Perú

TC revisará convenios firmados entre la PNP y minera Glencore Antapacay

Tras tres años de espera, el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay, por vulnerar derechos constitucionales.

…el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay, por vulnerar derechos constitucionales.

En la notificación, el TC manifestó que “las instancias judiciales anteriores han incurrido en un error al rechazar la demanda”, y dispuso su nulidad, manifestando que el caso amerita una pronta respuesta.

El TC admitió a trámite la demanda de amparo –presentada el año 2015- que pide se declare inaplicable el “Convenio de Servicios Extraordinarios Complementarios a la Función Policial” suscrito entre la empresa minera Glencore Antapacay (antes Xtrata Tintaya) y la Policía Nacional del Perú, entre otras exigencias.

El entonces alcalde de la provincia de Espinar Oscar Mollohuanca y el presidente de la Asociación de Productores Pecuarios de Huinipampa, Carlos Umasi, impulsaron esta demanda contra el Ministerio del Interior, el director general de la PNP de la Décima Región Policial del Cusco y la empresa minera Xtrata Tintaya (hoy Glencore Antapacay).

Sin embargo, fue declarada improcedente en primera y segunda instancia: en diciembre del 2015 y junio del 2016. Esta iniciativa y proceso ha sido acompañada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

Según los demandantes, el citado convenio vulnera una serie de derechos fundamentales de la población y el principio que establece que los trabajadores públicos están al servicio de la Nación.

Además, la Policía Nacional del Perú (PNP), al resguardar a empresas privadas en exclusividad, desnaturaliza el rol que debe cumplir en un Estado constitucional y se parcializa con estas empresas en desmedro de la ciudadanía y de los pobladores de la provincia de Espinar.

La demanda también pide que se ordene a la PNP la adopción de medidas que garanticen su deber de proteger el orden interno en función del interés general, entre otros.

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Fuente: Publicado el 29 de mayo 2019 por IDL: https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-revisara-los-convenios-que-firmo-la-pnp-y-la-empresa-minera-glencore-antapacay/?

 

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2019/tc-revisara-convenios-firmados-entre-la-pnp-y-la-minera-glencore

Colombia

Extractivismo a la brava en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque

Expandir la actividad extractiva es uno de los más claros propósitos del Plan Nacional de Desarrollo. Para conseguirlo, el gobierno pretende inmiscuirse en las competencias de los entes territoriales y, de esa manera, bloquear los ejercicios de autonomía que buscan prohibir o limitar la actividad extractiva en los municipios.

El aumento de las consultas populares y los acuerdos municipales que prohíben o reglamentan la extracción de los recursos naturales no renovables frente al interés del gobierno nacional por expandir la exploración de yacimientos y agilizar el otorgamiento de títulos mineros, evidencia una tensión entre las competencias de la Nación, los entes territoriales y de estos dos (el Estado) para regular el uso del suelo y del subsuelo.

El Gobierno Nacional, por medio del PND 2018-2022, busca resolver la tensión a su favor inmiscuyéndose en las competencias de los entes territoriales, a través de dos estrategias: en primer lugar, con la inclusión de la variable minero-energética en los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), y en segundo lugar, con la firma de 300 acuerdos municipales que avalen la explotación minero-energética.

Ambas propuestas van en contravía de la Constitución colombiana y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues aún no se ha llevado a cabo el proceso de concertación para reglamentar el uso de los recursos del subsuelo. “Incluir” y no “discutir” la variable minero-energética en los POT es una afrenta a la autonomía de los entes territoriales y una omisión de los llamados de las altas cortes a concertar el modelo extractivo.

El centro de la discusión está en la interpretación del artículo 332 de la Constitución Política que señala que “el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones afirmando que el Estado, la nación y los entes territoriales deben ponerse de acuerdo sobre el asunto. El problema se presenta cuando el gobierno nacional tiene intereses en expandir el modelo extractivo y los entes territoriales, haciendo valer su autonomía, deciden oponerse.

