Latinoamerica, Publicaciones OCMAL

Informe N°2 ¿ Agua y Minería ? «Resistencias Comunitarias en América Látina»

Los pueblos y naciones indígenas en Latinoamérica y el Caribe representan una población de al menos 50 millones de personas, 10% de la población actual de la región. Desde la colonización de sus territorios ancestrales, que pasaron a ser propiedad de Estados y privados, han utilizado distintos mecanismos de despojo y exterminio en su contra.
Grandes extensiones de territorios indígenas en el continente, cuentan con enormes riquezas y recursos naturales, que los han transformado en el blanco de las actividades extractivistas que parecen no tener freno.

El Observatorio de Conflictos Mineros ofrece su 2do informe ¿ Agua o Minería? Resistencias Comunitarias en América Látina», en este número, el análisis desde la mirada de los Comunidades Indígenas de Colombia , Ecuador y Venezuela en la defensa del Agua contra la minería.

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Internacional

Minería submarina aceleraría los efectos del cambio climático

Informe «In deep water» (‘En Aguas Profundas’) advierte que la minería submarina causaría «daños irreparables» y aceleraría los efectos del cambio climático al interrumpir las reservas de «carbono azul» en los sedimentos del fondo marino.

«Los océanos de todo el mundo mundo se pueden enfrentar a daños severos e irreversibles a menos que se establezcan salvaguardas ambientales más estrictas para protegerlos de los riesgos de la minería en aguas profundas», advierte el informe elaborado por un equipo de científicos de Greenpeace.

«En Aguas Profundas» aborda las consecuencias de la minería de fondos marinos, una industria emergente queinevitablemente dañará los ecosistemas vulnerables de las profundidades marinas en caso de avanzar con las perforaciones en los océanos.

«La minería submarina constituye una de las nuevas y más extensas amenazas para los ecosistemas marinos del planeta»

Los estudios y exploraciones que se han realizado a lo largo de nuestra historia nos han permitido conocer menos de 1% del fondo del mar a nivel mundial. A pesar de ello, en lo poco que se conoce, ya se sabe que hay grandes riquezas.

Por este motivo, la industria minera elabora planes para bajar y explotar comercialmente las profundidades marinas.

De acuerdo al informe presentado por la oenegé ambiental, actualmente existen 29 licencias que han sido concedidas. Con ellas se está autorizando la exploración minera en enormes franjas del fondo marino, muchas de las cuales son zonas con un alto índice de biodiversidad.

En este sentido, Greenpeace propone una moratoria provisional sobre la minería de los fondos marinos para garantizar que las opciones se mantengan abiertas mientras se construye una red de santuarios marinos a partir de un Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas.

¿Conservación por encima de la explotación?

Los permisos repartidos para realizar esta actividad corresponden, en su mayoría, a China, Corea, Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia, países que reclaman vastas áreas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

El tamaño del área de explotación mundial abarca alrededor de 1 millón de km2, casi el tamaño de la superficie de Bolivia.

El estudio también revela que la industria minera de aguas profundas es consciente de que sus actividades podrían provocar la extinción de especies únicas y pide a los gobiernos que acuerden un sólido Tratado Mundial de los Océanos en Naciones Unidas que ponga la conservación —y no la explotación— en el centro de la gobernanza de los océanos.

«Los océanos podrían enfrentar daños severos. La minería en aguas profundas es una amenaza emergente y su actividad podría resultar en la extinción de especies únicas. Además esta práctica industrial aceleraría los efectos del cambio climático», señaló Estefanía Gonzalez, coordinadora del programa de océanos de Greenpeace Andino.

«Las regulaciones ambientales deben ser más estrictas si se pretende salvaguardar la vida de los océanos»

Según el informe, las regulaciones ambientales deben ser más estrictas si se pretende salvaguardar la vida de los océanos.

Por su parte, Louisa Casson, de la campaña de Protección de los Océanos de Greenpeace, mencionó que nuestra supervivencia depende de la salud de los océanos y que la industria codiciosa de minería submarina podría destruir maravillas que ni siquiera conocemos.

