Bolivia, Litio

Bolivia da un empujón a su industria de litio entre críticas a sus metas

El país posee más de 21 millones de toneladas de litio, una de las mayores reservas en el mundo. La principal está en el salar de Uyuni en la región andina de Potosí.
Baterías de litio extraído del salar de Uyuni. EFE/Martín Alipaz
Agencia EFE
14/05/2022
Bolivia trabaja en dar una nueva dirección a la industrialización de litio con pruebas para la extracción directa del mineral y así aumentar sus cupos de producción, esto ante las dudas de algunos analistas sobre las metas nacionales o que prospere una eventual alianza regional para insertarse en el mercado global.

El país posee más de 21 millones de toneladas de litio, una de las mayores reservas en el mundo. La principal está en el salar de Uyuni en la región andina de Potosí, y en menor proporción en los yacimientos de Pastos Grandes, también potosino, y Coipasa, compartido entre el departamento boliviano de Oruro y Chile.

Según cifras oficiales, en el 2021 se invirtieron US$ 24.5 millones para la reactivación de proyectos para la explotación del litio, además, en ese mismo año el país recibió más de US$ 27.4 millones por la venta de carbonato de litio y cloruro de magnesio.
Proyecciones

El Gobierno de Luis Arce puso en marcha en el 2021 un centro de investigación para desarrollar tecnología para industrializar el litio y lanzó una convocatoria internacional para que empresas interesadas puedan probar en Bolivia la tecnología de extracción directa del litio (EDL).

Según el Ejecutivo, con esta tecnología se podrá acelerar el proceso de industrialización del litio, y a esto se suma el anuncio del inicio de operaciones de una planta de carbonato de litio que alcanzará una producción de 15,000 toneladas anuales.

Bolivia prevé que con ese centro se incremente la capacidad de producción de la planta piloto de materiales catódicos para baterías de litio y las de cátodos, hidróxido, cloruro de potasio y otras materias primas que ya se están produciendo en el país.

Además, se realiza en la actualidad una cuantificación de los recursos en el salar de Coipasa con lo que el Gobierno espera que se incremente la cantidad de reservas del litio boliviano.

La meta con estos proyectos es “contar con un nuevo cupo” de producción” y “mejorar la posición de Bolivia en el contexto del mercado del litio”, dijo recientemente el ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina.

Sin embargo, Pablo Solón, investigador y quien ocupó varios cargos diplomáticos durante el Gobierno de Morales, se mostró menos optimista sobre las metas del Gobierno y manifestó a Efe que “el avance (de la industrialización) es muy bajo en Bolivia”.

Solón puso como ejemplo que la planta de cloruro de potasio “ha trabajado al 20% de su capacidad desde su creación en el 2018 y que la factoría de carbonato de litio lleva casi cuatro años de retraso, a lo que se suma que los ingresos generados “son bajísimos”.
Bloque del litio

México, que posee uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo, además de Argentina, con una importante cuota de ese recurso, empujan propuestas para generar sinergias en las que Bolivia busca ser un actor fundamental junto a Chile y Perú, países que en conjunto comparten ideas progresistas y de izquierda.

El economista y experto en la temática del litio Pablo Poveda recordó en declaraciones a Efe que la idea de formar este tipo de bloques se planteó en los primeros años del Gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) y que desde entonces se han registrado muchos cambios.

Poveda señaló que la realidad del mercado del litio “no va por las aspiraciones que tienen las políticas progresistas” y que “la materia prima de los salares (Argentina, Chile y Bolivia) puede ser desplazada por el material de roca que es mucho más apropiado para la producción”.

La extracción de litio mediante piscinas implica un “excesivo costo y tiempo”, en el caso boliviano dura hasta 11 meses, mientras que la extracción de roca, que se practica en China y Australia, demora menos de 24 horas a través de procesos químicos, aseguró.

Además, se mostró pesimista ante la posibilidad de que la conformación de un bloque regional pueda incidir en los costos internacionales del metal, “los precios se controlan en la producción de baterías, no en la producción de materia prima”.

Por su parte, Solón manifestó que Bolivia “tiene que ser mucho más realista” en sus pretensiones.

“Toda estrategia regional puede ayudar” para el intercambio de experiencias, pero que a diferencia de Chile y Argentina, que están en curso de extracción de litio, Bolivia y México aún “no existen” en las estadísticas mundiales.

En el primer trimestre de este año, Bolivia generó alrededor de US$ 18.6 millones por la comercialización de carbonato de litio y cloruro de potasio que ya superó los ingresos conseguidos en el primer semestre del año pasado que fueron US$ 11.6 millones.
https://gestion.pe/mundo/bolivia-da-un-empujon-a-su-industria-de-litio-entre-criticas-a-sus-metas-noticia/

Perú

CONFLICTIVIDAD SOCIAL: ¿EN QUÉ MOMENTO ESTAMOS?

