Argentina, Litio

LITIO EN CATAMARCA: UN PELIGRO PARA LAS LAGUNAS ALTOANDINAS Y LA PRODUCCIÓN LOCAL

21/09/2022
Litio en Catamarca: un peligro para las lagunas altoandinas y la producción local
Los proyectos mineros por el litio avanzan sin respetar las leyes ambientales ni los derechos de los pueblos indígenas. Un informe de la organización Be.Pe alerta sobre los riesgos de agotamiento y contaminación de acuíferos. La Asociación Campesinos Del Abaucan (Acampa) denuncia la avanzada extractiva sobre la producción agropecuaria y el avasallamiento de la cultura local. Las promesas de trabajo, el rol de los gobiernos y una publicitada «transición energética» que arrasa territorios.

“En el bolsón de Fiambalá tenemos turismo, una alimentación sana, trabajamos la agroecología. Nuestro mayor temor es la contaminación del agua, el riesgo de perder nuestra producción, la fauna y la flora local. Vimos cómo afecta la minería de litio el ambiente y las poblaciones de zonas desérticas”, relata Johana Villagrán vecina de Fiambalá, Catamarca, e integrante de la Asociación Civil Campesinos Del Abaucan (Acampa). A pocos kilómetros, a más de 4000 metros de altura en la Cordillera de Los Andes, se encuentra el salar de Tres Quebradas, que integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, protegido desde 2009 por el Convenio Ramsar para la conservación internacional de humedales, un sistema que sostiene el delicado ecosistema y la producción local, que se ve amenazado por la minería del litio.

En 2016, se instaló en Tres Quebradas la empresa Liex S.A., para iniciar su proyecto de exploración de litio. El mineral es una de las estrellas de la política económica extractiva impulsada por el gobierno nacional, que bajo la bandera de la “sustentabilidad” y la transición a “energías verdes” busca atraer inversiones para la producción de carbono de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio, materia prima para la elaboración de baterías de la prometida revolución de los autos eléctricos. Sin embargo, la transición tecnológica no modifica los impactos ambientales extractivos de las materias primas con las que se abastecen: controles ambientales laxos a cargo de las empresas, falta de consulta a las comunidades locales, escasos puestos de trabajo y recaudación del Estado solo a través de regalías bajas.

“La extracción y comercialización de los bienes comunes, en especial de los minerales, por parte de empresas ajenas a las realidad territoriales y culturales de los contextos donde establecen sus enclaves, implican la ocurrencia de numerosas vulneraciones de derechos”, sostiene el informe Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca Caso: Liex S.A de la asociación catamarqueña Bienaventurados los Pobres (Be.Pe), como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea, que analizó la aplicación de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas aprobados en la ONU en 2011.

El proyecto Tres Quebradas está ubicado dentro de lo que se conoce como el “Triángulo del litio”, una zona geográfica de zonas desérticas y salares que ocupa Argentina, Chile y Bolivia, y donde se considera que se encuentran la mayor reserva de este mineral a nivel global. “El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero”, aseguró el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias de marzo pasado y anunció que impulsará incentivos económicos —beneficios impositivos— para las empresas que vengan al país a invertir en movilidad “sustentable” para la producción de este tipo de vehículos, y su cadena de valor.

El informe de Be.Pe subraya que las políticas dispuestas por los Estados que integran el “Triángulo del litio” evidencian una marcada propiedad de capitales extranjeros debido a un andamiaje legal que establece limitaciones para la exploración, extracción y comercialización de minerales en manos de los Estados. “El litio se extrae sin ninguna rentabilidad para el Estado y la única ganancia deriva de los escasos impuestos que pagan las compañías por desarrollar sus actividades en el país”, sostiene el informe.

El documento enumera otra serie de garantías que los Estados le ofrecen a las empresas extractivas como exenciones tributarias, derechos laborales y otro tipo de acciones como “disposición de fuerzas de orden público e imposición de imaginarios de desarrollo sustentados en el extractivismo”, como se evidenció en los últimos meses con los casos de la vecina Andalgalá y Chubut.

¿Y las comunidad de Fiambalá? “La falta de consulta fue una vulneración directa al derecho de consulta previa e informada”, sentencia Natalia Sentinelli, antropóloga y parte del equipo de investigación del informe de Be.Pe. También destacó una abierta vulneración a la Ley General de Ambiente (25.675) y su “principio precautorio”, que significó la aprobación del proyecto de exploración Tres Quebradas por parte del gobierno de Catamarca sin los estudios de impacto ambiental completos. La falta de consulta e información previa se agrava con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Por eso, el informe sostiene que la exploración iniciada hace cinco años debería detenerse.

