Ecuador

Juez suspendió minería en norte de Esmeraldas

La actividad minera en San Lorenzo y Eloy Alfaro, en el norte de Esmeraldas, ha quedado suspendida.

Un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo la actividad y otorgó un plazo de 30 días para cumplir con las medidas cautelares.

La resolución del juez se dio durante una audiencia de supervisión del cumplimiento de las medidas, efectuada el lunes 4 de junio, en San Lorenzo.

A esta diligencia asistieron delegados de comunidades afectadas por la actividad minera y abogados de entidades estatales que debían cumplir las medidas cautelares dictadas en una primera instancia.

El proceso se viene abordando desde el 2011, cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador interpuso en primera instancia un pedido de medidas cautelares ante las autoridades judiciales de San Lorenzo por la supuesta afectación a la salud debido a la contaminación de los ríos de la localidad.

Dentro de este proceso se presentaron resultados de laboratorio en el que se indica que las aguas no son aptas para consumo humano por su alto contenido de metales pesados.

Según los denunciantes, se observaba la falta de control por parte del Estado, así como en las acciones de tratamiento de descontaminación y remediación de fuentes hídricas.

La Defensoría del Pueblo, entidad que actuó en representación de las comunidades, enfatizó que “es necesario mantener las medidas cautelares y exigir del Estado su inmediata acción, inclusive que se sancione a los responsables por su evidente omisión”.

La noche del viernes, otro juez suspendió la explotación minera en el proyecto Río Blanco, entre Molleturo y Chaucha, al oeste de Cuenca. Un grupo de comuneros interpuso una acción de protección argumentando fallas legales en el proceso y contaminación. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/07/nota/6797246/juez-suspendio-mineria-norte-esmeraldas

Mexico

Se declararán Actopan y Alto Lucero municipios libres de minería tóxica

La organización Lavida asegura que existe un compromiso de los presidentes municipales Paulino Domínguez Sánchez y Javier Castillo Viveros

El integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) Guillermo Rodríguez Curiel señaló que hoy (JUEVES) los municipios de Actopan y Alto Lucero se declararán libres de minería tóxica.

Indicó que existe un compromiso de parte de los presidentes municipales de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez, y Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, de realizar la entrega de un acta de Cabildo en la que se declare a los municipios que dirigen libres de minería.

“A las 12 horas tendremos el segundo evento de fiesta en Actopan y en éste, el alcalde (Paulino Domínguez Sánchez) se comprometió a entregarnos el acta de Cabildo donde declarará al municipio libre de minería tóxica”, dijo,

En el caso del municipio de Alto Lucero, el activista aseguró que ya hubo acercamiento con el alcalde Javier Castillo Viveros, quien se comprometió a entregar el acta de Cabildo que acredite la misma posición.

Refirió que se buscará que los 25 municipios cercanos al proyecto La Paila, a cargo de la empresa canadiense Candelaria Minning Corp se declaren libres de minería.

Destacó que con las actas de Cabildo, los Ayuntamientos negarían cualquier cambio de uso de suelo a favor de empresas mineras.

De darse estos hechos, Actopan y Alto Lucero se sumarían a los municipios que en años anteriores se han declarado libres de minería, como en el caso de Tlapacoyan, que hace un año logró este decreto.

“De forma verbal se ha tenido acercamiento con los alcaldes de Emiliano Zapata y Xalapa, quienes ya se han pronunciado en contra de la minera”, manifestó.

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/local/se-declararan-actopan-y-alto-lucero-municipios-libres-de-mineria-toxica-1744139.html

Chile

Senadores de oposición activan ofensiva por regreso de Julio Ponce a SQM

Senadora DC Yasna Provoste aseguró que la contratación del ex directivo como asesor incumple un acuerdo con el Gobierno, por lo que citará a la Comisión de Minería al ministro de Economía y al vicepresidente ejecutivo de Corfo. Junto con esto, parlamentarios del bloque ingresaron un oficio que pide al Presidente Piñera requerir al CDE que estudie acciones legales.

