Perú

Espinar: Nueva protesta contra proyecto minero Coroccohuayco

20 de febrero. Al promediar las 9 de la mañana, comuneras y comuneros de Huano Huano, Espinar, realizaron un plantón para exigirle a la trasnacional Glencore, responsable de los proyectos mineros, cumpla sus compromisos de inversión de proyectos y beneficios para la comunidad.

‘La empresa minera ha venido incumpliendo una serie de compromisos con la comunidad, el proyecto Coroccohuayco ya va avanzando y no hay formalización de acuerdos de beneficios para Huano Huano’, manifestó para DHSF, Elías Hancco Pallani, presidente de la Comunidad de Huano Huano.

Glencore inició, en octubre, el proceso de realización de talleres in­formativos en el marco de la elaboración del MEIA del Proyecto Minero Antapaccay Expanción Tintaya – integración Coroccohuayco, a pesar de la resistencia de algunas comunidad, la nueva extensión del proyecto habría sido aceptada por otros con algunas condiciones y compromisos, sin embargo la empresa no los viene cumpliendo.

‘Estamos en un plantón de forma pacífica, nosotros siempre hemos promovido conversaciones con representantes de la empresa minera, ya hemos tenido conversaciones antes, sin embargo no existe voluntad de parte de la empresa de atender nuestros pedidos’ puntualizó Hancco.

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/espinar-nueva-protesta-contra-proyecto-minero-coroccohuayco/

Mexico

Los problemas económicos no se resuelven vulnerando a la población y a su territorio

Resulta pertinente compartir con los lectores algunas precisiones en torno a ciertas afirmaciones vertidas recientemente sobre la minería a tajo abierto por metales. Es en esta tónica que queremos responder a la confusión creada al mezclar al movimiento social contra la minería a tajo abierto con el tema del crecimiento económico del estado. En efecto, se necesitan alternativas ante el estancamiento económico que atraviesa Morelos. Sin embargo, esa necesidad no anula en absoluto las implicaciones nocivas, previsibles, múltiples e irreversibles de iniciativas que hablan de una minería “sustentable” a todas luces inviable, como la de la minería a tajo abierto por metales .

 

Resulta ingenuo suponer que el estancamiento económico del estado de Morelos lo va a resolver la minería a tajo abierto por metales. Esa actividad, en curso en diversas regiones del país, ciertamente promueve el bienestar económico… pero solamente el de sus dueños e inversionistas. Las concesiones del subsuelo que obtienen esas empresas son otorgadas sin consulta alguna a las poblaciones afectables. A pesar de su gravedad y de encontrarse ampliamente documentados, los efectos nocivos sanitarios, ambientales, económicos, sociales y culturales se ocultan. El volumen y valor económico de los metales extraídos no tiene nada que ver con lo que esas empresas, nacionales y extranjeras, dejan en las comunidades y al país, no sólo en términos económicos, sino de afectaciones a los territorios donde operan.

 

A quienes denunciamos los peligros de la minería a tajo abierto por metales ahora se nos exige en la prensa, de paso, nada menos que plantear alternativas económicas para sacar al estado de Morelos de su estancamiento económico. Es claro que se han de buscar esas iniciativas y esa tarea compete no sólo a quienes denunciamos a la megaminería tóxica; no sólo eso: su búsqueda debe hacerse con el concurso de la población y no a sus espaldas, y menos a costa de ella, de su salud y de su territorio.

La denuncia de la megaminería tóxica es una responsabilidad ineludible y colocar como alternativa económica valedera a ese tipo de explotación minera no sólo forma parte central de las campañas de desinformación sistemática de las empresas dedicadas a esa actividad, sino que elude la realidad de esas afectaciones, y pasa por alto para quién es ese desarrollo económico y cuál puede ser su costo. Basta, por ejemplo, darse una vuelta al municipio de Eduardo Neri y visitar la comunidad de Carrizalillo, en el vecino estado de Guerrero, para constatar lo que implica este tipo de minería para los territorios y poblaciones afectados por dichas explotaciones, incluyendo la violencia hacia la población, su desplazamiento, el daño a la salud, la seguridad de las empresas encargada al narcotrtáfico y a bandas criminales. Quienes han vivido sus efectos no tienen acceso a los medios de comunicación ni pueden pagar campañas publicitarias.

