Perú

Chumbivilcas anuncia nueva paralización por impactos de Las Bambas

Mediante un oficio dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dirigentes de la provincia cusqueña de Chumbivilcas han anunciado el inicio de una paralización frente a la falta de atención de sus demandas sobre los impactos del proyecto minero Las Bambas.

“Nuestras comunidades vienen exigiendo a la compañía MMG Las Bambas y al Gobierno Central desde hace muchos años el respeto a nuestros derechos humanos y territorio”, señalan en el oficio enviado.

Los dirigentes de esta provincia cusqueña han acordado el reinicio de una huelga indefinida desde el 27 de enero, a la que sumarían la provincia de Espinar y otras del corredor minero, según se indica en la carta. Denuncian que se les habría impuesto decretos de urgencia que “nos quitan nuestras tierras a cambio de nada, declarando a la carretera que es de uso privado como carretera de interés nacional.” Consideran que han agotado todas las instancias con el Estado y la empresa minera, ya que llevan más de seis años intentando que se les escuche: han pasado por mesas técnicas y diálogos con las autoridades nacionales y regionales que, lamentablemente, no han tenido éxito.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/21/chumbivilcas-anuncia-nueva-paralizacion-por-impactos-de-las-bambas/?fbclid=IwAR3GXC0dOhfogWks7WNocl_SgikGwu8dkPN-wCQEOcH1r-olEA20CnUsWSI

Brasil

La Fiscalía brasileña acusa a la minera multinacional Vale de homicidio con dolo por 270 muertes

Casi un año después de que una lengua de residuos mineros a 80 kilómetros por hora  engullera a 270 personas en una mina de Brumadinho (Brasil), la Fiscalía presentó este martes una acusación demoledora contra la empresa propietaria y la auditora. El expresidente ejecutivo de la multinacional brasileña Vale Fabio Schvartsman -el mismo que cuando asumió el cargo después de un desastre similar pero menos letal en 2015 proclamó “Nunca más”- es acusado de homicidio con dolo y delitos medioambientales junto a otros 15 altos cargos e ingenieros de la compañía, una de las mayores del sector, y de la firma alemana Tuv Sud, que certificó seis meses antes que aquella inmensa balsa de desechos era estable.

En el escrito de acusación, los fiscales afirman: “Con apoyo de Tuv Sud, Vale operaba un arreglo turbio con el objetivo de mantener una falsa imagen de seguridad de la empresa que buscaba evitar, a cualquier precio, impacto en su reputación y, por consiguiente, alcanzar el liderazgo mundial (del sector) en valor de mercado”. Un juez deberá decidir ahora si acepta los cargos y los sienta en el banquillo. Se arriesgan a penas de entre 12 y 30 años de cárcel. Tras difundirse el pliego de acusaciones, la multinacional se declaró “perpleja ante las acusaciones de dolo”.

Eran las 12.28 –hora de comer en Brasil– del viernes 25 de enero de 2019 cuando una balsa con 13 millones de toneladas de residuos acumulados durante años se hicieron líquidas generando un tsunami que arrasó en minutos el comedor y las oficinas administrativas de la mina. La alarma no sonó. El encargado de activarla estaba almorzando. Aquel mar de desechos mató a 270 personas. Casi todos trabajaban para Vale, que genera enorme riqueza para Brasil pero también es una empresa reincidente.

La ruptura en 2015 de un depósito similar al de Brumadinho en la mina de Mariana, de la que Vale era copropietaria mató a 19 personas y causó el peor desastre medioambiental de la historia de Brasil. Entonces también hubo lamentos, comisiones de investigación, un caso judicial… pero nadie fue juzgado. La minuciosa búsqueda de cadáveres aún continúa porque quedan unos pocos por localizar.

Vale, con 55.000 empleados en Brasil, es una de las mayores multinacionales del gigante sudamericanon, la primera productora mundial de mineral de hierro del mundo. Fuente clave de riqueza sobre todo en el estado de Minas Gerais, posee un gran poder e influencia en la economía y la política brasileña.

Los investigadores sostienen que la cúpula de Vale sabía, al menos desde 2017, que aquella balsa había alcanzado un nivel crítico y que tenía información detallada sobre la seguridad en general de estos enormes depósitos para almacenar residuos de la minería. La empresa “ocultaba de forma sistemática esas informaciones al poder público, a la sociedad, incluidos los inversores y accionistas de la empresa”, según la fiscalía.

Schvartsman fue apartado de su cargo dos meses después de la catástrofe a petición de las autoridades. Las diversas pesquisas del último año trazan un escenario en el que la empresa asumió riesgos por encima de los autorizados, presionó a una auditora alemana para falsear la situación de la balsa ante las autoridades y eludir otros controles porque su gran prioridad era convertirse en la minera que más valía en Bolsa. Tras el desastre, otras auditoras se negaron a certificar 18 balsas y represas de Vale, según The Wall Street Journal.

El propio presidente ejecutivo de Vale recibió semanas antes de la tragedia un correo electrónico anónimo que alertaba: “Las balsas están al límite”, según reveló el informe final de la comisión de investigación de la Cámara de los Diputados. En vez de tomar medidas, Schvartsman pidió a los suyos que identificaran al autor del mensaje.

El diputado federal Rogerio Correia, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que fue relator del informe de la comisión parlamentaria sobre Brumadinho y que años atrás, cuando era diputado estatal en Minas Gerais, participó de otra comisión sobre el desastre de Mariana, es categórico: “El peligro era inminente y ellos optaron por el lucro”, decía este martes en una entrevista telefónica en referencia a las dos empresas acusadas. Preguntado por qué la multinacional minera no trasladó el comedor y las oficinas a un lugar más alejado del depósito que se rompió, Correia dice que, “si los hubieran movido, habría quedado en evidencia que había problemas, habría llamado la atención. Por eso lo escondieron”.

Uno de los supervivientes de Brumadinho, empleado de Vale e hijo de una víctima, dijo a los parlamentarios: “La balsa estaba a punto de estallar seis o siete meses antes. Ellos con miedo de parar y perder el empleo, ¡Y miren lo que pasó! Sé que se murió allí, comiendo, pobrecitos, comiendo”.

Cuando la Bolsa brasileña abrió tras la tragedia, Vale se desplomó un 24%. Las acciones se han recuperado en estos meses. Y la empresa remunerará a sus accionistas con 7.250 millones de reales (1.560 millones de euros, 1.700 millones de dólares), una cantidad algo mayor de lo que se calcula que ha desembolsado en indemnizaciones a los afectados de Brumadinho.

Falsos informes de la auditora alemana

Gestionar los residuos es una de las tareas de mayor riesgo en las empresas mineras que, además, no implica ganar dinero. Como la agencia pública brasileña encargada de fiscalizar el sector minero no alcanza para cubrir la demanda del sector, el control suele quedar en manos de las propias empresas. La Fiscalía acusa a Vale de imponer riesgos extraordinarios a la sociedad, con el apoyo de la empresa que debería haberla auditado de manera independiente, que firmó los falsos informes de estabilidad de la balsa de Brumadinho.

