Perú

LOS CONFLICTOS COMO INDICADORES

EDITORIAL 28/11/2023
Poco a poco, pero de manera sostenida, los conflictos sociales activos están aumentando en los últimos meses. Lo dicen los informes de la Defensoría del Pueblo y lo dice la realidad misma.

Gremios de maestros, profesionales de la salud, docentes universitarios, entre otros, han estado en las calles las últimas semanas visibilizando sus demandas que no son atendidas. Además de la movilización de gremios sindicales, los conflictos ambientales también se han reactivado. Es el caso de la provincia de Huanta que paralizó por varios días, reclamando por la actividad minera que se ha instalado en la zona productora de agua; también en Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac); en la zona del corredor del sur andino, nuevamente se anuncian paralizaciones y demandan a la empresa Las Bambas y al Estado peruano que implementen los acuerdos de procesos de diálogo previos y, en Cajamarca, en la provincia de Cajabamba, en contra de la minera Shauindo. También podemos mencionar los conflictos en varias zonas de la Amazonía, como en la Cordillera del Cóndor o en el Alto y Bajo Putumayo, los casos vinculados a la minería informal, entre varios otros.

La pregunta es si este gobierno tiene la capacidad de responder a la creciente conflictividad social. Todo indica que no, que no tiene ni la capacidad y tampoco la legitimidad para hacerlo. Un gobierno con apenas 8% de aprobación (según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos), difícilmente podrá hacer frente a las demandas diversas de la población.

Los conflictos deben entenderse como alertas que llegan desde sectores de la sociedad y desde los territorios, que no solamente demandan atención puntual, sino, sobre todo, transformaciones sustantivas. Entrando al último mes del año, en medio de una crisis social y económica que se sigue agudizando y con el anuncio de un Fenómeno de El Niño que tendrá un impacto importante en varias regiones del país, todo indica que se vienen tiempos complicados que confirmarán la creciente conflictividad social en número e intensidad.
Cooperaccion

Litio, Mexico

China debe entender que ya se nacionalizó el litio, dice AMLO

27/11/2023
«Pueden venir las empresas extranjeras a instalarse a México y llegar a un acuerdo con la nueva empresa de litio para contar con este mineral, pero que aquí se generen los empleos y los beneficios», declaró.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).-

Tras el encuentro que tuvo con el mandatario de China, Xi Jinping, en el marco del Foro APEC en San Francisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no trataron el tema del litio, ante la nacionalización del mineral en México y las concesiones de empresas chinas.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador detalló que “realmente es una mina nada más y se ha ido avanzando para llegar a un acuerdo”.

“Y se ha ido avanzando para llegar a un acuerdo, no hay problema y ya se nacionalizó el litio y ellos deben de entender y los están asimilando de esa manera que se trata de un recurso estratégico, de un mineral que necesitamos para el desarrollo futuro de nuestro país y que vamos a cuidarlo para que no sea en beneficio de empresas extranjeras.

“Que pueden venir las empresas extranjeras a instalarse a México y llegar a un acuerdo con la nueva empresa de litio para contar con este mineral, pero que aquí se generen los empleos y los beneficios”, declaró.

Tras calificar como “buena” la plática que sostuvo con Xi Jinping, López Obrador recordó que en los próximos la canciller Alicia Bárcena viajará a China, y posiblemente a Corea del Sur, “porque necesitamos comprar los paquetes de electrodomésticos, los enseres que se requieren para apoyar a los damnificados de Acapulco y no hay suficientes en el mercado internacional”.

Puntualizó que hay cerca de 40 mil paquetes para entregar hasta enero, “pero necesitamos 250 mil para todas las viviendas”.

China debe entender que ya se nacionalizó el litio, dice AMLO

Panamá

Inconstitucional: Supremo de Panamá tumba el contrato con minera canadiense, foco de las protestas

28/11/2023
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este 28 de noviembre «inconstitucional» el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, una decisión que se espera ponga fin a una crisis nacional y abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
Gabrielle Colchen
Es un día histórico para Panamá, primero porque el país conmemora sus 202 años de independencia de España, pero también porque este mismo día la Corte Suprema falló en contra del contrato de explotación de la mina Cobre Panamá con la empresa canadiense First Quantum Minerals.

Después de un mes de manifestaciones en contra de la renovación del contrato entre el Gobierno y la empresa canadiense, se esperan marchas multitudinarias este martes para celebrar la decisión.

Este 28 de noviembre, la Corte Suprema de Panamá, constituida por nueve magistrados y encabezada por la presidenta María Eugenia López Arias, declaró inconstitucional la Ley 406, que contiene el polémico contrato y que fue aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo.

«Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país», declaró la presidenta.

La Ley 406 regula la explotación de esta mina, la mayor de cobre a cielo abierto de Centroamérica, que representa una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares. Con este fallo, el contrato deja de existir.

«Panamá ganó», «Panamá es verde»
Después de ser anunciada la inconstitucionalidad del contrato minero, miles de ciudadanos salieron a las calles en Ciudad de Panamá para celebrar la decisión judicial, después de semanas de descontento social y movilizaciones masivas en contra de la explotación de la mina de cobre en el país.

Cortizo promete un «un cierre ordenado y seguro» de la mina
Tras conocer el fallo de la Suprema Corte, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, ofreció un conciliador discurso televisado a la ciudadanía del país, en el que afirmó que, tan pronto como la decisión de la corte sea publicada en la gaceta oficial, el Gobierno acatará su decisión y procederá con los preparativos para «un cierre ordenado y seguro» de la mina.

«Con el fallo de hoy, queda demostrado que la administración de justicia es la columna vertebral de la democracia, siempre que esa administración de justicia sea independiente, imparcial y que no dependa de ningún presidente», expresó Cortizo.

Tras conocer la decisión, First Quantum dijo que estaba comprometida a cumplir con las normas que rigen sus actividades en Panamá, sin dar más detalles.

«Queremos afirmar nuestro compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo en todos los aspectos de nuestras operaciones en el país. Haremos más comentarios a medida que se hagan públicos detalles adicionales sobre la sentencia», dijo la empresa en un comunicado.

Por otro lado, Minera Panamá ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

Un contrato rodeado de polémica
El contrato ley, aprobado el 20 de octubre, daba permiso a Minera Panamá (filial de First Quantum Minerals) para seguir explotando la mina durante 20 años, con posibilidad de extender el contrato 20 años adicionales, a cambio de 375 millones de dólares de ingresos anuales para Panamá.

El Gobierno defendía que este contrato ofrecía mejores condiciones y beneficios para el país que el anterior.

Pero el contrato, aunque representaría cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) del país, ha dado lugar a una serie de controversias. Primero, porque fue adoptado de manera acelerada a pesar de las numerosas críticas por parte de la sociedad civil. También se ha denunciado corrupción y falta de transparencia dentro de las negociaciones.

Por otra parte, porque la explotación fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano y está causando daños irreparables al ecosistema, según varias organizaciones ambientalistas. Al norte de la mina está el área protegida del distrito de Donoso, donde viven tanto poblaciones vulnerables como flora y fauna endémicas.

«Cobre Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, ha estado operando en un limbo legal, sin pagar impuestos al Estado panameño en la provincia de Colón. La empresa explota el depósito de cobre y oro ubicado en Donoso, una región que alberga una gran biodiversidad y es parte del Corredor Biológico Mesoamericano”, denunció la organización Panamá Wildlife Conservation.

¿El fin del estallido social?
El polémico contrato generó las mayores protestas en décadas en el país, en las cuales murieron al menos cuatro personas. La respuesta policial fue denunciada de excesiva por la Defensoría del Pueblo.

Los jóvenes y sindicatos lideraron este movimiento y un paro dejó sin clases a cerca de 800.000 estudiantes en el último mes. El rechazo al contrato también dio lugar a masivos bloqueos de vías.

Se espera que el fallo de la Corte Suprema ponga fin a esta crisis social. De hecho, este martes algunas de las vías bloqueadas empezaron a reabrir.

«La Democracia ha funcionado, se demuestra la independencia total del órgano judicial según establece nuestra Constitución Política y se reafirma en este fallo histórico y unánime (…) Ahora como panameños y panameñas nos queda abrir las vías, regresar a clases, al trabajo y a las comunidades. Recuperar la economía», afirmó el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc.

Ahora el futuro de la mina es incierto. Panamá podría cerrarla indefinidamente, nacionalizarla, o buscar otro contrato con nuevas reglas.
Con Reuters y EFE
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20231128-inconstitucional-supremo-de-panam%C3%A1-tumba-el-contrato-con-minera-canadiense-foco-de-las-protestas

Perú

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN AYACUCHO?

27/11/2023
José De Echave y Alejandro Mirones

Antecedentes

Ayacucho es una región donde la minería es predominantemente de mediana y pequeña escala. Además, la minería informal también está instalada en varias de sus provincias. Esta característica de la minería en Ayacucho se expresa en una participación poco relevante en la producción de algunos minerales: 8% de la producción nacional de oro, 6.5% de plata, 3.9% de zinc, 2.2% de plomo y apenas el 0.02% de cobre.