Hay inocentadas que pueden resultar muy caras. Es decir, no resolvamos la apetencia económica de las empresas a costa de nuestra integridad territorial, económica, cultural, ambiental y sanitaria, y tampoco a costa de nuestra dignidad. Por si todavía no se ha entendido, nuestra lucha no es por perpetuar la miseria, ni la dependencia, ni la falta de alternativas económicas, al contrario: es para responder a una situación inmediata de peligro que pone en riesgo nuestros territorios mismos, que son la fuente de toda actividad económica valedera. No hay “crecimiento económico” alguno cuando se pierde el territorio y se pierde la dignidad.

Hay que enfatizar que incluso si se generan riquezas, eso de ninguna manera significa que se vayan a repartir, es decir, “generación” no es “distribución”. ¿Qué tipo de contrataciones va a generar la empresa canadiense? ¿A qué se le llama “sustentabilidad” y cómo se usa esa palabra para imponer proyectos inconsultos? ¿Cómo se hacen cargo las empresas de las externalidades negativas ambientales y del daño a la salud de sus trabajadores y de las poblaciones? Esas y otras muchas preguntas de corte ético no son planteadas, ni resueltas, y ello no es casual, porque las respuestas contravienen a los intereses empresariales.

Los daños a la salud no son inmediatos, y el sueldo de un trabajador minero no le alcanza para el tratamiento contra el cáncer ni la insuficiencia renal, ni siquiera de él, y menos de su familia. Si nos preocupa el crecimiento económico, para no ser ingenuos, hay que ver más allá del inmediatismo y de la desinformación deliberada.

Y si de alternativas económicas se trata, la alternativa es simple: empecemos por reactivar el campo mexicano en toda su dimensión, con apoyos y reestructuración basados en una visión de soberanía, y que los bienes naturales sigan siendo bienes naturales y no elementos de negocios, de despojo y de daños al ambiente y a la salud…

Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
Red Mexicana de Afectados por la Minería

Fuente:http://www.remamx.org/2018/02/los-problemas-economicos-no-se-resuelven-vulnerando-a-la-poblacion-y-a-su-territorio/

Argentina

Minería canadiense en la Patagonia: “queremos que se vayan”.

Movimientos sociales en Argentina llevaron a cabo una protesta en la región de la Patagonia, para oponerse a la concreción de la iniciativa minera conocida como Proyecto Navidad, de la firma canadiense Pan American Silver.

Ese emprendimiento se propone llevar a cabo la explotación de plata y plomo, en lo que algunos sectores han presentado como la reserva argentífera más grande del mundo.

Se ubica a 35 kilómetros de la localidad de Gastre, en el norte de la provincia argentina de Chubut, en un territorio que supera las 10.000 hectáreas de extensión, con una producción que podría superar los 90 millones de toneladas en 17 años.

Debido a la dispersión en el terreno del mineral que se quiere explotar, la extracción se debería llevar a cabo mediante un sistema que requeriría el consumo de grandes cantidades de agua, en un sitio donde ese recurso no abunda.  De hecho, la zona está considerada como semidesértica.

Hasta el momento, Pan American Silver no ha logrado franquear el camino para iniciar la etapa de explotación.

La traba principal, en ese sentido, la constituye el hecho de que una ley, aprobada tras un plebiscito que contó con el apoyo del 81 por ciento de los votantes, impide este tipo de proyectos. La ley provincial 5001, vigente desde 2003, prohíbe la explotación minera a cielo abierto en la región.

Según Pablo Lada, de la Unión de Asambleas Patagónicas y del Movimiento Antinuclear de Chubut, Pan American Silver y las propias autoridades nacionales argentinas están presionando para avanzar más allá de la exploración y encarar la etapa final sin contar, siquiera, con la habilitación ambiental respectiva y sin llevar a cabo la audiencia pública estipulada por la norma vigente, como condición para desactivar las actuales limitaciones.

