Chile

Segundo fallo de la corte ambiental golpea mina Cerro Colorado de BHP

23/04/2021
Imagen: Consejo Minero de Chile.

Un tribunal chileno ordenó a la mina de cobre Cerro Colorado de BHP, en el extremo norte del país, dejar de extraer agua del lecho de un río cerca de sus instalaciones y regular los depósitos de desechos cercanos.

La medida se suma a la decisión de la Corte Suprema en enero de acoger un reclamo contra el proceso que permitió la continuidad de la mina, que había recibido oposición de la misma comunidad debido al impacto de la operación en un acuífero.

“Se acoge la acción constitucional de protección deducida por la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca y doña Martina Mamani Paycho, en contra de Compañía Minera Cerro Colorado”, dijo el dictamen.

La acción ordena “cesar toda intervención sobre los recursos hídricos de la Quebrada de Quipisca-Parca (…). Eliminar y remediar los pozos, perforaciones e intervenciones ejecutadas en la Quebrada de Quipisca”.

BHP dijo a Reuters que la orden judicial del jueves no afectaría la continuidad operativa del depósito, que produjo 68,900 toneladas de cobre en 2020.

“La empresa está revisando los detalles del fallo para emprender las acciones legales correspondientes”, dijo la firma en un comunicado.

“Cerro Colorado reafirma su voluntad de mantener procesos de diálogo con todas las organizaciones indígenas del área de operación”.

El abogado de las comunidades indígenas, Lorenzo Soto, dijo estar “satisfecho con este veredicto que confirma las acciones ilegales de esta empresa minera”.
Fuente: Reuters

Segundo fallo de la corte ambiental golpea mina Cerro Colorado de BHP

Chile

Superintendencia del Medio Ambiente formuló cuatro cargos a Terminal Puerto Arica

Las faltas tienen relación con un manejo deficiente de su instalación e incumplimientos a las disposiciones establecidas en sus 8 Resoluciones de Calificación Ambiental.
23/04/2021
MINERÍA CHILENA
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos a la empresa “Terminal Puerto Arica S.A.”, titular del “Terminal Marítimo Puerto Arica”, ubicado en la comuna del mismo nombre, por manejo deficiente de su instalación e incumplimientos a las disposiciones establecidas en sus 8 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCAs).

Tribunal Ambiental admite a trámite reclamación de agricultores por proyecto Caserones
Los dos cargos Graves tienen relación con las deficientes operaciones del “Almacén N°8” -sector donde el titular recibe el concentrado de minerales para su almacenamiento y embarque-, como la operación del Terminal de Embarque y Acopio de Graneles de Minerales, provocando en ambos casos, la fuga de material hacia el exterior.

Mientras que el tercer cargo Leve, fue imputado por errores y deficiencias en la elaboración de los Programas de Vigilancia Ambiental Marinos, al incluir en la suma de concentraciones de metales pesados, los valores de las estaciones de control; no entregar información de la componente oceanográfica de la columna de agua, como tampoco de la componente química de los sedimentos marinos aledaños al proyecto; y por no realizar una evaluación del impacto de estos concentraciones pesados al medio ambiente acuático del área de estudio.

También clasificado como Leve, es el cuarto cargo, por el deficiente almacenamiento de residuos peligrosos (RESPEL).

Manejo de concentrados minerales
La jefa de la Oficina Regional de la SMA en Arica, Tania González, señaló que “este caso ha significado una intensa fiscalización por parte de nuestros fiscalizadores además, de un trabajo intersectorial sistemático en terreno, inspeccionando y verificando las condiciones de cómo se desarrollan cada uno de los instrumentos de gestión ambiental aplicados en Terminal Puerto de Arica”, indicó.

“El manejo de concentrados minerales en la zona de Puerto -continuó González, dado el riesgo ambiental implícito que conlleva ha sido uno de nuestros principales focos de monitoreo. Esperamos que la empresa tras esta formulación de cargos, presente un Programa de Cumplimiento donde proponga acciones concretas que logren corregir las desviaciones que les han sido imputadas en esta oportunidad”.
https://www.mch.cl/2021/04/23/superintendencia-del-medio-ambiente-formulo-cuatro-cargos-a-terminal-puerto-arica/

 

Ecuador

Imbabura: Sigue conflicto minero y la posturas ambientalistas y pro mineros

Las posiciones sobre la minería en Imbabura son diametralmente opuestas entre los ambientalistas y los pro mineros. En ENtv estuvieron José Cueva del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne) y Franklin Soria de Prensa Minera para hablar sobre el tema.

Cueva: “La empresa minera tiene concesión, pero no es legal”

José Cueva, miembro del Observatorio Minero Social Ambiental del Norte del Ecuador (OMASNE), consideró en ENtv que la situación en Buenos Aires es muy delicada.

¿La minería legal es posible como sostiene Prensa Minera?
Quiero recalcar que el trabajo que esta haciendo la así llamada Prensa Minera tiene un fin concreto, un fin específico de generar opinión pública favorable a la minería y para eso no ha escatimado ningún esfuerzo, han victimizado a la comunidad (Buenos Aires, Urcuquí), la califican como mineros ilegales a una población de agricultores y ganaderos.

¿Por que lo dices?
Están desinformando y engañando a la prensa. Te comentaba que hace un tiempo hicieron un reportaje totalmente falso que tuvo que retractarse públicamente Ecuavisa. Son maniobras que hace Prensa Minera con fines concretos y específicos que son favorecer a la empresa Hanrine en este caso, para lograr su objetivo de lograr entrar a la concesión Imba.

¿Cómo está Buenos Aires?
La situación es sumamente grave, sumamente preocupante y yo quiero alertar a la opinión pública y a la ciudadanía que tiene que estar muy pendiente de lo que puede pasar en estos días, porque con la excusa del Estado de Excepción es posible que haya un intento de ingreso violando los derechos humanos de las personas.

Pero de lo que se conoce la empresa Hanrine tiene una concesión legal.
La empresa minera tiene una concesión pero no es legal, porque hay una sentencia de la Corte Provincial de Imbabura que se emitió en 2019 en la cual se expone que estas concesiones son ilegales porque no realizaron el proceso de consulta.

¿La consulta es prioridad?
La Constitución en el Ecuador en el Art. 398 obliga a la realización de la consulta ambiental a las comunidades y no hablo de la consulta previa informada a pueblos y nacionalidades indígenas, yo hablo de la consulta ambiental que se debe realizar a todas las comunidades en donde hay procesos extractivos.

¿La lucha continúa?
Claro mientras haya gente que viva en el campo.

Soria: “Las autoridades deben hacer prevalecer el orden”

Franklin Soria es el responsable de Prensa Minera, portal que tiene un amplio conocimiento de estos temas conflictivos a nivel nacional. Obviamente, su presencia en Buenos Aires ha generado apoyos y detractores, pero Soria se mantiene “al pie del cañón”.

