Chile

BHP Billiton define y el gobierno acata: industria minera es declarada esencial

7/5/2020
Evidente ha sido como en las últimas semanas los empresarios nacionales y extranjeros definen qué es y no estratégico en la economía nacional. Dictan la pauta al gobierno en un escenario de contingencia sanitaria, nos exponen como trabajadores solo para asegurar sus millones.

Sobre esto, dirigentes denuncian lo expuestos que están como trabajadores y como las empresas BHP Billiton, Anglo American y Codelco privilegian sus ganancias por sobre la vida de las y los trabajadores.

Hermann Álvarez y Erwin Muñoz son dirigentes del sindicato Komatsu Reman, empresa declarada esencial por sus servicios a la gran minería, y se proponen contar la realidad que viven las y los trabajadores en medio de esta pandemia, además de compartir reflexiones que permitirían dar solución concreta a la crisis sanitaria.

Indican que hay bastante preocupación entre las y los trabajadores ante el posible contagio de uno de nuestros compañeros de trabajo, junto con esta “vuelta a la normalidad” y la entrega de salvoconductos para que sigamos operando la fábrica.

«Sabemos que la situación del país es compleja y sobre todo para nosotros quienes estamos todos los días en el trabajo, vemos que desde el gobierno sólo se resguarda las ganancias de empresarios, las suspensiones y despidos arrojan a miles de trabajadores a la pobreza, hay inflación del 20% en los artículos de primera necesidad, hospitales públicos repletos de contagiados y sin insumos para los trabajadores de la salud, ante esta realidad concluimos que los responsables son el gobierno y los gremios empresariales, ellos a toda costa quieren mantener la continuidad productiva, donde se propague el contagio y hacernos pagar esta crisis a los trabajadores con esta ley de protección al empleo» señala Erwin Muñoz.

«Recientemente la gerencia comenzó la entrega de salvoconductos, para que compañeros en cuarentena vuelvan a trabajar, ya que la fábrica pasó a ser considerada como «servicio esencial» por dar soporte a mineras como Bhp Billiton, Anglo American y Coldelco, ¿Pero acaso las mineras son esenciales para la vida? No son de primera necesidad, sino al contrario, destruyen el planeta y contaminan el medio ambiente, el gobierno las declara esenciales para que los empresarios sigan ganando riqueza a costa de nuestra vida» plantea Hermann Álvarez.

«Las fábricas y centros de distribución siguen funcionando con total normalidad, ya que cuentan con el respaldo del gobierno, sus ministerios y los empresarios mineros; se trabaja en comunas donde hay cuarentena y se nos presentan los salvoconductos como de libre elección, pero sabemos que si nos negamos se merma nuestro sueldo al fin de mes o podemos ser despedidos, es como si pusieran una pistola sobre la mesa» dice Erwin Muñoz.

“Pero ya que la fábrica se declaró como servicio esencial, podríamos vincular todo nuestro trabajo para ayudar a hospitales, nosotros trabajamos con fierros, perfectamente podríamos hacer catres y camas hospitalarias, incluso podríamos fabricar prototipos de respiradores mecánicos, esto si es primera necesidad» señala Hermann Álvarez.

“Sabemos las ganancias del holding fueron exorbitantes, sólo el 2019 se obtuvieron 1500 millones de dólares, perfectamente estas ganancias podrían ser administradas para adquirir las materias primas que necesitamos para la fabricación de camas y respiradores mecánicos, pero esto no es así todo se va para el capitalista japonés» dice Erwin Muñoz. Agrega «Además incluso con esa misma plata podrían subvencionar todos los bonos e incentivos de producción que quieren descontar a nuestros compañeros por haber estado en cuarentena, incluso que exista el goce total del sueldo para todos los trabajadores» .

«Existe la posibilidad que uno de nuestros compañeros de positivo con COVID-19, el compartió camarines, casino y el mismo trabajo al interior de la fábrica, ante esto es crucial que exista la implementación de test para todos los trabajadores de la fábrica, esta exigencia es tanto para la empresa como para el mismo gobierno, si no hay test masivos la gente infectada no podrá ser aislada y seguiremos contagiándonos» señala Hermann Álvarez.

«Hacemos un llamado a todos los trabajadores a organizarnos, prepararnos para enfrentar estos ataques por parte del gobierno de Piñera, y a denunciar los abusos por parte de los empresarios» finaliza Erwin Muñoz.
http://www.laizquierdadiario.cl/BHP-Billiton-define-y-el-gobierno-acata-industria-minera-es-declarada-esencial

Bolivia

Jubileo: «Hay que ser audaz para aceptar el Ministerio de Minería» – Noticias Bolivia

NoticiasporelMundo
9/5/2020
El Deber
Para la Fundación Jubileo, el nuevo ministro de Minería, Fernando Vásquez, tendrá una gestión complicada por los problemas internos y los precios internacionales de los minerales. Valoró la audacia de la autoridad al recibir este despacho estatal que no durará más de cinco meses, por la gestión transitoria de este Gobierno.