“Nos tomó por sorpresa saber que la empresa estaba instalada en Fiambalá y ‘tenían la licencia social’, porque no supimos en qué momento la tuvieron. Nunca se realizó una asamblea en la que se convoque al pueblo para decidir qué hacer. Cuando la empresa se presentó en Fiambalá siempre fue acompañada por el Estado, respaldando a la minera. Y cuando pedimos información al Concejo Deliberante y al Municipio jamás obtuvimos respuestas”, describe a Tierra Viva, la integrante de la organización campesina Acampa. Catamarca no cuenta con oficinas de la Defensoría del Pueblo, los canales de recepción de quejas y de solicitud de información acerca del accionar de las empresas mineras dependen del Ministerio de Minería.
Fuente: La prensa energética

Litio en Catamarca: un peligro para las lagunas altoandinas y la producción local

Perú

Arequipa: ¿Por qué hay una nueva protesta en valle del Tambo, el pueblo que se opone a Tía María?


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Dos instituciones educativas de la provincia de Islay, Arequipa, suspendieron las clases presenciales debido a las protestas en el valle de Tambo. Además, el bloqueo de vías provocó que camiones, buses y autos queden varados.
César Espinoza
Valle de Tambo  19/09/2022
Pobladores del Valle de Tambo piden anular el permiso del uso de agua a la minera Quellaveco. | Fuente: Rotafono | Fotógrafo: Captura de video
A pocos días de que inicie la convención minera Perumin 35 en la ciudad de Arequipa, del 26 al 30 de setiembre, un nuevo conflicto social estalló en el valle de Tambo, ubicado en la provincia arequipeña de Islay. Esta vez, el reclamo no es contra el proyecto Tía María (de Southern).

El paro convocado por las juntas de regantes de esta zona es contra el Estado por qué, según los manifestantes, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió, el pasado 25 de agosto una resolución que autoriza al proyecto minero Quellaveco, en la región Moquegua, usar las aguas de los ríos Titire y Vizcachas, afluentes de la cuenca alta del río Tambo. Esto, según los pobladores, ha generado el temor de los agricultores (en Arequipa) de quedarse sin agua para sus cultivos.

Según la Autoridad Administrativa del Agua Caplina – Ocoña, el agua para el uso agrícola y poblacional está asegurada y el valle de Tambo no se verá afectado, porque los 22 millones de metros cúbicos al año que usará Anglo American actualmente se pierden en el mar y que, en el caso del río Titire, este tiene alto contenido de boro, arsénico y aluminio.

Incluso Claudia Vivanco, gerente Corporativo de Comunicaciones de Anglo American aseguró lo siguiente: “no usaremos ni una sola gota de agua del río Tambo que sea de uso agrícola o poblacional”.

Arequipa: No hay confianza
Sin embargo, los pobladores no les creen y aseguran que sí se verán afectados. El gerente técnico de la junta de regantes de La Ensenada-Mejía, Juan Carlos Cahuana, dijo al diario La República que los ofrecimientos de compensación y descontaminación no son tan ciertos.

“Se debe hacer un nuevo estudio para ver la disponibilidad del río Titire y Vizcachas. Con el cambio climático, todo cambió”, aseveró.

Por su parte, el consejero regional por la provincia de Islay, Elmer Pinto, aseguró que el permiso se dio con base en un estudio del año 2010.

“No puede ser que la ANA (Autoridad Nacional de Agua) dé un permiso con base en un estudio de hace más de 10 años”, indicó.

Además, aseguró que en el valle de Tambo «nadie cree» que recibirán agua de la represa que Anglo American construirá en el río Vizcachas.

“No podemos creerles porque todos los años, en noviembre, tenemos que reclamar a Moquegua que nos den la cantidad de agua que nos corresponde de la represa de Pasto Grande. Si no cumplen ahora, ¿qué garantiza que después lo harán?”, explicó.

Esta molestia provocó que las juntas de regantes convoquen a un paro de 72 horas para el pasado lunes 12 de setiembre, pero se convirtió en una protesta indefinida que incluyo el bloqueo de la vía costanera, en los sectores del Boquerón, el Cruce, Dean Valdivia y otro grupo en la rotonda de ingreso al puerto de Matarani, Arequipa.

Esto provocó que buses interprovinciales, camiones de carga pesada y autos particulares se queden varados por más de 5 horas.

Este lunes 19 de setiembre continúa la huelga, pero las vías se mantienen despejadas, según informó la Policía Nacional.

