La provincia de Grau, en la región Apurímac, ha suspendido hoy temporalmente un paro provincial indefinido que se desarrollaba desde el pasado miércoles 29 de mayo en demanda del cierre de 2 plantas procesadoras de minerales. Con motivo del paro generalizado, la vía que une a Vilcabamba hacia Abancay y Chalhuahuacho- Cotabambas estuvo restringida, según dijeron los manifestantes que insisten en la medida para hacer escuchar sus peticiones ante las autoridades regionales y nacionales.
La población de Vilcabamba, capital de la provincia, pide a las autoridades que atiendan sus reclamos respecto al retiro y cierre definitivo de las plantas procesadoras Santa María Perú S.A.C. – Usayma, ubicado a algunos metros de distancia del río de Vilcabamba del distrito del mismo nombre y la planta Esponda ubicada en el distrito de Curasco, debido a casos de contaminación del suelo y agua.
La plataforma de lucha se resume en 4 puntos: 1. Reubicación de la planta de Usayma. 2. Ejecución del estudio de la carretera de doble vía. 3. Estudio y construcción de un hospital provincial de Grau. 4. que la provincia de Grau vuelva a ser zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas.
La población reclama al gobernador regional de Apurímac Baltazar Lantarón Núñez que cumpla sus compromisos, pues habría firmó un documento con los pobladores de la zona, donde se comprometió que una vez electo apoyaría la reubicación de las plantas procesadoras de minerales. Según denuncian en su plataforma de lucha, la planta procesadora a solo tres kilómetros del pueblo ha tenido serios impactos no solo por las emisiones de gases sino también debido al centenar de volquetes que pasan cada 10 minutos durante todo el día, lo que afecta la tranquilidad de las viviendas cercanas a la vía.
El día martes 4 de junio se instaló una mesa de trabajo en la plaza de armas de Chuquibambilla entre las organizaciones sociales y frentes de defensa de los distritos de Grau y los catorce alcaldes de la provincia de Grau, el vice gobernador regional, los consejeros regionales de Andahuaylas y Grau, la prefecta de Apurímac, representantes de la PCM, la defensoría del pueblo de Apurímac, representantes de la Dirección regional de energía y minas de Apurímac, los representantes de la gerencia sub regional de Grau, los representantes de la red de salud de Grau, los directores de la UGEL Grau. Sin embargo esta mesa no llegó a buen puerto, pues no se pudo acordar el cierre de estas plantas.
Sin embargo la mesa continuó el día de hoy y según el acta firmada entre los representantes gubernamentales, autoridades locales y dirigentes sociales se acordó que se suspende la paralización pacífica, se da un plazo de 8 meses para la reubicación de la planta de Usayma, asimismo se acordó que el Gobierno regional elabore los expedientes técnicos para proyectos productivos y de tratamiento de aguas servidas, entre otros temas. La mesa se deberá reunir el próximo 18 de junio para evaluar los acuerdos.
Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/06/apurimac-provincia-de-grau-continua-en-paro-contra-empresas-mineras/




El ayuntamiento de Guadalcázar, San Luis Potosí, aprobó por unanimidad declarar este municipio
Los metales pueden afectar la calidad de la tierra y la producción de los frutales
Equipos de espeleólogos extranjeros llevan explorando más de cincuenta años las extensas cuevas de la región de los pueblos indígenas mazatecos, al norte del Estado de Oaxaca en México. Pese a que varias comunidades han negado el ingreso, se están apropiando del espacio subterráneo sagrado, vulnerando los derechos de los pueblos originarios a su libre determinación.
Durante la última reunión de los ronderos de las comunidades del distrito de Chugur, de la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, vinculados a la Federación de rondas campesinas del distrito; las y los ronderos alertaron al alcalde distrital, José Vargas Paredes, sobre la presencia de la Minera Anta Norte ubicada en zona denominada como el Sinchao. El Sinchao es una zona declarada en emergencia ambiental como consecuencia de la presencia de pasivos ambientales mineros dejados por empresas mineras pasadas como Cleopatra, y por la presencia de metales tóxicos en más de 57 personas, como señaló el alcalde José Vargas a la prensa regional.
Solo en un año, 600 hectáreas de vegetación en zona rural de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, quedaron destruidas por la minería ilegal.
«Estamos transitando momentos decisivos para el futuro de los pueblos. Observamos intereses contrapuestos, por un lado empresas y gobiernos con una mirada cortoplacista interesados en explotar nuestros recursos naturales y por el otro, los pueblos latinoamericanos uniéndose para proteger el agua de las futuras generaciones», arrancó el comunicado de la asamblea del No a la Mina de Esquel, leído por Viviana Moreno, poco antes de la tradicional marcha de los días 4, que ayer a la tarde tuvo lugar en medio de un fuerte temporal de lluvia y viento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó hoy la ley de preservación de los glaciares, al rechazar el pedido de inconstitucionalidad de la misma realizado por Barrick Gold y Minera Argentina Gold. La decisión fue por unanimidad y así, entre otros puntos, los magistrados consideraron que los demandantes no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera. La decisión era esperada desde hace semanas, ya que estaba dentro del cronograma de fallos del máximo tribunal y tiene un fuerte impacto en la explotación de las empresas y de las provincias.
Este paro es en rechazo al proyecto minero Río Blanco.
Los ambientalistas en Quindío expresaron su preocupación tras conocer el fallo que invalida acuerdo que buscaba frenar la minería en el municipio de Salento.