

Segunda Marcha por la Vida de Putaendo

Indígenas totonacos que integran el Consejo Tiyat Tlali se manifestaron frente a las oficinas de la delegación de la Semarnat en Puebla para exigir la revocación de la concesión a la minera canadiense Almaden Minerals y al proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de Deselec–Comexhidro en la Sierra Norte del estado.
El centenar de personas, procedentes de pueblos originarios de Ixtacamaxtitlán, lanzó consignas contra el “Proyecto Ixtaca”, que explota oro y plata en la región, el cual está contaminando los mantos acuíferos y los ríos por sus actividades.
Así lo informó Silvia Villaseñor, integrante del Consejo Tiyat Tlali, quien precisó que los residuos de diésel para realizar barrenos son vertidos a las barrancas y están provocando daños en la salud.
“Exigimos a la Semarnat que no autorice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que necesita la minera para pasar a la construcción de sus instalaciones de explotación minera”, reclamó.
Asimismo, dijo que hasta este momento la dependencia federal ha autorizado varios informes preventivos que han permitido a la empresa hacer barrenos que acabarán con los manantiales, para desviar el agua que será utilizada en la minera.
Silvia Villaseñor incluso aseveró que la población que habita en Ixtacamaxtitlán ya comenzó a padecer la escasez de agua.
La activista aseguró que también personas han fallecido por los problemas de salud vinculados al proyecto minero.
Derivado de esta situación, dijo que ha crecido la oposición a la empresa canadiense, la cual hostiga a los lugareños para comprarle sus tierras.
Por otro lado, destacó que la instalación del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de Comexhidro, además dejará a varias comunidades sin acceso al agua, pues será desviada para producir energía eléctrica que será destinada a la empresa Wal Mart.
Los opositores a los “proyectos de muerte” exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tampoco libere permisos a las concesionarias en mención, por violentar sus derechos humanos.
Advirtieron que los proyectos de la minera Gorrión han secado los ríos y manantiales, traerán daños irreversibles a los pueblos de la Sierra Norte, afectando no solo la forma de vida de los pueblos originarios sino además de los recursos naturales.
Recordaron que la Conagua autorizó a Comexhidro utilizar las aguas río Ajajalpan; y está en proceso también la concesión uso del caudal del río Zoquiapan, que pondrá en riesgo la vida de miles de pobladores.
Fuente:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/indigenas-totonacos-protestan-frente-a-la-semarnat-exigen-revocar-concesion-a-minera-almaden-minerals/
Southern Perú Copper Corporation espera obtener la licencia de construcción del proyecto minero Tía María en lo que queda del año. Así lo informó la compañía en el informe de resultados del segundo trimestre del 2018, presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la tarde de ayer.
Como se recuerda, la obtención de este permiso es el único requisito que aplaza el inicio de trabajos en Islay. Anteriormente, tuvo que negociar con la minera Vania, por la sesión de terrenos para Tía María que estaban dentro del denuncio de la compañía. El acuerdo se alcanzó en abril de este año.
Respecto al proyecto Tía María, Southern señala “haber cumplido con todos los requerimientos ambientales”. Además, refieren contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental para la mina.
En el documento señalan estar trabajando con el Gobierno en la obtención del permiso de construcción para Tía María. El proyecto permitirá extraer 120 mil toneladas de cobre anualmente, con un presupuesto total de 1 mil 400 millones de dólares. “Esperamos que el permiso sea emitido en el 2018”, reza el texto.
El compromiso de Southern en inversión en Perú, este 2018, aumentó a 8 mil 200 millones de dólares. Proyectos como Michiquillay (Cajamarca) y Los Chancas (Apurímac) suponen 2 mil 500 y 2 mil 800 millones de dólares respectivamente.
Referente al proyecto de Expansión de Toquepala (Tacna) este será de 1 mil 255 millones de dólares. Incluye una nueva concentradora que aumentará la producción anual de cobre de Toquepala en 100 mil toneladas. Tienen como objetivos alcanzar 245,000 toneladas de producción en 2019.
Fuente:https://elbuho.pe/2018/07/24/tia-maria-southern-quiere-licencia-de-construccion-para-iniciar-este-ano/
El mundo es más peligroso que nunca para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y la agroindustria es el sector más vinculado a los asesinatos.
Nunca ha sido un momento más letal para defender la comunidad, el modo de vida o el medio ambiente.
