El plomo, arsénico, cadmio y otras sustancias químicas ponen en riesgo la vida de más de 5 mil pobladores que viven en zonas mineras, petroleras e industriales en el Perú. Pero no solo son las micropartículas contaminantes que afectan los destinos de niños, mujeres, hombres y ancianos, existen millones de soles que en los últimos ocho años se han distribuido y ejecutado de manera ineficaz en hospitales y centros de salud que debieron atender oportunamente a estas personas. Como parte la serie investigativa, ‘Expediente Tóxico, Convoca.pe construyó bases de datos, revisó informes médicos, análisis de laboratorio y entrevistó a toxicólogos para echar luces en un grave problema de salud pública postergado por años.
I. EL PRESUPUESTO DE LA INDIFERENCIA
—Mi hijo Deyvit tiene once metales—dice Yeni Huamán, de 35 años, cansada de enumerar la cantidad de micropartículas tóxicas que han invadido el pequeño cuerpo de su hijo de apenas siete años de edad: 0,33 miligramos de cadmio por kilogramo de cabello, 65 por ciento más del límite; 280 por ciento por encima del parámetro del letal arsénico, 43 mil 900 por ciento más del estándar tolerable en plomo y decenas de veces más del límite permitido en otros metales, según el laboratorio alemán MicroTrace Mineral. Yeni, una mujer de metro y medio de estatura, ojos achinados y rostro salpicado de pecas negras, nació y dio a luz a Deyvit en la gélida ciudad Cerro de Pasco, a 4 mil 300 metros sobre el nivel del mar, en la sierra sur del Perú. Ahí, donde un tajo minero con una profundidad de 190 pisos de un edificio, ha convertido a este lugar en islas salpicadas de polvo tóxico invisible pero silenciosamente contaminante, debido a las operaciones del proyecto minero Paragsha de la empresa Volcan, de la que 20.24 % de acciones pertenece a la familia Letts y parientes, y un poco más del 55% de sus acciones a la multinacional suiza, Glencore.
Si nuestro cuerpo fuera una casa, entonces las micropartículas de plomo y arsénico ingresarían por las ventanas, nuestros pulmones, o por la puerta principal cuando ingerimos comida cubierta con este polvo invisible. Luego, estos metales pesados circularán con el aire interior, la sangre, y por su naturaleza de átomo, lograrán corroer las paredes de nuestros órganos hasta cambiar su consistencia. El plomo oxidará las células, bloqueará los procesos del organismo, dañará el ADN por su potencial de generar mutación y enfermedades.
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su nombre en inglés), de Estados Unidos, advierte que el cadmio puede producir cáncer y en niños como Deyvit “daños en el riñón, pulmón y los huesos”. El arsénico irrita el estómago, los intestinos, afecta los vasos sanguíneos, produce alteraciones a la piel y los nervios. El plomo causa anemia, afecta al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso de los niños, alerta la Organización Mundial de la Salud.
El registro de casos de exposición a metales pesados ha aumentado en 283% en Perú, entre 2012 y 2018: de mil 809 personas a 5 mil 135, de acuerdo con una base de datos entregada a Convoca.pe por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades mediante un pedido de información vía la Ley de Transparencia. De este universo, más del 80% de afectados son niños de hasta 11 años de edad.
Casos de afectados por exposición a metales pesados aumentaron en 283% en los últimos 7 años
Del 2012 al 2018 los casos de afectados por metales tóxicos aumentaron de forma alarmante. El plomo, cadmio y arsénico son los metales que se encuentran en el organismo con más frecuencia entre los más de 5 mil peruanos afectados.
En 2018, la región Pasco donde nacieron Yeni y su hijo Deyvit, concentró la mayor cantidad de casos registrados con 2 mil afectados por metales pesados: el 99% por plomo. Sin embargo, Yeni asegura que cuando van al centro de salud de Yanacancha, en Cerro de Pasco, la derivan de un lugar a otro como en el juego de la “gallinita ciega”.
—En la posta [en Pasco], nos dicen que no hay dinero, y cuando vamos al Ministerio de Salud [en Lima], nos dicen que han mandado dinero allá —relata Yeni con un gesto de indignación y hartazgo. Está cansada de que le hagan esperar en todos lados: en los hospitales, en los ministerios, en los pasillos, en mesa de partes, en la fachada de las entidades públicas.
Ante las quejas reiteradas por falta de atención médica de los pobladores que viven en zonas mineras, petroleras e industriales y el registro alarmante de personas afectadas, Convoca.pe construyó una base de datos, como parte de la serie investigativa ‘Expediente tóxico’, con información del presupuesto destinado al programa de detección y tratamiento de metales pesados entre 2012 y agosto de 2019, que aparece en el portal de Transparencia Económica.
En forma simultánea, en los últimos cuatro meses realizamos reiterados pedidos de información al Estado para conocer la dimensión de este problema de salud pública. De doce solicitudes, solo una fue respondida: el número de casos de pobladores afectados por regiones, tipo de metal y edad, lo que nos permitió cruzar información para determinar cuánto presupuesto destina el Estado a los departamentos con poblaciones más afectadas y cómo gastaron el dinero público las direcciones regionales de salud, los hospitales y centros médicos adonde deben acudir estas personas que viven usualmente alejadas de las capitales de su región, sobre todo en la Amazonía y los Andes.