“Es un periodo muy complicado que le ha tocado al ministro Vásquez. Tenemos una situación anormal por el hecho de la caída de los precios en el mercado a escala internacional y por el tema de salud del coronavirus, pero adicionalmente, hay problemas internos serios en la minería nacional. Es un problema grande que se viene encima de nuestro nuevo ministro. Hay que ser muy audaz para aceptar ese puesto en estas condiciones”, manifestó el experto en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova.

Recordó que antes del problema de la cuarentena, los cooperativistas que trabajan con el zinc, el plomo y los complejos, estaban en crisis. Esto, porque el precio del zinc había venido bajando desde el año pasado y entraron a cifras rojas.

Además, las comercializadoras habían hecho subir la maquila muy alta y ellos estaban pidiendo socorro por este punto. Adicionalmente, el conflicto con la metalúrgica Vinto, Colquiri, Huanuni y las cooperativas mineras, se arrastra por mucho tiempo por la falta de liquidez de Vinto, que no pudo cumplir con las demás empresas.

“El anterior ministro emitió la resolución 093 que nunca pudo entrar en vigencia porque va contra los principios de la Constitución. Porque el propósito de la Constitución es no exportar concentrados porque es un mal negocio para el país. Pero esa resolución estaba autorizando esa exportación. Por eso no pudo funcionar”, estimó.

Principales tareas

Para Córdova, entre las principales tareas que debería encarar la nueva autoridad, es tratar de salvar al sector cooperativo de la minería tradicional que explota y comercializa el zinc, por los precios internacionales y la pandemia.

El segundo punto es resolver el conflicto de los cooperativistas que trabajan con minas de estaño, que debería resolverse a través de un aumento de la liquidez de la empresa metalúrgica Vinto.

El tercer problema que tiene que encarar y resolver en estos días, es el tema de Huanuni. La producción ha caído fuertemente y el nuevo ingenio que ya entró en etapa de pruebas, tendría que funcionar como sea, en los próximos meses.

Luego, tiene que buscar inversiones. “Han llegados algunos intentos para temas de exploración en áreas de la Comibol (Corporación Minera de Bolivia) de una empresa canadiense que había firmado un contrato y que no lo ratificaron en la Asamblea. Eso tiene que acelerarse, porque se está perjudicando una inversión interesante para el Estado. Es muy difícil conseguir empresas que se animen a invertir dinero en exploración”, manifestó.

Señaló al tema más grave y complicado, como la explotación aurífera. El año pasado, Bolivia batió récord de explotación de oro (de más de 42 t), pero según Jubileo, hay problemas en la asociación de cooperativas, con empresas, hay contrabando de oro, contaminación de mercurio y contrabando de mercurio.

“Todo esto forma un cuadro muy delicado en temas sociales, laborales y temas de soberanía del Estado que hay que enfrentar”, concluyó Héctor Córdova.

 

Mexico

MINERA DERRAMA CASI 6 MILLONES DE LITROS

DE DESECHOS TÓXICOS EN DURANGO
En días pasados, diversos medios de comunicación informaron que la empresa Exportaciones de
Minerales de Topia derramó desechos tóxicos en las inmediaciones del río Humaya que fluye por
los Estados de Durango y Sinaloa, poniendo en riesgo la salud de la población de las comunidades
cercanas, situación que se agrava ante la imposibilidad de contar con agua suficiente y limpia durante
el resto de la contigencia por el COVID-19.
Mediante un comunicado oficial publicado el lunes pasado, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), señaló que el derrame supone un total aproximado de 6 mil metros cúbicos
de jales por lo que clausuró de manera “temporal total” la operación de la empresa que se dedica
al beneficio de minerales metálicos (plomo y zinc) en el municipio de Canelas, Durango
Aunque en su comunicado no se específica el tipo de jales que se derramaron, en términos generales
se trata de los desechos integrados por una mezcla pastosa y acuosa que contienen altas concentra –
ciones de metales pesados tóxicos que son potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, los
cuales son el resultado de los procesos de la molienda de las rocas, y en algunos casos derivados de
los procesos de lixiviación, una vez que han sido extraídos los minerales de interés.
De acuerdo con el comunicado, fue la propia empresa quien informó sobre el derrame de 5 mil litros
de jales en sus instalaciones; sin embargo, luego de una visita de inspección, la PROFEPA concluyó
que en realidad se trataba de un derrame de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales
líquidos, por lo que luego de recorrer las zonas afectadas y recabar información sobre los daños
ambientales causados, entre otros, se observó que el jale se había impregnado sobre el cauce del
Arroyo San Bernabé en una longitud de 2 km sobre su margen y que la contaminación se extendió
hasta la localidad de San Bernabé, lo que permitió determinar la “clausura total temporal de la
operación de la empresa”.
PROFEPA informó que el derrame se debió a la ruptura de una presa de jales tóxicos, la cual fue
sobrecargada más allá de los límites de su capacidad, lo cual demuestra una vez más la
irresponsabilidad en la que operan estas empresas, al no respetar sus procesos de control internos.Además de la clausura total temporal de sus operaciones, la PROFEPA impuso, como medidas hacia la
empresa, la contención del derrame proveniente de la ruptura de la presa y la limpieza de los
jales en las zonas afectadas, así mismo, la PROFEPA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República contra quien resulte responsable por la comisión de delitos contra el
ambiente.
Desde la REMA hemos advertido el deber de cuidado que las empresas del modelo extractivo
minero no suelen incorporar en sus operaciones diarias ni en el manejo de insumos y residuos
tóxicos. Desde este punto de vista, la ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica
negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades
responsables quienes deberían de supervisarles de forma preventiva.
Desde la REMA exigimos una investigación seria, a fondo y ejemplar, que concluya con resoluciones y
sentencias condenatorias, así como con la clausura total definitiva de la empresa Exportaciones de
Minerales de Topia. Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento de la ley.
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
!FUERA MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Perú