En la sentencia C-035 de 2016, referente a la demanda de inconstitucionalidad de las Áreas Estratégicas Mineras, la Corte Constitucional manifestó que la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas deben, concertar con las autoridades locales de los municipios donde están ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera, garantizando (sic) que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los planes de ordenamiento territorial respectivos (cursivas agregadas).

De igual forma, la sentencia C-077 de 2017, que resuelve la demanda de inconstitucionalidad sobre las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), declaró inexequible el párrafo 4° del artículo 4º, que decía que los municipios debían acoger, mediante sus POT, lo
dispuesto por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). La Corte halló que este artículo violaba la autonomía y las competencias de los entes territoriales para definir zonas y usos del suelo en su jurisdicción, pues modificaba “la competencia constitucional radicada en cabeza de
los entes territoriales atinente al ordenamiento territorial”.

Frente a las consultas populares que buscan restringir la actividad minero-energética, la misma Corte (SU 095 de 2018) ha dicho que, en materia de la explotación de los recursos del subsuelo, la competencia es del Estado y que “para resolver la tensión en las competencias otorgadas a la nación
y las entidades territoriales en materia de suelo y subsuelo, debe darse aplicación al artículo 288 constitucional que define los principios de coordinación y concurrencia (…)”. Así mismo, exhorta “al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio”.

Hasta el momento, el Congreso no ha definido el mecanismo de participación ciudadana frente a la explotación de recursos naturales no renovables, ni mecanismos para que el gobierno nacional y los entes territoriales se pongan de acuerdo. Sin embargo, la sentencia del Consejo de Estado (sala cuarta, 4 de octubre de 2018) que declara la validez del Acuerdo Municipal del municipio de Urrao, Antioquia, en el que se prohíbe la minería, afirma que “el mecanismo de coordinación por excelencia es el (…) [POT] o su equivalente porque en su formulación concurren autoridades municipales y nacionales”.

En la misma sentencia, el Consejo de Estado dijo: «Las autoridades locales y nacionales tienen competencias concurrentes en los asuntos mineros, ambientales y energéticos; motivo por el cual deben coordinar el ejercicio de sus funciones. Si no se logra[ra] una concertación entre los distintos niveles decisorios, primaría la competencia de las autoridades municipales porque, en virtud del principio de subsidiariedad, son la autoridad más cercana a los ciudadanos».

Por lo tanto, según el Consejo de Estado, los entes territoriales tienen la facultad de “prohibir la actividad minero-energética en sus territorios en ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente y reglamentación del uso del suelo”.

El contenido de las sentencias mencionadas pone de presente una disputa de gran calado, una cuestión que encierra la tensión entre el centralismo y la autonomía territorial. Así como las disputas locales por la defensa del territorio frente a proyectos extractivos y el interés del gobierno nacional por expandir la explotación minera y petrolera.

Ahora bien, la inclusión de la variable minero-energética en los POT, como lo propone el PND en el Pacto por los Recursos Minero-Energéticos, da por sentado que ya se zanjó una discusión que no se ha dado: la que tendría por finalidad que el Estado (Nación + entidades territoriales, entre ellas los territorios indígenas) definan si la extracción de recursos naturales no renovables debe realizarse o no y, de ser positiva la decisión, dónde y cómo.

En el PND, la palabra inclusión debería transformarse por discusión de la variable minero-energética. De no ser así, se está violando la autonomía de los entes territoriales, pues incluir es muy diferente a concertar. Por ello, la propuesta no da cumplimiento a los principios de coordinación y concurrencia que señala la Corte.

Además, como lo ha dicho el Consejo de Estado en la sentencia referida, los “principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad operan en doble vía”. Por tanto, el gobierno nacional ha debido concertar el modelo minero-energético con anterioridad y no, como sucede ahora, presionar para incluir la variable minero-energética en donde ya se han adjudicado bloques petroleros y se han otorgado títulos mineros.