«La salud de nuestros océanos está estrechamente vinculada a nuestra propia supervivencia. A menos que actuemos para protegerlos, la minería de aguas profundas podría tener consecuencias devastadoras para la vida marina y la humanidad».

«Las profundidades marinas son el ecosistema más grande del planeta y el hogar de criaturas únicas que apenas comprendemos. Esta industria codiciosa podría destruir las maravillas de las profundidades del océano incluso antes de que tengamos la oportunidad de estudiarlas», declaró.

Así, la organización ambientalista hace un llamado a los gobiernos del mundo para que acuerden en las Naciones Unidas un tratado Global Oceánico que ponga la conservación de las aguas por encima de su explotación.

Intereses corporativos

«La ISA no es apta para el propósito de proteger nuestros océanos. Está más preocupada por promover los intereses de la industria minera de aguas profundas y hacer lobby para no lograr un firme Tratado Global de los Océanos» 

Por último, el informe destaca la debilidad de la actual fragmentación en la gobernanza de los océanos, con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), el organismo de la ONU responsable de regular la industria minera de aguas profundas, priorizando los intereses corporativos por encima de una protección marina firme.

«La ISA no es apta para el propósito de proteger nuestros océanos. Está más preocupada por promover los intereses de la industria minera de aguas profundas y hacer lobby para no lograr un firme Tratado Global de los Océanos», señaló Casson.

“Es fundamental que los gobiernos acuerden un Tratado en la ONU lo suficientemente sólido como para allanar el camino para la creación de una red de santuarios marinos que dejen fuera del alcance todas las formas de explotación industrial, incluida la minería en aguas profundas. También necesita hacer cumplir los más altos estándares ambientales para impedir actividades de este tipo en los santuarios”, concluyó.

Cabe destacar que el informe de Greenpeace cita a científicos, gobiernos, ecologistas y representantes de la industria pesquera, que alertan de las amenazas inevitables a la vida marina en amplias áreas de los océanos de todo el mundo debido a la maquinaria minera y a la contaminación tóxica asociada si los gobiernos permiten que comience la minería en aguas profundas.

La publicación de este informe (junio 2019) coincidió con la partida hacia la mitad del Atlántico del barco ‘Esperanza’ de Greenpeace, donde realizará una nueva investigación en la Ciudad Perdida, una formación espectacular de chimeneas hidrotermales activas que se elevan sobre el fondo marino y pueden contener pistas sobre el origen y evolución de la vida. A pesar de que esta zona ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la Ciudad Perdida se encuentra bajo amenaza después de haber sido incluida en un área de la Cordillera del Atlántico Medio por un contrato de exploración minera en alta mar otorgado por la ISA al Gobierno polaco en febrero de 2018.

Datos:
  • Hasta la fecha, la comunidad científica sólo ha explorado o muestreado alrededor del 0,0001% del lecho marino profundo.
  • La minería de aguas profundas podría empeorar la crisis climática al interrumpir las reservas de “carbono azul” en los sedimentos del fondo marino.
  • La gigante empresa estadounidense de armas Lockheed Martin posee dos licencias de exploración patrocinadas por el Reino Unido.

Fuente:http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Mineria-submarina-aceleraria-los-efectos-del-cambio-climatico

Brasil

Minera Vale omitió informes que hubieran evitado la tragedia en Brumadinho

La minera brasileña Vale omitió comunicar informes que hubieran podido evitar el colapso el 25 de enero de este año del dique de Brumadinho, que dejó 270 muertos y desaparecidos en el estado de Minas Gerais, afirmó una agencia gubernamental. El colapso del dique, liberó millones de toneladas de residuos mineros. Desde entonces, Brasil ha prohibido la construcción de nuevos diques corriente arriba.

 

El colapso del dique, el 25 de enero, liberó millones de toneladas de residuos mineros. Tras la tragedia, Vale, primer productor mundial de mineral de hierro, se vio forzada a suspender algunas de sus operaciones en sitios que albergaban construcciones del mismo tipo.