Los riesgos de la reactivación económica para los pueblos andinos y amazónicos

Muqui Informa
6/5/2020
Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Recientemente el gobierno peruano ha emitido el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM “para la reanudación de actividades económicas de forma gradual” en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. La medida ha sido casi celebrada por los gremios empresariales, sobre todo las grandes empresas que han ejercido una presión política fuerte al gobierno nacional; sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil como los sindicatos mineros, organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil, están en desacuerdo con esta medida. Si bien se entiende la necesidad de miles de personas que se han quedado sin trabajo y que necesitan trabajar en este momento; varios son los motivos de las preocupaciones de las organizaciones. El principal motivo es el temor a la propagación sin control del Covid-19 y, mucho más, luego de haber pasado por un confinamiento de más de 50 días; es decir, todo el sacrificio de estos días podría ser en vano.

Una opinión especial merece el caso del sector minero, que está incluido dentro de estas medidas, ya que desde el momento en que se declaro el Estado de Emergencia ha venido operando con cierta normalidad. Así los sostiene LQG intelligence, quienes “han realizado un cálculo del impacto del Covid-19 en la producción de cobre del sector minero a partir del análisis de consumo de energía, lo que es un indicador del estado operativo de los proyectos mineros y señala que hay 25.7% de producción paralizada, 31 % de producción parcial y un 43.3% producción continua (al 26 de marzo de 2020)”. Justamente el mantenimiento de estas operaciones, así como el traslado del personal dentro y fuera de los campamentos mineros y la falta de un protocolo sanitario adecuado ha generado el elevado nivel de trabajadores mineros contagiados en las empresas mineras. Desde Red Muqui ya llevamos 264 trabajadores registrados con COVID-19. El sector minero es y ha sido el más privilegiado durante este tiempo, pero a su vez ha sido el que más expuso a sus trabajadores y a las comunidades de los entornos mineros al contagio del coronavirus.

De otro lado, las organizaciones indígenas, amazónicas y andinas de nuestro país, desde que empezó la emergencia sanitaria, vienen denunciando el silencio y el desdén que tienen las autoridades respectivas para responder sus agendas y preocupaciones; ya que la mayoría de las normas que se viene aprobando desde el gobierno no son consultadas ni dialogadas con las organizaciones indígenas. Señalan que el anuncio de la reactivación económica los pone en mayor riesgo ya que las actividades extractivas como la minería y el petróleo se realizan en territorios indígenas. Lo cierto es que tanto los protocolos sanitarios de prevención y protección de pueblos indígenas, así como el abastecimiento de alimentos y la dotación de recursos económicos para este sector de la población es insuficiente, por no decir nulo. Y por el contrario se pretender reactivar la económica con más extractivismo.

En ese sentido, desde Red Muqui nos parece sumamente preocupante que para la reactivación económica solo se priorice a las grandes empresas extractivas, sin tomar en cuenta la situación de las comunidades y poblaciones andinas y amazónicas, así como de los trabajadores mineros que están expuestos al contagio del virus. La reactivación económica implica mirar los derechos humanos, la reactivación supone pensar en diversificación productiva, la reactivación no puede ser en desmedro del territorio y el ambiente, la reactivación no puede ser volver a la normalidad de siempre.
por RED MUQUI

Perú

MOQUEGUA: REPORTAN PRIMER CASO DE COVID-19 EN SOUTHERN PERÚ

7/5/2020
Imagen: Rumbo Minero
Un trabajador de la minera Southern Perú, que labora en la unidad productiva de Ilo, es el primer diagnosticado de COVID-19 en dicha empresa. Tras dar positivo a una prueba rápida fue aislado del resto de los trabajadores.

Según información de la empresa, un grupo de sus compañeros que laboran en la misma sección también ingresó a aislamiento voluntario, pese a que estos dieron negativo a las pruebas rápidas.