Este martes se dio a conocer el nombramiento por parte de la minera no metálica Soquimich (SQM) de su ex presidente, Julio Ponce Lerou, como asesor estratégico de la compañía.

El anuncio del regreso del empresario junto a su hermano Eugenio, ocurre sólo cinco meses después del acuerdo alcanzado entre Corfo y SQM para la explotación de litio del Salar de Atacama y que consideraba la salida de Ponce Lerou de la presidencia, tras el caso SQM, donde se investigó el presunto financiamiento irregular de campañas políticas. 

Una vez confirmado el nuevo cargo del empresario, la presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Yasna Provoste, anunció que citarán a la comisión al ministro de Economía, José Ramón Valente, al vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel y al ex vicepresidente de esta misma entidad, Eduardo Bitrán.

«Debemos decir con mucha claridad de que no nos parece que frente a un situación tan importante para el país como es el litio tengamos en la vicepresidencia de Corfo a una persona que ha estado vinculada a los negocios de SQM… le hemos pedido al Ministro de Economía que pueda concurrir a la Comisión de Minería para poder conocer los aspectos que dicen relación con la noticia que se ha conocido recientemente y que es la reincorporación de aquellos que han estado vinculados a la situación de SQM y una serie de situaciones de financiamiento irregular de la política», explicó.

La parlamentaria agregó que esta situación «le hace mal al país» y recalcó que con este nombramiento se incumplió un acuerdo: «Aquí se ha faltado a los compromisos que estaban asumidos en este acuerdo entre el Gobierno y la empresa SQM», recalcó.

Junto con esto, Provoste y los senadores Alvaro Elizalde (PS) y Alejandro Guillier (IND) ingresaron un oficio en donde solicitan al Presidente Sebastián Piñera requerir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que «evalúe las acciones legales necesarias por incumplimiento» del acuerdo.

Por otro lado, Eduardo Bitrán, ex vicepresidente de Corfo, criticó duramente el acuerdo y aseguró que espera que «el directorio reconsidere, recapacite y modifique el acuerdo».

Gobierno: «Son situaciones internas de la empresa»

Consultado al respecto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que esta situación se trataba de un tema ajeno «sobre situaciones internas al interior de una empresa privada, por lo tanto no tenemos nada que comentar».

«El Presidente no ha solicitado esa revisión (del acuerdo Corfo-SQM), porque son dos situaciones completamente distintas. El acuerdo que se celebró entre Corfo y SQM tiene un camino que es distinto, paralelo, a las situaciones internas que se producen al interior de la empresa. Por lo tanto, al Gobierno sí le preocupa que este acuerdo que está siendo revisado judicialmente…esté y sea luego la revisión judicial completamente correcta», explicó.

Sobre el anuncio de un oficio por parte de la Nueva Mayoría que pide a Piñera para que oficie al Consejo de Defensa del Estado (CDE), Chadwick fue enfático: «En su derecho están, obviamente que lo pueden hacer y el CDE si ve cualquier situación que pueda afectar la situación del acuerdo entre Corfo y SQM lo puede hacer sin siquiera esperar que el Presidente se lo solicite».

 

Fuente:http://www.t13.cl/noticia/politica/video-senadores-de-oposicion-activan-ofensiva-por-regreso-de-julio-ponce-a-sqm

Argentina

Se hace manual el conocimiento sobre megaminería reunido colectivamente

Las asambleas de Chubut que resisten la instalación de la actividad minera a gran escala en la provincia, produjeron el manual”Hablemos de Megaminería”. El mismo, se presentará este martes 5 de junio a las 18 hs. en el Centro Cultural Melipal de Esquel en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Los vecinos se propusieron contar con un texto que compile los saberes sobre las implicancias de la megaminería acumulados y complejizados durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo. Está inspirado en la necesidad de seguir aprendiendo y enseñando,  seguir difundiendo y construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas. La presentación estará a cargo de los propios vecinos que han contribuido en la redacción y elaboración de cada uno de los ítemes del manual.

