Perú

CONFLICTO MINERO EN PERÚ: ROMPIENDO EL SILENCIO DE LAS VIOLENCIAS DESAPARECIBIDAS (I)

El silencio nos evoca la calma y el alivio, sobre todo cuando nos cobija después una brutal tempestad, pero no por ello vaticina un tránsito hacia nuevos escenarios de armonía y equidad. Cuando el silencio no nace del consenso, de la justicia social, del respeto a la soberanía de los pueblos y la asunción de la universalidad de los derechos humanos, difícilmente llega en son de paz.

Es más, cuando el silencio reemplaza el conflicto, sin dejar atisbo de cambio, y permanecen intactas las estructuras del escenario donde un día se derramaron lágrimas y sangre… entonces puede llegar a constituir la más peligrosa de las herramientas perpetuadoras del statu quo. Se trata del silencio de la violencia desapercibida, que disipa la confrontación para ir ganándole terreno a la vida.

LAS ZONAS MINERAS DEL PERÚ

Un manto de silencio cubre hoy las zonas mineras del Perú, en contraste con el estallido social que presenciábamos en el documental Las Damas Azules. La obra audiovisual, producida por la ONG Ingeniería Sin Fronteras Cataluña con el apoyo de Dev Reporter Network, puso el foco del ojo crítico internacional sobre el papel protagónico de la resistencia femenina en uno de los conflictos socioambientales más conmovedores de la historia reciente del Perú: el que detonó a raíz de la adjudicación del megaproyecto minero Conga de la compañía Yanacocha en el 2010.

La aprobación por parte del gobierno peruano no contó con la debida licencia social ni sustento técnico, y representó -y aún hoy día representa- un grave atentado contra el derecho al agua, a la salud y a la soberanía alimentaria de la población cajamarquina.

Bérengère Sarrazin, directora del documental, en un lúcido ejercicio de equilibrio analítico y narrativo, confeccionó el relato de un histórico episodio de revolución popular con el cometido de hacer llegar un mensaje de interpelación a la comunidad global: el mensaje de denuncia que nace en las entrañas de las mujeres campesinas, quienes, cuando las expulsan de sus territorios, socavan sus tierras y secan y contaminan sus ríos, sienten que también sus cuerpos, que se resisten al exterminio y a la humillación, son minados, vejados y criminalizados; quienes comienzan a padecer las consecuencias de la escasez y la contaminación del agua, “que baja con un olor fuerte que malogra la piel, que hace que ardan los ojos y las fosas nasales”.

Con esa acidez, como el agua dañada por la actividad minera, nos impacta el mensaje de las damas azules, provocando reflexiones que escuecen en las conciencias de quienes sentimos que la vida en las ciudades es cada vez menos soportable, que nuestros pueblos y zonas rurales son despojadas de su esencia agrícola para convertirse poco a poco en imperios de los oligopolios energéticos, en autopistas eléctricas, o burbujas de confort para las clases más privilegiadas, y que nuestro modelo de desarrollo no es ajeno a las problemáticas derivadas de la minería y de otras modalidades de explotación capitalista e imperialista en las regiones latinoamericanas como Cajamarca.

LA REGIÓN DE CAJAMARCA

Hoy, 6 años después, la coyuntura pareciera ser menos agria en la región de Cajamarca, tal vez porque el clamor de las denuncias desde los pueblos dejó de retumbar con la fuerza en que lo hacía, pero ello no se corresponde del todo con la realidad: el proyecto Shahuindo en Cajabamba continúa en proceso de explotación, mientras el proyecto Michiquillay se encuentra a las puertas de iniciar sus obras de construcción tras la entrega de la nueva licitación a Southern a inicios de año por parte del gobierno, y en Bambamarca continúa la explotación del proyecto Tantahuatay, no lejos de la cabecera de cuenca del rio Grande, sobre el cual Yanacocha parece descargar su ira tras el fracaso del proyecto Conga.

Mientras, los “Estados de Emergencia” se han convertido en el pan de cada día en el sur peruano, convirtiendo así, una medida de extrema excepcionalidad, en instrumento de paralización, intimidación y neutralización de las demandas de la población, el vendaje del silencio parece provocar un descuadre desde el remoto plano panorámico de quien observa desde fuera. Aún resentida por el ardor del cianuro, por el desgaste de los bulldozer y la penetración de las excavadoras, por la sed de sus tierras, y angustiada por una ilusoria economía que, a pesar de los años de bonanza de los últimos años, siguió empobreciendo más y más a la población cajamarquina. Perú y los cantos de resistencia de las damas azules ya no parecen inquietar en exceso a la comunidad internacional.