El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera, lamentó que esta resolución se hay a emitido en plena campaña electoral porque es utilizada por los candidatos.

“Es irresponsable dar una resolución de este tipo, las protestas son aprovechadas por los candidatos”, dijo.

Estudiantes afectados
Estas protestas provocaron que las labores escolares se vean afectadas porque en algunas instituciones educativas públicas y privadas en el valle de Tambo, los docentes no pueden llegar a los colegios o los estudiantes tienen problemas para hacerlo por los bloqueos.

En el caso de los centros educativos José Abelardo Quiñones, en Mejía, y Francisco López de Romaña no hay clases presenciales, dijo Karla Misad, directora de la Ugel Islay.

“En la primera, todos los docentes son de afuera y no pueden llegar. En el otro caso, la Policía Nacional recomendó al director suspender las clases por seguridad”, contó.
https://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-por-que-hay-una-nueva-protesta-en-valle-del-tambo-el-pueblo-que-se-opone-a-tia-maria-noticia-1433242

Argentina, Internacional, Litio

¿La revolución del litio?: «si no hay una transición energética popular, no sirve de nada»

20/09/2022
Argentina actualmente produce dos variantes de Litio, el cloruro y el carbonato, cuyo destino es el mercado externo. Créditos: Econojournal
El especialista Bruno Fornillo resalta la necesidad de que Argentina regule la extracción del recurso, y sostiene que la acumulación capitalista es el problema de base. Por Luciana Mazzini Puga (Agencia de Noticias Científicas de la UNQ).

Según el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio, Argentina es el cuarto productor mundial de este elemento químico. Además, junto con Bolivia y Chile, conforman el “Triángulo del litio” ya que concentran el 65 por ciento de las reservas de todo el planeta (en el caso nacional, las reservas se encuentran en los salares de la Puna). Si bien esto puede significar una posición ventajosa para los países sudamericanos, y en especial para Argentina, el integrante del Foro y doctor en Ciencias Sociales (UBA), Bruno Fornillo, explica a la Agencia de Noticias Científicas UNQ que eso “dependerá de la actitud que tome el gobierno”. “La presencia de las grandes corporaciones extranjeras en el país y la falta de regulación estatal hacen que gran parte de este recurso sea exportado a los países centrales. No vaya a ser cosa que la transición energética ocurra en el norte global y el hemisferio sur sea condenado a ser una zona de sacrificio que lo único que hace es exportar”, expresa el especialista.

El litio es considerado estratégico para los países que poseen grandes reservas y para la búsqueda de una transición energética ya que este puede ser utilizado en lugar de los combustibles fósiles, y sumar así a los esfuerzos por reducir el calentamiento global. Actualmente, se implementa en la elaboración de baterías recargables de ion-litio, que proveen de electricidad a los vehículos (la industria automotriz es la más vasta del planeta) a partir de fuentes de energía renovables, y reemplaza así los combustibles fósiles. También, al ser más ligero que el resto de los metales, se puede utilizar en el tratamiento de aire, baterías, cerámica, vidrio, metalurgia, productos farmacéuticos y polímeros.

Sin embargo, en el caso nacional, el recurso es explotado como un mineral ordinario desde la década de 1980, y su extracción se intensificó a partir del 2000, todo bajo una esquema político neoliberal que facilita la presencia de grandes empresas extranjeras en las áreas litíferas.

La normativa parte del artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que el dominio del litio es de los gobiernos provinciales y no del Estado nacional, lo que posibilita el otorgamiento de concesiones según quiera cada gobernador/a. Además, también rige el Código de Minería (Ley 24.585), que facilita la comercialización de los minerales. Por otra parte, también se aplica la Ley de Inversiones Mineras, que otorga a las empresas estabilidad fiscal por 30 años, lo que abarca desde impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas hasta derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación del ámbito nacional, provincial o municipal. En definitiva, la extracción y explotación del litio no es regulada por el Estado Nacional ni es considerado un “recurso estratégico”.

La ausencia de un control nacional y la flexibilidad legislativa hacen que las empresas extranjeras exploten cómo y cuánto se les antoje y se lo lleven a sus países; de hecho, “muchas veces sucede que se exportan a ellos mismos a un precio bajísimo, perjudicando a Argentina”. En la actualidad existen cincuenta proyectos de los países centrales que se encuentran en etapa de exploración y dos minas de litio en operación. “No tenemos una política soberana en Argentina y eso nos deja muy mal parados, a ellos los beneficia un montón, ¿a nosotros? Nada”, comenta Fornillo.

¿Alguien puede pensar en el ecosistema?

