Perú

Escalan protestas contra Minera Yanacocha con incendio de maquinaria en Bambamarca

Autor: Noticias Ser.pe
Conflicto Relacionado: Yanacocha

La población del valle de Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, continúa protestando en contra de los estudios hídricos que viene realizando la empresa minera Yanacocha en el sector denominado China Linda, cerca al caserío Totoracocha, a través de la instalación de piezómetros.

El lunes por la tarde, diversos medios de comunicación daban cuenta del incendio de maquinaria en la zona de China Linda y poco después, la empresa a través de sus redes sociales, confirmó que unas 80 personas fueron las responsables: “Incendian maquinaria de Yanacocha dentro de propiedad de la empresa en la zona de China Linda. A unos metros, aproximadamente 80 personas de Llaucán, quienes iniciaron este siniestro”, difundió la empresa. Según los videos que circulan e información del Frente Policial de Cajamarca, se incendiaron dos unidades móviles con plataformas que mantienen una máquina perforadora. Cabe indicar que este hecho se produjo dos días después de que se informara sobre la presencia de agua turbia en el sistema de Totoracocha, lo que fue relacionado por la población a los estudios hídricos.

Desde hace varios días atrás, la empresa ha venido invocando al diálogo e informando que los estudios que se están realizando no afectan a las fuentes de agua cercanas, algo que la población de Llaucán no cree; asimismo, en uno de sus últimos comunicados, la minera afirma haber desarrollado reuniones informativas: “Yanacocha mantiene abiertas sus puertas para hacer más reuniones informativas, como las 36 que ya realizó sobre estos estudios con participación de más de 2,320 personas de diversos caseríos de los distritos de La Encañada y Bambamarca”, se indica.

Sin embargo, el conflicto crece con el paso de los días. Este martes, ronderos y ronderas de los caseríos de Totoracocha, San Juan de Corralpampa y del Centro Poblado El Alumbre del Valle de Llaucán, llegaron hasta la ciudad de Cajamarca para realizar un plantón en las afueras del local de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) exigiendo que se anulen los permisos otorgados a Yanacocha para la realización de los estudios. Durante la protesta, un grupo de ronderas agredieron a correazos a una persona de sexo masculino a quien acusaron de infiltrado.

Alcalde provincial de Hualgayoc se pronuncia

El alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar, también llegó a Cajamarca acompañando a la población para solicitar una reunión con funcionarios de la ANA para que le informen el estado de un recurso de apelación que la Municipalidad de Hualgayoc presentó en contra de la Resolución N° 1167-2018, que precisamente autoriza a Yanacocha la instalación de piezómetros; asimismo, informó que se ha oficiado a otras instituciones para que intervengan y se solucione el conflicto: “La población requiere que se anule la resolución. Toda lucha que se inicia tiene dos componentes, uno que es el tema social y el otro el tema legal que obviamente lo tenemos que asumir (como Municipalidad). Hemos enviado un documento a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental a efectos de que tenga que actuar inmediatamente y a la Fiscalía de Prevención del Delito de Bambamarca. Esto no es ninguna manifestación, hay un justo reclamo”, declaró.

Por su parte, el alcalde del Centro Poblado El Alumbre, Segundo Ortiz Herrera, consultado sobre el incendio de las unidades móviles dijo que cuando se originan reclamos, la empresa está acostumbrada a acusar a los ronderos, además, ratificó su posición de rechazo a la actividad minera: “No queremos minería. Los campesinos vivimos de la agricultura y ganadería”, dijo.

Finalmente, se informó que continuarán protestando hasta lograr que la empresa suspenda sus trabajos.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/escalan-protestas-contra-minera-yanacocha-con-incendio-de-maquinaria-en-bambamarca?fbclid=IwAR0rR3ofezSgiS9FKp6BvI4kBt-UjfFMSeDo7Jwvc_WK79X12VK0AePQ4NM

Perú

Apurímac: escalan protestas en Curasco

Autor: OcmPe.org

En el distrito de Curasco, provincia de Grau (Apurímac), desde el 19 de noviembre comuneros realizan jornadas de lucha contra una minera que denuncian operaría ilegalmente en la zona.

En los días que lleva la protesta, más de cien manifestantes se han movilizado en la localidad frente a la empresa minera J.A.H. Perugia E.I.R.L. Según el sector de Energía y Minas, esta empresa estaría operando de manera ilegal en la zona.

