Perú

JUNÍN: TRABAJADORES DE CHINALCO PARALIZAN ACTIVIDADES ANTE CONTAGIO DE COVID-19

06/02/2020

Imagen: TecnoFast

Trabajadores (camioneros mineros, planta, electricistas, mecánicos y operadores) del campamento minero de Tunshuruco de Chinalco, en Junín, anunciaron hoy la paralización total de las operaciones mineras desde las 3 de la tarde ante la aparición de un nuevo infectado con COVID-19 quien estuvo confinado con cerca a 600 obreros.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de Minera Chinalco Perú S.A. demanda a la Minera Chinalco garantías para que trabajadores puedan reiniciar las operaciones mineras en confinamiento, ante el aumento de infectados con COVID-19. Asimismo el pedido fundamental es que se realicen pruebas de descarte a los 600 trabajadores confinados en Tunshuruco.

Este campamento minero es parte del proyecto de ampliación cuprífero de Toromocho en el distrito minero de Morococha, Provincia de Yauli, departamento de Junín.

Recordemos que hasta el momento se reportan más de 264 contagiados con el virus entre trabajadores mineros a nivel nacional. A pesar de las advertencias que realizó la sociedad civil y la Federación de trabajadores mineros, han seguido los contagios y se espera que se apliquen protocolos mucho más estrictos para la protección de este sector laboral.

Observatorio de Conflictos Mineros del Perú

Cooperacción

Mexico

Covid-19 y minería en México

Sergio Elías Uribe Sierra* Miembro de la Red OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina)
Desde hace varios meses estamos enfrentando una pandemia por el SARS-CoV2 (covid-19)
que ya es considerada como la más fuerte pandemia de los últimos cien años. Como bien lo
han apuntado diversas posturas, el covid-19 y la crisis global que detonó es apenas la gota que
derramó el vaso, es decir, ha sido el detonante de una crisis múltiple que involucra aspectos
sanitarios, ambientales, sociales, políticos y económicos. Una de las cuestiones más
importantes se refiere a la relación entre los procesos sociales y ambientales, mismos que
traen a relucir el debate sobre los límites del crecimiento económico y la capacidad finita de la
naturaleza. Por lo tanto, estamos frente a una encrucijada que no sólo ha desnudado las más
profundas desigualdades sociales, de género y raza, o entre lo rural y lo urbano; sino que, al
mismo tiempo, demanda la necesidad de transformar la relación dominante entre la sociedad y
la naturaleza.

En México, el covid-19 ha evidenciado algunas problemáticas y contradicciones sobre los
procesos económicos que involucran la apropiación de la naturaleza, particularmente la
minería. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comunicó en el Diario Oficial de
la Federación, publicado a finales de marzo, que las actividades mineras tendrían que ser
suspendidas debido a que no son consideradas como actividades prioritarias, esto como parte
de las medidas de contención frente al covid-19. Este panorama abre las puertas para poner
sobre la mesa algunos elementos de análisis que pueden ser interesantes y detonar una
reflexión respecto a la imagen dominante de la minería en México, considerada como sinónimo
de desarrollo.
En primer lugar, las medidas de contingencia nacional por la emergencia sanitaria como el
confinamiento han incrementado la violencia y el riesgo de agresión hacia los defensores de los
territorios por parte de las empresas mineras. Sobre todo, en aquellos casos donde las
compañías se aprovechan de la situación para continuar con su propósito de despojar a los
pueblos y comunidades indígenas y campesinas de sus territorios, ya sea para imponer un
nuevo proyecto de extracción o para ampliar sus operaciones (https://www.sinembargo.mx/28-
04-2020/3775822).