Respecto al trabajador infectado, se conoció que el personal de salud de la empresa no descarta que haya sido contagiado en su trabajo, por lo que habría más trabajadores contagiados.

La unidad productiva de Ilo se ubica a 100 kilómetros de las unidades mineras de Toquepala y Cuajone.

Este caso se suma a los 264 casos reportados de contagios entre trabajadores mineros a nivel nacional hasta la fecha. Esto a pesar de que el gobierno ha establecido protocolos de cuidado y la minería es una de las actividades priorizadas para retornar a las labores en la Fase 1 de la reactivación económica.

Alerta informativa www.conflictosmineros.org.pe

Perú

MINEM APRUEBA PROTOCOLO SANITARIO PARA LOS SUBSECTORES MINERÍA, HIDROCARBUROS Y ELECTRICIDAD

7/5/2020

El 6 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Resolución Ministerial (RM) Nº 128-2020-MINEM/DM, “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”.

En el marco de este protocolo, el MINEM dispone que las empresas empleadoras tienen que elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el cual debe contener actividades, acciones e intervenciones que permitan acatar el protocolo sanitario del sector salud, aprobado mediante RM Nº 239-2020/MINSA. Asimismo, el referido ministerio indica que las empresas están obligadas a someter sus planes a evaluación del Viceministerio correspondiente, remitirlos al Ministerio de Salud (MINSA) y permitir su acceso a las entidades fiscalizadoras (SUNAFIL, gobiernos regionales y gobiernos locales).

Respecto al traslado y acceso al centro de labores, el MINEM establece que los trabajadores o contratistas deberán llenar una ficha sintomatológica (tiene carácter de declaración jurada) y ser sometidos a evaluación física. Complementariamente, también menciona las medidas a tomar cuando las empresas utilicen transporte terrestre, aéreo y fluvial para movilizar trabajadores y contratistas.

De igual modo, el MINEM precisa cuáles serán las medidas de higiene, convivencia y desinfección a implementar en los centros de labores. Así como, enlista las acciones aplicables para el mantenimiento de la adecuada distancia social, describe el proceso de aislamiento temporal, evaluación, seguimiento y reincorporación de trabajadores y contratistas sospechosos o contagiados de COVID-19 e indica cuales son las medidas de trabajo a poner en marcha en los casos de las personas consideradas en los grupos de riesgo.

Cabe resaltar que este protocolo ha sido elaborado y aprobado sin contar con la participación y el visto bueno de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Desde la perspectiva de CooperAcción, este documento contiene aspectos cuestionables, como la aplicación potestativa de pruebas rápidas o moleculares en el caso del personal con puestos de riesgo bajo, la ausencia de determinación de un aforo máximo para los campamentos y la falta de precisión sobre la cantidad de personal sanitario que debe existir en el centro de labores.

A todas luces, los lineamientos elaborados (MINSA) y el protocolo (MINEM) no son los suficientemente rigurosos y tampoco responden a la real amenaza del Covid 19. Para comenzar, dejan un gran margen de discrecionalidad en la implementación de las medidas a las propias empresas y no se cubren varios flancos importantes de riesgo. Conociendo cómo funcionan los Servicios de Seguridad y Salud, la influencia de las empresas definirá temas claves como la periodicidad en la aplicación de pruebas y otros aspectos claves. Por otro lado, no queda claro cómo piensan resolver la falta de pruebas moleculares y serológicas: voceros del sector empresarial minero han reconocido que por el momento no cuentan con pruebas disponibles y la compra en estos momentos es cada más difícil y onerosa. ¿Van a reanudar labores sin la aplicación de pruebas a un sector de trabajadores? ¿Lo que ha pasado -y sigue pasando- en varios campamentos mineros, no es una clara señal de alarma?

Ha habido una fuerte presión desde el sector empresarial, sobre todo desde la Confiep, para que las actividades productivas se pongan en marcha, logrando que se acuerde finalmente la reactivación por fases, precisamente cuando la curva de contagios sigue creciendo. Se ha generado un falso dilema entre la emergencia sanitaria y la necesidad de reactivación de la economía. El posible agravamiento de la epidemia va a representar un costo importante para la economía del país y lo que es peor significa la pérdida de un número cada vez más importante de vidas humanas.

Revisa el protocolo aquí http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-Minem.pdf

Perú

LA “NORMALIDAD” DE ANTES YA NO EXISTE: TOCA CONSTRUIR UNA NUEVA

Andrés Espinoza B.
Imagen: Andina
8/5/2020
El COVID-19 ha desnudado los problemas que ya arrastrábamos, porque los ha agravado e hizo que nos demos cuenta que tenemos una agenda pendiente, tanto en el respeto de derechos como en la necesidad de conseguir una economía para todas y todos.