José De Echave C.
13/05/2022
Imagen: La República
En estos tiempos de aumento de estallidos sociales en diferentes partes del país, desde varios medios de comunicación se intenta instalar la idea que nunca hemos estado en una situación tan complicada. Como si por primera vez estuviésemos viviendo en el país un clima de paros y protestas, sin que nuestras autoridades muestren capacidad de reacción.

Si bien no es nuestra intención minimizar lo que pasa actualmente en el país y los permanentes desatinos de este gobierno, lo cierto es que ya hemos atravesado por momentos complicados y la sensación que queda es que no hemos tenido la capacidad de sacar lecciones y corregir los problemas que están a la base de la conflictividad social, sobre todo en las zonas de influencia de la minería.

Como se puede ver en el siguiente gráfico -que organiza la información de la Defensoría del Pueblo por quinquenios-, la conflictividad social nos ha acompañado permanentemente en las últimas décadas, con varios momentos de incremento sostenido, que ha afectado a los distintos gobiernos.


Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: CooperAccion

Por ejemplo, el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) se inició con menos de 100 conflictos y rápidamente comenzaron a aumentar, hasta llegar a los 286 conflictos, cifra récord desde que la Defensoría del Pueblo comenzó con su registro. Fue el período de conflictos como el de Combayo y otros más en Cajamarca, Río Blanco-Majaz en Piura, el Baguazo en Amazonas, el Aymarazo en Puno, el primer capítulo de Tía María en Arequipa, entre varios otros. También en ese período se comenzó a gestar el caso Conga. La incapacidad del gobierno de García para atender la conflictividad social estuvo acompañada de un discurso y medidas que buscaron afectar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. García terminó su mandato con 234 conflictos y varias bombas de tiempo que pocos meses después comenzaron a estallar.

Si bien el gobierno de Humala se inicia con una tendencia a la baja, en su primer año tuvo que enfrentar varios conflictos importantes: el caso Conga comenzó a escalar en el segundo semestre de 2011 y alcanzó niveles de movilización y paralizaciones en Cajamarca en el último trimestre del año. Como se recuerda, Conga explica en parte la crisis y la caída del primer gabinete de Humala y el inicio de un giro en su gobierno. Posteriormente, otros conflictos, como el de Espinar (mayo de 2012), Tía María, Las Bambas, entre varios otros, caracterizaron ese período que terminó con cifras que superaron los 200 conflictos por mes.

La inestabilidad y la crisis política permanente caracterizaron el período 2016-2021, con renuncias y vacancias, cuatro presidentes, cierre del Congreso, en medio de una disputa abierta entre los principales poderes del Estado y el inicio de la pandemia. En cierta medida, el escenario de crisis política y la pandemia, hizo que no sea tan visible la conflictividad social en el período. Sin embargo, con el inicio de las operaciones comerciales en Las Bambas el 2016, se comenzaron a registrar sucesivos estallidos en diferentes puntos del denominado corredor del sur andino, a lo que se sumaron conflictos en Islay, por el proyecto Tía María, en Espinar, Ancash, en la zona de influencia de Antamina, entre varios otros. En el primer semestre del 2021, durante el gobierno Francisco Sagasti, se comenzó a notar un ligero incremento de conflictos sociales.

Las características del actual momento

El último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta que en la actualidad existen 208 conflictos sociales en el país, de los cuales la gran mayoría (160) son activos[1], lo que significa que un gran número de casos demandan una atención prioritaria y urgente de parte de las autoridades encargadas.

Al lado de la amplia predominancia de los conflictos activos, la matriz de conflictividad aparece hoy en día más diversa que de costumbre: en los últimos meses, a los habituales conflictos vinculados a la minería, ha habido paro de transportistas, de productores agrarios, controladores aéreos, manifestaciones ciudadanas por el alza del costo de vida y pedidos al gobierno que cumpla con sus promesas en localidades como las de Huancayo, Cusco y hasta Lima.

Sin embargo, los casos vinculados a la minería siguen ocupando un espacio central en el mapa de la conflictividad social del país y el gobierno muestra serias limitaciones. En Cuajone, las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala tomaron el reservorio de Viña Blanca que abastece de agua a la operación minera y la vía férrea. Las comunidades reclaman que en algún momento del desarrollo de la mina, fueron despojados de parte de sus tierras. Luego de varias semanas de tensión y con el riesgo que se produzca un enfrentamiento entre trabajadores y las comunidades, fue declarado el estado de emergencia en la zona y, por el momento, se han retomado conversaciones entre la empresa, las comunidades y representantes del Ejecutivo.

Por otro lado, en la zona de influencia de Las Bambas el último estallido se ha dado en el epicentro de la operación minera, en el tajo de Ferrobamba y en lo que será el nuevo yacimiento, el de Chalcobamba. Como se sabe, para que la primera fase de la operación de Las Bambas se pueda concretar, la empresa minera tuvo que adquirir las tierras de la comunidad de Fuerabamba y reubicarla, antes de construir la primera mina a cielo abierto. La comunidad alude que la empresa no ha cumplido con todos los compromisos firmados y han decidido reinstalarse en las tierras.