En segundo lugar, hay empresas que han violado las disposiciones gubernamentales y
decidieron continuar con sus actividades. Esto pone en riesgo la salud de los trabajadores y
sus familias, así como de la población local donde se sitúan los proyectos extractivos. El
problema es que los centros médicos de los lugares donde hay actividades mineras,
generalmente establecidos en espacios rurales, son muy precarios y no cuentan con el equipo
ni el personal necesario para atender a la población, por lo cual, un brote de contagios sería
catastrófico ya que dejaría a estas personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Además,
hay que tomar en cuenta que los trabajadores mineros están dentro de la población de riesgo
debido a las enfermedades asociadas a su rubro como los padecimientos pulmonares
(https://www.t13.cl/noticia/negocios/bbc/coronavirus-en-america-latina-el-problema-para-la-
mineria).
En tercer lugar, las mismas empresas que han violado las disposiciones gubernamentales
y continúan con sus operaciones mantienen condiciones de trabajo muy precarias para los
empleados mineros. Han aprovechado el escenario para rebajar el pago de sueldos o
utilidades. En otros casos, donde sí se aplicó la suspensión, han despedido a trabajadores o
los han descansado haciendo una reducción considerable de su remuneración económica
habitual. En este contexto, los mineros subcontratados o que se rigen por sindicatos blancos
son los más perjudicados.

Uno de los ejemplos más claros de los elementos señalados anteriormente, lo
encontramos en Veracruz, donde incrementó la violencia contra los defensores del territorio y el
pasado 08 de abril fue asesinado Adán Vez Lira, quien defendía los humedales costeros y
manglares y también luchaba contra la minería a cielo abierto
(https://www.sinembargo.mx/28-04-2020/3775822).

En Mazapil, Zacatecas, encontramos que la empresa Ocampo Mining Tayahua, filial de
Grupo Frisco, violó el decreto de suspensión y mantuvo sus actividades, poniendo en riesgo la
salud de los trabajadores, sus familias y las personas que habitan la comunidad de Salaverna,
donde se localiza la mina. El problema escaló cuando Roberto de la Rosa Dávila, delegado
municipal, decidió encarar a los trabajadores de la minera para pedirles que se retiraran. En
respuesta, recibió amenazas por parte de los empleados y hostigamiento judicial por personal
de la Casa de Justicia del vecino municipio de Concepción del Oro
(https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/estados/025n2est).

Don Roberto ha estado activo desde hace más de diez años en la defensa de su territorio
frente a la iniciativa de Grupo Frisco para despojar y desplazar a los habitantes de Salaverna y
explotar la mina de cobre subterránea “Tayahua” localizada en esta comunidad, con la técnica
de tajo a cielo abierto. Esta empresa es propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de
México y uno de los hombres más ricos del mundo. De este modo, la compañía violó las
disposiciones gubernamentales y puso en riesgo la salud de los mineros, donde ya se han
reportado dos casos positivos con covid-19 y se ha denunciado que no se están recibiendo los
insumos necesarios para protegerse de la pandemia, en vez de suspender las operaciones,
decidió pagar una multa y seguir laborando (http://ljz.mx/2020/05/02/realizan-paro-
trabajadores-de-la-mina-frisco-tayahua-por-falta-de-pago-y-bajos-sueldos/). De igual
forma, violó el juicio legal por la certeza jurídica de los terrenos entre la empresa y miembros de
la comunidad en resistencia. Por lo cual, se puede calificar esta medida como una provocación
puesto que aún no existe una resolución sobre el juicio, además, de que estamos atravesando
una emergencia sanitaria global.

En la misma mina operada por Ocampo Mining Tayahua se realizó un paro de labores que
contó con la presencia de entre 500 y 700 trabajadores por falta de pagos y bajos sueldos,
(http://ljz.mx/2020/05/02/realizan-paro-trabajadores-de-la-mina-frisco-tayahua-por-
falta-de-pago-y-bajos-sueldos/). Esto demuestra que al mismo tiempo que se intensificó el
hostigamiento hacia don Roberto de la Rosa y se puso en riesgo la salud de los empleados
frente al covid-19, la empresa de Carlos Slim mantiene pésimas condiciones laborales para los
trabajadores mineros.