Al iniciar la cuarentena, nos dimos cuenta de aquellos trabajos mal remunerados que hoy en día son vitales. Médicos, enfermeros, policías, personal de los mercados, limpieza y bancos, han sido reconocidos y aplaudidos por muchos. Sin embargo poco se habló de las y los agricultores y de su rol clave que garantiza la alimentación de millones de peruanos y peruanas. La agricultura nacional cultiva el 70% de los alimentos que consumimos y sin embargo poco se hace por apoyarla y fomentar la agricultura familiar y la agroecología, una alternativa que ayuda a enfrentar el cambio climático, la pobreza rural y el hambre, el cual podría ser una gran amenaza en apenas unos años.

Con el objetivo de achatar la curva de contagios, el gobierno dispuso un “pico y placa de género” para exigir que los varones salieran unos días y las mujeres otros. Lo que vimos fue motivo de burlas y memes: varones perdidos en los mercados y mujeres que cargaban con mayor responsabilidad. La disposición afectó también a las personas LGTBI que fueron objeto de castigos por parte de policías porque no existe una Ley de Identidad de Género. La educación basada en la igualdad de género es una demanda urgente que no solo beneficiará a mujeres y LGTBI’s sino también a varones que podrán entender su responsabilidad en el cuidado de la familia y la necesidad de renunciar a las masculinidades violentas con las que hemos crecido y que han causado en esta cuarentena violaciones y golpes . Estos son los problemas que queríamos evitar con el enfoque de género.

Luego vimos las caravanas de personas desplazadas que retornaban a sus provincias de origen. La centralización de la capital, la falta de oportunidades en regiones y el acceso a servicios privilegiados en Lima hicieron que muchos peruanos decidieran venir a la capital. El intento de descentralizar el país es algo que se viene escuchando desde hace bastante tiempo y sigue siendo un proyecto inconcluso y, a todas luces, mal diseñado.

Muchos de nosotros nos sorprendimos al ver nuestras ciudades distintas, con aves en las zonas costeras, con ríos limpios, con amaneceres que permitían ver nuestros cerros más lejanos y un aire más limpio : la naturaleza se daba un respiro. Pero no es que nosotros seamos el virus, es que vivimos en un dinamismo económico que ha idealizado la productividad, el crecimiento y la acumulación de bienes por sobre el respeto y cuidado del ambiente y que ha degradado hábitats que originan el brote de distintos virus . Hoy, a puertas de entrar en una fase de reactivación económica, regresemos a las regiones y a las demandas de colectivos como la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos quienes exigen una #ReactivaciónSinContaminación para preservar la salud ambiental y humana. Ellos llevan esperando una política integral que atienda a los más de 7000 afectados a nivel nacional.

Las AFP’s comenzaron a ser un tema de discusión para las clases medias. Se exigía el retiro parcial de estas para enfrentar la crisis, y había mucha resistencia en ceder a este pedido. Hoy en día en países como Chile, donde se originó el sistema, se ha puesto en debate si el mecanismo de fondos privados de pensiones debe seguir o si se debe migrar a un sistema de pensiones distinto que garantice una vejez digna . Dependerá de nuestros congresistas liderar este cambio y presentarlo a debate y toca a la sociedad civil formular un proyecto que sea pensado para todas y todos.

Pasamos luego a hablar de los ricos del Perú y las responsabilidades que les compete en esta crisis. De hecho, uno de los empresarios peruanos con más fortuna, dueño de una cadena de cines hizo uso de la suspensión perfecta de labores que afectaría a sus trabajadores, calculados por la SUNAT en un número que supera los tres mil . Sorprende que cuando Ángela Merkel, canciller federal de Alemania, señala el problema tan latinoamericano de que los ricos no quieren pagar , se disparan los titulares y la atención. Pero cuando esto es un reclamo de la propia ciudadanía, no tarda en aparecer la criminalización. Llegó el momento de #QuePaguenLosRicos y de que el gobierno no se tire atrás en esta demanda. Se necesita una verdadera reforma tributaria que nos permita aumentar la recaudación y, sobre todo que los impuestos directos (que gravan a los que más tienen) tengan un mayor peso que los impuestos indirectos (que son los que pagan todos los ciudadanos cuando consumen un producto o servicio).

La pandemia nos devuelve una oportunidad: la de cambiarlo todo y construir una nueva versión de país.

Anexos:
[1] Más inversión en agricultura familiar https://peru.oxfam.org/en/node/210
[2] El call-center que atiende casos de violación en cuarentena https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/violaciones-en-cuarentena-ecpm/index.html
[3] https://www.efe.com/efe/america/sociedad/lima-respira-el-aire-mas-limpio-de-los-ultimos-tres-anos-por-cuarentena-covid-19/20000013-4201577
[4] Gisella Orjeda: “Los virus surgen porque los hábitats de los animales silvestres están siendo totalmente degradados” https://larepublica.pe/domingo/2020/05/03/coronavirus-en-peru-giselle-orgeda-biologa-analiza-la-situacion-cientifica-en-peru-y-los-vinculos-de-la-pandemia-con-habitat-de-animales-silvestres/
[5] Frente al coronavirus atención nacional para los afectados por metales tóxicos http://cooperaccion.org.pe/frente-al-coronavirus-atencion-nacional-para-los-afectados-por-metales-toxicos/
[6] Senadores ingresan a trámite proyecto que elimina AFP y nacionaliza fondos de pensiones https://www.t13.cl/noticia/politica/senadores-ingresan-tramite-proyecto-elimina-afp-y-nacionaliza-fondos-pensiones
[7] Compañías deciden dejar de emplear a 70 mil personas bajo decreto de suspensión perfecta https://ojo-publico.com/1799/companias-dejan-de-emplear-70-mil-personas-por-suspension-perfecta
[8] La dura frase contra América Latina que convirtió en tendencia a Angela Merkel https://rpp.pe/mundo/actualidad/angela-merkel-la-dura-frase-contra-america-latina-que-convirtio-en-tendencia-a-la-canciller-alemana-noticia-1263221?ref=rpp

