Perú

Noviembre: 218 conflictos sociales, 91 casos relacionados con minería y 28 con hidrocarburos

Se registraron 366 acciones colectivas de protesta en noviembre. Los lugares que registraron mayor número de estas manifestaciones entre plantones y marchas fueron Lima Metropolitana (42), Arequipa (38) y Lambayeque (29
Milagros Gonzáles Sánchez Diciembre 2023

Conflictividad y desgobierno. Un total de 218 conflictos sociales fueron reportados durante noviembre de 2023. Más del 67 % de conflictos socioambientales involucran a la minería, y cerca del 21 % a hidrocarburos.

Como cada mes, la Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales, información que se mantiene pública, pese a los cambios en la entidad. Es así que en noviembre se dio cuenta de 218 conflictos sociales, de los cuales 170 están activos y 48 están latentes.


Protestas
Se registraron 366 acciones colectivas de protesta en noviembre. Los lugares que registraron mayor número de estas manifestaciones entre plantones y marchas fueron Lima Metropolitana (42), Arequipa (38), Lambayeque (29), Piura (26), Puno (24), La Libertad (22), Áncash (20).

En noviembre también sucedió la huelga nacional del Sindicato Único de Inspectores y Trabajadores de la SUNAFIL. Tambien se reportaron en este mismo mes protestas a nivel nacional de trabajadores de Salud.

Conflictos sociales por departamento
Loreto (30) sigue siendo el departamento con más casos. Siguen en la lista Cusco (18), Apurímac (17), Áncash, Puno, y Piura (14 cada uno). Lima provincias cuenta con 6 casos y Lima Metropolitana con 3, lo que suman 9 casos para este departamento. Ica y el Callao no registraron conflictos sociales en noviembre.

En cuanto a conflictos multirregionales se presentaron 7 casos , y en conflictos a nivel nacional fueron 3 casos.

La Crisis política desde diciembre de 2022 y el Caso de la Federación de Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos figuran entre los conflictos sociales a nivel nacional casos son a nivel nacional.

Entre los siete conflictos sociales multirregionales destaca el Caso REPSOL en el centro del país: Lima y Callao. Dentro de poco se cumplirán dos años de aquel desastre ecológico.


Conflictos socioambientales: Minería e Hidrocarburos entre los principales protagonistas
Hasta noviembre de 2023 se han reportado 218 conflictos sociales, de los cuales 135 son conflictos SOCIOAMBIENTALES, es decir, cerca del 62 %. Entre los otros tipos están los Comunales (23), Asuntos de gobierno nacional (17), Asuntos de gobierno regional (16), Asuntos de gobierno local (11), Laborales (4), Demarcación territorial (4), Cultivo ilegal de coca (1), y otros asuntos (7).

Además, de los 138 conflictos SOCIOAMBIENTALES, 91 casos de éstos involucran a la minería entre sus principales actores (el 67,4 % de conflictos socioambientales). Y 28 casos corresponden a actividades de hidrocarburos (20,7 % de los casos socioambientales).

Noviembre: 218 conflictos sociales, 91 casos relacionados con minería y 28 con hidrocarburos

Panamá

Panamá cancela concesiones de la minera canadiense Orla Mining

Foto: Reuters
Por Reuters
Lunes 18/12/2023
El Ministerio de Comercio e Industria de Panamá canceló las concesiones de Orla Mining para el proyecto Cerro Quema en el país, dijo la empresa, en la acción más reciente después de que el Congreso de Panamá aprobara una moratoria sobre concesiones mineras tras profundas protestas.

El Ministerio de Comercio e Industria de Panamá canceló las concesiones de Orla Mining para el proyecto Cerro Quema en el país, dijo este lunes la empresa, en la acción más reciente después de que el Congreso de Panamá aprobara una moratoria sobre concesiones mineras tras profundas protestas.

Orla Mining, basada en Canadá, dijo que continuaría vigilando los acontecimientos en el país, donde ya había invertido 120 millones de dólares, ya que la situación era «incierta y evolucionaba rápidamente».

Las acciones de la empresa bajaron casi un 2.5% en las operaciones de la mañana.

En noviembre, el Congreso de Panamá prohibió nuevas concesiones y expansiones mineras y la Corte Suprema dictaminó que un contrato para explotar la lucrativa mina de cobre de First Quantum en el país era inconstitucional.

El cierre de la mina de cobre ha hecho que las autoridades panameñas sopesen un recorte de las estimaciones de crecimiento económico del país para 2024.

Las protestas, que duraron meses, también afectaron el acceso a la mina de First Quantum antes de que el gobierno ordenara el cese de sus operaciones.

Orla Mining dijo que «exploraría todos los recursos legales disponibles» para proteger sus inversiones en el proyecto Cerro Quema, que incluye un proyecto de lixiviación de oro en pilas y un recurso de sulfuro de cobre-oro, «incluyendo la adopción de medidas para proteger sus derechos en virtud del derecho internacional.»

El plazo original de 20 años para las concesiones de Orla Mining había expirado en 2017, escribieron analistas de TD Securities en una nota.

Analistas calificaron la noticia de «esperada» y dijeron que creían que probablemente habría un progreso «mínimo, si acaso» en las discusiones mineras en el país hasta las elecciones generales del próximo año.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Panama-cancela-concesiones-de-la-minera-canadiense-Orla-Mining-20231218-0048.html

Perú

33° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros del Peru

PRECISA QUE EL INCREMENTO DE CONFLICTOS SOCIALES Y REACTIVACIÓN DE PROTESTAS
COLECTIVAS, EN LOS ÚLTIMOS MESES, GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA LEGAL E ILEGAL,
ES POR LA FALTA DE DIALOGO DE LAS AUTORIDADES ESTATALES
Lima, 14/12/2023

El día de hoy, 14 de diciembre a las 9:00 am se llevó a cabo la presentación del 33° Reporte del
Observatorio de Conflictos Mineros, por Cooperación, FEDEPAZ y Grufides.
El evento se desarrolló según lo programado, con la presencia de prensa regional, nacional e
internacional, que se mostró vigilante al contexto sociopolítico actual que guarda relación con la
minería, el ambiente y la conflictividad social del último semestre del 2023.
En el reciente informe, se comentó que según la data que maneja la Defensoría del Pueblo en los
últimos meses hubo un incremento en el número de conflictos y reactivación de las protestas
colectivas, siendo las regiones del norte que tienen un incremento de hasta 92%, seguidas del sur
que tiene un 34% de conflictividad social.