En términos ambientales, la técnica evaporítica de extracción de litio afecta gravemente al ecosistema mediante dos vías: el consumo excesivo de agua y la gestación y descarte constante de residuos. Incluso, la zona de los salares corre peligro de quedarse sin agua, lo que pone en alerta al ecosistema en su conjunto.

En cuanto a las comunidades, Fornillo declara que “son vistas como una especie de estorbo que debe ser paliado de alguna forma. Se encuentran en una situación asimétrica de poder frente al gobierno provincial, nacional y a las corporaciones, y por ende son ninguneadas constantemente”.

El problema de la ecodependencia

Fornillo enfatiza que debe haber una sustentabilidad suficiente para todo el planeta y no solo para un único hemisferio. “Si seguimos dando lugar a que se explote y exporte hacia los países centrales y no pensamos en el hemisferio que ocupamos, se va a dar una ecodependencia y sólo seremos zonas de sacrificio”, afirma el especialista.

Además, plantea que no se puede seguir pensando el consumo y la productividad del mismo modo que se piensa actualmente. “No se trata de cambiar un parque automotor fósil por uno eléctrico y tener miles de millones de autos eléctricos, sino de dirigirnos a otro horizonte, donde nos traslademos en transporte público o por movilidad compartida. De lo contrario, seguiremos consumiendo constantemente para que cuatro pascuales se llenen de plata y el resto de la sociedad viva más o menos”, subraya Fornillo.

Y recalca: “Debemos usar los recursos bajo una perspectiva vinculada al bienestar de la población y no a la acumulación de ganancias. La desigualdad de la distribución es la base del sistema de acumulación capitalista, que es el que crea básicamente los desastres socioecológicos contemporáneos. El litio debe ser usado para una transición socioecológica popular, para todos”.
Fuente: https://agencia.unq.edu.ar/?p=7238

¿La revolución del litio?: «si no hay una transición energética popular, no sirve de nada»

Guatemala

Gobierno de Guatemala desconoció una consulta popular contra la minería a cielo abierto

El proyecto de una empresa minera canadiense que dejará sin recursos a miles de campesinos fue rechazado el último domingo en una consulta popular del municipio de Asunción Mita. El Gobierno guatemalteco lo declaró ilegal y lo desconoció, el mismo argumento que utilizó la empresa.
Redacción internacional
20/09/2022
El Gobierno de Guatemala desconoció por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM) una consulta de vecinos del municipio oriental de Asunción Mita, fronterizo con El Salvador, en el que sus habitantes el pasado domingo rechazaron por una abrumadora mayoría del 87,98% la posibilidad por razones ambientales de que una minera canadiense de oro y plata opere en ese municipio.

El argumento del Gobierno y la empresa, que actuan en común tras una política abiertamente extractivista, es que la consulta había sido declarada ilegal, aún cuando los pobladores denuncian que la mina contaminará los afluentes que utilizan miles de campesinos de la zona.

Es así que el MEM dijo en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», porque el tema minero es exclusivo del Gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.

«Manifestamos que la celebración del referido evento no fue un proceso avalado por este ministerio, al considerar que el mismo carece de fundamento legal», indica el comunicado.


El domingo, habitantes de Asunción Mita rechazaron en una consulta la extracción de oro y plata a cielo abierto del proyecto minero Cerro Blanco, propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá en una consulta para la que estaban habilitadas a votar 30.465 personas, de acuerdo con el padrón electoral.

El delegado de la comisión electoral, Armando Teo, detalló que 13 votos fueron en blanco (0,15%), 105 nulos (1,23%), 904 apoyaron el sí a las operaciones (10,63%) y 7.481 votaron no a la mina (87,98%).

El alcalde del lugar, René Francisco Ruano, explicó que la consulta se realizó a solicitud de un grupo de vecinos y fue aprobada por los miembros del Concejo Municipal.

Al dar a conocer los resultados, la comisión organizadora aseguró que la consulta «es vinculante para el Concejo (municipal) y el señor alcalde e indicativa para el Gobierno central de la República de Guatemala».

La operación minera es rechazada por un grupo de pobladores, además de grupos ambientalistas de Guatemala y El Salvador al considerar que dañará los recursos naturales en ambos lados de la frontera, una situación que descarta la empresa.

Los activistas celebraron el veredicto del referendo, aunque Nelly Rivera, de la Asociación Ambientalista de El Salvador, había advertido que de ganar el proyecto minero acudirían «a todas las instancias internacionales porque esta minería no va».

El MEM insistió en que el «Concejo Municipal de Asunción Mita está impedido legalmente para tomar una decisión relacionada con la instalación y operación de un proyecto minero en su jurisdicción, por lo tanto, consultar a los vecinos respecto de este tema, deviene improcedente».

