Republica Dominicana

FJT somete amparo preventivo en defensa de la NO explotación minera en San Juan de la Maguana

Santo Domingo, La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), sometió hoy por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), una acción de amparo preventivo en contra del Ministerio de Energía y Mina, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Dirección General de Minería, en defensa de la no explotación del proyecto minero Romero y Romero Sur, en la Provincia San Juan de la Maguana, por violación a la Constitución de la República y de un Precedente Vinculante del Tribunal Constitucional.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, aseguro que el Tribunal Constitucional dominicano ya ha dilucidado casos similares como lo fue Loma Miranda por decisión, asumida mediante la Sentencia No. TC/0167/13, la cual vincula a todos los poderes del Estado por efecto del artículo 184 de la constituciones consecuencia impide que cualquier funcionario o poder público alguno, autorice o diga que autoriza lo que el Tribunal Constitucional ha prohibido, con un carácter extensivo a los despropósitos que hoy se están planteando en San Juan de la Maguana.

El amparo preventivo para la defensa de la no explotación del proyecto minero Romero y Romero Sur, se sustenta entre otras consideraciones, en los aprestos, amenazas e inminencia de una posible autorización de las autoridades mineras y medioambientales, puesto de manifiesto en declaraciones del Ministro de Energía y Minas Antonio Isa Conde y del incumbente de la Dirección General de Minería.

El amparo depositado tiene además su fundamento en la apariencia de buen Derecho, la grave alarma social y el verdadero peligro en la demora para solucionar este problema.

 

Asimismo, la entidad de sociedad civil anuncio que estaría presentando en calidad de interventores forzosos a la empresa GOLDQUEST DOMINICANA S.R.L., a la Unidad Coordinadora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Senador de la Provincia de San Juan de la Maguana, Félix Ramón Bautista Rosario, a los Diputados por la Provincia de San Juan: David Herrera Díaz, Henry Modesto Merán Gil, Lucía Medina Sánchez, Nidio Encarnación Santiago y Roberto Pérez Lebrón; y a la Diócesis de la Iglesia Católica, San Juan de la Maguana, Obispo José Dolores Grullón Estrella. Toda vez que los mismos, por las trascendentes funciones que desempeñan y su participación y posiciones en la eventual explotación minera de que se trata tienen responsabilidades políticas, sociales y económicas de interés para el proceso.

Asimismo el Gobierno Dominicano, a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos Agroforestales de la Presidencia, ha venido trabajando en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer siete proyectos exclusivamente en la región Sur, por un monto ascendente a los casi cinco mil millones de pesos, con el objetivo de impactar y potencializar positivamente más de 150 ríos y arroyos, mediante el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del sur, el cual beneficiará más de siete mil productores y generará unos doce mil empleos directos y unos cuatro mil indirectos. Que, para los fines de lugar, ya han sido aprobados unos ochocientos mil dólares.

Para Potentini resultaría contraproducente, el llevar a cabo el proyecto de explotación minera, en razón de las cuantiosas inversiones, que precisamente buscan sostenibilidad medio ambiental para la región Sur, sobre todo pretender poner en marcha todo un sistema de la industria infernal de la explotación minera, depredando el ya resentido medioambiente de la zona, resultando en consecuencia una paradoja el poner en riesgo los esfuerzos del Gobierno y de Organismos Internacionales como el BID, con los proyectos agroforestales referidos.

Finalmente, la FJT recuerda que desde el Estado Dominicano se viene trabajando en diversos proyectos, los cuales buscan propiciar un respiro económico a la región Sur, con los aprestos y diligencias para el establecimiento y aprovechamiento de un turismo ecológico en la zona, lo que sin lugar a dudas se verían sensible y gravemente afectados, por la eventual puesta en ejecución de los proyectos de explotación minera Romero y Romero Sur, en la Provincia San Juan.

El deposito del amparo se efectuó por ante la secretaria del Tribunal Superior Administrativo, encabezado por los abogados y principales directivos de la fundación, entre ellos Heriberto Rivas Rivas, Manuel Galván, Smerly Rodríguez y Grace Estela Potentini.

 Fuente:http://elveedordigital.com/ciudadania/item/93562-fjt-somete-amparo-preventivo-en-defensa-de-la-no-explotacion-minera-en-san-juan-de-la-maguana
Mexico

La minera First Majestic y las dos actitudes (contrarias) de Godezac

La minería en el mundo y en particular en nuestras tierras ha arrojado un enorme saldo negativo. Lo que dejan en forma de empleos, menos los costos ambientales y humanos, representa un cálculo objetivo fuera de dudas. Ahora vivimos un caso que no trata lo que en otro momento hemos comentado en esta misma tribuna periodística, el consumo de agua o la devastación de suelo o la nula aportación en impuestos de la minería.

Ahora observamos un caso donde la actividad propia de la explotación de las entrañas de la tierra afecta el espacio más íntimo y vital de las personas: su hogar. En el municipio de Chalchihuites hay varios enclaves mineros, dos de ellos muy cuestionados que afectan a la comunidad de La Colorada y la propia cabecera municipal.