¿Qué se espera del nuevo gobierno?
Las expectativas que ha generado el gobierno de Guillermo Lasso para el sector minero son positivas, porque entendemos que hay, por sobre toda agenda política, una agenda productiva, económica, siendo un motor esencial en cantones del Ecuador. Incluso el rubro que aporta la minería ha superado a la exportación de flores.

¿Qué se demuestra con eso?
Simplemente que el sector productivo de la minería tendrá garantizado la seguridad política, el respeto a la propiedad privada porque el sector minero genera divisas para el Ecuador y encadenamientos productivos.

Pero también se generan disputas y conflictos como en Buenos Aires…
Imbabura es una provincia que tiene larga data de conflictos mineros. Recordemos el escenario de Llurimagua hace más de 20 años cuando estaba Ascendant Cooper. Lamentablemente no ha sido una disputa racional y ha ido al territorio, han sido dos posiciones respetables.

¿Por qué Prensa Minera?
Porque cree y exige una minería responsable nacional y extranjera al contrario de quienes se oponen desde el otro sector. Se ha llevado la disputa al territorio, con puños, agresiones de quienes no piensan como el grupo antiminero que controla la parroquia y hemos sido testigos de los conflictos.

¿Cuándo habrá calma?
Son dinámicas que no van a tener solución, porque en un país donde rigen las leyes no puede haber quien se manifiesta con más fuerza o con mayor número de gente para decir que tienen la razón.

¿Algún llamado puntual?
A las autoridades competentes para que hagan prevalecer el orden. Vimos absortos como la minería ilegal se paseó por las narices de Ibarra sin que se haga nada durante casi dos años.
https://www.elnorte.ec/1695143-2/

Argentina

Raúl Jalil envía recursos a Andalgalá donde explotó el conflicto entre mineros y ambientalistas

La asistencia financiera llegó en una semana compleja. Fueron días de cortocircuitos entre el jefe comunal y el oficialismo
Por El Intransigente
24/04/2021
El gobernador de Catamarca Raúl Jalil, decidió poner un manto de piedad al conflicto en Andalgalá. El mandatario acordó un aporte de $2.500.000 para el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba. El dinero serán destinados a la asistencia de familias afectadas por las inclemencias climáticas. Pero además parte de este dinero está destinado a subsidiar la actividad gastronómica y los gimnasios de la comuna.

La asistencia financiera llegó en una semana compleja. Fueron días de cortocircuitos entre el jefe comunal y el oficialismo. Por las protestas antimineras, el Partido Justicialista presentó una denuncia contra Córdoba. De acuerdo a los demandantes el Intendente liberó la zona para que se produzcan desmanes. Además al menos una decena de dirigentes oficialistas salieron a criticar al titular del Ejecutivo municipal.

Por eso no es extraño este gesto político de Raúl Jalil. El mandatario llegó con $1.000.000 no reintegrables. Este dinero será destinado a la actividad gastronómica y gimnasios. Ambos rubros se vieron gravemente afectados por las medidas dispuestas en la emergencia sanitaria. Andalgalá es una ciudad que suele recibir muchos visitantes durante el verano. No tener temporada turística afectó gravemente al sector gastronómico.

En tanto, el $1.500.000 restante se asignó a las familias que fueron afectadas por las inclemencias del tiempo en el departamento tiempo atrás. “Continuamos en forma constante con el auxilio financiero a todos los municipios y siempre con la mirada puesta en los que más precisan. Los aportes que se realizan son en razón a las necesidades más urgentes, para que se llegue a un desarrollo integral, equilibrado y sin desigualdades en toda la provincia”, aseguró el ministro de Gobierno, Jorge Moreno que participó del acto.
Subsidio agrícola

Otro de los sectores que más se enfrenta a la minería es el de los agricultores locales. Para ellos el Gobierno también trajo subsidios. A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizará aportes no reintegrables de $2, $1,5 y $1 por kilogramos a los pequeños productores que elaboren hasta un límite de 20.000 kilos.

Panamá

En el Día de Nuestra Madre Tierra Fecha para Recordar que la CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (1) establece las obligaciones a los Ciudadanos y Gobernantes para cuidar nuestro medio ambiente.

Por Jorge E. Macías Jaramillo *
La Constitución Panameña nos indica preservar la buena calidad de nuestros ecosistemas para prevenir la depredación de la fauna terrestre, fluvial, marina, los bosques, tierras y aguas asegurar la preservación, renovación y permanencia de nuestros ecosistemas. Para ello estableció el CAPITULO 7° RÉGIMEN ECOLÓGICO
ARTICULO 118. Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.

ARTICULO 119. El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.

ARTICULO 120. El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.

ARTICULO 121. La Ley reglamentará el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, a fin de evitar que del mismo se deriven perjuicios sociales, económicos y ambientales.
Ya que la megaminería o minería metálica a cielo abierto “Que nunca se debió permitir en Panamá” continúa su avance depredador en los distritos de Donoso y La Pintada Bosque tropical primario de altura ocasionan destrucción de los ecosistemas, graves daños al nacimiento de Rios ubicados en las áreas mineras, que esta industria arrasa con cientos de hectáreas de bosques que las tinas de relave por accidentes (ya ocurridos) o filtración hacia mantos friáticos que bajan a zonas costeras contamina estos últimos y a los ríos que nacen en estos bosques, el derribar los bosques elimina las barreras protectoras contra la erosión y posterior desertificación de los suelos cuesta abajo lo que incrementará el arco seco en las Provincias centrales, que la contaminación química afecta la calidad de las aguas en ríos mares destruirá los arrecifes: ecosistemas donde se reproducen y crecen los peces lo que disminuirá la calidad y cantidad de fauna marina alimenticia de campesinos y pescadores. La megaminería ha sido prohibida en la mayoría de países de Europa, en muchas provincias de América Latina en nuestros países vecinos de Costa Rica y Salvador por sus impactos tóxicos y negativos a los ecosistemas porque la megaminería con su guerra destructiva y tóxica impone ecocidio y al extraer mediante explosiones las rocas a profundidades
Imagen satelital 2018. Tomado del artículo: Panamá Minería arrasa con bosques del corredor biológico Mesoamericano Por José Arcia en Mongabay.

de 500 a mil metros hacia el interior de la tierra produce verdaderas amputaciones ecológicas (2).
Ante el silencio cómplice de nuestros Gobiernos post Dictadura que permitieron el inicio y permiten el avance de la megaminería a pesar de las protestas manifestaciones del pueblo opuestos a este ecocidio a los Panameños nos queda un solo camino: Convocar de nueva cuenta a la Unidad nacional: PANAMEÑOS UNIDOS TODOS SIN DIFERENCIA ALGUNA A PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PANAMÁ QUE NECESITAMOS, MERECEMOS QUEREMOS Y SI PODEMOS CONSTRUIR, SIN CORRUPCION SIN DELINCUENCIA SIN IMPUNIDAD.
Para los propósitos de rescatar nuestros bosques ríos, flora fauna, mares y arrecifes del Ecocidio y amputación ecológica que nos impone la megaminería. La llamadas de apoyo a los anteriores y actual gobernante han sido infructuosas- Si ellos continúan con oídos sordos, ojos ciegos de continuar dándonos la espalda sin hacer nada. Los Panameños Unidos todos sin diferencia alguna tenemos que:
1.Declarar a todo Panamá Territorio Protegido: 75,517 km2 Población 4.279.000 en 2,020
2.Prohibir la megaminería en Todo Panamá.
Si en Costa Rica con 51.100 k km². 5 163 068 de personas . El Salvador con extensión territorial de 21,041 km² con población de 6 765 753 (2,020) Países vecinos con menor extensión territorial que Panamá, con mayor población que Panamá. Sin las bondades de un canal interoceánico pueden vivir y prohibir la megaminería para proteger sus ecosistemas flora y fauna ¿Por qué en Panamá no lo vamos a lograr?.
(1)TEXTO UNICO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
https://pdba.georgetown.edu…