En definitiva, lo que busca el actual PND es “metérsele al rancho” a los entes territoriales, para así bloquear ejercicios como las consultas populares o acuerdos municipales, mecanismos que empezaban a hacer valer las competencias y la autonomía de los municipios en materia de ordenamiento de su territorio.

 

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/extractivismo-a-la-brava-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-del-gobierno-de-duque/44087

Chile

Detienen a manifestantes que protestaban contra sondajes de Nueva Unión

Carabineros acudió hasta las obras de la empresa para detener a los manifestantes que aludían ilegalidad en los sondajes que se estaban ejecutando.

Un grupo de mujeres fueron detenidas durante el medio día de Hoy Miércoles, en la localidad de Maitencillo, donde carabineros realizó un operativo logrando la detención de 3 Mujeres las cuales pasaron a constatar lesiones al Hospital de Huasco.

Aludiendo ilegalidad en las obras que efectúa una empresa contratista de la Minera Nueva Unión que busca presentar el estudio de impacto ambiental pasando sus tuberías bajo el rio Huasco a la Altura de Maitencillo, lugar hasta donde llego carabineros.

Informacion en desarrollo

Fuente:http://www.radioprofeta.cl/detienen-a-manifestantes-que-protestaban-contra-sondajes-de-nueva-union-video/
Colombia

Comunidad de Jericó sigue oponiéndose a proyecto minero

Los habitantes de este municipio de Antioquia impidieron la instalación de una plataforma de exploración de la multinacional AngloGold Ashanti, empresa que tiene previsto el desarrollo de un proyecto de extracción de cobre en esta región.

Luego de horas de diálogo con las autoridades municipales, la comunidad y la fuerza pública, la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, decidió retirarse de la vereda Vallecitos del municipio de Jericó, en Antioquia, en donde proyecta adelantar un proceso de exploración minera.

Este lunes, la compañía pretendía instalar una plataforma de exploración en un predio privado y un grupo de personas de la región impidió el procedimiento, por lo que sus representantes decidieron no ingresar, según lo confirmó la propia organización.

Según la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia, la posible perforación de la montaña por parte de la compañía minera es una violación al Acuerdo Municipal 010 de 2018, mediante el cual se prohíbe la minería metálica en este municipio.

Claudia Vásquez, directora de la mencionada mesa, dijo que existe un amplio consenso por parte de comunidades, empresarios, colectivos y autoridades de que Jericó es un territorio autosuficiente, rico y sostenible que cuenta con fuentes importantes de desarrollo que pueden verse seriamente afectadas por la operación minera, lo que los ha llevado a determinar que la extracción no representa un buen modelo de negocio para este municipio.

“Nuestra posición es que la minería en Jericó, analizada en el largo plazo, trae menos beneficios que otras actividades empresariales y sociales que pueden desarrollarse en el territorio, y que hoy son materia de análisis por parte de otras corporaciones”, sostuvo Vásquez.

La restricción, explicó, deberá ser acogida por parte de la compañía minera, hasta que las autoridades departamentales se pronuncien en contra o a favor del proyecto, y éste solo podrá contar con viabilidad en su desarrollo hasta presentar los estudios de impacto ambiental, los cuales deberán ser analizados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y que, según la Mesa Técnica, aún no han sido compartidos por parte de la multinacional sudafricana.

Los habitantes de la región esperan que la ANLA, al momento de realizar su análisis, tenga en cuenta los beneficios presentes y futuros que tiene Jericó en materia de desarrollo económico y social, así como el riesgo que estos corren por cuenta de la operación de una sola compañía en el territorio.

Consideran que Jericó puede generar más crecimiento y desarrollo de la mano de múltiples industrias sostenibles y por ello es tan importante conocer el estudio de impacto ambiental que debe presentar la empresa.