Otras situaciones alarmantes las ubicamos en Durango, ya que la minera canadiense
Excellon Resources decidió parar las actividades y declararse en bancarrota, negándose a
liquidar a los más de 200 trabajadores sindicalizados
(https://laguna.telediario.mx/laguna/trabajadores-de-mina-la-platosa-bloquean-la-caseta-
gomez-palacio-jimenez-por-falta-de-pagos). Por su parte, en Morelos, Zacatecas, la mina
Peñoles Madero, propiedad de Alberto Bailleres (cuarto hombre más rico de México), ha
despedido al menos 1,200 empleados mineros durante el confinamiento
(https://www.ecodiario.com.mx/despiden-a-mas-de-mil-trabajadores-en-penoles-madero/).
Bajo este contexto, el covid-19 ha evidenciado lo peor de la “voracidad empresarial” en el
sector minero de México, por ello, se hace pertinente cuestionar y desmontar la idea dominante
que pone a la minería como sinónimo de desarrollo. Es importante señalar que las grandes
ganancias que genera la minería se traducen en beneficios empresariales a costa de los
impactos socioambientales que se transfieren a los lugares donde se instalan los proyectos de
extracción (https://www.cronica.mx/notas-
consecuencias_de_la_mineria_beneficios_empresariales_contra_pobreza_en_comunidades-
1129034-2019).

Asimismo, el número de trabajos que genera esta actividad es muy reducido, al mismo
tiempo que las aportaciones al Producto Interno Bruto Nacional (PIB) y a los ingresos federales
son cifras muy bajas en contraste con el monto de la concentración de riqueza que realizan los
empresarios mineros (https://www.cronica.mx/notas-
consecuencias_de_la_mineria_beneficios_empresariales_contra_pobreza_en_comunidades-
1129034-2019).

De este modo, la crisis del covid-19 representa un oportuno panorama para reflexionar
sobre los procesos sociales y ambientales que implican la actividad minera en México. Sobre
los minerales que son indispensables para la economía nacional, la cantidad y la modalidad de
la extracción. Este es un ejercicio que debemos realizar todos, no sólo las autoridades. Para
ello, es fundamental retomar la palabra y la experiencia de quienes luchan contra las ofensivas
mineras, ya que nos permite conocer sus demandas y las formas en que entienden la
naturaleza. Quizás de esta manera sea posible limitar al máximo esta actividad y con ello, la
devastación ambiental y la erosión social.

Honduras

El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), ante la opinión pública, nacional e internacional,