¿Qué es lo que aparentemente ha ocurrido en este caso? Si bien los acuerdos entre la empresa minera y Fuerabamba tiene una cláusula de confidencialidad y es difícil conocer a ciencia cierta todos los acuerdos, por testimonios que hemos recogido en la zona, aparentemente algunos puntos no habrían sido cumplidos: la comunidad de Fuerabamba entregó 4,774 hectáreas y a cambio ha recibido de la empresa 4,200 hectáreas, distribuidos en varios fundos. Además aluden que los fundos debían servir para actividades agrícolas y ganaderas, característica que no presenta por ejemplo el predio de Yavi Yavi, adquirido por la empresa en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Pero todo indica que otro de los motivos del retorno de Fuerabamba a sus tierras, tiene que ver con el hecho que las comunidades vecinas de Chila y Choaquere -que le vendieron tierras a la empresa minera para el reasentamiento de Fuerabamba, habrían invadido terrenos vecinos a las viviendas de la urbanización conocida como Nueva Fuerabamba, generando un clima de tensión y hostilidad. Es por eso que Fuerabamba le ha pedido a la empresa minera que solucione este tema con las comunidades mencionadas.

Este nuevo capítulo de la larga lista de conflictos que han estallado en el denominado corredor del sur andino, pone en evidencia una situación que es cada vez más compleja y explosiva. Los estallidos pueden ocurrir en Cotabambas (Apurímac) o en las provincias de Chumbivilcas y Espinar e incluso en Paruro (Cusco). Además, las demandas y expectativas también son variadas: pueden ser económicas, sociales o ambientales, entre otras.

Otra característica es que en algunas zonas las comunidades terminan compitiendo entre sí: lo que una comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o el Estado, puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de comunidades vecinas que terminen en nuevos estallidos. Está claro que entre Apurímac y Cusco, precisamente por lo que viene sucediendo en el corredor vial por donde se transporta el mineral, autoridades y comunidades se miran con cada vez mayor recelo. La búsqueda de una vía alternativa para la salida de los minerales desde Apurímac que ha propuesto el gobernador de esa región, es un claro indicador de las tensiones y recelos que crecen en esa zona.

Reconociendo que las salidas no son sencillas y que estamos frente a conflictos que se han complejizado, una alternativa es hacer un giro radical en su abordaje. Las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven, en el mejor de los casos, para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado. Se hace necesario construir un nuevo sistema de gobernanza para estos territorios que buscan ser considerados mucho más que zonas de extracción y tránsito de minerales.

[1] Y 48 latentes.

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Sonami: “Artículos aprobados por la comisión de medio ambiente no dan certeza a la minería”

Fanny Castro 11/05/2022
Existe una profunda preocupación en el sector por el futuro de la minería chilena frente a las normas aprobadas
“Dicha Comisión ha mantenido su intransigencia y sesgo ideológico, impidiendo un acuerdo que dé garantías al desarrollo minero y las inversiones del sector”, sostuvo Diego Hernández.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, manifestó su decepción por lo aprobado anoche por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional. “Dicha Comisión ha mantenido su intransigencia y sesgo ideológico, impidiendo un acuerdo que dé garantías al desarrollo minero y las inversiones del sector”, sostuvo el directivo.

Hernández agregó que lo aprobado “es tan malo” como lo que presentó el sábado pasado en el Pleno. “Si bien se eliminó el artículo que establecía la participación mayoría del Estado en la exploración y producción de cobre, mantuvo el término de las concesiones judiciales reemplazándolas por autorizaciones que siguen siendo administrativas temporales y que no dan derecho a propiedad. Ello es particularmente grave para los pequeños productores mineros que no podrán heredar las minas que han recibido desde sus abuelos, es decir la tradición minera se acaba”.
Preocupación

“Esta propuesta de la Comisión deja todo sometido a leyes de simple mayoría que se podrán cambiar en cualquier momento y, lo peor, con instituciones débiles como un Congreso unicameral y un Poder Judicial debilitado”, agregó el titular de SONAMI.

Diego Hernández señaló que esta nueva propuesta, que será revisado este sábado por el plenario de la Convención, “no otorga ninguna certeza para la inversión”.

“Se hace mención a los pequeños mineros, como para mostrar alguna preocupación, pero en la práctica las inversiones no serán suyas ni las podrán heredar, por lo que la Zona Norte del país queda totalmente desprotegida”, afirmó Hernández.