Al respecto, José De Echave de Cooperación inicio la presentación, haciendo hincapié en que la data
que viene siendo registrada por la Defensoría del Pueblo, contradice a la narrativa que maneja el
ejecutivo en el cual menciona que la mayoría de conflictos ligados a actividades extractivas en el
corredor del sur vienen siendo pacificados.

Del mismo modo, mencionó la preocupación que sienten las personas que habitan tanto en el
corredor del sur y en las regiones de Piura, Amazonas y Cajamarca respecto al avance de actividades
mineras que se vienen dando de manera informal en las cabeceras de cuencas de zonas productoras
de agua que abastecen sus territorios.

Por su parte, Ana Leyva de Cooperacción compartió su preocupación ante el avance del proyecto
minero “Ariana” que pone en riesgo la zona productora de agua que abastece a la las ciudades de
Lima y Callao.

La actividad de este proyecto minero, que cuenta con el permiso del estado peruano, ha conllevado
una afección de manera directa al ecosistema del territorio en donde está ubicado.
Frente a esta situación Cooperacción ha presentado una demanda de amparo contra la empresa
minera “Ariana”.

A su turno, Mirtha Villanueva de Grufides compartió su preocupación frente al avance de la minería
informal en las provincias de San Pablo, Contumazá, Hualgayoc y Celendín ubicadas en la región de
Cajamarca.

Del mismo modo mencionó, que la falta de un pronunciamiento por parte de las autoridades
regionales y provinciales pone en riesgo la integridad de la población que vive en zonas aledañas a
los sitios en donde se realizan estas actividades extractivas.

Esto se debe a que, en muchas ocasiones la actividad de minería ilegal es promovida por el
narcotráfico, quien acciona de manera violenta hacia las y los comuneros que defienden su
territorio.

David Velazco, en representación de FEDEPAZ empezó su parte agradeciendo a las organizaciones
que trabajaron en la redacción de este informe, por otro lado, mostró su inconformidad con el
Estado Peruano al mencionar que:

“A nivel nacional el Estado pretende aprobar concesiones mineras, de manera desmedida sin
importarles si es dentro de territorios indígenas, rurales o si están cercanas a estas poblaciones”
Sosteniendo qué en lugar de estas medidas, el estado peruano debería tender canales de dialogo
con las poblaciones demandantes, para evitar el incremento de conflictos sociales; en donde es el
mismo estado que estigmatiza, criminaliza e instrumentaliza el derecho en contra de quienes
defienden sus territorios ante la afectación de su ecosistema producto de las actividades mineras.
David Velazco, mostró su preocupación ante los intentos por parte del Estado Peruano que durante
las últimas semanas ha venido aprobando normas que vulneran los derechos fundamentales que
tienen las personas, según el Art. 3 de la Constitución, para ejercer libremente su derecho a la
protesta pacífica.

En suma a ello, sostuvo que el decreto legislativo N° 1574, que modifica el art. 205° del código penal,
conlleva a que la policía puede tener el libre criterio para intervenir a una persona si considera que
estaría vinculado a un acto delictivo, pidiéndole su identificación o verificación de artículos
personales.

Adicionalmente, menciono que el Dec. Leg. N° 1574 podría implicar situaciones de discriminación
hacia personas que se movilizan del interior del país para ejercer su derecho a la protesta pacífica o
personas extranjeras que según la norma aprobada podrían quedar en detención hasta un máximo
de 12 horas después de ser intervenidas.

Por otro lado, precisó que el Dec. Leg. 1589, crea la figura agravada del delito de entorpecimiento
al funcionamiento de los servicios públicos y de disturbios, confundiendo esta agravante con los
delitos básicos aquí mencionados y sobrecriminalizando, sin ninguna técnica legislativa, estos tipos
penales que pueden ser sancionados, incluso, con penas más graves que las de un homicidio culposo
que protege un bien jurídico mucho más importante.

Finalmente, preciso que estas modificaciones normativas evidencian que el gobierno lo que
pretende es criminalizar la protesta social y coactar el ejercicio libre de los derechos fundamentales
como el derecho a la proetsta, en lugar de tender puentes de diálogo para resolver los conflictos
que se van generando. A la par que prioriza la solución de fuerza frente a dicha conflictividad al
punto que hace uso de la fuerza de manera criminal asesinando a los ciudadanos que salen a
protestar.

Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
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Perú

LAS BAMBAS, APURÍMAC Y LA LISTA DE PENDIENTES

José De Echave C. 19/12/2023

Tajo de Ferrobamba, unidad minera Las Bambas. Imagen: Energiminas

Apurímac es la cuarta región productora de cobre y molibdeno a nivel nacional, con una participación del 11.0% y 13.5%, respectivamente. Según el geoportal de CooperAcción, Apurímac es una de las regiones más concesionadas del país: las concesiones mineras ocupan 1´095,616.73 hectáreas, lo que representa el 51.89% del territorio regional.


En el último reporte de la Defensoría del Pueblo, Apurímac presenta 17 conflictos, siendo la tercera región con el mayor número de casos. De estos, 15 conflictos están activos y 9 de ellos están vinculados con la actividad minera. Sin discusión, destacan los casos vinculados a las actividades de la empresa Las Bambas.

El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, declaró en varios medios de comunicación que uno de los resultados de la gestión del actual gobierno es la calma que se ha logrado en todo el corredor del sur andino. Sin embargo, hechos recientes muestran que esto no es muy exacto y que los equilibrios siguen siendo precarios en la zona. Algunos ejemplos: en un nuevo capítulo de enfrentamientos, las comunidades campesinas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas retomaron acciones de protesta el 16 de noviembre, en reclamo por incumplimientos reiterados de acuerdos suscritos tanto por el gobierno como por la empresa minera Las Bambas. El corredor fue bloqueado a la altura de la comunidad campesina de Cancahuani, en Ccapacmarca. Estas manifestaciones también se han extendido a otros puntos como Ahuichanta y Colquemarca.