 

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/comunidad-de-jerico-sigue-oponiendose-a-proyecto-minero/44194

 

Colombia

El fracking y la minería vuelven a las calles

Como protesta al supuesto guiño que le hizo el Plan Nacional de Desarrollo al Ministerio de Minas para que estudien la posibilidad de explorar y producir hidrocarburos a partir de yacimientos no convencionales en el país, más de 100 municipios preparan movilizaciones.
Un llamado al presidente Iván Duque para que cumpla su promesa de campaña y no implemente el fracking en Colombia, será una de las exigencias que harán los ciudadanos que asistan a la marcha-carnaval que se realizará, el próximo 7 de junio, en todo el territorio nacional contra esa técnica de fracturación hidráulica de hidrocarburos y la minería contaminante. 

En la actividad, a la que viene convocando el Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, se espera que participen de manera simultánea, por lo menos, 100 municipios del país y algunas ciudades en el extranjero.
Esta movilización surge como respuesta a la inclusión en la hoja de ruta del fracking en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Queremos que el gobierno y el Congreso entiendan que el país rechaza rotundamente el fracking y que sus decisiones deben ser consecuentes con las preocupaciones de las comunidades”, manifestó Amarilys Llanos, vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Renzo García, vocero del Movimiento Nacional Ambiental, aseguró que decidieron sumarse a la marcha-carnaval por el agua, la vida y el territorio convocada por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima ese mismo día, para hacerse sentir, ver y escuchar contra la dictadura minero-energética que pretende imponer el gobierno nacional, coartando el derecho de las comunidades de participar de activa y eficazmente en las decisiones que afectan a las comunidades y el medioambiente.
En ciudades como Ibagué, Armenia, Bogotá, Valledupar, Tunja y Barrancabermeja ya se han confirmado para ese día plantones y marchas-carnaval confirmadas.
«Invitamos a personas y organizaciones a contactarnos a través de http://www.colombialibredefracking.wordpress.comy [email protected]com para coordinar las movilizaciones en sus municipios”, señaló  Llanos.
Los organizadores de la actividad reiteraron, además, que por la suspensión del marco normativo del fracking por parte del Consejo de Estado, hoy sería ilegal la realización de cualquier proyecto piloto de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, tal y como lo recomendó el Comité de Expertos convocado por el Ministerio de Minas y Energía.
Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/marcharan-contra-el-fracking-y-la-mineria-en-toda-colombia/44171
Argentina

Las Asambleas por el Agua vuelven a la calle en defensa de la Ley 7722 y contra el fracking

Este sábado 1 de junio en la Plaza Independencia las Asambleas por el Agua de Mendoza harán una juntada de firmas para exigir que no se modifique la Ley 7722 y se sancione una ley que declare a Mendoza como provincia libre de fracking.

Son dos de los frentes de batalla que encaró el lobby minero en los últimos meses en tándem con el gobierno provincial. Por un lado se apoya desde el oficialismo los proyectos reformistas de la ley que impide en Mendoza el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes en la minería, y por el otro el Ejecutivo impulsa políticas activas profracking.

En ese sentido, Cornejo y el candidato a ser su sucesor por el macrismo,m Rodolfo Suárez, viajaron a Estados Unidos en busca de inversiones para explotar la lengua de Vaca Muerta sobre la que se posa el sur mendocino, y encaró rebajas de regalías para quienes quieran fracturar la roca, entre ellos la petrolera de Vila y Manzano y la propia YPF.

Mientras tanto, los lobbistas contra la 7722 no se quedaron quietos. Reunidos en el cluster energético, enviaron cartas a Cornejo y presionan a los legisladores para modificar la norma, resistida en las calles y fincas de los sectores productivos.

En su última jugada, viajaron a San Juan para unir fuerzas con sectores mineros de la provincia vecina en pos de atacar la ley en bloque.

Informe Explícito: Desde Dick Cheney a Groisman, Pescarmona y los socios de Vila quieren voltear la ley 7722

Frente a estos embates, los ambientalistas han continuado su lucha en la calle: hubo un banderazo en la Fiesta de la Ganadería de Alvear y la próxima acción será la mencionada, en la plaza Independencia, de 11 a 14.