Documentos internos que fueron analizados por los investigadores de la Agencia Nacional de Minería (ANM) muestran que la empresa estaba al tanto de problemas en el sistema de drenaje instalado siete meses antes del desastre.

El 10 de enero, dos semanas antes del colapso, dos artefactos que medían la presión líquida marcaron el nivel de emergencia. «El aumento en la presión de los piezómetros comprometía la estabilidad del dique», apunta la ANM. Pero la compañía no reportó estas informaciones.

«Si la Agencia Nacional de Minería (ANM) hubiese sido informada correctamente, podría haber tomado medidas cautelares y exigido acciones urgentes a la empresa [Vale], lo cual podría haber evitado el desastre», señaló el informe.

Vale indicó en un comunicado que no haría comentarios sobre «las decisiones técnicas tomadas por su equipo geotécnico en el momento de la ruptura».

El informe de la ANM añade presión a la gigante minera.

La policía dijo en septiembre que tenía suficientes evidencias para acusar a empleados de Vale y de la auditora alemana TUV SUD por uso de informaciones falsas para certificar que el dique de Brumadinho cumplía con los requerimientos de seguridad.

Corresponde a los fiscales decidir si presentarán cargos contra siete empleados de Vale, ninguno de alta jerarquía, y seis empleados de la TUV SUD, entre los cuales figura un director de desarrollo basado en Alemania, así como ingenieros y consultores que certificaron la estabilidad de la represa en 2018.

Una comisión legislativa aprobó por unanimidad una moción que propone denunciar judicialmente a Vale, y TUV SUD.

Un juez ordenó en septiembre a Vale pagar 11,87 millones de reales (casi tres millones de dólares) a las familias de tres víctimas de la tragedia.

Otra corte le había ordenado en julio pagar todos los daños causados por el desastre, sin estipular una cantidad específica de dinero.

Desde entonces, Brasil ha prohibido la construcción de nuevos diques corriente arriba, que son más baratos pero menos estables que otros tipos, y ordenó desmantelar los existentes con esas características.

La ANM publicó su informe, de 194 páginas, exactamente cuatro años después del colapso de otra represa que era propiedad de Samarco, una empresa conjunta de Vale y la anglo-australiana BHP, en el municipio de Mariana, también en Minas Gerais.

El alud de residuos mató en esa ocasión a 19 personas y recorrió más de 600 km por el río Doce y sus afluentes hasta desembocar en el océano Atlántico, en la peor catástrofe ambiental de Brasil.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/brasil/item/43215-minera-vale-omitio-informes-que-hubieran-evitado-la-tragedia-en-brumadinho

Internacional

Minería en África (o cuando las empresas sustituyen a los Estados)

La penetración del capital extranjero en minería durante las décadas 80 y 90 del siglo XX solo profundizó los problemas estructurales del continente.

Desde los años ochenta ha habido intentos por parte de una serie de actores que incluyen a las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM), agencias bilaterales y compañías extractivas para abrir el sector minero en los países africanos endeudados.

No se trata de una actividad encabezada solo por las empresas mineras porque hay que tener en cuenta que los Programas de Ajuste Estructural impulsados por las IFM identifican la minería como medio de obtener recursos con los que reembolsar la deuda externa. Hay una confluencia de factores y el proceso de liberalización que se produjo bajo la presión de las IFM fue aprovechado por las compañías mineras para introducirse en el sector en África. De modo que el proceso es más complejo que simplemente unas compañías que toman la iniciativa. Hay una responsabilidad compartida entre las empresas, las IFM y los gobiernos anfitriones.

A petición de las IFM se consiguió redefinir la legislación para el sector minero ofreciendo a las empresas incentivos, reducción de impuestos o rebaja de royalties, abriendo los países a la inversión extranjera. Se dijo a los países que este proceso contribuiría a su desarrollo pero ello no ha sido así.

En los países africanos el marco legal del sector minero se ha revisado y reformado repetidamente.  Varias generaciones de  normativas han ido liberalizando progresivamente el sector. Además, se crea una competencia entre los países para atraer inversión extranjera, de modo que liberalizan sus normas más aún para hacerse más atractivos a la inversión. Este es un proceso acumulativo en el que el Estado se va replegando y ofrece cada vez más incentivos a las empresas mineras, de modo que las compañías aceleran el ritmo de extracción de recursos.