(2) LA MEGAMINERÍA ES UNA AMPUTACIÓN ECOLÓGICA
El concepto de “amputación ecológica” se explica en más detalle en ‘Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza”, por E. Gudynas. Más informaciones en www.extractivismo.com
https://www.ocmal.org/la-me…

*Dr. Jorge E. Macías Jaramillo. Ciudadano Panameño. Ecologista.
Profesión Médico Cirujano con Post grao en Pediatría. Especialidad Medicina de Adolescentes.

Argentina, Internacional, Litio

El agua vale más que el litio

Lógica predatoria
Horacio Machado Aráoz 23/04/2021
Fuentes: CTXT [Imagen: Mina de litio. PICASA]

Definir y dirimir el valor del agua respecto del valor del alcalino es decidir qué vidas valen más que otras; cuáles valen, a secas, y cuáles son sacrificables

Días pasados, los habitantes de Catamarca (Argentina) nos enteramos por la prensa –sin previo aviso, como es costumbre–, de la firma de un convenio entre dos grandes empresas transnacionales para aliarse en la explotación de un mineral ‘disponible’ en el territorio provincial. Se trata de un contrato por 334 millones de dólares por la que la alemana BMW firma un acuerdo de provisión de litio con la minera norteamericana Livent (ex FMC Co.) que desde más de 20 años viene explotando las salmueras de litio del Salar del Hombre Muerto, en el departamento puneño de Antofagasta de la Sierra.

La escenografía de la noticia refleja a cabalidad y en alta definición la anatomía fisiológica del nuevo pacto colonial que, en nombre de la “sustentabilidad” y la “transición energética”, se viene sellando, ahora aceleradamente, en el contexto de la crisis pandémica global. En el centro de la escena, una empresa automotriz, fabricante emblemática de autos de lujo, firma un convenio con una de las primeras piezas del mercado oligopólico mundial de litio, para asegurarse el abastecimiento de un insumo estratégico para su nuevo producto estrella, el coche eléctrico. Al costado, cumpliendo los roles secundarios de servicios, funcionarios del gobierno estatal argentino. Fuera de escena y de todo lugar, sin arte ni parte en esta historia –como actualizando aquel viejo adagio colonial hegeliano–, las comunidades habitantes y productoras del territorio donde se extrae el llamado “oro blanco”.

Las crónicas periodísticas destacan que, por el acuerdo, “Argentina” (sic) se convertirá en el segundo proveedor de litio de BMW, detrás de Australia. Lo presentan como un logro de la nación, ya que el secretario de Minería, Alberto Hensel, había presentado meses atrás, en una videoconferencia a las autoridades de BMW, las bondades y potencialidades del “litio argentino”; aparentemente, con una oratoria muy convincente. La empresa Livent agradeció el apoyo técnico de la Secretaría de Minería de la Nación y el Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca, que “resultó fundamental para el acuerdo celebrado”. BMW, por su parte, expresó que “al obtener litio de un segundo proveedor, estamos asegurando los requisitos para la producción de nuestra quinta generación actual de celdas de baterías. Al mismo tiempo, nos estamos volviendo tecnológicamente, geográficamente y geopolíticamente menos dependientes de proveedores individuales”. Así, el vocero de la empresa alemana, con una sinceridad inusual en el lenguaje corporativo, fue al grano y puso el dedo en la llaga. Porque ¿de qué se trata el colonialismo, sino de estructuras y relaciones de dependencia?

Uno de los más usados efectos mágicos del lenguaje colonial consiste en invisibilizar mundos y producir desapariciones/ausencias ontológicas

Eso sí. Las asimetrías histórico-estructurales se reproducen ahora con nuevas complicidades, nuevos formatos tecnológicos y ropajes ideológicos. En estos tiempos del “fin del mundo” (de los recursos infinitos), todo debe hacerse en nombre de la sacrosanta “sustentabilidad”. Todo se expresa en un discurso que, apelando al viejo culto colonial, desarrollista y tecnólatra, aparece ahora revestido de “conciencia ambiental”, presentando a las empresas liderando el cambio cultural y tecnológico hacia una economía post-carbono; un mundo feliz de aguas claras, aires puros y paisajes prístinos que se pueden disfrutar, ahora, desde las ventanillas de un auto eléctrico; o mejor aún, como lo ofrece BMW, desde el encanto de un “descapotable”.

En su página web, lo “sustentable” satura el mensaje de BMW. Es su primera palabra de presentación. Con el trasfondo de una imagen de generadores eólicos, habla de su “ADN sostenible”, como “enfoque integral desde la cadena de suministros”. Livent, por su parte, no se queda atrás en la grandilocuencia verde; nos cuenta que su propósito es “aprovechar la tecnología del litio para impulsar la vida de las personas para un mundo más limpio, saludable y sostenible”.

Y en el caso concreto de este convenio, como no podía ser de otro modo, la “sustentabilidad” se presenta como el criterio fundamental en función del cual se tomó la decisión corporativa. Las crónicas destacan que BMW eligió a Livent en función de “estudios ambientales y sociales encargados” a las universidades de Alaska Anchorage y de Massachusetts Amherst, “que indicaron que dicha empresa emite 25 % menos de gases de efecto invernadero (GEI) que los métodos tradicionales de producción (sic) de litio, tiene un uso y manejo eficiente del agua y no realiza agregados de químicos nocivos en su producción”.

Cada día de operación, la minera consume 7400 metros cúbicos (m3) de agua, a razón de 5.100 litros por segundo

Esa frase me dispara mil preguntas. Empezando por el agua. ¿A qué llamarán “uso y manejo eficiente del agua”? ¿Qué pensarán las y los antofagasteñxs de tal dictamen? ¿Tendrán noticias de esos dichos “estudios”? ¿Alguien se les habrá acercado a preguntarles su opinión y saber? ¿Alguien los habrá tenido en cuenta para algo; ni qué hablar de consulta y consentimiento? Uno de los más usados efectos mágicos del lenguaje colonial consiste en invisibilizar mundos y producir desapariciones/ausencias ontológicas. Otro, correlativo, es el de ocluir el pasado, petrificar la alteridad como anacronía, y aniquilarla con el golpe de una puerta que se abre a un futuro inexorable, a la vez pletórico de escenas encantadoras y también ineludibles. “La transición energética es un hecho”; “la electromovilidad es el futuro”, se nos dice, y nos espera para hacernos “disfrutar las bellezas naturales desde un descapotable eléctrico”.