Cínicamente, Bob Gill, director gerente de Elevar Resources, filial guatemalteca de la minera canadiense, dijo que «estamos decepcionados con las acciones de estos grupos que utilizan referendos sesgados para crear dudas e incertidumbre en torno a proyectos de minería responsable como Cerro Blanco».

Bluestone Resources compró en 2017 a la también canadiense Goldcorp el proyecto Cerro Blanco por 18 millones de dólares más acciones valuadas en cerca de 9,9% del capital de Bluestone. Sin embargo, la mina no ha iniciado sus operaciones debido al cambio de extracción subterránea por una de cielo abierto.

Los ambientalistas aseguran que las operaciones de la mina contaminarán los cursos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña. Esos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.

Como ocurre con muchos otros países, la complicidad entre los gobiernos y los intereses de las empresas mineras aparecen por arriba de las necesidades y de la salud de las comunidades. Para garantizar las ganancias de las empresas se valen de todo tipo de artilugios, incluidos los legales, y también el amedrentamiento, para entorpecer o frenar los reclamos sociales, mientras que las compañias avanzan en la contaminación de los suelos y las aguas. Es por esto que las protestas contra la minería contaminante y las actividades extractivistas son cada vez más generalizadas en todo el mundo.
https://www.laizquierdadiario.com/Gobierno-de-Guatemala-desconocio-una-consulta-popular-contra-la-mineria-a-cielo-abierto

Perú

ESPINAR: PCM PLANTEA AGENDA DE TRABAJO CON 11 COMUNIDADES AFECTADAS POR MINERÍA

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 21/09/2022
Foto: Presidencia de Consejo de Ministros
Una agenda de trabajo que tiene como principales temas el plan de reparaciones, un fondo de emergencia social y la consulta previa. Esos fueron los acuerdos de la reunión realizada ayer, 20 de setiembre, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entre representantes del Estado y las 11 comunidades originarias de Espinar afectadas directamente por las actividades mineras del proyecto Antapaccay (de la empresa suiza Glencore).

En cuanto al plan de reparaciones, se acuerda que dicho documento será implementado en el marco de la Resolución Ministerial N°174-2020-PCM, que creó una Comisión Multisectorial encargada de evaluar los posibles desafíos en el ámbito de las comunidades originarias de Espinar. Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros se compromete a emitir una resolución que permita identificar, caracterizar, valorar y remediar, según sea el caso, los daños causados a las 11 comunidades afectadas. Este documento será socializado el 26 de setiembre de modo virtual.


En cuanto al fondo de emergencia social, se acuerda que la PCM elaborará un Plan de Actividades y Proyectos, el cuál será revisado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Gobierno Regional de Cusco y las comunidades. Este documento demorará en ser elaborado un máximo de 3 meses, contando a partir del 26 de setiembre.

Respecto a la consulta previa solicitada por las comunidades originarias para el proyecto minero denominado “Integración Coroccohuayco”, el Minem se compromete a retomar las acciones y gestiones para la implementación del proceso en el marco de la octava adenda suscrita. Para ello se plantearon tres ejes temáticos: educación, territorio y desarrollo sostenible.

Sobre este último punto, el Minem solicitó a las comunidades que presenten una propuesta detallada que será evaluada en el marco del eje temático de desarrollo sostenible.
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Perú

NUEVAMENTE EL GREMIO MINERO INTENTANDO DEBILITAR LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

Ana Leyva 22/09/2022
Imagen: Peru.info
En una nota periodística aparecida en el Diario Gestión (20/09/2022) titulada: “Permisos ambientales demoran hasta 4 años y frenan nuevos proyectos”, representantes del gremio minero hacen algunas afirmaciones que son medias verdades y otras falsedades completas.

Afirman que, si bien las inversiones en exploración minera han crecido 39.4% de enero a julio, no alcanza la cifras pre-pandemia y que estaríamos en una tendencia declinante, por trabas que pondría el gobierno. En relación a las supuestas trabas, se dice que los permisos ambientales en el Perú demoran en ser otorgados año y medio y en algunos casos hasta cuatro y que en otros países no pasan de tres meses. Sostienen que las razones de la demora son la consulta previa del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el silencio administrativo negativo.