El Estado ha ido reduciendo su capacidad para hacer seguimiento de lo que ocurría y controlar el ritmo de las extracciones, mientras que cada vez tenía menos capacidad para hacer respetar las regulaciones medioambientales o mediar en el impacto social causado por las actividades mineras, que a menudo han dañado a las comunidades.   A menudo las empresas prometen pagar ciertas cantidades por su operación, pero los gobiernos no han sido capaces de obligarles a cumplirlo; esto es lo que muestra la «Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva» durante la pasada década. En muchos casos, los gobiernos no han podido recuperar lo que las empresas se comprometieron a pagar de impuestos, así que las promesas no se han materializado de la forma en que deberían. Además, se han producido serios impactos ambientales y sociales a consecuencia de la actividad minera; por ejemplo, en ocasiones la población ha perdido su medio de vida y se han visto obligada a abandonar la tierra de la que vivían.

En el diseño del régimen normativo de la minería en África había una idea muy clara: que el Estado debía apartarse debido a su supuesta improductividad y que debían ser compañías privadas las que tomaran el mando como operadoras y propietarias; ellas debían liderar el proceso. En este esquema, el Estado debía ser más un “facilitador”, un regulador. Lo que ocurrió es que muchas funciones del Estado fueron transferidas a las compañías, dejando en sus manos la responsabilidad para operar según su criterio, e incluso cuestiones referidas a impactos medioambientales y sociales, como la expulsión de la población de ciertas tierras. Esto es muy problemático porque empresas que se rigen por estándares voluntarios fueron las que asumieron la función de hacer el seguimiento del proceso, de dar compensaciones a las comunidades locales, etc. Como se podía esperar, el resultado no ha sido muy satisfactorio. Con la sustitución del Estado por las compañías, estas se hicieron con la capacidad de regular. El resultado es que a la hora de determinar responsabilidades cuando surge un problema, hay un vacío. Por ejemplo, cuando se incumple el pago de las compensaciones a las comunidades o cuando se producen impactos ambientales, como la contaminación de agua por la actividad minera. Así aparece un nuevo tipo de conflicto que se desarrolla a raíz de la marginación del Estado y cuando el sector se rige con medidas voluntarias, dejando un vacío regulador que suscita problemas de legitimidad y responsabilidad. Esto no ocurre solo en África; también en América Latina, en países como Perú, donde la actividad minera es muy importante y donde han surgido numerosos conflictos, la mayoría relacionados con el sector minero.

Después de dos décadas de vigencia de esta fórmula económica para África como mero suministrador de materias primas ya está más que probado que, lejos de traer desarrollo y bienestar a sus poblaciones, trae, a lo sumo, el enriquecimiento de las compañías extractivas y de algunos dirigentes y muchos problemas estructurales para el país.

Un informe de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas comienza diciendo que los problemas identificados en África en 2011 son los mismos que hace 30 años…

 

Fuente;https://noalamina.org/mundo/item/43223-mineria-en-africa-o-cuando-las-empresas-sustituyen-a-los-estados?fbclid=IwAR3GrQerh9jlDH1MhV_9ORsfhYJ0uPHNy297JFQoGq7Hlj7lKo5ZLZ-6UJs

Internacional

Desechos radiactivos en Kyrgyzstan ponen en riesgo a millones de personas.

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.

En Mailuu-suu, grupos ecologistas advirtieron sobre el peligro que corren millones de personas, debido a la posibilidad de que miles de toneladas de desechos radiactivos caigan en una quebrada en la zona de Asia Central, contaminando el suministro de agua de todo el valle de Ferghana.

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia para evitar desastres. Indicaron, además, que están recaudando fondos para el proyecto.

“Hay 14 millones de personas en el valle de Ferghana y, en caso de desastre natural, el agua puede arrastrar los relaves al río Naryn (Syr Darya), lo que sería una tragedia para todo el valle”, expresó Bolotbek Karimov, investigador ambiental en Osh, en el sur de Kyrgyzstan, según una publicación de la agencia de noticias Reuters.