Las demandas principales incluyen el saneamiento legal de los terrenos comunales, con énfasis en el pago justo por dichos terrenos y la exigencia del mantenimiento vial por parte de la empresa multicomunal, conformada por 8 comunidades de Chumbivilcas. Sin embargo, se ha señalado que la empresa minera no estaría mostrando interés en cumplir con este acuerdo, generando aún mayor malestar en la zona.

A pesar de las promesas del Gobierno de declarar como Zona de Atención Especial a las comunidades del corredor y ofrecer proyectos para impulsar su desarrollo, hasta el momento no hay mayores avances, lo que ha aumentado la frustración de los habitantes de las comunidades. Estas acciones de protesta podrían intensificarse si no se atienden las demandas de manera efectiva y concreta. Mientras el gobierno anuncia que el corredor ha sido pacificado, lo cierto es que puede ocurrir un nuevo estallido, tanto contra el gobierno como contra la empresa Las Bambas.

Por otro lado, en un pronunciamiento emitido el pasado 21 de noviembre, los comuneros de Carmen Alto en Challhuahuacho, ubicado en la provincia de Cotabambas (Apurímac), se declararon en paro contra la empresa minera MMG Las Bambas debido a supuestos incumplimientos de acuerdos. Según el comunicado de la comunidad, la empresa minera habría roto el diálogo el pasado 26 de octubre, negándose a cumplir con lo acordado en la mesa de diálogo que se instaló el 11 de agosto de 2022, con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas.

Desde las 00:00 horas del 23 de noviembre, los comuneros iniciaron un paro, bloqueando varios puntos estratégicos como Lamarpata, Puente Álamos y Chacat’occo, impidiendo el paso de vehículos y trabajadores de las diferentes contratistas que intentaban ingresar al campamento minero.

Al no recibir respuesta alguna por parte de MMG Las Bambas, las tensiones aumentaron. Pasadas las 16:00 horas, los efectivos policiales, en un intento de abrir la vía, emplearon bombas lacrimógenas. Según medios locales, la situación se salió de control cuando las fuerzas policiales lanzaron bombas lacrimógenas a zonas de mayor concentración de la población, impactando en transeúntes y dejando desmayada a una menor de edad por los efectos de los gases.

La movilización continuó el 24 de noviembre, en esta ocasión en el distrito de Challhuahuacho. Los acuerdos que no se habrían implementado tienen que ver con servicios de lavandería, hospedaje, transporte, desarrollo comunitario, monitoreo ambiental y otros aspectos. Representantes de la empresa no emitieron declaraciones.

La comunidad de Carmen Alto en Challhuahuacho ha hecho un llamado urgente a las autoridades pertinentes para que aborden esta situación, instando por la pronta atención a sus demandas y el respeto a la integridad de sus habitantes.

Finalmente, también se abrió un conflicto en el terreno laboral: El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Minera Las Bambas (SUTEMLB) emitió un comunicado señalando que luego de haberse reunido con el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera y los directivos de la empresa minera y no haber logrado un acuerdo, iniciaban el martes 28 de noviembre una huelga general indefinida.

Señalaron que lamentan no haber llegado a acuerdos en las reuniones con el ministerio de Energía y Minas y con los propios directivos de la empresa Las Bambas. Se quejan por el incumplimiento del convenio colectivo y de los malos tratos de funcionarios hacia sus trabajadores.

Según el comunicado emitido por el SUTEMLB se sienten decepcionados de los resultados, ya que recibirán aproximadamente la mitad de lo que recibían el 2021. La empresa tampoco quiso conversar con el sindicato sobre un bono, porque recién van a evaluarlo en marzo del 2024.

Asimismo, fueron notificados con la resolución directoral general No. 232-2023 MTPE/2/14, que declara la improcedencia de la huelga. Sin embargo, tomaron la decisión de continuar con la medida de fuerza: “la autoridad no va a apagar las voces de lucha y seguirán firmes, y más fortalecidos”.

Las Bambas, el canon y la deuda tributaria

Otro tema que está en el centro de las preocupaciones en la región Apurímac tiene que ver con el hecho que recibieron este año la mitad de lo que se había estimado por concepto de canon minero: 119.7 millones de soles[1]. Como se sabe, Las Bambas es el principal aportante en esta región.

No se tiene certeza sobre el pago del Impuesto a la Renta que ha pagado la empresa, ya que se trata de información que no es de libre acceso. Sin embargo, haciendo una aproximación con los datos publicados en los reportes anuales de su casa matriz, Minerals and Metals Group (MMG), se puede entender que hubo una sobreestimación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el monto que finalmente se iba a recibir.

Cuando el Grupo Propuesta Ciudadana hizo la consulta al MEF para saber por qué no se había realizado la segunda transferencia, recibió la siguiente respuesta: ”… conforme la normativa vigente, cuando el monto del adelanto del Canon Minero es mayor a la Cuota Anual del Canon Minero, no aplica asignación y eso es lo que ha ocurrido en julio 2023 con GL y GR del Departamento de Apurímac. En consecuencia, esta DG ha cumplido con la asignación del Canon Minero en el presente año”.

Esta situación ha generado malestar en Apurímac, ya que ha afectado la programación y ejecución de obras en la zona, dado que los gobernadores esperaban recibir un monto mayor. Además, se ha generado preocupación en la población de la región ya que la postergación de obras los afecta de manera directa.

Por otro lado, cabe mencionar que, según una reciente investigación publicada por Ojo Público, Las Bambas sería la principal deudora del país. La SUNAT habría identificado, luego de auditorías al Impuesto a la Renta y de Tercera Categoría, una nueva deuda de esta empresa de 3,581 millones de soles. Con ello, acumularía una deuda total de 6,293 millones de soles, superando así a Telefónica del Perú (5,506 millones de soles). La empresa ha rechazado esta nueva deuda tributaria y ha iniciado desde octubre un litigio.

Todos estos temas generan una mayor suspicacia sobre la actuación de la empresa Las Bambas y su real compromiso con la zona.