Por Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut – UACCh

“Hablemos de megaminería” colecta y desarrolla de manera accesible los conocimientos científicos y técnicos sobre la incidencia de la actividad megaminera sobre los aspectos económicos, ambientales, sociales, químicos, sanitarios, etc. y cuenta con el correspondiente soporte bibliográfico.

Los saberes del manual provienen del trabajo de investigación y estudio desinteresado de decenas de vecinos a lo largo de quince años de innumerables reuniones y charlas informativas, asambleas y el abundante material de difusión.

El manual no solo fue pensado para el uso de escuelas primarias y secundarias, sino también para aquellos que desean conocer, aprender y difundir sobre los problemas y el impacto de la minería a gran escala.

El texto es de distribución libre y gratuita y ya puede leerse y descargarse para su impresión y uso en el sitio noalamina.org luego de su presentación en el Centro Cultural Melipal.

Descargar “Manual HABLEMOS DE MEGAMINERÍA” Manual_megamineria_A4_2.5cm-margen_FINAL_20180605.pdf – Descargado 89 veces – 2 MB Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/41072-se-hace-manual-el-conocimiento-sobre-megamineria-reunido-colectivamente

Perú

Segunda etapa de Proyecto Minero Toromocho, se realiza afectando derechos fundamentales de los pobladores y su derecho constitucional a la propiedad

El día viernes el Presidente Vizcarra anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto minero Toromocho de la Minera Chinalco Perú S.A en la región Junín. Se trata de una ampliación del proyecto minero que añadirá otras 75,000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre a la actual producción de la mina.

Este sería un anuncio importante si sólo lo viéramos desde ese punto de vista. El problema es que la aprobación de esta ampliación, no contó con la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que solo ha sido aprobado a través de un Informe Técnico Sustentatotio (ITS) que no es el instrumento técnico idóneo para evaluar los impactos de los proyectos de esta envergadura, pues no se ha tratado de una modificación secundaria, tal como establece el marco normativo de los ITS.

De otro lado, es preciso mencionar que para que esta ampliación del proyecto se pueda ejecutar, desde el Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Bienes Estatales Nacionales (SBN), se ha emitido la Resolución N° 130-2018-SBN-DGCE-SDDI, mediante la cual se expropian las 34 hectáreas de tierras de los pobladores que aún habitan en Morococha antigua, a pedido de Activos Mineros S.A.C, empresa del Estado a cargo de la remediación de dichos pasivos, aduciendo existen pasivos ambientales de alto riego, lo que antes no habían indicado.

Esta medida posibilita el desalojo de las personas que aún viven en dichas zona, que imposibilitaba para la empresa Chinalco la realización de la ampliación del proyecto, y lo que ha hecho el gobierno es facilitar el proyecto a dicha empresa, con el pretexto de los pasivos ambientales, que nunca ha priorizado procesar y sólo lo hace ahora para la realización del proyecto, en desmedro del derecho a la propiedad de las personas, propiciando un nuevo conflicto social, que ya viene generando movilizaciones y paralizaciones de la población afectada en defensa de su legítimo derecho a la propiedad que viene siendo afectado de manera inconstitucional, pues las normas del Poder Ejecutivo han pasado por encima de nuestra Constitución y del derecho de propiedad que está debidamente establecido en nuestra Carta Magna.

Se demuestra con esta medida que el actual gobierno del Presidente Vizcarra, es la continuidad del gobierno de Kuczynski, que mantiene las mismas prácticas de autoritarismo e impunidad, frente a los conflictos socio ambientales, que se suma a los estados de emergencia que se continúan aplicando y a los convenios que la policía sigue suscribiendo con las empresas mineras, cuyo costo de seguridad subvencionamos todos los peruanos y peruanas, y sufrimos porque nos limitan contar con suficientes efectivos que asuman la seguridad ciudadana.