LOS «ENEMIGOS DEL DESARROLLO»

Según apuntaba el OCMAL en su último informe (2018), la reciente bajada de los precios internacionales de los minerales y el cierre de mercados financieros para grandes inversiones se traduce en una considerable distensión social en los territorios de extracción minera en Perú.

A este factor se le suman las estrategias que las transnacionales, en su firme compromiso por el crecimiento y la competitividad, han venido desarrollando para extraer rendimiento económico de las lecciones aprendidas a raíz de los fracasos de tinte social que cargan a sus espaldas.

Las empresas, con objeto de mitigar las resistencias de las poblaciones afectadas por el desastre extractivista, priorizan los proyectos de ampliación de operaciones que ya están en marcha y deciden posponer otros proyectos que aún no han comenzado su etapa de construcción, que son los que enfrentan mayor oposición y carecen actualmente de viabilidad social, como ocurre con los casos de Tía María (Arequipa), Conga (Cajamarca) y Río Blanco (Piura).

No obstante, no es éste más que un fenómeno coyuntural, ya que la incipiente tendencia al alza de los precios de ciertos minerales como el cobre y el zinc, a lo que se debe sumar la posible atenuación y desmovilización de la resistencia popular en el contexto actual, son susceptibles de producir notables cambios de escenario -favorables a los intereses del extractivismo- próximamente: desde el OCMAL advierten de la inminente instrumentalización de la bajada de tensión social en los territorios por parte de las transnacionales, la cual responde a su intención de buscar las mejores condiciones para un relanzamiento de las inversiones mineras en los próximos años.

Y así, cual depredador furtivo a la espera del momento preciso para hacerse con su botín, el imperio extractivista, mientras la resistencia recupera el aliento, labra el terreno empuñando las herramientas legales que llevan adscrito en su filo que no se volverá a perder un dólar más por culpa de los “enemigos del desarrollo” y su antojadiza necesidad de existir. Así es cómo atan los últimos cabos, entre compañías mineras y autoridades gubernamentales, para asegurarse de no dejar un resquicio por donde pueda colarse alguna denuncia, alguna protesta o referencia a tal o cual resolución del Consejo de Seguridad o de la OIT, y termine prosperando alguna iniciativa que rompa con su infranqueable impunidad.

Fuente:http://grufides.org/blog/conflicto-minero-en-rompiendo-el-silencio-de-las-violencias-desaparecibidas-i

Colombia

Exdirectivo de AngloGold no aceptó cargos por daño a recursos naturales e invasión de áreas especiales

En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del exrepresentante legal de AngloGold Ashanti, Cris Lodder Andrea, por los presuntos delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Los hechos por los que se le acusan habrían ocurrido entre el 18 de enero de 2007 y el 21 de febrero de 2008 en el área de reserva forestal ubicada en las veredas La Luisa y La Paloma del municipio de Cajamarca.

Sin embargo, el acusado no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Además, durante la diligencia, el juez 27 penal municipal con funciones de garantías de la capital decidió no acoger la medida de aseguramiento contra Lodder, por lo cual continuará vinculado al proceso en etapa de acusación.

En esta misma audiencia, el juzgado reconoció la personería jurídica en condición de representante de víctimas al director de Cortolima, Jorge Cardoso. Hecho que fue calificado por el funcionario como un gran logro.

Este es un logro que dignifica el territorio y en especial los más de 650.000 pobladores ubicados en la Cuenca Hidrográfica del Río Coello“, precisó.

AngloGold Ashanti es una compañía extranjera que inició operaciones en el 2007 y solo un año después obtuvo los permisos del Gobierno Nacional para adelantar estos trabajos, razón por la cual, la Fiscalía los señala como responsables, a título doloso, del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Fuente:http://www.elolfato.com/exdirectivo-de-anglogold-no-acepto-cargos-por-dano-a-recursos-naturales-e-invasion-de-areas-especiales/
Perú

PROYECTO CORANI, BEAR CREEK MINING OBTIENE PERMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESOS

La minera Bear Creek dio a conocer ayer que el Ministerio de Energías y Minas (MEM) de Perú, les ha otorgado el permiso para la construcción de la planta de procesos en el proyecto Corani.

“Con este permiso se completan todos los permisos necesarios para la iniciativa”, sostiene el comunicado de la compañía. Una vez conocida la noticia, el Presidente y CEO de la minera canadiense, Tony Hawkshaw, señalo estar complacido de haber recibido “el último permiso clave para la construcción de la mina Corani”. “Planeamos realizar proyectos iniciales, tales como la construcción del campamento y un camino que lo una con el área del proyecto, en este mismo año. Nuestro Directorio considerará una decisión de construcción cuando se haya obtenido una estructura atractiva de financiamiento”, añadió el ejecutivo al analizar los próximos pasos a seguir.

