Chile, Litio

Chilena Enami y Lilac Solutions se asocian para para explotar salares

15/05/ 2020
Se espera que los próximos días la estatal chilena Enami firme un acuerdo con Lilac Solutions, firma norteamericana que busca desarrollar una nueva forma de procesamiento de mineral.

La firma estadounidense Lilac Solutions desarrollaría una tecnología más eficiente para explotar litio. Pese a las restricciones por la pandemia, se espera que a fines del segundo trimestre se pruebe el primer piloto de extracción de salmueras, detalló el matutino El Mercurio.

La tecnología “promete reducir sustancialmente el uso de agua y tiempo en el proceso de extracción de litio, eliminando la necesidad de grandes estanques y disminuyendo las emisiones”, consignó el medio, que agregó que el acuerdo se firmará en próximos días.

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En diciembre, el gobierno dijo que buscaría aliados con tecnología para explorar el desarrollo de los pequeños salares Infieles y Aguilar, en su intento por promover la participación estatal en el negocio clave para las baterías de autos eléctricos.

“Con alta tecnología será capaz de hacer más eficiente, sustentable y económica la extracción del litio, a diferencia de la evaporación utilizada hoy”, dijo en Twitter el ministro de Minería, Baldo Prokurica, respaldando el acuerdo.

Datos del gobierno de 2018 muestran que Aguilar, al que se llega por un rústico y sinuoso camino, tiene reservas estimadas de litio de 70.000 toneladas, frente a las 6,3 millones de toneladas del vasto Salar de Atacama, donde operan las gigantes Albemarle y SQM.

Fuente: Infobae

Chile

Marc Turrel en Putaendo: «Una minera no puede sacrificar la historia nacional instalando sus faenas»

El Mostrador Cultura, 15/05/ 2020

El periodista y fotógrafo francés es reconocido por sus fotografías de glaciares en distintos lugares del mundo, lo que le ha permitido registrar el retroceso de los milenarios cuerpos de hielo. En su visita a la comuna de la V Región, se entrevistó con integrantes de las diferentes organizaciones, como la Coordinadora Tres Ríos, Putaendo Resiste y el Colectivo Las Mimos, todas vinculadas al rechazo al proyecto minero Las Tejas, que se realizaría en la zona. «Más allá de los aspectos medioambientales, está también el patrimonio histórico, la esencia de la memoria de una nación. Aquí, se trazó el camino del Inca, senderos por los cuales el ejército patriota se alzó victoriosamente contra la monarquía española en 1817. Es todo un símbolo (…). Putaendo es heredero de Pascua Lama y, en este sentido, su acción para defender el agua es fundamental, sobre todo en este periodo de megasequía», sentenció Turrel

El 20 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó –en una controvertida teleconferencia– el proyecto Las Tejas, de la canadiense Andes Copper por medio de Vizcachitas Holding. A comienzos de mayo, un grupo de parlamentarios pidió dejar sin efecto tal decisión.

Con ella, se dio vía libre a 350 sondajes exploratorios en la cordillera de Putaendo, lugar que cuenta con más de 100 glaciares de roca, en medio del Valle del Aconcagua.

Precisamente a esta comuna llegó el periodista y fotógrafo francés Marc Turrel, reconocido por sus fotografías de glaciares en distintos lugares del mundo, lo que le ha permitido registrar el retroceso de los milenarios cuerpos de hielo.

El tema de lo que sucede en Putaendo es parte de su libro Hielos en peligro: Glaciares y cuencas andinas, que fue presentado en diciembre pasado en la reunión climática COP25 en Madrid. En octubre, además, presentó en Santiago una exposición al respecto.

En Putaendo, Turrel se reunió con dirigentes de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares.

«Putaendo es un Macondo chileno, en los Andes áridos, un espejo de colores, frente a las olas pétreas de las montañas. En la plaza del pueblo, me contaron la historia del Pimiento de San Martín. Diría que todavía se siente el espíritu indomable y valiente del héroe de la Independencia”, dijo en referencia al paso del Ejército Libertador de Los Andes por el territorio en su momento.

Se entrevistó con integrantes de las diferentes organizaciones, como la Coordinadora Tres Ríos, Putaendo Resiste, y el Colectivo Las Mimos. Cada agrupación pudo contarle su visión y experiencia frente al proyecto minero.

También se reunió con un representante de los crianceros de la zona del Manzano. Gracias a ellos, pudo conocer su dramática situación, ya que se han visto fuertemente afectados por la escasez hídrica que golpea a la zona, pues significó la muerte de un gran número –en algunos caso pérdida total– de cabras y ovejas, que son las especies preferenciales para la crianza, pero también vacas, caballos y burros, presentes en la comunidad rural.

Así, pudo constatar cómo la falta de agua en el territorio ha impactado a quienes practican esta tradicional forma de vida y economía familiar.

Críticas a minera
“Hace rato que Putaendo debería haber protegido sus valles y sus cuencas altoandinas, sobre todo en los lugares donde pasó el Ejército Libertador. Es un hito histórico intocable», afirmó Turrel.

«Entonces, una minera no puede sacrificar la historia nacional, instalando sus faenas en el corazón mismo de este extraordinario escenario natural, donde se forjó la Independencia de Chile. Es como si fueran a implementar una central nuclear cerca del Castillo de Versalles o de la Bastilla en Francia. ¡No sé cómo se permite esto en Chile!», criticó el fotógrafo.