La situación de la población de Morococha por años ha sido la de mantener un conflicto desgastante con la Minera Chinalco, que no ha cumplido estrictamente con las obligaciones que debe asumir por el proceso de reasentamiento forzoso de la población, según los criterios del Banco Mundial que se siguieron, y que no son debidamente fiscalizados por la OEFA, que no tiene un sostenimiento económico debido en su nueva ubicación por no cumplir la empresa con establecer su campamento con trabajadores en dicho lugar, sin condiciones ambientales adecuadas por la ubicación de la zona en bofedales y de una relavera contigua, lo que ha modificado irreversiblemente la calidad de vida de la población en una “ciudad” que no les brinda condiciones de vida adecuadas, sin que la empresa asuma sus responsabilidades sobre el daño causado.

Es preocupante el anuncio del presidente de la segunda etapa del proyecto Toromocho en las condiciones en las que se está dando, cuando es responsabilidad del Estado ante todo, velar por las condiciones ambientales y sociales necesarias que respeten los derechos de las personas, lo que no ha ocurrido con los pobladores de Morococha.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/755-segunda-etapa-de-proyecto-minero-toromocho-se-realiza-afectando-derechos-fundamentales-de-los-pobladores-y-su-derecho-constitucional-a-la-propiedad

Mexico

Con apoyo de la alcaldía de Actopan, empresa minera se apodera de 32 hectáreas de un predio rústico

Mediante el esquema de compra-venta y fusión de terrenos, la empresa minera Alondra, de inversión canadiense y mexicana, se apoderó sigilosamente de más de 32 hectáreas de un predio rústico denominado Pozo de Oro, en la congregación montañosa-costera de Villa Rica.

Con la complacencia del ayuntamiento de Actopan, Alondra SA de CV obtuvo a través de su representante legal René Lechuga Juárez –oriundo de Chihuahua y presunto prestador de servicios legales de Grupo México- la “subdivisión” y “traslado de dominio” para que en las inmediaciones de las localidades El Porvenir y Tinajitas pueda explotar y extraer minerales con maquinaria pesada, pese a la inconformidad de la población.

El pasado 25 de mayo, más de mil habitantes del municipio de Actopan, acompañados de activistas y representantes de la Iglesia, se reunieron en la explanada del parque Morelos, frente al palacio municipal, donde realizaron una “fiesta en defensa de la naturaleza”, como medida para exigir un alto a los proyectos mineros que impulsa la empresa Candelaria Mining Corp, que ha utilizado a Alondra como “outsourcing” de la minería para realizar sus trabajos.

En dicha protesta, el alcalde panista-perredista Paulino Domínguez retó a golpes a uno de los manifestantes, quien lo acusó de “corrupto” por haber aceptado sobornos de representantes de la empresa minera.

Yo te conozco, no hagas pendejadas, estúpido, anótale el nombre, anota el nombre”, gritaba iracundo el munícipe, luego de lo cual asestó varios golpes a quien lo encaró, y pidió a uno de sus guaruras que anotara los datos generales de quienes lo acusaban de corrupto.

Documentos en poder de Apro revelan que desde el 19 de febrero pasado la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Arturo Velázquez Domínguez –subordinado del alcalde-, autorizó la subdivisión y traslado de dominio de los terrenos, y el 9 de mayo, ante la notaría pública número 34 con sede en Ciudad Cardel, se concretó la compra-venta y fusión de predios, con el aval municipal.

En la escritura pública número 20 mil 471 –documento en poder de Apro– se establece como cláusula séptima que el ejidatario Rufino Cervantes Gabriel cedió el predio rústico para “los fines propios” que “el objeto social” requiere, en este caso la minera Alondra SA de CV.