Historia

El área se conocía como Casilla 200 y se fundó en 1946 bajo un programa secreto de minería de uranio soviético que empleaba prisioneros de facto: personas de etnias políticamente sospechosas como alemanes y exsoldados del Ejército Rojo declarados culpables de rendirse en la Segunda Guerra Mundial.

En 1968, cuando terminaron las operaciones mineras en el área, habían producido más de dos millones de metros cúbicos de relaves, o vertederos de minas, que fueron rápidamente enterrados en las laderas de las montañas a lo largo del río Mailuu-Suu.

El peligro se presenta ante la posibilidad de que los desechos lleguen al río que desemboca en el valle de Ferghana, una de las zonas más densamente pobladas de Asia Central, ahora dividida entre Kyrgyzstán, Uzbekistán y Tayikistán. En 1958, una presa en uno de los relaves colapsó tras fuertes lluvias y un terremoto, liberando miles de toneladas de desechos radiactivos.

En aquel momento, la Unión Soviética evitó publicar un informe detallado de evaluación de daños sobre el incidente, pero ambientalistas denuncian que no solo envenenó personas, ganado y peces, sino que también contaminó los arrozales río abajo. Ese evento ilustra lo que podría pasarle al valle de Ferghana: las tasas de cáncer de la ciudad son un 50% más altas que el promedio nacional.

Por otro lado, el Poder Legislativo de Kyrgyzstan aprobó un proyecto de ley sobre la prohibición de extraer uranio y torio en la república.

 

Fuente:https://noalamina.org/mundo/asia/item/43219-desechos-radiactivos-en-kyrgyzstan-ponen-en-riesgo-a-millones-de-personas?fbclid=IwAR3xylujllXfH3CzzqVEEOelSDlW0HnVpqqa4QIumcpARGFQQkjFD4qooJo

 

Colombia

Permitir minería en Santurbán es arriesgar el 85% del agua de los colombianos

El miércoles 13 de noviembre se desarrolló la Asamblea General del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que contó con la participación de 400 personas entre expertos, empresarios y organizaciones sindicales y políticas. Allí se aprobó una hoja de ruta para frenarle el paso a Minesa, se ratificó el compromiso para la defensa del páramo de Santurbán, se reiteró el rechazo al nombramiento de Carrasquilla como Ministro de Ambiente Ad Hoc, además se programó la movilización masiva en Bogotá convocada para el 16 de marzo del 2020 en defensa del Agua y la vida.

 

Según Mayerly López integrante del Comité de Santurbán,  los abogados de la organización están trabajando en una acción jurídica que esperan interponer a principios de año y demandar el proceso de licenciamiento del proyecto Minesa, por violar derechos fundamentales como al ambiente sano, agua potable y el derecho a la vida; la líder ambiental afirmó «de esta acción no podemos adelantar mucho, pero queremos informar a la comunidad que estamos adelantando todas las acciones legales, jurídicas y sociales para defender Santurbán»

Alistamos una hoja de ruta para impedir el proyecto d Minesa, estamos adelantando las acciones jurídicas y llamamos a los Santanderes a movilizarnos hacia Bogotá el 16 de marzo (2020), día d los comuneros, le recordaremos a @IvanDuque que este pueblo no dejará destruir Santurbán

Finalmente López aseguró que «revindicando nuestra historia y luchando por nuestros recursos naturales vamos a marchar hacia Bogotá, y el presidente Duque tendrá que escucharnos, porque los santanderes no vamos a permitir la mega minería en Colombia» y añadió que seleccionan esta fecha por ser el día de los comuneros, y un evento importante para Santander recordado esa lucha sus antepasados en la defensa del derechos y territorio.