«Más allá de los aspectos medioambientales, está también el patrimonio histórico, la esencia de la memoria de una nación. Aquí, se trazó el camino del Inca, senderos por los cuales el ejército patriota se alzó victoriosamente contra la monarquía española en 1817. Es todo un símbolo. Este gran corredor andino debería ser un parque binacional entre Chile y Argentina para fortalecer los lazos de hermandad y fraternidad, que siempre han existido. (…) Putaendo es heredero de Pascua Lama y, en este sentido, su acción para defender el agua es fundamental, sobre todo en este periodo de megasequía que vivimos desde hace más de 10 años”, añadió.

La Coordinación le hizo entrega a Turrel de las “Bases comunitarias para la protección, preservación y conservación de glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo (criósfera)”. Dicho documento apunta a la protección efectiva de los glaciares, poniendo el acento en que Chile, por sobre todo, es un territorio glaciar al contener el 91% de estos cuerpos de hielo de Sudamérica, convirtiendo al país en un actor altamente responsable en su protección y salvaguarda.

A su vez, Turrel entregó un ejemplar de Louis Lliboutry, el hombre que descifró los glaciares a la comunidad de Putaendo y un ejemplar a la Coordinación. El libro, de su autoría, cuenta la historia de uno de los primeros glaciólogos, lo cual representa un aporte al conocimiento y protección del ecosistema glaciar desde una perspectiva histórica del estudio de estos cuerpos.

El historiador, quien a través de su trabajo ha destacado la relevancia de los glaciares, se refirió también al rol de la Coordinación. “Es muy valioso el trabajo de la Coordinación acerca de la importancia de los glaciares y de la necesidad de proteger estos bellos, frágiles e imponentes ecosistemas de montaña. (…) Los glaciares cumplen un papel fundamental en la escorrentía de los ríos en periodo de escasez hídrica. Y la presencia de glaciares rocosos en los valles cercanos al río Rocín, es otro aspecto fundamental para entender los equilibrios naturales de la montaña. Poco se sabe todavía sobre los esteros y ríos de la Cordillera, son misterios y secretos que aún permanecen vivos en las altas cuencas», precisó.

Para Turrel, si bien Chile es un país minero, «es también un país de glaciares. El cobre, pulso sensible de Chile, fluye como el agua en fuentes subterráneas de la Cordillera, dando al paisaje sus colores telúricos. Los glaciares, resonancia magnética de la vida, son vitales para las comunidades de montaña y de los valles. Ambos conforman la identidad de un país”.

Finalmente, el encuentro concluyó en el sector de 21 de mayo con una visita a Fernando Montenegro, conocido localmente como “Caballito Blanco”, representante de una de las danzas reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad: los «Bailes Chinos».

En la ocasión, «Caballito Blanco» cantó a las aguas y los glaciares ubicados en las nacientes del Valle.

Las distintas organizaciones agradecieron la visita y confirmaron que seguirán defendiendo los glaciares y los ríos que dan la vida al pueblo de Putaendo.

Latinoamerica

DECLARACIÓN DE LA RED DE VIGILANCIA DE OCMAL SOBRE MINERÍA Y COVID-19

Las circunstancias creadas por la emergencia de salud producto de la propagación del virus que afecta a prácticamente todo el planeta ha puesto de manifiesto el especial riesgo que significa la minería para los territorios donde esta realiza sus actividades.

En particular vemos con mucha preocupación la insistencia en declarar la minería como actividad prioritaria o esencial en tiempos en que la población debe resguardarse en cuarentena, confinada a sus viviendas y espacios familiares, pasando además por alto el ya conocido impacto de la minería en las aguas y los ecosistemas.

El riesgo de contagio que llevan los trabajadores mineros hacia y desde sus lugares de trabajo, no es compatible con las medidas generales de control. Se aprueban e implementan protocolos sanitarios convenientes para las mineras sin incluir pruebas de descarte del virus para los trabajadores, lo que pone en mayor riesgo la propagación de contagios hacia zonas donde la población se encuentra desprotegida por la falta de servicios elementales y especializados de salud.

La suspensión de derechos civiles se aplica en especial para quienes defienden sus territorios, ecosistemas, agua, acceso a la información y protección de formas de vida tradicionales.
Observamos que las comunidades que defienden sus territorios frente al atropello de la minería son brutalmente reprimidas por la policía y las fuerzas armadas, bajo la excusa que las medidas de excepción o catástrofe imponen.
De paso, estas últimas aseguran el libre tránsito de mineros y la continuación de las faenas extractivas.

En algunos casos se aprueban normas y leyes que les otorgan un manto de impunidad a los fuerzas del orden si vulneran o afectan derechos de las poblaciones locales.

Notamos que es alarmante la forma en que las narrativas oficiales ponen a las actividades extractivas en la base de la supuesta recuperación económica y muestra de ello es que los proyectos extractivos se tramitan de forma express sin considerar los resguardos necesarios para evitar la destrucción de ecosistemas y la afectación social, cultural y espiritual de las comunidades. En este contexto, las empresas continúan presionando para que se sigan debilitando aún más las regulaciones ambientales y sociales.

También y de forma descarada, empresas que destruyen ecosistemas, atropellan derechos humanos, mienten, corrompen, estigmatizan y evaden responsabilidades como es el caso de las obligaciones impositivas; de manera contraria, aparecen realizando donaciones de artículos y material médico y de salud, supuestamente para contrarrestar los efectos producidos por el Covid-19 y proteger a la población.
Se trata de un lavado de imagen que además es ampliamente orquestado por los medios de comunicación y las autoridades locales y nacionales, afines a los gobiernos y empresarios.