[1] Portal de Transparencia del MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS. Obtenido en: https://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gr/default.aspx

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 / 961858035 [email protected]

Bolivia, Perú

El 80% de exportaciones de oro de Bolivia viene de la minería ilegal de Perú

08/12/2023
Especialista remarca que la producción proviene de Madre de Dios, Puno y Arequipa. El país altiplánico no pone restricciones para comprar contrabando, incluso existe mecanismos legales para adquirirlo a privados.

Un estudio presentado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha señalado que la minería ilegal e informal genera pérdidas en Perú por más de 22.700 millones de soles al año, lo que representa el 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Estos mineros, además de operar al margen de las normas, transportan el mineral extraído a otros países como Bolivia.

El especialista en temas de minería ilegal, César Ipenza, mencionó a La República que, según el Colegio de Economistas de Tarija (Bolivia), el 80% de las exportaciones de oro de Bolivia tienen origen peruano. Esta cifra coincide con lo revelado previamente por el expresidente de Perumin, Miguel Cardozo, quien afirmó que más del 50% de la producción ilegal de oro en Madre de Dios y Puno es contrabandeada a Bolivia sin pagar impuestos.

Respecto al proceso de salida del oro, Ipenza explicó que el oro enviado a Bolivia proviene de las plantas procesadoras de mineral ubicadas en Chala (Arequipa) y Nazca (Ica). «Estas plantas no son de pequeña minería, sino más bien de mediana minería disfrazada como pequeña, y procesan oro no solo de Arequipa, sino también de Pataz y otras regiones», sostuvo.

El experto indicó que tras el procesamiento, el oro se envía por la frontera hacia Bolivia, donde no existen restricciones para su compra, e incluso hay mecanismos legales para adquirirlo de privados. Además, resaltó la alta comercialización de mercurio que es vendido desde Bolivia hacia Perú y otros países, lo que facilita aún más el comercio ilegal de oro.

Según Ipenza, las autoridades peruanas deben intervenir utilizando herramientas y unidades de inteligencia para incautar el mineral, determinar su procedencia y asegurar su devolución al Estado, permitiendo que este último tome las acciones correspondientes.

El especialista también señaló la falta de capacidades adecuadas en los gobiernos regionales e incluso a nivel nacional para abordar el problema de la minería informal. Aunque la Ley N° 27651, conocida como la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, regula la formalización de los mineros informales, los avances en este proceso son limitados.

Hasta octubre de este año, el Gobierno Regional de Arequipa informó que aproximadamente 17.000 mineros artesanales operaban al margen de la formalización, mientras que solo 1.500 estaban formalizados. Ipenza enfatizó que aunque las normas pueden mejorarse, lo preocupante es la constante ampliación de plazos.

El Congreso extendió el plazo de formalización hasta diciembre de 2024, lo que, según él, desalienta la verdadera voluntad de formalización entre los mineros, ya que muchos confían en que los plazos seguirán ampliándose. Además, el hecho de iniciar el proceso de formalización e inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera no garantiza el cumplimiento de las normas por parte de los mineros informales.
https://larepublica.pe/sociedad/2023/12/08/arequipa-puno-madre-de-dios-el-80-de-exportaciones-de-oro-de-bolivia-viene-de-la-mineria-ilegal-de-peru-lrsd-664712

Latinoamerica, Litio

América Latina apunta al boom del litio, pero la oposición persiste

Este año varios países de la región han tomado nuevas medidas para impulsar sus industrias del litio, pero los impactos de la minería y el uso del agua siguen preocupando.

ROCÍO LLORET/ JAVIER LEWKOWICZ / DIÁLOGO CHINO03 de diciembre de 2023 (00:00 h.)
Imagen panorámica del salar de Pastos Grandes, donde se construirá una de las plantas industriales de carbonato de litio. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
Imagen panorámica del salar de Pastos Grandes, donde se construirá una de las plantas industriales de carbonato de litio. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
TAGS: LITIO AMÉRICA OPOSICION LATINA
América Latina apunta al boom del litio, pero la oposición persiste
Andrea Calcina, de 58 años, con la piel color caoba teñida por el sol, ha vivido toda su vida en la comunidad de Calcha K, un conjunto de casas de adobe a 3.800 metros sobre el nivel del mar. En este punto de los andes bolivianos, donde todo parece secarse rápidamente, Calcina señala un pozo de agua que sigue abasteciendo a los residentes, aunque no como antes.

“Antes había más. Con esta agua lavamos, sembramos, regamos hortalizas y quinua”, dice Andrea, quien vive en una comunidad de 100 familias, donde la queja es recurrente: “Ya no llueve como antes”. Calcha K es parte del municipio de Colcha K, en el sudoeste del departamento de Potosí, al sur de Bolivia. Forma parte de las 46 comunidades asentadas en los alrededores de los salares de Uyuni y Pastos Grandes, dos de los tres grandes reservorios de litio que tiene el país. El tercero, Salar de Coipasa, se encuentra en Oruro, en el oeste de Bolivia.

Este año, el gobierno boliviano ha anunciado una serie de acuerdos para construir complejos industriales de litio en esta zona: un consorcio formado por la rusa Uranium One Group y la china CITIC Guoan construirá plantas en Pastos Grandes y Uyuni, mientras que CATL, también china, construirá plantas en Uyuni y en Coipasa.

La empresa estatal de litio Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), socia de estos acuerdos, ha organizado periódicamente charlas públicas sobre los proyectos en las zonas cercanas, con el fin de obtener la aprobación de las comunidades. Pero algunos de los asistentes consideran que no se trata de una verdadera “consulta”, derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En estas charlas, funcionarios han explicado los beneficios que obtendrá Bolivia una vez que cuente con una industria operativa para producir carbonato de litio, precursor de las baterías de iones de litio y el producto de litio con mayor volumen de transacción a nivel internacional.

Aquilina Mamani, antigua dirigente de una comunidad cercana llamada Aguaquiza, dice que las explicaciones en estas charlas han sido técnicas, por lo que muy poca gente las entiende. Además, hablan al público en español, cuando muchas personas solo hablan quechua, su lengua materna.