Durante el primer día de protesta los comuneros bloquearon una vía de tránsito hacia la mina y forzaron a la policía a recuar de la zona. Desde entonces las medidas de fuerza contra la minera se han radicalizado, produciendo un incendio en el campamento minero durante en la madrugada del 20 de noviembre.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/11/21/apurimac-se-registran-fuertes-protesta-en-curasco/

Perú

Espinar: una nueva oportunidad para que se reconozcan los derechos de las comunidades en el país

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

El 19 de noviembre se reunieron en la provincia de Espinar, Cusco, una comitiva del Poder Ejecutivo liderada por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos y representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya–Antapaccay e integración Coroccohuayco. En la reunión se acordó realizar una consulta previa en los próximos 30 días, para lo cual el Ministerio de Energía y Minas daría la normativa respectiva.

Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

  • La consulta previa en minería se realiza antes de la emisión de la resolución que establece el inicio de operaciones. Es decir, al final de la cadena de decisiones, cuando todos los permisos que ponen las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo están aprobados y consentidos, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por tanto, en el momento de la consulta ya nada se puede cambiar.
  • Ante esta situación, las comunidades de la zona de influencia han venido demandando consulta al EIA de la mina Antapaccay y de la ampliación Coroccohuayco, pues en el EIA se establecen los impactos del proyecto y las obligaciones que cumplirá la empresa para evitar o mitigar daños. Esta demanda se ampara en la jurisprudencia internacional, en el derecho comparado, pero también en numerosas resoluciones judiciales a nivel nacional, como las sentencias del Lote 116 y de la Hidrovía Amazónica. La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en múltiples ocasiones en ese sentido.
  • Hasta la fecha, en ningún caso los pedidos de consulta previa para el EIA han sido acogidos por las autoridades administrativas competentes. En un caso, SENACE no lo admitió bajo el argumento de no contar con el mandato para realizarla y la potestad normativa para establecerla en sus procedimientos de aprobación de la certificación ambiental.
  • Actualmente, la considerada ampliación de la mina Antapaccay, llamada Coroccohuayco, se viene evaluando a través de una modificatoria del EIA (MEIA). Esto plantea un tema aparte, bastante discutible: si incorporar nuevos tajos en un amplio territorio puede ser considerado ampliación o una nueva unidad productiva. Al margen de ello, la extensión de la ampliación y sus posibles impactos, implica consultar esa modificatoria del EIA. La Defensoría del Pueblo ha señalado que si la decisión impacta en derechos colectivos de pueblos indígenas, debe ser consultada.
  • Las comunidades del territorio donde se efectúa la “ampliación” han solicitado consulta y no ha sido concedida. Confiamos que el acuerdo mencionado, que señala que el MINEM dará la normativa necesaria para la consulta que se realizará en 30 días, esté referido a incorporar la consulta previa antes de la aprobación del EIA y en sus modificatorias cuando éstas puedan tener un fuerte impacto en los pueblos indígenas.
  • Cabe precisar que la necesidad de realizar el proceso de consulta previa antes de la aprobación de la MEIA del proyecto Coroccohuayco resulta particularmente esencial, dado que su ejecución podría generar graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades de esa zona. Los planes de Glencore para este proyecto (descritos en la MEIA) contemplan la adquisición de numerosas tierras comunales, e implicaría la pérdida de infraestructura de uso colectivo. En ese sentido SENACE ha observado el plan de adquisición de tierras de la empresa, ya que ello implicaría obtener el consentimiento de las comunidades. La empresa no ha aceptado este requerimiento y SENACE no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema.
  • Finalmente, es importante recordar que en esta zona se viene desarrollando actividad minera desde mediados de los ochenta del siglo pasado en la antigua mina de Tintaya, cuyas operaciones se ampliaron luego con la aprobación del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya a partir del 2010. Recordemos también que la explotación minera ha generado hasta ahora graves impactos ambientales y sociales, como la afectación de la calidad y cantidad de agua disponible o serios problemas de salud relacionados con la presencia de metales tóxicos en el organismo de los pobladores que habitan en las zonas aledañas de estas operaciones mineras.

Por lo tanto, consideramos que el gobierno tiene la gran oportunidad de cambiar un comportamiento que ha excluido a las comunidades. Puede hacer que se visibilicen los impactos en los derechos colectivos y de que en el EIA se adopten las medidas necesarias para evitar daños y riesgos sobre las condiciones de existencia de esas comunidades. La consulta de esta modificatoria del EIA puede ser la gran oportunidad para que los propios pueblos indígenas hagan respetar sus derechos.