Ha quedado además en evidencia, que las mayores afectaciones de la situación que se vive producto de la emergencia de salud y el sostenimiento de las actividades mineras recaen sobre las mujeres.

Las medidas de aislamiento sumadas a la propagación de enfermedades derivadas de las actividades mineras, significan una sobrecarga de trabajo y de cuidados para las mujeres. El confinamiento también incrementa el riesgo de la violencia machista en los hogares. Las medidas de control social implementadas por los Estados (estados de alarma, emergencia, catástrofe o toques de queda) también incrementa la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres. Cabe señalar además que son las mujeres quienes están dando la alarma en las comunidades por la situación que viven y quienes primero se están organizando para denunciar las vulneraciones que conlleva el mantenimiento de las actividades extractivas.

Desde la Red de Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 exigimos:

– El resguardo de la salud de las comunidades, especialmente las afectadas por minería,
– Garantizar la seguridad de las y los defensores de los territorios, que se oponen a las actividades mineras, especialmente de las mujeres y no utilizar las cuarentenas para criminalizarles
– Detener las operaciones extractivas con el mantenimiento de empleos y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras
– Mantener las medidas de reparación de daños producidos por la minería, sin acudir al pretexto de la situación de emergencia de salud,
– La suspensión de todas las nuevas concesiones mineras y permisos ambientales para minería

Finalmente manifestamos que es necesario iniciar una transición hacia un mundo post-extractivista donde se replantee el modelo minero que tanto daño ha hecho a nuestros territorios. De ahí que, quienes defendemos el ambiente, seguimos construyendo alternativas al modelo de desarrollo, que privilegian las aguas y la salud por encima de la mercantilización de la vida.

América Latina
Mayo 2020

Perú

EL PROTOCOLO AUSENTE

Leonidas Wiener R.
13/05/2020
Imagen: Diario Correo

La semana pasada, el MINEM aprobó el “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad” (RM 128-2020-MINEM/DM). Este establece una serie de medidas preventivas para la detección temprana y respuesta que eviten o controlen la propagación del COVID-19 entre los trabajadores de estos subsectores. Este Protocolo se enmarca en los lineamientos aprobados por el MINSA para ser aplicados en los distintos espacios laborales conforme al rubro económico respectivo.

De esa manera, en el marco del aun inicial proceso de reactivación económica que viene impulsando el gobierno para enfrentar los estragos que ha ocasionado el COVID-19, se están disponiendo las condiciones sanitarias mínimas para que las actividades extractivas estén entre las primeras en reanudar sus actividades. Sin embargo, una interrogante muy importante no se ha podido aclarar hasta la fecha: ¿cómo se van a seguir desarrollando las relaciones comunitarias por parte de las empresas extractivas?; o, dicho de otra manera, ¿de qué manera se van a llevar a cabo las relaciones entre estas empresas y la población de su zona de influencia en un contexto de emergencia sanitaria?

Los planes de relaciones comunitarias, o planes de gestión social, son uno de los componentes de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos extractivos, sea de minería o hidrocarburos. Estos varían de acuerdo a las características del proyecto, pero por lo general, incluyen programas de comunicación e información con la población de la zona de influencia (stakeholders), sistemas de atención de reclamos, códigos de conducta, planes de contratación temporal de personal de la zona, programas de desarrollo local, planes de negociación y compensación por las tierras, entre otros. El propósito de estos planes es generar condiciones sociales mínimas para la ejecución de un proyecto de inversión. Inevitablemente su aplicación, genera un contacto permanente entre trabajadores de la empresa y la población, sea para negociar la compra o el alquiler de un terreno comunal, verificar los avances de un proyecto de irrigación o innovación agropecuaria financiado por la empresa, o designar a un grupo de personas que realizará labores temporales.

La pregunta que salta a la vista es: ¿estas relaciones se mantendrán de la misma manera en un contexto de COVID-19? Hasta la fecha el gobierno no ha aprobado ningún lineamiento o protocolo para evitar la propagación del COVID-19 entre la población que reside en las zonas de influencia de estas industrias extractivas. Como se sabe, esta población corresponde principalmente a comunidades campesinas y nativas en situación de pobreza y pobreza extrema, muchos de ellos adultos mayores, altamente vulnerables a los efectos de esta pandemia.

La omisión de un protocolo de estas características representa una delicada omisión que el gobierno no ha podido resolver hasta la fecha. Sobre este punto, en la RM 129-2020-MINEM/DM, que aprueba los criterios de focalización territorial para reiniciar las actividades de minería, hidrocarburos y electricidad, se hace una pequeña mención en el sentido que las empresas deben socializar y difundir sus planes internos de contención del COVID-19. Pero tal como está redactado, más parece una guía de buenas prácticas que una obligación fiscalizable. Esta norma tampoco desarrolla criterios sobre la forma cómo se van a desarrollar estas acciones de difusión ni quién les va a hacer seguimiento, dejándolo a la decisión discrecional de las empresas.