Cuando hablamos de GEI y de calentamiento global, me pregunto: ¿qué responsabilidad les cabe a las comunidades puneñas al respecto? ¿Cuál es su huella ecológica acumulada y qué proporción representa su consumo energético histórico dentro del capitaloceno? ¿Cuál es su consumo energético actual respecto de la media mundial? ¿Qué piensan y sienten ellxs, que tradicionalmente hicieron sus caminos a lomo de burro, y que conocieron las ‘4×4’ cuando llegaron las mineras? ¿Qué probabilidades tienen de ser beneficiarios –no digamos de la electromovilidad– sino ya de una cuota más justa de energía? ¿Qué proporción de “energía limpia” les tocará con las explotaciones de litio en su territorio?

Poner en contexto. Dimensionar el saqueo

Antofagasta de la Sierra es un departamento típico de la Puna sudamericana. Una región extremadamente árida, donde el régimen pluviométrico (que oscila entre 20 y 200 mm anuales) no parece explicar la capacidad de sustentar la vida si al territorio no le agregamos la profunda complejidad de sus cuencas, con misteriosos meandros y conexiones entre cursos diminutos de agua superficial, deslumbrantes espejos lacustres, salares, vegas y acuíferos insondables de aguas fósiles, que hablan de recargas de millones de años atrás.

En esa región de volcanes y salares, comunidades agropastoriles han tejido un territorio hidrosocial, haciendo del agüita y las aguadas, el sustento suficiente de sus majadas, sus crianzas y sus cultivos; de sus lanas, sus tejidos y demás artesanías. Hasta que un día la minería llegó a comunicarles que eran “subdesarrollados”, que estaban “atrasados” y que ellos venían a abrirles las puertas al futuro.

Desde 1997, la entonces Minera del Altiplano SA (filial de FMC Lithium, hoy Livent) se instaló en el principal salar del departamento para extraer sales de litio, a un ritmo de 20.000 toneladas anuales que exporta a sus plantas industriales en Estados Unidas y China, vía puertos chilenos. El proceso extractivo consiste en bombear aguas subterráneas a grandes piletas evaporíticas donde se extrae el mineral concentrado. Cada día de operación, la minera consume 7400 metros cúbicos (m3) de agua, a razón de 5.100 litros por segundo. Como dato complementario, la operación de la planta en el salar requiere de cinco grupos electrógenos a base de diesel, que representan un consumo eléctrico de 0,5 MW/año; el transporte de 2310 ton/semana de insumos y un consumo de 1034 m3/ de diesel oil sólo para el abastecimiento de sus flotas de camiones.

En el año 2012, el gobierno de Catamarca hizo un reclamo a la empresa minera por las facturas impagas del canon de agua. Desde el inicio de sus operaciones, Minera del Altiplano jamás había pagado el canon correspondiente, por entonces, al valor de un centavo (0,01 dólar) por cada mil litros de agua. El litigio se dilató hasta 2015, cuando la empresa consintió arribar a un acuerdo con el Gobierno por el que invertiría parte de la deuda en un Fideicomiso para financiar obras de infraestructura para el departamento, además de abrir una oficina en la provincia y contratar personal local. En noviembre de 2019, la empresa y el gobierno inauguraban un parque solar fotovoltaico de 600 kilowatts financiado con aquella vieja deuda del canon de agua; lo que se dice, un negocio redondo: cambiar una deuda por una publicidad permanente.

Comuneros de Antofagasta y la comunidad indígena atacameña del Altiplano siguen resistiendo a una obra que violó abiertamente el Convenio 169 de la OIT

Eso, sin embargo, es anecdótico. A fines de 2017, la empresa comunicó su decisión de invertir 300 millones de dólares para duplicar su extracción anual de litio hasta llegar a 40.000 toneladas anuales. Para ello, el gobierno le concedió nuevos permisos de agua por 650 m3/hora, habilitó instalaciones de bombeo y el trazado de un acueducto de 32 km desde el Río Los Patos hasta la planta de Livent. Las medidas provocaron la inmediata protesta de los pobladores locales, que años atrás habían denunciado el desecamiento de vegas y aguadas del río Trapiche, justamente por el desvío de aguas para la minera. Con cortes de ruta mediante, lograron paralizar las obras. En el 2019, antes de las elecciones el intendente y el senador del departamento posaron para las fotos en apoyo a las protestas de los vecinos con chalecos que rezaban “El Río Los Patos no se toca”.

Tras las elecciones, los apoyos políticos mutaron en persecuciones y represalias. En un escenario de abismal asimetría, vecinos y comuneros de Antofagasta y la comunidad indígena atacameña del Altiplano siguen resistiendo a una obra, que no sólo presenta irregularidades en su Estudio de Impacto Ambiental, sino que además violó abiertamente el Convenio 169 de la OIT. Su concreción pende como una sentencia de muerte para la economía lugareña. Me pregunto cómo habrán registrado los estudios ‘científicos’ encargados por BMW este conflicto y esta contradicción estructural. Me pregunto si a eso le llaman “uso y manejo eficiente del agua”.

Agua vs litio: el insoslayable “dilema” de la electromovilidad

La fachada verde de la electromovilidad es demasiado precaria, burda. No resiste el menor análisis. En lugar de empezar por otras prioridades, por sectores económicos realmente esenciales y necesidades vitales, la transición energética comandada por las estructuras oligárquico-corporativas que diseñan el mundo empiezan por los automóviles, esto es, como lo definiera André Gorz hace casi cincuenta años atrás, por un “producto de lujo antisocial”. Siguiendo su análisis, luego, la masificación de algo que fuera gestado “para el placer exclusivo de la minoría de los más ricos” y no para la satisfacción democrática, igualitaria y universal de una necesidad humana, conllevó el escalamiento progresivo y hasta ahora indetenible del deterioro generalizado de nuestro hábitat. El automovilismo de masas consolidó la ideología burguesa al tiempo que fue horadando la calidad del aire, de las ciudades y de las relaciones sociales. “De objeto de lujo y fuente de privilegios, el coche pasó a convertirse en objeto de una necesidad vital: lo superfluo se ha vuelto necesario (…) porque el universo pasó a estar organizado en función del auto”.

Hoy, todo eso que se hizo posible a costa de un descomunal dispendio de las reservas energéticas fósiles del planeta, en un tiempo que estamos ya padeciendo sus consecuencias geológicas y climáticas, ya no es viable: las automotrices saben que no pueden seguir con su negocio tal como está por mucho tiempo más. Entonces, el automóvil (ahora eléctrico) ataca de nuevo y se convierte en la punta de lanza de la transformación capitalista de la matriz energética mundial.

