué cuestionamientos surgieron desde el ámbito político?

La situación generó reacciones en el ámbito político regional y nacional. Lorena Carranza, integrante de la Comisión Ordinaria de Defensa Nacional, emitió un comunicado donde exigió que las entidades competentes del Estado evalúen los hechos y adopten medidas frente al conflicto.
¿Qué exigen actualmente los comuneros de Cachicadán?

Los pobladores mantuvieron la medida de fuerza por más de diez días y advirtieron que no permitirán la reanudación de las operaciones mineras. Exigieron estándares ambientales claros que garanticen la preservación del agua y la salud de la población local.

Santiago de Chuco: Conflicto social por protesta minera y presencia policial

Perú

Fiscalía archiva siete investigaciones contra pobladores del Valle del Tambo por protestas contra Tía María


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Los procesos penales se abrieron durante la paralización de 2025 y fueron cerrados al no identificarse responsables ni existir pruebas suficientes
Olenka Pizarro
25/01/2026
Tía María – Southern Perú

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra pobladores del Valle del Tambo que participaron en las protestas contra el proyecto minero Tía María, al concluir que no existían pruebas ni responsables identificados. Los procesos se iniciaron durante la paralización indefinida de febrero y marzo de 2025 y formaron parte de una serie de denuncias que organizaciones de derechos humanos han calificado como un intento de criminalización de la protesta social.
Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas
Te puede interesar: Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

Según informó la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió más de 40 investigaciones penales contra al menos 20 pobladores del Valle del Tambo —entre agricultores, transportistas y maestros— en el contexto de una paralización indefinida iniciada el 18 de febrero de 2025.

Las protestas se realizaron mediante marchas, plantones y otras manifestaciones públicas que, de acuerdo con FEDEPAZ, se desarrollaron de manera pacífica. No obstante, la Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior presentó denuncias por supuestos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros ilícitos, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.

Denuncias sin imputaciones directas
De acuerdo con la información proporcionada por FEDEPAZ, las investigaciones se abrieron pese a que no existían sindicaciones directas contra personas determinadas. En la mayoría de los casos, la Fiscalía señaló que los procesos se dirigían “contra los que resulten responsables”.

Sin embargo, siempre eran los mismos pobladores del Valle del Tambo quienes eran citados a rendir declaración, aun cuando las carpetas fiscales no contenían imputaciones individualizadas ni pruebas que los vincularan directamente con los hechos denunciados.

Siete carpetas fiscales finalmente archivadas
FEDEPAZ informó que, mediante la Disposición N.º 03-2025-MP-DFA-FPPC-ISLAY, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay resolvió archivar siete investigaciones correspondientes a las carpetas fiscales 324-2025, 328-2025, 360-2025, 363-2025, 378-2025 y 446-2025, las cuales fueron acumuladas posteriormente en la carpeta 327-2025.

Estas investigaciones estaban vinculadas a nueve presuntos hechos delictivos que, según las denuncias, habrían ocurrido entre el 24 de febrero y el 21 de marzo de 2025, periodo en el que se desarrolló la paralización indefinida en el Valle del Tambo.

La Fiscalía sustentó el archivo al concluir que no fue posible “introducir mediante otros actos de investigación datos sobre los presuntos responsables” y que no existían testigos de los hechos, por lo que correspondía ordenar el cierre de las investigaciones.
Defensa legal denuncia criminalización de la protesta

El abogado defensor de los investigados, David Velazco Rondón, señaló que estas investigaciones vulneraron derechos fundamentales de los pobladores del Valle del Tambo.

“No hay que perder de vista que estas falsas imputaciones y aperturas de investigaciones penales contra los defensores de derechos humanos y del ambiente vulneran sus derechos como ciudadanos, dado que el derecho a organizarse y realizar peticiones de diálogo o incluso llevar adelante protestas públicas pacíficas se encuentra reconocido en tratados internacionales de protección de derechos humanos y en la propia Constitución Política del Perú”, afirmó.

Velazco Rondón agregó que la decisión de archivar las investigaciones confirma que no existían elementos probatorios contra los denunciados.

