Estaba funcionando sin habilitación municipal y tenía como objetivo principal la explotación minera detalló la Jueza de Faltas, Patricia Mónica Masud, en conferencia de Prensa.
En horas de la mañana de este viernes, se hizo efectiva la orden de clausura a la empresa Seargen S.A en Chilecito, con respecto a ello la jueza de faltas Patricia Mónica Masud comentó a medios de comunicación que “la empresa Seargen SA estaba trabajando sin habilitación municipal y habiendo pedido la habilitación para un rubro, la documentación que adjunta y que luego investiga la Municipalidad de Chilecito a través de la AFIP, se da con que la fachada de consultora de ingeniería y asesoramiento industrial ellos pretendían la explotación minera” dijo.
Asimismo dijo “con respecto a la inscripción en la AFIP, ellos el documento que adjunta es un formulario impreso pero fotocopiado en la mitad que no permite ver el rubro o actividad para la cual se inscribe en la AFIP, eso se lo descubre cuando la municipalidad investiga en la AFIP, y eso está en la foja 39 del expediente administrativo. Es una maniobra de ocultamiento del verdadero objetivo que era la explotación minera”.
Al mismo tiempo resaltó “más allá de eso, ellos estaban funcionando sin la habilitación municipal pertinente. Al descubrir que el objeto principal es la explotación minera, cabe hacer aplicar la ley que nos rige en el departamento Chilecito la 2.696/06, que habla de la prohibición que existe en nuestro medio de la explotación de la minería con sustancias tóxicas para el medio ambiente o la salud humana”.
En este sentido detalló que la misma ordenanza contempla que “toda persona física o jurídica quisiera explotar la mina, tiene que seguir una serie de pasos, un procedimiento y cumplir ciertas exigencias legales en cuanto a documentación como lo establece los artículos 9, 10 y 11 de la ordenanza. Que es presentar un estudio de impacto ambiental, eso someterlo a la comunidad para obtener la licencia social, y se evalúa ese estudio y la comunidad debe emitir su opinión al respecto”.
Fuente:http://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=173911
El extractivismo desde todo punto de vista es una agresión destructiva de los seres que habitan el planeta y un mal negocio para el Estado ecuatoriano, según advierten los expertos que siguen al paso el problema de impacto ambiental que causaría en los bosques primarios de Íntag un proyecto minero. “Que nadie dude que en territorio de Cotacachi, el impacto ambiental será el que jamás se haya visto alrededor del mundo”, advirtió un experto en temas ambientales.
La familia del defensor Mariano Abarca Roblero y organizaciones acompañantes les informamos que, el 16 de mayo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a 
Alrededor de 250 pobladores de Morococha, zona donde se encuentra el proyecto minero Toromocho de Chinalco, se movilizaron al Ministerio de Energía y Minas en Lima para exigir que el ministro Francisco Ísmodes atienda a sus demandas y no expropie las 34 hectáreas de propiedad del distrito. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Se anunció paro indefinido.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, decidió negarle el permiso a la Compañía Minera Ataco S.A.S, que pretendía explotar oro en el sector de Umbulú de la vereda Apone en Ataco, Tolima.
La falta de voluntad de los gobiernos en aplicar los marcos jurídicos internacionales que reconocen el derecho de participación de los pueblos indígenas en sus territorios, está obligando a las comunidades junto con las organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos para enfrentar la amenaza de los proyectos extractivos en la región.
Mariano Abarca Roblero se oponía a la minera canadiense Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Su familia presentó una demanda en Canadá para que investigue y responsabilice a la Embajada de ese país por el crimen. La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.
Actualmente 1816 cooperativas mineras operan en Bolivia, de las cuales aproximadamente el 85% lo hace sin licencia ambiental y muchas incluso vulnerando derechos laborales como el trabajo de menores de edad en sus operaciones.
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno. La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería respaldamos firmemente los reclamos de la familia Transviña, de la organización Medio Ambiente y Sociedad, A.C. y del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur hacia la empresa TV AZTECA.