Tampoco se tiene información si es que las grandes empresas extractivas que operan en el país vienen adecuando sus prácticas internas para adecuar sus relaciones comunitarias en este escenario de COVID-19. Por lo visto hasta la fecha, muchas empresas mineras no han estado actuando con la debida diligencia, reportándose más de 250 casos de trabajadores infectados (a pesar de que supuestamente las empresas estaban operando confinadas todo este tiempo), y produciéndose además, tensiones sociales en distintas partes del país por la falta de transparencia de algunas empresas mineras para informar sobre los traslados del personal para los relevos respectivos .

Muchas interrogantes por responder y temas que requieren ser aclarados, pero que lamentablemente parecen encontrar cada vez menos eco en un gobierno fuertemente presionado por sectores empresariales privados que por las urgencias del día, no tienen reparos en dejar de lado obligaciones y compromisos ambientales y sociales

Mexico

EL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES;

AMBAS PANDEMIAS IGNORADAS POR LA 4T

14/05/2020
Hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un aumento de la
violencia hacia las mujeres debido al confinamiento forzado por el Covid-19, agregando además
que “la familia mexicana es una unidad fraterna”, dejando de manifiesto que tenemos un Presidente
que desdeña e ignora las investigaciones y estadísticas y, en consecuencia, gobierna con un sentido
común ralo y falso que lo lleva a una toma decisiones equivocadas o hace declaraciones sin sustento
alguno, peor aún, usa su ya célebre frase “yo tengo otros datos” enviando un claro mensaje para
deslegitimar las luchas y resistencias que desde hace décadas se han consolidado en el
acompañamiento de mujeres que sufren de violencia de género.

En uno de los tantos estudios que existen sobre la temática, destacamos que el Estudio Mundial
sobre el Homicidio, Asesinatos de Mujeres y Niñas por motivos de Género; realizado por la oficina
de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, determinó que alrededor de 87,000 mujeres
habían sido asesinadas en solamente un año en todo el mundo, de las cuales 50,000 habían sido a
manos de compañeros íntimos o familiares. Por lo que esa institución internacional alertó que el

lugar más peligroso para una mujer es su hogar. https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

En México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de este año ha sido
el más violento desde 2015. De enero a marzo del presente año han sido asesinadas 964 mujeres.
Asimismo, se han registrado 26,695 casos de violencia contra las mujeres, datos por demás
contundentes, pero que el Presidente de la República desdeña, porque evidencian su equivocada y
atropellada política de atención al tema.

Por su parte el Observatorio de Feminicidios “Adriana Marisel Zambrano” informa que desde el 20
de marzo al 7 de mayo hubo 21 feminicidios, de los cuales en 12 de los casos existía vínculo de
pareja con el asesino, es decir, un feminicidio cometido por un esposo o enamorado actual o
anterior, a lo que se le conoce como feminicidio íntimo o asesinato por la pareja.
Tal parece que el presidente también ignora las 115,614 denuncias que las mujeres han hecho al
#911 tan solo en el mes de marzo de este año, para reportar incidentes de violencia intrafamiliar, de
pareja, violación, acoso sexual y abuso, lo cual es un reflejo del contexto violento que viven
mujeres y niñas en casa. Esto es 155 mujeres violentadas cada hora
https://www.semmexico.mx/?p=20411 .

Si bien el llamado a “quedarse en casa” y el cierre de actividades económicas son medidas
necesarias para evitar los contagios de COVID-19, es también un hecho que dicha estrategia se
aplica de forma homogénea y desdibuja o no reconoce o desconoce las particularidades para que ese
encierro trascienda de forma segura para todas las personas en situación de violencia familiar.
Mientras el estado mexicano no brinde las condiciones materiales necesarias para “quedarse en
casa” y/o se queden en sus hogares con precariedades, seguramente seguirá presentándose violencia
doméstica, sexual, psicológica, económica y laboral e institucional en contra de las mujeres.

Como REMA-Mujeres nos unimos a la exigencia para que se tomen las medidas necesarias para
proteger la vida de las mujeres, niñas y niños al interior de sus hogares y para quienes tienen que
seguir saliendo a trabajar, muchas veces en condiciones de precariedad. Es urgente que el gobierno
reconozca las condiciones de desigualdad de las mujeres en el país, así como la violación a los
derechos humanos y laborales. Reivindicamos que, en momentos de crisis, son preponderantes la
voz, el pensamiento y las actividades de las mujeres para afrontar y reconstruir la vida tanto en el
campo como en la ciudad. Así mismo reconocemos que la economía no está parada en gran medida
porque las mujeres seguimos trabajando en casa en actividades reproductivas como los cuidados de
la familia, lo que hoy más que nunca debería ser reconocido en el universo de la economía y
también seguimos en las calles con actividades productivas.

Cuando decimos que el machismo mata y que el patriarcado mata no es sólo una consigna de
denuncia, sino una práctica que nos lastima y/o acaba con la vida de nosotras. Las cifras de
denuncias oficiales y datos periodísticos, como los mencionados, nos muestran la desigualdad más
atroz a las que nos estamos enfrentando las mujeres y las niñas durante la pandemia. En tiempos de
COVID-19, la guerra contra las mujeres y las niñas se manifiesta en los hogares y en los espacios
laborales, por lo tanto, es urgente que se reconozca para poder frenarla con la atención necesaria,
tanto del estado mexicano como de las y los ciudadanos para no permitir más violencia contra las
mujeres y niñas, lo cual también debe reconocerse y actuar en consecuencia como un problema
grave de salud pública.