Nuestros datos anuales más recientes sobre violencia contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente muestran que el número de mujeres y hombres asesinados el año pasado aumentó a 207, el total más alto que hemos registrado. Además, nuestra investigación ha señalado que la agroindustria es el sector de negocios más vinculado a estos ataques, la que incluye plantaciones de café, palma aceitera y banano.
Por supuesto que mi vida corre peligro, recibo amenazas de muerte las 24 horas del día porque no voy a permanecer callado ante esta atrocidad – María do Socorro Costa da Silva
Hernán Bedoya, de Colombia, recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano que se estaban expandiendo sobre el territorio de su comunidad, destruyendo los bosques.
En Filipinas, después oponerse a la expansión de una plantación de café, una comunidad cercana a Lake Sebu fue atacada por las fuerzas militares, dejando ocho personas muertas, cinco heridas y provocando que 200 huyeran.
Y en Brasil, la comunidad indígena de Gamela fue atacada por agricultores, quienes hirieron gravemente a 22 personas (incluidos niños), por intentar proteger sus tierras de la tala.
Pero no son sólo las personas defensoras de estos países las que están siendo amenazadas, atacadas o asesinadas por luchar para proteger sus tierras y su forma de vida. Innumerables personas en todo el mundo están bajo amenaza por enfrentarse al poder de grandes corporaciones, grupos paramilitares e, incluso, sus propios gobiernos.
Muy probablemente, los datos recopilados y presentados minuciosamente en este informe y los estudios de casos incluidos, resultan una subestimación considerable, debido a los muchos desafíos para identificar y denunciar asesinatos. Sin embargo, así como está presentada la información, muestra que los riesgos que enfrentan a diario las personas defensoras continúan creciendo, y los gobiernos y las empresas enfrentan acusaciones muy serias que deben responder.
Una gran mayoría de las 207 personas defensoras asesinadas el año pasado provenía de América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa para las y los defensores, representando el 60% de los asesinatos de 2017. Brasil tuvo el peor año registrado, en comparación con cualquier otro país del mundo, con 57 personas defensoras asesinadas.
Pero no hubo una sola región que resultara inmune al creciente número de ataques contra sus defensores. En Filipinas asesinaron a 48 personas defensoras, el número más alto en un país asiático. Y en África, se reportó el asesinato de 19 personas defensoras, 12 de las cuales se encontraban en la República Democrática del Congo.
Estas personas son parte de un movimiento global para proteger el planeta. Están en la primera línea en la lucha contra el cambio climático, la preservación de los ecosistemas y la protección de los derechos humanos. Defienden causas que nos benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia.
Los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado.
Las empresas tienen responsabilidad ante sus clientes, quienes deben poder confiar en que los productos que compran no están violando los derechos humanos, ni provocando destrucción cultural o devastación ambiental. Y las y los consumidores, tienen el deber de exigir que estas empresas cumplan con sus responsabilidades.
Cuando bosques tropicales de gran riqueza son arrasados para sembrar monocultivos, los delicados ecosistemas que podrían capturar las emisiones de carbono se pierden para siempre. Cuando se explota la tierra para la minería, el suelo y el agua fresca se envenenan, se pone en riesgo la salud y el futuro de las comunidades cercanas.
Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible.
Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia.
A pesar de las adversidades que enfrenta, la comunidad global de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra no va a desaparecer; sólo se está fortaleciendo. Haremos campaña junto a ellas, llevando su lucha a los pasillos donde se mueve el poder y a las salas de juntas de las corporaciones. Nos aseguraremos de que sus voces sean escuchadas. Y estaremos vigilando para asegurar que las personas defensoras, su tierra y el medio ambiente del que todos dependemos sean debidamente protegidos.
Descargue el informe completo: ¿A qué precio? (PDF, 3MB)
Fuente:https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/
Cuatro años después del mayor desastre ambiental en la historia de México, el derrame de 40 mil litros de una solución de sulfato de cobre acidulado con 700 toneladas de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi, los afectados reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto que no haya cumplido con el compromiso de remediar daños a la salud, la economía y el medio en el noreste de Sonora.
Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) afirmaron que los 2 mil millones de pesos del Fideicomiso Río Sonora, que Grupo México creó en 2014 para subsanar los daños, no beneficiaron a la población. Asimismo, exigieron que no se otorguen más concesiones mineras en esta región.
Luego del derrame se prometió construir 36 plantas potabilizadoras de agua, una unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental, así como activar la economía local, lo que no se cumplió.
Representantes de los CCRS se reunieron para analizar la situación de 22 mil personas de los municipios de Arizpe, Banámachi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures desde el 6 de agosto de 2014, cuando ocurrió el percance.