La ficción de la electromovilidad como solución a la crisis climática y como transporte del futuro no resiste el menor análisis porque, por empezar, es incapaz de responder a una pregunta elemental: ¿para cuántos y para quiénes está pensado ese mundo? Se trata de un artefacto ideológico que ocluye no sólo los verdaderos costos ambientales que implicaría mudar el parque automotor hoy existente hacia vehículos eléctricos, sino también sus consecuencias humanitarias y sociales.

Pensando la cuestión en términos exclusivamente físicos, la electromovilidad se devela como el nuevo caballo de Troya de los dueños del mundo y de la “dueñidad” (como Rita Segato nombra a la estructura básica de la subjetividad y la institucionalidad hegemónica del orden colonial-patriarcal-moderno): un producto diseñado para extender y profundizar el principio estructurador de un mundo de pocos y para pocos. Una elemental economía de materiales revela este carácter oligárquico del “bien” en cuestión1.

El automóvil (ahora eléctrico) ataca de nuevo y se convierte en la punta de lanza de la transformación capitalista de la matriz energética mundial

Sin entrar a considerar los múltiples puntos ciegos que implica la ficción de la electromovilidad particular como base de una movilidad sustentable2, centrándonos en el caso del consumo hídrico del litio y tomando como base el caso de la explotación del Salar del Hombre Muerto por parte de Livent, podemos dimensionar el efecto exterminista del patrón de electromovilidad actualmente en gestación. Hoy, Livent consume 135 m3 de agua por cada tonelada de litio carbonatado que exporta; las 20.000 tn anuales de litio cuestan 2.701.000 m3 de agua. Y si consideramos que la empresa proyecta alcanzar las 60.000 tn anuales en los próximos años, eso significa triplicar el drenaje hídrico que efectúa la empresa en una región extremadamente árida, donde la población nativa vive por gracia de haber aprendido a administrar el agua escasamente disponible para la satisfacción prioritaria de sus necesidades vitales.

En un comunicado reciente, la Comunidad Indígena Atacameña del Altiplano plantea: “Nos vemos en la necesidad de advertir que se continúa negando la existencia de nuestra comunidad indígena y se avanza sobre nuestros territorios ancestrales sin nuestro consentimiento. (…) El Ministerio de Minería debería estar atendiendo y resolviendo el daño ambiental ya causado: tenemos una vega seca de más de 9 km producto de la extracción incesante de agua del Río Trapiche por parte de la empresa FMC-Livent”. El comunicado termina con una afirmación ontológico-política crucial: “El agua vale más que el litio”.

Ciertamente, esa afirmación de la comunidad atacameña –que es afirmación de su existencia como pueblo– coloca claridad a la naturaleza de la disputa en cuestión: no se trata apenas del debate sobre la inconmensurabilidad de los lenguajes de valoración, sino de la intrínseca politicidad del valor de la vida. Definir y dirimir el valor del agua respecto del valor del litio es decidir cuáles vidas valen más que otras; qué vidas valen, a secas, y qué vidas son sacrificables.

El contrato entre BMW y Livent se hace a la sombra de la naturalización del abismal valor diferencial que, para esta sociedad hegemónica, hay entre la vida de un alemán o europeo (en este caso, no “medio” sino bastante “superior” a la media) y la de un/a antofagasteña/o. Ese contrato sella ese diferencial del valor; asegura a BMW la provisión de litio para sus autos de lujo, a costa de la economía vital de un pueblo. Ese acuerdo deja expuesto el cinismo obsceno del “ecologismo” genocida que se viene fraguando al calor del capitalismo verde y la transición energética de mercado.

Cuando la “sustentabilidad” retroalimenta el exterminismo colonial

El tiempo del ecocapitalismo tecnocrático está signado por el discurso de la “sustentabilidad” como último umbral de la depredación. Lo “sustentable” nombra hoy las nuevas tecnologías de la expropiación vital. Sólo así BMW y Livent pueden mostrarse como empresas a la vanguardia de un “nuevo mundo más saludable y sostenible”.

El litio –así como el resto de los minerales– que abastecerá el promisorio mercado de autos eléctricos se extraerá a costa del sacrificio de pueblos enteros, pueblos que seguramente han quedado, sí, afuera de la historia: de la historia trágica del capitalismo fósil; pueblos cuya huella energética constituye una porción infinitesimal, nanonésima de la del capitaloceno. Sin embargo, en nombre de la “salvación del ambiente”, sus territorios, ancestralmente sostenibles, serán sacrificados. El litio seca las agüaditas de las majadas.

Así, la era del automóvil eléctrico nació vieja, obsoleta. No tiene nada de futuro promisorio. El auto eléctrico viene impregnado de un rancio olor al pasado colonial. Nació para andar por las calles de un mundo más oligárquico aún; más insostenible, aún; más inhumano y des-humanizante, aún. El acuerdo entre BMW y Livent viene a recrear en el siglo XXI la lógica implacable de la división colonial de mundo que se fraguó en el siglo XVI. Viene a recordar a ingenuos y crédulos tecnólatras que el problema radical de la sustentabilidad no es apenas el de la quema de combustibles fósiles, sino el de la dinámica depredadora del capital y sus conexiones necesarias, geosociometabólicas, con el colonialismo, el racismo, el patriarcado.

Aunque, ciertamente, el despegue y la mundialización asfixiante del capitalismo sobre el mundo es un hecho histórico (y físico) inseparable del consumo incesante de hidrocarburos, eso no significa que la obligada transición energética nos lleve a dejar atrás, ipso facto, las raíces de la depredación. La lógica predatoria del capital, de un mundo de pocos y para pocos, se sigue reproduciendo, ahora, en el “nuevo mundo” (a conquistar) de las “energías limpias” y la transición energética de las grandes corporaciones. Son ellas, los nuevos/viejos conquistadores. Desde las cúspides autocráticas de sus transnacionales, los pocos dueños del mundo están tomando las riendas del “post-fosilismo” y dirigiéndonos a la parte más obscura de un largo callejón sin salida.

Notas:

1. Los estudios actuales señalan de modo unánime que los autos eléctricos implican un mayor consumo de minerales respecto a los equivalentes a combustión. Un estudio realizado en 2018 concluyó que mudar a eléctrico el 100 % del parque automotor mundial implicaría un aumento de los volúmenes de extracción de 2511 % para el litio, 1928 % de cobalto, 264 % de grafito, 118% de níquel, 100 % de tierras raras, 135 % de manganeso, 35 % de cobre. Véase De la Torre, Álvarez Pelegri y Espí Rodríguez (2019) “Protagonismo de las materias primas minerales en el desarrollo del vehículo eléctrico”. Revista Economía Industrial N° 411, Madrid.

2. Esto supondría abordar el tema del aumento del consumo energético que implicaría el parque automotor; la capacidad de generar toda esa electricidad partir de fuentes renovables; el costo energético y de emisiones que implica cambiar la infraestructura de provisión energética; el consumo de materiales de esas nuevas infraestructuras de generación y distribución; el consumo energético del transporte a escala global de volúmenes gigantescos de minerales e insumos, sólo por mencionar algunos.