Cabe mencionar que el permiso para la construcción de la planta de procesos autoriza la construcción de la planta de proceso, las instalaciones para la disposición de desechos y relaves, un sistema de almacenamiento de agua y edificios auxiliares, entre los cuales se incluye un laboratorio, un sistema interno de energía y otras estructuras complementarias.

El proyecto Corani, ubicado en la región peruana de Puno, contempla la explotación de una mina a cielo abierto, con una producción de concentrados de plata, zinc y plomo a través de una planta concentradora con una capacidad de procesamiento de 22.500 toneladas por día. En tanto, la vida útil de la mina está calculada en 20 años y según su estudio de factibilidad las reservas probadas y probables de minerales en Corani se estiman en 270Moz de plata, 3.100lb (1,41Mt) de plomo y 1.700lb de zinc.

Para más información del proyecto aquí.

Fuente:http://grufides.org/blog/proyecto-corani-bear-creek-mining-obtiene-permiso-para-la-construcci-n-de-la-planta-de-procesos

Chile

Actividad minera estaría contaminando a pingüinos chilenos

Estudio comparó ejemplares del norte, centro y sur del país. Los de Atacama tienen los peores registros.

Luego de recolectar muestras de sangre y plumas de diferentes colonias de pingüinos en el norte, centro y sur del país, un grupo de científicos descubrió que la minería está contaminando seriamente a estas aves.

“Detectamos mayores concentraciones de mercurio en las localidades más del norte, y estas concentraciones disminuyen hacia el sur. El mercurio puede estar de forma natural en el ambiente, pero principalmente está de forma antrópica, por la minería, sobre todo la minería asociada al oro, donde se emplea para separarlo de otros metales”, explicó Juliana Vianna, bióloga y doctora en Ecología de la Universidad Católica y quien lideró la investigación.

“Como los pingüinos son depredadores tope, ellos terminan acumulando esos metales. Los pingüinos son especies centinelas, es decir, pueden reflejar de cierta manera la salud ambiental”, dice la científica. Además, detalla que como el mercurio se acumula en el cuerpo y se magnifica con la cadena alimenticia, los humanos estamos en riesgo, ya que también somos depredadores tope.

“Comemos pescados y esos pescados comieron otros más chicos, y las concentraciones de mercurio van aumentando a través de la cadena. Hay una concentración en el fitoplancton, en el zooplancton es más concentrado, luego aumenta más la concentración en los peces y finalmente termina en los pingüinos y en nosotros”, señala.

Por esto, la especialista enfatiza que es urgente eliminar las fuentes de contaminación y evitar que metales como el mercurio lleguen al mar, ya que remediar los daños que genera es sumamente complejo. “Muchas veces la naturaleza se hace cargo, pero nosotros tenemos que limitar la contaminación”, dice.

 Fuente:http://www.lahora.cl/2018/07/actividad-minera-estaria-contaminando-pinguinos-chilenos/
Mexico

San José de Buenavista dice no a la empresa minera First Majestic

Compañía buscaba celebrar un convenio para la exploración de minerales

Advierten que el acuerdo afectaría las principales actividades de su sostenimiento, la agricultura y ganadería

Señalan que la minera canadiense ha desinformado y mentido a los ejidatarios respecto de las implicaciones del proyecto, “con la intención de ocasionar enconos y divisiones”

El pasado 2 de julio el Ejido San José de Buenavista, ubicado en el municipio de Chalchihuites optó por el no, en respuesta al interés de la empresa First Majestic por celebrar un convenio para la exploración de minerales en sus tierras.

Efraín Arteaga Domínguez, representante en el estado de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que ha ofrecido acompañamiento a diversas comunidades de la demarcación en sus conflictos con empresas mineras, informó que entre las 2 y 3 de la tarde del pasado 2 de julio se instaló la asamblea ejidal y siendo la segunda convocatoria, legalmente se celebró con quienes acudieron a la misma.

En esta ocasión la mayoría de quienes se presentaron fueron mujeres, que a la par son las que se han negado a la celebración del convenio que implica para ellas afectar las principales actividades de su sostenimiento, la agricultura y la ganadería.

Luego que se le complicó a su contraparte la discusión, pues no tenían argumentos para sustentar que el acuerdo resulte beneficioso para el ejido, abandonaron la asamblea, dijo, lo que implicó que la tesorera de la organización asumiera el control de la misma para desahogar el orden del día.