El fiscal que dirige la investigación sobre las responsabilidades penales del caso, William García, describió en rueda de prensa cómo funcionaba el sistema de represalia recompensa con el que Vale presionaba a las auditoras para que certificaran que las balsas estaban dentro de los parámetros legales de seguridad. Según él, “las compañías de auditoría externa que no acordaron coludir fueron objeto de represalias y fueron retiradas de los contratos”. El fiscal sostuvo que, una vez Tuv Sud se plegó a las exigencias de Vale, la firma fue recompensada convirtiéndose en la gestora de riesgos de la empresa. Aquellos informes ejercieron, según el fiscal, de “escudo para las actividades arriesgadas de Vale”.

 

Fuente:https://elpais.com/internacional/2020/01/22/actualidad/1579719454_545898.amp.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1-Kd4gFxESM4mqif7hW5uUF3uZ1G5VraoiBympGb56NdbdZuu4XwoLbLs

Mexico

Minera canadiense lleva 12 años contaminando el agua y dañando los cultivos, acusan en Durango

La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.

Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.

– Desde arriba del gran bordo donde descansa la vía del ferrocarril, con sus recios rieles y sus toscos durmientes, se ve un vasto campo sobre el que se extiende una afelpada y verde alfombra de alfalfa, que en el ocaso estepario da la sensación de estar en un paraíso.

Debajo del puente, por el que transita el tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón.

Y todo aquí da la impresión de estar en el edén, la tierra prometida, un vergel.

Parece un vergel, de no ser porque las aguas que bajan por esta rivera caudalosa y clara, son las aguas contaminadas con arsénico, y otros metales pesados, como el plomo y el zinc, que provienen de la mina La Platosa.

Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de forraje, (entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen sin malicia en los establos de la Región Lagunera.

Los procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de arsénico y conseguir agua es complicado en este ejido. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.

Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.

Además de una cansada disputa por el territorio, entre el ejido y la minera, que comenzó en 2012 y aún se libra en los tribunales.

La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe, donde no hay pavimento ni drenaje, sólo el recuerdo de una planta purificadora de agua que ya no funciona y unos talleres de carpintería y costura que están parados por falta de dinero.

En La Sierrita, la mayoría de la gente, unos 100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción.

“Hay una página de la Excellon que dice que el Ejido La Sierrita es ejemplo a seguir en Durango. No es cierto, estamos jodidos, estamos en la ruina”, dirá Carlos Godoy Rivera, el secretario del comisariado ejidal de este poblado.

“Esa tierra ya no sirve, porque ya tiene más de 10 años que se riega con esa agua. Pa producir buena alfalfa, buen maíz, ya no. Trae muchos metales, minerales, mucho arsénico, mucha sal, mucho plomo, zinc. No está tratada. Es agua contaminada y está contaminando las tierras, los pastos, la alfalfa, el maíz, la avena, el trigo, todo se está contaminando aquí”.

Dice César Pulido Barrón, ejidatario y presidente del Consejo de Vigilancia de La Sierrita, mientras señala a lo lejos, desde lo alto del bordo del ferrocarril que va y viene de Ciudad Juárez a Torreón, las campiñas y campiñas tapizadas de forraje que conceden al paisaje desértico una belleza inusitada.

César denuncia que la minera Excellon Resources Inc vende el agua contaminada con arsénico, plomo y zinc, a unos 13 pequeños propietarios, (agricultores productores), socios de las grandes empresas lecheras en La Laguna tales como Lala, Chilchota, Alpura.

Al respecto un empleado de una reconocida empresa lechera, que pidió no ser identificado, corroboró de manera extraoficial la versión de los ejidatarios, al ratificar que una parte del agua de la mina la Platosa es utilizada por más de una docena de agricultores productores, socios de varias compañías lácteas de la región.

“Desde luego se hace en el marco de la ley, no hay perjuicio a ningún tercero y sólo se utiliza una parte de total disponible”, dijo la fuente.

Y deslindó a la firma que representa, de toda responsabilidad sobre el manejo que sus socios agricultores productores hacen de sus negocios.

“Cada socio tiene la gestión que le puede convenir más para su negocio en términos de compra de tierra, compra de forrajes, derechos de agua y noria, y cada uno puede responder de lo que está haciendo bien o, en su caso, de lo que está haciendo mal…”.

“Eso lo puede hacer la canadiense – dice Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero –, gracias a que en la ley minera, cuando una mina encuentra agua la norma dice literalmente que puede utilizarla conforme a los intereses que le empresa defina y ahí lo que definieron fue echarla para afuera, porque obviamente si no sacan esa agua no pueden sacar la plata que está allá abajo. Hay empresas que hacen contubernio con la minera para que les dé esa agua y meten forraje para la industria de todo el corredor de Tlahualilo, que es muy grande. No sólo es la minera como tal, sino que se va encadenando a otros megaproyectos como la producción de forrajes que luego cae a otros intereses vinculados a esa zona, que tienen que ver con la cuenca lechera”.

Un estudio realizado por Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y conservación del agua, señala que el volumen de líquido que sale de la mina, como resultado de su laboreo, asciende a unos dos mil metros cúbicos por segundo, cantidad que bastaría para surtir a Gómez Palacio, Durango, y de paso a otros municipios.

“Se dice fácil, pero si lo vemos en una zona desértica es mucha agua. La Platosa es un proyecto que agota el acuífero principal, una mancha que viene de una seria de fracturas de la Sierra de Bermejillo. Y según lo que hemos detectado toda esa sierra está formada por grandes cavernas de yeso. En todas esas grandes cavernas primero está el yeso y luego viene la plata. Ellos dicen que no va a pasar nada, pero sí pasó y la Semarnat les dio permiso: un barreno rompió esas capas, rompió lo que teóricamente son grandes cavernas que por millones de años llenaron esas sierras calizas que son las fuentes de que se alimenta el acuífero principal”.

Un documento relativo a un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, promovido por la empresa Excellon Resources Inc. y publicado en internet, dice que, “se han detectado estructuras como fallas rellenas con yeso, cavidades y cavernas de varios metros de ancho…”, y más adelante dice, “el área se ubica dentro de la unidad hidrológica denominada acuífero principal, región lagunera, en una zona de veda y en donde se presentan dos componentes: uno somero, que manifiesta aportaciones a profundidades de entre 20 y 30 metros de escurrimientos asociados a infiltraciones de recientes periodos de lluvia; y un componente profundo del orden de 150 metros, en el que el agua subterránea presenta concentraciones minerales que le dan un carácter químico no apta para fines de consumo humano”.

Semanario colectó una muestra de las aguas de la Platosa y las llevó al Laboratorio de Análisis Químico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional, (IPN), en Ramos Arizpe.

El examen arrojó que dicho líquido contiene 0.468 microgramos de arsénico por litro de agua, cuando lo permitido por la norma nacional es de sólo .025.

César dice que hace algunos años habitaban en esta sierra, la sierra de Bermejillo, Durango, donde se encuentra asentado el ejido, manadas de venados, jabalíes y otros animales silvestres, sin embargo, muchas de estas especies han perecido tras beber las aguas del arroyo contaminadas con metales pesados que extrae la minera de la mina y derrama, sin permiso, en tierras de la comunidad.