DENUNCIA
La persecución de que están siendo objeto los líderes y lideresas de muchas comunidades
indígenas y campesinas conque trabajamos, así como del hostigamiento y acciones
sumarias en contra de las y los defensores de Derechos Humanos, especialmente las y los
defensores de la Tierra, Territorios y demás Bienes Naturales.
Abuso Policial y Militar contra las comunidades
1. A partir de la situación de la llegada a Honduras de la Pandemia COVID 19, el gobierno
de la República ha decretado un Estado de Excepción con lo cual han quedado
restringidas a nivel nacional varias garantías constitucionales. Esta situación está
siendo aprovechada por la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado
para incrementar su autoritarismo y atentar contra las organizaciones comunitarias
que buscan alternativas para protegerse de la pandemia, ante la ausencia de
soluciones por parte de algunos gobiernos locales y la misma institucionalidad del
Estado, encargada del combate a la pandemia.
2. En muchas comunidades del país son los miembros de la sociedad civil local, quienes
han conformado equipos de vigilancia y control para evitar el ingreso de personas
extrañas a sus comunidades, ante el peligro de contaminación se prohíbe el ingreso
de personas a la comunidad. El problema se ha presentado cuando algunos miembros
de la policía nacional o militares, quienes portando armas de fuego y vestimenta
militar (aun no estando en horas de servicio), pretenden entrar a pernoctar a sus
comunidades en sus días libres, intimidando y amenazando a los pobladores en los
retenes comunitarios.
3. Todo lo anterior ha provocado altos niveles de confrontación elevándose el nivel de
peligro por amenazas a muerte y /o detención arbitraria de lideres y lideresas,
desencadenando conflictos que ya han ocasionado la muerte de ciudadanos en la zona
norte del país y ataques a ciudadanos indefensos en el municipio de Santa Elena, La
Paz.
Riesgo de las defensoras y defensores de Derechos Humanos
4. Al no permitirse la circulación ni el desplazamiento de defensores y defensoras de
derechos humanos a nivel nacional, y en algunos casos entre los municipios,
organizaciones como CEHPRODEC, CONROA, MILPAH y otras Defensoras de Derechos
Humanos no pueden ejercer la vigilancia y el respeto de los derechos fundamentales
de los pobladores, y sus liderazgos, especialmente de aquellas personas que gozan de
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) y del Mecanismo de Protección Nacional de Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos.
5. En este sentido hemos observado una profundización del autoritarismo policial,
militar y de otros operadores de justicia, quienes se han enfocado en la búsqueda y
persecución de lideres y lideresas perseguidos (as) desde hace varios años por su rol
de defensores y defensoras de los bienes naturales. Para ello podrían estarse
destinando arbitrariamente recursos humanos y económicos que deberían estar
siendo utilizados para satisfacer demandas propias de la emergencia nacional
provocada por la pandemia COVID 19 .
División en las comunidades
6. La actual situación de pandemia reclama la unidad nacional, asi como la unidad de las
comunidades, pero el autoritarismo desatado, especialmente desde los operadores
de justicia y desde algunas corporaciones municipales, mas bien está contribuyendo a
la división de las comunidades. Uno de los factores que mas favorecen esta división es
la politización en la entrega de la ayuda alimentaria de procedencia estatal, la cual
está siendo utilizada por el partido de gobierno para su clientelismo electoral y excluye
sistemáticamente a la oposición social y política.
Por lo anterior DEMANDAMOS URGENTEMENTE
1. Al Gobierno de la República. Otorgar salvoconducto a CEHHPRODEC y las demás
organizaciones de Derechos Humanos se permita poder operar y circular, en medio
de la pandemia con las medidas de protección adecuadas, y así poder contribuir a la
vigilancia y respeto de los derechos humanos en el país.
2. A la Corte Suprema de Justicia. Permitir el acceso de las y los Defensores de Derechos
Humanos a los juzgados de la República para ser garantes de la correcta impartición
de la justicia en un país que ha sido catalogado como uno de los más peligrosos para
quienes defienden la tierra y los territorios.
3. A los operadores de justicia. Cesar en su represión a los liderazgos comunitarios que
solamente buscan organizarse y protegerse frente a la Pandemia, en el marco de una
permanente desprotección y orientación por parte de las municipalidades y la
institucionalidad del Estado.
4. A la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Jueces, Fiscalía. El Cese de las arbitrariedades
en contra de los liderazgos comunitarios y de las y los defensores de Derechos
Humanos. Esta demanda es a nivel nacional pero lo hacemos con mucho mayor énfasis
en los departamentos de La Paz, Comayagua, Yoro y Olancho.
5. Al Mecanismo Nacional de Protección y a la OACNUDH, garantizar la veeduría y
protección de las y los defensores de Derechos Humanos en Honduras, especialmente
a todos los que gozan de medidas cautelares de naturaleza nacional e internacional.

Tegucigalpa, 5 de mayo de 2020

Latinoamerica, Mexico

ALTO INMEDIATO AL HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS A DON ROBERTO DE LA ROSA DÁVILA

Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) denunciamos el hostigamiento judicial y las amenazas hacia don Roberto de la Rosa Dávila por parte de la empresa minera Frisco, cuyo dueño es el magnate Carlos Slim; y exigimos al Estado mexicano que garantice su seguridad a través de las instancias institucionales correspondientes.
Don Roberto es un líder campesino de la comunidad de Salaverna, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, México; que desde hace una década ha venido luchando contra el despojo y el desplazamiento forzado de su pueblo por parte de la empresa minera de Slim, quien pretende llevar a cabo un cambio en el uso de suelo para explotar la mina subterránea de cobre “Tayahua”, localizada en Salaverna, con la técnica de tajo a cielo abierto.
Recientemente, en el marco de la contingencia nacional por el covid-19, las agresiones hacia don Roberto se han intensificado. El pasado mes de abril recibió una serie de amenazas por trabajadores de la empresa y se inició un hostigamiento judicial por personal de la casa de justicia del municipio vecino de Concepción del Oro, luego de un altercado que tuvo con empleados de la minera donde les exigió que dejaran de destruir su territorio, toda vez que mantenían las labores de acondicionamiento para el cambio de uso de suelo.
De este modo, la empresa no sólo violó las disposiciones gubernamentales que indican la suspensión de las actividades mineras al ser consideradas como no prioritarias, sino que también violó el proceso legal por la disputa de los terrenos que sigue pendiente entre la comunidad y este grupo minero. Todo indica que la compañía se aprovechó del contexto de emergencia sanitaria para seguir adelante con su iniciativa de despojo territorial, lo cual, muestra la peor cara de este sector empresarial, pues ni en un escenario de crisis de salud global ha respetado las leyes y los derechos humanos de la comunidad.
Hacemos un llamado urgente a que cese el hostigamiento y las amenazas hacia don Roberto, que se garantice su seguridad inmediata y que el Estado mexicano cancele el permiso de cambio de uso de suelo a Grupo Frisco debido al daño social y ambiental que ha causado. Reclamamos que se ejerzan las sanciones correspondientes y que se imponga un alto ya a la impunidad de Carlos Slim.