Aunque la producción de litio ha sido una promesa para el país desde hace mucho tiempo, la agenda retomó fuerza la última semana de junio, cuando el presidente Luis Arce dio a conocer la firma de convenios que comprometen una inversión extranjera de 2.800 millones de dólares para industrializar el metal. Anuncio que no cayó del todo bien en los alrededores de los salares.

“El miedo es (perder) el agua”, sentencia Marcial Muraña Ramos, cacique justiciero de Mallku Villamar, una comunidad próxima al salar de Pastos Grandes. Quizá sea un temor justificado ante una actividad que consume mucha agua y cuyas promesas para los países latinoamericanos ricos en litio han ido acompañadas hasta ahora de dudas sobre sus posibles impactos.


Flamencos en una laguna de Mallku Villamar, cerca del salar de Pastos Grandes. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
EL ESTADO DEL LITIO SUDAMERICANO

Según un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Chile, Argentina y Bolivia ―el llamado “triángulo del litio” que se extiende por sus fronteras andinas― concentran el 68% de las reservas mundiales de litio, en forma de salmueras, los yacimientos con mayor concentración del metal. Sin embargo, el ritmo de extracción de cada país es diferente.

Chile lleva produciendo litio desde 1984 y la producción total en 2022 fue de 39.000 toneladas. Argentina, que lo hace desde 1997, produjo 6.200 toneladas el año pasado. Bolivia, sin embargo, lleva mucho tiempo luchando por hacer despegar su extracción, aunque el gobierno afirma que podrá producir 100.000 toneladas anuales en 2025, cuando empiecen a funcionar las plantas de carbonato que tiene previstas.

Argentina tiene cinco proyectos en distintas etapas avanzadas de construcción, que se sumarían a los tres que se encuentran en producción: Salar de Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, y Salar de Olaroz y Salar de Cauchari-Olaroz, ambos en Jujuy.

Chile, el segundo mayor productor mundial de litio detrás de Australia, tiene dos explotaciones en el Salar de Atacama, en la región de Antofagasta, en el norte del país. Entretanto, ya se realizan perforaciones en el Salar Cuenca Francisco en Atacama, también en el norte, y se prevé producir carbonato de litio y cloruro de potasio como subproducto en el Salar de Maricunga, en la misma región.

Bolivia tenía prevista la inauguración de su primera planta industrial de carbonato de litio en agosto de este año, 15 años después de iniciada su construcción. Esto finalmente no se concretó y el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina Ortiz, removió al presidente de YLB, Carlos Ramos, y posesionó en su lugar a Karla Calderón Dávalos.

Este año también se firmaron convenios para emplazar cuatro plantas, aunque se desconocen tiempos y condiciones, porque los documentos no fueron hechos públicos y ni siquiera congresistas tuvieron acceso a ellos, según respondió a Diálogo Chino el equipo de prensa de la senadora Cecilia Requena, de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Con unos yacimientos relativamente pequeños, aún sin explotar, situados más allá del extremo norte del triángulo, Perú es un actor menor y un recién llegado al escenario del litio. En mayo, sin embargo, el país aprobó la exploración del proyecto de litio Falchani, en la región suroriental de Puno, por parte de Macusani Yellowcake, filial de la empresa canadiense American Lithium Corp.

Perú puede convertirse en un cuarto punto destacado del “triángulo del litio”. “Se ha obtenido una alta recuperación de carbonato de litio puro” en el yacimiento Falchani, según declaró en junio Ulises Solís Llapa, director general en Perú de la empresa canadiense American Lithium Corp. Con una reserva de 880 mil toneladas, Perú rápidamente podría competir con sus vecinos.


Sistema de bombeo que suministra agua a una planta piloto de carbonato de litio en Llipi, en el salar de Uyuni. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
GRANDES RESERVAS, GRANDES DESAFÍOS

Aunque las legislaciones sobre inversión extranjera son diferentes en los cuatro países, el desarrollo del litio en América Latina está en manos de grandes compañías transnacionales.

En Argentina el control sobre la producción primaria y sobre los salares está en manos de empresas estadounidenses, francesas y chinas, con participación de provincias y del gobierno nacional a partir del cobro de impuestos y regalías.

Lo mismo puede decirse de la incipiente industria peruana, donde el ministro de Economía, Álex Contreras, le dijo al medio Swissinfo que la apertura de su país “es total”. “Nuestro objetivo es atraer inversión en diferentes etapas del proceso productivo (de extracción del litio), en aquello en lo que somos competitivos”, enfatizó.

Bolivia, en cambio, ha priorizado el control estatal. Sin embargo, tras 15 años de esfuerzos infructuosos por industrializar el metal en solitario, en 2022 el gobierno se abrió a recibir inversiones. El litio seguirá siendo boliviano, pero las corporaciones china y rusa que comprometieron inversión de capitales recibirán un trato “prioritario”, dijo Álvaro Arnez, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, a la red Unitel.

En Chile, por su parte, el mandatario Gabriel Boric presentó en abril un proyecto de ley al Congreso para crear la Empresa Nacional del Litio. De acuerdo con la intención oficial, el Estado buscará tener mayor presencia en actividades de exploración, explotación y agregación de valor. En la actualidad, la producción corre a cargo de dos empresas privadas, la chilena SQM (una cuarta parte de la cual es propiedad de la china Tianqi Lithium) y la estadounidense Albemarle.

Detalles no menores son tanto el precio internacional del litio como la demanda mundial, que se prevé siga aumentando. En 2022 una tonelada de carbonato de litio llegó a costar 80 mil dólares; sin embargo, en abril de este año, el precio cayó casi un 50%, debido a un aumento de la producción y la desaceleración de la venta de vehículos eléctricos de China, entre otros factores más.


Vicuñas en camino al salar de Pastos Grandes. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
IMPACTOS AMBIENTALES

De vuelta al salar de Pastos Grandes, en Bolivia, Marcial Muraña Ramos señala el horizonte. “Hemos visto, tanto en Argentina como en Chile, las consecuencias que han sufrido en sus salares y estamos corriendo el mismo riesgo”, aludiendo a cuestiones como los conflictos con comunidades y el impacto en las fuentes de agua que han acaparado la atención cerca de los lugares de producción de litio.

“Quizás en 10, 20 años no va a pasar nada, pero en 30 a 40 años, todo esto va a quedar desierto”, afirma.