En un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, difundido en la red, se lee que entre la fauna que caracteriza a La Sierrita, Durango, se encuentran el águila real, aura, cenzontle, correcaminos, conejo, coyote, gato montés, liebre, víbora de cascabel, zorro, ardilla, cacomiztle norteño, rata cambalachera y ratón, “(….), poco vistas, posiblemente, debido a las perturbaciones por las explosiones mineras realizadas en el área, el movimiento en la zona de cultivo de la zona de influencia o por el tráfico continuo en la carretera, lo que ha ocasionado el desplazamiento de la fauna hacia mejores condiciones del hábitat y menos perturbaciones”.

Y más abajo señala que “la acción de desmonte provoca que la relativamente escasa fauna silvestre menor presente en la zona, se desplace a sitios con menos perturbaciones cerca del área del proyecto, afectando su comportamiento y dinámica poblacional por la migración”.

Esta contaminación, provocada por la minera, ha ocasionado también la muerte de vacas y cabras propiedad de los ejidatarios, que al no encontrar abrevaderos en la sierra, se sacian con el líquido letal derramado por la empresa.

“Las vacas de los mismos ejidatarios que andan aquí sueltas en el agostadero, se han muerto porque toman agua de ahí y luego les faltan pedazos de carne a los animales, a las yeguas, a las vacas, a las chivas. Se están muriendo donde toman agua de ahí”, dice César Pulido Barrón, ejidatario y presiente del Consejo de Vigilancia de La Sierrita.

Por estos pueblos proliferan las historias sobre labriegos que se han encontrado reses muertas, botadas, en el desierto y que tras abrirlas, tras realizarles una autopsia exprés, han descubierto las carnes quemadas, ennegrecidas del animal.

“La gente dice, ‘la carne de los animales que toman agua de esa, sale quemada’, son los daños que está haciendo esta agua contaminada. Estos animales cuando mueren, que usted los quiere comer, que los destaza, mira que no sirve la carne, está muy negra”, contará Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y conservación del agua.

Habla Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero:

“Sí, nosotros medio sabíamos de unas historias, no de ahorita, de hace unos seis años, sobre varios animales que fueron a tomar agua, se les infló el vientre y murieron”.

“El agua va rodada y pasa por tierras del ejido. Sin permiso la pasan, les vale… Quieren que salga lo más lejos posible. A parte ellos están haciendo su negocio, están vendiendo el agua para la siembra y están tirando el agua que sobra al ejido, sin permiso. Están dañando la tierra y nomás están ganando, ellos están explotando, están sacando a diario, no sé cuántas toneladas de plata, plomo, zinc”, dice Juan Guadalupe Zamarripa González, el presidente del comisariado del Ejido La Sierrita, un atardecer de vendaval que ha venido con otros ejidatarios para recorrer el área afectada por la contaminación de la mina.

Carlos Godoy Rivera, secretario del comisariado, dice que al principio la minera puso unos letreros que decían “agua no apta para consumo humano”, letreros que más tarde fueron retirados cuando la empresa comenzó a vender el líquido a los pequeños propietarios.

Camino de la carretera 49 a Ciudad Juárez, que parte las tierras del ejido ubicado a unos cinco kilómetros de Bermejillo, Durango, y a 50 kilómetros de Torreón, el ejidatario César Pulido dice que las aguas que corren por el arroyo situado debajo del puente del ferrocarril, son las aguas que la mina desecha, que le sobran, después de haberlas repartido entre los pequeños propietarios de la región, muchos de los cuales rentan tierras al ejido.

“Esta agua ya está sobrante eh, esta agua ya es sobrante de la que agarran todos, pero esa agua que están tirando, la que sobra, ya nos perjudicó todo el terreno, porque ya secó todo el pasto, lo quemó”.

Y dice que esta contaminación ya ha hecho estragos incluso en la flora, cactáceas, plantas medicinales y árboles, que vive en este desierto.

“Aquí había monte de buena calidad. Aquí era buen pasto y todo, buenos mezquites. Todo eso amarillo que uste mira ya está quemado con esta agua, ya de ahí no sale nada de pasto ni mezquites, todo eso amarillo ya está quemado, el terreno ya está quemado. Si se mete usté y saca ese mezquite lo saca con salitre, ahí sale con salitre ese mezquite, ya está muerto ese mezquite, la pastura ya está muerta, ahí ya no sale el zacate”.

Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero, aclara que esta deforestación se debe a que, además de ir cargada con altas concentraciones de arsénico, el agua de la Platosa es rica en carbonato de calcio y magnesio.

“Además de sacar el arsénico y ponerlo en la superficie con estos cultivos, también se está salinizando el suelo, es decir, después de algunos años ese suelo ya no va a quedar ni siquiera para que crezcan nopales…”.

Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación.

“Había norias jalando bien bonito. Una pequeña (propiedad) aquí tenía cinco norias. Se secaron por lo mismo de que la mina saca el agua y ya las norias no produjeron nada. Muchas de las norias al derredor de Bermejillo y de Gómez se han secado por culpa de la mina”, dice César.

“Las mineras canadienses vienen a hacer, en pocas palabras y discúlpeme, pero puro desmadre”, dice Verónica Pulido Barrón, ejidataria.

“Con el Gobierno”, la secunda el comisariado Juan Zamarripa,

“Por eso, aunque nosotros vayamos a pedir justicia a todo mundo… Si son nuestras tierras, ¿por qué ellos vienen a adueñarse de algo que no es suyo? ¿Y por qué el Gobierno los apoya?, ¿porque tienen dinero y a nosotros no…?”, dice Verónica.

Los ejidatarios de La Sierrita dicen estar preocupados por los daños a la tierra, a los animales y a la salud humana, que en el futuro pueda provocar esta contaminación, causada por la minera.

“Uno que consume leche y todo eso, Lala, riega con esa agua, Chilchota riega con la misma agua y producen la leche y todo. Imagínese cómo está la Comarca”, dice el ejidatario César Pulido.

Al respecto una investigación realizada hace una década por la Facultad de Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), reveló cómo las aguas contaminas con altas concentraciones de arsénico que son usadas en el regadío de cultivos, tienen un impacto negativo en la cadena alimenticia.

“Si regamos con agua contaminada con arsénico o el suelo está contaminado con arsénico, la planta extrae este metaloide y pasa a la cadena alimenticia, es acumulativo, no lo podemos degradar. Del agua pasa al suelo, del suelo a la planta, de la planta al animal y luego nos comemos la carne o la leche, ahí va la concentración de arsénico. Aquí en la región tenemos mucho cáncer, tanto en Coahuila como en Durango, y es debido a eso, a que la concentración de arsénico está muy alta y las plantas la absorben y luego nos comemos el maíz o el frijol. O el arsénico se pasa a la carne y lo vamos a acumular hasta que llega a un nivel de toxicidad”, advierte Cirilo Vázquez Vázquez, director de la Facultad Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, (UJED, y doctor en recursos naturales.