Varias viviendas se resienten de la actividad minera, y la empresa canadiense argumenta que es una actividad sísmica normal ajena a su explotación. En contra de esa hipótesis, los pobladores organizados responden que pueden demostrar que no es así a través de un estudio de una institución neutra y de prestigio como el Instituto de Geología de la UNAM. Los pobladores están seguros de que esa no es una zona sísmica y, por tanto, la destrucción de las viviendas es causada por la mina. Lo relevante que tenemos que resaltar es la actitud del responsable de la dirección de Minas de Godezac, Juan de Dios Magallanes, quien no encontraba la manera de beneficiar a las empresas canadienses contra los intereses de los pobladores zacatecanos, de igual manera Héctor Ramírez, enviado de la Secretaría de Gobierno estatal. Afortunadamente las mesas de negociación estuvieron asistidas por personal de la delegación federal de la Secretaría de Economía y de Protección Civil local; además de la participación de habitantes de la comunidad vecina de La Colorada y de la Sociedad Civil, porque de no ser así, los habitantes estarían en enorme desventaja frente a First Majestic.

Los habitantes de Chalchihuites exigen que se paren las obras de la mina hasta que se pueda hacer el estudio de la UNAM sobre la causa de la afectación de sus viviendas. La pregunta es, ¿de qué lado está el gobierno de Zacatecas? Al principio, estaba claro: del lado de la empresa, dadas las expresiones del Ingeniero Magallanes de la dirección de Minas; pero ahora, con las declaraciones del gobernador Tello, parece que cambiaron de opinión y dan oportunidad a los derechos de la gente de Chalchihuites. La declaración de Alejandro Tello desautoriza la actuación de su director de Minas y da una esperanza a los habitantes de tener justicia en la afectación de sus viviendas. Ojalá y se sostenga en la postura de poner por delante la vida e integridad de la población antes que los intereses de dichas empresas. Pero con ello, esperaríamos también relevos en el personal que no trabaja para los zacatecanos, sino para las empresas extranjeras que se hacen ricas con los recursos de nuestro territorio. Estaremos atentos sobre cómo se resuelve este caso, porque además, es una minera donde los trabajadores pertenecen al sindicato dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, y será importante observar cómo se conducen en este tema.

Fuente:http://ljz.mx/2018/02/27/la-minera-first-majestic-y-las-dos-actitudes-contrarias-de-godezac/

Chile

SQM: los movimientos tras la venta del año

Desde Calgary, Richard D. Downey, vice president, Investor Corporate Relations de Nutrien, mantiene absoluta discreción respecto de los detalles del proceso de venta del 32% que la firma -ex Potash- tiene del capital accionario de SQM. “Es un proceso confidencial, sólo puedo decirle que esperamos que la venta finalice antes de fin de año (2018)”.

Hace unos días, el presidente, CEO y director de Nutrien, Charles V. Magro, comentaba a analistas -en el marco de la entrega de resultados de la firma- que “de acuerdo con los valores de mercado actuales, creemos que la venta de estas tres participaciones de capital (SQM, Arab Potash e Israel Chemical) podría generar ganancias después de impuestos de entre US$ 4,5 mil millones y US$ 5 mil millones”.

Por el 14% de Israel Chemical, la firma recaudó US$ 685 millones, y se prevé que por el 28% de Arab Potash sumaría a sus arcas otros US$ 600 millones. Por tanto, las estimaciones es que por el 32% de SQM, Nutrien espera recaudar a lo menos US$ 4 mil millones, lo que le da a la minera no metálica un valor de mercado cercano a US$ 13.000 millones. La cifra podría ser aún mayor: SQM tenía una capitalización bursátil esta semana que rozó los US$ 15 mil millones.

Si el deal se concreta en esos niveles, se convertirá en la segunda mayor operación del mercado de los últimos 30 años, ubicándose tras los cerca de US$ 10 mil millones que pagó Enel a Endesa España por el 60,62% de Enersis en 2014. Las apuestas apuntan a más. Un informe de Inversiones Security pone a la acción de SQM un precio objetivo de $ 38.500, lo que da una capitalización de casi US$ 16 mil millones, niveles que no parecen tan alejados si se observa que a mediados de enero la acción llegó a cotizarse en $ 38.393.

El banco respalda sus apuestas en la alta y constante demanda de litio, cuyo crecimiento se estima entre 12% y 16%, “equivalente a 775 mil toneladas para 2025. Sólo en China se espera una demanda de 560 mil toneladas de carbonato de litio equivalente para esa fecha”, indica el informe.

Otro factor de optimismo es el déficit en la oferta de litio, que se mantendrá en 2018, “en un mercado altamente concentrado (…), SQM tiene actualmente casi el 25% del mercado, rango que podría mantener gracias a la ampliación de la cuota de extracción de litio del Salar de Atacama”.

El factor chino

A mediados de 2016, cuando Julio Ponce estaba en pleno proceso de búsqueda de interesados por Pampa Calichera, trascendió que uno de ellos había planteado la posibilidad de desembolsar cerca de US$ 3.000 millones por el 20% de SQM (Oro Blanco tiene el 88,6% de la propiedad de Pampa Calichera, la cual, a su vez, controla el 37,5% de las acciones serie A de SQM).

En ese minuto, los papeles de SQM estaban en cerca de la mitad de lo que están hoy ($ 32.489 al cierre del viernes), por lo cual los cálculos de Charles V. Magro, CEO de Nutrien, son incluso considerados “prudentes” por algunos analistas.

Actores del mundo financiero, que en estos días están siendo sondeados por eventuales interesados para que los asesoren en la compra del 32% de Nutrien, explican que hay tres grupos que están mirando la compañía.

El primero lo conforman los productores propiamente tales de litio, en particular, el Estado chino. “Las empresas chinas que están interesadas tienen el mandato de aglomerar material para el mercado de baterías y son ellos quienes están corriendo con mayor interés y con muchas ganas de pagar lo que sea necesario”, explica una fuente.

