27/11/2023
José De Echave y Alejandro Mirones
Antecedentes
Ayacucho es una región donde la minería es predominantemente de mediana y pequeña escala. Además, la minería informal también está instalada en varias de sus provincias. Esta característica de la minería en Ayacucho se expresa en una participación poco relevante en la producción de algunos minerales: 8% de la producción nacional de oro, 6.5% de plata, 3.9% de zinc, 2.2% de plomo y apenas el 0.02% de cobre.
En lo que va del año en esta región se han invertido US$ 67´194,154, lo que representa una caída de 12.8% en relación al mismo periodo del año pasado. Ayacucho cuenta con un solo proyecto minero importante que figura en la cartera del Ministerio de Energía y Minas: el proyecto Reposición Inmaculada, de la empresa Ares, que está en etapa de factibilidad y representa una inversión de US$1,319 millones.
Las concesiones mineras ocupan 1´214,429.37 hectáreas, lo que representa el 27.91% del territorio departamental. Como se puede apreciar, en los últimos meses ha habido un ligero incremento de las concesiones. Las provincias más concesionadas son las de Paucar del Sara Sara, Lucanas, Sucre, Huanca Sancos y Parinacochas. Si bien Huanta no es una de las provincias más concesionadas, al parecer -como veremos más adelante- las concesiones mineras otorgadas en esta provincia están amenazando fuentes de agua de la que dependen varias poblaciones de la zona.
Desde hace un tiempo Ayacucho ha venido apareciendo en el mapa de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. En diferentes momentos, pobladores de varias provincias han expresado su preocupación por la afectación de la minería a las zonas productoras de agua. Incluso, algunos de los conflictos son de larga data y, como ocurre en el país, no han sido adecuadamente atendidos o los acuerdos de las mesas de trabajo no se cumplen.
Es importante tomar en cuenta algunos antecedentes de conflictos en la región. Uno de los casos más relevantes de los últimos años ocurrió en el mes de octubre del año 2021, cuando se declaró un paro en varias provincias del sur de Ayacucho (Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara). El paro fue en contra de las unidades mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa. Incluso uno de los campamentos fue incendiado por un grupo de manifestantes. A la base del conflicto estaba la preocupación de la población por los impactos de la minería, sobre todo en las cabeceras de cuenca. En diferentes momentos el Frente de Defensa de Paucar del Sara Sara había solicitado que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) declare a las cabeceras de las cuencas Yauca, Acarí y Ocoña y a las cuencas Chala, Chaparra, Atico y Caravelí ─próximas a la explotación minera─ como zonas intangibles. En el mes de noviembre (2021) se firmó la denominada acta de Coracora, donde se fijaron varios compromisos que, lamentablemente, hasta la fecha no se han cumplido a cabalidad. Más adelante, volveremos a tocar este caso.
El reciente conflicto en Huanta
Una situación que tiene aspectos en común con los casos precedentes es lo que viene ocurriendo en las últimas semanas en los distritos de Chaca y Huanta, en la provincia de Huanta. El Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia acordó medidas de protesta en rechazo a las actividades mineras formales e informales que se desarrollan en las zonas cercanas a la cuenca hidrográfica Razuhuillca. La población demanda que las cabeceras de cuenca sean protegidas.
Las primeras medidas de protesta se dieron entre el 5 y 12 de septiembre de este año. Luego, el 19 de septiembre se instaló una mesa técnica que contó con la participación del Gobierno Regional (GORE-Ayacucho), la Dirección Regional Ambiental (DRA) y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Huanta, municipalidades distritales de Chaca, Luricocha e Iguain, la Autoridad Local del Agua (ALA), la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, entre otros. Luego de la exposición de los representantes de las organizaciones sociales y las instituciones participantes, el GORE anunció la conformación de una mesa técnica para tratar el tema relacionado con las actividades mineras y la protección de las cabeceras de cuenca de Razuhuillca.
Posteriormente, el 22 de septiembre se acordó que la siguiente reunión de la mesa técnica se realizaría el 5 de octubre e iba a estar a cargo de la DREM Ayacucho y se invitaría a las autoridades competentes. Sin embargo, sin mayor explicación la reunión fue reprogramada para el 13 de octubre, lo que provocó la inmediata protesta de las comunidades.
El 7 de octubre, en una reunión en la Municipalidad Provincial de Huanta, que contó con la participación del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, el GORE Ayacucho, municipalidades provinciales y distritales, entre otros, anunciaron que la instalación de la mesa técnica quedaba suspendida. Además, se exigió la suspensión y nulidad de las autorizaciones mineras de la provincia de Huanta.
Diez días después, el 17 de octubre, las organizaciones sociales del distrito de Chaca, mediante un memorial dirigido al GORE Ayacucho, solicitaron “la reapertura de la mesa técnica o la instalación de otra mesa técnica de alto nivel en la presidencia regional y por acuerdo de Consejo Regional, como espacio de diálogo y entendimiento entre la politizada posición antiminera de la ciudad de Huanta y derecho de comunidades campesinas del distrito de Chaca”. Este memorial da pie para señalar que, al parecer, las comunidades campesinas de Uchuraccay y Chaca, de la provincia de Huanta, estarían de acuerdo con la actividad minera en la zona.