Por otra parte, el cierre de actividades económicas ha visibilizado las desigualdades laborales en las
que vivimos las mujeres, empeorando las condiciones con trabajos pesados y poco salario, sin
medidas de seguridad, como por ejemplo; los casos de las trabajadoras domésticas que están siendo
forzadas a cuidar de otras familias sin medidas de protección, las jornaleras o trabajadoras en las
maquilas que han sido despedidas sin liquidación o son amenazadas de perder el trabajo y tienen
que seguir laborando a riesgo de enfermarse y hasta morir.

Además, las mujeres que se encuentran en el sector informal: pequeñas comerciantes y vendedoras
de comida, cuyo ingreso es parte medular de la economía familiar, se han visto radicalmente
afectadas a partir de imponer medidas de aislamiento y de alternativas de acciones y trabajo
inexistentes para ese como el trabajo en línea o desde casa, además de que no cuentan con las
condiciones mínimas como un espacio adecuado para realizarlo, también se ha incrementado la
carga laboral, incluyendo el tema educativo de hijas e hijos y quienes al margen del cuidado y
atención que de forma preferente realizan las mujeres, la mayoría de las familias carecen de
internet, computadora o Tablet que sólo viene a acrecentar las desigualdades en un país que nos
dicta reglas homogéneas para una población heterogénea, lo que ratifica que este gobierno no
atiende ni la desigualdad ni la pobreza, por lo tanto, se hace más notorio observar otras
desigualdades; de clase, género y etnia y, por si todo lo anterior fuera poco, las mujeres somos
también las que contenemos las crisis emocionales, conductuales y cognoscitivas de sus familiares.

No podemos dejar de señalar a todas las mujeres que han sido o están siendo afectadas por
proyectos extractivos, porque además de los anteriores problemas de violencia, nos encontramos en
mayor riesgo al vivir en lugares contaminados, con violencia generada por fuerzas armadas legales
e ilegales, y atendiendo los daños a la salud de la familia en general. ¿Cómo lavarse las manos, en
estos tiempos de pandemia si el agua está contaminada con metales pesados o las empresas han
desecado las fuentes de agua? ¿Cómo seguir manteniendo la sana distancia en nuestros hogares y
comunidades ahora que se da luz verde para la reapertura de la minería y se reintegran miles de
trabajadores de diferentes partes del país sin tener claridad del potencial contagio que se puede
generar? ¿De verdad creen que el gel y la sana distancia serán suficiente para este tipo de retornos
masivos y sin control alguno?

Reprobamos enérgicamente que AMLO argumente como ejemplares “los valores familiares de
México” en este país que ha negado y sigue negando la violencia machista, patriarcal y estructural
que vivimos, empezando por el desdeño a tratar de forma integral “las violencias” de género por
parte del propio Presidente de la República.

Resaltamos nuestra importante aportación al sostenimiento de la vida durante esta crisis socio-
sanitaria, política y económica que se entrelaza a la ambiental que el despiadado modelo de

consumo ya venía generando. Resaltamos nuestro relevante papel en la reconstrucción de nuestro
pensamiento y acción, la sororidad y el saber hacer comunidad que sin duda alguna nos apoya a
rescatar nuestra sociedad.
Agradecemos a todas las mujeres defensoras quienes se atreven a denunciar las violencias de género
y alzan la voz para posicionar políticamente otras formas de vida. Nos unimos al compromiso de
denunciar y actuar frente a las violencias de género que vivimos en los hogares. Agradecemos a las
enfermeras, doctoras, recolectoras de basura, entre muchas otras mujeres que están haciendo que
este caos sea menor.

Desde la REMA Mujeres exigimos una estrategia en la que se busque la forma de terminar con este
horror de pandemia de feminicidios y violencia de género, misma que podría empezar por realizar
un mapeo, al igual que sucede con el COVID-19, que nos vaya informando minuto a minuto la
cantidad y tipo de agresiones que sufrimos a lo largo de nuestro país, y no solo aparezcamos en
notas periodísticas, sino dentro de una estrategia y solución nacional.

REMA MUJERES

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Mexico

ONG pide a la Corte rechazar proyecto sobre minería que afecta a pueblos indígenas

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
13/5/2020

Zacatecas, Zac., La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), emitió un «respetuoso, pero enérgico llamado» a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) «a no atender» el proyecto de su homólogo Javier Laynez, porque es violatorio a los intereses y derechos de los grupos indígenas.

En el proyecto, el cual se pretende discutir y aprobar hoy, se pretende avalar el argumento de que diversas disposiciones de la Ley Minera vigente son constitucionales y sus efectos «no se vinculan en forma directa con los intereses y derechos de los grupos indígenas», pese a la inconformidad de esas comunidades con esa norma.

La propuesta de Laynez, explicó la Rema, fue elaborado para revisar la constitucionalidad de la Ley Minera, en particular el amparo en revisión 928/2019, «un asunto vital ante la creciente oleada de proyectos que despojan y atentan contra la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas en nuestro país».

Ese amparo se originó en septiembre de 2014, en un acuerdo que tomó la asamblea del pueblo maseual, en la comunidad de Zacapitán, municipio de Cuetzalan, Puebla.

El consejo maseual Altepetajpianij instruyó a sus integrantes a realizar las acciones legales necesarias «para combatir la decisión de la Secretaría de Economía, de entregar territorios en concesión para la explotación minera, sin contar con su aval y sin haber sido considerados en la toma de decisiones».

En septiembre de 2018, el juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo en Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas, respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios.