En lo que va del año en esta región se han invertido US$ 67´194,154, lo que representa una caída de 12.8% en relación al mismo periodo del año pasado. Ayacucho cuenta con un solo proyecto minero importante que figura en la cartera del Ministerio de Energía y Minas: el proyecto Reposición Inmaculada, de la empresa Ares, que está en etapa de factibilidad y representa una inversión de US$1,319 millones.

Las concesiones mineras ocupan 1´214,429.37 hectáreas, lo que representa el 27.91% del territorio departamental. Como se puede apreciar, en los últimos meses ha habido un ligero incremento de las concesiones. Las provincias más concesionadas son las de Paucar del Sara Sara, Lucanas, Sucre, Huanca Sancos y Parinacochas. Si bien Huanta no es una de las provincias más concesionadas, al parecer -como veremos más adelante- las concesiones mineras otorgadas en esta provincia están amenazando fuentes de agua de la que dependen varias poblaciones de la zona.


Desde hace un tiempo Ayacucho ha venido apareciendo en el mapa de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. En diferentes momentos, pobladores de varias provincias han expresado su preocupación por la afectación de la minería a las zonas productoras de agua. Incluso, algunos de los conflictos son de larga data y, como ocurre en el país, no han sido adecuadamente atendidos o los acuerdos de las mesas de trabajo no se cumplen.

Es importante tomar en cuenta algunos antecedentes de conflictos en la región. Uno de los casos más relevantes de los últimos años ocurrió en el mes de octubre del año 2021, cuando se declaró un paro en varias provincias del sur de Ayacucho (Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara). El paro fue en contra de las unidades mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa. Incluso uno de los campamentos fue incendiado por un grupo de manifestantes. A la base del conflicto estaba la preocupación de la población por los impactos de la minería, sobre todo en las cabeceras de cuenca. En diferentes momentos el Frente de Defensa de Paucar del Sara Sara había solicitado que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) declare a las cabeceras de las cuencas Yauca, Acarí y Ocoña y a las cuencas Chala, Chaparra, Atico y Caravelí ─próximas a la explotación minera─ como zonas intangibles. En el mes de noviembre (2021) se firmó la denominada acta de Coracora, donde se fijaron varios compromisos que, lamentablemente, hasta la fecha no se han cumplido a cabalidad. Más adelante, volveremos a tocar este caso.
El reciente conflicto en Huanta

Una situación que tiene aspectos en común con los casos precedentes es lo que viene ocurriendo en las últimas semanas en los distritos de Chaca y Huanta, en la provincia de Huanta. El Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia acordó medidas de protesta en rechazo a las actividades mineras formales e informales que se desarrollan en las zonas cercanas a la cuenca hidrográfica Razuhuillca. La población demanda que las cabeceras de cuenca sean protegidas.

Las primeras medidas de protesta se dieron entre el 5 y 12 de septiembre de este año. Luego, el 19 de septiembre se instaló una mesa técnica que contó con la participación del Gobierno Regional (GORE-Ayacucho), la Dirección Regional Ambiental (DRA) y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Huanta, municipalidades distritales de Chaca, Luricocha e Iguain, la Autoridad Local del Agua (ALA), la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, entre otros. Luego de la exposición de los representantes de las organizaciones sociales y las instituciones participantes, el GORE anunció la conformación de una mesa técnica para tratar el tema relacionado con las actividades mineras y la protección de las cabeceras de cuenca de Razuhuillca.

Posteriormente, el 22 de septiembre se acordó que la siguiente reunión de la mesa técnica se realizaría el 5 de octubre e iba a estar a cargo de la DREM Ayacucho y se invitaría a las autoridades competentes. Sin embargo, sin mayor explicación la reunión fue reprogramada para el 13 de octubre, lo que provocó la inmediata protesta de las comunidades.

El 7 de octubre, en una reunión en la Municipalidad Provincial de Huanta, que contó con la participación del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, el GORE Ayacucho, municipalidades provinciales y distritales, entre otros, anunciaron que la instalación de la mesa técnica quedaba suspendida. Además, se exigió la suspensión y nulidad de las autorizaciones mineras de la provincia de Huanta.

Diez días después, el 17 de octubre, las organizaciones sociales del distrito de Chaca, mediante un memorial dirigido al GORE Ayacucho, solicitaron “la reapertura de la mesa técnica o la instalación de otra mesa técnica de alto nivel en la presidencia regional y por acuerdo de Consejo Regional, como espacio de diálogo y entendimiento entre la politizada posición antiminera de la ciudad de Huanta y derecho de comunidades campesinas del distrito de Chaca”. Este memorial da pie para señalar que, al parecer, las comunidades campesinas de Uchuraccay y Chaca, de la provincia de Huanta, estarían de acuerdo con la actividad minera en la zona.