Lima, 26 de noviembre de 2019

Firman:

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH

CooperAcción

Red Muqui

Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

Derechos Humanos sin Fronteras

Instituto de Defensa Legal

Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH

Comisión de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA

Asociación Servicios Educativos Rurales – SER

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA

Proyecto Amigo – Huamachuco

Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia – COSDEJ

Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/espinar-una-nueva-oportunidad-para-que-se-reconozcan-los-derechos-de-las-comunidades-en-el-pais/
Perú

Piura: Amedrentan a dirigente Isaac Huamán tras denunciar estrategia de prefecta a favor de Río Blanco

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Río Blanco

En un contexto en el que las rondas campesinas siguen mostrando su negativa al desarrollo del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Huancabamba y Ayabaca en Piura, debido a que afectaría los páramos, bosques de neblina y la agricultura; la empresa Río Blanco Copper, perteneciente al consorcio chino Xiamen Zijin, viene empleando diversas estrategias para imponerse; denuncian los dirigentes ronderos.

El reciente domingo 24 de noviembre a las 10 am, el ex presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Huancabamba de Piura, Isaac Huamán, recibió una llamada de una persona desconocida que no quiso identificarse y que le señaló que lo encontraría en el camino a su trabajo, reconociendo dónde trabaja y cuál es su recorrido regularmente.

En llamada telefónica, Isaac Huamán nos relató cómo fue el intercambio telefónico. “Yo estaba en mi cuarto, y me llaman y dicen: Yo soy una alumna de usted. Pregunto: ¿quién eres? Porque yo conozco la labor de mis alumnos. Me responde: No soy alumna, quiero saber dónde usted trabaja. Respondo: yo trabajo en el distrito de Sondor. No le dije la institución educativa. Ella respondió: Ah, sí, usted trabaja en el colegio de Tacarco.

Respondo: Mañana no voy a trabajar porque mi director me ha ordenado que me quede. Ella me dijo: yo soy del Ministerio de Educación. Yo señalo nuevamente que se identifique. Me gustaría que me recoja de Huancabamba a las 5am, señaló la voz femenina. Yo no voy a ir a mi trabajo, respondo yo. Mañana nos veremos por allá entonces, dijo la mujer, y me cortó”.

El ex presidente de las rondas campesinas de Huancabamba señaló también que en la tarde nuevamente lo llamaron, pero solo le timbraban desde un número de 13 dígitos. Apenas contestaba, colgaban la llamada. “Temo que me puede pasar algo tras haber frustrado la reunión de la prefecta con diversas autoridades para darle luz verde a Río Blanco”, finalizó Isaac Huamán.

Denuncia a prefecta

Para Isaac Huamán, quién en julio del 2018 sufrió amenazas directas de personas que visitaron a su familia y les señalaron: “No saben con quién se han metido”, tras denunciar públicamente las estrategias de división en las rondas campesinas que realiza la empresa minera china Río Blanco Copper; esto sería parte de una estrategia de amedrentamiento tras la denuncia pública que hizo respecto a la reunión que estaba convocando la prefecta de Piura, Rosa Chapilliquén, para ir construyendo la viabilidad del proyecto minero Río Blanco ante las autoridades locales y ronderiles. Esta reunión se frustró debido a la alerta pública que hizo el ex presidente de las rondas campesinas. La prefecta se ha manifestado públicamente a favor del proyecto minero Río Blanco.

Como es de conocimiento público, en las últimas semanas, la empresa Río Blanco viene implementando una fuerte estrategia publicitaria en medios, señalando que han iniciado diálogo con las rondas para lograr el “desarrollo” en Ayabaca y Huancabamba. Sin embargo, la reunión que señalan como inicio del diálogo, fue desmentida a través de un comunicado de la  Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca, debido a que los empresarios chinos se entrometieron en una asamblea interna rondera de la que fueron retirados, al no ser invitados, como se nota claramente en este video.