Sin embargo, refiere la Rema, al mismo tiempo que concedía el amparo, ese juzgado quinto «evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera, en la que Economía se apoya para otorgar dichos títulos de concesión». Frente a la omisión del juzgado, las comunidades afectadas presentaron el amparo en revisión 928/2019, que hoy resolverá la Corte.

La Rema expuso que ha denunciado «que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico, diseñado para facilitar y hacer posible que el modelo extractivo minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente».

Lamentó que en las reformas a la Ley Minera en el régimen de Peña Nieto se excluyera a los pueblos originarios, lo que vulnera su autonomía y su derecho a decidir.

https://www.jornada.com.mx/2020/05/13/estados/026n3est#.Xrzn7iBRqOc.facebook

Internacional

por qué Papua Nueva Guinea canceló el arrendamiento de una de sus minas más grandes

Política y Porgera
El anuncio de no renovar el arrendamiento de minas de oro está lleno de tensiones, pero es parte de un intento de ‘recuperar PNG’

Jonathan Pryke y Shane McLeod

12/5/2020

Una vista de relaves en la mina Porgera de Barrick Gold Corp, Papua Nueva Guinea.
Una vista de relaves en la mina Porgera de Barrick Gold Corp, Papua Nueva Guinea. Fotografía: Catherine Coumans / Reuters
A fines de abril, en medio de una pandemia global y una crisis económica interna de lento hervor, el gobierno de Papua Nueva Guinea hizo el sorprendente anuncio de no extender el arrendamiento minero a una mina de oro que contribuye con aproximadamente el 10% de las exportaciones totales del país.

El anuncio de no renovar el arrendamiento minero especial para la mina Porgera fue un shock, sobre todo para el operador de la mina, Barrick Gold, y su socio de riesgo compartido Zijin Mining .

Porgera es una de las minas de oro más antiguas de Papúa Nueva Guinea. Operando durante 30 años en la provincia montañosa de Enga, se esperaba que esta gran mina produjera alrededor de 250,000 onzas de oro en 2019. Emplea a más de 5,000 personas y el 5% de los propietarios de tierras y la participación de capital provincial ha ayudado a acelerar los esfuerzos para traer servicios y educación a una de las provincias más remotas del país.

Si bien es un contribuyente económico significativo, la mina también ha traído consigo una controversia importante, incluidas las preocupaciones sobre los derechos humanos , los problemas ambientales y los conflictos por la compensación.

Si bien el gobierno parece estar en su derecho de no renovar el contrato de arrendamiento, el anuncio ciego del anuncio ha llevado a Barrick a arremeter, diciendo que la medida fue «equivalente a la nacionalización sin el debido proceso».

Entonces, ¿por qué el gobierno ha tomado esta acción drástica?

El primer ministro Marape asumió el cargo en mayo de 2019 y rápidamente estableció una narrativa para «recuperar PNG «, argumentando que las personas de PNG no estaban obteniendo su parte justa de los beneficios de la economía formal y los principales proyectos de recursos naturales. La actual crisis económica de PNG ha sido bien documentada y solo se profundizará en las consecuencias de Covid-19. Como la décima economía más dependiente de los recursos naturales del mundo, no sorprende que el sector de los recursos naturales se encuentre en la mira del gobierno.

El gobierno está negociando varios acuerdos importantes sobre recursos naturales: expansión de PNG LNG, Papua LNG, P’nyang LNG, cobre y oro Frieda River y oro Wafi Golpu, que tienen el potencial de transformar las perspectivas económicas de PNG durante décadas. si se negocia adecuadamente El colapso del precio del petróleo en 2020 ha enviado a muchos de estos proyectos de vuelta al congelador y forzado al gobierno a reducir su visión. La decisión sobre Porgera es un intento del gobierno de obtener más beneficios de los proyectos existentes y de enviar un tiro cruzado a los proyectos que aún están en negociación y que significan negocios.

El gobierno camina por la cuerda floja. Debería, por supuesto, tratar de extraer cada centavo de beneficio de estos proyectos que pueda. Pero si el gobierno presiona demasiado y actúa de manera errática, el sentimiento de los inversores ya débiles se evaporará. Si bien la gente de Papua Nueva Guinea posee los recursos bajo sus pies, la industria de recursos de PNG aún no está en un punto en el que pueda explotarlos sin capital y experiencia extranjeros.

No es ningún secreto que la presión por un movimiento en Porgera fue un tema en la política local. El popular gobernador de Enga, Peter Ipatas, estaba ansioso por que la provincia obtuviera una mayor participación en el futuro de la mina. Ipatas es uno de los políticos más exitosos del país, y se encontraba entre un grupo de gobernadores influyentes cuyos movimientos el año pasado cambiaron el primer ministerio a Marape.

Sin embargo, los límites del enfoque del gobierno ya están siendo probados. Marape esperaba que Barrick mantuviera la mina en funcionamiento mientras negociaba su salida. Pero el firme rechazo de la compañía de esa opción y su cierre inmediato de la mina han demostrado su poder de negociación. El socio de la empresa conjunta china de Barrick, Zijin, ha señalado las ramificaciones políticas internacionales, advirtiendo que la disputa de arrendamiento podría dañar las relaciones bilaterales entre PNG y China.

PNG podría encontrar otro operador para hacerse cargo de la mina y volver a abrirla, pero probablemente lo encontraría complicado en medio de una disputa legal de alto riesgo.