Horacio Machado Aráoz es miembro del equipo de Investigación de Ecología Política del Sur (CITCA-CONICET-UNCA, Argentina).

Fuente: https://ctxt.es/es/20210401/Firmas/35738/litio-agua-BMW-mineria-Argentina-Livent-energia-combustibles.htm

El agua vale más que el litio

Chile

Tribunal Ambiental ordena consulta indígena y nueva evaluación de proyecto de prospección de Minera Norte Abierto

La instancia acogió la reclamación de la comunidad indígena Colla y ordenó una nueva evaluación del proyecto, esta vez a través de un Estudio de
21/04/2021
Minería Chilena
Por la alteración significativa que el proyecto “Prospección Minera Norte Abierto sector Caspiche” podría provocar en el sistema de vida y costumbres de los miembros de la comunidad indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes, el Primer Tribunal Ambiental determinó, la realización de un proceso de consulta indígena y una nueva evaluación ambiental.

Por unanimidad, los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Jasna Pavlich acogieron la reclamación de Roberto Salinas Cortés y la comunidad indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por la calificación favorable del proyecto de prospección minera.

La determinación tiene como fundamento la susceptibilidad de afectación que representan las diversas actividades y obras del proyecto sobre la comunidad indígena y su sistema de vida y costumbres en función de la ubicación del campamento de la minera, la perforación de 334 pozos de sondaje y las rutas y caminos a utilizar, todo lo cual se emplaza en el territorio habitado ancestralmente por la comunidad.

“El solo hecho de una susceptabilidad de afectación hace que proceda la consulta indígena en un proceso de evaluación ambiental porque existe una evidente interacción entre el proyecto y las tierras y actividades de la comunidad Colla”, detalló el ministro redactor Mauricio Oviedo, y agregó que “es la diversidad cultural o, para otros, el multiculturalismo, el objeto de protección final del Convenio 169 y de toda la normativa interna desplegada que exige una protección no restrictiva de nuestro derecho”.
Nuevo proceso

En la sentencia los jueces también determinaron que el proyecto debe ingresar nuevamente a evaluación, esta vez, a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que el tráfico permanente de vehículos de la empresa minera por las mismas rutas ancestrales de los comuneros podría generar impactos.

Respecto a la consulta indígena, el ministro Mauricio Oviedo, explicó que “analizados los antecedentes de la evaluación ambiental es posible advertir que existe evidencia irrefutable de susceptibilidad de afectación directa a un grupo humano perteneciente a un pueblo indígena, razón por la cual es necesario implementar el procedimiento de consulta indígena bajo los estándares previstos en el Convenio Nº169 de la OIT”.

Además, aseguró que “es indudable la alta probabilidad de perturbación que el proyecto podría provocar a la comunidad indígena ya que se emplaza en sus territorios, en el lugar donde efectúan actividades de trashumancia, recolección de hierbas medicinales, pastoreo, entre otras”.

Para los jueces que analizaron la causa, la alteración al estilo de vida trashumante de la comunidad indígena no fue correctamente evaluada por el SEA, ya que entre las costumbres de este pueblo está el traslado de su ganado hacia distintos sectores de vegas, veranadas e invernadas, lo que se verá afectado por el tráfico permanente y continuo de vehículos motorizados de distinta magnitud durante cuatro años.
https://www.mch.cl/2021/04/21/tribunal-ambiental-ordena-consulta-indigena-y-nueva-evaluacion-de-proyecto-de-prospeccion-de-minera-norte-abierto/

Perú

Melgar: comuneros de Cupi advierten protesta contra Fiscalía

Pachamama Radio
20/04/2021
Foto: Referencial/Difusión
El representante de la sociedad civil del distrito de Cupi (Melgar), Pedro Palaco, cuestionó al Ministerio Público por la notificación que le hicieron llegar exhortándolo a abstenerse de cometer delitos contra los medios de transporte y servicios públicos, refiriéndose a los volquetes de una minera que fueron retenidos el pasado 29 de marzo y liberados al día siguiente.

Señaló que el pasado 29 de marzo, los comuneros del sector Corani, retuvieron un aproximado de nueve volquetes con minerales de la empresa minera Ciemsa Las Águilas que circulaban por el sector en horas de la madrugada, ante la polvareda que originan, además de dañar los cultivos y puentes.

“El 30 de marzo al mediodía los volquetes ya fueron liberados, lo único que pedimos es que busquen otra ruta alterna para circular y desde ese día ya no pasan por la zona, aquí lo extraño es la celeridad con la que me notificaron, cuando en otros procesos la fiscalía demora mucho”, dijo.

A través de Pachamama radio cuestionó a la fiscal Yolanda Frisancho, a quien acusó de parcializarse a favor de la minera, y anunció que el próximo 24 de abril, los comuneros de Corani se reunirán para tomar acuerdos y movilizarse contra la fiscalía.
https://www.pachamamaradio.org/melgar-comuneros-de-corani-cupi-advierten-protesta-contra-fiscalia/

Chile

Minería Submarina: Revelan el estado de proyectos de exploración en fondos marinos

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se dio a conocer la existencia de 33 proyectos en esta etapa, los cuales mantiene la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con la misma cantidad de contratistas.
21/04/2021
MINERÍA CHILENA

Tras una ponencia introductoria sobre la institucionalidad que concierne al desarrollo de una Minería Submarina, el jefe del Departamento de Asuntos Oceánicos de la División de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Salvador Vega, reveló en el webinar “Perspectivas de la Minería Submarina”, la existencia de una serie de proyectos de exploración, junto con el estado de las iniciativas de explotación en el fondo marino, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Del Mar (Convemar).

Minería registra 100 proyectos con aprobación ambiental por más de US$25 mil millones al primer trimestre
“Es importante destacar que hoy en día la minería submarina, la explotación minera en la zona no existe aún. Lo que hoy en día existe son 33 contratos que tiene la autoridad de los Fondos Marinos con 33 contratistas que son proyectos de exploración, que son proyectos que se establecen a 15 años, en donde se entrega el derecho a exploración de un área súper específica, donde los contratistas tienen el derecho a explorar los minerales que existen”, destacó el representante del organismo gubernamental.

Condiciones
Por otra parte, el expositor del evento organizado por la Cámara Minera de Chile, explicó que para que haya explotación, en la propia Convemar tienen que existir ciertas condiciones:

Establecer un código minero: “A través del cual se van a desarrollar los proyectos de explotación, porque ya tenemos hoy en día un código o reglamento que regula la exploración”.
Construir la empresa: “Aquí, la Convemar establece que la explotación minera tiene que desarrollarse por la empresa, que sería el brazo económico de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, o sea, una empresa que pueda explotar los fondos marinos, o por empresas de los Estados miembros, que se asocien con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos”.
Implementar los Planes Regionales de Gestión Ambiental
En el mismo contexto, comentó que “el código minero, la normativa para la explotación minera aún está en un proceso de negociación. Este código es un documento bastante complejo, tiene alrededor de ocho capítulos”

¿Qué ha pasado en esta materia en 2020?
A la vez, Salvador Vega, señaló lo que ha pasado el año 2020. “Este año que ha sido bastante raro, los procesos internacionales se han visto no detenidos, no hemos podido avanzar en conversaciones presenciales con ningún organismo internacional”, indicó.