 

Fuente:https://explicitoonline.com/las-asambleas-por-el-agua-vuelven-a-la-calle-en-defensa-de-la-7722-y-contra-el-fracking/

Chile

INDH visitó el valle del Huasco por conflicto por sondajes y concentraducto de proyecto minero de Nueva union

El miércoles 22 de mayo recién pasado, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) visitó el Valle del Huasco preocupados por la situación de conflicto y amenaza que se ha levantado a consecuencia de los sondajes en el río y concentraducto de Nueva Unión.

En una reunión en el Salón de los Concejales en Freirina que se extendió por casi 4 horas, y con una convocatoria de alrededor de 60 personas que asistieron de toda la cuenca de cordillera a mar, Carlos Bielli, Jefe de INDH Región de Atacama y su equipo, escucharon atentamente todas las aristas de la problemática así como a los distintos actores del territorio que están organizados y movilizados por la situación.

Las exposiciones fueron abiertas por los agricultores, quienes fueron claros en exponer los riesgos que significan para la agricultura y también para la vida misma, la posible concreción de un concentraducto con metales pesados y agua contaminada que atraviese el río Huasco , en este caso a 24 metros bajo el lecho del río. Fueron claros en exponerle a la institución que no lo permitirán, que lucharán hasta el final, pero que el ducto NO atravesará el río que da vida a este valle en ningún lugar de la cuenca de cordillera a mar. “Queremos seguir siendo un valle agrícola y que este siga vivo por generaciones”, expresaron con fuerza.

Luego vino el turno de la Coordinadora por la Vida del Valle del Huasco, que aglutina a organizaciones e individualidades que trabajan en la defensa de la vida del Valle. Iniciaron su exposición recordando el contexto en que se vive este nuevo conflicto, “Este es un territorio altamente amenazado y que el Estado a designado como zona de sacrificio, y queremos dejar claro que no es sólo Huasco, sino todo un valle el que está siendo zona de sacrificio”, fue así como hicieron un recuento de todos los conflictos socioambientales vividos en la zona (Agrosuper, Pascua Lama, Guacolda, Cap, entre otros) con sus correspondientes daños e impactos y fueron claros en exponer “La cuenca no soporta ni un megaproyecto más”. En su exposición presentaron la gran amenaza ambiental y a la vida que reviste el proyecto Nueva Unión por entero a toda la provincia, expusieron contundentes argumentos de porqué los sondajes son una amenaza siendo su ilegalidad al no contar con evaluación ambiental cumpliéndose con los requisitos que estipula la ley para que así sea, una de las mayores. Y aprovecharon de denunciar nuevas vulneraciones como los son los sondajes del proyecto minero El Encierro (uno de los 7 megaproyectos mineros en la nacientes de agua y ecosistema glaciar en la cuenca) bien fundadas en vecinos que fueron a fiscalizar en terreno y el Plan de Descontaminación en Huasco, el cual está atravesado por una serie de graves irregularidades, convirtiéndose así en un nuevo vulnerador de derecho en vez de una herramienta de restitución de los mismos.

Más tarde fue el turno de la Unión Comunal de Freirina, quien también presentó una posición recalcitrante ante el concetraducto y que se detuvo en las graves implicancias sociales que esto podría traer así como las que el conflicto en sí mismo está trayendo. Se hizo memoria de lo fundamental que es el río para la vida social de la comunidad, la vida digna, la salud mental, el derecho al esparcimiento y por supuesto a la salud y a la vida. Y se tocó muy sentidamente un tema que requiere mucho cuidado: el amedrentamiento a quienes están defendiendo el río. Cabe destacar la destrucción por desconocidos de un inmenso letrero que se confeccionó y ubico en una propiedad privada, la presencia policial ante actividades pacificas como recolección de basura del río y la persecución de dirigentes, con controles de identidad por sospecha ante no estar haciendo ningún acto delictual, la persecución de supuestos policías de civil que vendrían de Copiapó, entre otros.