Asesor de Río Blanco postula a Junta Nacional de Justicia

Asimismo, Isaac Huamán también denunció en los medios de Piura que el actual asesor de la gerencia general de la empresa minera china Río Blanco Cooper, Henry José Ávila Herrera, tal como figura en su perfil profesional en linkedin; está postulando a la Junta Nacional de Justicia, institución del Estado que pondrá a los futuros magistrados del Poder Judicial. De ser elegido para la Junta Nacional de Justicia, esto sería un grave conflicto de intereses, debido a que la Junta designará a los jueces para el Poder Judicial, que es la instancia donde se ven los juicios que tienen las empresas mineras en el país.

Anteriormente Henry José Ávila ha trabajado en la PCM, fue viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Ollanta, y ocupó otros cargos en el Estado.

Protocolo de Defensores

Dado el rol que viene desarrollando Isaac Huamán en defensa de la tierra, el ambiente, y de las rondas campesinas, es fundamental que el Estado peruano lo proteja a través del Protocolo de Defensores de Derechos Humanos que se aprobó en mayo a través de la Resolución Ministerial Nº 0159-2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por ello, desde la Red Muqui exigimos que la policía brinde la seguridad necesaria a Isaac Huamán.

Asimismo, exigimos que la elaboración del Registro de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos que está elaborando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como parte del “Protocolo para garantizar la protección de Defensores de Derechos Humanos”, pueda tener mayor celeridad para que el Estado garantice la seguridad de los defensores del ambiente y territorio. Este registró deberá contener las denuncias e incidencias que se reporten contra los defensores durante su ejercicio de defensa de derechos humanos.

Antecedentes

El conflicto minero Río Blanco lleva más de 10 años y ha causado 10 muertos. El 2005, 29 personas fueron detenidas y torturadas por la policía y seguridad de la empresa dentro del campamento minero, que en ese entonces pertenecía a la empresa Majaz.

Ver video sobre el conflicto

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/967-piura-amedrentan-a-dirigente-isaac-huaman-tras-denunciar-estrategia-de-prefecta-a-favor-de-rio-blanco?fbclid=IwAR2ZYjK_i-0rHpN-HJjs5boicQJ_k8YznNLaOcinjyPtdg-GaIgFefT1nLM
Latinoamerica

Informe nº 2 ¿ Agua o Minería? Resistencias comunitarias en América Latina

Autor: Ocmal.org

Los pueblos y naciones indígenas en Latinoamérica y el Caribe representan una población de al menos 50 millones de personas, 10% de la población actual de la región. Desde la colonización de sus territorios ancestrales, que pasaron a ser propiedad de Estados y privados, han utilizado distintos mecanismos de despojo y exterminio en su contra.
Grandes extensiones de territorios indígenas en el continente, cuentan con enormes riquezas y recursos naturales, que los han transformado en el blanco de las actividades extractivistas que parecen no tener freno.

El Observatorio de Conflictos Mineros ofrece su 2do informe ¿ Agua o Minería? Resistencias Comunitarias en América Látina», en este número, el análisis desde la mirada de los Comunidades Indígenas de Colombia , Ecuador y Venezuela en la defensa del Agua contra la minería.

Descarga gratis ingresando a Publicaciones Ocmal

Descargar documento https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe_Nº2Corr-1.pdf →

Chile

Presidente de Sonami criticó tramitación de Minera Dominga

Autor: Terram.cl
Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera

Sin entrar en detalles, el presidente de Sonami, Diego Hernández, criticó la tramitación del proyecto minero que busca instalarse en la comuna de La Higuera asegurando que la institucionalidad ambiental no está funcionando. Fuente: El Día, 25 de noviembre de 2019.

El dirigente de la Sociedad Nacional de Minería comparó la tramitación del proyecto con el juego del compra huevos, lo que a su juicio revelaría que un mal funcionamiento de la institucionalidad ambiental. Esto tras ser consultado qué proyectos les generaba preocupación y que se asimilara al proyecto Mina Invierno.

‘Hasta cierto punto el proyecto de Minera Dominga, sin entrar en detalle de todo lo que ha pasado, pero en el fondo tú llevas una cantidad de enorme de años con un proyecto y finalmente están jugando al compra huevos con los inversionistas. Vas desde el Comité de Ministros al Tribunal Ambiental, del Tribual Ambiental a la Corte Suprema, de la Corte Suprema al Tribunal Ambiental y todo eso es tiempo y tiempo es plata. Eso te demuestra que esa institucionalidad no está funcionando’, señaló.