“Hace una semana la empresa dio a conocer que a partir del 1 de julio iniciaría trabajos en el cerro La Paila, donde pretende echar a andar la mina ‘Caballo Blanco’”, denunció Guillermo Rodríguez Curiel, representante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

En los municipios de Actopan y Alto Lucero, la empresa canadiense Candelaria Mining Corp promueve esa mina y cuatro proyectos más: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur. La compra de terrenos ya inició a través de Alondra.

Dentro de “Caballo Blanco” se tiene contemplado remover 20 mil toneladas de tierra y piedra al día, para lo cual se necesitarían ocho toneladas de explosivo y 2.8 toneladas de cianuro.

Candelaria Mining Corp tiene contemplado que ese proyecto produzca un promedio de 240 kilogramos de oro al mes, con una vigencia de ocho años de actividad.

Además, ocupará 4 millones de metros cúbicos de agua para extraer 20 toneladas de oro en el cerro “La Paila”, ubicado en el municipio de Alto Lucero.

De acuerdo con Héctor Salas Hernández, geólogo de Candelaria Mining Corp, en cada uno de los ocho años se utilizaría medio millón de metros cúbicos de agua. A su juicio, dicha cantidad de agua no es representativa en comparación con otros proyectos.

“La presa de eventos está diseñada para contener 383 mil metros cúbicos, lo cual significa que casi un 80% de las necesidades de agua para la operación salen de la pileta de eventos y nada más necesitaríamos un muy pequeño porcentaje de alguna otra fuente”, explicó recientemente al periódico local Crónica de Xalapa.

En respuesta, Rodríguez Curiel soltó: “No queremos la minería ni ahora ni nunca. Vamos a estar firmes y no vamos a bajar la guardia”.

Desde 2012, en Veracruz hay una férrea oposición de ambientalistas y campesinos al proyecto minero, y recientemente acusaron que la fauna y flora del frágil ecosistema tiene daños irreversibles.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/537236/con-apoyo-de-la-alcaldia-de-actopan-empresa-minera-se-apodera-de-32-hectareas-de-un-predio-rustico

Mexico

No hay permisos para actividad minera en el Cerro de La Paila afirma PMA

La empresa canadiense “Calendaria Mining Corp” pretende explotar el Cerro La Paila, situado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, en el que se pretenden extraer hasta 20 toneladas de oro en los próximos ocho años.

Luego de diversas inconformidades por parte de habitantes de diversos municipios de la zona centro del estado debido a la presunta intención de la empresa canadiense “Calendaria Mining Corp” para explotar el Cerro La Paila, situado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, en el que se pretenden extraer hasta 20 toneladas de oro en los próximos ocho años, el Subprocurador de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente en Veracruz, Mauro Jorge Mora Pavón, descartó permisos para tal fin.

Agregó que esta dependencia estatal que encabeza Ricardo Colorado Alfonso ha llevado a cabo reuniones con el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Veracruz, José Antonio González Azuara, para abordar el tema.

“Hasta donde yo entiendo los permiso ambientales no están otorgados (…) Se había determinado hace unos meses que los promotores de esos permisos desistían obtener la manifestación de impacto ambiental, entonces, a fin de cuentas, para nosotros relativamente está suspendido. No hay permisos, no hay actividades” sostuvo el funcionario.

En este sentido, Mora Pavón pidió a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía o actividad contraria a lo indicado por las autoridades ambientales, pues no está permitida la realización de alguna labor de minería en el sitio, por lo que puso a disposición la dirección en internet: www.pmaver.gob.mx <http://www.pmaver.gob.mx>.

De cumplirse la promesa del alcalde de Actopan Paulino Domínguez, de proporcionar mañana el decreto que declara al municipio “Libre de minería tóxica”, se frenarán las intenciones de la canadiense Candelaria Mining Corp. de explotar la mina de La Paila.