El 23 de octubre se realizó una reunión en la Municipalidad Provincial de Huanta con el Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, a la que no asistieron los funcionarios del GORE Ayacucho. Luego de esa reunión se convocó a un paro y movilizaciones los días 13, 14 y 15 de noviembre. La demanda que se declare como zona intangible las cabeceras de cuenca de la Cordillera de Razuhuillca fue ratificada. Además, se exige la cancelación y nulidad de las concesiones mineras en la provincia de Huanta, entre otros puntos.

Las movilizaciones contaron con el respaldo de las comunidades, sindicatos y organizaciones civiles que están en contra de las exploraciones y la extracción de minerales en las cuencas de las lagunas de Razuhillca, principal recurso hídrico de la ciudad que es utilizado para regar los cultivos y para el abastecimiento de todo el sistema de agua potable. Según diversos medios de comunicación, la población teme que las actividades de las empresas Newmont Peru S.R.L y Puma Ñahui Exploraciones Per S.A.C. impacten en las fuentes de agua.

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, se ha pronunciado en contra de las medidas de protesta adoptadas y aseguró que ya se encuentra realizando las gestiones correspondientes para anular las concesiones mineras y así garantizar la conservación del medio ambiente. Sin embargo, Reyder Suárez, miembro del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, afirma que el gobernador ha mentido a los diferentes comités de lucha y habría aprobado las licencias mineras. Por este motivo Reyder Suárez señala que las protestas también son en contra del gobernador.

Cabe precisar que es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, quien otorga las concesiones mineras a nivel nacional. Por lo tanto, en este tema los gobiernos regionales no tienen competencias. ¿En qué sí tienen competencia los gobiernos regionales? Cuando se trata de actividades mineras de pequeña escala o de nivel artesanal, todos los permisos y certificaciones (no las concesiones) son otorgados por los gobiernos regionales.
Las lecciones del conflicto de Huanta

El caso de Huanta y la necesaria protección de la cuenca del Razuhillca, pone nuevamente en agenda la importancia de contar con un marco legal e institucional que permita una protección efectiva de las zonas productoras de agua. Este tema es cada vez más sensible en departamentos como Ayacucho que, en las últimas décadas, ha venido perdiendo aceleradamente cobertura glaciar.

Uno de los instrumentos que podría ayudar a prevenir situaciones como la de Huanta es el postergado ordenamiento territorial: una política de ordenamiento territorial permitiría identificar, luego de un análisis técnico y social, cuáles son las potencialidades y vulnerabilidades de un territorio como el mencionado. El ordenamiento territorial habría podido determinar que se trata de un ecosistema vital para esta provincia de Ayacucho, por lo que se tendrían que excluir actividades que puedan ponerlo en riesgo.

Sin embargo, la política de ordenamiento territorial (OT) ha sido constantemente postergada. Ante la inexistencia de una Ley de Ordenamiento Territorial, un instrumento que podría cumplir una importante función es la Ley de Recursos Hídricos (LRH). Esta Ley establece la facultad que tiene el Estado de proteger las llamadas “cabeceras de cuenca” (o, con mayor propiedad, los ecosistemas generadores de agua). Sin embargo, la aplicación de esta norma también es una historia tortuosa de avances, retrocesos y estancamientos.

Aprobada originalmente el año 2009, la LRH señala en su artículo 75 que: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”. Sin embargo, pese a esta disposición, ninguna zona productora de agua ha sido declarada intangible en los años siguientes a la promulgación de la norma.

Pese a la aprobación de la Ley y del marco metodológico del 2021 y aunque ya existen los instrumentos legales, aún no se avanza. En noviembre de 2021, durante el conflicto en varias provincias de Ayacucho, por el rechazo de la población a actividades mineras, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, logró un acuerdo con las organizaciones sociales locales para proteger las cabeceras de cuenca. El acuerdo señalaba que Ayacucho se convertiría en “la primera región donde se aplicará un marco metodológico para identificar, caracterizar y zonificar cabeceras de cuenca”, según la nota de prensa difundida en ese momento por el Gobierno (MINAM, 2021). “La Autoridad Nacional del Agua priorizará la implementación del Marco Metodológico para la Identificación, Caracterización y Zonificación de las Cabeceras de Cuenca, en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara. Los resultados de este proceso estarán en el primer trimestre del 2022, convirtiéndose en la primera región del país en la que se aplicará el mencionado Marco Metodológico”, se señaló. Sin embargo, el acuerdo fue tachado por gran parte de la prensa y por los sectores empresariales.