Así, cuando se consideró suficientemente discutido el asunto se sometió a votación obteniéndose un resultado de 11 votos contra cero, en contra de que se celebre un acuerdo con First Majestic para la exploración de minerales en territorio del Ejido San José de Buenavista, definición que fue firmada y sellada por el delegado municipal.

Efraín Arteaga también mencionó que uno de los puntos de conflicto en la asamblea fue la presencia de representantes de la minera canadiense, a quienes incluso se pretendía dar la palabra, cosa que es violatoria de la normatividad, pues sólo los integrantes del ejido pueden debatir y decidir.

En ese sentido quienes estaban en contra de la renta de tierras a la empresa, exigieron que si se permitía la presencia de los voceros de la minera, se hiciera lo mismo con integrantes de la UNTA y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), por lo que tuvieron que sacarlos, aunque permanecieron todo el tiempo afuera del salón ejidal.

Por su parte en un comunicado emitido este 4 de julio y titulado “Comunidad de San José de Buenavista contra el despojo de la empresa minera First Majestic”, la Rema señaló que el pasado 2 de julio “se pretendió llevar a cabo una asamblea agraria” para discutir y en su caso aprobar o rechazar el proyecto de exploración de la empresa.

Precisa que la expansión que busca lograr la trasnacional, conjuntamente con mismos intereses que tienen otros consorcios, implicaría la ocupación de 650 kilómetros cuadrados de los 903 en total que representa la superficie del municipio. 

Luego de exponer que esto representa el 72 por ciento del territorio de Chalchihuites se pregunta, dónde van a vivir las más de 10 mil personas que habitan la demarcación.

Expresó que a través del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, First Majestic ha desinformado y mentido a los ejidatarios respecto de las implicaciones de su proyecto de exploración de minerales.

Señaló que esto se ha hecho con la intención de “ocasionar enconos y divisiones entre la población local”.

Agregó que el dato del ofrecimiento que les ha hecho es un “ofensivo e irrisorio” convenio por 5 años en que les daría 20 mil pesos divididos en 73 pagos, “es decir, 273.97 pesos al mes, el cual lo único que demuestra, es el valor real por el cual la empresa canadiense estima la vida de la población”.

Cabe mencionar que la Rema y otras organizaciones reunidas en el estado de Zacatecas recientemente han expuesto que la experiencia de las comunidades enseña que cuando se permite a las mineras hacer trabajos de exploración es ya imposible sacarlas, pues obviamente no los harán sin la expectativa posterior de extraer los minerales con los efectos de devastación ambiental y socio económica que se han registrado tanto en la entidad como en otras parte del país.

El comunicado de la Rema describe la confrontación entre ejidatarios varones y mujeres, en la que los primeros “arremetieron con comentarios machistas y misóginos”.

La Red agrega que quienes han sido convencidos por la empresa han desacatado el debido proceso para emitir las convocatorias a las asambleas, “violando los procedimientos descritos en la ley agraria”.

“Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) denunciamos y repudiamos las acciones para el despojo del territorio que impulsa la empresa First Majestic, al mismo tiempo que ratificamos nuestro total apoyo y solidaridad para quienes se oponen a este proyecto minero de muerte, al igual que invitamos generan las condiciones adecuadas para tener un proceso informativo suficiente y adecuado, que les ayude a dirimir de la mejor manera esta decisión sobre su presente/futuro”, concluye el boletín.

Chile

Piden resguardar la biodiversidad ante el desarrollo de la minería submarina

Un grupo internacional de científicos sugiere prohibir la actividad en áreas donde convergen especies de distintas regiones o en las que se produce intercambio genético. Una explotación sin control podría llevar a extinciones locales e incluso globales, aseguran los expertos.
Pérdida de contacto entre las comunidades biológicas, alteraciones irreversibles en los ecosistemas marinos y potenciales extinciones regionales e incluso globales, aparecen entre los mayores peligros que podría generar la explotación sin control de recursos minerales en el lecho oceánico.

Así lo advierte un estudio que publicó ayer la revista Science Advances, y en el que un grupo internacional de científicos define criterios básicos de protección de áreas sensibles y que debería considerar la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA).

La entidad trabaja en un marco regulatorio legal y ambiental para la minería submarina en aguas internacionales, es decir, las que están más allá de la soberanía de cada nación. Sus técnicos están reunidos esta semana en Kingston, Jamaica, para avanzar en el documento, que debería estar listo en un plazo de dos años, adelanta el abogado chileno Gastón Fernández, miembro de la comisión jurídico-técnica del organismo.