Según analistas, los inversionistas chinos ya tienen un track record en este tipo de transacciones. Basta ver lo que pasó hace unos años cuando Glencore y Xstrata decidieron fusionarse. En ese minuto, el Estado chino autorizó la operación con la condición de que vendieran activos. Uno de los más atractivos fue el proyecto Las Bambas, que Glencore tenía en Perú.

En un momento se habló de que la mina podría ser vendida en US$ 4 mil millones o US$ 5 mil millones. Para sorpresa del mercado, se vendió en US$ 7 mil millones a MMG, una empresa listada en Australia, pero cuyo accionista principal es el Estado chino.

El punto no es menor, porque el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, ha planteado abiertamente su preocupación si una empresa como Tianqi adquiere SQM. Tras la firma del acuerdo Corfo-SQM, en entrevista con La Tercera, fue enfático al señalar que “afecta el interés público que Tianqi o Albemarle compren las acciones de PCS en SQM”. A juicio de Bitran, esto daría una mayor concentración al mercado del litio, ya que ambas tienen un joint venture -Talison Lithium- que posee el 24% de participación en la producción mundial de carbonato de litio -al igual que SQM-, mientras que la posición en solitario de Albemarle llega al 17% a nivel global.

Las empresas chinas, a su vez, tienen el 14% de la producción mundial, excluyendo a Tianqi y su participación en Talison.

Ante este escenario, analistas que están atentos a “la operación del año” estiman que el Estado chino podría utilizar otros mecanismos para ingresar a la propiedad de SQM, por ejemplo, que una empresa que no esté vinculada a la extracción de litio o que esté listada en otro país sea quien haga la oferta.

“Hay mucha gente que documentándose sobre las compañías que estuvieron viendo SQM cuando Oro Blanco tenía a la venta su participación en Pampa se dieron cuenta de que algunas de las que aparecieron como interesadas no eran compañías de litio. En un momento había una compañía de plásticos y una textil, por ejemplo, que si uno miraba el perfil financiero de la empresa no hacía sentido que estuvieran interesadas en SQM, salvo por un elemento en común, que eran vehículos de inversión del Estado chino”, explica un analista.

A la fecha, han aparecido cuatro compañías chinas interesadas por el paquete de Nutrien: GSR Capital, Tianqi, Ningbo Shanshan y la gigante estatal Sinochem.

GSR Capital es un fondo con sede en Beijing, Hong Kong y Palo Alto, que se ha propuesto asegurar el suministro de litio en China para la producción de baterías. De hecho, en agosto del año pasado llegó a un acuerdo con Nissan Motor para comprarle las operaciones de producción de baterías eléctricas, operación que se realiza en Estados Unidos y Reino Unido.

“El mandato que tienen las empresas chinas es comprar todo tipo de commodities, porque están creando un nuevo polo de desarrollo de automóviles eléctricos”, explica un analista.

Paralelamente, hay tres firmas chinas que participaron en la convocatoria realizada por Corfo e Invest Chile para generar manufactura de litio en el país, y cuyo resultado se dará a conocer probablemente la primera semana de marzo. Estas son Sichuan Fulin Industrial Group, Gansu Daxiang Energy Technology, Jiangmen Kanhoo Industry y Shenzheng Matel Tech.

Esta posición de los chinos, a juicio de quienes siguen el proceso de desinversión de Nutrien en SQM, podría provocar que el valor del paquete sea aún mayor al que ha estimado el CEO de la firma, dejando así fuera de la carrera a otros interesados.

Las mineras

Otro grupo que ha intentado competir por el paquete de Nutrien son las empresas mineras.

Se trata de conglomerados mineros que buscan integrarse a este producto, el litio, porque ven que junto al cobre tiene un gran potencial en la elaboración de baterías.

Este es el caso de la anglo-australiana Rio Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, que ha mostrado su interés en explorar y desarrollar proyectos a gran escala en Chile. De hecho, ya ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto para realizar sondajes cerca de Arica, proyecto denominado Palmani.

Rio Tinto participa en Escondida, donde tiene el 30% de la propiedad.

Este año, trascendió que la firma volvió a la carrera por SQM, para lo cual estaría trabajando con dos asesores financieros: Credit Suisse y Rothschild.

También están en este grupo las mineras o firmas de la industria automotriz que buscan integrarse. Ejemplos ya hay dando vuelta. De hecho, en enero Toyota anunció la compra de la minera australiana Orocobre, para acceder a la producción de litio, lo cual golpeó el precio de la acción de SQM.

Private equity

El tercer grupo que ha estado mirando el desarrollo del proceso de venta de SQM son los fondos de inversión.

Habría varios de origen estadounidense sondeando el tema, pero que tendrían una limitante: al no ser operadores, sino inversionistas, no estarían dispuestos a pagar precios fuera de mercado.

A ellos se sumarían también fondos de origen árabe, que han estado mirando opciones de inversión en Chile, buscando empresas que les garanticen retornos futuros y que estén en mercados con alto potencial de crecimiento.