Argentina, Litio

Lake Resources invertirá USD544 millones en proyecto de litio Kachi

5/5/2020
La compañía australiana Lake Resources informó que estudio de prefactibilidad del proyecto de litio Kachi, en la provincia de Catamarca (Argentina), reveló que podrá encarar una producción anual de 25 500 t / año de carbonato de litio de grado de batería durante una vida útil de 25 años.

Lake Resources dijo que el PFS estimó que se requeriría una inversión de capital inicial de USD544 millones. El proyecto Kachi, en el salar Carachi Pampa, se encuentra a unos 50 kilómetros al sur de la localidad catamarqueña de Antofagasta de la Sierra, y a 100 kilómetros al sur del yacimiento de litio del salar del Hombre Muerto, que explota la empresa estadounidense Livent (ex FMC).

Según el análisis de Lake Resources, el estudio estimó que el proyecto tendría una tasa interna de retorno (TIR) después de impuestos del 22% y un valor presente neto de USD 748 millones, generando ganancias anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de USD155 millones e ingresos por ventas de algunos USD280 millones al año.

Lee también: Perú reducirá restricciones en el sector minero en mayo

“Este es un hito importante para Lake que nos permite acelerar las iniciativas de desarrollo de proyectos. El PFS destaca la naturaleza competitiva en costos y la escala del proyecto insignia de Kachi mediante extracción directa, pero tiene el beneficio de producir un producto de alta pureza capaz de atraer precios premium, al tiempo que es un líder en litio sostenible deseado por los fabricantes de vehículos eléctricos de nivel 1”, dijo el director de Lake, Steve Promnitz.

“El PFS junto con muestras de la planta piloto ayudará a avanzar las discusiones con los compradores y financieros”, agregó.

Lake ahora trabajará para entregar muestras de productos de los módulos de la planta piloto a potenciales compradores, mientras que se realizarán más trabajos de ingeniería para reducir el capital inicial y los costos operativos continuos.

También se iniciarán estudios para considerar el desarrollo por etapas del proyecto, a partir de 100 000 t / a de equivalente de carbonato de litio.

Fuente: El Inversor
https://www.mineria-pa.com/noticias/argentina-lake-resources-invertira-usd544-millones-en-proyecto-de-litio-kachi/

Perú

CUSCO: TRES TRABAJADORES MÁS DE MINERA HUDBAY CONTAGIADOS DE COVID-19

5/5/2020
Imagen: Chumbivilcas Informa

Personal de salud del Hospital Regional del Cusco, brindó atención médica y realizó pruebas de descarte del COVID-19 a 70 trabajadores de la empresa minera Hudbay, que opera en la provincia de Chumbivilcas, según informaron hoy a medios locales.

De todos ellos, tres resultaron positivos de la prueba de COVID-19 habiéndose coordinado con representantes de la empresa minera a fin de garantizar la cuarentena de dichos trabajadores. Se informó además que no requieren hospitalización debido a que presentan un cuadro “estable y asintomático”

Recientemente la Red de Salud de la provincia de Chumbivilcas informó del diagnóstico positivo del virus de 18 trabajadores de dicha empresa minera. Las 18 personas fueron trasladadas hacia Arequipa para cumplir su aislamiento domiciliario.