La entrega del documento se realizará, de acuerdo a fuentes oficiales, en la explanada del parque Morelos después de que la presión de ciudadanos y activistas, lo exigieran a través de marchas y bloqueos desde que la empresa norteamericana diera a conocer que explotaría el yacimiento.

El consorcio cuenta con  el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar la extracción de oro, aunque eso no ha dado marcha atrás en la creación del decreto municipal, aun cuando la canadiense anunció una inversión inicial de 115 millones de dólares, lo que se traduciría en más 100 empleos directos en una primera etapa.

Además, la minera se comprometió a otorgar poco más de 20 millones anuales para reforzar el presupuesto de Actopan, que este año alcanzó apenas los 70 millones de pesos; dicha dádiva fue vista como un regalo por parte de la trasnacional al alcalde Domínguez, quien negó que el recurso fuese para él.

Ante el anuncio del decreto, ni la firma ni sus filiales en México se han pronunciado al respecto; de hecho, ha evitado el contacto con los medios de comunicación tras destaparse el escándalo ambiental.

El proyecto, según expertos, afectaría gravemente al ecosistema, ya que la corporación utiliza cianuro y mercurio en sus procesos, químicos altamente contaminantes tanto para los mantos acuíferos, como para el suelo fértil.

Además, debido a las características del suelo donde se ubica el yacimiento, un problema más para los ciudadanos sería el polvo residual, el cual contiene cadmio y arsénico, agentes altamente cancerígenos; mientras que el aire puede contaminarse con nitrógeno y dióxido de azufre, también severamente perjudiciales para la salud.

Se espera que la empresa responda a la afrenta de los ciudadanos de Actopan al estar en juego un yacimiento que podría generar 20 toneladas de oro durante diez años.

Fuente:https://www.eldictamen.mx/2018/06/veracruz/estatal/no-hay-permisos-para-actividad-minera-en-el-cerro-de-la-paila-afirma-pma/

Mexico

Se pronuncia Alfredo Zamora en contra de la minería tóxica en BCS

La Paz, Baja California Sur- Al ser electo como diputado al Congreso del Estado por los ciudadanos del tercer distrito electoral de Baja California Sur (BCS) “seré un férreo defensor de los derechos que los sudcalifornianos tenemos a disfrutar de un medio ambiente sano, porque esta es la mejor herencia que podemos dejar a las futuras generaciones de mujeres y hombres de Baja California Sur”, aseguró el candidato por el PAN-PRD-PRS-Humanista, Alfredo Zamora García, al efectuar, este marte,s recorridos en busca del voto rumbo a las elecciones del 1ero de Julio por las colonias Los Olivos y Ocho de Octubre, primera sección, en la capital del estado.

En el diálogo sostenido con vecinos de estas colonias, el candidato Alfredo Zamora les expresó que su posición respecto a la minería tóxica siempre será en contra de este tipo proyectos que dañan sensiblemente la naturaleza: “Como ciudadano y como servidor público he levantado la voz cuando ha sido necesario para oponerme a la operación de este tipo de actividades. Y, en lo futuro, de querer explotarse la minería tóxica en Baja California Sur, de la mano de la población sudcaliforniana defenderemos nuestro derecho al disfrute de nuestro medio ambiente”, subrayó el candidato a legislador.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/se-pronuncia-alfredo-zamora-en-contra-de-la-mineria-toxica-en-bcs/

Chile

Consejo de Pueblos Atacameños: La minería del litio genera escasez de agua

El abogado Jaime Madariaga recalcó que se viola «un tratado internacional de derechos humanos».

Este miércoles 6 de junio se iniciarán los alegatos del recurso de protección interpuesto por el Consejo de Pueblos Atacameños, que solicita dejar sin efecto el acuerdo entre Corfo y la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), al no realizar una consulta indígena como lo solicita el Convenio 169 de la OIT que fue ratificado por Chile.