Añadió que “solamente este año tuvimos Asamblea del Consejo y la autoridad, se realizó de manera no presencial y solamente en modalidad de silencio en la toma de decisiones, por ejemplo, administrativas, como decisiones de presupuesto, elección de los miembros del Consejo. Se decidió aplazar un año la membresía de la Comisión Jurídica”.

Asimismo, afirmó que “en 2020 se comunicó en un estudio de Rusia sobre el tema, en donde se hace alusión a que Chile podría ser uno de los países afectados con respecto al tema. Nosotros también hemos ido trabajando con Cochilco, algunos estudios nacionales respecto a cómo sería el impacto de esta minería submarina en la zona en nuestro mercado del cobre (…), hemos ido trabajando porque justamente nuestro interés es la no afectación de nuestro interés minero y la no afectación en los sistemas marinos”.

Institucionalidad
En el mismo escenario, y al partir su presentación, Vega ahondó en materia de institucionalidad en relación al tema. Recordó que los principios internacionales que refieren al uso de los recursos naturales del Mar se establecieron en 1970, por Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Del Mar.

Manifestó que “no puede ser entendida la exploración y explotación de la zona (el suelo de fondos marinos) sin asumir que esto es patrimonio de la humanidad… ¿qué quiere decir esto? Que cualquier beneficio que se logre a partir de la explotación de la zona tiene que ser repartido a toda la humanidad y eso es clave para los procesos posteriores, también ahí tiene que definirse cómo se hace esa distribución de beneficios”.

Para ser más específico, precisó que “en esta zona (el suelo de fondos marinos) no está permitido la apropiación del espacio de la zona para ningún Estado. Se establece como principio que cuando se van a entregar derechos de explotación o exploración, no se está entregando la apropiación del espacio, sino que se están entregando aquellos derechos de exploración y explotación“.

Sostuvo que “Chile se hizo parte de la Convemar en 1993(…) y que nosotros (Chile), la minería submarina en la zona, no puede tener estándares menores a los que hoy día estamos estableciendo en estándares de tierra”.
https://www.mch.cl/2021/04/21/mineria-submarina-revelan-el-estado-de-proyectos-de-exploracion-en-fondos-marinos/

Argentina

¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ECOLOGÍA
POLÍTICA DEL SUR
CITCA -CONICET -UNCA
¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral

“Las revueltas son el lenguaje de aquellos a quienes nadie escucha» (Martin Luther King)
En estos momentos, lxs catamarqueñxs de todo signo y condición, nos hayamos conmovidxs por los
acontecimientos de público conocimiento del pasado sábado 10 de abril en la ciudad de Andalgalá.

Más allá de la desinformación y falta de certezas que cubren los hechos, lo cierto es que tras los
humos y los vidrios rotos de las instalaciones de la empresa canadiense Yamana Gold en Andalgalá,
inmediatamente emerge el montaje de un discurso “republicano” y “democrático” que repudia “la
violencia”, llama a la “paz social” y al “respeto de las instituciones”, estigmatizando y condenando,
en el mismo acto, a los así llamados “antimineros” como responsables; como “fanáticos
ecoterroristas” que están detrás de los “ataques” a la propiedad privada de una empresa.

Ante la consternación social y la confusión política generada, desde los sectores hegemónicos del
poder se pretende instalar una interpretación unívoca y superficial sobre los acontecimientos en
cuestión (empezando por considerarlos aisladamente, separado de la larga cadena de hechos y
procesos sociales de corta y larga duración que los anteceden y conforman la matriz históricopolítica de su emergencia).
Frente a ello, nos parece necesario advertir y tomar distancia de tan elementales operaciones ideológicas,
para dejar lugar a un ejercicio de reflexión colectiva que nos ayude como sociedad a comprender
lo que ha pasado y lo que nos está pasando.

Justamente, la tarea y la función social de la ciencia es la de contribuir a la producción y validación
de conocimientos, profundizando los mecanismos de reflexividad social, a partir de una sistemática
y metódica inspección exhaustiva de las creencias de sentido común y las concepciones
naturalizadas de y sobre la vida social que -muchas veces desde el poder-se impone como “verdad”.

La ciencia moderna nació así. Bajo los cielos del Iluminismo, luchando contra el dogmatismo
religioso medieval, la filosofía moderna procuró hacer de la verdad una cuestión de masas, y del
buen gobierno, una tarea del entendimiento colectivo y la voluntad popular. Esas ideas incubaron
acontecimientos políticos a través de los cuales las sociedades humanas, en distintos momentos,
buscaron vías de escape a formas consolidadas de opresión y privación, hacia alternativas
superadoras; digamos, liberadoras. Es la historia de las rebeliones populares y las revoluciones
políticas modernas.

Creemos que eso es lo que subyace a los acontecimientos recientes en Andalgalá. El velo ideológico
que desde las cumbres del poder social (estatal, corporativo, mediático y sus agencialidades
satélites) se elaboró rápidamente sobre los mismos, condenando, hipócritamente, la violencia,
ocluye, en realidad, la naturaleza política del conflicto y prepara las armas de una escalada represiva.
Con una lógica de “sentido común” se llama a “preservar la paz”, a “respetar las instituciones”, la
“propiedad privada”; se presenta a los hechos como actos delictivos; de determinados sujetos
individuales e individualizables, cuyas conductas no merecen otro registro y otro trato que las
disposiciones del código penal.

La verdad, esa interpretación y vía de tratamiento de los hechos, no sólo es insostenible desde un
elemental análisis crítico, sino que, además, es políticamente inconducente para abrir paso a las
reparaciones y la resolución democrática de las contradicciones que emergieron y se expresaron en
la quema de las oficinas de una empresa minera.
Siguiendo la fundacional regla durkheimiana del procedimiento científico -que nos conmina a
“desechar sistemáticamente todas las prenociones”-, es necesario prevenirnos de no incurrir en la
grosera confusión entre un acontecimiento político y meros hechos delictivos. Los estallidos sociales
son eminentemente políticos. Los ojos del poder, tienden a invisibilizar las causas estructurales que
engendran la violencia; su reflejo es darles un tratamiento meramente judicial, vía la represión y la
penalización. Los ojos de la ciencia no pueden incurrir en esa trampa ideológica. Confundir la
expresión política de un conflicto territorial estructural con burdos actos de vandalismo constituye
un ominoso error epistémico y político.

Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold (por lo
demás, una empresa que tiene un abultado prontuario de violaciones a los derechos humanos y
ambientales, no sólo en el caso del Proyecto Agua Rica donde, por lo menos, se halla infringiendo la
Ley Nacional 26639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares, y
haciendo caso omiso de la Ordenanza Municipal 029/16 y la resolución de la Corte Suprema de la
Nación ante la Acción de Amparo presentada por vecinxs de Andalgalá, sino también en diferentes
países donde tiene operaciones), no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de
más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene
sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y
adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura.