‘‘No sabemos dónde quedó el dinero, porqué acá no hay ni plantas (de tratamiento de agua), ni unidades de vigilancia epidemiológica y ambiental ni río limpio; al contrario, seguimos sin poder vender nuestros productos’’, dijo Óscar Encinas Gámez, presidente del CCRS en Ures.
Presidentes de los comités de cada pueblo afectado desean una tierra libre de contaminación para sembrar ajo, chile, membrillo, espárrago, trigo y especias, y solicitaron a las autoridades fomentar una cultura de protección de la naturaleza.
Dijeron que a pesar de la ‘‘evidente negligencia’’ de la empresa implicada y de las autoridades, en 2017 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio por concluida la remediación y compensación por los daños ambientales y a la salud humana provocados por el derrame.
En julio de 2016 la Semarnat quitó del portal de Internet del fideicomiso estudios realizados por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que revelaban graves daños a la flora y fauna del río Sonora.
Según diversos estudios, 70 por ciento de los niños del municipio de San Felipe de Jesús presentan elevados niveles de plomo en la sangre, y en los alimentos producidos en la región hay elevadas concentraciones de sustancias cancerígenas; además, la fauna silvestre resultó afectada y hay mortandad de árboles.
‘‘Hay muchos enfermos y mala calidad de agua; se acabaron los paisajes, ya no se ven aves endémicas ni grandes hectáreas de cultivos’’, señaló Óscar Encinas.
El líquido derramado se depositó en la presa Rodolfo Félix, de la cual se abastece Hermosillo. De acuerdo con análisis realizados en 2015 por un laboratorio de la Ciudad de México, ese líquido no es seguro para consumo humano, por lo cual los afectados exigen que los gobiernos estatal y federal den la cara y cumplan sus promesas.
Fuente:http://www.jornada.com.mx/2018/07/26/estados/030n1est
La Sierra Nevada de Santa Marta es el hogar de cuatro de los pueblos indígenas de la costa Caribe: kankuamos, arhuacos, wiwas y koguis; sin duda uno de los ecosistemas más importantes del país. A pesar de ello y de ser el sistema montañoso litoral más alto de Colombia, hoy se encuentra amenazado por la minería y otros factores externos como el cambio climático y el turismo descontrolado.
El siguiente recorrido periodístico por los senderos y caminos de la Sierra, incluye las principales poblaciones indígenas del lugar.
Atánquez y el llamado de atención kankuamo
Aunque tan solo está a 40 minutos de la cabecera municipal de Valledupar, en Atánquez, corregimiento donde inicia este recorrido, el aire tiene un olor distinto.
Y es que por su ubicación en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, este resguardo del pueblo indígena kankuamo, tiene una fragancia parecida a la del césped cuando se moja con agua de río y a matas de café, oreadas por el viento fresco que baja de la parte alta de la serranía.
“Atánquez es como la capital del pueblo kankuamo, ahí somos más o menos cinco mil o seis mil habitantes”. Señala uno de los indígenas que acompaña el recorrido mientras llegábamos al lugar.
En esta primera parte del recorrido nos acompaña Daniel Maestre, líder del pueblo kankuamo y quien mientras nos enseña la población, sus calles empedradas y sus subidas y bajadas, recuerda el regreso tras los tiempos del terror, esos días nefastos en los que el enfrentamiento constante entre guerrilleros, paramilitares y ejército, los hicieron dejarlo todo: “Hace 14 años me tocó dejar la población. En ese entonces esto quedó solo, la gente se fue huyendo de los enfrentamientos entre paramilitares, guerrilla y el mismo estado” Señaló el líder.
“Decidimos regresar porque la Sierra llama mucho. Los indígenas decimos que es donde tenemos la placenta enterrada, ahí queremos estar” Agregó.
Tras el regreso de ese destierro violento al que se vieron obligados, las tradiciones también se retomaron entre indígenas y campesinos que habitan la población. Entre ellas, el Corpus Christi; la fiesta que simboliza la colonización religiosa de España a las comunidades ancestrales que habitan en esta parte del territorio. Aunque los kankuamos le dan un significado distinto.
“Es una fiesta mestiza entre lo católico y lo indígena. Es al sol y la cosecha y es muy potente para nuestra cultura atanquera” señaló Daniel Maestre.
Pero entre los kankuamos y otros pueblos ancestrales que habitan la sierra, no todo es fiesta. La situación es más grave de lo que parece; incluso para los ‘mamos’ o autoridades ancestrales de las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, esta realidad tiene un extraño destino apocalíptico.