Tales resultados se obtuvieron de un estudio sobre cultivos, maíz y frijol, sembrados en suelos con altos niveles de arsénico o regados con agua de pozos profundos, altamente contaminados con este metaloide, en el Ejido Batopilas, municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

“Se evaluó y realmente se observó que el arsénico pasa del agua al suelo y luego a la planta y después a los animales, la carne o la leche. Los cultivos absorben la concentración de arsénico y sí, está en lo que nos estamos comiendo”, reitera Vázquez Vázquez.

Semanario buscó reiteradamente a Sandra Magaña, la directora de relaciones corporativas de Excellon en México, a fin de que diera su versión en torno a las acusaciones vertidas por los ejidatarios de La Sierrita.

Hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de entrevista.

Este medio intento comunicarse, durante casi dos semanas, con Óscar Gutiérrez Santana, el gerente regional de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, para que fijara su postura sobre este reportaje.

Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, Román Galán Treviño, encargado del despacho de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), delegación Durango, declaró que hasta ahora la dependencia no tiene ningún comunicado, ninguna denuncia en particular sobre el tema de la contaminación en La Sierrita.

“Sé que han estado en pláticas con la Comisión Nacional del Agua, viendo precisamente el problema de la contaminación, Es lo que hemos sabido extraoficialmente, pero no hemos tenido ninguna petición o planteamiento del ejido”.

-¿Conocía el problema?

-Conocemos el problema, pero a través de los medios, de la prensa, hasta ahí.

José Luis Reyes, encargado del despacho de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa), aclaró que no es competencia de esta oficina verificar las condiciones de manejo y uso del agua en las mineras.

Y añadió que es responsabilidad de la Conagua regular este tipo de aprovechamientos.

“Es quien se encarga de verificar todo lo que es el manejo y uso del agua”.

La planta purificadora de agua está en desuso por falta de mantenimiento. Los filtros no alcanzan a limpiar el veneno. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

 

Detalló que entre 2006 y 2018, la Procuraduría ha realizado al menos unas siete visitas de inspección a la minera Excellon en las que se han encontrado algunas irregularidades referentes al manejo de residuos peligrosos y al proceso de la actividad que realiza le compañía, y se ha sancionado.

“Pero con relación a lo que es el tema del agua no hemos llevado a cabo alguna actividad. No se tenía mayor información del caso.

-También la contaminación del agua es una cuestión de medio ambiente…

-En el tema referente al agua ahí quien interviene o quien directamente se encarga de verificar el cumplimiento de la normatividad es la Comisión Nacional del Agua.

LA PLATOSA, UNA MINA… DE PROBLEMAS

La Platosa es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad. Produce plata, plomo y zinc.

Está situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y es operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.

Hay una cansada disputa por el territorio, entre el ejido y la minera, que comenzó en 2012 y aún se libra en los tribunales.

Años sin pagar un solo peso por la renta de las mil 100 hectáreas de tierra donde se encuentra la mina.

“Tienes ahí un problema de contubernio y de falta de responsabilidad bien fuerte, – dice Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero -, además de los vacíos donde no se le sanciona a nadie, por ejemplo, en este caso del arsénico, que además va a productos de consumo ya sea de manera directa o indirecta, y nadie sanciona nada por la permisividad de la ley y ese es un problema que tenemos en todo México. Es un tema súper fuerte, muy oscuro, que no está para nada legislado. Ni siquiera está bien legislado en la ley minera para los trabajadores, menos para los arrendatarios de las tierras. Es un tema que se mueve literalmente en la impunidad y Profepa y Semarnat, como siempre, se refugian en que tienen un marco legislativo que no pueden mover más allá y que por eso luego se ven, como dicen ellos, incapaces para parar procesos. Es un tema bien complejo y bien fuerte. Y aunque ya no nos den más concesiones, como dice el López Obrador, con las que tenemos es suficiente pa que acabemos con México. No se trata que den más concesiones, cómo paramos las que están, cómo hacemos que caigan en rendiciones de cuentas porque generan un montón de muerte…”.

Muchas especies han perecido tras beber aguas del arroyo contaminadas con metales pesados que extrae la minera. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

Los ejidatarios de La Sierrita dicen que ya están hartos, aburridos, de esta lucha en contra esta minera, que aparte de afectar su hábitat, lleva ya ocho años sin pagar un solo peso por la renta de las mil 100 hectáreas de tierra donde se encuentra la mina.

Toda vez que ha incumplido con otras cláusulas del contrato de arrendamiento como la instalación de una planta tratadora de agua residuales para la comunidad.

“Nosotros ya al último lo que queremos es que ellos se larguen, aunque no nos paguen, pero que se larguen ya de aquí.

Ya que nos dejen nuestra tierra y se larguen los pinches canadienses”, dice César Pulido Barrón, ejidatario y presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido La Sierrita.

“La tierra es de nosotros. No hay de otra… Que se vayan, ¿no quieren pagar?, que se vayan”, dice la ejidataria Verónica Pulido Barrón.

Últimamente los campesinos de La Sierrita han interpuesto ante los tribunales otro recurso legal en el que solicitan a las autoridades el cese de la actividad de La Platosa, en tanto no se solucionen los conflictos con el ejido.

“Estamos esperando que llegue la sentencia, a ver cómo sale, si sale a favor que bueno, si sale en contra pos también…”, dice Carlos Godoy Rivera, el secretario del comisariado del ejido.

DATOS

7 visitas de inspección a la minera Excellon en 12 años. Hubo irregularidad en el manejo de residuos peligrosos.

8 años sin pagar un peso de renta por los mil 100 hectáreas de tierra donde se encuentra la mina.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/19-01-2020/3715010?fbclid=IwAR3KhejRsrxCFJQXYtXJoc2j45wID7ek_o_f4ePZKi1Ub5adGWPs2DjmDvM&__cf_chl_jschl_tk__=82a7028583c9ad387bd64529b6df777cea9e9a28-1579832151-0-ATLYUKEj0oSVKx6zNigrlIBYRUsOYU19HESJfkbD2phsyNidyxrbPRyZDQrGJzjNMoL71e8uXCKC5oiei5Ldf1idPgyQNei4UJekT2vV-XAG4JP2vlCGNbS_5PGeeNVHlUHVeYui0uW3yYpn7P7I5ex3blJmobYq6zYet3HxVgctympTkW_COkKU_VBkNyg6rr9c9RDmsGTaZG9aMmxyJI4lGNnDra97FIURoRwQF1DmjxRaovqElb6wXVtg4T_uwZCbjxaiXs4B5EH84T4fHVPnpPJ_q7O3Mga4SiCIqTeGvhZnlB2mXj9_9nW_J71onaPNyEou3KNbepGWAcR2Qrg0h-6ZXpX7jO44vcIx6QvqxlrIsOvD3hQ8waEzCN3kDQ

Mexico

‘Privatizan’ uso de agua en México

CIUDAD DE MÉXICO. El agua, un recurso de la nación, se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante y donde el Estado no pone ninguna traba. Esto ocurre más que por las fallas en el sistema de concesiones vigente en México desde 1992, por el diseño mismo de ese entramado legal y la debilidad de sucesivos gobiernos para aplicar las normas.

El fracaso de la gestión democrática de este recurso se refleja, además, en una profunda falta de información sobre cuánta agua extraen los privados, en la incapacidad gubernamental para vigilar cómo se explotan ríos y pozos, y en la inequidad en su distribución. El propio secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ha reconocido que existe un “uso indiscriminado y antidemocrático del agua”.

El sistema de concesiones de agua se creó en 1992, como parte de la Ley de Aguas Nacionales, y desde su origen comenzó a hacer agua. Entre las fallas que pronto fueron evidentes, por ejemplo, estuvo la entrega de títulos sin verificar cuánta agua realmente se extraía y para qué fines. Pasaron los años y los problemas en el sistema nunca se atendieron. Y se agudizaron conforme se entregaron más y más títulos para aprovechamiento.

Desde 2003 se alertó de esta situación. En un estudio –publicado entonces por la FAO, y cuyos autores son Marco Cantú y Héctor Garduño, quien fue subdirector general de administración del agua en la década de los noventa– se señaló que se habían identificado a usuarios que tenían títulos de concesión para uso agrícola, pero que utilizaban el agua para fines distintos, “incurriendo en delitos fiscales y en desviaciones del subsidio, ya que no solamente gozan indebidamente de la exención del pago de derecho (del agua), sino del subsidio que se otorga a los usuarios agrícolas en la tarifa eléctrica”.

 

¿CUÁNTA AGUA SE UTILIZA?

En el país, por otra parte, no existen datos certeros sobre cuánta agua utilizan los privados que gozan de concesiones. La Ley de Aguas Nacionales señala que todos los titulares de una concesión deben contar con un medidor, pero eso no se cumple.

Darcy Víctor Tetreault, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, destaca que de acuerdo con datos que él ha solicitado a la Conagua, sólo 11 por ciento de los usuarios tienen medidores. Sí, uno de cada 10, en términos llanos.

En 2011, la Conagua contrató a la empresa Agua de México para que se encargara de realizar la medición y recolección de datos de los volúmenes de agua extraídos por uso industrial y de servicios. Como parte del contrato se instalaron sólo mil 169 medidores automatizados a nivel nacional, de acuerdo con los datos de la propia Conagua.

Nuevo León sirve para ilustrar cuán poco se pudo avanzar en esa iniciativa. De los 639 títulos para extracción de agua de uso industrial que hay en esa entidad, apenas 78 cuentan con medición automatizada, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información.

La Conagua también es la responsable de llevar el registro de los pagos que deben realizar quienes tienen una concesión de aprovechamiento de agua. Hay que destacar que no todos los usuarios están obligados a pagar por el agua que utilizan. Por ley, están exentos aquellos que tienen concesiones para uso agrícola. Los que sí deben pagar son cerca de 138 mil titulares, de los poco más de 500 mil que hay registrados.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, a mayo de 2019 la dependencia sólo tenía registradas 50 mil 888 cuentas en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del Sistema Integral de Recaudación y Fiscalización de la Conagua. Es decir, menos de 37 por ciento de cuantos debían pagar.

Encima, el estar inscritos no garantiza que se realicen los pagos. La Auditoría Superior de la Federación detectó que la Conagua no tenía constancia de pagos de 32 por ciento de los registrados en el padrón en 2016.

Además, el actual sistema de concesiones permite que sean los propios usuarios los que declaren cuánta agua utilizan.

La Conagua no tiene la capacidad institucional para garantizar que las concesiones se utilizan para lo que están autorizadas o si se extrae más agua de la que se declara. La dependencia sólo cuenta con 115 inspectores para todo el país, por lo que a cada uno de ellos le tocaría vigilar poco más de 4 mil 300 concesiones. Dicho de otra manera, cada semana un inspector debe visitar 82 concesionarios.

La falta de inspección se suma al rezago en los trámites relacionados con las concesiones. En entrevista, Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector general de administración del agua, asegura que la Conagua tiene cerca de 130 mil trámites que no se han atendido. Esto ha provocado, entre otras cosas, un alud de amparos: a nivel nacional hay 2 mil 577 juicios que tienen a la Conagua como protagonista.

 

 

CONCESIONES A LA CARTA

Además de que no se tiene control de cuánta agua realmente utilizan los usuarios y para qué fines, desde la misma la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento se abrió la puerta para la existencia de un mercado de concesiones de agua, al permitir la “transmisión de derechos”. Es decir, se puede “transmitir” el total o una parte del volumen de agua que se tiene concesionada a otra persona o a una empresa. En los hechos este mecanismo se utiliza para disfrazar la venta y compra de títulos de agua.

El mercado de las concesiones es tan redituable que no sólo se venden títulos que sí son originales, también se trafica con documentos falsos. Esta práctica se ha intensificado en los últimos años, sobre todo, en entidades como Chihuahua.

UNA NUEVA LEY

El sistema actual de concesiones de agua tiene que revisarse y modificarse, coinciden investigadores y especialistas en el tema. Sobre todo porque es un sistema injusto e inequitativo.

La abogada Claudia Gómez, quien trabaja con varias comunidades indígenas del país en la defensa de su territorio y recursos naturales, señala que “existe mucha discrecionalidad sobre la forma en que se entregan las concesiones de agua”. En su labor ha encontrado casos en los que las concesiones se les niega a las comunidades indígenas “porque se argumenta que hay una veda, pero después nos enteramos que se entrega una concesión a una minera, a una compañía refresquera o a caciques de la región”.

Esa revisión tendrá que darse en el marco de una nueva Ley General de Aguas. Existen varias iniciativas para esta legislación, entre ellas la que realizaron investigadores y ciudadanos. Entre sus propuestas está el que los títulos de concesiones ya no se puedan transferir; que se realicen monitoreos independientes y con acceso público a los resultados; que se integre la Consultoría Social del Agua, y que solo se concesione el volumen ecológicamente aprovechable.

 

ELLOS SON LOS QUE MÁS AGUA TIENEN

Para esta investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en la que participó El Diario NTR Guadalajara, también se analizó la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), el sistema en el que se encuentran los nombres de personas y empresas que tienen concesiones para utilizar aguas nacionales, y se identificó a quienes tienen el mayor número de concesiones y de volumen de agua autorizado en cada entidad.

Los resultados muestran que hay empresas y personas que tienen a su disposición tanta agua que, con ella, sería posible atender a comunidades completas.

En esa lista destacan las mineras, las embotelladoras de refrescos y agua, las acereras, las cerveceras, las grandes empresas agrícolas, ganaderas y avícolas, inmobiliarias (que incluso ya están declaradas en quiebra, como Casas Geo) y compañías a las que también se les ha entregado concesiones para la generación de electricidad, a través de la construcción de hidroeléctricas, sin que se consulte a las comunidades sobre estos proyectos.

Entre las mineras que más agua tienen concesionada está Grupo México y sus subsidiarias. Sus concesiones no se han visto revocadas incluso en casos de desastre ambiental, como el ocurrido en 2014, cuando esa empresa derramó 400 millones de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, una catástrofe ecológica que hasta hoy acarrea problemas a los habitantes de la región.