Las perspectivas inmediatas se perfilan como un resultado de perder-perder para ambas partes. PNG está tomando el ingreso justo cuando necesita estabilizar sus finanzas. Pero cualquier compromiso para permitir que Barrick continúe operando desmantelaría el fuerte apoyo local que Marape ha ganado al ser visto para «recuperar» la mina para el país.

Barrick es lo suficientemente grande y multinacional como para sobrevivir sin los ingresos de Porgera, pero cuanto más se prolongue una disputa legal con el gobierno, más disminuirán sus reclamos de una licencia social para regresar a las operaciones.

Ambas partes podrían acoger con beneplácito una intervención oportuna por parte de los tribunales que les podría dar espacio para alejarse del conflicto de alto riesgo y negociar un compromiso adecuado para salvar la cara.
https://www.theguardian.com/world/2020/may/12/politics-and-porgera-why-papua-new-guinea-cancelled-the-lease-on-one-of-its-biggest-mines

Perú

LAS CRISIS EN V, EN U Y EN L

José De Echave C.
12/05/2020
Imagen: Jornal Dia Dia

En mis épocas de estudiante, un profesor de economía nos explicaba que las crisis pueden ser clasificadas utilizando tres letras:

Hay crisis que son en V. Son las presentan una caída abrupta de la economía pero al mismo tiempo se produce una recuperación o rebote rápido. ¿Un ejemplo? La que ocurrió el año 2008. Caracterizada como una típica crisis financiera, tuvo su origen en el colapso de una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos que rápidamente se expandió al resto del mundo: los bancos de inversión comenzaron a registrar pérdidas importantes en todo el mundo, mientras que los bancos centrales tuvieron que salir al rescate, inyectando fuertes fondos (algo que en estos días suena familiar), para evitar crisis de liquidez y una quiebra generalizada del sistema. Sin embargo, al año siguiente las cosas habían regresado más o menos a la normalidad y varios indicadores de la economía global comenzaron a recuperarse del bache (por ejemplo, los precios de las materias primas se recuperaron rápidamente y el súper ciclo continuó algunos años más). En el caso del Perú, el shock externo provocó que su PBI pasara de una tasa de expansión de 8% o 9% a apenas 1%. Sin embargo, el año siguiente se recuperaron las tasas de crecimiento previas a la crisis.
Hay otras crisis que son en U. También registran una caída abrupta de la economía, pero con un período de recesión y estancamiento que dura bastante más tiempo. En este tipo de crisis, el shock externo puede estar acompañado de shocks internos. Se puede decir que un ejemplo de este tipo de crisis ocurrió a finales de la década del 90, luego del estallido de la denominada crisis rusa y asiática que afectó a toda la economía global, provocando entre varias efectos, la caída drástica de las cotizaciones de las principales materias primas. En el Perú, el shock externo estuvo acompañado de un conjunto de pésimas decisiones en política económica y, sobre todo, de una crisis política (la fase final de la dictadura fujimorista) que agravó la situación.
Finalmente, tenemos las crisis en L, que son las más complejas y duras porque implican períodos bastante largos de recesión. Estas crisis pueden tener diferentes orígenes: guerras mundiales o conflictos bélicos que afectan a regiones enteras y por supuesto destrozan la economía; grandes epidemias y los propios colapsos económicos y financieros que cada cierto tiempo golpean los mercados globales. En este tipo de crisis también se combina el shock externo con el interno y para salir se necesita poner en marcha maquinarias complejas de rescate de diferente tipo. ¿Ejemplos de crisis en L? Las dos guerras mundiales y los posteriores años de reconstrucción; los conflictos bélicos que han afectado varias regiones en el mundo, la propia década del 80, que para varios países representó casi toda una década perdida, etc.

¿Qué tipo de crisis es la estamos viviendo y sobre todo qué es lo que se nos viene? Para comenzar, definitivamente no será en V. Los que piensan que el próximo año la economía va a rebotar como ocurrió entre el 2008 y 2009, no están entendiendo la real dimensión de los acontecimientos. Lo cierto es que estamos frente a una o quizás la peor contracción de la actividad económica desde que se iniciaron los registros: el comercio global está colapsado, lo mismo que la conectividad, y se proyecta que la economía mundial registre una fuerte caída del producto bruto. Por supuesto, todo esto tendrá un impacto muy fuerte en las economías latinoamericanas: la CEPAL identifica por lo menos seis canales de transmisión que tendrán un impacto negativo en las economías de la región (ver gráfico).

Fuente: Comisión Económica para América Latina

En el caso de la economía peruana todo indica que el retroceso también será uno de los peores de nuestra historia. Si queremos buscar antecedentes, lo que puede ocurrir este año y el próximo nos remonta, probablemente, a los años de la guerra con Chile y sus efectos devastadores; por lo que la tarea en los próximos años será casi de reconstrucción nacional (mensaje para los que pretenden ser sucesores de Vizcarra). Hay consenso en proyectar una caída del Producto Bruto Interno de dos dígitos, algo que no se había visto desde hace un buen tiempo, lo que significa el colapso de varios sectores, la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo (de hecho, según las últimas encuestas, el 31% de peruanos y peruanas ya se han quedado sin trabajo desde que se decretó el confinamiento) y, lo que es más dramático, un porcentaje alto de la población pasará a engrosar las filas de pobres y pobres extremos.