La afirmación sobre la tendencia de las inversiones en exploración merece algunas precisiones. En primer lugar, las cifras oficiales muestran que no es exacto que se esté lejos de los montos invertidos el año previo a la pandemia (US$ 356 millones en el 2019 contra US$ 329 millones en el 2021) y más bien se nota un claro proceso de recuperación (53% en el período 2020 vs 2021). Pero además, la pre pandemia no es solamente el 2019, también es el 2018 y los años previos y si vemos las estadísticas globales sobre inversión minera, se podrá comprobar que en el 2021 y en lo que va del 2022, se está invirtiendo más que en los años 2018 y 2017.


Además, el hecho de que la inversión en exploración, en el periodo enero-julio, haya crecido un 39.4% respecto al año anterior, nos estaría mostrando que la tendencia sigue ascendente, y que este año se podría estar alcanzando o superando las cifras pre pandemia. En el informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) se señala que el Perú sigue siendo uno de los principales destinos de inversión en exploración minera de América Latina.

Sobre las demoras en las evaluaciones de las solicitudes de permisos ambientales como es el EIA o la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y sus modificatorias, tampoco se dan datos. Tenemos entendido que los tiempos se han reducido significativamente. Tampoco reconocen que las demoras suelen producirse, entre otras cosas, porque las empresas presentan estudios de mala calidad, muchas veces con información incompleta, desactualizada o poco clara. Basta revisar un EIA y tomar nota de las observaciones para darse cuenta de ello.

Por otro lado, el planteamiento de dar por aprobados los permisos ambientales cuando la autoridad evaluadora no ha tomado una decisión dentro de los plazos establecidos (silencio administrativo positivo) nos parece un despropósito. La razón de no aplicar el silencio administrativo positivo en estos casos tiene como justificación la necesidad de proteger a la población y al ambiente del entorno minero, de los riesgos y daños que puede acarrear el proyecto. En la evaluación del EIA, la autoridad competente tiene que determinar esos riesgos o daños y evaluar si son adecuadas y suficientes las medidas de prevención, mitigación o compensación propuestas para así evitarlos, reducirlos o repararlos. Pretender que la autoridad no se pronuncie por la falta de cumplimiento de un plazo y se dé por aprobado el EIA tal como fue presentado nos parece un acto de irresponsabilidad.

Tal vez alguien diga que ello sí es posible para proyectos de exploración porque no acarrean daños; sin embargo creemos que esa afirmación es una presunción falsa. Si no hubiese la posibilidad de que un proyecto de exploración genere daños no se le pediría a su titular, en todas partes del mundo, que presente un EIA o un DIA. Además, basta visitar las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata (Espinar, Cusco) para darse cuenta de los impactos que pueden producir las actividades de exploración en la cantidad y calidad del agua y en sus formas de vida.

Asimismo, en este punto debemos recordar que la Ley 30230 estableció que las autoridades que participan en la evaluación del impacto ambiental y que incumplen los plazos establecidos para emitir su pronunciamiento incurren en falta grave y son pasibles de las más duras sanciones. Esto ha significado que, desde el 2014 para adelante, la calidad de la evaluación ambiental se debilite.

Finalmente, los representantes del citado gremio dicen que la consulta previa del EIA en la fase de exploración demora el proceso de otorgamiento de permisos. Esta afirmación es completamente falsa. En el Perú no se consulta el EIA ni sus modificaciones, solo se consulta la autorización de inicio de operaciones, un permiso que se ubica al final del proceso decisiones, y que solo verifica que se haya cumplido todos los requisitos necesarios para iniciar la exploración o explotación.

Cabe señalar, que la falta de consulta del EIA a pueblos indígenas en el Perú va a contracorriente de lo que sucede a nivel internacional e incluso en el mismo Chile, país que siempre tomamos como referente. En nuestro país, presionados por el gremio de empresarios mineros, hacemos caso omiso de lo que suele ser razonable. Vale recordar que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura, desde hace ya varios años, han planteado la necesidad de consultar el EIA para evitar poner en riesgo las condiciones de existencia física y cultural de los pueblos indígenas. El Congreso de la República y el Poder Ejecutivo siguen haciendo caso omiso a esta recomendación.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Perú

Las Bambas: comunidades evalúan retomar protestas ante ampliación de vigencia de grupo de trabajo


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Comunidades campesinas involucradas en conflicto minero muestran su descontento debido a que no se implementó la totalidad de acuerdos. Evaluarán la resolución y su respuesta al Gobierno.
Ángeles Santos 17/09/2022
Apurímac. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial informó que no se ha logrado implementar la totalidad de acuerdos a raíz del conflicto minero, por lo que se aprobó la ampliación de vigencia del grupo de trabajo en Las Bambas. Ante tal situación, las comunidades campesinas anunciaron que evaluarán la resolución y un posible reinicio de protestas.