(Fuentes: José Valencia/ Chumbivilcas Informa)

Perú

COOPERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES FRENTE AL COVID-19

5/5/2020
En el marco de nuestras actividades de acompañamiento a las comunidades con las que trabajamos, CooperAcción hizo entrega el día de hoy de materiales médicos y sanitarios como mascarillas, guantes, desinfectantes a las organizaciones sociales, comunidades campesinas y la Red de salud de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac.

Entre las comunidades que recibieron la ayuda están Payancca Asacasi, Chullupata y Queuñapampa. Asimismo entre las organizaciones sociales beneficiarias están el Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, el Frente de defensa de Tambobamba y la Federación de campesinos de Tambobamba. Por parte de la Red de salud de la provincia de Cotabambas, recibió el donativo la directora de la red, Dra. Jennifer Flores Vega.

Además pusimos a disposición del Comando COVID-19 de la ciudad una camioneta que incluye a un conductor y el combustible, para que apoye en las coordinaciones ante el avance de la pandemia en la provincia de Cotabambas.

Desde CooperAcción se hace un llamado a las autoridades nacionales y regionales a que se desarrollen planes y acciones específicas para las regiones y localidades rurales. Esto se debe a que estas zonas se encuentran en una mayor vulnerabilidad ante la propagación del virus, debido a las condiciones de pobreza así como una falta de adecuados servicios básicos y de atención de salud.

Cooperaccion.org.pe

Colombia

Mina Cerrejón de Colombia reinicia operaciones


Conflicto Relacionado: El Cerrejón-Guajira

5/5/2020
En Colombia, la mina de carbón térmico Cerrejón comenzó ayer (lunes 04) a restablecer gradualmente sus operaciones que había reducido preventivamente para evitar la expansión del coronavirus, informó la empresa.

En medio de la cuarentena que decretó Colombia, las compañías mineras habían reducido desde el 24 de marzo sus actividades para contener la expansión del Covid-19 que hasta el momento deja más de 7.600 personas contagiadas y 340 muertas.

“Hemos planteado la reactivación gradual y progresiva de nuestras operaciones bajo estrictas medidas de seguridad y control”, dijo en un comunicado Juan Carlos Consuegra, vicepresidente de Cerrejón y líder del equipo de contingencia.

Con la emergencia sanitaria el 80% del personal de Cerrejón tuvo acceso a vacaciones colectivas y, posteriormente, las personas que no formaban parte del equipo de contingencia y que no podían trabajar desde la casa disfrutaron de permisos remunerados, reveló la empresa.

Cerrejón, que exportó 26,3 millones de toneladas de carbón en 2019, anunció que la operación se restablecerá paulatinamente, tajo a tajo, con el personal más cercano a cada uno de estos.

La mina, que pertenece en partes iguales a BHP Group, Anglo American y Glencore, tiene más de 5.800 trabajadores.

Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado en el departamento de la Guajira, al noreste de Colombia, que incluye una mina a cielo abierto, una línea de ferrocarril de 150 kilómetros y un puerto marítimo sobre el Mar Caribe.

Aunque Colombia está en un aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo, las actividades de minería pueden continuar al ser considerada como una actividad esencial para el desarrollo del país. Previamente en abril Drummond, otro de los principales productores de carbón térmico, había restablecido sus operaciones.

Fuente: Minuto 30
https://www.mineria-pa.com/noticias/mina-cerrejon-de-colombia-reinicia-operaciones/

Perú

Arequipa: Jefe del Comando Covid llegó a minera Bateas

Conflicto entre la población y la minera inició por el anuncio de casos COVID-19. Comando busca que funcionarios de la empresa permitan el paso de personal de salud con el fin de evaluar a los obreros.
La República
29/04/2020
Arequipa. El general EP Edward Gratelly, jefe del Comando Regional COVID-19, llegó ayer por la tarde a las instalaciones de la operación minera Bateas, ubicada en el distrito de Caylloma. El objetivo era interceder para que los funcionarios de la empresa permitan el paso de personal de salud con el fin de evaluar a los obreros.

Según informaron desde el Comando, Gratelly llegó al distrito de Caylloma por la tarde. Desde allí salió hacía la operación minera en compañía del alcalde del distrito, Leonardo Huaccha, médicos y representantes de la población.