Cabe recordar que el último dictamen de la Corte Suprema determinó que el caso debe volver al Primer Tribunal de Antofagasta para resolver, esta vez, sobre temas relativos al cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Hernández agregó que no le parece mala idea que los tribunales ambientales sean incorporados al poder judicial o eliminados, tras analizar el fallo emitido para Mina Invierno.

‘El poder judicial falla no muchas veces de acuerdo a la estricta interpretación de la ley. En Chile la jurisprudencia no siempre es un antecedente para fallos futuros entonces hay una parte del poder judicial que se convierte en activismo judicial y de repente aparecen esos fallos. Y los tribunales ambientales que llevan poco tiempo, no han dado los resultados esperados. El otro día leía una carta al diario donde alguien estaba sugiriendo eliminar los tribunales ambientales o incorporarlos al poder judicial y no me parece una mala idea’.

El Tribunal Ambiental de Valdivia confirmó que mantendría la medida cautelar que impide las tronaduras bajo los 100 msnm debido a que son lugares ricos en material paleobotánico y paleontológico, pese a que contaba con Resolución de Calificación Ambiental que permitía realizar tronaduras.

 

Fuente:https://www.terram.cl/2019/11/presidente-de-sonami-critico-tramitacion-de-minera-dominga/

Chile

Gobierno presentará en enero ajustes al manejo de relaves mineros

Autor: El Mercurio.cl

Modificación legal tiene como objetivo garantizar la seguridad operacional y de los entornos donde se encuentran estos recintos.

Desde septiembre que el Gobierno, en un trabajo impulsado desde el Ministerio de Minería, está trabajando en ajustes al decreto 248, que es por medio del cual se aprueban los proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves. La iniciativa se ha desarrollado a través de mesas de trabajo, en las que participan académicos, profesionales del sector y representantes de la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Según trascendió, esta estrategia tiene como horizonte el mes de enero para ser presentada, con el objetivo de aumentar el estándar de la regulación actual para la gestión de relaves en términos químicos y físicos, a través de la elaboración de una serie de nuevas reglas —de tendencia internacional— respecto de la estabilidad física, química y del manejo de aguas.

‘El trabajo público-privado que venimos realizando hace tres meses en el ministerio, además de aumentar de manera significativa el estándar técnico para la gestión de los relaves de nuestro país, potencia sólidamente a nivel internacional nuestra experiencia y transforma a Chile en un referente mundial para todos los países mineros que tengan desafíos en este ámbito’, comentó el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal, quien ha encabezado la elaboración de estos ajustes.

El eje de la estrategia

El plan que se encuentra en desarrollo cuenta con un eje principal, que tiene que ver con garantizar la seguridad operacional, y de lograrlo, esto conlleva distintos beneficios, entre los que se subraya la seguridad para las comunidades donde se encuentran los relaves; seguridad para el medio ambiente; mejoras en los tiempos de tramitación, y la mejora en la gestión de los recursos hídricos, entre otros.

Desde el ministerio explican que, por ejemplo, en caso de aumentar el estándar físico que se exige para el desarrollo de este tipo de recintos, se minimizan los riesgos estructurales, por lo tanto se minimiza así los riesgos de colapso de los relaves y las consecuencias que esto podría tener para la población.

A esto se suman las mejoras químicas, que al implementarse hacen que disminuyan los potenciales riesgos de contaminación de las aguas de la zona. Junto con lo anterior, se está trabajando también en la consideración de duplicidad de requerimientos que existe entre la DGA y Sernageomin, así como en la revisión de requerimientos de estabilidad química, el monitoreo en línea de estabilidad física y química, y la incorporación de expertos, tanto internos como externos.

 

Fuente:https://www.terram.cl/2019/11/gobierno-presentara-en-enero-ajustes-al-manejo-de-relaves-mineros/

Chile

El Triple impacto hídrico de la mineíra, el principal desafío climático del sector

Autor: Telye Yurisch, Terram

Tanto para la sociedad civil como para las comunidades resulta imperativo abrir la discusión y realizar un balance sobre los principales impactos socioambientales y desafíos que posee el sector minero en el contexto de emergencia climática.

Si bien, por largos años el discurso minero ha destacado constantemente sus “cuantiosos aportes” a las arcas fiscales y al desarrollo económico y social del país, lo cierto es que el famoso sueldo de Chile hace tiempo viene perdiendo su categoría, lo cual se refleja en su participación del 6,4% de los ingresos fiscales y, solamente, el 2,5% del empleo nacional (directo) durante 2018. Pero, para realizar un balance completo de la situación sectorial, es importante que en la ecuación de bienestar se incorporen las diversas externalidades socioambientales que genera esta industria.

