06/06/2025
Vecinos de Penco, junto a sus abogados, apelaron ante la Corte Suprema en contra de la sentencia que acogió un recurso de protección presentado por minera Aclara, acusando censura y vulneración a la libertad de expresión. La empresa, dueña del proyecto de tierras raras que busca instalarse en Penco, los vinculó a publicaciones críticas en redes sociales, pese a no existir pruebas directas de su autoría.
J. Arroyo Olea
A fines de mayo, la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de un recurso de protección interpuesto por el representante legal de REE UNO SpA -filial propiedad de la empresa minera de tierras raras Aclara Resources- contra dos vecinos de Penco, luego que la empresa los apuntara como quienes gestionaran una cuenta de redes sociales vinculada a la organización Keule Resiste y, mediante esta, se publicaran cuestionamientos al proyecto minero como también críticas a rostros visibles de la empresa.

El fallo ha sido duramente cuestionado por diversas organizaciones, como también por las partes acusadas. Esto, luego que la Corte de Concepción ordenara «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

En la práctica, esto limitaría la publicación o replicar contenido que cuestione el proyecto minero, señalando que «si existen elementos de juicio que ponderados bajo este tipo de acción constitucional, que han permitido establecer que los ó recurridos han replicado los mensajes, publicaciones e imágenes que se á encuentran alojadas en la plataforma de la cuenta @Keuleresiste»

Aclara es llevada a la Suprema
Tras conocerse el fallo, los vecinos Arnoldo Cárcamo y Camila Arriagada apelaron a la Corte Suprema para revertir el fallo. En un punto de prensa realizado este miércoles, el hecho se dio a conocer públicamente en compañía de diversas personas, como también por su defensa jurídica.

En este contexto, Arriagada señaló que «esperamos que esta instancia revoque este fallo, y de en favor de nosotros para que no se atente a nuestros derechos de libre expresión y que pueda también corregir las incongruencias del fallo, en donde no tenemos derecho a defendernos y donde también injustamente se nos está censurando y hostigando por solo estar en oposición a este proyecto minero de larga data».

De igual forma, la exconsejera regional del Biobío y vecina de Penco enfatizó en que «esta empresa insiste en buscar recursos y figuras para poder acallarnos y para que no levantemos más las voces críticas del proyecto», caracterizando la decisión de la Corte como un fallo insólito y haciendo un llamado a que «sería prudente que se pronunciaran por los argumentos» tras no comprobarse los argumentos iniciales de la empresa.

Por su parte, en contacto con RESUMEN, Antonia Figueroa Parra, abogada representante de los vecinos, enfatizó en que estos «no tienen ninguna relación con esta cuenta de Instagram, y tampoco han hecho esas publicaciones, las cuales se les sindica como responsables, ante lo cual no se acompañó tampoco ninguna prueba que los vinculara».

En este sentido, la abogada planteó que se realizaron los alegatos y entregaron informes correspondientes para dar cuenta de esta situación, pero finalmente la Corte de Concepción «acoge el recurso de la minera sin esbozar mucha fundamentación», ordenando la eliminación de las publicaciones y, además, obliga a los vecinos involucrados a abstenerse de hacer publicaciones en línea crítica al proyecto.

Asimismo, Cristian Urrutia, también abogado representante de los vecinos, señaló que «de toda la prueba que existe, no hay prueba que pueda responsabilizar directa o indirectamente lo que se imputa a nuestros representados», quienes «son reconocidos dirigentes vecinales de la comuna de Penco, por ende consideramos que ante la falta de argumento y pruebas del recurso hay un abuso del recurso como tal e instrumentalización de las instituciones y el recurso para el objeto de silenciar la participación de dirigentes sociales en este tipo de legítimas causas contra proyectos de este estilo».

En esta línea, el abogado planteó que la oposición al proyecto de los vecinos «siempre se ha enmarcado dentro de lo que la Constitución misma garantiza, sobre la libertad de emitir opinión por cualquier forma y sin censura previa», como también de instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.

Por ende, enfatiza, «vamos a seguir adelante con la tramitación del recurso de apelación, y esperamos que ante la evidente falta de pruebas y el actuar de la minera se deje sin efecto la sentencia».
https://resumen.cl/articulos/ambientalistas-llevan-a-minera-aclara-a-la-corte-suprema-acusando-vulneracion-a-la-libertad-de-expresion

26/05/2025
OLCA
Algo se ha acelerado en Chile, y no son solo los proyectos de inversión. Lo que hoy vemos en una “Crónica para el futuro” es una embestida del empresariado nacional y transnacional que busca no solo avanzar con su agenda extractivista, sino que también eliminar cualquier atisbo de democracia y justicia ambiental en el país. Sin embargo, estas ideas no son nuevas y tampoco es una ofensiva espontánea: está cuidadosamente dirigida por el gran empresariado —con El Mercurio como director de orquesta para sorpresa de nadie, y Ex Ante como el nuevo medio regalón para hacer sus descargos— y respaldada, incluso, desde el Gobierno y por una “oposición” que hace tiempo dejó de disimular su comodidad con los privilegios del modelo: una alianza público-privada en todo su esplendor