“¿Los ‘mamos’ qué han dicho?, que si no nos ponemos las pilas, si no cuidamos la sierra, las visiones que ellos tienen de nuestro destino es apocalíptico” dijo uno de los guías.
Acto seguido, levanta su rostro y agrega: “Pero ellos dicen si cambiamos de actitud frente a la sierra, la tierra todavía puede ser noble con nosotros”
Aunque el panorama se ve oscuro, la noche en las estribaciones de la sierra, se muestra iluminada por un manto de estrellas, acompañado por un instrumental de grillos, aves y toda clase de sonidos que pueda regalar el boscoso escenario.
Fuente:https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/de-la-mineria-y-otros-verdugos-de-la-sierra-nevada-de-santa-marta
En el marco de la jornada internacional contra la mega minería celebrada en diferentes partes del mundo el pasado 22 de julio, un grupo de organizaciones sociales ha convocado una acción de calle para denunciar el proyecto del Arco Minero del Orinoco como uno de los proyectos mineros más grandes de América Latina y a nivel mundial.
Esta denuncia se relaciona con los impactos que ha tenido el desarrollo de la minería en diferentes escalas en la zona sur del país, impactos que tienen múltiples alcances pero que se evidencia especialmente en la crisis del agua y la energía eléctrica que ha generado una serie de protestas por servicios a nivel nacional.
La invitación es para el próximo 28 de julio en las inmediaciones de la Plaza Brion de Chacaíto a partir de las 9 de la mañana, se convoca a quienes deseen participar a traer sus baldes y sus marcadores.
Fuente:https://www.aporrea.org/pachamama/n328781.html
Reunidas en San Antonino Castillo Velasco, en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas que conformamos los Valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, y 25 organizaciones hemos decidido rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios.
Denunciamos que desde hace más de diez años, nuestros territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin nuestro consentimiento, hasta el momento 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.
Dichas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para nuestras comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles a nuestro medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.
Durante más de diez años hemos denunciado ante las instancias federales y estatales, la violencia desmesurada con la cual operan dichas empresas en nuestros territorios, sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta de las mismas, por lo que en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, las comunidades zapotecas de los Valles Centrales, declaramos nuestros territorios como “prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera”.
Los pueblos y comunidades de los Valles Centrales, hemos decidido por la vida, la paz y el desarrollo comunitario desde nuestras propias cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra; manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes.
Ante la negligencia y contubernio de las autoridades y la opacidad y violencia de las empresas mineras, hemos tomado la decisión de constituirnos en la Asamblea de los Valles Centrales Frente la Minería, por lo que nos declaramos en alerta máxima ante la imposición de diversas concesiones y proyectos mineros en nuestros territorios. En este sentido hacemos los siguientes ACUERDOS:
A los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo, y a las autoridades municipales planteamos las siguientes EXIGENCIAS:
¡Sí a la Vida, No a la Minería!
¡Ni Oro Ni Plata, la Minería Mata!
¡De la Sierra hasta el Desierto, Ni en Túnel, Ni a Cielo Abierto!
¡No queremos Anillo de Oro Ver, Queremos Tlayuda para Comer!
ASAMBLEA DE LOS VALLES CENTRALES CONTRA LA MINERÍA
Comunidades: Barda Paso de Piedra, San Antonino Castillo Velasco, San Juan Chilateca, San Felipe Apóstol, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, El Vergel y su Anexo los Ocotes, San Nicolás Yaxe, Santiago Apóstol, San Pablo Güilá, San Míguel Panixtlahuaca, Santa Catarina Minas, San Miguel Ejutla, San Miguel Cajonos, Magdalena Teitipac, San Felipe Apóstol, Ocotlán de Morelos, Tejas de Morelos, San Pedro Mártir, San Martín Tilcajete, San Matías Chilazoa, San Isidro Zegache, San Jacinto Ocotlán, San Sebastián Ocotlán, Santiago Apóstol, La Guadalupe, La P, San Matías Chilazoa, La Noria de Ortíz, San José del Progreso, Miahuatlán.
Organizaciones y Colectivos: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), Oxfam México, Comisión Diocesana Pastoral Social de la Fé, Comité de Desaparecidos San Miguel Cajonos, Colectivo Espacio Kruz, Centro de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, SURCO A.C., Maderas del Pueblo del Sureste, Red de Defensores y Defensoras de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM), CFAFMD Miahuatlán de Porfirio Díaz, Grupo de Investigación-Acción Autónoma, Colectivo Orión, Estudio Mantis, Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán COPUVO, INSO A.C., Taller de Difusión Zapoteca, F.P.R. Asamblea Estudiantil y Popular de Radio Universidad de Oaxaca.