“Nosotros hemos podido percibir, en las distintas reuniones con nuestros asociados, una profunda preocupación en el sector por el futuro de la minería chilena frente a las normas aprobadas, en una comisión que no ha disimulado su sesgo ideológico radical. Ello quedó demostrado con la masiva manifestación que alrededor de 500 mineros venidos desde El Loa al Maule efectuaron frente a la sede de la Convención en defensa de la minería”, concluyó Diego Hernández.
https://www.rumbominero.com/chile/sonami-articulos-aprobados-por-la-comision-de-medio-ambiente-no-dan-certeza-a-la-mineria/

Chile, Litio

Fisco vs. Simbalik: la disputa por el litio del Salar de Maricunga que afecta a Codelco

Leonardo Cárdenas 12/05/2022
Se trata del último intento del Estado de Chile por resguardar sus intereses en la industria del litio. Según el Consejo de Defensa del Estado, la entrega de las servidumbres a Simbalik, un grupo de inversionistas taiwaneses socios del Grupo Errázuriz, «se superpone en su totalidad con el perímetro que el Estado de Chile reservó a una de sus empresas para explotar litio”.
La semana pasada, el abogado procurador fiscal de Copiapó del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Adolfo Rivera, presentó en la Corte Suprema un recurso de casación que es mirado con atención por grandes mineras.

Se trata del último intento del Estado de Chile por resguardar sus intereses en la industria del litio, cada vez más pujante debido a la alta demanda del mineral que es utilizado en baterías de larga duración para vehículos eléctricos.

La acción busca revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó del 12 de abril de 2022, que rechazó el recurso de apelación del CDE y confirmó el fallo del 1° Juzgado de Letras del 7 de octubre del 2021. Este último dictamen viene a ser clave para la trama, pues acogió la demanda interpuesta por Simbalik Group Inversiones Limitada -propiedad de inversionistas taiwaneses y socios del Grupo Errázuriz- y otorgó una servidumbre minera en un terreno de 292 hectáreas en el Salar de Maricunga, en la Región de Atacama.

En el escrito, el CDE exigió la nulidad de ambas sentencias y alertó un eventual perjuicio para Codelco en caso de confirmarse los fallos de primera y segunda instancia.

“El área pedida en servidumbre por Simbalik Group Inversiones Limitada se superpone en su totalidad con el perímetro que el Estado de Chile reservó a una de sus empresas para explotar litio”, consignó en su presentación. En efecto, el 9 de marzo de 2018, el Estado de Chile celebró un contrato con la cuprera a través de la empresa filial Salar de Maricunga SpA, para la operación de un yacimiento de litio en la zona.

Consultada Codelco sobre el contenido de este artículo, declinó efectuar comentarios.

Para el CDE las últimas sentencias han incurrido en una “infracción de derecho”, ya que se ha constituido una servidumbre minera, sin que concurriera uno de los presupuestos normativos, como es la necesidad o utilidad que justifique su otorgamiento.

“El demandante solicitó este gravamen sobre el predio de dominio fiscal, con la finalidad de explorar y explotar litio, siendo el caso que sus concesiones mineras sólo le permiten explorar y explotar cloruro de sodio, cuestión que fue pasada por alto por los sentenciadores de la instancia, accediendo igualmente a la pretensión del actor”, acotó el escrito.

“Hay un antecedente de derecho que la Corte de Apelaciones de Copiapó esquiva al momento de confirmar la sentencia de primera instancia, acogiendo en definitiva la demanda del actor, esto es que, la demandante sociedad Simbalik Group Inversiones Limitada, no puede explorar ni explotar el litio que exista en las entrañas de sus concesiones mineras denominadas Cocina”, añadió el mismo documento.
Más sobre Pulso PM

“El Consejo de Defensa del Estado está errado”

Desde Simbalik explicaron que “el Consejo de Defensa del Estado está errado, porque el CEOL de Codelco respeta todas las pertenencias antiguas e incluso las mismas de Codelco en el Salar de Maricunga y esta servidumbre que se ha solicitado es sobre pertenencias antiguas que ya están otorgados los permisos de Comisión Chilena de Energía Nuclear”.

Pero en el trasfondo del conflicto radica un millonario proyecto que mantiene en marcha el Grupo Errázuriz con Simbalik y que hoy en Copiapó se encuentra en etapa de pruebas. La iniciativa busca la explotación de litio por medio de un novedoso sistema que requeriría un menor consumo de agua y considera una inversión total de US$400 millones, como informó en febrero de 2017 Pulso.

La iniciativa cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, aunque actualmente está sujeta a consulta indígena. Esto, luego que una comunidad alegara que no fue consultada y que la Corte Suprema ordenara que el proceso de evaluación ambiental del proyecto se retrotraiga a dicha etapa.

Las pertenencias que tienen ambas empresas están un paso más adelante que el resto para ser explotadas, puesto que estas ya cuentan con la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). Esto, puesto que fueron adquiridas antes del Decreto Ley Nº 2.886 de 1979, que definió al litio como reserva del Estado, por lo que no es susceptible de ser explotado a través de una concesión minera, salvo aquellas concesiones constituidas con anterioridad.