Este proceso, que comenzó con un pataleo de los grandes grupos económicos, terminó convertido en proyecto de ley por parte del Ejecutivo a inicios del año pasado. ¿Cuál es el eslogan? Permisología. ¿Qué busca? Darle coherencia a sus proyectos de inversión sin trabas. ¿Cuáles son las trabas? Los derechos ambientales de las personas. ¿Qué significa en la práctica? Expandir sus ganancias a costa de los derechos de las comunidades y la naturaleza, ensalzando los supuestos beneficios, caricaturizando a los que defienden lo que va quedando, es decir, a las comunidades y organizaciones que defienden sus formas de vida y territorios. Y todo esto transcurre a vista y paciencia de los que se abrazaban con la firma de Escazú, con el silencio cómplice de los que piensan que no vienen por sus derechos.

Pero, ¿Qué es la permisología? Dícese de la ficción empresarial que señala que las normas, instituciones y trámites ambientales para la evaluación y aprobación de proyectos de inversión son el mismo demonio, la burocracia en su máxima expresión. ¿Se les olvidó que estamos viviendo una crisis climática? ¿No recuerdan los vínculos del extractivismo con la corrupción? ¿Dónde quedó el discurso del Compliance y la ética empresarial? ¿Tienen todo para ganar y aún así quieren más? El discurso de la permisología es el recurso fácil del empresariado, con el cual pretenden abultar aún más sus anhelados maletines mercantilizando, incluso, la propia crisis climática.

No es tan difícil buscar en internet, pero no está demás hacer memoria de cómo se han ido diseñando las normas e institucionalidad ambiental a nivel mundial y nacional: a costa de contaminación, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades, sequía, criminalización y asesinatos de defensoras/es ambientales, zonas de sacrificio, entre otros. Chile no es la panacea del estándar de protección ambiental, por supuesto que se puede mejorar, pero no a costa de los derechos de la ciudadanía para que terminen en manos del empresariado, sino que mejorando el estándar de participación ambiental, incluyendo realmente la consulta indígena, mejorando el sistema de información ambiental -que no entiende nadie-, sumando más recursos y personal para las instituciones que evalúan, aprueban y fiscalizan los proyectos de inversión, tomando decisiones que realmente consideren y prioricen la riqueza de Chile y su gente y no el bolsillo de algunos.

No es de extrañar, entonces, que hoy las empresas empiecen a señalar a los que suponen están detrás de la malvada permisología, que les impide aprovechar la oportunidad de crecimiento que nos da el cambio climático, ¿se entiende la ironía?

Los derechos reconocidos a la ciudadanía, a las comunidades, a los pueblos indígenas, son las salvaguardas que nos van quedando frente al extractivismo voraz que no mira más allá de su ombligo, de sus rentas. Para las organizaciones territoriales, en un escenario adverso y con pocos recursos, no queda de otra más que seguir insistiendo. Es cosa de pensar en comunidades como la de Huasco y Elqui que llevan años defendiendo sus valles de Barrick; en quienes hoy tienen que defenderse del efecto sombra/parpadeante y ruido infernal de las eólicas; en quienes viven la amenaza que arrastra la ampliación de la explotación por parte de los añorados “minerales críticos”, en quienes están quedando debajo los “inocuos” paneles solares, de Magallanes frente a la ilusa industria del hidrógeno verde; en quienes han sido desplazados y visto sus territorios impactados por el negocio hidroeléctrico; en quienes el falso discurso de la desfosilización de la matriz energética les ha traído, a la puerta de la casa, más conflictos y menos políticas de reparación.

Caricaturizar los sistemas de vida de las comunidades, demonizar el trabajo de algunos, olvidarse de su posición favorable y la terrible asimetría en la que se encuentran organizaciones y defensoras/es ambientales, es muy bajo. Pero no es de extrañar en el contexto político mundial y nacional, que normaliza la violencia y la retórica de la derecha, y de sectores de la centro-izquierda que se suman al discurso desarrollista y de la industrialización a cualquier costo, sacando cálculos en año de elecciones.

La reconfiguración del Estado y la profundización del neoliberalismo no es solo irresponsable, es peligrosa, porque aquí no solo está en juego lo ambiental, está en juego la justicia, la democracia, los derechos humanos, la libertad, la salud, el trabajo, la vida. El nuevo rostro de esta ofensiva es elegante, técnico, ambientalmente neutro y se apellida verde o sustentable, como el de minería sustentable, un oxímoron. Pero en el fondo se trata de lo mismo: hacer negocio, ahora con la crisis climática.

Esta estrategia no es distinta, pero está más articulada y es más riesgosa. Es una disputa estructural por el tipo de democracia y de economía que veremos en los próximos años. Hoy es lo ambiental, la permisología, el rol de las ONGs o defensoras/es ambientales, mañana será otra cosa. Hay que alistarse, poner las energías en las comunidades y no retroceder en materia de derechos y democracia, porque vienen por todo, y aquí les despejan el camino.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales