Latinoamerica

Minería y medio ambiente: 3 casos de contaminación ambiental

En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los impactos ambientales que genera la minería sobre el  medio ambiente. A lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad.

Entre los principales impactos que puede originar la minería se encuentran: la destrucción de la corteza terrestre,  la contaminación de las aguas, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera y  los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones próximas a la mina (aunque en ocasiones estos efectos pueden extenderse más).

A nivel mundial se han registrado una serie de casos alarmantes relacionados a contaminación por causa de la minería, algunos de estos se muestran a continuación:

  • Cajamarca, Perú.

Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectadas en una extensión de 50 kilómetros en fecha de 2 de junio del año 2000, ese día aconteció un derrame de aproximadamente 11 litros, lo cual equivale a 151 kilogramos de mercurio elemental, esto produjo una gran intoxicación en alrededor 1200 personas, contando niños y adultos.

Los daños ambientales fueron muy cuantiosos, contaminando ríos, causes, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona, la vegetación y los animales expuestos a esta sustancia sufrieron graves índices de intoxicación, en la mayoría de los casos no lograron soportarlo, sin contar los efectos que ocasionaron sobre la vida humana.

  • Estado Bolívar, Venezuela.

En Venezuela, específicamente en los Estados Bolívar y Amazonas, desde hace aproximadamente 25 años se ha demostrado que la minería ha causado grandes impactos ambientales, generando grandes focos de contaminación por mercurio, la cual ha presentado un considerable aumento en los últimos años, aunado al uso indebido de tecnologías no aptas para esta delicada actividad.

Algunas de las zonas afectadas son la Cuenca del Río Cuyuní, ríos Caroní y Caura, todos ubicados en el Estado Bolívar, se han generado daños tanto en los causes, corrientes fluviales y vegetación foránea, sin contar la fauna y los habitantes que se encuentran cerca de la zona (mineros e indígenas). Algunas de las consecuencias que ocasiona el mercurio en la salud humana de los mineros son: daños en los riñones, sistema nervioso central, comportamientos erráticos y en la infancia tiene la capacidad de generar retardo mental.

Las personas que ingieren alimentos o agua contaminada con mercurio pueden padecer los siguientes síntomas: daños renales, problemas reproductivos, artritis, pérdida de la memoria, casos de demencia e incluso la muerte.

  • Colombia.

La minería ha causado grandes estragos en Colombia, este país presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada mil nacidos vivos (2012), sin embargo, en los departamentos de Cesar y La Guajira, se registraron 20 y 32 decesos respectivamente, esto se encuentra influenciado directamente por las consecuencias trae la ejecución de actividades mineras de manera irresponsable.

Dentro de los registros que se han realizado sobre los impactos ambientales de la minería , destaca el que se produce en los bosques, debido a la deforestación. En el norte del país desde el año 2000 hasta el 2007 se deforestaron alrededor de 19 hectáreas por cada mil, un número muy elevado cuando se compara con el promedio de toda la nación que correspondía a 5 hectáreas por cada mil.

Estos son algunos de los casos que han generado grandes impactos a las poblaciones y zonas aledañas donde se realizan actividades de minería, por estas razones es necesario establecer mayores controles por parte de las administraciones, dirigidos a controlar y disminuir los impactos que causa esta actividad.

 

Fuente:https://geoinnova.org/blog-territorio/mineria-medio-ambiente-casos-contaminacion/

Latinoamerica

Las mujeres frente al extractivismo patriarcal en América Latina

Aunque no se trate de casos tan resonantes, son muchos los territorios en los que mujeres campesinas o indígenas, y cada vez más, mujeres urbanas, se enfrentan a tradicionales y nuevas formas de extractivismo. Se trata de mujeres que procuran resistir a la mercantilización y sobreexplotación de los bienes naturales; sus experiencias ponen de manifiesto que el protagonismo femenino se ha logrado en escenarios marcados por una gran asimetría entre los actores involucrados y enfrentando entornos particularmente agresivos.

En América Latina, el siglo que transcurrimos se inaugura con un acontecimiento en el cual las mujeres tuvieron una participación insoslayable. En efecto, la llamada ‘Guerra del Agua’ que tuvo lugar en el año 2000 en Cochabamba (Bolivia) es un caso paradigmático, tanto del avance de la mercantilización de los bienes comunes como de la potencialidad de los movimientos de resistencia ante dicha tendencia. Allí, la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida logró la cancelación de la concesión del servicio de aprovisionamiento de agua potable que prestaba una empresa multinacional. Se trató de un proceso de articulación de actores sociales que estuvo marcado por el protagonismo femenino, aun cuando en las instancias de negociación la participación de las mujeres fuera mucho menor.

En Perú, en un contexto donde las poblaciones se enfrentan a grandes empresas mineras, figuras como la de Máxima Acuña, quien desde el 2011 realiza acciones y presenta demandas judiciales contra el proyecto aurífero más grande del país, son perseguidas y agredidas. El asesinato de la dirigente indígena y feminista hondureña, Berta Cáceres, quie estaba amenazada de muerte por su intensa labor de resistencia a la construcción de una represa hidroeléctrica, evidencia de manera cabal la violencia que acompaña la construcción de megaproyectos, a la vez que indica el potencial de estas resistencias.

Aunque no se trate de casos tan resonantes, son muchos los territorios en los que mujeres campesinas o indígenas, y cada vez más, mujeres urbanas, se enfrentan a tradicionales y nuevas formas de extractivismo. Se trata de mujeres que procuran resistir a la mercantilización y sobreexplotación de los bienes naturales; sus experiencias ponen de manifiesto que el protagonismo femenino se ha logrado en escenarios marcados por una gran asimetría entre los actores involucrados y enfrentando entornos particularmente agresivos.

La profundización de las actividades extractivas dio lugar a un activismo de base que suele comenzar en el nivel local y que se gesta a partir de percibir el riesgo que ciertas actividades generan o generarían en las comunidades. Es decir, nace como respuesta a inquietudes ligadas a la vida cotidiana y que se relacionan, en muchas ocasiones, con posibles efectos socio-sanitarios sobre la población. Es allí donde las mujeres juegan un rol central, ya sea por su grado de involucramiento como por los sentidos que le otorgan a la movilización.

En ciertos países de la región, tal sería el caso de Ecuador, es posible referir a organizaciones de mujeres que problematizan no sólo la relación naturaleza/ género, sino que inscriben cuestiones como el extractivismo en un marco más complejo, como lo es el de las relaciones patriarcales. En este sentido, podría postularse que la trayectoria de este tipo de colectivos converge con el movimiento que, aunque marginal al interior del feminismo, desde la década de los 60 del siglo pasado, y proveniente de los países centrales, enlaza preocupaciones ecológicas con las discusiones sobre el lugar destinado a las mujeres en la sociedad.

En efecto, el ecofeminismo -ya sea como movimiento social o como teoría propia de ámbitos académicos- sostiene y denuncia que existen conexiones entre la opresión que la humanidad ejerce sobre la naturaleza y la forma desigual en la que lo masculino se presenta por sobre las mujeres y lo feminizado, refiriendo así a una dominación en cadena. La influencia feminista que desde sus orígenes se había dirigido del Norte hacia el Sur, de modo análogo a lo que ocurrió con el ambientalismo, se encuentra virando en su orientación. Se asiste, entonces, a un proceso de reversión por el cual las ecofeministas del Sur realizan sustanciales aportes para interpretar y repensar los modelos de desarrollo en una nueva clave.

Es preciso señalar, sin embargo, que la identificación con las causas del movimiento feminista no es, por lo menos, un punto de partida para las mujeres que participan de las resistencias en los vastos territorios latinoamericanos. Aunque en el devenir de los conflictos se problematicen cuestiones asociadas al poder en sus diferentes manifestaciones, es la defensa de la calidad de vida y el derecho a decidir sobre el territorio lo que las conduce a ser promotoras de praxis ecofeministas. Esto no invalida que como resultante de los recorridos y aprendizajes que las mujeres realizan en los procesos de resistencia, se problematicen cuestiones que trascienden al locus original de la movilización. En otras palabras, la “productividad” de los conflictos podría contemplar transformaciones en la subjetividad, traccionar cambios en los ámbitos familiares e institucionales que conducirían a revisar, e incluso a modificar, relaciones de desigualdad entre los géneros.

Procesos y acontecimientos de los últimos tiempos invitan a pensar que, aun cuando no sea posible referir a un movimiento ecofeminista sólido y articulado a nivel regional, la integración entre feminismo y ambientalismo se encuentra transitando un nuevo camino.

Por un lado, los conflictos ambientales cada vez más recurrentes conducen a procesos de politización sobre los bienes naturales comunes, que por lo general se encuentran administrados por varones, aunque su cuidado permanezca anclado en el ámbito doméstico y, por ende, femenino. La mayor implicación de las mujeres en las cuestiones ambientales, aun cuando esté dado por una cultura del cuidado asociada históricamente a lo femenino, interpela tanto al modo de vinculación con los bienes naturales como las relaciones patriarcales. En palabras de Maristella Svampa, frente a las amenazas que supone el avance del extractivismo, se expresa un ethos procomunal potencialmente radical, que cuestiona el modelo desde el reconocimiento de la ecodependencia y la valoración del trabajo de reproducción de lo social. Este cuestionamiento del modelo androcéntrico de desarrollo, conquista y explotación destructiva nos ubica, según Alicia Puleo, frente al desafío político de integrar los valores del cuidado, jerarquizarlos y universalizarlos, incorporando tanto una mirada empática sobre la naturaleza como un análisis crítico de las relaciones de poder, en particular de las de género. Encontramos aquí un punto convergencia no sólo entre el ambientalismo y el feminismo, sino también frente a otros actores y movimientos que también están siendo interpelados por nuevas temáticas.

La marea verde en Argentina

Paralelamente, movilizaciones masivas de carácter feminista que plantean antiguas y nuevas demandas acontecen desde el 2015 en Argentina a partir de la configuración del movimiento Ni Una Menos. La amplia adhesión de mujeres organizadas y no organizadas a los paros internacionales de mujeres en 2017 y 2018, junto con las protestas espontáneas que tuvieron lugar para denunciar los femicidios hicieron converger, a su vez, un conjunto de movimientos y organizaciones que expresaron consignas precisas e interpelaron a diversos actores. Sin lugar a dudas, la marea verde que exige que el aborto sea legal, seguro y gratuito, representa un movimiento tan potente como transversal.

Muchas son las preguntas posibles de realizar a la luz de un proceso que es claramente motorizado por mujeres jóvenes en convergencia con militantes históricas. ¿Es este un proceso propio y circunscripto a los principales centros urbanos de Argentina? ¿Puede ser escalable, contar con réplicas y articulaciones a escala regional? En otro plano, ¿cuán verde puede ser la marea feminista y cuánto del feminismo asume el movimiento ambiental? Son algunos de los interrogantes que se están comenzando a responder…

Bibliografía

Esquivel, Valeria (2015) “El cuidado: de concepto analítico a agenda política”, en revista Nueva Sociedad N° 256, marzo-abril de 2015.

Puleo, Alicia (2011) Eco-feminismo para otro mundo posible. Madrid, Cátedra.

Svampa, Maristella (2015) “Feminismos desde el Sur y eco-feminismo”, en revista Nueva Sociedad, Nº 256, marzo-abril de 2015.

Por Marian Sola – Socióloga, investigadora docente del área de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estudia temas vinculados a los conflictos ambientales, de un modo especial, los asociados al desarrollo de la megaminería.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/las-mujeres-frente-al-extractivismo-patriarcal-en-america-latina/
Mexico

El asedio a las autonomías indígenas por el modelo minero extractivo en México

Resumen

Este artículo se propone presentar un panorama general sobre los impactos que tiene en las autonomías indígenas el giro extractivista minero que se ha puesto en marcha en México y que se ha traducido en la entrega de vastos territorios indígenas en forma de concesiones de exploración y explotación a favor de grandes empresas nacionales y trasnacionales.

Me interesa mostrar el papel protagónico que ha tenido el Estado mexicano en el posicionamiento del territorio nacional como un espacio atractivo para las grandes corporaciones, a pesar de los altos costos en materia de violación de derechos humanos colectivos y ambientales. Este escenario es el telón de fondo que permite entender las estrategias de lucha y resistencia que los pueblos indígenas, junto con otros actores sociales, están librando para detener o revertir el proceso de despojo de sus territorios y exigir el cumplimiento de sus derechos constitucionales.

Laura R. Valladares de la Cruz,
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Ciudad de México, México https://orcid.org/0000-0002-7577-6300
ISSN: ISSN-0185-4259; e- ISSN: 2007-9176
doi: http://dx.doi.org/10.28928/revistaiztapalapa/852018/atc5/valladaresdelacruzlr

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Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/el-asedio-a-las-autonomias-indigenas-por-el-modelo-minero-extractivo-en-mexico/

Ecuador

El proyecto Loma Larga de INV Metals en Ecuador aún se discute a pesar de las recientes proclamaciones

El 29 de noviembre de 2018, la empresa minera canadiense INV Metals (TSX: INV) publicó los resultados del Estudio de Factibilidad para su proyecto de oro, cobre y plata Loma Larga en Kimsakocha, Ecuador. El comunicado de prensa de la empresa y la presentación corporativa sobre el estudio comunican un sentido inquebrantable de apoyo local para el proyecto y un compromiso con la protección del agua y el medio ambiente.

Candace MacGibbon, CEO de la compañía y 5% accionista, declaró en el comunicado de prensa de la compañía que:

Loma Larga es uno de los cinco proyectos mineros estratégicos identificados por el Gobierno de Ecuador y será el próximo proyecto de desarrollo minero a gran escala que se financiará y se permitirá en el país … Con el sólido apoyo demostrado del gobierno ecuatoriano y las comunidades locales circundantes. En Chumblin, San Gerardo y Victoria del Portete, INV Metals planea hacer avanzar agresivamente el Proyecto con el objetivo de comenzar las obras a principios de 2020, con el objetivo de lograr la primera producción de concentrado de oro a finales de 2021.

Traducciones de ambos documentos corporativos circularon entre las comunidades alrededor de Kimsakocha y en la cercana ciudad de Cuenca. La confianza percibida de la compañía para lograr una «licencia social» para operar fue recibida con gran preocupación por las organizaciones locales y regionales.

Fausto Loja, Presidente de las Juntas de Agua del Pueblo (Centro) Cantón Girón, desacredita la campaña de la compañía refutando con vehemencia las afirmaciones de la compañía:

No es verdad que estemos de acuerdo con la mineria. Las comunidades de Girón no estamos de acuerdo en lo que está diciendo la empresa minera, porque no han existido asambleas con toda la difusión libre e informada para que el pueblo sepa la verdad de lo que va a pasar. Yo estoy caminando por las comunidades y sobre todo los mayores no quieren la minería.  Si tenemos que dar la vida porque tenemos hijos… nietos ña daremos, pero la minera no entrará en nuestras comunidades.

Las comunidades han estado involucradas en una fuerte resistencia de oposición a la mina durante casi dos décadas, y aún así, a pesar de sus mejores esfuerzos, continúan enfrentando «movimientos agresivos» por parte de la compañía para avanzar en el proyecto.

Comunidades dijeron “no” de forma repetida 

Para los residentes locales que viven alrededor de la mina propuesta, existe mucha confusión y frustración acerca de por qué el proyecto continúa avanzando a pesar de que se han movilizado persistentemente en sus comunidades y en las urnas para oponerse al proyecto.

Líderes locales como Manuel Rigoberto Sánchez Fajardo, el Presidente de la Junta de Agua de Riego Río Portete se niegan a aceptar la posición de la compañía, destacando el compromiso de su organización para crear conciencia sobre los peligros de la minería y promover una Visión de protección de la vida.

La empresa minera no puede asegurar jamás que todos estamos de acuerdo, nunca nos han consultado; desde el 2000, venimos luchando sabiendo los estragos que causa la explotación minera. Sabemos que andan diciendo que hay gente que apoya la minería y a cambio de que? No dejaremos que ellos entren, no meteremos las manos en los bolsillos,  tenemos que seguir incentivando y motivando al pueblo para conservar nuestras aguas sagradas.

En numerosas ocasiones, los residentes locales y regionales han rechazado la minería. Hace apenas diez meses, en febrero de este año, las comunidades en la región de Kimsakocha votaron abrumadoramente en oposición mayoritaria a la minería de metales en un referéndum popular. Cuando se les preguntó si estaban a favor de enmendar la Constitución ecuatoriana para prohibir, sin excepción, la minería de metales en todas sus fases en áreas protegidas, áreas «intangibles» (áreas de importancia cultural) y centros urbanos, residentes de la provincia de Azuay (la provincia donde se encuentra Loma Larga) votó a favor de prohibir la minería (72% en general, y mayor en los cantones de Girón, Cuenca y San Fernando).

Según José Virgilio Ramón Quezada, Presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, están atrapados entre una roca y un lugar difícil que intenta defender su agua:

Las comunidades de Girón no estamos de acuerdo con la minería, la prueba es que, en la consulta popular a nivel nacional en la pregunta sobre minería, el 81% del pueblo de Girón dijo “no” a la minería. Debemos decir que nadie nos ha consultado para darles la concesión, la tierra es nuestra.  Nunca nos consultan nada… por eso nosotros luchamos para que se dé la consulta y la minera se vaya. Los gobiernos esperando las supuestas regalías y para nosotros la catástrofe, lo que nos que a es el derecho a la resistencia art. 98 y lo haremos respetar.

Las preocupaciones sobre el agua son fundamentales para la defensa de la vida de las personas en oposición a la mina

El agua siempre ha sido un punto central de preocupación para la oposición local a la mina. Muchas personas dependen del agua, en las zonas rurales y en la ciudad de Cuenca, para forjar sus medios de vida como agricultores y como habitantes de la ciudad solían beber agua directamente del grifo.

El proyecto propuesto fue determinado en 2016 según el Informe Pericial hecho por el estimado ingeniero de minas James Kuipers como un gran riesgo irreparable para las regiones de cuencas hidrológicas de las tierras altas ecológicamente sensibles denominadas “páramos” debido al alto contenido de arsénico del mineral y la incapacidad de las operaciones mineras para contener el flujo del agua.

Según Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, Secretario de Los Sistemas Comunitarios de Agua Cantón Girón,

Tenemos claro que la minería causaría destrucción total en los páramos donde nacen más de 600 fuentes de agua en el cantón Cuenca provincia del Azuay, consecuente con esto somos comunidades netamente agrícolas y ganaderas; por esto venimos en resistencia más de 17 años.

Y, las comunidades temen lo peor por sus futuros. Para ellos, no vale la pena el riesgo:

La minería es algo que perjudica a las comunidades sobre todo con el agua, que se contamina con los tremendos químicos que usan en la minería y luego votan al agua. Nadie está de acuerdo con la minería… sabemos que en otros países la minería deja todo infértil, vacío, desvían el agua y le dejan sin rumbo… aquí sería una sequía total en las comunidades de Girón, tendríamos que irnos de aquí.  No a la minería si a la vida. El oro no se come. La minera no pasará. (Mery Cumandá Quintanilla Hurtado, President, Canal de Agua Celata-Santa Marianita-La Cofradía y San Juan de Pambabel)

Sin embargo, en estos resultados recién publicados (ver Presentación corporativa, 29 de noviembre de 2018), la compañía señala que la descarga de la mina se desviará de la cuenca de Cuenca para garantizar que el suministro de agua de la ciudad no se vea afectado por las actividades de la mina.

El colectivo ambientalista urbano de Cuenca, Yasunidos Guapondelig, refuta las afirmaciones de la compañía. Para los residentes de Cuenca, el problema no es simplemente un problema con el lugar donde enviarán los efluentes de la mina, sino el hecho de que habría efluentes. La organización señala que una auditoría ambiental de la compañía de agua potable de la ciudad concluyó que el proyecto Loma Larga afectará negativamente “la calidad y la cantidad de agua del río Yanuncay, de cuyo caudal se abastece la planta de agua potable de Sustag. Por eso motivo, el consejo de la ciudad declaró el territorio de Cuenca libre de minería metálica en 2017, al igual que el consejo de la provincia del Azuay en 2016.”

Yasunidos considera que los informes más recientes de la compañía son un intento explícito de «dividir a las personas en ciudadanos de primera y segunda clase dependiendo del lugar donde viven», señalando que la afirmación de la compañía «es repudiable desde todo punto de vista. Los derechos de las poblaciones del otro lado de la cordillera nos importan tanto como nuestros derechos. Estas declaraciones de INV están cargadas de engaño y discriminación.”

¿INV tiene la confianza suficiente para … intentar bloquear un proceso de consulta popular?

El 19 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador resolvió que se realizara un proceso de consulta popular en el cantón de Girón. La empresa está disputando la decisión.

El 10 de diciembre, el INV presentó una apelación al Tribunal Electoral para revocar la decisión del Consejo Electoral. Dada su insistencia en el consenso de la comunidad a favor del proyecto, es curioso que la compañía no quiera un proceso de consulta en la región donde afirman tener claramente un fuerte apoyo de la comunidad.

Para Johnny Tapia, la oposición de la empresa al proceso de consulta es clara:

Estamos planteando la consulta para que no se de la minería en el proyecto Loma Larga – Kimsakocha…ahora la minera INV quiere impedir a todo costo, para que el pueblo no se pronuncie.

Pero, a pesar de los mejores esfuerzos de la compañía, las comunidades no se rendirán

Esta lucha, que ya tiene casi dos décadas, ha cobrado un precio en los cuerpos de las personas, en sus actividades económicas y en sus relaciones sociales. Sin embargo, aún tiene que socavar el compromiso de la gente de defender su territorio y el agua de la que depende una gran parte del país. Sus declaraciones son inspiradoras y hablan por sí mismas:

Mientras la minería aceche nadie duerme tranquilo porque acecha la muerte. Nuestras comunidades están despiertas unidas y decididas a morir si es preciso. pero la minería no entrara en nuestro cerro sagrado de donde viene nuestra agüita para tomar, para nuestros huertos, nuestra comida, nuestros animales, nuestra vida. Estamos unidas todas las comunidades de Tarqui, Victoria de Portete, Girón y Cuenca. Y hasta las autoridades no quieren la minería porque es muerte. Estos mineros que vienen a destruir nuestras vidas, nunca podrán entrar en nuestras comunidades a menos que nos maten.

Diana Quesada, Presidenta, Escuela Agroecológica de Kimsakocha

Vigilamos sigilosamente que nos saquean, que no nos contaminen.  La primera cuchillada a la Pachamama despertara la furia indígena en defensa del agua y la vida. Los territorios son sagrados para los pueblos y no entraran los mercaderes de la ambició y codicia. Kimsakocha es el símbolo de la resistencia en le Ecuador.

ECUARUNARI, Confederación Kichwa del Ecuador

El brillo de oro y que salta ala vista los bolsillos de los extractivistas no pasará en Kimsakocha. Nada aniquilara las fierezas de las montañas y lagunas. La Pachamama es mas poderosa que la ambición de los Mercenarios del oro. no descansaremos en la lucha y resistencia contra lo saqueadores, La defensa del agua es la defensa de nuestras vidas.

CAOI, Coordinadora Andina de Organizaciones

Debemos también denunciar los riesgos que corren los dirigentes a nivel personal y familiar por estar al frente de la resistencia a favor de la vida, de los páramos, del agua. No estamos de acuerdo con la forma de manipulación y división que hace la empresa con nuestros pueblos, tratando de comprar conciencias a las personas vulnerables a cualquier precio. La minería jamás entrará en nuestras tierras, ya que la defenderemos derramando nuestra sangre por que es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. 

Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, Secretario Sistemas Comunitarios de Agua Cantón Girón

Fuente:https://miningwatch.ca/es/blog/2019/1/10/el-proyecto-loma-larga-de-inv-metals-en-ecuador-n-se-discute-pesar-de-las-recientes

Ecuador

La resistencia al proyecto minero de Codelco cobra fuerza en Ecuador

Este sábado y domingo pasado, 12 y 13 de enero, campesinos y campesinas de varias comunidades aledañas al proyecto minero Llurimagua en Intag finalmente se hartaron, y bloquearon el acceso funcionarios de la empresa estatal minera del Ecuador, ENAMI, y del Ministerio de Medio Ambiente, quienes son los encargados de socializar con las comunidades un estudio de impacto ambiental excepcionalmente defectuoso.
La socialización busca legitimar la expansión del proyecto minero en Junín a otras 701 hectáreas, en su mayoría en bosques primarios y secundarios, donde la subsidiaria ecuatoriana de Codelco ha explorado desde 2015 y provocado importantes impactos sociales. y ambientales.
Aparte de la presencia de unos cuatro policías, la pacífica medida fue evidenciada por la Defensora del Pueblo de Imbabura, Katherine Andrade.
Como se puede ver en su declaración a continuación, las comunidades denuncian la farsante socialización del Estudio de Impacto Ambiental y están más unidos que nunca en no permitir que la empresa ni el gobierno ingresen a sus territorios para socializar dicho estudio.
Es notable resaltar el apoyo solidario recibido a los compañeros en resistencia de parte de una nutrida delegación de la Parroquia de Cuellaje, liderado por su presidente, José Garzón quienes alegraron la resistencia con su presencia..
SECTOR DE CERRRO PELADO-BARCELONA, ZONA DE INTAG  12 DE ENERO 2019
A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE EJECUTAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO LLURIMAGUA, EN LA ZONA DE INTAG, CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, Y AL PÚBLICO EN GENERAL:
Las campesinas y campesinos de este sector productivo y hermoso del Ecuador, ejerciendo nuestro derechos Constitucional a la Resistencia, queremos expresar lo siguiente:
Que nunca hemos sido consultado sobre si deseamos o no la minería en nuestros territorios según la Constitución y Tratados Internacionales, incluyendo la Declaración de Escazú; y por tanto consideramos el proyecto Llurimagua ilegítimo e ilegal.
Estamos unidos más que nunca en nuestro rechazo al proyecto minero Llurimagua impuesto violentamente en contra de nuestras voluntades, y que,  desde 1995 hemos venido rechazando en todo tipo de reuniones, foros, asambleas cantonales y comunitarias, y medidas de hecho como la de hoy día.
Escuchen bien: YA BASTA!
Estamos hartos de la prepotencia de las empresas y los gobiernos de turno y fuerza pública  que en vez de defender al pueblo, en vez de defender la soberanía alimentaria, el agua y las tierras fértiles, y nuestros bosques y ríos; en fin en vez de defender la VIDA, defienden a los intereses transnacionales, atropellando derechos humanos y de la Pachamama.
Consideramos una farsa total la socialización de un documento de más de 1.500 páginas con información dado el corto plazo que les dan a las comunidades para estudiarlo y poder comentar, y por el hecho que no nos dan copias impresas para llevarlas a nuestros hogares.
A las autoridades de SENAGUA y Ministerio del Ambiente:  exigimos que antes de que consideren permitir a las empresas dañar otros bosques y fuentes de agua puras, que primero se nos consulte de buena fe, y que se investigue y se sancione las claras violaciones a las leyes y regulaciones ambientales del país, de responsabilidad de la subsidiaria de la transnacional CODELCO
FUENTE:http://www.decoin.org/
Costa Rica

Paola Vega: “La solución para Crucitas no es la minería metálica a cielo abierto”

Tras las denuncias planteadas por la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) por el estado actual que atraviesa Crucitas, en Cutris de San Carlos, han surgido una serie de rumores que sugieren que hay sectores interesados en revivir la minería a cielo abierto como una solución.

Voces como las del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, y de la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) han indicado en el Congreso que se oponen rotundamente que se considere esta opción para recuperar Crucitas.

Durante la comparecencia del ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, dicho jerarca y la legisladora  oficialista coincidieron en condenar cualquier esfuerzo por revivir explotaciones mineras de gran impacto ambiental.

“Hay una preocupación nacional sobre lo que sucede en Crucitas, pero no podemos perder la calma ante un problema que merece un enorme esfuerzo de diálogo y consenso. Validar la idea de que la minería a cielo abierto es factible, se trata de un error social, ambiental e histórico”, afirmó Vega.

La diputada indicó que las condiciones físicas, geológicas y climáticas de Costa Rica no son apropiadas para la minería a cielo abierto, por lo que buscar soluciones con premura para Crucitas podría conllevar consecuencias peores.

“Costa Rica tomó una decisión histórica hace 10 años cuando prohibió la minería a cielo abierto. Ese objetivo se alcanzó gracias al apoyo ciudadano y al compromiso de todos los partidos políticos”, agregó la legisladora del PAC.

Sin embargo, desde el PLN han indicado que no se ha considerado esta opción para resolver el tema de Crucitas, como lo manifestó el diputado Roberto Thompson a este medio en una entrevista en el Congreso.

“Nosotros no  lo hemos planteado en ningún momento, eso es parte de la tergiversación que han hecho el ministro y algunos  otros ambientalistas, como el exdiputado Edgardo Araya, han hablado que nosotros estamos planteando volver a la minería a cielo abierto… Nos parece que eso son cortinas de humo para el desastre que está ocurriendo”, aseguró Thompson.

Fuente:https://elperiodicocr.com/paola-vega-la-solucion-para-crucitas-no-es-la-mineria-metalica-a-cielo-abierto/

Chile

Minera canadiense demanda a comunidad indígena de Atacama y exige millonaria devolución

Canadiense asegura que comunidad colla de Atacama ha actuado bajo “mala fe” y acudió a tribunales para exigir la restitución de $285 millones. Mientras que la agrupación se defiende y acusa usurpación de aguas.

Son vecinos, pero hoy prácticamente no se pueden ver. Por estos días las comunicaciones entre la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes, y la Compañía Minera Maricunga, filial de la minera canadiense Kinross Gold Corporation, están totalmente cortadas en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Al conflicto por el derrame de petróleo en el sector de Quebrada del Carrizo en el Campamento del Rancho del Gallo, de propiedad de Maricunga, ocurrido el 20 de mayo de 2017, se suma ahora un nuevo foco de divergencia entre la minera y la agrupación indígena.

El pasado 13 de diciembre, la minera presentó en el 3º Juzgado de Letras de Copiapó una demanda de restitución de dineros pagados en el marco de un proceso de servidumbre minera que se encontraba sujeto al visto bueno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). La minera asegura que comunidad colla -integrada por poco más de 100 personas- le adeuda la suma de $285.000.000.

Pero el conflicto tiene su origen mucho antes. A mediados del año 2011 entre la comunidad colla y compañía minera surgieron una serie de controversias respecto a la titularidad de Maricunga para acceder, ocupar y transitar, por parte de los predios de la comunidad. A ello se suma la construcción por parte de la minera de un by-pass en el camino público de acceso al campamento de su propiedad, denominado Rancho del Gallo; y una serie de denuncias de la agrupación indígena sobre una supuesta usurpación de agua por parte de la minera.

Con el objetivo de poner fin a las disputas, el 30 de diciembre de 2013 las partes acordaron una millonaria transacción por medio de un contrato. En el documento las partes convinieron la constitución de servidumbres de ocupación y tránsito sobre el ancho de la ruta C-611. Además del avenimiento respecto de la denuncia efectuada por la comunidad en el año 2011 en la Fiscalía Regional de Copiapó, por la imputación del delito de usurpación de aguas.

Pero pese a las gestiones realizadas ante la Conadi, llegado el día 26 de julio de 2016, las condiciones no se cumplieron, ya que nunca logró obtenerse las autorizaciones correspondientes; y las partes tampoco acordaron una nueva prórroga.

Para Maricunga, -representada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés-, los dineros deben ser restituidos “íntegramente, reajustados y con intereses”. Más aún, la minera acusó “mala fe” de parte de la comunidad colla al retener los fondos percibidos e insistió en que el tribunal debe aplicar los intereses corrientes a la deuda desde el momento en que venció la condición suspensiva.

Según el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial (Sigpa) “los kolla son un pueblo andino prehispánico que ha habitado históricamente un gran zona del terreno andino, ocupado hoy por Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Es un pueblo de pastores trashumantes que recorren los territorios cordillerano en busca de alimento y agua para sus animales”.

Kinross es una compañía minera aurífera internacional con base en Canadá y operaciones mineras en Brasil, Chile, Ghana, Mauritania, Rusia y los Estados Unidos.

“Ellos usaron clandestinamente una propiedad”

Roberto Carlos Salinas, presidente de la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes confirmó la recepción de los dineros, que se llevó a cabo en “bienes inmuebles” por medio de una transacción.

Para el dirigente, la compañía omitió revelar en su demanda la garantía que estableció la Conadi que exigió $500.000.000 a favor de la propia comunidad demandada y que, a ojos suyos, la minera no estuvo dispuesta a entregar. Esto último es refrendado por medio de un oficio enviado por Claudio Araya, encargado de la Oficina Regional de Conadi de Atacama al Director Nacional (s), Rodrigo Bustos, que data del 21 de noviembre de 2014.

“Ellos usaron clandestinamente una propiedad que no era de ellos. Se lucraron de tierra indígena. Ellos usurpan y contaminan tierras indígenas. Son meros arrendatarios y más encima vienen ahora a demandar”, sostuvo Salinas.

Mientras que la minera respondió que “entregó los fondos a la comunidad de buena fe y de acuerdo a nuestro compromiso de construir buenas relaciones con las comunidades”.

“Nuestra convicción como compañía es que nuestra prioridad es y será siempre establecer estrechos lazos con las comunidades, para que en conjunto, trabajemos mirando hacia el futuro y logremos acuerdos y relaciones fructíferas. De la misma manera, como ha sido nuestra tradición, nuestras puertas siempre estarán abiertas para que, sobre la base a la transparencia y claridad en las relaciones, se puedan encontrar las mejores soluciones conjuntas”, remató la minera.

 

Fuente:https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/minera-canadiense-demanda-a-comunidad-indigena-de-atacama-y-exige-millonaria-devolucion/475613/?fbclid=IwAR1whw4NODe0VXDEBq_54tyfJ54EdT992nZlLfA7ALQkVFKyC2yrd1FPlPU

Perú

Se reimpulsa el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú para promover el agro frente al avance del proyecto minero Río Blanco

Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.

DESARROLLO DEL AGRO

En la reunión se acordó reimpulsar el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú y promover las actividades agropecuarias y agrícolas como alternativas económicas a la minería. El alcalde del distrito de Pacaipampa hizo alusión al ejemplo de los pobladores de Tambogrande que no dejaron que se desarrolle la explotación minera en sus tierras y hoy en día el desarrollo del mango y otros productos es una realidad con una fuerte cadena productiva. “Mi política de gobierno es fomentar que las organizaciones tengan ingreso por las actividades que hacen, tal como el café y la panela que podemos ver en varias zonas de la provincia. Tenemos que fomentar este tipo de agricultura, de desarrollo productivo, para decir al Estado que no puede haber explotación minera aquí porque nuestra gente se dedica al sector agropecuario, agrario”. Remarcó que impulsarán el mercado de campesinos y desarrollarán valor agregado a los productos derivados de la ganadería y agricultura.

También estuvo presente el biólogo y presidente de la Plataforma Inundación Nunca Más de Piura, miembro de la Red Regional de Agua, Desarrollo y Democracia – parte también de Red Muqui-, Fidel Torres, quien señaló que la ciencia se ha valido del conocimiento de las comunidades. A nivel internacional, el yacón, la maca, la quinua y otros productos que se propagandizan como grandes alimentos, han surgido de las comunidades, remarcó. Añadió que “las rondas campesinas serán reconocidas políticamente por la defensa del ambiente, la salud pública y el desarrollo de la biodiversidad”. Por ello se hizo la pregunta: “¿Cómo es posible que intenten atentar con la destrucción de la biodiversidad para extraer minerales?”.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que en el marco del APEC que se desarrolló en nuestro país en diciembre del 2016, el ahora presidente Vizcarra, en ese entonces vicepresidente de PPK, se reunió con representantes del gobierno chino y firmó un convenio de promoción con el consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation para el desarrollo del proyecto minero Río Blanco.

 

 

Es importante resaltar que en septiembre del 2007 se desarrolló la consulta vecinal en las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), en la que el 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas. El 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y es necesario que todos los páramos sean declarados áreas de conservación para así proteger las fuentes de agua que representan estos ecosistemas.

OJO

Finalmente, frente a la nueva imagen que quiere vender la empresa minera china, hacemos recordar que a causa de la imposición del proyecto minero Río Blanco se produjeron 10 muertos entre el 2004 y 2009. Rememorando que la anterior empresa inglesa, Majaz, torturó en el campamento minero a 28 campesinos en el año 2005.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/827-se-reimpulsa-el-frente-por-el-desarrollo-sostenible-de-la-frontera-norte-del-peru-para-promover-el-agro-frente-al-avance-del-proyecto-minero-rio-blanco

Brasil

Bolsonaro firma decreto que abre las tierras indígenas de Brasil y la Amazonia a actividades comerciales de agricultura y minería

El mandatario además anunció el traslado de la Fundación Nacional de Indigenas (Funai) al Ministerio de Familia, Mujeres y Derechos Humanos, liderado por la polémica pastora evangélica Damares Alves.

El recientemente electo presidente de Brasil Jair Bolsonaro firmó un decreto que entrega responsabilidades al Ministerio de Agricultura sobre las decisiones vinculadas a tierras reclamadas por pueblos indígenas, significando esto mayores ventajas para la industria de la agricultura y la minería.

Desde ahora “identificar, delimitar, demarcar y registrar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas” pasa a manos de la ministra Tereza Cristina Dias, quien era la diputada que lidera a la bancada que representa los intereses de la agroindustria. 

Durante la campaña presidencial que lo llevó al triunfo, Bolsonaro comunicó que evaluaría la posibilidad de referir los asuntos de territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, puesto que las tierras deberían ser abiertas a actividades comerciales. En la actualidad este uso está prohibido.

Desde la oposición han reclamado que esta medida de abrir las tierras indígenas a la explotación comercial provocará la destrucción de culturas e idiomas nativos. Algunos activistas ambientalistas han indicado que los pueblos nativos son los últimos “guardianes” de la gigantesca selva de Amazonia y han calificado de preocupantes estos anuncios.

Al respecto, el mandatario propuso otras modificaciones como trasladar la Fundación Nacional de Indigenas (Funai) al Ministerio de Familia, Mujeres y Derechos Humanos. Cabe recordar que esta cartera está comandada por la pastora evangélica Damares Alves conocida por declarar que los niños debían vestir de azul y las niñas de rosa, e indicar que la homosexualidad es una aberración.

 

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2019/01/11/bolsonaro-firma-decreto-que-abre-las-tierras-indigenas-de-brasil-y-la-amazonia-a-actividades-comerciales-de-agricultura-y-mineria/

Perú

De expectativas y milagros en Apurímac

En anteriores columnas llamé la atención sobre el tema de la representación ciudadana en los procesos de desarrollo. Señalé que, en las regiones y sus contextos locales, donde todos tienen la expectativa que la minería resuelva diversos problemas, era una tarea pendiente lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda y el soborno; y que los actores reflejen sus propias demandas, experiencias y saberes. También plantee que era necesario medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios para restablecer las capacidades políticas, teniendo como norte la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible.

En medio del terremoto de noticias del caso Odebrecht y la movilización de la población contra la corrupción y la permanencia del juez Chávarry en el Ministerio Público, no vemos con detenimiento lo que sucede con las políticas de desarrollo. Es importante recordar que desde el gobierno de Ollanta Humala y el de Kuczysnski con sus paquetazos de decretos y la denominada “captura del Estado[1] a través de las puertas giratorias del sector empresarial, el principal eje de desarrollo es la promoción de las inversiones. En esto hay una continuidad en la política económica del gobierno de Vizcarra. El informe de descentralización de la PCM 2018, plantea que el desarrollo económico regional debe partir de las prioridades de inversión y que se deben planificar las inversiones en el plan de desarrollo concertado regional. Sin embargo, la concertación perdió sentido, porque son casi inexistentes los espacios de diálogo en el nuevo sistema de planificación del desarrollo económico o territorial.

La semana pasada llamó la atención la difusión -a manera de campaña pública- de las conclusiones de un estudio sobre Apurímac hecho por el Centro de la Competitividad y el Desarrollo CCD. Afirmó que “El proyecto Las Bambas permitiría que la región apunte a ser un motor para la economía nacional”. El CCD señaló que existen más de 1,000 proyectos priorizados en salud e infraestructura. La argumentación sobre la mejora de varios indicadores como reducción de la pobreza, desnutrición, incremento de la comprensión lectora y el razonamiento matemático, busca demostrar la caída de la pobreza hasta en 38% en la región, el aumento de 9% de las exportaciones, y 7% del empleo total en el sector minero entre los años 2014 y 2017. Pero estas milagrosas cifras contrastan con la realidad al constatar que la minería sólo incorpora hasta el 2% de la mano de obra local (en la etapa de construcción), que el sector minero ha decrecido -8.1% en el último año y el sector agropecuario, en un -9.5%, especialmente en el subsector agrícola, por la caída de la producción de maíz y de papa por menores áreas sembradas y la disminución de fuentes de agua[2], entre otros.

El Plan de Competitividad 2017-2040 realizado por el CCD por encargo del gobierno regional de Apurímac muestra alrededor de mil proyectos para la región en temas como salud e infraestructura y presenta a la minería como el motor de desarrollo. En este momento los ingresos de la renta y regalía minera no llegan directamente a las poblaciones, aunque se cuente con proyectos financiados en el SNIP, surge la pregunta de si ahora lo asumirá el gobierno regional como parte del 97% de la asignación por renta o regalías, que como se afirma, se invierte en las provincias. Ello para entender si es que la minería es el motor del desarrollo o ha operado como una actividad productiva con fuerte presencia en la región, pero separada de las expectativas de desarrollo de la población.

En el 2015 luego del conflicto en Las Bambas el entonces vicepresidente Martin Vizcarra elaboró y presentó un Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas. Ante el énfasis puesto en las infraestructuras, educación y salud, las organizaciones locales que no fueron consultadas declararon que un plan de desarrollo no podía ser un listado de obras y que debía tener ejes como derechos humanos, medioambiente, responsabilidad social, y no sólo un único eje como el desarrollo sostenible.

En el Plan de Competitividad de Apurímac 2017-2040[3] entre los 1,000 proyectos financiados para la región, en Cotabambas se incluyen sistemas de riego, represamiento, infraestructura vial y sistema de saneamiento de agua potable, instalación de oficinas de gestión y sistemas de comunicaciones, todos ellos presupuestados en el SNIP para fomentar las inversiones. Se señala que la mayoría de estos proyectos fueron solicitados en el proceso de las desaparecidas Mesas de Diálogo. En el tema de productividad sólo se ha identificado una cadena productiva que es la de la papa nativa o amarga, la piscicultura de trucha y algunos emprendimientos. La pregunta es si en estas mesas de trabajo para la definición de ejes[4] se convocaron a las organizaciones y las comunidades o únicamente a los alcaldes.

El ex gobernador regional Wilber Venegas afirmó que: “Apurímac, no tiene un discurso antiminero; nosotros creemos que el agua y el cobre son compatibles, y todas las empresas mineras pueden venir a invertir siempre y cuando lo hagan con mucha responsabilidad”. La pregunta es cómo asegurar la responsabilidad si aún no se evalúa con la ciudadanía los errores y aciertos que han generado la desconfianza de la población así como los impactos por resolver de las inversiones mineras en el territorio. La recuperación de la confianza y de los espacios de diálogo o concertación son claves para poder afirmar la minería como principal motor del desarrollo en la región.

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[1]                    Durand, Francisco Cuando el poder extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en el Perú. Lima: OXFAM. Junio de 2016.

[2]                    Fuente: www.ipe.org.pe Crecimiento económico en Apurímac 4 de Octubre de 2018. Chaski/ Apurímac.

[3]                    Plan Estratégico de Competitividad Apurímac 2017-2040. Gobierno Regional de Apurímac; Centro de la Competitividad y el Desarrollo.

[4]                    Estas fueron: Competitividad económica e infraestructura; Ambiente para facilitar la creación de negocios; Desarrollo de cadenas productivas con mayor potencial y clústers; Desarrollo social sostenible (educación y salud); Estructura organizaciones para la sostenibilidad del Plan de Competitividad, respectivamente.

Fuente:http://noticiasser.pe/opinion/de-expectativas-y-milagros-en-apurimac?fbclid=IwAR1gNCm-djb_vgCiznwiJhNxsYIunWkuMZ11_RQGGxBoo4iI4RJmtXJwYwQ