Lo que estamos viendo en Huanta es un nuevo caso que pone en evidencia que el país necesita avanzar en la construcción de un marco legal e institucional que permita proteger las zonas productoras de agua. Esto es aun más necesario en un contexto de emergencia hídrica como el que se vive.

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Bolivia

REUNIÓN AMPLIADA EN DEFENSA DEL AGUA Y CONTRA LA CONTAMINACIÓN MINERA

23/11/2023
En amplia reunión de las diversas organizaciones e instituciones de Challapata entre ellos el gobierno autónomo municipal de Challapata, los Concejales de Challapata, la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego N2 Tacagua, las autoridades Originarias de los 7 ayllus de la marka Challapata, el Suyu Jakisa, la comunidad de Malliri, la red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, el Colectivo CASA, Comité cívico, transportistas, entre otros, se determinó emitir la siguiente convocatoria:

CONVOCATORIA A MOVILIZACIÓN CON BLOQUEO DE CAMINOS

ANTECEDENTES
Challapata es la capital agrícola, ganadera e industrial lechera del occidente boliviano, reconocida mediante leyes nacionales, departamentales y municipales, con 63 años de producción sin contaminación y en resistencia a proyectos de exploración y explotación minera en defensa del agua, la producción y la vida. A mediados de esta gestión, debido a denuncias de la comunidad de Malliri se ha constatado que la Empresa Minera Piedrassulf SRL, se encuentra explotando minerales metálicos, sin contar con licencia ambiental, trabajando de forma ilegal, a cielo abierto, sin autorización de la comunidad, contaminando las vertientes de agua, los suelos y poniendo en riesgo de contaminación a los canales de riego, la producción y toda la actividad económica de Challapata.

El Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, el Concejo Municipal, la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riegos N°2 Tacagua, las autoridades originarias de los 7 ayllus de la Marka Challapata, el suyu JAKISA, la RENAMAT y las instituciones representativas de Challapata, en cumplimiento de las normativas minero ambientales se ha obtenido una Resolución Administrativa emitida por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, que determina la suspensión de la operación minera, la misma que ha sido desacatada por la empresa con total incumplimiento y que peor aún ha masificado e intensificado el trabajo de explotación.

MOVILIZACIÓN – BLOQUEO
Siendo que desde el mes de julio nos encontramos en estado de emergencia y alerta, ante la permanente contaminación que está generando la empresa minera Piedrassulf, el incumplimiento de la resolución de la gobernación de Oruro, además de acciones de intimidación de parte de la empresa contra las comunidades y los representantes del municipio, es por lo que se convoca al bloqueo indefinido a realizarse desde las cero horas del día lunes 20 de noviembre de 2023, en el Distrito de Challapata y sus comunidades, hasta tener respuestas que den solución real a nuestras demandas.
DEMANDAS

1. Demandamos a las autoridades de la gobernación y a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente hacer cumplir la Resolución de suspensión con medidas efectivas hasta el cierre

2. Exigimos la anulación (resolución) del Contrato Minero a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el cierre definitivo de la operación minera de la empresa Piedrassulf que trabaja de forma ilegal en la comunidad de Malliri

3. Exigimos la presencia del Ministro de Medio Ambiente y Ministro de Minería para dar una solución definitiva al conflicto minero.

4. Pedimos a la Asamblea Legislativa Departamental una la Ley de protección a la Represa de Tacagua.

5. Demandamos el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, para dar garantías y activar mecanismos de protección a favor de los defensores del agua y de la tierra madre tierra.

Challapata, 16 de noviembre de 2023

Publicadas por OIEDC

Bolivia

REGANTES E INSTITUCIONES EN CHALLAPATA LOGRAN ACUERDOS CON AUTORIDADES NACIONALES FRENTE A LA MINERÍA ILEGAL Y EN PROTECCIÓN A FUENTES DE AGUA


Conflicto Relacionado: Challapata-Achachucani

27/11/2023
Colectivo CASA.- Tras un contundente bloqueo protagonizado por regantes y diversas organizaciones e instituciones vivas de Challapata en la carretera Oruro – Potosí el dia lunes 20 de noviembre, autoridades nacionales llegaron al lugar de bloqueo con presencia del Viceministro de Medio Ambiente, Viceministro de Minería, Director Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, Director Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Minería, Secretario de Medio Ambiente de la Gobernación y la Directora de la AJAM Oruro, luego de una amplia reunión junto al comité interinstitucional de bloqueo, acordaron acciones de cumplimiento frente a la minería ilegal y en resguardo de las fuentes de Agua, ingresando en un cuarto intermedio en las movilizaciones.