Si bien no se ha extraído ningún gramo de mineral, la ISA ya ha concedido 29 concesiones de exploración. Diecisiete son para explorar nódulos polimetálicos (esferas rocosas que contienen diversos minerales en estado de muy alta pureza) en la zona de fractura de Clarion-Clipperton, en medio del Pacífico, y en la cuenca central del océano Índico. Otros siete contratos son para explorar sulfuros polimetálicos (minerales con alto contenido de metales, generados en áreas geológicamente activas) en las cordillera submarina del océano Índico y la cordillera o dorsal del Atlántico Central, mientras hay cinco contratos para explorar costras ricas en cobalto (mineral clave para enfriar las pilas de litio) en el océano Pacífico occidental.

Zonas sensibles

Los autores de la publicación plantean que la ISA debería impedir la explotación de áreas consideradas como de transición biogeográfica -donde confluyen especies de distintas regiones-, zonas de hibridación genética -donde se pueden mezclar especies con material genético no muy diferenciado- o en las fronteras de las fallas geológicas. Asimismo, recomiendan que en las zonas de montes submarinos o con presencia de chimeneas submarinas activas, ambas con alta presencia de biodiversidad, se proteja al menos el 50% del área intervenida.

Si bien la propuesta apunta solo a la minería más allá de las 200 millas, los expertos reconocen que bien podría servir de marco de referencia para la misma actividad en aguas territoriales.

Los más adelantados en este campo son los canadienses de la compañía Nautilus Minerals, que ya tiene una concesión del gobierno de Papúa Nueva Guinea y cuenta con parte de la tecnología para las faenas de extracción de nódulos polimetálicos, que incluyen cobre, oro y plata.

En el caso chileno, la ley establece que todos los yacimientos en aguas jurisdiccionales solo pueden ser explotados por el Estado, concesiones administrativas o contratos especiales. Hasta ahora, ninguna se ha materializado, pero el hallazgo de enormes yacimientos de nódulos de hidratos de metano al sur de Tierra del Fuego, sumado a otros descubrimientos semejantes en la costa entre Valparaíso y Puerto Montt, podría acelerar este tipo de explotación.

«Esta minería no debería ser tan contaminante como la terrestre, porque no involucra explosiones de roca. Los nódulos están prácticamente en el lecho marino y podrían ser retirados en forma relativamente sencilla, por ejemplo, con sistemas parecidos a aspiradoras», dice Fernández. No obstante, el abogado reconoce que si hay que explotar el subsuelo y resulta necesario hacer zanjas o piques, eso sí podría afectar el entorno.

Fuente:http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=484463

Ecuador

Pronunciamiento comunidad Shuar

Abg. Elvis Nantip
PRESIDENTE Y SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR, FICSH.
SEÑORES PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES, SEÑORES  SÍNDICOS DE LOS CENTROS SHUAR Y SOCIOS QUE CONFORMAMOS LA GLORIOSA E HISTÓRICA FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR, FICSH.

Presente,

De nuestra consideración:

A nombre de la ASOCIACION DE CENTROS DE LA NACIONALIDAD SHUAR DE BOMBOIZA, reciban un atento  saludo de hermandad, y deseándoles éxitos en cada una de sus funciones que vienen desempeñado por la unidad y fortaleza del pueblos shuar.

 

SEÑORES PRESIDENTES,  SÍNDICOS Y SOCIOS DE LA FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR  FICSH,  como es de conocimiento público, la firma del convenio entre el ABG. ELVIS LEANDRO NANTIP KAJEKAI a nombre la FICSH,  con la EXSA EXPLORCOBRES S. A. y la LOWELL MINERALS. En representación de los 25 centros que conformamos la Asociación de Centros de la Nacionalidad Shuar de Bomboiza, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, garantizados  en los  artículos 10, 11.1, 18, 66.23, y 82, muy respetuosamente concurrimos y manifestamos lo siguiente:

 

PRIMERO: RECHAZAMOS  categóricamente  el  convenio  firmado por el Abg. Elvis Nantip en calidad de presidente de la FICSH, con la empresa EXSA  EXPLORCOBRES S.A.  porque se VULNERAN LOS DERECHOS COLECTIVOS  consagrados en el Art. 57 numerales 1, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 de la Constitución de la República del Ecuador, y el convenio 169 de la OIT.  A pesar de que el presidente se ha manifestado en varias ocasiones que su gobierno es  “transparente”, sin “oscurantismo”, sin “dolo”, resulta haber  firmado convenio con la empresa EXPLORCOBRES S.A. sin consultar a las bases que conformamos la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH.  Desacatando el Art. 26 literal b) que le ordena cumplir y respetar las decisiones de la asamblea General de los socios, inobservando las resoluciones tomadas en las anteriores Asambleas Generarles  de la FICSH, se ha dicho “NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA Y PETROLERA EN LOS TERRITORIOS DE LA NACIONALIDAD SHUAR”.