Mexico

En riesgo, derechos de etnias; fallo de la SCJN protegería explotación minera

▲ Vecinos de Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, en una asamblea en Cuetzalan, donde concluyeron que no permitirán la instalación de hidroeléctricas y minas en la región.

Ley en la materia no los afecta, según proyecto de sentencia
Foto
Vecinos de Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, en una asamblea en Cuetzalan, donde concluyeron que no permitirán la instalación de hidroeléctricas y minas en la región.Foto José Castañares / La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Periódico La Jornada
9/5/2020
Puebla, Pue., La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con un proyecto de sentencia que, de aprobarse tal como lo elaboró el ministro Javier Laynez Potisek, mantendría el sistema de explotación de recursos mineros con el cual se violentan los derechos indígenas. Se trata de la tesis elaborada por el ministro Javier Laynez Potisek, publicada en Internet esta semana.

En ella asevera que la Ley Minera no se vincula de ninguna manera a los derechos indígenas y, por tanto, no los afecta, por lo que plantea no amparar las comunidades poblanas.

Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos y del ambiente consideran que la decisión no sólo afectaría a las comunidades de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, que tramitaron un juicio de garantías contra el Estado mexicano por haber transgredido su derecho de autodeterminación, sino que deja intacta la Ley Minera que protege los megaproyectos depredadores y conflictos socioambientales en todo el país.

El 17 de marzo de 2014 el pueblo maseual que habita los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, interpuso un amparo que fue admitido por el juzgado segundo de distrito con sede en la capital del estado. El acto reclamado fue la concesión de esos territorios a la industria minera sin que los pueblos indígenas que los habitan hubieran sido consultados, como obliga el artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por esos hechos fueron demandados el Estado Mexicano, representado por el Presidente de la República y el Congreso de la Unión, entre otros. El juicio de garantías no se interpuso sólo contra las concesiones, sino sobre todo contra la Ley Minera que permite la entrega de los territorios y viola los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, recordó Leonardo Durán, del Órgano técnico del ordenamiento integral de Cuetzalan.

Una semana después, el pueblo nahua de la comunidad de Zacualpan, en Colima, ingresó su propia demanda de amparo, la cual fue aceptada por el juzgado primero de distrito con sede en la capital de esa entidad.

El 7 de abril del mismo año la comunidad de Tecoltemic, municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, presentó un juicio de garantías que admitió el juzgado cuarto de distrito con sede en la ciudad de Puebla.

De esta manera, el Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión de plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios en los tres casos, lo que implica que mientras duren los litigios las compañías no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.

En su momento, el Consejo Titay Tlatli, el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, destacaron que “la relevancia de estas acciones jurídicas reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera.

La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye discriminación, pues viola la Constitución y los acuerdos internacionales que obligan al Estado Mexicano a respetar los derechos humanos, sobre todo el de los pueblos originarios y equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han usado ancestralmente.

A la par de la defensa legal, las comunidades indígenas de la Sierra Norte, Nororiental y de Veracruz emprendieron asambleas informativas y deliberativas para enfrentar a la industria minera que las asola y a otros denominados «proyectos de muerte», como las hidroeléctricas y el fracking.

Desde 2014, cada dos meses, se han realizado asambleas, hasta ahora 29, en municipios de Puebla y Veracruz, la menor de 2 mil participantes y la mayor de 10 mil. En todas ellas los indígenas han dejado claro su rechazo absoluto a la minería, al punto que ni siquiera piden que se les consulte, pues su repudio es más que evidente, no quieren saber nada de ese asunto, aseveró en entrevista Nazario Diego Téllez, representante del Consejo Maseual Altepetajpianij.

El litigio del pueblo maseual llegó estos años a la SCJN en la revisión al juicio de amparo 928/2019, cuyo proyecto de sentencia fue presentado por el ministro Laynez Potisek y esta semana se hizo público.

A decir de Xavier Martínez Esponda, abogado del Cemda, el aserto del ministro es desconcertante, es poco comprensiva de la realidad indígena de México y sin duda constituye un retroceso en la construcción del Estado pluricultural que ordena el artículo segundo constitucional.