Como acontecimiento político, el del sábado, es un acto eminentemente colectivo, social; no se
trata de hechos individualizables. Aunque lo hayan materializado algunos sujetos, esos sujetos
expresaron una fuerza social colectiva. Años de indignación y bronca contenidas cargaron las piedras
que rompieron esos vidrios. Es una falta a la verdad y a la justicia, acusar a quienes se atrevieron a
hacerlo. Porque ellxs -sean quienes sean- no son lxs gestores de la violencia. No son lxs que
“desataron” la violencia; apenas reaccionaron ante una violencia sistemática que en los últimos
tiempos se hizo asfixiante; insoportable. La reacción ante una opresión que se torna insoportable,
eso es precisamente, científicamente, un acto de rebelión popular.

Desde un análisis franco y objetivo de los hechos, no podemos ingenuamente “condenar la
violencia”. Debemos preguntarnos qué es lo que realmente violenta la paz social. ¿Puede haber paz
en una sociedad edificada sobre la guerra (y la sociedad moderna es cabalmente una sociedad
emergente de una larga guerra de conquista)? Si la condena a la violencia se hace honesta y

seriamente, es preciso que se interpele sobre los orígenes de la violencia. Si se la quiere erradicar
como forma de lo político, es necesario poner una mirada en las profundas fallas estructurales de
nuestro “sistema de gobierno y de administración de justicia”. La única paz duradera y deseable es
aquella que nace de la justicia y de un orden plenamente democrático.
Si de verdad queremos condenar la violencia, y no hacerlo desde el lugar hipócrita y cínico del
“respeto a las instituciones” (liberales, coloniales, bajo cuya sujeción nos hallamos) debemos
admitir, como nodo radical de los problemas que subyacen a la misma, los profundos déficits
democráticos y de justicia que agobian a nuestra sociedad local concreta y al modelo societal
hegemónico y global, en general.

Antes que la paz, en Andalgalá se ha denegado y socavado la democracia. Antes que la propiedad
privada de una corporación, se ha violado el derecho territorial de un pueblo. En este caso, lo
primero que violenta la voluntad popular y el gobierno de la mayoría, es la legislación minera de los
’90, fácticamente, una imposición del Banco Mundial, pensada y diseñada para el interés exclusivo
de las corporaciones transnacionales, no para el de nuestros pueblos.
El marco normativo que rige la minería transnacional en el país ha creado un muro de privilegios
para un tipo de explotaciones completamente controlada y dominada por el capital extranjero. La
anatomía macroeconómica de ese tipo de minería es absolutamente contraria a cualquier vía de
desarrollo endógeno de nuestras sociedades. La historia económica de América Latina así nos lo
enseña: constituida, desde su invasión y conquista colonial, como la “zona de mina” del emergente
sistema económico mundial, la minería ha sido y es un vector clave del colonialismo y la colonialidad;
factor de profundización no solo del saqueo económico y ecológico, sino de la dependencia, cultural,
tecnológica y política.

Como sector emblemáticamente oligopólico, concentrado y transnacional, este tipo de minería no
puede dar lugar a ninguna expectativa razonable de “desarrollo”; mucho menos si lo queremos
sustentable, inclusivo, democrático. Su “cadena de valor” es la que nos tiene atados como meros
proveedores pasivos de materias primas para el abastecimiento subordinado de la industria
mundial. A la hora de analizar científicamente los impactos de la minería en nuestra región, bien
vale recordar una conclusión de un prestigioso geógrafo inglés: “Tanto el siglo XIX como el XX han
estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una
clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio
natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y
crecientemente empobrecida” (Anthony Bebbington, 2007).

El pueblo de Andalgalá está de pie y se viene manifestando desde hace años, con ejemplar
perseverancia en ya 587 caminatas semanales, contra ese perverso “destino minero”. Si hay algo
que está claro en este mar de confusiones y de contaminación ideológica, es que la minería
transnacional no tiene licencia social en Andalgalá, así como probablemente también, en muchos
otros pueblos, localidades, departamentos y franjas sociales de la provincia. No ha habido, en
general, un proceso serio de información veraz y consulta democrática a la población sobre si estaría
dispuesta a aceptar y asumir los impactos y consecuencias de este modelo.

Desde una perspectiva histórica y científicamente informada, comprometida políticamente con los
intereses mayoritarios de nuestro pueblo, no podemos dejar de denunciar la violencia primera que
significa este tipo de explotaciones. En el caso de los acontecimientos de Andalgalá, perseguir a
quienes días pasados provocaron destrozos parciales a las oficinas de Yamana Gold, es un acto de
injusticia política y de ceguera epistémica. Ningún formalismo hipócrita puede ocultar y desconocer
que, en pleno siglo XXI, la minería transnacional sigue siendo la herida colonial más sangrienta y
lacerante de América Latina; la vena abierta por donde se desangran nuestras posibilidades de
convivencia autónoma, en paz, justicia y democracia.

12 de abril de 2021, Catamarca (Argentina).
Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET -UNCA.
Horacio Machado Aráoz (Investigador Adjunto Conicet – CITCA, Cátedra de Sociología II, Fac. de
Humanidades, UNCA), Claudia Inés Sosa (Docente Investigadora, Cátedra de Investigación de las
Cs. Sociales, Fac. de Humanidades, UNCA), Mariela Analía Pistarelli (Docente Investigadora,
Cátedras de Sociología, Fac. de Humanidades, UNCA), María Belén Verón Ponce (Docente
Investigadora, Coordinadora de la Especialización en Políticas de Género y Violencia, Fac. de
Humanidades, UNCA), Ana Belén Castro (Docente Investigadora, Cátedras de Ética y Deontología
Profesional y de Planificación, Fac. de Humanidades, UNCA), Gustavo Mario Pisani (Becario
Doctoral Conicet, Docente de la Cátedra de Antropología, Territorio y Sociedad, Escuela de
Arqueología, UNCA), Noelia del Valle Cisterna (Becaria Doctoral Conicet, Docente de la cátedra de
Ciencia Política, Fac. de Humanidades, UNCA), Estela Romina Cruz (Becaria Doctoral ConicetCITCA, Docente de la Cátedra de , Fac. de Humanidades, UNCA), Ornella Castro (Docente
Investigadora, Cátedra de Zootecnia General, Fac. de Cs. Agrarias, UNCA), Aimée Martínez Vega
(Becaria Doctoral Conicet- CITCA) Leonardo Javier Rossi (Becario Doctoral Conicet -CITCA),
Federico Vega Castillo (Estudiante y Ayudante alumno en Trabajo Social II Fac. De Humanidades,
UNCA ), María Zalazar (Estudiante Fac. de Humanidades, UNCA).
https://noalamina.org/wp-content/uploads/2021/04/Vandalismo-o-estallido-social-.pdf