Desde Fundación Terram planteamos que el principal desafío socioambiental del sector es la compleja situación de escasez hídrica que existe a nivel nacional, la que se irá agudizando por los efectos del calentamiento global.

Actualmente, nuestro país presenta un 76% de su superficie terrestre afectada por sequías, desertificación y suelos degradados, y cerca de 110 acuíferos con sobre otorgamiento de derechos de agua. Por otro lado, en las regiones donde se realizan gran parte de las actividades mineras, existe una permanente tensión por el uso del agua, entre lo que debiese ser un legítimo derecho para la supervivencia de las personas o un insumo para la producción minera y agrícola. Esta situación se evidencia en el Mapa de Conflictos Socioambientales desarrollado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos publicado el 2018, el cual releva que 29 de los 116 conflictos nacionales corresponden a problemas entre la minería y las comunidades aledañas por la propiedad y acceso al agua.

En este sentido, tanto el gobierno como el sector debiesen avanzar en establecer lineamientos políticos y técnicos que resuelvan el triple impacto que efectúa la minería sobre el agua, que dice relación con el consumo, contaminación y destrucción de fuentes de suministro hídrico (humedales, vegas, glaciares, entre otros). Sin embargo, a la fecha, la discusión pública solo se ha focalizado en aspectos técnicos relacionados al problema de suministro hídrico que presenta el sector, planteando como solución factible la implementación de plantas de desalinización. Pero, si no se realiza una mirada integral del vínculo entre minería, agua y emisiones de Gases de Efecto Invernadero, esta medida estaría trasladando una restricción hídrica a un problema energético y climático.

Ante esto, es importante comprender que el problema hídrico se ha transformado en un problema político y por ende social que, como se mencionó anteriormente, se está expresando en diversos escenarios de conflictividad. Por lo tanto, para avanzar en una buena gobernanza en materia hídrica resulta fundamental fortalecer las regulaciones en las tres dimensiones del problema, orientando el desarrollo e implementación de políticas que garanticen el derecho humano al agua y la priorización de sus usos; estableciendo estándares a la contaminación del agua, específicamente normas de calidad de agua en las cuencas donde se localiza la actividad extractiva; y, entre otros puntos, avanzar con urgencia en una normativa que establezca una mirada integral sobre el tratamiento y conservación de los glaciares.

 

Fuente:https://www.terram.cl/2019/11/el-triple-impacto-hidrico-de-la-mineria-el-principal-desafio-climatico-del-sector/

Internacional

José Matías Peña: «Siguen los vertidos procedentes de la Sierra Minera al Mar Menor»

Autor: Encarna Lorente , Cadena Ser

El investigador José Matías Peña, de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de La Sierra Minera Cartagena-La Unión ha recorrido durante la mañana de este martes 29 de octubre las inmediaciones de La Rambla de La Porra, donde ha podido comprobar que desde el pasado 13 de septiembre de este año 2019 continúan los flujos de Lixiviados o drenajes ácidos de mina que desembocan en la laguna.

Matías Peña ha dicho que estos ácidos son tan agresivos como el tan conocido ‘salfumán’ y que van tanto en dirección hacia el Mar Menor como hacia la zona de El Gorguel.

Ha destacado la peligrosidad de estos drenajes, por las concentraciones de metales pesados como el plomo, cadmio, arsénico e incluso uranio.

«No se puede obviar que si estos drenajes están circulando por el subsuelo en la línea de máxima pendiente hacia el Mar Menor, están provocando la contaminación de los suelos agrícolas sobre los que se cultivan verduras y hortalizas que después se consumen por los ciudadanos».

Miembros de esta plataforma participarán este miércoles en la manifestación para salvar el Mar Menor. Irán con un castillete minero y con residuos que han cogido de la zona.

 

Fuente:https://cadenaser.com/emisora/2019/10/29/radio_cartagena/1572352389_425755.html

Internacional

Comienzan las declaraciones tras ampliarse la investigación de la mina de Aznalcóllar

Autor: Cadena Ser

La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, la magistrada Patricia Fernández, comienza este lunes a tomar declaración como investigados a los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación tras ampliar la investigación de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel. El objetivo, ver si existen más delitos a parte del delito de prevaricación que se atribuyó inicialmente.