En el sureste del país, entre las empresas que más agua tienen a su disposición están las que se dedican a la siembra de palma africana –que se usa, entre otras cosas, para producir aceite–; la expansión de este cultivo ha provocado problemas de deforestación en aquella región.

En el norte sobresalen grandes compañías agrícolas que, por años, han sido señaladas por no respetar los derechos laborales de los jornaleros que trabajan en sus campos, entre ellas San Vicente Camalú.

Además, varias de esas corporaciones se han visto beneficiadas con condonaciones de impuestos y subsidios para el campo.

También se ha dado títulos para aprovechamiento de agua a empresas que pertenecen a políticos.

En Tamaulipas, Monteberne es una inmobiliaria que tiene concesiones para uso agrícola y que entre sus accionistas está el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, procesado por delitos de peculado y lavado de dinero. Monteberne habría sido utilizada para lavar activos.

Y mientras estas empresas y personas no tienen problemas para disponer de miles de metros cúbicos de agua al año, más de 8 millones de hogares en el país reciben agua cada tercer día, dos veces por semana o de vez en cuando, de acuerdo con el Inegi. Y en 2 millones 85 mil hogares sólo consiguen agua acarreándola de ríos, lagunas o arroyos.

El mapa de la explotación del agua en México muestra que aquellos con capacidad económica o influencia política exprimen un sistema diseñado para el acaparamiento de ríos y pozos en unas cuantas manos. Es el mapa de una injusticia institucional, donde a lo largo y ancho del país, las comunidades siempre resultan ser las más afectadas.

CIFRAS 

  • 11 por ciento de los titulares de una concesión cuenta con un medidor
  • 78 de los 639 títulos para extracción de agua de uso industrial que hay en Nuevo León, cuentan con medición automatizada
  • 37 por ciento de los titulares que deben están obligados por ley a pagar por el agua que utilizan, realmente liquidaron su cuenta
  • 130 mil trámites que la Conagua no ha atendido, lo que ha provocado un alud de amparos: a nivel nacional hay 2 mil 577 juicios hacia la comisión
  • 2 millones 85 mil hogares sólo consiguen agua acarreándola de ríos, lagunas o arroyos
  • Más de 8 millones de hogares en el país reciben agua cada tercer día, dos veces por semana o de vez en cuando

PAGOS POR LEY

La Auditoría Superior de la Federación detectó que la Conagua no tenía constancia de pagos de 32 por ciento de los registrados en el padrón en 2016. Además, el actual sistema de concesiones permite que sean los propios usuarios los que declaren cuánta agua utilizan

INSUFICIENTE 

La Conagua cuenta solamente con 115 inspectores para todo el país, por lo que a cada uno de ellos le tocaría vigilar poco más de 4 mil 300 concesiones. Es decir, cada semana un inspector debe visitar 82 concesionarios

FRASE 

“En mi labor he encontrado casos en los que las concesiones se les niega a las comunidades indígenas porque se argumenta que hay una veda, pero después nos enteramos que se entrega una concesión a una minera, a una compañía refresquera o a caciques de la región”: Claudia Gómez, Abogada en comunidades indígenas

SIN CONTROL 

El sistema de concesiones de agua se creó en 1992 como parte de la Ley de Aguas Nacionales y desde su origen comenzó a hacer agua. Entre las fallas que pronto fueron evidentes estuvo la entrega de títulos sin verificar cuánta agua realmente se extraía y para qué fines

 

*Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en la que participó El Diario NTR Guadalajara

 

Fuente:https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=142427&fbclid=IwAR3CRHVQP7Z0iR5a1iIenl6RU5MIQWqHDmyrvYOIibjny_SPhr1X_GOPB8c#.Xil08NQZnbU.facebook

Brasil

Jornada de movilizaciones afectados/as por represas en Brasil: un año del crime de la VALE en Brumadinho/MG

Estamos à véspera do início das atividades da jornada de lutas dos atingidos e atingidas pelo crime da Vale em Brumadinho-MG.
O MAB vem através de este reforçar o convite a todos os parceiros à participar da programação da Jornada. Foram centenas de vidas ceifadas e a destruição socioambiental de uma bacia hidrográfica. Um crime contra a humanidade, que precisamos continuar denunciando e exigindo justiça.

Através desta, vimos trazer as informações organizativas da jornada e dizer que Vossa presença é importante.

1. Programação:

  •   20 a 25 de janeiro – Marcha dos atingidos/as
  •   Seminário internacional: O LUCRO NÃO VALE A VIDA! 1 ano do crime da Vale em Brumadinho – MG – 24 de janeiro. Local: Auditório da Congregação das Filhas de Nossa senhora do Monte Calvário. Rua Miguel Pereira, 43, bairro MonteCalvário, Citrolandia, Betim – MG. – Anexo programação.

 

Fuente:https://defensaterritorios.wordpress.com/2020/01/20/jornada-de-movilizaciones-afectados-as-por-represas-en-brasil-un-ano-del-crime-de-la-vale-en-brumadinho-mg/?fbclid=IwAR0Xf426AdwG30aloycCbQhktrVwQaCyv-W1ysp7m7T_Rw4UKNAPJJk-qOk

Argentina

“No podemos controlar los desechos del langostino, menos la megaminería”

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Fabricio Petrakosky, fue consultado este viernes por Radio 3 por la cuestión megaminería y su implicancia en las fuentes de agua de la provincia. Sentenció qué, como entidad, “estamos en favor del cuidado del agua”.

Subrayó que “uno de nuestros servicios principales es el agua potable y en consonancia de esto, estamos en favor del cuidado del agua y del Río Chubut. Estamos en contra de la megaminería”.

Subrayó que esta “es la posición es de la Federación Chubutense de Cooperativas (FECHCOOP) y estamos elaborando un documento que lo vamos a presentar en febrero”.

Sin embargo, a título personal, remarcó que la megaminería “es muy compleja, súper compleja –y- en Chubut, y en Argentina diría, no estamos preparados para este tipo de controles”.

Subrayó que “no pasa nada, hasta que en algún momento ocurre. No podemos controlar los desechos del langostino, menos vamos a poder controlar la megaminería”.

En este contexto, opinó que “se está haciendo mucho lobby y creo que no se está escuchando a la población. La gente se está manifestado en diferentes medios y las calles”.

Manifestó que “se hace lobby con la desocupación en la Meseta”, señalando que “Chubut tiene 500 mil habitantes. En la Meseta está el 2% de la población. No podemos poner en riego a toda la población por la desocupación del 2%”.

Es en este sentido, que llamó a agotar otras instancias, “pensar más y echar mano a otros proyectos. Hay que convocar al INTA, al CENPAT, al CONICET, a la Universidad, a los productores; hay que hablar con la gente que sabe y remediar la desocupación por esa vía”.

“Hay que tomar otro camino, hay que apuntar al desarrollo productivo. Convocar a la gente que sabe y tratar de solucionar la desocupación en la meseta de esa forma”, sentenció.

Destacó la posibilidad de tener agua, con la cual poder abastecer a la población del recurso. “lo tenemos que cuidar –porque- hay lugares en el mundo donde no tienen las posibilidades que tenemos acá y si las tenemos, las tenemos que cuidar”.