Este miércoles 6 de junio se iniciarán los alegatos del recurso de protección interpuesto por el Consejo de Pueblos Atacameños, que solicita dejar sin efecto el acuerdo entre Corfo y la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), al no realizar una consulta indígena como lo solicita el Convenio 169 de la OIT que fue ratificado por Chile.

La acción judicial fue interpuesta luego que el 17 de enero, Soquimich y Corfo suscribieron dos contratos en los que se triplicaron las cuotas para explotar, procesar y vender litio, los que se firmaron sin consultar a las comunidades indígenas, a lo que obligaría el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La presidenta de la Comunidad de Solor, Ana Ramos, aseguró en la Prueba de ADN que «el Estado chileno nos ha vulnerado el derecho a ser consultados» y criticó que el país «no ha resguardado los bienes naturales. Ellos están atentando contra el hábitat de un pueblo, de una cultura, que es parte del territorio chileno».

El abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Jaime Madariaga, precisó a Radio ADN que se genera «escasez del agua» y que «ese es el grave problema. Hay que entender que la minería del litio es la minería del agua. Lo que se hace es sacar agua del Salar de Atacama, evaporarla y lo que queda es el litio y otros minerales. La escasez de agua que hay en la zona es enorme».

Fuente:http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/consejo-de-pueblos-atacamenos-la-mineria-del-litio-genera%C2%A0escasez%C2%A0de-agua/20180605/nota/3758430.aspx

Mexico

Derrumbe en mina de Chihuahua; al menos dos muertos

Al menos ocho trabajadores desaparecieron ayer tras un derrumbe en la mina Río Tinto SA de CV, ubicada en el poblado de Cieneguita Lluvia de Oro, municipio de Urique, en la zona serrana de la entidad, reportaron autoridades estatales. Sin embargo, la secretaria del ayuntamiento, Ramona Langarica, informó que dos mineros perecieron y 14 están desaparecidos.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 10 de la mañana debido a que, según obreros que lograron ponerse a salvo, reventó la presa de jales (desechos) de la mina, propiedad en 80 por ciento de la empresa canadiense Pan American Goldfields.

El vocero de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Carlos Huerta, informó que personal de esa dependencia ya se encuentra en la zona del accidente y la información que tienen es preliminar, por lo que no pueden confirmar ni desmentir el número de decesos que reportan las autoridades municipales.

Langarica dio a conocer que dos mineros resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a la capital en aeronaves de Protección Civil del Estado, pero al cierre de esta edición se desconocía su estado de salud.

Langarica afirmó que desde el momento del accidente las autoridades municipales enviaron ambulancias, policías y personal de protección civil.

Compañeros y familiares de los mineros atrapados señalaron que muchas personas intentaron ingresar a la mina para rescatar a los trabajadores, pero no tienen equipo.

Reprocharon la ineficiencia del gobierno estatal, encabezado por el panista Javier Corral Jurado y señalaron que hay vidas en juego.

En la zona del derrumbe quedaron esparcidos lixiviados, que permiten separar los metales de otros materiales extraídos de la mina, además de lodos tóxicos, lo que podría contaminar ríos y otros cuerpos de agua.

El vocero de Protección Civil Estatal, Fabián Soto, informó que el director de esa dependencia, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, ya se encuentra en la zona.

De acuerdo con información del gobierno del estado, el yacimiento de oro, plata, plomo y zinc está ubicado en la zona conocida como cinturón de oro y plata Sierra Madre, a 375 kilómetros de la ciudad de Chihuahua.

Pobladores de Cieneguita Lluvia de Oro denunciaron que la mina Río Tinto no cumple normas ambientales y sus trabajadores carecen de equipo de seguridad.

En 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró una mina de Río Tinto SA de CV en el municipio de Rosario debido a que operaba sin autorización, pues no entregó estudio de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La compañía se amparaba con una autorización de impacto ambiental otorgada en 2008, con vigencia de cinco años.

Con información de Jesús Estrada, corresponsal