“La decisión fiscal de archivar todas estas investigaciones, con el argumento de no haber obtenido prueba de la identidad de los presuntos responsables penales, prueba la existencia de una arbitraria decisión gubernamental de criminalizar injustamente a los defensores del ambiente y derechos humanos, incluso sin que exista indicio y menos prueba alguna de responsabilidad penal contra ellos”, sostuvo.

FEDEPAZ recordó que el conflicto en torno al proyecto minero Tía María se origina en la oposición sostenida de la población del Valle del Tambo, principalmente agricultores, frente a la intención de diferentes gobiernos de imponer el desarrollo del proyecto.

Según la organización, estudios técnicos elaborados por expertos independientes han advertido que el proyecto minero podría afectar gravemente la cantidad y calidad del agua en una zona dedicada a la producción agrícola de alta calidad, lo que explica el rechazo mayoritario de la comunidad local.

Finalmente, el abogado Velazco Rondón sostuvo que este tipo de procesos penales forman parte de una estrategia para desalentar la protesta social.

“Hay que denunciar este comportamiento del gobierno peruano, que a través de sus procuradurías públicas y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay solicitan e inician procesos dentro de lo que consideramos una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo, accionar que se debe rechazar y condenar por ser contrario a un Estado garantista y respetuoso de los derechos de todas y todos”, concluyó.
https://www.infobae.com/peru/2026/01/25/fiscalia-archiva-siete-investigaciones-contra-pobladores-del-valle-del-tambo-por-protestas-contra-tia-maria/

Republica Dominicana

Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo advierte que una concesión minera mal gestionada ha generado intranquilidad y protestas comunitarias en la Cordillera Septentrional

El Centinela Digital
22/01/2026
La Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago hace de conocimiento público su profunda preocupación ante la pésima gestión con la que se ha venido manejando una concesión minera en la Cordillera Septentrional, situación que ha generado intranquilidad social, tensiones comunitarias y protestas en diversas localidades comprendidas dentro del ámbito de dicha concesión.

Propietarios y ocupantes de terrenos en las comunidades de Pedro García, San Francisco de Jacagua, El Hoyazo, Ranchito Piché, Palo Alto y Quinigua han denunciado el ingreso de personal vinculado a actividades de exploración minera sin la debida autorización previa de los titulares del suelo, hecho que resulta inaceptable y contrario a las normas que regulan la actividad minera en la República Dominicana.

De acuerdo con los reportes recibidos, estas incursiones se han producido sin consentimiento escrito, sin acuerdos indemnizatorios previos y sin información formal a los propietarios, lo que constituye una situación grave que vulnera derechos fundamentales y contradice las condiciones bajo las cuales fue otorgada la concesión de exploración minera.

Asimismo, la Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago advierte que no ha existido un proceso de información amplia, clara y transparente dirigido a las comunidades afectadas sobre los objetivos, alcances y fases del proyecto de exploración minera amparado en la Resolución R-MEM-CM-013-2024 “COBRE EL HOYAZO II”, emitida por el Ministerio de Energía y Minas. No se han realizado reuniones comunitarias informativas ni se han habilitado espacios de diálogo que permitan a los residentes conocer y comprender el proyecto.

Como consecuencia de esta deficiente gestión institucional y de la escasa o nula respuesta de las autoridades competentes a los reclamos formulados, comunitarios, propietarios de terrenos y sacerdotes de las localidades incluidas en la resolución se han visto en la necesidad de levantarse en protesta, reclamando respeto a sus derechos, a su territorio y a la convivencia comunitaria.

De manera complementaria, líderes comunitarios y representantes de la iglesia han manifestado su preocupación por los posibles impactos ambientales negativos que pudieran derivarse tanto de las actividades de exploración como de una eventual explotación minera futura, particularmente sobre las fuentes de agua, los suelos productivos y el equilibrio ambiental de la zona.

La Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago reitera que el desarrollo no puede imponerse a espaldas de las comunidades ni mediante prácticas irregulares, y exhorta a las autoridades competentes a investigar con seriedad las denuncias presentadas, garantizar el cumplimiento estricto de la ley y restablecer canales efectivos de diálogo que eviten una mayor conflictividad social en la Cordillera Septentrional.

Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo advierte que una concesión minera mal gestionada ha generado intranquilidad y protestas comunitarias en la Cordillera Septentrional