El Grupo Errázuriz destacó que “será el primer proyecto con tecnología de extracción directa que no tendrá impactos ambientales, porque se reinyecta la salmuera que se le extrae al litio. Tiene un 95% de recuperación del litio retenido en la salmuera versus los procesos tradicionales que evaporan y que sólo extraen entre el 40% a 45%”.
Exploraciones en marcha

Por otro lado, a finales de enero, Codelco obtuvo el último permiso sectorial para iniciar la habilitación de los accesos que le permitirán iniciar su campaña de exploración en el Salar de Maricunga, ubicado en la Región de Atacama.

Este hito marca el comienzo de esta etapa del proyecto. Se estima que los sondajes se iniciarán a fines de marzo y que durarán cerca de 10 meses. Dependiendo de los resultados de la campaña, específicamente de las concentraciones de litio disuelto en las salmueras de dichas propiedades mineras, la empresa definirá si es medioambiental y económicamente viable continuar con el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.

“La Política Nacional del Litio y la Gobernanza de los Salares, emitida en 2016, le encargó a Codelco que, junto con el Ministerio de Minería, evaluara la factibilidad de explotar el litio existente en el Salar de Maricunga, mediante alianzas público-privadas, considerando el respeto y el cuidado de los ejes sociales, económicos y ambientales”, consignó la cuprera estatal en un comunicado de prensa.
https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/fisco-vs-simbalik-la-guerra-por-el-litio-del-salar-de-maricunga-que-perjudica-a-codelco/KD2ELLIQ3RDCLHPVXCUKAKE27M/

Perú

Comunidades y gobierno peruano, sin acuerdo para frenar protesta contra mina Las Bambas


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Thomson Reuters 2022
11/05/2022
LIMA – Representantes del gobierno de Perú no pudieron llegar el martes a un acuerdo con un grupo de comunidades indígenas, en una reunión en la que se buscaba frenar las protestas que han detenido la operación de la enorme mina de cobre Las Bambas.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y Las Bambas, de propiedad de la china MMG Ltd, aporta alrededor del 2% del suministro global. La suspensión de la operación de la mina desde hace casi tres semanas significa para la empresa y el país la pérdida de millones en ingresos y en impuestos en un momento de precios del cobre históricamente altos.

En una tensa reunión cerca de la mina, en los Andes peruanos, los líderes comunitarios dijeron que no permitirían que la mina reanudara sus operaciones a menos que el Gobierno levante el estado de emergencia que impuso en la zona el mes pasado. La medida suspende los derechos de reunión y manifestación.

“Si quieren diálogo, primero levanten el estado de emergencia”, dijo Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, en la cita, que fue transmitida por redes sociales.

Representantes del Gobierno dijeron por su parte que primero quería un compromiso de las comunidades de que levantarían su protesta para permitir que Las Bambas reinicie operaciones.

Las comunidades indígenas de Fuerabamba y Huancuire vendieron tierras a Las Bambas para permitir la construcción de la mina, pero recientemente acusaron a la empresa de no respetar todos sus compromisos. MMG dice que ha satisfecho alrededor del 80% y que el resto por cumplirlo.

El mes pasado, ambas comunidades ingresaron a sus antiguas tierras y acamparon dentro de Las Bambas. Personal policial y de seguridad de la mina desalojó el campamento de Fuerabamba, pero permanecieron los de la comunidad de Huancuire.

Edgardo Orderique, gerente general de operaciones de Las Bambas, dijo durante la reunión que el Gobierno debe mantener el estado de emergencia mientras la mina no pueda operar.
https://es.euronews.com/next/2022/05/11/mineria-peru-lasbambas

Chile

Asamblea constitucional en Chile devuelve a debate polémicos derechos mineros

Eva Cruz 09/05/2022
Previamente, el pleno de la asamblea había rechazado el conjunto de propuestas de la comisión ambiental, pero el sábado las aprobó y comenzó a votarlas individualmente.

Agencia Reuters.- La asamblea que redacta una nueva Constitución en Chile dio luz verde el sábado a artículos que amplían derechos ambientales, pero no aprobó una propuesta que habría otorgado al Estado derechos exclusivos sobre litio, hidrocarburos y metales de tierras raras así como propiedad mayoritaria de minas de cobre.

Chile es el mayor productor global del metal rojo y el artículo, que enfrentaba la oposición de la industria minera, necesitaba una mayoría calificada de 103 votos para ser incluido en el borrador de la carta magna, pero solo obtuvo 66.

El enunciado ahora volverá a la comisión ambiental, donde será debatido antes de enfrentar una segunda votación.

Pero sí se aprobaron otros artículos sobre medioambiente y exploración y explotación de minas, sustancias minerales, metálicas y no metálicas así como depósitos de hidrocarburos, por lo que estarán en el proyecto de Constitución que será sometido a un plebiscito el 4 de septiembre.

“La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”, dice uno de los párrafos.

“El Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros”, señala el otro artículo.

En la sesión del sábado la asamblea también aprobó iniciativas sobre el manejo y disponibilidad del agua, así como la protección de este recurso en territorios indígenas. Además, respaldó la protección de humedales, bosques nativos y suelos.