 

SEGUNDO: RECHAZAMOS la actitud autoritaria y  la decisión personal del presidente Abg. Elvis Nantip, que  sin previa consulta a las  bases de las FICSH, Asociaciones y los Centros, ha firmado el convenio, además que  desde su inicio ha venido infringiendo y desacatando el presente ESTATUTO DE LA FICSH, de conformidad a lo establecido  en el Art. 7. “El organismo máximo de la Federación de Centros Shuar  es la ASAMBLEA GENERAL, que se reunirán ordinariamente  una vez al año y  extraordinariamente  cuando el directorio lo convoque…”

TERCERO: SOLICITAMOS al Directorio de la FICSH, se convoque a una Asamblea General Extraordinaria, de conformidad al Art. 10 literal i) que dice: “Convocar a la Asamblea General Extraordinaria, de acuerdo a los intereses de la organización  o a pedido de por lo menos  cinco Asociaciones filiales”.  En el caso de que el directorio no lo convoque, AUTOCONVOCARNOS y pedirles  la renuncia o la destitución del Presidente o de todo el directorio de la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH, por arrogantes e irresponsables,  por infringir  el presente Estatuto de conformidad al Art.  8, literal d)  que dice: “Censurar y destituir a los socios, miembros del directorio y otras autoridades que infringieren los presentes estatutos  y normas

vigentes”.

CUARTO: RESPONSABILIZAMOS al Sr. ABOGADO ELVIS NANTIP, de los actos violentos que se generaron  en la sede de la FICSH o que se puedan generar a futuro  por la firma de dicho convenio,  ya que  ha desacatado lo establecido  en el artículos 26. b) y 42 del  estatuto de la FICSH.

 

Las respuesta o notificaciones que nos corresponda lo recibiremos  en las oficinas de la Asociación de Centros de la Nacionalidad Shuar de Bomboiza, o a los  Correo electrónico: aso.centrosshuarbomboiza@gmail.com  /  territoriolibre2013@gmail.com o a su vez al celular 0986263423.

 

Seguros de contar con su amble comprensión, con sentimiento de distinguida consideración y estima nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS DE LA NACIONALIDAD  SHUAR DE BOMBOIZA

 

Sr. Tomas Jimpikit

PRESIDENTE

Colombia

Arbitraje de Gran Colombia Gold contra Colombia, amenazas medioambientales y Derechos Humanos

El 2 de julio de 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, registró la demanda de arbitraje de la minera canadiense Gran Colombia Gold contra Colombia en la que reclama 700 millones de dólares relacionada con la cesión de un título minero a las comunidades locales para explotar la minería a cielo abierto, tras una pugna de más de una década con la denuncia medioambiental y de Derechos Humanos como protagonistas.

La canadiense invoca el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Colombia después de que se le pidiera que cesara sus operaciones hasta llevar a cabo una consulta con las comunidades de la zona.

La cesión del título minero en la parte alta del cerro El Burro, dominio por el que las familias del municipio colombiano de Marmato luchan desde hace una década con la minera canadiense Gran Colombia Gold, terminó con la decisión de la Corte Constitucional de Perú de suspender la actividad de la multinacional canadiense en la zona hasta que se realizara una consulta previa con las comunidades locales.

El tribunal se apoyó en el riesgo de subsistencia económica de los pueblos de la zona y, a través de esta decisión, dio vía libre a los pobladores de Marmato para que explotaran el cerro El Burro a través de minas a cielo abierto, actividad que supone el 80% de su economía.

Amenaza medioambiental y pugna local

El proyecto no ha estado exento de controversia desde su comienzo por la oposición de las comunidades locales que viven de la explotación de las minas del cerro El Burro a cielo abierto. Según informaciones publicadas en la prensa, alrededor de 5.000 familias vivirían de la minería a cielo abierto, lo que representa el 80% de la economía local (

Asimismo, la presión por el daño medioambiental también está presente por la propia naturaleza del proyecto de la canadiense que pretende allanar la montaña para crear una mina a cielo abierto.

Varias avalanchas de lodo sufridas en la zona, que se remontan a 2006, provocaron la denuncia de las comunidades y la consecuente proposición gubernamental de cambiar la ubicación de Marmato argumentando la situación inestable de la ladera donde se situaba la población.

Recursos de oro y plata 

Según la información proveída por Gran Colombia Gold, el Proyecto Marmato contiene recursos totales estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro y casi 90 millones de onzas de plata ubicadas en el departamento de Caldas, en el corazón del distrito de oro del Medio Cauca.