Las organizaciones sociales de la región temen que, si Navidad es finalmente habilitado, se vean afectados negativamente los recursos naturales de la zona, ya que la explotación se llevaría a cabo mediante el uso de productos químicos altamente contaminantes.

Lada afirma que las mineras no va al lugar a buscar minerales,  sino que “vienen a buscar ganancias, rápidas y a corto plazo” y por ende no tienen sentido los argumentos en torno a los presuntos beneficios del proyecto para los habitantes: las fuentes de trabajo y las riquezas podrían ser generados por otro tipo de actividades, que respeten las aspiraciones de los chubutenses.

Si se permiten emprendimientos de este tipo, no resultaría extraño que en el futuro se busque avanzar contra la Ley de Glaciares, una de las más desarrolladas del mundo en materia de preservación del medioambiente, que tiene como objetivo conservar las masas de hielo que caracterizan la región, sostiene el entrevistado.

Dentro de ese marco, y consultado sobre si las autoridades canadienses han dado alguna certeza de que se comprometerán al cuidado de los recursos y el medioambiente locales, Lada es categórico: no esperan otra cosa de la minera que abandonar el país y respetar la autonomía provincial y la voluntad de la sociedad civil.

Tras el diálogo entre Lada y Radio Canadá Internacional, los asistentes a la protesta fueron reprimidos por las fuerzas del orden enviadas a la zona, en un accionar que se suma a hechos similares ocurridos recientemente, en lo que podría ser considerado como señal de los apetitos que despierta la extensa, casi virgen Patagonia.

Fuente:http://www.rcinet.ca/es/2018/02/21/mineria-canadiense-en-la-patagonia-queremos-que-se-vayan/

Republica Dominicana

Fundetrop rechaza propuesta de explotación minera en San Juan

La comisión técnica de la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP) considera que es un negocio suicida que atenta contra la estabilidad ecológica, y del futuro económico del país, pues con la misma se pone en riesgo el recurso agua, fundamental para el desarrollo de la nación.

– La minería constituye un atentado contra los seres humanos y los recursos naturales, cuando se trata de extraer del subsuelo metales sólidos, se procede a desmontar a tiro de dinamita montañas enteras, que son el hábitat natural de especies animales y vegetales y fuentes donde nacen ríos importantes, también se excavan túneles que convierten las áreas de explotación en un cascaron vacío.

Las opiniones fueron expresadas por la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP) en un documento entregado este jueves a Barrigaverde.net

En el documento, elaborado por Henry Morel, investigador del área minera de la fundación, destaca que en la República Dominicana se puede tomar como ejemplo la provincia Sánchez Ramírez, donde la Barrick Gold utiliza para lavar el oro 10 mil litros de agua por minuto y unas 20 toneladas de cianuro diario.

Agregó que este químico tóxico es vertidos en la presa de cola del Yagal, una bomba de tiempo, que ha presentado fisuras reparadas de urgencia para evitar un mega desastre medioambiental, sin embargo, de todas formas, son vertidas en los ríos Margajita y Maguaca cantidades considerables de cianuro, Mercurio y Plomo.

«Quien visite la zona se dará cuenta que se respira veneno, el ganado que toma agua de los dos ríos anteriormente citados muere, las hortalizas, naranjas y otros frutos se pudren, las fincas que producían 1200 quintales de cacao apenas producen una tercera parte y los seres humanos presentan llagas en distintas partes del cuerpo», dice la entidad.

Cito como ejemplo a la señora María de la Cruz, dueña de finca y luchadora del lugar, que han tenido que gastar grandes sumas de dinero en tratamiento producto de la presencia de metales pesados en su torrente sanguíneo.

También pone como ejemplo a Loma Miranda, reseñando que se convirtió en el bastión de la lucha contra la mega minería, sin embargo, a pesar de la oposición de pobladores y activistas sociales Extrata Niquel FALCONDO no renuncia a sus aspiraciones de extraer el níquel depositado por la naturaleza en esta montaña o rica en recursos naturales.

Señala, que en la zona se ha practicado la violencia en contra de luchadores, como es el caso del maestro Sixto Gabin y al secuestro por parte de fuerzas militares de personas como el ambientalista Joaquín Aracena, cuando este acompañado por otros luchadores descubrieron un camino abierto por trabajadores de la empresa para llegar a los yacimientos.