Las voces que señalan las protestas surgen luego de que el Poder Ejecutivo aprobara ampliar hasta el 31 de diciembre la vigencia del grupo de trabajo que acompaña y evalúa el cumplimiento de los compromisos entre el Ejecutivo, representantes de la empresa minera Las Bambas y de las comunidades campesinas involucradas en el conflicto minero de Cotabambas.

Los dirigentes de las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chuicuni y Huancuire, en comunicación con La República, mostraron su descontento por esta ampliación, señalando que es mucho tiempo el plazo establecido y que evaluarán la resolución que aprueba dicha ampliación para darle respuesta al Gobierno central y la empresa minera.

Además, aseguraron que la resolución no les impide exigir los compromisos acordados y reiniciar con protestas.

David Huillca, representante de la comunidad de Chuicuni, indicó que la postergación de espacios de diálogo por parte de algunas comunidades y la empresa minera no permitió cumplir con los acuerdos suscritos el pasado 9 de junio.

En aquella oportunidad, a través de un acta, las comunidades se comprometieron a paralizar con sus medidas de protesta; y la empresa, a no reiniciar sus actividades en el tajo Chalcobamba. Adicionalmente, se crearían subgrupos de trabajo por comunidad.

En el caso de la comunidad de Chuicuni, se tiene un avance del 70%; por ello, para el dirigente, la ampliación es innecesaria. Sin embargo, en otras comunidades, los avances no superan ni del 10% en la instauración de diálogo y acuerdos.

La situación en la comunidad de Fuerabamba, según su dirigente, Edison Vargas, no ha tenido desarrollo y —sostuvo— se encuentran en un 0% avance, mas no descartó evaluar protestas por el descontento de la ampliación de fechas.

Según la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, no se ha logrado implementar la totalidad de los acuerdos suscritos, a pesar de que el grupo de trabajo ha establecido un cronograma para el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y Huancuire de la provincia de Cotabambas y la instalación de seis subgrupos de trabajo en cada comunidad.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/09/17/las-bambas-comunidades-evaluan-retomar-protestas-ante-ampliacion-de-vigencia-de-grupo-de-trabajo-apurimac-lrsd/

Colombia

Minambiente anuncia seguimiento integral a proyectos mineros en Cesar

La ministra Susana Muhamed visitó el corredor minero del departamento, donde sostuvo un diálogo con las comunidades.
CESAR 18/09/2022
El Heraldo. Miguel Barrios
Un seguimiento estricto a los proyectos mineros en el Cesar, anunció la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, tras un recorrido por el corredor carbonífero en este departamento, donde sostuvo un diálogo con las comunidades.

Dijo que el propósito de su visita también es “interactuar con los actores del Cesar, porque frente al diálogo regional vinculante que se viene en octubre hacia el Plan de Desarrollo, buscamos una participación amplia de todos, y una pregunta que tiene el Cesar es su diversificación productiva para precisamente avanzar en otras acciones de desarrollo que no sean tan supeditadas al carbón”.

Respecto al plan de cierre de la mina de Prodeco, la ministra afirmó que se va a cumplir con el fallo de tutela y se generarán espacios de participación con las comunidades.

Adicionalmente, se realizará un balance de las compensaciones ambientales de todas las licencias ambientales que se encuentran en este corredor minero, respondiendo así a las necesidades que manifestaron las comunidades para la recuperación de ciénagas y ríos, a través de la reforestación.

“Buscamos generar acciones que permitan alcanzar impactos sociales de carácter positivo, lo haremos llegando acuerdos públicos de cumplimiento, entre el Gobierno, el Congreso, los alcaldes y las empresas”, manifestó Muhamad.

Tras su conversación con activistas y defensores ambientales del Cesar, concluyó que se articulará la Mesa Ambiental Permanente para contar con la presencia de los 25 alcaldes del departamento, la gobernación, Corpocesar, la Cámara de Comercio y las comunidades.

Trasladan a 300 reclusos ante alto índice de hacinamiento en Valledupar
Uno de los objetivos será el de los planes de mejora para la recuperación del río Guatapurí, el río Cesar, la ciénaga de Zapatosa y la Serranía de Perijá.