Además, todo indica que en el manejo de las crisis, los márgenes de autonomía para intentar hacerle frente pueden ser muy limitados. Un ejemplo: por el momento se viene enfrentando la emergencia rompiendo los “chanchitos” de ahorros acumulados en las últimas décadas (dicho sea de paso esos ahorros debieron ser mucho más importantes si se hubiese implementado una reforma tributaria; se hubiese cobrado el impuesto a las sobre ganancias a las mineras y; se hubiese luchado contra la evasión y elusión fiscal, etc.); sin embargo cuando se acaben estos fondos la alternativa que queda será endeudarse con todo lo que eso implica en materia de autonomía.

En suma, la caída será abrupta (de hecho ya la estamos viviendo), la recuperación será muy lenta por el impacto devastador en todo el aparato productivo y con márgenes muy estrechos de maniobra. Todo indica que nos moveremos entre una crisis en U con el riesgo que se pueda convertir en L.
Fuente: Cooperaccion

Perú

GOBIERNO ESTABLECE MEDIDAS PARA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDAD MINERA

Imagen: El Búho
11/05/2020
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió las resoluciones N° 128-2020-MINEM/DM y N° 129-2020-MINEM/DM, que aprueban el Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al Covid-19, en la línea de reanudar las actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería.

Para reanudar sus operaciones en esta Fase I de la reactivación, los titulares de la gran minería deberán cumplir criterios como: tener unidades que procesan más de 5,000 TM/d; contar con campamentos mineros y/o disponer de alojamientos externos que garanticen las condiciones de salud establecidas en los protocolos sanitarios, y haber declarado producción a diciembre del 2019, a través del Reporte de Estadística Minera ESTAMIN.

Asimismo, deberán cumplir con los lineamientos dictados por el Ministerio de Salud (MINSA) para el cuidado y vigilancia de la salud de los trabajadores ante el Covid-19 y no tener medidas administrativas o judiciales de paralización.

Plan para la vigilancia

La normativa también establece que las empresas que cumplan con los criterios de focalización deberán contar con su “Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo”, que debe seguir los lineamientos emitidos por el MINSA, el cual debe ser aprobado previamente por sus Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Posteriormente, lo remitirán al MINEM para la verificación de su estructura y contenido mínimo y, finalmente, el titular minero procederá según las normas del MINSA, a través del INS, para su registro respectivo en el Sistema Integrado para Covid – 19 (SICOVID-19).

La reactivación minera en esta primera etapa incluye a la gran minería, que generará más de 68 empleos directos; y a los grandes proyectos declarados de interés nacional, como Quellaveco, Mina Justa y Ampliación Toromocho.

Supervisión de Osinergmin

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) anunció hoy que utilizarán “instrumentos de última tecnología” como drones para la supervisión de la gran minería en el inicio de la Fase 1 de reanudación de actividades mineras de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas.

“Estamos modernizando nuestra supervisión para que la industria minera siga operando con seguridad. Por ello, Osinergmin ha programado utilizar instrumentos de última tecnología para la supervisión a las presas de relaves, como son los aparatos que miden la compactación de suelos y drones”, mencionó Rolando Ardiles Velasco, Gerente de Supervisión Minera de Osinergmin.

Según el funcionario, el uso de drones ofrecerá información que facilita la identificación de incumplimientos a las normas de seguridad relacionadas a los depósitos de relaves, pilas de lixiviación, depósitos de desmontes, entre otros.

Cabe recordar que la sociedad civil alertó los primeros días de la cuarentena de que fue un error del gobierno el haber señalado como actividad “esencial” a la minería para que siga operando, pues se exponía a los trabajadores mineros a los contagios. Como se sabe, los trabajadores del sector se desplazan entre las ciudades y los campamentos. Hasta el momento van más de 260 trabajadores mineros contagiados de Covid-19 a nivel nacional y hay algunos que se encuentran en aislamiento.
Fuente Cooperaccion

Chile, Litio

Albemarle expresa interés en comprar participación de Tianqi en la mayor mina mundial de litio

La china Tianqi dijo en abril que estaba evaluando vender activos ya que ha estado teniendo dificultades para cumplir con préstamos adquiridos para financiar la compra en 2018 de cerca de un 25% de SQM.
Negocios e industria
Foto Referencial
8/5/2020
(Pulso-La Tercera) El grupo estadounidense Albemarle Corp dijo este jueves que está interesado en comprar la totalidad o una parte de la participación controladora de Tianqi Lithium Corp en el proyecto Greenbushes en Australia, la mayor mina de litio del mundo.

La china Tianqi, que tiene un 51% de Greenbushes por sobre el 49% de participación de Albemarle, dijo en abril que estaba evaluando vender activos para reducir su deuda, ya que ha estado teniendo dificultades para cumplir con préstamos adquiridos para financiar la compra en 2018 de cerca de un 25% de la minera chilena SQM.

“Estamos interesados. Estamos siguiendo el tema de cerca, pero también estamos pendientes de la actual atmósfera”, dijo el presidente ejecutivo de Albemarle, Kent Masters, en una video conferencia con inversionistas.

Se espera que los precios del litio en el mercado internacional sigan disminuyendo en los próximos meses por un exceso de oferta global y problemas con la demanda, exacerbados por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus que ha impactado en la producción de autos eléctricos.

Tianqi dijo a fines del mes pasado que esperaba que su pérdida neta para 2019 duplique lo esperado tras aumentar una provisión por eterioro de su participación en SQM.
https://www.mch.cl/2020/05/08/albemarle-expresa-interes-en-comprar-participacion-de-tianqi-en-la-mayor-mina-mundial-de-litio/