Las primas a pagar

Si bien Nutrien tiene plazo hasta abril del próximo año para desinvertir en SQM, por su acuerdo con autoridades de India y China, la apuesta es que los bancos de inversión que los asesoran en esta operación, Goldman Sachs y Bank of American Merrill Lynch, tengan una definición antes de que concluya el año, aproximadamente en septiembre. Si es así, será la operación de venta más relevante del año. “Las primas que se podrían pagar son difíciles de estimar, porque puede haber inversionistas que paguen lo que quieran. Aquí hay dos ángulos y esto vale distinto dependiendo de quién quiera comprar. Para un inversionista financiero, es lo que va a pagar el mercado y es el número que está dando Nutrien. Sin embargo, para alguien que le quiere dar desarrollo vale mucho más. El valor va a depender de lo estratégico que sea para quien compre. Y en ese sentido, el orden de prioridad parte por los chinos, luego las mineras y en tercer lugar fondos de inversión”, explica un estratega de inversión.

Un analista agrega que para quien más tiene valor esta compra es para un productor, “porque convertirán al litio en algo más y puede que ese productor tenga una situación comercial que hace el negocio aún más atractivo”.

En los próximos meses todos los ojos en Chile y el mundo estarán puestos en quien se quedará finalmente con el 32% de SQM. Tras el acuerdo con Corfo, varios bancos de inversión locales, así como internacionales, hicieron sus apuestas, indicando que el ADR de SQM puede llegar a los US$ 70. Veremos si aciertan.

Fuente:http://www.latercera.com/negocios/noticia/sqm-los-movimientos-tras-la-venta-del-ano/71431/

Perú

Documentos oficiales comprueban contaminación por metales tóxicos en Moquegua

Protestan por contaminación. El pasado 13 de febrero, ciudadanos de Moquegua marcharon en protesta por la mala calidad del agua en la región, pues documentos oficiales demuestran que la misma está contaminada con metales tóxicos.

El dirigente de la Federación Agraria y Campesina de Moquegua (FACAREMOQ), Lucio Flores, denunció que diversos informes oficiales muestran esta situación, pero que no han sido dados a conocer a la población.

En efecto, en el documento “Resumen de resultados de análisis: contaminación de agua a nivel de la región Moquegua”, elaborado por la FACAREMOQ y por el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, se muestran resultados de monitoreos de la Dirección Regional de Salud de Moquegua (DRSM) en 2016 que encontraron metales como aluminio, manganeso, cadmio, plomo y selenio en diversos puntos en la red de agua potable.

Así mismo, el documento cita informes técnicos de la misma entidad realizados en 2014, que señalan que al ingreso a la Planta de Tratamiento Chen Chen la concentración de aluminio, hierro y boro, sobrepasa los estándares de calidad ambiental.

El citado documento muestra también resultados de informes de la Autoridad Local del Agua en los años 2014 y 2015 que muestran alta presencia de boro, aluminio y manganeso en agua superficial en los ríos Moquegua y Millune.

El documento reúne resultados de análisis de calidad de agua a lo largo de los últimos 10 años en toda la región de Moquegua.

Como se sabe, en Moquegua operan diversas empresas mineras, tales como Aruntani, Southern Perú, entre otras. El informe también reseña las diversas multas por contaminación ambiental impuestas por el OEFA a estas empresas en años recientes.

Cabe indicar que el documento también muestra elevada contaminación por coliformes y otros elementos de origen biológico en diversos ríos de la región.

AL respecto, el dirigente declaró que “hemos presentado denuncias penales, pero sin embargo no ha habido respuestas”. En declaraciones al Observatorio de Conflictos Mineros, señaló que “Hemos solicitado que se declare en emergencia la salud humana, los recursos hídricos y el medio ambiente en Moquegua”.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/02/22/documentos-oficiales-comprueban-contaminacion-por-metales-toxicos-en-moquegua/

Ecuador

Ecuador Libre de Minería.

#TejiendoCuerposTerritorios

#REXISTIR recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Una resistencia que DEFIENDE otros modos de vida dignos, justos y armónicos entre humanidad y naturaleza, entre géneros y entre pueblos, con la que se gesta procesos de organización y defensa territorial, como también de defensa de los derechos de las mujeres frente a las violencias.

Entendemos que tejernos desde nuestros cuerpos-territorios en América Latina, es RESISTIR a la nueva colonización del extractivismo, reivindicando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres, es por lo tanto crear nuevo mundo, es REXISTIR.

Las mujeres defensoras de Abya Yala pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos. (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo).

Fuente:http://www.rexistir.com/

Chile

Tranques de relaves se duplicarían en 20 años y 47% de los depósitos existentes enfrentan conflictos

Actualmente, cada 36 horas se depositan en Chile relaves mineros equivalentes a un cerro Santa Lucía. Y el fenómeno crecerá: en solo 20 años igual volumen se logrará en 21 horas. La producción de relaves podría duplicarse al 2035, por lo que hoy debería ser un tema prioritario para el país.

“Hoy vemos que 47% de la producción de relaves en el país tiene algún tipo de judicialización o conflictos con comunidades”, advierte Mauro Valdés, presidente del Programa Nacional de Minería Alta Ley, iniciativa público-privada impulsada por Corfo y el Ministerio de Minería, que tiene entre sus metas a 2035 avanzar en soluciones en estas materias, además de otras.

El ejecutivo señala que hoy el país es el que genera más relaves, dado que produce el 30% del cobre mundial. Agrega que el tema toma cada vez más relevancia si se considera que la producción minera en el futuro se ubicará cada vez más en la zona central del país, donde hay más población y, por ende, una mayor competencia por el uso de suelo y el agua.