Finalmente, Muhamad reiteró que los procesos de restauración ecológica deben hacerse con las comunidades, pues es una oportunidad social de generación de fortalezas técnicas y económicas para ellas; y que se abrirá un programa para que los ciudadanos puedan convertirse en veedores ambientales.
https://www.elheraldo.co/cesar/cesar-minambiente-anuncia-seguimiento-integral-proyectos-mineros-939589

Perú

Registran 209 conflictos sociales a nivel nacional en el mes de agosto

Un caso nuevo es la protesta observada en la zona de La Pampa (Madre de Dios), reportó la Defensoría del Pueblo
Fernando Durand 13/09/2022
La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 222, correspondiente al mes de agosto del presente año. El documento da cuenta de la identificación de un total de 209 conflictos sociales registrados (149 activos y 60 latentes) a nivel nacional.

Casos nuevos

Respecto al mes anterior, se incorporaron tres nuevos conflictos sociales. Un conflicto de tipo socioambiental se desarrolla en Madre de Dios. En este caso mineros ilegales y población de la zona La Pampa se oponen a los operativos de interdicción contra la minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y en la zona de La Pampa, por presuntos abusos policiales.

Un caso por asuntos de gobierno local se registra en el departamento de Cajamarca, donde ciudadanas/os de la comunidad de Alto Perú demandan a la Municipalidad Distrital de Chontalí culminar la ejecución del mejoramiento del camino vecinal en el tramo Tabacal – Alto Perú.

Un tercero se registra en Puno, donde autoridades, criadores alpaqueros, Frente de Defensa de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Suches, comités de usuarios de agua y pobladores del distrito de Cojata exigen al Estado la declaratoria de emergencia de la cuenca Suches, la reactivación de la Comisión Técnica Binacional Perú-Bolivia de la cuenca Suches, la cancelación de las concesiones mineras ubicadas en la cabecera de cuenca Suches y ejecución proyectos de inversión pública para la remediación ambiental del río Suches.

Violencia

Producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional y mineros ilegales de la zona La Pampa en Madre de Dios, trece personas resultaron heridas y una falleció, quien fue identificada como Luis Daniel Pérez Dolores.

Protestas

Según el documento defensorial, durante el mes de agosto se registraron 337 acciones colectivas de protesta, 63 más que el mes anterior. Del total, el 60.2 % (203) fueron plantones y el 41.2 % (139) fueron protagonizados por gremios de trabajadoras y trabajadores no sindicalizados.

Casos resueltos

Se registran dos casos resueltos este mes. Uno involucra a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta en Ayacucho, quienes presentaron un pliego de demandas a sus autoridades, las mismas que fueron atendidas. Otro es el que fue protagonizado por la Central Asháninka del Río Tambo, la cual presentó una serie de reclamos al Gobierno Regional de Junín, verificándose que las demandas relacionadas a las temáticas de educación y de salud han sido atendidas.

Casos por tipo y lugar

Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (18) y Apurímac (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.6 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.9 %.

Diálogo

Del total de casos activos, el 67.8 % (101 casos) de los conflictos es atendido a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 78 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 79.2 % (80 casos) corresponde a casos socioambientales.

Alertas tempranas

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 20 alertas tempranas (ver página 13 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, tres corresponden a casos nuevos, 8 son conflictos activos y 9 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales haga click aquí: https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/

Colombia

Líderes del Cesar denunciarán afectaciones ambientales de multinacionales mineras en el departamento

La presentación del informe se realizará este miércoles con la presencia de varios líderes sociales.
Mateo Piñeros
13/09/2022
Cada semestre el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) hace un balance en materia de derechos humanos en el país. Este miércoles se presentará el capítulo del Cesar, pues solo en el sur de ese departamento se han registrado 343 victimizaciones desde 2010 contra líderes y defensores de derechos humanos, y en lo corrido del año tres líderes sociales han sido asesinados.

Algunos líderes como Jaher Steven Torrado Niño y Luzdari Simanca Martínez entregarán este balance junto al Cinep en la mañana del miércoles.

En una primera medida denunciarán una problemática ambiental que involucra a algunas multinacionales minerales, que con la extracción de carbón habrían secado 60 ciénagas y desviado ríos, generando graves afectaciones ambientales.

Una de estas multinacionales tenía cinco títulos mineros en esa zona del país y los líderes van a denunciar que, aunque fueron entregados tres de ellos, no se estarían cumpliendo los compromisos que se adquieren con las comunidades al obtener dichos derechos, por lo que no tienen quién responda por esto.

En el departamento también hay industrias dedicadas a la ganadería extensiva y la palma, además del carbón, y la denuncia de los líderes es que estas actividades también estarían generando en algunos casos daños ambientales.

Todos los detalles sobre esta información se ampliarán en la rueda de prensa en la que estará también Martha Lucia Márquez, directora de Cinep.
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/lideres-del-cesar-denunciaran-afectaciones-ambientales-de-multinacionales-mineras-en-el-departamento-rg10