Martínez Esponda explicó que los perjuicios son evidentes, tan es así que existen al menos tres investigaciones del relator especial de la ONU para derechos indígenas que documentan las afectaciones, amén de documentos elaborador por Fundar, la Rema y el Cemda que confirman los conflictos socioambientales derivados de la minería.

Además, mencionó que el ministro tiene a su alcance el protocolo de actuación para este tipo de casos que elaboró la propia SCJN.

Según el abogado del Cemda, en este caso la SCJN tiene la oportunidad no sólo de fallar en favor de los indígenas poblanos, sino de corregir la Ley Minera, que sustenta una estructura que viola sistemáticamente los derechos humanos, de consolidar la transición de un Estado monocultural a uno pluricultural y así contribuir a la construcción de procesos duraderos de paz.

«Este amparo debe ser entendido como parte de una lucha colectiva que busca transformar el rostro del Estado y hacer posible un México donde se reconozcan los muchos Méxicos existentes», dijo el abogado.

https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/estados/026n1est

Fuente REMA

Perú

UNA REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON INCERTIDUMBRES

Luis Gárate
Imagen: Prensa Perú
El pasado 3 de mayo el gobierno oficializó la reanudación de 27 actividades en cuatro sectores económicos, de forma gradual, incorporando algunas medidas de protección para prevenir los contagios del Covid-19. Sin embargo se presentan varias interrogantes sobre la aplicación de lineamientos y protocolos, tomando en cuenta que el Estado peruano se encuentra contra las cuerdas enfrentando la pandemia.

Esta preocupación aumenta en la medida que, a más de 50 días de cuarentena, son notorias las serias limitaciones para gestionar la seguridad de la población ante los contagios. Eso se puede apreciar en el descontrol que se presenta en regiones como Loreto, Piura o Lambayeque, lo que ocurre en los grandes mercados y centros de abasto, así como en el propio sistema de salud que está casi colapsado ante el incremento de contagios de la población.

Recordemos que la medida de reactivación se ha dado a través del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano. El decreto contempla que la fase 1 de “Reanudación de Actividades” y se inicia en el mes de mayo de 2020, con actividades en el sector de minería e industria, construcción, servicios de turismo y restaurantes y comercio.

Los sectores competentes de cada actividad deben tener en cuenta los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones). Además, los Protocolos Sanitarios Sectoriales deberán ser aprobados mediante Resolución Ministerial y publicados en su respectivo portal institucional, en un plazo máximo de cinco días calendario.

Previo al reinicio de actividades, las empresas o personas naturales o jurídicas deben observar los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al Covid-19, los protocolos sectoriales para elaborar su “Plan para la Vigilancia” y proceder con su registro en el Sistema Integrado para el Covid-19 (Sicovid-19) del Ministerio de Salud.

La norma también establece que las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en el ámbito de sus competencias, ejercen la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones emitidas. Para las acciones de fiscalización laboral a cargo de la Sunafil, el Ministerio de Economía y Finanzas, de resultar necesario, debe asignar los recursos adicionales que se puedan requerir para su implementación.

Frente a estas normas no ha tardado en reaccionar la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, quien ha señalado que los protocolos de seguridad «están llenos de requisitos y parecen hechos para un país europeo”. Este tipo de declaraciones revelan la indolencia de los sectores empresariales frente al drama que vivimos todos los peruanos y peruanas, sobre todos los sectores más vulnerables y de manera particular los trabajadores.

Por otro lado, nos parece legítima la duda que tanto los trabajadores y sus organizaciones representativas o instituciones de derechos humanos han expresado, en el sentido si estos planes y protocolos van a implementarse con la eficacia que la situación de emergencia requiere. Hemos visto que el gobierno permitió que la minería opere bajo ciertas restricciones desde el inicio de la cuarentena y sin embargo en este sector ya se han registrado 260 casos de contagio en todo el país.

Asimismo conociendo las serias dificultades por la que está atravesando el sector salud, cabe preguntar si su personal podrá fiscalizar eficazmente el inicio de las actividades. En estos momentos, las instituciones del Estado están desbordadas por la expansión de la epidemia a nivel nacional y no se cuenta con capacidad para fiscalizar actividades.

Es comprensible la preocupación del gobierno por reiniciar la reactivación gradual de las actividades económicas; sin embargo no se puede correr el riesgo que los trabajadores se reincorporen a las labores sin tener la seguridad que van a ser adecuadamente protegidos y que los casos positivos se sigan incrementando.
Cooperaccion.org.pe

Criminalización de la protesta, Perú

Policía nacional y Minera Yanacocha implementan convenio de servicio policial extraordinario para hostigar a la familia de Máxima Acuña en Cajamarca


Conflicto Relacionado: Yanacocha

Muqui Informa, Noticias

Nota de Grufides

Redactado por: Pablo Ricardo Abdo, abog. Coordinador del Área Legal de Grufides
Inconcebible acto de abuso de autoridad y hostigamiento empresarial

Informamos que en la tarde del día 03 de mayo de 2020, efectivos policiales que acompañaban al personal de minera Yanacocha irrumpieron en Tragadero Grande, lugar de posesión y domicilio de la familia Chaupe, sin identificarse, pretendiendo levantar actos de constatación sin mediar denuncia previa alguna, ni cumplir con los parámetros que establece la ley para este tipo de actos procesales. Para ello, solo argumentaron que actuaban en cumplimiento de un Convenio de Servicios Policiales Extraordinarios (SPE) que la referida entidad empresarial tiene otorgado con el Ministerio del Interior (MINTER) y la policía nacional (PNP).