El territorio de Mallku Villamar al que se refiere Muraña Ramos está lleno de agua dulce que desemboca en la laguna salina de Pastos Grandes, parte del humedal de Los Lípez en el extremo suroccidental del país, catalogado de importancia internacional por la Convención de Ramsar y definido como “un complejo de lagunas salinas, hipersalinas y alcalinas, así como bofedales y humedales geotérmicos”. Aquí la gente vive de la cría de llamas, la agricultura de al menos cuatro variedades de quinua y el turismo, debido a la majestuosidad de los paisajes.

Bárbara Jerez Henríquez, investigadora de la Universidad de Valparaíso en Chile, dijo a Diálogo Chino que las investigaciones que abordan la temática de litio en términos ambientales, sociales, culturales, arqueológicos y biológicos “son muy pocas”, a pesar de que los salares son “ecosistemas naturales dinámicos y frágiles”, según cita el estudio sobre la extracción de litio y los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Bolivia y Chile realizado por investigadores de la ONG chilena Observatorio Ciudadano y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Para Jerez, es innegable que los riesgos ambientales asociados a la actividad son altos. Uno de ellos es el desconocimiento de la hidrología y de la biodiversidad de los salares, asegura. “Lo que observamos en el Salar de Atacama (en Chile) es que hay una profunda crisis hídrica a raíz del impacto (de la extracción de litio) en las reservas de agua y en la biodiversidad”, explica.

El método de extracción dominante y más utilizado hasta ahora en la industria del litio es la evaporación, que implica el bombeo de enormes cantidades de salmuera al día. En este proceso, el agua se extrae constantemente de la salmuera y se evapora en enormes piscinas. La producción de una tonelada de litio puede requerir la evaporación de hasta 2 millones de litros de agua.

Existen otros métodos, todavía poco explorados a nivel industrial, como la extracción directa de litio (EDL), una tecnología que permite extraer salmuera de los acuíferos para obtener el litio sin necesidad de usar piscinas de evaporación, como sucede con el método tradicional de extracción. El material se bombea a una planta de procesamiento donde, mediante procesos químicos, se extrae el mineral y la salmuera gastada se reinyecta en los acuíferos. Existen diferentes métodos y propuestas de EDL, y cada empresa puede patentar su propia tecnología.

El gobierno boliviano lo promociona como el “más amigable con el medioambiente” de los dos métodos y ha apostado por su uso en su industria. Sin embargo, expertos en la temática como Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Educación e Información Bolivia (Cedib), advierte que estas tecnologías “pueden alterar todo el sistema hidrogeológico de la zona”, debido al “alto desarrollo químico” que utilizan en la separación de materiales para la obtención del carbonato de litio.

Otro obstáculo es que no se sabe qué se hará con los residuos que deje el proceso. En julio pasado, el todavía presidente de YLB, Carlos Ramos, aceptó una entrevista con Diálogo Chino. Sin embargo, luego de conocer los temas que se iban a conversar, como el manejo de los residuos del litio, el departamento de comunicación de la empresa anunció que el presidente se encontraba de viaje y canceló la entrevista.

Para hablar de los impactos ambientales y sociales de la minería de litio, Edwin Ramos, líder máximo de la comunidad originaria Mallku Villamar, adelantó que en los próximos meses se reunirán con líderes indígenas de comunidades de Argentina y Chile. “Necesitamos saber qué va a pasar con todo esto”, dice Edwin, mientras señala el gran humedal en el que desembocan arroyos de agua dulce.

En Argentina, el tema del litio ya provocó una revuelta en Jujuy el pasado julio, cuando comunidades rechazaron una nueva y controvertida constitución provincial que, según afirman, pretende aumentar la extracción de litio en sus territorios. Estos grupos aseguran que el gobierno no les consultó antes de redactar el nuevo documento.

En todos los países sudamericanos ricos en litio, la preocupación por lo que pueda deparar el futuro es compartida por las comunidades indígenas y locales que viven en los alrededores de los salares. Mientras los gobiernos buscan aprovechar el auge del litio y tratan de impulsar sus industrias y exportaciones en medio de la creciente demanda del llamado “oro blanco”, es probable que estos problemas y conflictos sigan rodeando a los proyectos y requieran una gestión cuidadosa.


Una agricultora cosecha quinua después de que las heladas dañaran la mayor parte de sus cultivos en Aguaquiza, en los alrededores del salar de Uyuni. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
https://www.opinion.com.bo/articulo/revista-asi/america-latina-apunta-boom-litio-oposicion-persiste/20231203000027929432.html

Perú

INVESTIGACIÓN SOBRE LA MINA ARIANA EXPONE LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA PARA LIMA

Imagen: CooperAcción 01/12/2023
Especialistas llaman la atención que la suspensión de las operaciones de la mina Ariana, que pone en riesgo el abastecimiento de agua para Lima y Callao, dictada por el Sexto Juzgado de la Corte Superior de Lima, haya sido apelada también por la PCM y por el ANA.
Fue durante la presentación del libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”.

Con el objetivo de informar a la ciudadanía el riesgo que representa un proyecto minero ubicado en el centro de la zona productora de agua que abastece a Lima, se presentó el miércoles 29 de noviembre el libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”, editado por CooperAcción, que tiene la autoría de José De Echave, Marisa Glave, Ana Leyva y Paul Maquet.

Además del riesgo para el abastecimiento de agua para los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao, en la presentación del libro se puso énfasis en cómo se autorizó este proyecto minero a pesar de los informes de SEDAPAL en el que se alertaba el riesgo para las fuentes de agua; en cómo la Autoridad Nacional del Agua, emitió opinión favorable solo porque no competía con la actividad agrícola; o cómo el Ministerio de Energía y Minas fue juez y parte, aprobando el Estudio de Impacto Ambiental.

El proyecto Ariana se propone realizar una explotación subterránea de yacimientos de cobre y zinc, localizado en el distrito de Marcapomacocha, en la provincia de Yauli, Junín, cuya concesión se superpone a una zona estratégica que forma parte del sistema Marcapomacocha, donde existen lagunas, represas y se trasvasan aguas de la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac. La ciudad de Lima depende de todo este sistema hídrico y la ejecución de este proyecto representa un serio riesgo para el abastecimiento de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

Ante esta amenaza, el 24 de abril del 2019, José De Echave, representante de CooperAcción y las entonces congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, presentaron una demanda de amparo en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Gracias a esta acción legal, se logró suspender las operaciones de este proyecto minero.