Para finalizar fue el turno de la Coordinadora nuevamente quien informó de una denuncia realizada en Contraloría por infracción al principio de probidad y el quebrantamiento por parte de los organismos públicos que participan en la Evaluación Ambiental (Municipios y Ministerios) de la abstención de participar en decisiones en cualquier circunstancia que reste imparcialidad. Se enumero la gran lista de proyectos y actividades estatales y municipales con fondos de Nueva Unión, así como todas las declaraciones a favor del proyecto por parte de autoridades lo cual es completamente irregular e ilegal. “Acá no se trata de atacar porque sí a las autoridades y Gobierno, acá se trata de defender nuestro derecho a vivir en un ambiente sin contaminación, al agua y a la vida, y para eso es necesario exigir que se cumplan los principios precautorios y preventivo en la legislación ambiental, en el fondo que se realice una evaluación realmente parcial y no ya balanceada hacia la empresa, como va a ocurrir en este caso, donde el apoyo de las autoridades y servicios ya está marcado sin haber ni un estudio de Impacto Ambiental presentado siquiera, sin conocerse el proyecto y sus impactos”.

Paula Carvajal cultora indígena de la parte alta del Valle y parte de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, explicó que esta situación también es vulneradora de derechos ya que quienes estamos en contra de los proyectos debemos restarnos de la actividades, ferias, incluso de exámenes que estuvieron pagando en nuestros consultorios”. Realizó un análisis de todos los derechos humanos que se están vulnerando con este proyecto y con la realidad de zona de sacrificio en el Valle. Con mucha fuerza llamó a que basta de megaminería en el Valle del Huasco. Ver parte su sentida y contundente exposición en: https://www.facebook.com/rio.vivo.5492
Conmoción causó la exposición de una escolar, Presidenta de su Centro de Alumnos quien expuso que al emitir comentarios en contra de Nueva Unión en su escuela, esta fue llamada de atención por una profesora quien le dijo que ella no debería decir nada en contra de la empresa, que tenía que cambiar su postura y su manera de pensar, que tenía que estar a favor de la empresa porque esta brindaba las practicas en el liceo y había dado 80 millones y que podría perder mucho por pensar así.

El INDH quedo muy preocupado ante esta grave situación así como de todo lo denunciado. Se comprometió estudiar más el caso y monitorear de cerca los sucesos así como velar para que el estado de respuestas a nuestra denuncias. Y acepto que los hechos son de relevancia en un territorio efectivamente sensible antes estas problemáticas.

Movimiento Río Huasco.

 

Fuente:http://www.radioprofeta.cl/indh-visito-el-valle-del-huasco-por-conflicto-por-sondajes-y-concentraducto-de-proyecto-minero-de-nueva-union/

Mexico

Activistas piden declarar ilegal minería

Aseguran que la a minería ya no es un motor de desarrollo

Miguel Ángel Mijangos Leal, activista e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifestó que la minería debería ser prohibida en México porque ya no genera inversión, pero sí mucho daño a la salud y al medio ambiente.

En un encuentro que sostuvo en la región del Istmo de Tehuantepec, Mijangos Leal explicó que el gobierno de México no atiende los problemas de salud y medio ambiente que causan las mineras, por lo que debería entenderse que la minería “ya no es un motor de desarrollo”.

“No entendemos por qué el gobierno de López Obrador le apuesta a la minería, ya no se necesitan hacer más extracciones para crear condiciones como ellos le llaman, expertos dicen que se puede reutilizar los minerales, porque en cuestión de daños y afectaciones, el gobierno de México no atiende esos daños que han causado desplazamiento forzado y males al cuerpo”.

Según datos de la REMA, hasta 2018 están concesionadas a mineras 55, 370, 777.00 hectáreas que comprende el 28.25 por ciento de territorio mexicano, las cuales están distribuidas en 4 mil 102 concesiones solicitadas, 25 mil 515 concesiones vigentes y 7 mil 788 concesiones canceladas.