Esta fundación, de la mano del periodista e investigador de los asuntos mineros, afirma que la empresa canadiense Gold And Quest amenaza la subsistencia de los habitantes de San Juan de la Maguana, Azua, Pedernales, Elías Piña, Independencia y Bahoruco, que dependen de la producción agrícola de la cuenca del Yaque del sur.

Recuerda la organización ambientalista, que las mencionadas provincias producen más de la mitad de las habichuelas de todo el país, el 80 por ciento de las semillas, 40 por ciento de la batata, 35 por ciento del maíz, 70 mil litros diarios de leche, además de arroz y tomates, entre otros rubros alimenticios.

«Hay que decir no a la explotación minera, pues con el caudal actual de ríos hay un déficit de 36 millones de metros cúbicos por año, no alcanzando para la producción agrícola y el consumo humano, cuando el agua se utilice en la mina y se viertan en el Yaque del sur serán más los daños que los beneficios para miles de seres humanos, animales y plantas», precisa Fundetrop.

La entidad exhorta a desarrollar otras aéreas productivas, invirtiendo en turismo ecológico e incentivando la agroforestería.

La explotación minera, ejemplo de un negocio genocida

Esta actividad, solo resulta rentable para las mineras y dejan la miseria al Estado, que casi siempre son del mal llamado Tercer Mundo.

Tradicionalmente las poblaciones donde se procede a extraer minerales han sido las más pobres, Sudáfrica en su momento de apogeo aportó aproximadamente el 50 por ciento del oro a nivel mundial y esto no sirvió para que saliera del subdesarrollo, pero no nos vayamos tan lejos en América Latina abundan los ejemplos de los daños ocasionados por la minería a gran escala.

En Perú un trabajo de investigación llevado a cabo por Manuel Glave y Juana Kuramoto refleja la miseria en las zonas de explotación minera en contraposición a las bondades de las grandes ciudades, sobre todo Lima la capital, el mismo da cuenta de 47 conflictos relacionados con el agua, pues el 60 por ciento de los casos tiene que ver con el preciado líquido.

Hay que evitar que en nuestro país se repita un accidente, como el que ocurrió el 30 de enero del 2000 en Rumania, donde se rompió una presa de cola de la fundición de Aurul de Sassar, vertiendo hacia el rio Danubio 100 mil metros cúbicos de lodo y aguas cianuradas, que fueron a parar a la bahía de Mare matando toneladas de peces y aves acuáticas y dejando un rastro de muerte durante todo el recorrido, antes llegar al mar.

Afirma Fundeprot, que ese accidente azotó gran parte de la flora y la fauna cercanas al referido río, que atraviesa unos nueve países a partir de su nacimiento en la selva negra en Alemania, donde recibe el nombre de internacional. Cabe destacar que los efectos letales del cianuro son tan devastadores, que una porción del tamaño de un grano de arroz provocaría la muerte inmediata de un ser humano.

Un dato

Los indicios de violación a los derechos humanos y daños medioambientales determinaron la formación de bloques compuestos por miembros de la sociedad civil, periodistas y políticos, quienes destacaron el peligro del uso del cianuro en las minas de oro, este y los demás trabajos de investigación tiene dos elementos comunes, la pobreza de las zonas de explotación y los efectos sobre las fuentes de agua.

Fuente:http://www.barrigaverde.net/?q=node/58084

Perú

Southern, cuando los malos antecedentes no importan

Cuando una persona natural quiere postular a un puesto laboral, un requisito indispensable es acreditar que cuenta con antecedentes de ninguna naturaleza. Y a todo el mundo le parece normal porque nadie quiere contratar a una persona que tenga una mala trayectoria y que genere riesgos en la actividad del cargo.

Ayer, siguiendo el proceso de adjudicación de Michiquillay, uno de los proyectos de inversión más importantes para nuestro país, me surgía la interrogante de por qué a las personas jurídicas o empresas, no se les exige este mismo requisito mínimo. Y es que en la lista de concursantes, se encontraban varias impresentables con muchos antecedentes ambientales y sociales, y hasta con deudas con el Estado.  Lo más sobrecogedor vino luego, cuando se anunció que la ganadora era nada menos que Southern Perú, una de las empresas más cuestionadas que existe no solo en el país, sino a nivel mundial. Veamos un poco de sus antecedentes, o debo decir ¿prontuario?