 

Fuente:https://www.contagioradio.com/permitir-mineria-en-santurban-es-arriesgar-el-85-del-agua-de-los-colombianos/

Perú

Cusco: Comunidades originarias de Espinar inician protestas en contra de la minería

12 de nov. Desde la medianoche de hoy, trece comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, que se verían afectadas por el Proyecto Minero Antapaccay– Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco de la transnacional ‘Glencore Antapaccay’, iniciaron un paro indefinido exigiendo al Estado haga valer su derecho a consulta previa. Se reportan bloqueos en varios puntos del corredor minero del sur en la zona de Espinar.

‘Desde las cero horas de hoy hemos iniciado el levantamiento de las Comunidades Originarias de Espinar en defensa de la Consulta Previa. Hemos intentado por más de ocho meses que el Estado atienda nuestras justas demandas, a través de la vía del diálogo, sin obtener respuestas a las mismas.’ Señaló, a través de radios locales, Flavio Huanqque, vocero de la Asamblea Multicomunal por la Consulta Previa en Espinar

Por otro lado, las comunidades, que desde marzo del presente año iniciaron un proceso de articulación para exigir se respeten sus derechos, emitieron un pronunciamiento que se hizo público ayer. En el documento cuestionan que desde el Gobierno no se priorice el diálogo, y que históricamente se les ha impuesto la minería.

‘Desde hace más de 38 años, las Comunidades Originarias de Espinar venimos soportando los efectos de las operaciones mineras que se nos ha impuesto desde el Estado Peruano y que impunemente ha venido destruyendo nuestros territorios y recursos al extremo de poner en riesgo nuestras propias vidas’. Cita textualmente el pronunciamiento.

Las comunidades en protesta, denuncian que han participado en espacios de diálogo tanto con el Estado como con la empresa minera Antapaccay, con el objetivo de pactar acuerdos a favor del medio ambiente, su territorio y respetar su derecho a consulta previa como pueblos indígenas, sin embargo no han obtenido respuestas a sus pedidos.

Principales demandas

El pasado 08 de noviembre, los dirigentes comunales tuvieron una reunión con altos comisionados del Estado, pero no llegaron a ningún acuerdo, debido a la insistencia de los funcionarios para que este tema lo vea el Ministerio de Energía y Minas, por ello exigen un diálogo directo con el Presidente de la República, Martín Vizcarra y el Primer Ministro, Vicente Zeballos, sobre todo para evitar se les quite sus tierras y sean reasentados en otra zona.

Respecto a la omisión a la consulta previa del proyecto Antapaccay (primera extensión), exigen que el Estado asuma las responsabilidades por la vulneración de derechos, implementando un plan de reparaciones para las comunidades afectadas. Sobre el proyecto Coroccohuayco (segunda extensión), exigen que se identifique los daños causado en la etapa de exploración y otros que se vienen causando en territorio de las comunidades.

Finalmente, exhortan a la empresa minera a dialogar con las comunidades respecto a los incumplimientos de los acuerdos suscritos.

Datos:

*La PCM, a través del Viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina Martinez, envió una carta a Flavio Huanqque, solicitando retomar el diálogo el 18 de noviembre del presente año.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-comunidades-indigenas-inician-protestas-en-contra-de-la-mineria/

Perú

Tía María aviva temores de una nueva ronda de disturbios en Arequipa

Unos 400 agentes de policía fueron transportados a la provincia de Islay a última hora del martes para controlar posibles brotes de violencia, dijo Hernán Vale, prefecto de Arequipa.

La decisión del presidente peruano, Martin Vizcarra, de otorgar luz verde a un proyecto de cobre con un retraso prolongado, se está convirtiendo en una prueba clave de su capacidad para aliviar la oposición a la minería, que ha descarrilado miles de millones en inversiones en el productor número 2 del mundo.

Los opositores de los 1.400 millones de dólares propuestos por Southern Copper Corp propusieron que la mina Tía Maria preparara los planes para una huelga indefinida, un día después de que el gobierno de Vizcarra le concediera a la empresa una licencia de construcción que dos de sus predecesores se habían negado a emitir.

 

Se espera que Tía Maria agregue 120,000 toneladas de cobre anualmente a la cartera de producción de Southern Copper al «costo en efectivo muy competitivo» de $ 1 por libra, dijo el Servicio de Inversores de Moody.