En 2012, la Compañía identificó una nueva zona profunda que contiene aproximadamente 300 millones de toneladas de mineralización potencial.

Fuente:http://ciarglobal.com/arbitraje-de-gran-colombia-gold-contra-colombia-amenazas-medioambientales-y-derechos-humanos/

Colombia

Minesa tiene listo el nuevo Estudio de Impacto Ambiental

La multinacional Minesa que tiene títulos mineros en el municipio de California, Santander, metros abajo de la cota del páramo de Santurbán ha completado el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para la explotación de oro.

«Se tuvieron en cuenta los comentarios de la ANLA. Hay una evaluación más profunda del proyecto y se diseñó un plan de manejo ambiental que aportará a las comunidades de California y Suratá», destaca un documento interno de la compañía.

Minesa había retirado el primer estudio presentado ante las instancias del gobierno nacional lo que generó muchas interpretaciones.

En el documento conocido por Caracol Radio se advierte que «Minesa pasa de ser un proyecto de ingeniería para transformarse en un abanderado de la minería sostenible».

A la par se conoció que Darren Bowden, el CEO de la empresa renunció a su cargo, luego de dos años de trabajo. Se encargó de forma temporal a Mauricio Cuesta como CEO de la empresa.

«Pueden estar seguros de la continuidad del proyecto y de las operaciones diarias» destaca en un comunicado interno Ahmed Yahia Al Idrissi, presidente de la junta directiva de la compañía.

Honduras

Documento obtenido por Avispa Media devela la postura de la OIT sobre la Consulta Indígena

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, junto con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, es reconocido como la principal herramienta jurídica internacional para garantizar los derechos de los pueblos, incluso el derecho a la consulta libre, previa e informada. Pero la forma cómo dicha herramienta ha sido implementada por los países ha causado descontentos en pueblos de diferentes partes de Latinoamérica.

La interpretación más obvia para entender estos descontentos gira alrededor de que los Estados Nación son los responsables por la tergiversación del significado y del uso de la consulta indígena, promoviendo procesos de consultas dudosos para facilitar la entrada de empresas a sus territorios.

Esta interpretación obvia se ha desmoronado cuando los mismos altos funcionarios de la OIT declararon, recientemente, que la Consulta no confiere a los pueblos el derecho al veto. O sea, un reglamento internacional que, en la interpretación del propio órgano que lo creó, no garantiza la autonomía de los pueblos.

Un documento obtenido por Avispa Midia permite ir un poco más adelante en el entendimiento sobre las reales intenciones de la OIT en cuanto a la Consulta Libre, Previa e Informada, a partir de un caso concreto, la construcción del proyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada de Honduras. El documento se trata de comentarios tejidos por el Departamento de Normas Internacional de Trabajo de la OIT, firmado por su directora, Corinne Vargha, respecto al Anteproyecto de Ley de la Consulta en Honduras. El anteproyecto fue enviado, con el respaldo de la OIT, recientemente al Congreso Nacional del país y está a punto de ser aprobado.

El documento, dirigido al secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, es una respuesta a la nota STSS-090-A-18 donde el gobierno de Honduras solicita a la OIT comentarios técnicos sobre el anteproyecto. De acuerdo con el mismo documento, su objetivo es proponer “ciertas modificaciones que tienen por objetivo alcanzar una mejor adecuación del Anteproyecto de Ley a las disposiciones del Convenio”.

El órgano dio su visto bueno a un texto que no garantiza la libre determinación de los pueblos. Para el Artículo 2 del anteproyecto, por ejemplo, que establece claramente que los pueblos no tienen el derecho al veto, la OIT hace la siguiente observación:

“En el párrafo 2 (del anteproyecto), se proponen los siguientes cambios editoriales con el fin de alcanzar una redacción aún más acorde con las disposiciones del artículo 6, 1), a) y 6, 2) del Convenio: La finalidad de la presente Ley es establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades de los PIAH respecto a todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda. La Consulta no implica derecho a veto”aclara el documento de la OIT.

El envió de recomendaciones no fue el único momento de intervención del órgano internacional en la construcción del Anteproyecto. “Los comentarios de la Oficina al Anteproyecto que presentan a la continuación completan los comentarios iniciales enviados al Gobierno el 22 de enero de 2018 y se inscriben en el marco de la conversación llevada a cabo entre funcionarios técnicos de la Oficina Internacional del Trabajo y el señor Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social en la sede de la Organización, el 28 de febrero de 2018”, consta en el documento de la OIT.