Southern Copper Corporation Peru, SPCC por sus siglas, es creada en 1952.  En 1999 el Grupo México adquirió la empresa Asarco, propietaria del 54.2% de las acciones, con lo cual la firma mexicana tomó control de las operaciones mineras de SPCC en Perú. A pesar de los nuevos propietarios, la empresa no cambió el nombre por estrategia. A inicios del segundo trimestre de 2005, SPCC se fusionó con Minera México y subsidiarias. Así SPCC lleva más de 60 años operando en el Perú.

La empresa Southern Perú Copper Corporation siempre ha actuado en el sur del país. Tiene las operaciones de Toquepala y Cuajone –ambas de tajo abierto–, donde se extrae cobre, plata, molibdeno y oro, y un complejo metalúrgico en Ilo. Además, participa en tres exploraciones mineras, entre ellas Tía María.

Un inacabable pasivo ambiental

Cuando Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta, contaminó severamente la costa producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves. Al menos el Valle de Ilo quedó contaminado producto de sus emisiones toxicas realizadas[1].

Según fuentes de la propia empresa, desde 1960 hasta 1996 vertieron 785 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía tacneña de Ite. 36 años  de contaminación que no han podido revertir.

En 1996 inicia las operaciones del proyecto “Los Chancas”, en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac. Dicho proyecto genera una serie de impactos en el anexo de Quichque y las comunidades vecinas. Construyeron carreteras de acceso destruyendo tierras de cultivo y debilitando suelos lo cual provocó, durante las lluvias, derrumbes y deslizamientos que terminaron sepultaron al colegio primario, la capilla y viviendas de pobladores del anexo  Quichque. A estos impactos se suma el provocado por la instalación de motobombas en los puquiales para llevar agua a las maquinarias de perforación, contaminando el agua que riega los pastos naturales.  Aunque la empresa ofreció reparación de los daños, nunca cumplió; en el 2001, el alcalde de Tapairihua, solicitó ante el Juzgado Mixto de Abancay una medida cautelar que disponga la suspensión de los trabajos de exploración, cautelar que a pesar de ser concedida no ha podido ser ejecutada por diversas razones. La población sigue denunciando afectación hasta el momento.

En el 2011 empiezan a anunciar la ejecución del proyecto Tía María en la provincia de Islay- Arequipa.  El proyecto pretende procesar óxidos de cobre. Unops (organismo de Naciones Unidas) al revisar el EIA del proyecto hizo 138 observaciones, que indicaban entre otras cosas, que no se contaba con un estudio hidrogeológico (de agua y suelo), a pesar de lo cual pretendían operar.

El año 2013, el departamento de Ambiente y Ecología de la Municipalidad Provincial de Ilo detectó un sobre índice de contaminación por dióxido de azufre (SO) en la fundición de Ilo. El nivel de SO llegó hasta 190 ug/m (microgramos por metro cúbico) en la zona donde se ubica la fundición de Southern (el límite máximo permisible es 80 ug/m3). En su defensa SPCC no se acogió a la norma del 2008, que fijaba como límite máximo 80 ug/m3, dado a que dicha norma no se había reglamentado.

En el año 2014, el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) sancionó a la empresa SPCC con 204 UIT por 16 hechos imputados, relacionados con el mal manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, elevado número de partículas gaseosas emitidas, entre otros[2].

En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente solicitó una pena de dos años y seis meses para Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú, y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a dicha empresa, por el presunto delito de contaminación ambiental, al haber emitido emisiones que superaban los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada al mar.

En enero de este año, pobladores de Moquegua se movilizaron, denunciando que esta empresa sigue contaminando con sus operaciones el río Torata -en el cual realiza descargas de agua, señalando que se han detectado altas concentraciones de metales tóxicos, por lo que pidieron investigación del hecho.