Fuente: En Defensa de los Territorios
Las denominadas “tierras raras” es el nombre con el que se llama a un grupo de 17 elementos químicos. El primer proyecto minero que buscaría explotarlas provocando una transformación permanente de la costa de nuestra región es el denominado Biolantanidos “El Cabrito” que planea ejecutar la construcción y operación de una faena minera, junto a una planta de procesamiento de arcillas iónicas ricas en tierras raras en los cerros al oriente de la comuna de Penco.
En un ambiente de completo desconocimiento por parte de la comunidad aledaña al proyecto minero y sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) rechazadas por el SEA, éste ha recibido el apoyo del actual alcalde de Penco Víctor Hugo Figueroa y el Ex Intendente de la Región del Biobío Rodrigo Díaz Wörner.
En este contexto, la Coordinadora Penco-Lirquén invita a toda la comunidad a participar e informarse en el Conversatorio: Minería en Penco ¿Qué sabemos de Biolantanidos? instancia a realizarse el día viernes 03 de agosto a las 18:00 hrs en la Cámara de Comercio de Penco y que será desarrollado a través de tres tópicos:
1) Minería y efectos sobre las comunidades: por Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericanos de Conflictos Ambientales (Olca Chile)
2) ¿Qué sabemos de Biolantanidos Penco?: por Constanza Flores, Técnico Medioambiental que abordará el proyecto como tal a partir de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) ingresadas por la empresa al Servicio de Evaluación Ambiental.
3) Visiones desde la comunidad: exposición desde la comunidad organizada sobre las valoraciones propias del territorio y el impacto que provocaría la minera en el desarrollo local actual y futuro.
Con este conversatorio informativo la organización social de Penco espera realizar un acercamiento a lo que podría significar que se instale una minera en la comuna de Penco, poniendo a disposición la información recopilada hasta la actualidad, en una actividad que es familiar y abierta a todo público.
Coordinadora Penco-Lirquén
Contacto: Edinson Neira +56938308
Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107337
Luego de una semana de movilizaciones por la contaminación emanada del embalse de relaves Los Quillayes de la Minera Los Pelambres, los vecinos de las comunidades del interior de la provincia del Choapa, Cuncumén, Tranquila y Batuco, lograron un acuerdo con la minera de Luksic para que se tomen las medidas necesarias para solucionar este conflicto ambiental.
Los vecinos denunciaban que desde el tranque de la minera se ha levantado polvo contaminado de relave que afectaba el aire, los suelos, el agua potable y la calidad de vida de los habitantes del Choapa. Situación que los llevó a iniciar una protesta contra la empresa, tomándose el acceso a la mina y sufriendo la brutal represión de fuerzas especiales que terminó con 3 vecinos heridos por balín, una persona detenida fuertemente golpeada y un poblador herido a bala por Carabineros.
El petitorio de 13 puntos incluye la solicitud de cierre del tranque Los Quillayes, la realización de obras de pavimentación en caminos aledaños, el monitoreo de la calidad del aire y la mitigación del polvo en suspensión que aún se encuentra en la zona, entre otras medidas.
La localidad de Tranquila es la única comunidad que no ha firmado aún el acuerdo, ya que se encuentra en este minuto informando y sensibilizando a sus vecinos a en una reunión que se realizará el día de hoy.
La dirigenta de la junta de vecinos de Cuncumén, Miriam Barrera, señaló sobre el acuerdo logrado que “estamos tranquilos, pero no conformes. Sabemos que esto recién comienza y hay mucho que trabajar. La mayoría del petitorio fue aprobado y solo hubieron dos puntos en controversia, pero entre propuesta y contrapropuesta logramos llegar a un acuerdo”.
“Seguiremos en alerta para que se cumplan las medidas incluidas en el petitorio, se establezcan los responsables y que se tomen las sanciones correspondientes”, finalizó la dirigenta.
A partir de ahora comienza un plazo de quince días para que la comunidad, el Gobierno y Minera Los Pelambres puedan generar en conjunto una carta Gantt que permita el cumplimiento de cada una de las medidas establecidas en el petitorio, y establecer responsabilidades y sanciones en caso de no cumplirse estos puntos.
Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2018/07/24/vecinos-de-cuncumen-logran-acuerdo-tras-7-dias-de-protesta/