Luego de analizar la situación de empresa minera Piedrassulf, las pruebas contundentes de vulneración a la normativa ambiental, el incumplimiento a resoluciones ambientales y tras trabajar de forma Ilegal sin licencia ambiental, además de poner en riesgo la vocación productiva de Challapata y al afectar las fuentes de agua, se determinó que el Estado hará cumplir la resolución 067/2023 que ordena la suspensión de actividades de dicha empresa, además se continuaran con acciones legales hasta la revocatoria del contrato administrativo minero otorgado por la AJAM.
El comité interinstitucional de Challapata compuesto por la Asociación de Usuarios del Sistema de riego No 2 Tacagua, la comunidad de Malliri, las autoridades originarias de los Siete Ayllus de la Marka Challapata, Concejales, el gobierno municipal de Challapata, el suyu Jakisa, la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, el Colectivo CASA, transporte, comité cívico entre otros decidieron ingresar en cuarto intermedio en la movilizaciones con posibilidad a ser retomadas en caso de incumplimiento.

Es de conocimiento público que Challapata es la capital agrícola ganadera e industrial lechera del Occidente Boliviano, reconocida mediante leyes nacionales, departamentales y municipales, además que el 70% de toda la leche de Oruro proviene de Challapata y que el motor de desarrollo productivo es la represa de Tacagua por lo tanto es necesario cuidar y proteger las fuentes de Agua y evitar su contaminación, el comité interinstitucional de bloqueo ratificó con las movilizaciones que las normas ambientales deben cumplirse Informa y Acompaña Colectivo CASA

Challapata, 21 de noviembre de 2023.

Publicadas por OIEDC

Perú

NUEVA EVIDENCIA CONFIRMA LA CONTAMINACIÓN EN ESPINAR POR OPERACIONES DE GLENCORE- ANTAPACCAY


Conflicto Relacionado: Antapaccay-expansión

Tras más de 10 años de conocerse la existencia de contaminación en la provincia cusqueña de Espinar, OEFA encuentra su causa en las operaciones mineras de Antapaccay, operada por Glencore.

A pesar de la persistente negación de responsabilidad por parte de Glencore, los informes oficiales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), producidos entre 2022 y 2023, ofrecen nueva evidencia que vincula las operaciones mineras de la transnacional con la contaminación en Espinar (Cusco), advierte un informe de CooperAcción y Oxfam.

Desde hace más de una década, los pobladores de las zonas circundantes a Antapaccay han enfrentado los estragos de la contaminación, según el informe titulado «Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos».

Este documento, elaborado por CooperAcción y Oxfam evidencia los riesgos significativos para la salud de las personas de 13 comunidades adyacentes, quienes se encuentran expuestas a niveles alarmantes de metales pesados, incluido el mercurio.

Estudios OEFA

Los estudios de la OEFA analizaron el aire, agua, la flora y fauna e incluso a los animales domésticos en las 38 localidades de la provincia de Espinar, incluyendo los efluentes de la zona de beneficio.

Dos informes de la OEFA (Informe n.º 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC (OEFA, 2022) y el n.º 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC) sobre la calidad del aire confirman que las emisiones de material particulado PM10, provenientes de las actividades de la mina, han superado repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos. Las zonas afectadas son la comunidad originaria de Alto Huarca, así como parte de la comunidad de Alto Aira Ccollana y la zona de Propietarios privados Huinipampa en la zona Katahuitaña.

Estos informes respaldan la conclusión de una clara conexión entre las operaciones de Antapaccay y la contaminación del aire en las localidades circundantes.

Por último, se destaca la grave afectación a la flora y fauna. Alerta de concentraciones alarmantes de metales pesados en pasto andino y tejido vegetal, junto con la presencia de estos elementos en la flora y fauna de áreas cercanas a las operaciones mineras, indican un impacto significativo en la cadena alimentaria.

Mientras que en los animales domésticos muestran claros signos de afectación, con incrementos en la salinidad del suelo y concentraciones que superan los límites tolerables en su alimentación, revela el estudio de la OEFA.

Se repite la historia

La unidad minera de Antapaccay, originalmente ubicada en Tintaya, expandió sus operaciones hacia la zona de Antapaccay en 2012. Ahora, un nuevo proceso de expansión está en marcha, esta vez hacia la región denominada Coroccohuayco. Con esta ampliación el proyecto abarcaría más de 200 km2, que plantea serias inquietudes sobre el respeto a los derechos de las comunidades indígenas quechua y k’ana.

A pesar de la magnitud de este proyecto, las negociaciones para la adquisición de tierras parecen estar incumpliendo los principios de debida diligencia y transparencia, alerta el informe de CooperAcción y Oxfam.