El debate previo a la votación se centró entre el impacto económico potencial que podrían tener las propuestas mineras más extremas y el efecto en los seres humanos del cambio climático, la contaminación y el daño ambiental causado por actividades extractivas como la minería y la tala.

Previamente, el pleno de la asamblea había rechazado el conjunto de propuestas de la comisión ambiental, pero el sábado las aprobó y comenzó a votarlas individualmente.

Los artículos que reciben menos de dos tercios -la mayoría calificada- pero más de una cuarta parte de los votos, pueden volver a la comisión para ser revisados antes de una nueva votación.
https://www.rumbominero.com/chile/asamblea-constitucional-chile-devuelve-debate-polemicos-derechos-mineros/

Latinoamerica

INFLACIÓN VERDE: LA DISPUTA POR LOS RECURSOS NATURALES

3d illustration of oil barrels and dollars stack

Eduardo Gudynas
09/05/2022
Imagen: Vanguardia
La actual crisis de inflación que sacude al mundo es distinta a las anteriores. Un grupo de grandes economías está intentando dejar atrás los combustibles fósiles para evitar el cambio climático. Ese viraje tuvo una incidencia determinante en los mercados globales de carbón e hidrocarburos, en muchos minerales y en la agricultura, y todos ellos contribuyeron a la inflación. Al mismo tiempo esa alteración climática que se quiere contener, ya tiene consecuencias, tales como sequías o inundaciones, que producen mayor volatilidad y precios en algunos alimentos, contribuyendo a la inflación. La invasión de Rusia a Ucrania aceleró y acentúo todas estas problemáticas, y sus repercusiones llegan a nuestra América Latina.

Estamos ante reordenamientos y cambios en el uso de las materias primas. Unos cambios que no siempre son comprendidos por los economistas convencionales, pero que los inversores y analistas de mercado advirtieron desde el año pasado. Entendieron que el concepto de estanflación, esa combinación entre una alta inflación y bajo crecimiento económico o estancamiento, no era el más apropiado (1). Propusieron calificarla como una verdeflación, una inflación verde. Lo confirma el Banco Mundial, que acaba de advertir que nos encaminamos a los más altos precios de las materias primas en los últimos 50 años.

El proceso estaba en marcha desde hace más de un año, y se debe a distintos factores, varios de ellos operando en oposición. Muchos países industrializados, y en especial los de la Unión Europea, con el propósito de evitar el cambio climático impusieron planes de transición energética que pasan por abandonar los combustibles fósiles, como carbón o hidrocarburos.

En paralelo a esa intención, y en parte alimentada por ella, los precios de esos energéticos aumentaron, y en ello operaron varios factores. Los petróleos más accesibles y de mejor calidad se están agotando, y los que los reemplazan son más caros y difíciles de extraer y procesar. Los grandes inversores están abandonando ese sector sabiendo que tiene los días contados. Los países petroleros reaccionaron aprovechando sus condiciones de oligopolios pujando por los mayores precios posibles antes que se universalice la despetrolización. El propio gobierno Ruso reconocía hace un año atrás que sus yacimientos habían traspasado el pico de petróleo, y por ello esperaban escalar su extracción y comercialización antes que no fuera posible (2). Al mismo tiempo, ciertos sectores que queman combustibles fósiles se encarecen, en unos casos porque deben pagar tasas por emitir gases invernadero y en otros por la inminencia de impuestos transfronterizos como los que está anunciando la Unión Europea.

La guerra en Ucrania entreveró más la situación dadas las medidas europeas que comenzaron bloqueando la importación de carbón ruso, le siguieron las coordinaciones para abandonar la compra de crudo, y entretanto se reducen las de gas. Todo esto generó más convulsiones y alzas en los mercados de hidrocarburos.

Esa misma transición energética apostó a otras fuentes de energía, tanto en Europa como en Norteamérica. Además aprovecharon la caída en los costos; en la generación de electricidad esos modos alternativos ya son más baratos que las plantas convencionales que queman combustible fósil. De todos modos debe tenerse presente que el consumo de energía es tan alto, y permanece tan dependiente de los hidrocarburos, que el ritmo y escala del reemplazo hacia molinos de viento o cualquier otra alternativa de ese tipo, llevará unos cuantos años.

De todos modos, esos cambios alimentaron la demanda por minerales que son esenciales para los molinos de viento, los paneles solares o las baterías. La voracidad por el cobre, litio, cobalto, níquel y otros minerales, hicieron subir sus precios; por ejemplo, en el litio el alza fue de aproximadamente un 1 000 % en los dos últimos años. A la inversa de lo que sucede en los hidrocarburos, donde hay inversores que se retiran y obstáculos que se suman, aquí el alza de precios se debe a la llegada de más inversores y la avidez de los gobiernos.