Cuestionó que se intente “vender a la megaminería como la solución definida a la desocupación que hay en Chubut, como la panacea, como una solución integral y definitiva”.

Remarcó que “la megaminería es pan para hoy y hambre para mañana -y en este sentido, subrayó que- ese hambre no sería solo para los desocupados de la meseta sino para toda la provincia. Eso, no me parece lógico”, concluyó.

Fuente :https://noalamina.org/argentina/item/43502-no-podemos-controlar-los-desechos-del-langostino-menos-la-megamineria
Argentina

Intentando eludir la 7722 buscan explotar oro y cobre en Uspallata

Uspallata está en alerta por el intento de la minera San Jorge de explotar un yacimiento de oro y cobre con un método de extracción por flotación con xantato, que según ellos no está alcanzado por la Ley 7722. El proyecto está ubicado en un sitio que desde hace años se lucha para que sea declarado área protegida Uspallata-Polvaredas. Durante los 10 días que estuvo vigente la modificación de la ley, la empresa presentó en la Dirección de Protección Ambiental el informe de Impacto Ambiental esperando su aprobación.

 

Mientras las calles de Mendoza estaban en ebullición por el derribo de la Ley 7722, mandaderos de la minera San Jorge, de capitales rusos, ingresaron en la Dirección de Protección Ambiental el informe de Impacto Ambiental para sacar oro y cobre en Uspallata. La ley del cianuro de Suarez sólo duró 10 días, pero fueron suficientes para reactivar los engranajes siempre aceitados de los lobbistas mineros.

Esa es la razón por la cual vecinos y asambleístas de Uspallata, apoyados por la organización de las Asambleas por el Agua en toda la provincia, retomaron el reclamo para que San Jorge -punta de lanza de otras 300 concesiones en la montaña- no pueda concretar lo que quiere hace años: dinamitar la roca y usar tóxicos para sacar el oro y el cobre.

Federico Soria, técnico en administración de Parques Nacionales, licenciado en turismo y técnico en Conservación de la Naturaleza, es uno de los referentes de las asambleas vecinales de Uspallata y lleva años en la lucha por la declaración del área protegida Uspallata-Polvaredas, que “dejaría a las mineras fuera de juego”, resume.

“En los días en que la ley estuvo vigente San Jorge metió el informe de impacto ambiental. Y está en trámite. La directora de protección ambiental , Miriam Skalany, salió en los medios diciendo que había ocho meses para la audiencia pública y un año para la aprobación”, señaló Soria a EXPLÍCITO.

San Jorge es de Aterra Capitals y Solway Investemen, quienes la compraron a Coro Mining en 2015.

“Estamos preocupados por eso. Nuestra prioridad es el área protegida. el proyecto que presentamos está archivado y acumulado con otro expediente. Son escollos que tenemos que saltar para que al menos tome estado parlamentario este proyecto. Nuestra prioridad es esa. Si hubiéramos sido más estratégicos en la pelea ya tendríamos el área protegida y a las mineras fuera de juego. Porque quien fogoneó la derogación de la Ley 7722 fue la minera San Jorge, no las mineras de Malargüe”, agregó.

El xantato es la clave

En el 2012, Coro Mining, anterior dueña de San Jorge, informó que la mina “contiene pórfidos de cobre y depósitos de oro, contiene óxido enriquecido y mineralización primaria. Los recursos están contenidos dentro de material de óxido, que sólo puede ser procesado por métodos de lixiviación; material enriquecido, que podría ser procesado por lixiviación o flotación, además de material primario que sólo puede ser procesado por flotación.”2

La suma de las reservas probadas y las probables en Uspallata ascendía a 48 millones de toneladas de mineral a 0,61%, lo que equivale a aproximadamente 294.600 toneladas de cobre.

“San Jorge va a querer insistir con el uso del xantato para encuadrarse en la 7722. Es lo que ellos presentaron para el proceso de flotación en lugar del cianuro y el ácido sulfúrico. Para extraer cobre no hace falta el cianuro porque el ácido sulfúrico es suficiente, pero como también tienen declarado oro necesitan usar cianuro. Cuando los yacimiento son de oro y cobre usan el sulfúrico para separar el cobre y una vez que ya separaron el cobre y demás metales usan el cianuro con el oro”, puntualizó Soria.

Cuando San Jorge presentó el primer proyecto impulsó otro método en lugar de la lixiviación: la flotación con xantato y poliacrilamida.

“Esos dos reactivos , según la empresa, no estaban incluídos en la prohibición de la 7722, pero nosotros demostramos técnicamente que el xantato se lo puede encasillar dentro de las otras sustancias. El xantato se puede incluir en la sustancias tóxicas, …por eso en su momento fue rechazado el proyecto San Jorge”, detalló.

El proyecto rechazado en la Legislatura tenía 140 fallas técnicas, rememoró el técnico, “una de ellas es que el xantato puede ser considerado sustancia tóxica”.

Sin embargo, los lobbistas de San Jorge se guardan una carta bajo la manga: en el fallo que declaró constitucional la Ley 7722, en 2015, uno de los jueces, al analizar el artículo 1 de la ley sobre la prohibición de tóxicos apunta que los legisladores dejan abierta la posibilidad de introducir xantato.

Ley 7722. “Artículo 1° – A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.”

Según apuntó en ese momento Mario Adaro -el juez de la Corte en cuestión- al no especificar más que tres sustancias tóxicas, la ley deja “un enorme interrogante, respecto a: -la determinación de sustancias tóxicas, ya que la definió con una amplia vaguedad terminológica que encuentra una inmensidad de posibilidades existentes para su especificación, por ejemplo el xantato, el ácido clorihídrico, ácido fluorhídrico, ácido fosfórico, sulfato de aluminio, entre miles de sustancias químicas; y – en cuanto a quién es el responsable de determinarlas”.

Los asambleístas de Uspallata creen que ese es el camino por el que irá San Jorge: el xantato como reactivo para separar los metales.

En Uspallata San Jorge es dueña de la estancia  Yalguaraz, donde hay decenas de concesiones mineras, la mina San Jorge II, San Jorge III, la mina Hércules. “San Jorge es la punta de lanza de una serie de proyectos mineros de estas corporaciones”, resumió Soria.

Cuenca del río Mendoza

La creación del área protegida Uspallata-Polvaredas es crucial para la protección de la cuenca del río Mendoza, “de la cual dependen 1.200.000 personas”, señala Soria.

El proyecto San Jorge afectaría las cuencas del río Mendoza y la de Yalguaraz, ya que se ubica en la divisoria de ambas cuencas superficiales, tal como muestra el informe técnico de José María Cortés (investigador del CONICET) sobre la hidrología y la hidrogeología de San Jorge.

Persecución a vecinos y asambleístas

Tras la pueblada por el agua vecinos, ambientalistas y agricultores sacaron en claro que una de las patas del lobby minero en tándem con el Gobierno es la persecución a los manifestantes. Y que ese es uno de los puntos donde deben reforzar la organización.