La comunidad empresarial peruana aclamó la decisión de otorgar la licencia de construcción, considerándola como un caso raro en el que un proyecto minero descarrilado por las protestas podría revivir.

 

Pero en la provincia de Islay, en el sur de Perú, donde al menos seis personas murieron en protestas contra el proyecto en esta década, se desató la ira y los votos para detenerlo.

«Es un golpe traidor», dijo a Reuters Julio Cornejo, alcalde de la ciudad de Cocachacra, por teléfono.

Cornejo y otros opositores de Tia Maria temen que el proyecto interfiera con la agricultura y contamine los suministros de agua, y se opone incluso después de que Southern Copper hizo planes para construir una planta de desalinización.

Las protestas están programadas para comenzar el lunes y continuarán hasta que el permiso sea anulado, dijo Cornejo.

Unos 400 agentes de policía fueron transportados a la provincia de Islay a última hora del martes para controlar posibles brotes de violencia, dijo Hernán Vale, prefecto de Arequipa.

Vizcarra, en el cargo hace poco más de un año, es de Moquegua, una pequeña región minera junto a Islay. Una vez ayudó a liderar las protestas que exigían una mayor parte de los ingresos de otras unidades de Southern Copper en la región. Más tarde, como gobernador, ayudó a negociar una solución entre Anglo American y los residentes locales que se oponen a su proyecto Quellaveco.

 

Southern Copper ha enfatizado que, incluso con la concesión de la licencia, la construcción del proyecto no comenzará hasta que se resuelvan las preocupaciones de los residentes locales, algo que la compañía lleva años intentando hacer.

Pero Southern Copper tiene que mostrar a las autoridades que ha activado el proyecto de alguna manera para mantener la aprobación de su permiso ambiental vigente, dijo José de Echave, director del grupo ambientalista Cooperación y ex funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.

 

El plan ambiental de la compañía, aprobado en 2014, debía expirar el 1 de agosto, una razón clave por la cual el gobierno otorgó la licencia de construcción ahora.

Vizcarra dijo a Reuters en mayo que Tia Maria aún carecía del tipo de apoyo local necesario para comenzar la construcción. Pero dijo que pensó que llegaría allí, en parte a través de un programa de desarrollo para la región en la que estaba trabajando con las autoridades locales.

Pero ahora muchas de esas autoridades dicen que se sienten decepcionados.

 

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1668

Perú

Derrame de relaves en mina Cobriza de Doe Run

Con Doe Run Perú en un proceso de liquidación, los trabajadores han culpado del derrame al liquidador por la mala gestión de la operación durante el proceso de liquidación.

Un derrame de relaves ha sido reportado en la mina de cobre Cobriza de Doe Run Perú (CRP) en Huancavelica, Perú, y los informes indican que los relaves se han metido en el río Mantaro.

La agencia supervisora de inversiones en energía y minería del país (Osinergmin) está investigando para determinar la causa del derrame del 10 de julio y quién es el responsable.

Con Doe Run Perú en un proceso de liquidación, los trabajadores han culpado del derrame al liquidador por la mala gestión de la operación durante el proceso de liquidación.

 

«Este tipo de errores ocurren, por lo que pedimos que este liquidador sea cancelado en sus funciones y que DRP pase a manos de sus trabajadores de inmediato porque sabemos cómo gestionarlo, así como el centro metalúrgico Oroya donde solo está funcionando uno de los nueve hornos. Es decir, el 90% de ellos están paralizados y la mina Cobriza produce cobre con una buena calificación y merece una mejor atención y no se subasta», dijo el líder de los trabajadores, Luis Castillo.

Unas tres empresas han expresado interés en comprar Cobriza (UMC) en un proceso que está a cargo de Carrizales, dos de los cuales se consideran extranjeros y uno peruano. Cobriza está valorada en entre US$47 y US$53 millones.

Cobriza tiene capacidad para producir 20,000 toneladas anuales de concentrado de cobre, pero ha estado operando a una tasa significativamente menor.

El proceso para vender los activos de Doe Run ha visto varias subastas fallidas.