El informe identificó que la empresa viene proporcionando información contradictoria, dificultando la capacidad de las comunidades para negociar de manera informada. La empresa no ha abordado de manera adecuada el posible reasentamiento de al menos una comunidad, Pacopata, debido a la expansión.

El informe titulado «Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos», será presentado al público el martes 21 de noviembre, a las 11:00 a.m., en el hotel José Antonio – Sala Larco (9no. Piso), Av. 28 de Julio 398 Miraflores.

Para más información:

https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2023/11/Resumen-espanol-Glencore-Antapaccay-WEB.pdf

Perú

COOPERACCIÓN PRESENTA LIBRO SOBRE PROYECTO MINERO QUE AMENAZA EL AGUA EN LIMA

23 de noviembre de 2023
Este miércoles 29 de noviembre, se presentará el libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”, editado por CooperAcción, a través del cual se presenta en detalle cómo se aprobó el controvertido proyecto minero que pone en riesgo el sistema de lagunas y toda la infraestructura que abastecen de agua a la capital del país.

El proyecto Ariana es una explotación subterránea de yacimientos de cobre y zinc, localizado en el distrito de Marcapomacocha, en Yauli, Junín, cuya concesión se superpone a una zona estratégica que forma parte del sistema Marcapomacocha, donde existen lagunas, represas y se trasvasan aguas de la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac. La ciudad de Lima depende de todo este sistema hídrico y la ejecución de este proyecto representa un serio riesgo para el abastecimiento de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

El libro es el resultado de una ardua investigación realizada por sus autores, José De Echave, Marisa Glave, Ana Leyva y Paul Maquet, quienes además de la sistematización del caso de la mina Ariana y los riesgos que implica, abordan los retos pendientes para lograr el abastecimiento total de agua en esta zona del país, las amenazas a la cuenca del Rímac y las lecciones que deja el caso para una eficiente gestión socioambiental del recurso hídrico.

La publicación será presentada por el investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, José De Echave; y por la socióloga, excongresista e investigadora del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo- Desco, Marisa Glave. Los comentarios estarán a cargo de la congresista de la República, Ruth Luque; la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal – SUTESAL, Luisa Eyzaguirre; y el exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke.

En el 2023, Lima ha presentado el volumen de almacenamiento de agua más bajo de los últimos cinco años, con una acumulación de 190,17 millones de metros cúbicos (el promedio es de 220 millones de metros cúbicos), y se pronostica que el déficit hídrico en la región del Pacífico se incrementará a mediano y largo plazo. En este escenario, resulta más que relevante una rigurosa protección de las fuentes de agua en nuestro país.

Presentación del libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao”

Fecha: miércoles, 29 de noviembre

Hora: 6:30 pm.

Lugar: Librería «El Virrey». Av. Bolognesi 510, Miraflores.

Inscripciones: bit.ly/3uuUj5e o al correo [email protected]

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Ecuador, Panamá

Conaie apoya protestas en Panamá y exige anular el contrato minero

Las protestas se dan después de que Panamá ratificara el contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
EFE / Redacción Primicias 24/ Nov 2023
Personas protestan en Panamá, el 24 de noviembre de 2023. – Foto: EFE
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización índigena del país, manifestó su apoyo a las protestas que se registran en Panamá, desde hace un mes. Las manifestaciones son contrarias al contrato firmado con una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM). La Conaie también exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña que lo declare inconstitucional. «Sabemos lo que significa defender la vida y la naturaleza frente al modelo extractivista y depredador», señaló la Conaie en un comunicado publicado a través de sus canales oficiales. Y exhortó a la Corte Suprema panameña «a tomar decisiones justas y legales, considerando la invalidez del nuevo contrato con Minera Panamá, en defensa de los derechos de las comunidades locales y la preservación ambiental». La Conaie también expresó su «profunda admiración y respaldo» a los manifestantes que están protagonizando las mayores protestas en décadas en el país centroamericano para librar «una lucha en defensa de su país, especialmente en lo que respecta al corredor biológico». «La protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad son responsabilidades globales y resaltamos la relevancia de la región afectada para el equilibrio climático y biológico del planeta», concluyó la organización que agrupa a 14 nacionalidades indígenas que habitan el territorio ecuatoriano. Debate de inconstitucionalidad La Corte Suprema de Justicia de Panamá inició, el 24 de noviembre de 2023, una sesión permanente para debatir y analizar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá. La expectativa en Panamá es máxima ante una posible declaración de inconstitucionalidad que ponga fin a más de un mes de protestas. Durante las manifestaciones ha habido continuos bloqueos en las principales carreteras, lo que ha desencadenado una crisis de abastecimiento, dejando semiparalizado el país. El contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica fue ratificado el 20 de octubre por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, tras ser aprobado de manera exprés en los obligados tres debates parlamentarios.