La publicación fue presentada por dos de sus coautores: José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de CooperAcción y Marisa Glave, excongresista e investigadora del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo- Desco

De Echave, destacó que, si se reanuda la construcción del proyecto Ariana, le va a pasar a Lima lo que le viene pasando -desde hace décadas- a varias comunidades por la presencia de actividades extractivas que afectan sus fuentes de agua. “Ariana es un ejemplo de la desprotección de las cabeceras de cuenca. Urge discutir en el país en dónde conviene que haya minería y en dónde no, y eso tiene que ver con políticas de ordenamiento territorial” expresó.

Por su parte, Marisa Glave alertó que además de los riesgos naturales que enfrenta Lima, como huaycos, derrumbes e inundaciones, se le suman otras amenazas por la actividad extractiva minera, como son los 390 pasivos ambientales a lo largo de la cuenca del Rímac y que generan contaminación. La excongresista también destacó que la suspensión del proyecto ha sido apelada no solo por la empresa sino también por la Presidencia del Consejo de Ministros -PCM y por el ANA.

En el panel de comentarios

Congresista Ruth Luque: el Estado, como muestra el caso Ariana, no realiza un control (riguroso) al tener una institucionalidad ambiental débil.
Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente: Hay que recordar que hay varias amenazas en la cuenca del Rímac, como los relaves de Tamboraque.
Luisa Eyzaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal – SUTESAL: Marcapomacocha se creó con el fin de generar electricidad. Es una zona vulnerable, altamente sísmica y que se pone en riesgo con una mina en medio de este complejo»

Puedes encontrar el libro en nuestras oficinas, en la librería El virrey, principales librerías, así como lo puedes descargar y leer en este enlace: https://shorturl.at/kNQW1

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Bolivia, Litio

Gobierno abre inversiones para el litio

01/12/2023

En un evento internacional, donde se presentó el proyecto de la producción de carbonato de litio, el Gobierno abrió las puertas para la inversión de esta materia prima importante para la fabricación de baterías. Recordemos que las autoridades nacionales priorizaron contratos con empresas chinas y una rusa para la puesta en marcha de la tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL).
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo que las puertas en Bolivia están abiertas a la inversión, siempre y cuando se respeten las normas y el modelo soberano de negocio.
«Hoy se abre una posibilidad enorme (…) el objetivo final es que nuestros socios a futuro puedan impulsar el desarrollo», dijo en el Networking sobre el litio, organizado por la Unión Europea, donde expusieron su tecnología, conocimientos y experiencia.
El Embajador de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, destacó el interés de empresas europeas en la cadena de valor del litio boliviano y expresó la necesidad de contar con ese recurso para avanzar en la transición energética frente a los efectos del cambio climático, durante un encuentro con autoridades de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
El embajador resaltó que Bolivia cuenta con el yacimiento de litio más grande del mundo, con 23 millones de toneladas, lo que es un potencial atractivo para las inversiones.
Una decena de firmas europeas interesadas en el litio boliviano se encuentra en el país; a inicios de semana visitó el Complejo Industrial de YLB, en Colcha K, al sur del Salar de Uyuni, también los salares de Coipasa (Oruro) y Empexa (Potosí), conocieron el proceso productivo y los proyectos de exploración que lleva adelante YLB.

Gobierno abre inversiones para el litio

Latinoamerica

El lado oscuro de la minería en América Latina

Gabriel González Zorrilla
28/11/2023
En Panamá, los planes de una empresa minera canadiense se topan con una fuerte resistencia. Los conflictos son similares en muchos países latinoamericanos.

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Mina de cobre de Antapaccay
La mina de cobre de Antapaccay, en Perú, una de las mayores del mundo, es propiedad de un grupo suizo.Imagen: Sofía Yanjarí/DW
Un polémico contrato de minería ha desencadenado en Panamálas protestas y huelgas más importantes en décadas. En el centro de este malestar social se encuentra la mina Cobre Panamá, una de las mayores minas de cobre del mundo. Es operada por Minera Panamá, una filial local de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Este martes, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la ley 406, que establece el contrato entre el Estado y la sucursal de First Quantum Minerals.

Para la empresa minera canadiense, esta sentencia supone un duro golpe. Las acciones de First Quantum cayeron un 5 por ciento. Desde que comenzaron las protestas y la mina se vio obligada a suspender la producción, las acciones de la empresa han perdido más de 10.000 millones de dólares canadienses (7.400 millones de dólares estadounidenses) de su valor de mercado.

Sin embargo, a pesar de este revés, las empresas mineras extranjeras suelen poder dictar sus condiciones a los gobiernos de América Latina, afirma Michael Reckordt, responsable de política de materias primas de la ONG alemana Powershift: «Estamos hablando de inversiones de miles de millones. Se puede llegar rápidamente a entre 1.000 y 5.000 millones para un nuevo proyecto greenfield, es decir, para un nuevo proyecto que se construye de la nada». Según Reckordt, la cantidad de dinero da a las empresas extranjeras mucho margen de maniobra para la corrupción u otros medios para conseguir sus objetivos.

Si un país, como Panamá en la actualidad, quiere deshacerse de una empresa minera y retirarle las licencias, la empresa sigue disponiendo de medios jurídicos sólidos para demandar a un Estado por varios millones o incluso varios miles de millones de euros mediante el arbitraje de diferencias estado-inversor (conocido como ISDS, del inglés Investor-state dispute settlement).

Fuerte presencia de empresas canadienses
Las empresas mineras canadienses como First Quantum tienen presencia en varios países de América Latina. Varias empresas canadienses tienen operaciones mineras en México, que es conocido por su producción de metales como oro, plata, zinc y plomo. Perú es un importante destino para la inversión minera canadiense, con empresas involucradas en la extracción de metales como cobre, oro y zinc. Chile es otro país importante para la minería, y empresas canadienses participan en la extracción de cobre y otros minerales. Algunas empresas canadienses también tienen presencia en Argentina, donde se extraen minerales como oro, plata, litio y cobre.