El activista relató que cuando una concesión se cancela para una minera después de un juicio promovido por pueblos no significa que ya no se usará el territorio, lo que sucede aclaró es que se le quita la concesión a la empresa y queda libre a concurso de ser usada por otra empresa.

Añadió también que el tema de la consulta ya no debería pasar en México, pues ese modelo es totalmente occidental y se olvida de las necesidades reales de los pueblos originarios. “Una consulta no es la solución para definir o no un megaproyecto, aquí lo que se está olvidando es de curar a fondo, la minería ha causado mucho daño a la salud y al medio ambiente, y las autoridades no tienen cómo para remediar y curar, no hay disposición y tampoco recurso”.

Por último dijo que en la región del Istmo por ser proyectada como “Zona Económica Especial” en el mes de noviembre fue otorgada a una empresa minera una concesión para establecerse en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec sin tomar en cuenta el resto de concesiones entregadas para otros pueblos como San Pedro Comitancillo, Ixtepec, Zanatepec y otros pueblos de la zona oriente.

En esta zona de Oaxaca, al menos 40 mil hectáreas del Istmo de Tehuantepec y sierra sur han sido concesionadas por la Secretaria de Economía a mineras extranjeras, afectando a municipios como Santo Domingo Tehuantepec, San Miguel Chimalapa y San Carlos Yautepec.

Fuente:http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/activistas-piden-declarar-ilegal-mineria?fbclid=IwAR3XC6PA4oVJ9lqUAHQ4cXPyAVQb4WMaYp-zi66kSPqu5XaqbflWFehdR4U
Chile

Preocupación en la Patagonia por perforaciones mineras en el entorno del lago General Carrera

En la región de Aysén se encuentra el lago General Carrera, un magnífico espacio natural rodeado de montañas nevadas y alimentado por los glaciares del Campo de Hielo Norte, que a su vez, es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. En este lugar, además, se encuentra una zona conocida como Quebrada Honda, donde investigadores han descubierto las huellas de los primeros pobladores humanos de la Patagonia, incluyendo pinturas rupestres que datan de por lo menos, 10 mil años.

“Hay niveles de roca que eran el fondo del Atlántico hace 20 millones de años, ahí estamos encontrando restos de arrecifes de corales, de tiburones y algunas ballenas. Otros niveles están llenos de marcas de hojas, de lo que eran bosques tropicales hace más o menos 45 millones de años”, explica al diario español El País el paleontólogo de la U. de Valdivia, Enrique Bostelmann, quien lidera las excavaciones en la zona.

Pero en paralelo a esta labor científica, hay otras personas que están buscando riquezas en el suelo de esta zona. Se trata de la minera australiana Eqqus Mining, que está realizando perforaciones para encontrar oro y plata, situación que tiene en alerta a las comunidades locales.

El proyecto de la minera, llamado Los Domos, ha dividido al pueblo de Chile Chico y ha generado un clima social “insoportable”, según describen algunos activistas que incluso acusan que han recibido amenazas. Una de las personas que se ha atrevido a sacar la voz en ese sentido es Corina Ainol, líder de la Agrupación Antukulef, colectivo que ha venido informando sobre los impactos de la minera en la localidad.

Ainol explica que el proyecto de la firma australiana llegó en medio de un momento de incertidumbre en Chile Chico, ante los niveles de desempleo. Así, el plan contemplaba abrir una nueva mina dentro de los límites del Parque Nacional Patagonia, los que fueron aprobados en enero de 2018, en los últimos meses del Gobierno de Michelle Bachelet. Se trata de un territorio salvaje que supera las 300 mil hectáreas, dentro de las que están los terrenos donados al Estado por la fundación Tompkins Conservation.

Ante las limitaciones, comenzó una dura campaña del alcalde de Chile Chico contra el Parque Nacional, argumentando que atacaba a los modos de vida tradicionales e impedía «el desarrollo del pueblo». En ese entonces, se realizó una votación en la que participó solo el 20% del Censo, y que terminó con un 80% contra el Parque.