La primera en declarar, en calidad de testigo, será la exsubdirectora general de Minas, la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, y está citada a las 9,30 horas, para pasar, una hora más tarde, a tomar declaración, como investigada, a María José Asensio Coto, miembro de la Mesa y exdirectora general de Industria Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, mientras que a las 11,30 horas lo hará otro miembro de la comisión, según reza en el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press.

En concreto, la magistrada amplía la investigación con respecto a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales, que se suman al tipo inicial de prevaricación.

Además, la jueza extiende esa citación como investigado al que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, el 2 de diciembre, así como a los hermanos Isidro L.M. y Mario L.M., ambos representantes de Magtel, el 12 de ese mismo mes, y también a los demás miembros de la Mesa de Contratación que irán declarando hasta mediados de diciembre.

Igualmente, la juez acordó en el auto solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo.

En el auto, la juez considera «necesario» discernir si existió delito de tráfico de influencias y, en su caso, de fraude y exacciones ilegales que fuera determinante de que, «formalmente, la presentación al concurso la hiciese Minorbis, sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerle aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel».

Con respecto al delito de cohecho, la magistrada amplía la investigación al sustentarse «en los posibles ascensos» de las personas relacionadas con el concurso, «a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos».

De otra parte, se amplía la investigación con respecto al delito de malversación a tenor de que la propuesta económica de Emerita Resources, la otra empresa que se presentó al concurso, «ascendía a 641,5 millones mientras que la de Minorbis-Grupo México era de 304,6». En ese sentido, la juez hace referencia a que en el apartado de las mejoras socio-laborales Emérita «se comprometía a aportar a cambio de la adjudicación 375 millones en Andalucía para el desarrollo de su tejido industrial», frente a la propuesta de Minorbis- Grupo México que se «refería sólo mejoras valoradas en 27 millones de euros».

REAPERTURA DE LA CAUSA

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó la reapertura de esta causa al estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.

Así, la Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al concurso.

Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de Isidro L.M. y Mario L.M., en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, «considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no».

Además, el recurso de Emerita Resources solicita que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la justicia respecto de determinados escritos que al presente procedimiento se han presentado por determinados funcionarios para favorecer la posición de la Administración.

De hecho, a finales de octubre la representación legal de la sociedad Emerita Resources presentó una denuncia, interpuesta por el bufete Trajano XXV, en los juzgados de Sevilla en la que reclama que se investigue una supuesta trama para «encubrir las ilegalidades» que se dieron supuestamente en esa adjudicación, en este caso por delitos tales como encubrimiento, falso testimonio, obstrucción a la justicia, usurpación de funciones públicas y desobediencia.

«NO SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS»

La Sala acepta el recurso toda vez que señala que resulta «evidente y ello no se discute» que Grupo México, como licitador, «no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles» para pasar a la Segunda Fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, «lo cual sin duda era exigible a ambas entidades de acuerdo con los principios generales de la contratación pública».

De este modo, la Sección Séptima indica en el auto que entiende que se «quebrantó» el principio de transparencia e igualdad de trato en el concurso y además se estaba dando cobertura con la actuación «llamativamente ambigua» de la Administración, al resultado final, «legalmente inadmisible» de que aceptara la adjudicación una entidad controlada prácticamente en su totalidad por una sociedad que «debió ser apartada del concurso, y que en definitiva no participó en él».

En esa línea, indica que en ese concurso se presentó a la licitud Minorbis no como entidad independiente sino como Minorbis-Grupo México lo que «hace dudar sólidamente» de que la mención en las citadas resoluciones del licitador como Minorbis-Grupo México sea «un simple error arrastrado».

Así, señala que puede ser una medida «intencionada» para procurar «cierta lógica» a la aceptación de la adjudicación por una entidad absolutamente controlada por Grupo México, «que realmente se limitó a presentar la oferta pero no participó en el concurso, por lo que frente a terceros era necesario mantener formalmente a Grupo México como licitador, siendo además curioso que ese error, que más bien parece un argumento creado a posteriori, solamente ocurra con dichas sociedades y no con Emérita a la que también podría habérsele denominado Emérita-Forbes Manhattan». De otra parte, la Sala sospecha de que no se cumpla los preceptos de solvencia económica y técnica.

 

Fuente:https://cadenaser.com/emisora/2019/11/11/radio_sevilla/1573456762_073416.html