En muchos casos esa minería se hace en América Latina y otros países del sur, donde enfrenta una creciente resistencia ciudadana por sus impactos ambientales y sociales, lo que aumenta los costos de operación o vuelve a algunos yacimientos inexplotables. Entretanto, no pocos gobiernos quieren disputar una tajada más grande de esas ganancias y elevan las regalías. El resultado de todos los factores es que los precios de casi todos los minerales se dispararon, y ello también alimenta la inflación.

El aumento del precio de los hidrocarburos afecta directamente a los sectores agropecuarios, desde los fertilizantes a los costos de operación de la maquinaria. Esos incrementos están teniendo efectos muy severos en varios países, como ocurre en Perú con pequeños agricultores y campesinos que no tienen acceso a fertilizantes o no los pueden pagar, y por ello abandonarán cultivos claves como el arroz. Los cultivos que se abandonan o reducen obligarán a algunos países a importar alimentos, y por una vía u otro, sus precios aumentarán.

El cambio climático que se quiere evitar ya tiene consecuencias que golpea a la producción agropecuaria, encareciendo los precios de algunos alimentos. Basta recordar la sequía que afectó a Paraguay y distintas áreas de Brasil y Argentina, impactando sobre sus cosechas. Hay productores rurales en el Cono Sur sudamericano que podrían festejar los altos precios por ejemplo de la soya que exportarán, pero los costos de sus insumos y combustible también se elevaron; sus márgenes de rentabilidad se estrechan, y cualquier problema climático podría tener consecuencias nefastas. Algunos decidirán no sembrar, por ejemplo trigo, ya que requiere más fertilización y es más sensible al clima, y se volcarán a la soya. Si eso sigue su marcha, la diversidad de cultivos se estrechará más, y se agravarán los problemas con los precios de los alimentos.

La guerra en Ucrania acentúo estos problemas, y ahora encontramos que el precio del trigo aumentó proporcionalmente más que el del petróleo, y los fertilizantes más que cualquiera de ellos. Son incrementos encadenados que responden a distintas causas, y entre ellas la escasez de recursos naturales.

Aumentos en los precios de energía, alimentos y fertilizantes entre 2020 y 2022, y proyecciones para 2023-24. Basados en un índice 100 para los precios de 2010. Redibujado del Commodity Outlook, Banco Mundial, abril 2022.

Esto hace que la verdeflación sea distinta a las anteriores. Se mezclan restricciones en la oferta, por ejemplo en hidrocarburos, con las consecuencias de mayor inversión, como ocurre con la expansión en la producción de baterías. El Banco Central Europeo lo reconoce, pero advierte que no solo no renuncia a la transición energética sino que desea acelerarla (3). Contemplan medidas adicionales, tales como limitar el endeudamiento que pueden tener emprendimientos contaminantes o favorecer más a las inversiones en energía renovables.

En cambio, en América Latina estas cuestiones casi no se discuten, y es una incógnita si nuestras autoridades financieras las conocen. Pero entretanto hay síntomas de descontento social y los antecedentes históricos muestran que pueden escalar en protestas muy intensas. Téngase presente que el aumento de los precios de los combustibles que ya está en marcha en varios países tiene consecuencias que se expanden en otros sectores, y muchas de ellas alimentan aún más la inflación. Esa situación es delicada porque en América Latina existen antecedentes de protestas ciudadanas intensas en reacción a los aumentos de los combustibles, que ocurrieron por ejemplo en México, Bolivia, Ecuador y en Brasil. En este último país, en 2018, el paro de los camioneros fue de enorme intensidad, y fue aprovechado por quien entonces era un desconocido legislador, Jair Bolsonaro.

En los últimos meses, bajo el contexto generado por la guerra en Ucrania, ya se han disparado protestas contras las alzas en los combustibles en Chile, por ese motivo pero también por los costos de los alimentos y fertilizantes, tuvieron lugar paros y movilizaciones en Perú, y en parte por desarreglos con los combustibles, los agricultores argentinos se manifestaron en pleno centro de Buenos Aires.

Como la verdeflación es una crisis de otro tipo, los ministros de economía y directores de bancos centrales no podrán solucionarla por sí solos. No está en sus manos resolver la guerra en Ucrania ni pueden decretar que mágicamente habrán mas yacimientos de cobre o litio. Esas son condicionalidades políticas a su vez insertadas en contextos y límites ecológicos inamovibles. Para abordarlas es indispensable pensar la economía de un modo radicalmente distinto. El primer paso es comprender que esta inflación es distinta a las anteriores.