Según lo expresado por “Daniel Chaupe” y los registros de “fotos y videos” que acompañamos en la presente nota, un representante de Minera Yanacocha, acompañado de dos policías llegaron a su chacra en circunstancias en la que él estaba trabajando la tierra para poder sembrar, lo que para la familia representa su mayor actividad económica. Ante esto, se les pidió que se identificaran, pero los dos efectivos policiales y el representante de la empresa se negaron a hacerlo de lo cual uno de los policías manifestó que venían porque estaban cumpliendo con un convenio privado que tenían con la empresa minera, y querían constatar si había actos de invasión.

La policía nacional ingresó al domicilio de la familia Chaupe, no para cumplimiento de su deber de seguridad ciudadana, sino acatando uno de los convenios privados que la PNP tiene con las empresas mineras.

Al respecto, se puede precisar que el lugar de siembra que se observa en las fotos y videos incorporados en este reporte, está contenido dentro del predio donde se encuentra el habitad y la posesión de la “familia de Máxima Acuña Atalaya”, tal como lo explica Daniel Chaupe en el “video de fecha 04 de mayo de 2020”, donde se muestra el terreno, así como también el escenario donde se llevó a cabo esta actuación indebida del personal de la policía.

Pudiéndose advertir, además que, para llegar al lugar de siembra indicado por el morador, que estos extraños del Estado y de la empresa han tenido que ingresar necesariamente al área territorial del predio de Tragadero Grande no contando para ello, con una orden del Ministerio Público o de alguna autoridad competente, ni por denuncia, ni por vía de prevención, donde lo que más nos llama la atención es que, todo este proceder, los efectivos policiales lo amparan en la aplicación de un Convenio de Servicio Policial Extraordinario (SPE), lo cual por supuesto no se responde con ningún parámetro legal de procedimiento alguno, ni mucho menos con las reglas de protección que hoy rige la declaratoria de emergencia, sancionada por el poder ejecutivo nacional.
La policía nacional NO estaba cumpliendo con los procedimientos de ley

Este incidente, nos advierte que los efectivos PNP, no cumplieron con las normas del Estado de Derecho, esto es así, puesto que, según la ley, en todo proceso de constatación, un funcionario público está obligado a identificarse, además de informar a la persona que interviene, el motivo de su presencia, debiéndosele otorgar participación en el acto, a modo de ejercer su defensa. Recordemos que, además, este tipo de procedimiento, exige para su legalidad, que se brinde información de la autoridad competente, que lo ordene o disponga como medida ya está en vía de investigación o de prevención, sin perjuicio de que, en el presente acto, no han sido respetadas las formalidades que prevé la legislación procesal al respecto.

Consecuentemente, cabe a la autoridad competente revisar y precisar, si la aplicación de un convenio privado, amerita o no, este tipo de irrupciones domiciliarias, que no pueden bajo ningún concepto, sustituir la competencia de oficio, que corresponde a los funcionarios públicos del Estado, como ser el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, todos ellos, autoridades representativas, que deben estar al servicio del orden interno y la seguridad ciudadana.
Como afecta este incidente a los defensores y defensoras de la tierra

En el marco de este incidente en concreto y de cara a la situación de otros y otras defensores/as de la tierra, ésta circunstancia, afecta los derechos fundamentales de la familia y por ende de Máxima Acuña Atalaya como defensora del agua y de su territorio, además, de que representa verdaderos actos de hostigamiento que intimida a todos los miembros de la Familia Chaupe que habitan de modo ancestral el área de TERRITORIO INDÍGENA DE TRAGADERO GRANDE de la LAGUNA AZUL.

Desde nuestro deber de información no podemos ignorar que toda decisión de Estado que no tome medidas sobre este asunto, amén de poner en riesgo a otros y otras defensores/as en el Perú, viola categóricamente los estándares internacionales de derechos humanos, que supo imponer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Estado peruano en protección de Máxima Acuña Atalaya y toda su familia, en la medida cautelar del 05 de mayo de 2014/REF: Líderes y Lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca MC-452-71- República de! Perú. Circunstancia que, además, debe interpretarse como una manutención de los actos de violencia de genero dirigidos contra esta defensora del agua y que suman a los hechos ya también denunciados por esta familia ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5 mayo, 2020/por RED MUQUI