En paralelo, el gobierno de Sebastián Piñera redibujó los límites del área protegida, asegurando que hubo errores en el decreto firmado por Bachelet. De esta forma, se sacó un polígono de 2.309 hectáreas de tierras del Estado donde la minera pretende obtener el oro.

Esta decisión fue admitida por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en enero de este año, destacando que se sumaron dos mil hectáreas para compensar. Así el Parque Nacional quedó con un tamaño similar al original, pero quedando al lado de una eventual mega operación minera que se establecería entre los cerros y los afluentes del río, según detalla El País.

Gloria Becerra, agricultora y líder campesina, ha manifestado su preocupación por el futuro de Chile Chico con el proyecto minero, y fue hasta el Senado para denunciar el hecho: “Me preocupa la contaminación de nuestras aguas y del lago”, dice la mujer que se dedica a la venta de verduras y hortalizas en el pueblo.

“Hay campesinos arriba que beben agua del río, los animales también, regamos con ella y no vamos a poder cultivar sano, natural. Y el río va a parar al lago, que es el principal reservorio de agua dulce de Chile“, agrega Becerra.

Pero este no es el único proyecto que complica al lago General Carrera. Equus Mining está también desarrollando proyectos de exploración en Puerto Ibáñez, en la costa norte del lago, al igual que la empresa australiana Laguna Gold.

“La cuenca del Lago General Carrera podría ser convertida en una zona de sacrificio, porque hay cuatro empresas mineras transnacionales que quieren convertir la zona en un gran complejo industrial de extracción y procesamiento de oro“, advierte el periodista Patricio Segura, integrante de la red y director de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa).

De acuerdo a los últimos informes entregados a sus accionistas, Equus Mining ya comenzó la fase tres de su proyecto de exploración en Los Domos. Ante esto, Codesa presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que la firma debería presentar una evaluación de impacto ambiental. A la vez, el Servicio Nacional de Geología y Minería informó en febrero al SMA sobre una posible infracción, debido a que la empresa habría fragmentado el proyecto de exploración para eludir la evaluación de impacto.

 

Fuente:https://www.elciudadano.com/chile/preocupacion-en-la-patagonia-por-perforaciones-mineras-en-el-entorno-del-lago-general-carrera/05/08/?fbclid=IwAR0WTgKlvdaeTWDYF-ZHVwWZWL6PZrV-GafH2JbA_RJv5XPkG0xkwl1BUF4

 

 

Ecuador, Videos

Marcha por la consulta popular sobre las actividades mineras en las fuentes de agua de Cuenca y el Azuay

La marcha del 21 de mayo, convocada por la Asamblea Popular por la de Defensa del Agua, se constituyó en un río de azuayos/as defendiendo sus fuentes de agua de la amenaza de las actividades mineras.

Los marchantes entregaron al Concejo Cantonal de Cuenca y al Consejo Provincial del Azuay, el mandato popular de la Asamblea para que se solicite una consulta popular sobre la minería en las fuentes de agua del cantón y la provincia.

Cabildo por el Agua

Frente de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay

Frente Popular

Sistemas comunitarios de agua de Girón.
Guardianes del Agua.
Red de mujeres rurales
FUT – CEDOCUT – UGTE
Comunidades del Bio-Corredor del Yanuncay.
Comunidades de Molleturo
Yasunidos Guapondelig
Sindicato de Trabajadores del Municipio
Representante de la junta de agua de Baños

Barrio Misiscata
Directorio agua de Sayausí
Federación de Barrios de Cuenca
Moradores de Cañaribamba
Cabildo por las Mujeres de Cuenca
Frente de Barrios Independientes del Azuay

Victoria del Portete
Organizaciones Agroecológicas
Comunidad de Río Blanco
Estudiantes de Sociología de la U. Cuenca