 

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1678

Perú

Espinar: Inicia proceso de articulación para planificar atención a personas con metales tóxicos

El 08 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la primera reunión ampliada entre representantes de la DIRESA Cusco, Red de Salud Canas Canchis Espinar, Hospital y Asociación Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS Espinar), representantes de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Espinar, Derechos Humanos Sin Fronteras, comunidades campesinas de Huarca, Alto Huancané, Huisa, Bajo Huancané, Huisa Ccollana, Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, entre otros. El principal motivo del espacio de articulación es la atención que se realizará del 18 al 22 de noviembre en Espinar como parte del Plan de Acción de Salud Integral para la población en riesgo a metales pesados y metaloides en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y La Convención.

Cabe señalar que la DIRESA Cusco socializó el plan de atención en mención,  indicando que se viene trabajando coordinadamente con DHSF y comuneros interesados de las zonas de influencia directa del proyecto minero Antapaccay. “El día 17 de noviembre el personal médico de 9 especialidades, urología, dermatología, neurología, ginecología, nefrología, entre otros, llegarán desde Lima para instalarse en la provincia y poder iniciar la atención desde el 18 hasta el 22 de noviembre”, manifestó la Lic. Karen Choque, responsable de la estrategia regional para metales pesados de la DIRESA Cusco.

Sin embargo, las y los comuneros que participaron en la reunión, indicaron que en el pasado las atenciones no habían sido de prioridad para las comunidades afectadas ubicadas en el entorno minero. ‘En agosto que también hubo atención, vimos con mucha pena que nuestros hermanos de comunidades se regresaron porque no tenían SIS y no se les dio prioridad para atenderlos’ señaló Carmen Chambi, vocera de Espinar en la Plataforma Nacional de Afectados por metales Tóxicos. Además, los comuneros manifestaron que ‘ya están cansados’ de que solo se les proporcione paracetamol, sabiendo que sus problemas de salud son de gran complejidad.

Por otro lado, los comuneros evidenciaron que la mayoría de personas afectadas por metales tóxicos viven en comunidades campesinas, y es difícil (económica y geográficamente) trasladarse hasta el Hospital de Yauri (donde será la atención), por ello solicitaron apoyo, principalmente para el traslado de  adultos mayores, exigiendo que el personal de salud tenga especial atención con ellos.

En base a todas estas observaciones y preocupaciones planteadas desde las comunidades campesinas, las instancias presentes se han comprometido a mejorar la atención en salud y que ello se enmarca en los siguientes acuerdos:

  1. La Municipalidad Provincial de Espinar, a partir de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, pondrá a disposición 01 movilidad que apoye en el traslado de comuneras/os que no puedan viajar hasta Yauri. Mientras que la Gerencia de Desarrollo Social brindara carpas, sillas y alimentación durante el proceso de atención.
  2. Con respecto a las malas atenciones que pudieron darse en el pasado, la DIRESA ratifica su compromiso de mejorar la atención desde el equipo que acompañe este proceso. Así mismo la DIRESA se compromete en remitir al MINSA la relación de personas que no cuenten con SIS y que se encuentren expuestos a su salud por metales pesados, para que así puedan recibir la atención gratuita completa.
  3. La Red de salud Canas Canchis Espinar, Hospital de Espinar, Microred y CLAS Espinar se compromete en operativizar la atención garantizando todo el recurso humano necesario.
  4. DHSF se compromete a capacitar y promover la participación de traductores e intérpretes quechuas que acompañen los días de atención en salud.
  5. Finalmente, las comunidades campesinas se comprometen a socializar estos acuerdos en sus bases para garantizar la atención de sus comuneras/os los días programados. Así mismo registrar a las personas que requieren urgente atención de salud para que puedan gestionar su ingreso al SIS.

Desde Derechos Humanos Sin Fronteras creemos que es importante resaltar este tipo de acuerdos, que involucran a todos los actores sociales e institucionales, pues permitirán garantizar la salud de las comunidades campesinas que desde hace muchos años exigen atención de calidad.

Programación de atención según comunidades.