A través del programa que lidera Valdés desde la Fundación Chile, han identificado cuatro desafíos en el tema de estos desechos mineros. Según revela Valdés, el primero es enfrentar la creciente escasez de agua y superficie; el segundo, minimizar el impacto de las infiltraciones y asegurar la estabilidad de los depósitos; tercero, proponen promover la conversión de los relaves pasivos a activos, donde se utilicen esas zonas para, por ejemplo, producir energía solar o para propósitos deportivos; y cuarto, propiciar la inclusión y aceptación comunitaria, donde, por ejemplo, se busca desarrollar tecnologías que permitan tanto a las mineras como a las autoridades y comunidades ver el estado de los relaves. “Tenemos que fortalecer no solo nuestra capacidad de operar relaves, sino también las autoridades y el Estado tienen que hacerse cargo de los pasivos históricos que, efectivamente, cuando fallan o producen daños, se revierte contra toda la actividad minera y reduce nuestra competitividad como país”, señala.

Hoy existen 718 de estos depósitos, y solo 119 están activos, mientras que 443 están pasivos, 124 abandonados y 32 sin información sobre su estado.

Problema mundial

Los desafíos mineros en torno a los tranques no son solo chilenos, sino mundiales. Valdés explica que entre 2005 y 2015 a nivel global se produjeron 20 incidentes asociados a relaves, con un promedio de 20 muertos por año.

Pese a que en Chile desde 1970 -cuando el Sernageomin dictó los primeros decretos de operación y mantenimiento de estas instalaciones- no se han producido incidentes en los relaves, este es un asunto que preocupa a las comunidades aledañas. Ejemplo de ello es el caso de Caimanes, localidad cercana al tranque El Mauro de Antofagasta Minerals, a la que incluso la Justicia ordenó demoler ese depósito en su minuto. No obstante, recientemente la empresa y la comunidad lograron llegar a acuerdo.

Uno de los desafíos que conlleva la minería es que su crecimiento trae aparejada la necesaria expansión de los relaves. “Primero, por efecto de mayores proyectos, que se producirán igual, más rápido o más lento; pero también por temas de competitividad, ya que las mineras tienen que ampliar sus producciones”, recalca Valdés. Y agrega que los desechos van a ser cada vez mayores producto del envejecimiento de los yacimientos, la baja de la ley de los minerales y el aumento de la dureza de estos a mayor profundidad de la roca. “Hay que abordar el tema, tanto para solucionar los problemas que tienen las operaciones hoy como para habilitar el crecimiento de la minería futura”, afirma. Por lo mismo, dice que más que evitar que aumenten estos depósitos, el programa busca optimizar su crecimiento y minimizar su impacto.

El ejecutivo explica que hoy existen tecnologías que podrían facilitar en el futuro la minería sin relaves, o extender la opción de producir desechos en pasta, filtrados o espesados, que ocupan menos espacio y son más estables, aunque más caros.

“Los tranques de relave o los botaderos de los minerales del pasado son las minas del futuro, y ese es un tema continuo”, concluye. Añade que hoy existen empresas que reprocesan sus desechos.

Fuente:http://codexverde.cl/tranques-relaves-se-duplicarian-20-anos-47-los-depositos-existentes-enfrentan-conflictos/
Perú

Dos niñas de Pasco internadas por presentar síntomas graves de intoxicación con metales pesados

Hernan Pahucará e Hilda Monago, Los padres de dos niñas que presentan síntomas de intoxicación grave,  llegaron a Lima para buscar la atención urgente de las menores, quienes se encuentran internadas en el Instituto Nacional del Niño. Ellos fueron parte de la delegación, que, en junio del 2017, se encadenaron a las rejas del Ministerio de Salud solicitando atención prioritaria para niños en Pasco. Sin embargo, casi un año después afirman que sus condiciones no cambiaron.

La familia vive en el distrito 30 de agosto, su casa está ubicada frente las instalaciones de la minera Millpo en Pasco.  Hernan Pahucará afirma que fue en el contacto con el agua del río Huallaga, donde ellos lavan la ropa y las niñas juegan, que se intoxicaron. “Hubo un derrame de relaves mineros al río en el 2016 y no se previno a la gente que nos podíamos enfermar, declaró.

Las pequeñas de iniciales M. y L., que tienen 11 y 13 años, fueron evaluadas por CENSOPAS en el 2012 y se les detecto niveles de plomo por encima de los Límites Máximos Permisibles.  Ya en esa época presentaron los primeros síntomas como agotamiento y problemas de concentración en la escuela. Este año los síntomas se han agravado al punto que empezaron a sangrar por la nariz y por la boca. Los padres alarmados las trajeron a Lima para que sean tratadas de forma urgente. Al respecto, el médico ambientalista Fernando Osores afirma que cuando ocurre sangrado se trata de una intoxicación crónica que puede traer daños irreversibles al cerebro o al sistema nervioso.

Hernán Pahucará asevera que “nos están dando medicamentos para calmar el sangrado, la ha revisado la psicóloga y nos ha dicho que hay muchas deficiencias, pero no están tratando el problema mayor de la intoxicación”. La madre de las pequeñas afirma que no tienen las condiciones económicas para quedarse en Lima y que no pueden regresar a Pasco ante el eminente riesgo que corren las niñas.

Red Muqui llamó la atención sobre la intoxicación de niños en Pasco el año pasado, El informe de atención médica de salud en habitantes de Cerro de Pasco y La Oroya y Situación de pasivos ambientales de San Mateo dio a conocer que los menores evaluados presentaban hasta cuatro tipos de metales tóxicos en la sangre: plomo, cadmio, mercurio y arsénico, este último considerado como cancerígeno.  Fernando Osores declaró que uno de los problemas que tiene en Ministerio de salud para tratar este tipo de casos es que no cuenta con los profesionales adecuados ni con una política de atención integral de salud para afectados por metales tóxicos.