Notas

1. ‘Greenflation’ threatens to derail climate change action, R. Sharma, Financial Times, 2 agosto 2021, https://www.ft.com/content/49c19d8f-c3c3-4450-b869-50c7126076ee

2. Russia may have passes peak oil output – Government, The Moscow Times, 12 abril 2021, https://www.themoscowtimes.com/2021/04/12/russia-may-have-passed-peak-oil-output-government-a73558

3. Es la posición por ejemplo de I. Schnabel, integrante de la commisión ejecutiva del Banco Central Europeo; véase A new age of energyinflation: climateflation, fossilflation and greenflation, I. Schnabel, presentación del 17 marzo 2022, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317_2~dbb3582f0a.en.html

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social. Una primera versión de este artículo se publicó en distintos medios y es un adelanto de una sección en el libro “Muy lejos está cerca”, sobre los impactos de la guerra de Ucrania en América Latina que publicará la Red Peruana por una Globalización con Equidad con el auspicio de Cooperacción. Redes: @EGudynas

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Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Argentina

Fuerte reclamo contra la minería en Tucumán

10/05/2022
Días atrás el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había lanzado una mesa para “transparentar” información sobre el sector.

Luego de que el Gobierno oficializara su intención de encontrar consenso social para profundizar la minería, asambleas locales y comunidades de pueblos originarios realizarán esta semana la Cumbre del Agua para los Pueblos. Buscan ratificar el rechazo a la actividad y advertir sobre “las consecuencias del extractivismo”.

La actividad se realizará en la ciudad de San Miguel de Tucumán entre jueves y viernes próximos.

A comienzos de la semana pasada, el ministro Matías Kulfas, lanzó la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad, una “instancia de debate público” sobre la actividad. También el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera (SIACAM). Esta es una herramienta virtual de información sobre el sector que apunta a transparentar en materia de sustentabilidad y regulaciones.

“En la minería venimos de una larga etapa de falta de diálogo. Necesitamos ponderar datos y sobre eso generar una síntesis, visiones compartidas y debatir de cara a la comunidad. Queremos construir una minería al servicio del desarrollo económico y social de la Argentina”, aseguró el funcionario nacional. Remarcó que esta actividad se puede desarrollar “cuidando el ambiente, haciendo una actividad con fuertes controles”. Agregó que “al mismo tiempo generar industrialización y mucho desarrollo en todas las comunidades”.

Pocas horas después de la presentación de Kulfas se registró en Catamarca una escena que puso en jaque todas esas palabras. La Policía provincial reprimió a los manifestantes que realizaban una protesta en contra del proyecto de MARA en Andalgalá.

En este contexto, asambleas locales contra la minería y comunidades de pueblos originarios se reunirán para llevar adelante la Cumbre del Agua para los Pueblos. “El objetivo es dar protagonismo a nuestras voces como verdaderos expertos, ya que somos quienes estamos siendo vulnerados” Agregaron que pueden dar cuenta de las consecuencias del extractivismo sobre los cuerpos y territorios.

“Queremos visibilizar las resistencias, hablar de nuestras luchas por la defensa del agua, vincularnos e intercambiar experiencias, tejer alianzas, lograr acuerdos, pensar estrategias, compartir conocimientos, para fortalecernos y continuar cuidando(nos) la vida”, añadieron.
https://www.diarioelzondasj.com.ar/fuerte-reclamo-contra-la-mineria-en-tucuman/

Argentina

Comunidades de Andalgalá se continúan manifestando contra proyecto minero luego de sufrir represión de policía argentina

08/05/2022
Desde el martes las protestas se intensificaron tras el despliegue de la policía con la finalidad de desalojar y reprimir a quienes se manifestaban contra el avance del proyecto MARA encabezado por la transnacional canadiense Yamana Gold.
Por J. Arroyo Olea
Esta semana se vivieron intensas protestas en el departamento de Andalgalá (Argentina) ante la protestas que vecinas y vecinos realizaron contra el avance del proyecto mina Agua Rica Alumbrera -conocido como proyecto MARA- encabezado por la transnacional canadiense Yamana Gold.

Las protestas se intensificaron el martes luego que patrulleros policiales asistieran a desalojar un campamento instalado por organizaciones sociales para impedir el acceso de maquinaria y combustible hacia el proyecto, tras lo cual se realizaron manifestaciones en Choya y nuevamente asistió la policía; sin embargo, en esta oportunidad, la represión aumentó.

Registros dan cuenta del desenfrenado uso de la fuerza pública contra las comunidades opositoras al proyecto, los cual conllevó múltiples personas heridas y la detención de una de las vecinas del territorio.
La vecina detenida fue Karina Orquera, quien fue liberada recién el 5 de mayo tras diversas movilizaciones en solidaridad y sumándose a la lista de personas que han sido detenidas por luchar contra el avance de la megaminería en el territorio.

Por otro lado, este sábado se realizó una nueva manifestación contra el proyecto minero mediante las conocidas «Caminatas» que realizan vecinas y vecinos desde hace años para protestar y visibilizar la situación. En su Caminata N°640, las comunidades enfatizaron no solo en la urgencia de frenar el proyecto de la transnacional, sino también en que se deje de judicializar a las y los defensores de Andalgalá.


https://resumen.cl/articulos/comunidades-de-andalgala-se-continuan-manifestando-contra-proyecto-minero-luego-de-sufrir-represion-de-policia-argentina