Hasta el cierre de este informe el martes no se conoció mayor detalle sobre el resultado de la visita.Como se recuerda, la semana pasada inició un conflicto entre la población y la minera por el anuncio de casos COVID-19 entre sus obreros. A consecuencia de esto, los pobladores cerraron vías y mantuvieron retenida a una funcionaria de la empresa.

Luego de eso el alcalde Huaccha anunció interponer denuncias penales contra los funcionarios de la mina. Esto por no permitir el ingreso de personal de Salud a la operación para realizar el descarte del virus a los obreros.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/29/arequipa-jefe-del-comando-covid-llego-a-minera-bateas-lrsd/

Chile, Litio

SEA rechaza inicio de proceso de consulta ciudadana en proyecto de Codelco para explorar litio en salar de Maricunga


04/05/2020

La autoridad ambiental declinó la petición, ya que no se habrían cumplido los requisitos formales establecidos en la normativa.
Un nuevo movimiento se dio en los últimos días respecto al proyecto para explorar el Salar de Maricunga sometido el pasado 24 de enero al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Según una resolución exenta emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Atacama el 13 de abril, la entidad decidió rechazar la solicitud de participación ciudadana en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la iniciativa.

La acción, que involucra una inversión total por US$ 15 millones y busca lograr autorización ambiental para realizar actividades exploratorias en sus pertenencias mineras ubicadas en este salar de la región de Atacama, contempla hacer una campaña de exploración por entre seis y diez meses en terreno para desarrollar una caracterización robusta en aspectos hidrogeológicos de las salmueras, la que permitirá conocer las concentraciones de litio y otros elementos necesarios para decidir el avance hacia nuevas etapas de estudio de este proyecto.

En el escrito de 12 páginas, se da cuenta que el 2 de marzo se publicó la DIA en el Diario Oficial y a partir de esa fecha se presentaron diversas solicitudes de realización de participación ciudadana tanto de personas jurídicas como naturales.

Por ejemplo, ese día lo hizo la Comunidad Indígena Colla del Río Jorquera y sus afluentes, y luego el 12 de marzo lo hizo Claudio Rojas, Rosa Pinilla, Erika Álvarez, Cristian Veliz, Jobanna Paz Rivera, Jonathan Veliz, Silvia Rivera, y otros ocho individuos. Después, el 17 de marzo fue el turno de la Comunidad Indígena Colla Pastos Grandes, Comunidad Indígena Colla de la comuna de Copiapó y el Consejo Nacional del Pueblo Colla.

Sin embargo, el organismo ambiental resolvió declarar inadmisible la primera solicitud por no dar cumplimiento con el requisito establecido en el inciso tercero del artículo 94 del Reglamento del SEIA que requiere que la petición de inicio de PAC sea presentada a lo menos por dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica.

La misma suerte corrió la tercera petición por no dar cumplimiento con el requisito establecido en el reglamento del SEIA que requiere que la solicitud de inicio de PAC sea presentada dentro del plazo de 10 días contados desde la publicación en el Diario Oficinal del proyecto.

Asimismo, se decidió rechazar la realización de un proceso de participación ciudadana por la DIA del proyecto, motivada por 15 personas naturales.

Eso sí, el documento firmado por la directora regional del SEA de la Región de Atacama, Verónica Ossandón, deja constancia que “el establecimiento de la existencia de externalidades negativas no significa un reconocimiento por parte de esta autoridad, de la presencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente”.

En esa línea, la autoridad hace presente que, en contra de esta resolución, podrán deducirse los recursos de reposición y jerárquico, dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación del presente acto administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N°19.880.

Considerando que en marzo la autoridad ambiental emitió en marzo el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), donde los servicios públicos que intervienen en el proceso plantean sus dudas y solicitudes en un amplio abanico de materias, el documento debía ser contestado por la minera a más tardar el 13 de abril a menos que se solicitara más tiempo. Pero, debido a la pandemia por el coronavirus, el SEA informó que se prorrogaría el plazo de presentación de la adenda, adenda complementaria y excepcional, según corresponda.

SEA rechaza inicio de proceso de consulta ciudadana en proyecto de Codelco para explorar litio en salar de Maricunga