Lo que encontramos revela una atención estatal ineficaz y tardía con un alto costo social, humano. El presupuesto de 2019 destinado para atenciones a personas expuestas a metales sólo representó el 0.06% del total de recursos para el sector Salud con 12 millones 258 mil 88 soles.
Pero no solo se trata de pocos recursos, existe una mala distribución del presupuesto. Las regiones que registraron más personas expuestas a metales hasta diciembre de 2018 fueron Pasco, Callao, Junín, todas con más de mil afectados en cada departamento. Sin embargo, al año siguiente, en 2019, el presupuesto de esta región para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados se redujo en más del 75%.
Pasco y Callao aparecen este año por debajo de las 10 regiones con más recursos para atender a pobladores expuestos a metales tan nocivos como el plomo, el cadmio y el arsénico. Si se revisa las cifras en los últimos siete años, la historia se repite. Entre 2012 y 2018, Pasco recibió para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados, 5 millones 180 mil 762 soles (1 millón 702 mil 597 dólares), menos de la mitad de lo que obtuvo el Callao en solo un año, el 2013, con 10 millones 903 mil 849 soles (3 millones 583 mil 423 dólares).
Pero incluso en las regiones donde se destina más presupuesto como Cusco, la atención oportuna a los pobladores sigue siendo postergada. Carmen Chambi, una mujer de tez trigueña oscura y mirada seria, vive en la comunidad Alto Huancané, en la provincia cusqueña de Espinar, a unos 500 metros de la mina Antapaccay, operada por Xstrata Tintaya, que en mayo del 2013 se fusionó con Glencore, la multinacional suiza que controla el 50% del mercado mundial de cobre.
El hijo de Carmen, Yedamel, tiene 17 metales en su organismo. Por eso Carmen exige que el Estado determine si las operaciones mineras son el origen de la contaminación.
—Pido pronta atención, saber si tenemos alguna esperanza. ¿Habrá tratamiento?, ¿habrá medicinas? —pregunta Carmen mientras frunce el ceño. No siente que los recursos destinados a su región atiendan su necesidad cotidiana.
Los departamentos amazónicos Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas que enfrentan reiterados derrames de petróleo o a la explotación de la minera informal, figuran al final del ranking del presupuesto asignado en 2019 para atención a pobladores expuestos a metales. La selva sigue siendo la última en la lista.
Fuente:http://convoca.pe/agenda-propia/la-distribucion-ineficaz-de-fondos-publicos-para-atender-pobladores-expuestos-metales?fbclid=IwAR0A2s6UFFgeFSjVM0c78Y_GZMpnpNq04JR_09IQ_uHlYMn3lrCaK1wXWYg
Las cifras consolidadas hasta agosto de 2019 muestran que la inversión en minería presenta un incremento acumulado de 26.3%, en comparación con el mismo período del año pasado. En lo que va del año se han invertido US$ 3,556 millones, principalmente en proyectos como la ampliación de la planta de beneficio de Toromocho, que pasará de un procesamiento de 117,000 toneladas a 170 mil al día. Además es importante mencionar las inversiones en los proyectos Quellaveco (Moquegua) y Mina Justa (Ica) que se encuentran en pleno desarrollo. Por otro lado, Southern Copper Corporation ya ha finalizado su proyecto de ampliación de Toquepala.
120 mil miillones de dólares ha regalado el Estado entre 2005 y 2014 a las 10 empresas mineras más grandes, según un estudio elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile que se dio a conocer en 2017. Sus autores señalan que con ese monto se podrían haber financiado la gratuidad en educación y mejorar el sistema de salud y de pensiones.
Puede no ser tan relevante si la «motivación» es una gran suma de dinero en efectivo, si es un cheque a una cuenta en las Islas Caimán, una propiedad en algún lugar lejano, o incluso si se trata de un cargo en el gobierno nacional, una embajada o alguna conducción partidaria.
La Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM) –de la cual Chile es parte desde 1997 y a la que contribuye económicamente cada año– promueve la entrada en marcha de la explotación de minerales en aguas internacionales para un puñado de países, principalmente desarrollados, que cuentan con la tecnología adecuada para explotar a profundidades y de los cuales nuestro país no es parte. Estos minerales, el cobre entre ellos, tienen mejor ley que cualquier depósito en tierra, lo que significa una oportunidad para controlar el mercado mundial, son patrimonio común de la humanidad –pertenecen a todos y a nadie a la vez– y su extracción generará gran impacto ambiental, extracciones-destrucciones de la biodiversidad que abarcarán un área 120 a 1.200 veces el tamaño de Chuquicamata por contrato minero, dependiendo del mineral.
Las autoridades de Potosí informaron que esa decisión fue tomada el sábado por el gabinete de ministros del presidente Evo Morales.
La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) sigue investigando si mineras son responsables de incendios forestales en Veracruz, tal y como lo dejó entrever el gobernador, Cuitláhuac García, el pasado mes de abril.Así lo informó el subprocurador de Medio Ambiente en el estado, Ernesto Cuevas Hernández, en entrevista.
Autoridades, dirigentes y pobladores del 
“En la posta (en 
Esta mañana, desde las 10 horas se desarrolló una reunión con autoridades locales, dirigentes y pobladores en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Cocachacra. La reunión estuvo a cargo del prefecto regional, Carlos Mantegazza, quien llegó al