En otro documento, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, donde resume el proceso de construcción del Anteproyecto, el gobierno de Honduras reconoce la participación de la OIT: “Es importante destacar en este apartado que el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo OIT tanto en asistencia técnica, como el acompañamiento a todo el proceso en virtud de los acuerdos manifestados en la 105 Conferencia de la OIT, donde se establecieron compromisos con Honduras para acompañar y direccionar este ejercicio”, trae el documento.

Otro órgano internacional también estuvo involucrado en la construcción del Anteproyecto. “El papel de los veedores ha sido determinante en este proceso, particularmente en el caso del Programa de Naciones Unidos para el Desarrollo (Pnud), quienes han brindado un apoyo financiero y técnico en 16/18 talleres desarrollados, mostrando un compromiso significativo con los Pueblos Indígenas y afro hondureños y con el Gobierno de Honduras, además de actuar en muchos tramos como interlocutor en aspectos técnicos”, sostiene el documento de la Secretaría de Trabajo.

 

Seguridad jurídica para los inversionistas

El Estado de Honduras después de más de dos décadas de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT comenzó, desde el año 2012, un proceso de elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Pnud.

La iniciativa surge por presiones principalmente de los compromisos asumidos por el Estado hondureño en el marco del programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en los países de desarrollo (Programa ONU-REDD+). La reglamentación de la consulta previa también forma parte de los compromisos del Estado relacionados con la negociación de Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA-Flegt), bajo la iniciativa de la Unión Europea, que versa sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de productos de la madera con destino a la Unión Europea. O sea, para a implementación de proyectos conservacionistas en territorio hondureño.

Así que no es mera coincidencia que, al mismo tiempo en que el gobierno hondureño envió el Anteproyecto al Congreso Nacional para votación, la Unión Europea firma finalmente un convenio sobre AVA-FLEFT con Honduras, establecido el 14 de junio.

El proceso

El Estado procedió en el 2012 a la creación de un anteproyecto de Ley, que derivó en tres versiones elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (DINAFROH) y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH).

En el 2016, el PNUD contrató al peruano Ivan Lanegra, quien se encargó de crear una copia de la Ley de Consulta Perú, la que pasó por un proceso de socialización que el PNUD y el estado de Honduras denominaron consulta. El 30 de mayo de 2016, ODHPINH presentó ante el Congreso un anteproyecto de Ley de Consulta para la obtención del Consentimiento, Previo, Libre e Informado, la cual hasta la fecha se encuentra engavetada, ante las presiones existentes del poder ejecutivo el que viene fraguando la imposición de la versión de Ley, promovida por el PNUD y el Programa REDD.

La Relatora Tauli-Corpuz emitió sus comentarios sobre el anteproyecto de Ley el 22 de diciembre de 2016 y ante las posteriores aberraciones jurídicas incorporadas a la versión de Ley promovida por Ivan Lanegra emitió sus observaciones adicionales en junio de 2017. La Relatora entre otras manifestó “exhorto al Estado de Honduras a garantizar que se respeten los estándares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Con el aval obtenido por el Estado de Honduras por parte de la OIT, en el que incluye en su artículo 2, “la consulta no implica derecho a veto”. Al respecto, en las observaciones la Relatora Especial expresa su profunda preocupación sobre las interpretaciones del Convenio 169 que “parecen indicar ciertos retrocesos en el entendimiento y aplicación de los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

 

Pueblos dicen no

Con la participación de más de 400 Garífunas, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), provenientes de las diferentes comunidades, se efectúo el 13 de junio, en la ciudad de Trujillo, una asamblea extraordinaria del pueblo Garífuna, en relación al anteproyecto de Ley de Consulta Previa. La asamblea comunitaria rechazó de forma rotunda la imposición que pretende el Estado de Honduras.

La Asamblea después de analizar la versión de Ley respaldada por la OIT fue enfática en señalar que el Estado ignoró las recomendaciones de la relatora, y procedió a agregar una serie de adefesios jurídicos que descalifican el sentido de la consulta, convirtiéndola en un trámite administrativo, donde solo existe la posibilidad de aceptar las imposiciones del estado y los empresarios.

Líderes  comunitarios y defensores del territorio ancestral denunciaron como el Estado ha venido aprobando una serie de leyes que afectan a los pueblos indígenas, sin haber consultado en ningún momento a las comunidades que pueden ser afectadas. Desde las ciudades modelo (ZEDE) hasta los proyectos hidroeléctricos, así como una Ley de Incentivos al Turismo, a través de la cual se entregarán hasta las áreas protegidas a los inversionistas extranjeros.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), así como OFRANEH, rechaza el Anteproyecto de Ley del Estado.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/documento-obtenido-por-avispa-media-devela-la-postura-de-la-oit-sobre-la-consulta-indigena/