Por su parte, el congresista Oracio Pacori  afirmó que desde su despacho se está trabajando un Proyecto de Ley para realizar un Registro Nacional de Afectados en la Salud por metales pesados “. Afirmó que”no existen políticas públicas desde el Estado que permita responder permanentemente la recuperación y restablecimiento de salud de las personas afectadas”.

Comento que al no saber  cuantas personas están afectadas en su salud por metales pesados no se puede actuar de forma oportuna ni brindar la atención especializada que deberían tener. “lo único que sabemos es que otra vez son los pobres y en situación de exclusión y no existe una estrategia integral para mejorar sus condiciones de vida”, concluyó.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/694-intoxicacion

Mexico

La minera canadiense acusada de despojar ancianos en Coahuila va por plata y oro de Durango

First Majestic, la minera canadiense acusada de operar bajo irregularidades en sus seis minas que tiene en México, anunció su nuevo y más importante proyecto: San Dimas, en el estado de Durango.

Keith Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo que planea trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining.

La noticia fue confirmada por Ramón Dávila Flores titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, quien a principios de febrero declaró que a finales del mes de marzo habrá una reunión en Toronto, Canadá, para pactar una nueva inversión en el sector minero por parte de First Majestic en el municipio de Tayoltita.

First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

Las minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.

La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.

De acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.

La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.

Del total de los proyectos mineros en el país, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense.

Entre las compañías que violan el derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.

LOS ABUSOS DE FIRST MAJESTIC

Apenas en octubre pasado cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, de acuerdo con la información que la minera proporcionó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Heriberto Fuentes Canales, delegado de la dependencia en Coahuila, señaló que la versión de la empresa indicó que se originó un incendio, del cual se desconocen las causas, mismo que provocó que los trabajadores inhalaran dióxido de carbono.

El delegado dijo que la última inspección que se hizo a First Majestic fue en mayo de 2017 y se encontraron irregularidades, para las cuales se hicieron observaciones que la compañía tenía que subsanar a más tardar el 20 de octubre de ese año.

En el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.

La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de 13 años.

Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.

Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense.

First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.

Fuente:http://periodicocentral.mx/2018/nacional-seccion/item/4139-la-minera-canadiense-acusada-de-despojar-ancianos-en-coahuila-va-por-plata-y-oro-de-durango
Argentina

Denuncian a Minera Sierra Grande por daños ambientales

La empresa Minera M.C.C de Sierra Grande cuenta con un depósito de mineral de hierro a cielo abierto, en las cercanías del embarcadero de Punta Colorada. La volatilidad del polvo de hierro, sumado a los vientos predominantes en la zona hicieron que el mineral de hierro comience a originar consecuencias lesivas en la costa y en el balneario de Playas Doradas. Este proceso de contaminación fue denunciado por la senadora Magdalena Odarda y la legisladora (FpV) Graciela Holtz.

Odarda anunció que presentará en la Defensoría del Pueblo una denuncia por la voladura de polvo de hierro en Sierra Grande y Playas Doradas, mientras que Holtz, hizo lo propio ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial debido a “la grave situación ambiental que se ha generado en el desembarcadero de Punta Colorada”.

“Este polvo de mineral de Hierro, finísimo y en razón de ello muy volátil, produce un daño irreparable al ambiente y ecosistema de toda la zona, al depositarse llevado por el viento sobre las plantas, el agua, la fauna y todo lo que esté a su paso” explicó la legisladora del Circuito Zona Atlántica del FpV y agregó que “este daño al ambiente, causado por imprudencia y desidia de empresa se podría haber evitado peletizando el mineral”.

La senadora Odarda recordó que “muchos vecinos reclaman desde hace varios años, por el polvo de hierro en suspensión que se levanta por los fuertes vientos y las maniobras que la empresa hace del material con el fin de removerlo de la playa de acopio”.

Sostiene que “el polvo de hierro en suspensión puede acarrear trastornos respiratorios, y además, alterar las condiciones saludables en el agua y la tierra. En una simple investigación, puede saberse acerca de los efectos del polvo de hierro en las personas”.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/rio-negro/item/39202-denuncian-a-minera-sierra-grande-por-danos-ambientales
Venezuela