La minería en Canadá tiene una larga tradición. Toronto, en el sur de Ontario, está reconocido desde hace tiempo como un centro mundial para las empresas mineras. Con la Bolsa de Toronto (TSX) como una de las más importantes para la industria minera, y la mayor cuota de gasto mundial en exploración, Canadá es un importante pilar de la minería mundial.

Aumento de los conflictos en la región
Sin embargo, las protestas contra la extracción de materias primas van en aumento en América Latina. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) contabiliza actualmente 289 conflictos por los impactos de la minería en la región.

«La minería es, por supuesto, una inversión insostenible», recalca el experto alemán. «Se saca algo de la tierra que luego desaparece. Sobre todo el cobre. Se sabe que la minería consume mucha agua, además de liberar metales pesados. Esto significa que existe un riesgo muy alto de que la población local se quede sin agua para beber o para el ganado y sufra problemas de salud debido a los metales pesados», explica Reckordt.

La falta de regulación efectiva o la implementación inconsistente de regulaciones puede contribuir a problemas ambientales y sociales asociados con la minería. «Muchos países de la región tienen buenas leyes en algunos casos, pero no una buena aplicación, ni una buena supervisión, donde las autoridades especializadas, tal como las conocemos en Alemania y Europa, o no existen o están tan mal equipadas que no tienen forma de supervisar adecuadamente estas inversiones de miles de millones de euros», subraya Reckordt.

Perspectivas mixtas para el futuro
Los efectos de la minería pueden variar según el tipo de mineral extraído, las prácticas de operación de la empresa, la regulación gubernamental y la participación de la comunidad local en el proceso decisional. Sin embargo, la tendencia general apunta hacia un aumento de conflictos relacionados con la minería.

«La demanda de materias primas aumenta actualmente hasta tal punto, sobre todo de productos de lujo, que la explotación minera se amplía masivamente. En el caso del cobre, en particular, se observa una tendencia a la disminución de las leyes minerales de los yacimientos. Esto significa que se necesita aún más agua y más energía para excavar pozos aún más profundos y grandes», según el experto en materias primas.
https://www.dw.com/es/el-lado-oscuro-de-la-miner%C3%ADa-en-am%C3%A9rica-latina/a-67578215

Perú

Se imponen medidas administrativas contra Glencore por contaminación en Espinar

29/11/2023
De acuerdo con las resoluciones N° 00144-2023-OEFA/DSEM y N° 00142-2023-OEFA/DSEM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha impuesto medidas administrativas a la empresa Antapaccay (Glencore), debido a que sus operaciones estarían afectando la salud de los pobladores de Espinar (Cusco) y los ecosistemas de la zona. La sanción fue impuesta el último mes de agosto.

Precisamente, CooperAcción y Oxfam presentaron el 21 de noviembre el informe: “Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos». Representantes de Espinar acompañaron la presentación y compartieron sus experiencias.

Maia Campbell, Coordinadora de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el Perú, indicó que es necesario que las empresas que realicen proyectos extractivos, aseguren que sus actividades respetan los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la debida diligencia.

“Si bien los Estados son los responsables de velar por el respeto a los derechos humanos, varios marcos de regulación y autorregulación que rigen la responsabilidad empresarial, reflejan actualmente una interpretación muy extendida de las funciones que pueden desempeñar las empresas, tanto en la violación de derechos humanos con impactos negativos, como en el cumplimiento de los mismos. Los principios rectores de las Naciones Unidas especifican que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos “, destacó Campbell.

Este estudio, elaborado por CooperAcción y Oxfam, analiza los informes del OEFA (Informe Nº 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC y el Nº 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC), sobre la calidad del aire. Ambos estudios confirman que las emisiones de material particulado (PM10), provenientes de las actividades de la mina, superaron repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos, poniendo en evidencia los riesgos significativos para la salud de personas de trece comunidades de la provincia de Espinar. Estas personas se encuentran expuestas a niveles alarmantes de metales pesados.

“Lo que buscamos es no solo socializar las evidencias de este informe sino abrir espacios de diálogo con autoridades europeas, financistas de la empresa Glencore, entre otros actores, lo que implicará la participación en una ruta de diálogo por siete países como Irlanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suiza para buscar respuesta a los resultados del informe”, destacó Miguel Lévano, Coordinador de Programa y Alianzas de Oxfam en Perú

En tanto, Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción señaló en relación a las comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco que hubo “falta de transparencia sobre las dimensiones de tierras que la empresa necesita adquirir para sus operaciones. En la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), la empresa declaró que necesitaba adquirir el 6% del territorio de la comunidad de Pacopata y en la negociación fue más del 80%, lo que pondría en riesgo su existencia”.

A su turno, Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K`ana de Espinar, dijo que vienen denunciando públicamente la delicada situación en la que viven, la cual afecta de forma grave sus labores ganaderas y agrícolas, así como la salud de sus familias. “La presencia de la empresa minera es un problema muy grande para nosotros y ellos están avanzando. La contaminación está cada vez más fuerte. Nuestra salud está seriamente afectada. Hay colectivos y asociaciones, pero las comunidades estamos totalmente abandonadas. Se mueren nuestros animales. ¿Con qué capital vamos a mantener la familia? Si el aire, el agua y la tierra están contaminados, a dónde vamos a ir. No es fácil irnos a otro lugar”. Alertó Merma.

Por su parte Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú, también mostró su preocupación por el impacto ambiental de más de 35 años de minería en la zona, “porque no ha significado un camino al desarrollo que era lo que esperaban las comunidades”.

Para CooperAcción y Oxfam, es fundamental garantizar que se conozcan estos hechos y evitar la impunidad. La presentación de este informe busca llamar la atención de otros actores de la comunidad internacional responsables de esta situación, ya que no es sólo un asunto del Estado peruano y de la empresa, también es un tema de responsabilidad de los países de donde provienen las inversiones y de sus financistas, que tienen que ser responsables de sus inversiones y las afectaciones que pueden estar generando en países como el Perú.

Se imponen medidas administrativas contra Glencore por contaminación en Espinar