Conaie apoya protestas en Panamá y exige anular el contrato minero

Chile, Litio

Diputados presentan proyecto para hacer concesible el litio y desafían a Boric

Vicente Browne R.
Foto: Agencia Uno
El objetivo de la iniciativa es hacer concesible el mineral y así aprovechar el boom que está teniendo a nivel mundial el llamado “oro blanco”. Hace meses que los expertos vienen insistiendo en esta idea. Agregan que esta es una de las claves para que Chile avance en la explotación del litio y no siga perdiendo terreno respecto a los otros países. El proyecto de parlamentarios se contrapone a la Estrategia Nacional del Litio presentada por el Presidente Boric.
Qué observar. Este jueves, parlamentarios de Republicanos, Chile Vamos, Amarillos, PDG, Demócratas y Partido Liberal, firmaron un proyecto de ley que elimina la calidad del litio como mineral no concesible “y de importancia para la seguridad nacional en toda la legislación nacional y lo somete a la legislación del resto de los minerales”.

En julio, diputados republicanos habían presentado una iniciativa similar, la cual no logró avanzar.
En agosto, el Presidente Gabriel Boric le cerró la puerta a esta idea. “He leído como parte del sano debate democrático la postura de algunos sectores políticos, de la derecha principalmente, en atención a eliminar el carácter no concesible del litio y quiero decirles que, mientras yo sea Presidente, el litio será de todos los chilenos”, dijo.
La postura del mandatario se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio presentada por el gobierno, que significa un control estatal de los salares y la creación de una Empresa Nacional del Litio.
Sin embargo, un grupo transversal de parlamentarios volvieron a la carga para concesionar el mineral.
Sobre el proyecto. La iniciativa de los diputados busca situar el régimen jurídico de explotación del litio dentro de la legislación común minera: “como un bien de propiedad del Estado cuya explotación y exploración se concede a terceros —sean estatales o privados— mediante resolución judicial”.

El documento plantea que “sin duda, al día de hoy, el régimen jurídico que regula la explotación del litio en Chile, constituye un tremendo equívoco”. Esto se constituiría por tres causas fundamentales que describen los parlamentarios:
“El litio como material de interés nuclear”.
“El litio como material clave para la transición energética y la electro movilidad. Boom económico mundial”.
“Un Estado que actúa con desidia y una regulación anacrónica y fallida cuyo resultado es una oportunidad económica y ambiental perdida y/o por perder”.
Dentro de los artículos transitorios que se plantean, la iniciativa pretende tener un efecto retroactivo. “Quienes al momento de publicarse esta ley sean titulares de una concesión minera de exploración y explotación minera cuya solicitud haya sido iniciadas con posterioridad al 1 de enero de año 1979, adquirirán por el solo ministerio de esta ley el derecho de exploración y explotación del litio en dicha concesión, según corresponda”.
La próxima semana los diputados presentarán formalmente el proyecto a la ministra de Minería, Aurora Williams. Asimismo, se le enviará una carta al Presidente Boric con la propuesta.
La mirada experta. Según conocedores del tema, la Estrategia Nacional del Litio (ENL) y la no concesibilidad del mineral serían los grandes responsables de hacer perder competitividad a Chile. Por ejemplo, para el director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach, “no tiene ninguna lógica que no sea concesible un mineral que es un insumo clave para la economía verde del futuro en todo lo que tiene que ver con electromovilidad. Ahí nos quedamos con una visión del pasado y la Estrategia Nacional del Litio no se hace cargo de mejorar esto”.

Hace tres meses, el presidente de la Cámara Chilena del Litio, Luis Gallardo, respondió al rechazo de Boric a la propuesta para hacer concesible el litio. “El litio tiene que ser manejado como todos los elementos, no tiene por qué tener un trato distinto”, dijo a La Tercera.
“Comete otro error cuando dice que el litio será de todos los chilenos, ya que nunca ha dejado de serlo, porque el Código Minero y la Constitución establecen que todo lo que sea derechos mineros pertenecen al Estado”, agregó.
Paralelamente, la competencia se intensifica. Si bien Argentina no tiene una historia y trayectoria minera como Chile, hoy está avanzando a pasos agigantados en la industria del litio. Actualmente, tienen 38 proyectos mineros que tienen al “oro blanco” como mineral principal y la mayoría están en exploración avanzada o construcción.
https://www.ex-ante.cl/diputados-presentan-proyecto-para-hacer-concesible-el-litio-y-desafian-a-boric/