Explotación, deforestación y muerte en el Arco Minero de Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro entregó, en 2016, concesiones mineras en 112 000 kilómetros cuadrados para la explotación legal de coltán, oro y diamante.
•    En este territorio que se superpone a cinco parques nacionales conviven mafias, mineros ilegales, traficantes de drogas junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, así como militares y exintegrantes de las FARC.
En el 2016, el gobierno de Nicolás Maduro entregó concesiones mineras en 112 000 kilómetros cuadrados que abarcan una parte de la región norte del Estado de Bolívar y de Amazonas, al sur del río Orinoco. En este territorio, denominado precisamente el Arco Minero del Orinoco —o Arco Minero de Venezuela— empresas nacionales y extranjeras pueden hoy  explotar legalmente coltán, oro y diamante.
Con esta decisión, el gobierno venezolano le abrió las puertas al desarrollo de la minería en un 12 % del territorio nacional, con  la esperanza de que esta actividad  sustituya al petróleo y se convierta en una nueva fuente de ingresos para el Estado.
Desde el inicio, ambientalistas y científicos se opusieron a esta decisión. Para este grupo el gobierno venezolano no  cumplió con realizar un estudio de impacto ambiental del Arco Minero de Venezuela ni la consulta previa a los pueblos indígenas, como manda la Constitución.
Otra razón en contra ha sido el impacto ambiental negativo que las actividades extractivas en el Arco Minero de Venezuela ocasionarían en las cuatro secciones de Bolívar que forman parte de esta zona minera, pues todas ellas se superponen con reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente.
Luego de entregar las concesiones, el gobierno creó el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, prohibiendo el uso del mercurio y aseguró que los recursos obtenidos serían usados para recuperar zonas afectadas por estas actividades, y que la explotación en el Arco Minero de Venezuela se haría respetando a las personas y al medio ambiente. Sin embargo, la realidad es muy diferente.
1.- ¿Cómo funciona el Arco Minero de Venezuela?
En ciudad Bolívar, existen mafias carcelarias, mineros ilegales y traficantes de drogas y combustible. Sin embargo  gobierno señala que tiene el control absoluto de la seguridad ciudadana, así como de los yacimientos y las fronteras.
Pero la explotación en el Arco Minero de Venezuela comenzó hace casi treinta años, cuando llegaron mineros ilegales desde Brasil a principios de los años 90. La deforestación que han causado por su afán de extraer oro ha sido tremenda, explican los expertos que han estudiado los efectos de la minería en esta zona, pues para conseguir el metal se utilizan motores que extraen agua de los ríos para erosionar el suelo hasta abrir una bulla, es decir, un hoyo de varios metros de profundidad y de ancho. El fango que extraen lo someten al mercurio para conseguir las pepitas de oro. Y así van abriendo estos agujeros que luego quedan contaminados por este metal pesado.
El gobierno venezolano insiste en que ha minimizado la presencia de los ilegales en favor de lo que considera la “pequeña minería”, que corresponde a informales que se han legalizado por alguno de los seis planes oficiales aplicados.
Mineros censados por el nuevo Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han denunciado que aún son extorsionados por bandas ilegales que controlan las zonas mineras y también por algunos miembros de las fuerzas armadas. Aseguran que ha habido persecución de los militares en el marco de la Operación Liberación del Pueblo, que según el diputado oficialista Diosdado Cabello se realiza “para la liberación del estado Bolívar de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.
Las Claritas es el nombre de una de estas zonas —situada en el estado de Bolivar— que es invadida diariamente por mineros ilegales. Estos llegan de todos lados y entre ellos se ven muchos rostros indígenas. Las Claritas actualmente está controlado por grupos armados ilegales llamados “pranes”.
Aunque Amazonas no está oficialmente en el plan nacional de minería y aunque está fuera del Arco Minero de Venezuela, el Estado ya ha sido ocupado por entre 10 000 y 12 000 mineros ilegales. Cifra que está aumentando porque la ocupación de las grandes empresas y del ejército en las áreas ricas en minerales de Bolívar, los obliga a buscar otros espacios, explica Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas.
2.- Los bosques que se pierden
De acuerdo con el Global Forest Watch, al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Siete monumentos naturales y cinco parques nacionales se encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela.
Uno de ellos es el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que abarca 30 000 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por extensos bosques, mesetas aplanadas y acantilados fantásticos, y es el hogar de jaguares (Panthera onca), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla), además de que alberga la cascada de agua más alta del mundo, el Salto del Ángel.
La región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva Forestal de Imataca (3 800 000 hectáreas); las reservas de La Paragua y El Caura (5 134 000 hectáreas combinadas); el Monumento Natural Cerro Guanay; más el río Caroní (que abarca 96 000 kilómetros cuadrados). Los ecologistas están especialmente preocupados pues significa la eliminación de la cuenca del río Orinoco y sus ecosistemas.
3.- La presencia de los indígenas
En el Estado de Bolívar hay 198 comunidades indígenas, que se han se han visto empujadas a dejar su estilo de vida tradicional para entrar al Arco Minero de Venezuela, impulsadas en gran medida por el índice de inflación. Los hombres trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante.Las mujeres indígenas también entran a las minas, pero además se les ve preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando en redes de prostitución.
Uno de los puntos más criticados por quienes se oponen a la minería es que las comunidades indígenas dentro del Arco Minero de Venezuela no han sido consultadas sobre el desarrollo de esta actividad en sus territorios. No se les ha preguntado ni dado el derecho al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, como lo señala el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela forma parte.
Algunas ONG del estado Bolívar denuncian esclavismo, trabajo infantil y prostitución por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales armados.
El ejército tiene una gran participación en la supervisión de muchas minas, y también realiza casi todo el trabajo relacionado con el paso de contrabando de oro de Venezuela a otros países, explica Brian Clark, líder indígena en Jobochirima, una comunidad cerca de Las Claritas.
En el borde suroeste del Arco Minero, cerca de la frontera entre los Estados de Bolívar y Amazonas, se encuentra Ikabarú. Las zonas indígenas habitadas alrededor del pueblo están llenas de minas de oro ilegales. En septiembre de 2017, Lisa Henrito, responsable de seguridad indígena de esta zona, observaba cómo eran invadidas las tierras indígenas por buscadores de oro ilegales armados. Se vio obligada a crear una red de defensa indígena local para desplazar por la fuerza a 170 mineros.
Henrito sostiene que las fuerzas militares del Estado suelen ser cómplices de los proyectos de minería ilegales en su región. Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas e indígena, dice que 20 comunidades indígenas ya se están viendo afectadas de forma negativa por la minería en su Estado.
4.- Entre el Ejército y los remanentes de las FARC
La proximidad del Arco Minero de Venezuela y del estado de Amazonas con Colombia, complica aún más las cosas. Se ha registrado la presencia de guerrilleros colombianos en estas tierras venezolanas. Integrantes de las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y grupos disidentes de las FARC están en el Estado de Bolívar y no solo les interesa la minería de oro, también del coltán, que  pasan de contrabando a Colombia.
Las poblaciones indígenas, sin embargo, no se llevan bien con las guerrillas. Los guerrilleros colombianos han amenazado repetidamente al grupo indígena, sostienen varias fuentes, para que mantenga bajo el precio del coltán.
La riqueza del Arco Minero de Venezuela ha convertido a esta área en un centro de conflictos, donde convergen mineros ilegales, militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de unos estimados, pero no confirmados $100 mil millones en minerales ocultos.
Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales reclaman una porción de las zonas de oro, coltán, cobre y diamantes, pero no están solas, los militares también han solicitado lo mismo.
Cuando Maduro lanzó el Arco Minero de Venezuela el año pasado, también creó una Zona Económica Militar para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, mientras aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región.
Los ataques de las fuerzas militares venezolanas no son, según el diputado del estado Bolívar, Américo de Grazia, conducidos principalmente para destruir redes del crimen organizado, sino para eliminar pandillas que no están haciendo negocios con el ejército y la Guardia Nacional.
Según de Grazia, la mayoría de la minería venezolana se lleva a cabo por grupos armados ilegales, que controlan un gran número de pequeños mineros. El diputado también dice que el oro “legal” que las compañías estatales dicen producir no es realmente explotado por ellos, sino más bien por minas y mineros ilegales.
Algunas minas son operadas directamente por el ejército, y una parte de la producción va al banco central de Venezuela.
Se estima que alrededor del 91 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente, pero las actividades delictivas relacionadas van más allá de la minería. Varias personas involucradas en operaciones mineras venezolanas, tanto legales como ilegales, confirman que la mayor parte del oro producido en el país es contrabandeado a través de Colombia y las islas del Caribe, una operación que señalan es manejada por el ejército venezolano.