El 23 de octubre se realizó una reunión en la Municipalidad Provincial de Huanta con el Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, a la que no asistieron los funcionarios del GORE Ayacucho. Luego de esa reunión se convocó a un paro y movilizaciones los días 13, 14 y 15 de noviembre. La demanda que se declare como zona intangible las cabeceras de cuenca de la Cordillera de Razuhuillca fue ratificada. Además, se exige la cancelación y nulidad de las concesiones mineras en la provincia de Huanta, entre otros puntos.
Las movilizaciones contaron con el respaldo de las comunidades, sindicatos y organizaciones civiles que están en contra de las exploraciones y la extracción de minerales en las cuencas de las lagunas de Razuhillca, principal recurso hídrico de la ciudad que es utilizado para regar los cultivos y para el abastecimiento de todo el sistema de agua potable. Según diversos medios de comunicación, la población teme que las actividades de las empresas Newmont Peru S.R.L y Puma Ñahui Exploraciones Per S.A.C. impacten en las fuentes de agua.
El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, se ha pronunciado en contra de las medidas de protesta adoptadas y aseguró que ya se encuentra realizando las gestiones correspondientes para anular las concesiones mineras y así garantizar la conservación del medio ambiente. Sin embargo, Reyder Suárez, miembro del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, afirma que el gobernador ha mentido a los diferentes comités de lucha y habría aprobado las licencias mineras. Por este motivo Reyder Suárez señala que las protestas también son en contra del gobernador.
Cabe precisar que es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, quien otorga las concesiones mineras a nivel nacional. Por lo tanto, en este tema los gobiernos regionales no tienen competencias. ¿En qué sí tienen competencia los gobiernos regionales? Cuando se trata de actividades mineras de pequeña escala o de nivel artesanal, todos los permisos y certificaciones (no las concesiones) son otorgados por los gobiernos regionales.
Las lecciones del conflicto de Huanta
El caso de Huanta y la necesaria protección de la cuenca del Razuhillca, pone nuevamente en agenda la importancia de contar con un marco legal e institucional que permita una protección efectiva de las zonas productoras de agua. Este tema es cada vez más sensible en departamentos como Ayacucho que, en las últimas décadas, ha venido perdiendo aceleradamente cobertura glaciar.
Uno de los instrumentos que podría ayudar a prevenir situaciones como la de Huanta es el postergado ordenamiento territorial: una política de ordenamiento territorial permitiría identificar, luego de un análisis técnico y social, cuáles son las potencialidades y vulnerabilidades de un territorio como el mencionado. El ordenamiento territorial habría podido determinar que se trata de un ecosistema vital para esta provincia de Ayacucho, por lo que se tendrían que excluir actividades que puedan ponerlo en riesgo.
Sin embargo, la política de ordenamiento territorial (OT) ha sido constantemente postergada. Ante la inexistencia de una Ley de Ordenamiento Territorial, un instrumento que podría cumplir una importante función es la Ley de Recursos Hídricos (LRH). Esta Ley establece la facultad que tiene el Estado de proteger las llamadas “cabeceras de cuenca” (o, con mayor propiedad, los ecosistemas generadores de agua). Sin embargo, la aplicación de esta norma también es una historia tortuosa de avances, retrocesos y estancamientos.
Aprobada originalmente el año 2009, la LRH señala en su artículo 75 que: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”. Sin embargo, pese a esta disposición, ninguna zona productora de agua ha sido declarada intangible en los años siguientes a la promulgación de la norma.
Pese a la aprobación de la Ley y del marco metodológico del 2021 y aunque ya existen los instrumentos legales, aún no se avanza. En noviembre de 2021, durante el conflicto en varias provincias de Ayacucho, por el rechazo de la población a actividades mineras, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, logró un acuerdo con las organizaciones sociales locales para proteger las cabeceras de cuenca. El acuerdo señalaba que Ayacucho se convertiría en “la primera región donde se aplicará un marco metodológico para identificar, caracterizar y zonificar cabeceras de cuenca”, según la nota de prensa difundida en ese momento por el Gobierno (MINAM, 2021). “La Autoridad Nacional del Agua priorizará la implementación del Marco Metodológico para la Identificación, Caracterización y Zonificación de las Cabeceras de Cuenca, en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara. Los resultados de este proceso estarán en el primer trimestre del 2022, convirtiéndose en la primera región del país en la que se aplicará el mencionado Marco Metodológico”, se señaló. Sin embargo, el acuerdo fue tachado por gran parte de la prensa y por los sectores empresariales.
Lo que estamos viendo en Huanta es un nuevo caso que pone en evidencia que el país necesita avanzar en la construcción de un marco legal e institucional que permita proteger las zonas productoras de agua. Esto es aun más necesario en un contexto de emergencia hídrica como el que se vive.
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