“Hay compañeros que están siendo perseguidos. Dentro de AMPAP hay un grupo de abogados abocados a los distintos temas, en su momento estuvieron preparando las acciones de amparo y de inconstitucional si salía la 9209. Se están ocupando de quienes fueron detenidos el 23 de diciembre y se recurrieron las multas que les pusieron a quienes se manifestaron frente a la Legislatura”, señaló Soria.

“En Uspallata cortamos la ruta internacional y a los 10 minutos estaban los gendarmes con la orden de desalojo -ilustró Soria-. Pero los gendarmes y policías mantuvieron instancias de diálogo y nos decían que sus hijos estaban del otro lado participando del corte. Muchos nos decían que si no hubieran tenido el uniforme protestaban con nosotros. Pero también había infiltrados en Uspallata y se hicieron allanamientos, supuestamente por otras causas, en casas de compañeros asambleístas. Puede haber sido casualidad”.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/43524-intentando-eludir-la-7722-buscan-explotar-oro-y-cobre-en-uspallata

 

Mexico

SEMARNAT niega autorización para la explotación del Proyecto Minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, Gto.

Las comunidades afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo, junto a las organizaciones
integrantes de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas
y Afectados por la Minería (REMA), tenemos la alegría de comunicar a la población de los
municipios del territorio de la Cuenca de la Independencia que, después de un largo proceso
informativo y de organización, de manifestaciones públicas, así como de múltiples gestiones ante las
autoridades competentes -federales y municipales-, la Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT ha
tenido a bien resolver -el pasado 17 de diciembre del 2019- el Trámite Unificado de Cambio de Uso
de Suelo Forestal, modalidad B Regional solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A.
de C.V -filial mexicana de la minera canadiense Argonaut Gold- para el proyecto de “EXPLOTACIÓN
Y BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS CERRO DEL GALLO” a ubicarse en el municipio de
Dolores Hidalgo, Guanajuato, en sentido negativo.
La denegación de la autorización solicitada se basa, por un lado, en una serie de inconsistencias,
irregularidades y omisiones detectadas por la autoridad en el DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO
presentado por la empresa y por otro, en que el proyecto minero en cuestión se ubica en un territorio
actualmente considerado para uso forestal y agropecuario de temporal por lo que no es congruente
con la vocación natural de la región, ni con los objetivos establecidos en el Programa Estatal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET).
Es importante resaltar la Política Ecológica establecida en el programa mencionado – PEDUOET- para
las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s) número 239 y 257, en las que se ubicaría
este proyecto minero.
El PEDUOET señala entre otras cosas que, la política ecológica y los lineamientos para estas dos
Unidades, son: ”restauración y mejoramiento, recuperación de la cobertura vegetal original y las
funciones ecológicas de los ecosistemas, promoción e impulso de actividades alternativas para
un aprovechamiento sustentable” de los recursos, que evite la disminución de capital natural, por lo
que las actividades compatibles serían: acuacultura, agricultura de temporal, ganadería extensiva,
forestal maderable y no maderable, turismo alternativo, entre otras. Y que las actividades no
compatibles son: agricultura de riego y de humedad, agroindustria, ganadería intensiva, turismo
convencional, asentamientos humanos urbanos, industrias ligera, mediana y pesada y minería, entre
otras.

Nos congratulamos de que el gobierno federal haya concluido que es un proyecto inconsistente,
incompatible e incongruente con la vocación de la región. Reconocemos también que el C. Miguel
Ángel Rayas Ortíz, presidente municipal de Dolores Hidalgo haya honrado su palabra dada a las
poblaciones afectadas por el proyecto y no haya otorgado ningun tipo de permiso para la operación
del mismo, así como por sus gestiones ante las autoridades federales a favor del territorio y de las
comiunidades que lo habitan.
No omitimos señalar que el total de las autoridades a quienes la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental de la SEMARNAT les solicitó una opinión técnica sobre el proyecto, concluyeron
que este no era viable.
Pese a este triunfo de las comunidades que habitan los territorios de extracción, sabemos que la
minera canadiense difícilmente cesará en sus intentos por explotar el Cerro del Gallo. En este sentido,
queremos anunciar que continuaremos con el proceso informativo y organizativo con las comuidades
para que, en su oportunidad, esten en posición de combatir legalmente un nuevo intento de
aprobación.
Finalmente, dado el deterioro ecológico de la región debido en gran medida al abandono del
campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, esperamos que las instituciones
de los tres niveles de gobierno se sensibilicen con la situación y favorezcan la participación de la
población organizada de las comunidades campesinas en el diseño y aplicación de proyectos de
restauración de los ecosistemas, de aprovechamiento sustentable de los bienes naturales -en especial
del agua- en concordancia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET) para reactivar la economía rural en la región y
recuperar las capacidades de gestión de sus habitantes.

Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

COMUNIDADES AFECTADAS

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA
ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Latinoamerica

¿Agua o Minería? Resistencias Comunitarias en América Latina. Informe Nº3.

Informe Nº 3. Defensoras del Agua en Centro América. Mujeres de Guatemala, Honduras y
El Salvador contra la minería.

Las mujeres en Centroamérica y en América Latina en general ,son cada vez más
protagonistas en la defensa y conservación de sus territorios y del agua, especialmente en las
comunidades campesinas e indígenas. Son ellas quienes deben asegurar la protección y el
alimento de sus familias, asegurar el agua para sus territorios, para sus labores, para la vida
de sus comunidades.

El informe ya se en encuentra disponible a través de Publicaciones Ocmal para su revisión y descarga gratuita.

Perú

Espinar: crece tensión por aprobación de proyecto Coroccohuayco

Funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) se reunieron el 20 de enero en el distrito de Pallpata (Espinar, Cusco) con la finalidad de elaborar un informe sobre la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Coroccohuayco de la empresa minera Glencore.

La reunión fue convocada por el Ministerio del Ambiente luego de las protestas iniciadas días atrás por el distrito de Pallpata, por haber sido excluido de la zona de influencia directa del proyecto minero.

De acuerdo con estudios técnicos elaborados por especialistas convocados por la población y la Municipalidad Distrital de Pallpata, el proyecto Coroccohuayco generaría impactos ambientales significativos en dicho distrito, como por ejemplo la contaminación del Río Salado y el polvo que como consecuencia de las operaciones mineras. A pesar de esto y que el distrito envió solicitudes al SENACE exigiendo que se socialice la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental antes de aprobarse, Pallpata fue excluido de la zona de influencia directa.

Frente a un conflicto social que viene escalando en la zona, el SENACE ha mostrado disposición para explicar los contenidos de la modificatoria aprobada. Sin embargo, los alcaldes de los distritos de Pallpata, Pichigua, Ocoruro, Alto Pichigua y Condoroma, dirigentes comunales y de organizaciones sociales rechazaron la presentación de dicho informe en la reunión del 20 de enero y exigen la presencia del Presidente del Consejo de Ministros y que se anule la resolución de aprobación de la MEIA.

Los dirigentes han dado plazo hasta el 27 de enero para confirmar la reunión con Vicente Zevallos e indican que de no anularse la aprobación de la MEIA convocarían a un paro provincial.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/21/espinar-crece-tension-por-aprobacion-de-proyecto-coroccohuayco/