5.-Vivir bajo amenaza

La región de Guayana —que incluye a los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, en Venezuela— concentra parques nacionales y territorios indígenas ancestrales, pero también es el centro de actividades ilegales como la extracción de diamantes, coltán, oro y madera. Las mismas que traen consigo pago de sobornos a algunos militares y policías, cupos o vacunas que se entregan a grupos criminales, además de la presencia del narcotráfico.
En ese contexto, los defensores ambientales y quienes se enfrentan a la ilegalidad son víctimas constantes de amenazas y ataques.
Uno de ellos es Alejandro José Lanz Muñoz, presidente fundador del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), una ONG dedicada a la divulgación y denuncia socioambiental. Lanz, también exmilitar de inteligencia, recibe mensajes acompañados de amenazas e insultos, le dicen que se cuide, que deje de denunciar, que piense en su familia. En una ocasión mientras participaba de una inspección junto a un militar en actividad, fue interceptado por mineros ilegales y soldados.
Al funcionario castrense lo hirieron de un disparo y a Lanz lo subieron a una lancha y lo golpearon.
En septiembre pasado, la ONG que dirige fue atacada y a uno de sus automóviles le cortaron los frenos, lo que provocó un accidente en el que casi muere uno de sus hijos. “No salgo de noche, cambio las rutas para llegar a cada lugar, confirmó reuniones minutos antes, apago los teléfonos por horas”, confiesa Lanz.
Otra persona que se ha enfrentado a la corrupción es el Mayor General Clíver Alcalá Cordones, quien fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de las Fuerzas Armadas en Guayana (REDI-Guayana), entre septiembre de 2012 y julio de 2013. Llegó para combatir la minería ilegal, pero se encontró con una red de complicidad entre militares e ilegales. “Quien intentase poner orden, iba a entrar en conflicto con los ilegales”, declaró a Mongabay Latam. El general, ahora retirado, forma parte de la plataforma Marea Socialista que se opone a la concesión del Arco Minero de Venezuela.
El 22 de septiembre de 2017 fue detenido el periodista holandés Bram Ebus en La Parguaza, estado Bolívar, mientras realizaba una investigación sobre las minas de coltán. Fue trasladado por la Guardia Nacional hasta su sede en Caicara del Orinoco, donde  fue retenido por unas horas mientras era interrogado junto a su chofer. A principios de mes había publicado el reportaje Arc of Desperation, sobre los efectos de la explotación minera en los bosques húmedos de Venezuela. Días después fue nuevamente detenido en su hotel de Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes indagaron sobre su labor periodística, dijo Ebus a Mongabay Latam.
Varios cuerpos fueron encontrados en las bullas de la selva durante los últimos años. La más conocida fue la Masacre de Tumeremo, una matanza de 17 mineros cometida por una banda que disputaba el control de las minas. Los cuerpos fueron hallados enterrados en minas improvisadas.
También se reportó el asesinato de otros 11 mineros por enfrentamientos entre personas que controlan los yacimientos ilegales y militares que trataban de encontrar a los responsables de la masacre anterior.
Para el gobierno de Nicolás Maduro, el Arco Minero de Venezuela se presentaba como una alternativa económica para el país, pero lo que se presenta hasta ahora es una combinación de ilegalidad, destrucción de biodiversidad y muerte.
Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2018/02/explotacion-deforestacion-y-muerte-en.html