En este recuento solo mencionamos los antecedentes de la Shouthern Perú, sin embargo no debemos dejar por fuera los gravísimos antecedentes de esta corporación en otras partes del mundo.  Es importante conocer que el Grupo México, principal propietaria de la Southern, tiene antecedentes gravísimos de contaminación como la explosión en la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila en México, que dejó sepultados a 65 mineros, hecho ocurrido en el 2006.  O el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista, en el 2014, considerado como el hecho más grave de contaminación en la historia de México.  Además el  Grupo México ha pagado en 2015 una multa por 23 millones 565,938 pesos mexicanos, como consecuencia de más de  50 irregularidades en contra del marco normativo ambiental.

Un pasivo social que no es solo Tía María

Tal vez el conflicto más conocido en el que se vio envuelta esta empresa es el del proyecto Tía María- Arequipa, el cual ha dejado hasta la fecha un grave saldo: cinco muertos y varias decenas de heridos; sin embargo los antecedentes de conflictividad de esta empresa se pueden encontrar en varios lugares, donde se denuncian similares patrones de comportamiento que evidencian una mala práctica de relacionamiento con las comunidades locales, lo que ha llevado a una profunda desconfianza en la misma.

Denuncias por adquisición de tierras de manera abusiva, ofreciendo precios arbitrariosbajo amenaza de acogerse a la Ley de servidumbre minera; incumplimiento de ofrecimientos relacionados con Responsabilidad Social; empleo deficiente de los  lugareños, que denuncian que los han hecho trabajar jornadas completas sin pagarles el salario correspondiente, y el mal trato de los funcionarios de dicha corporación respecto a las poblaciones, a las cuales como en el caso de Tía María, llegaron a acusar de “terroristas antimineros”, son parte del pasivo social de Southern en el Perú.

Ni sus propios funcionarios han podido negar este hecho y han terminado aceptándolo como una suerte de “desaciertos”. Carlos Aranda, gerente técnico de Southern, textualmente asiente diciendo, “cuando hicimos el trabajo la primera vez no hicimos las cosas bien. Seamos honestos: la población nos veía como muy soberbios”.

Por estos temas, algunos de sus proyectos han quedado suspendidos y es posible que no puedan retomarse.  Yamila Osorio, Gobernadora Regional de Arequipa manifiesta de manera decidida, que “la desconfianza por la contaminación histórica y el mal manejo con la población” es lo que evita que esta empresa sea aceptada.

Michiquillay no es un paseo entre las rosas

Con todos estos antecedentes, esta empresa es la ganadora de la licitación para la ejecución del proyecto Michiquillay ¿No debiera preocupar esto? ¿Los antecedentes de un actor que va a intervenir no solo en un tema estratégico sino en una zona compleja del país no debieran contar para el Estado?

Los componentes que se empiezan a conjugar en este caso son severamente peligrosos: proyecto con problemas de licencia social y con una comunidad dividida y polarizada; una empresa con los peores antecedentes de desempeño; y un Estado minusválido para prevenir y abordar conflictos.

Cajamarca no es un centro de conflictos porque la gente sea violenta, Cajamarca se ha convertido en un campo de batalla porque además de otros factores, tenemos la mala fortuna de que el Estado le abre las puertas a las empresas más cuestionables no solo del país sino del mundo, ignorando sus pésimos antecedentes.  Ya teníamos suficiente con Yanacocha, Tantahuatay, oThaoe Resources. Y ahora tendremos que cargar con Southern Perú.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/southern-cuando-los-malos-antecedentes-no-importan

Colombia

Dice el Ministro de ambiente: No se permitirá minería en los páramos

Sobre los avances en políticas orientadas a la protección del medio ambiente en Colombia habló desde Cúcuta el ministro de esa cartera Luis Gilberto Murillo.

-¿Ministro, qué tanto ha avanzado el país en políticas de proyección ambiental?
En ese sentido, yo creo que vale la pena decir que este Gobierno inició unas reformas muy importantes en materia ambiental. Cuando asumió el presidente Santos el país estaba en la feria de los títulos mineros, lo cual generó desafíos ambientales enormes. Al mismo tiempo el tema ambiental tomaba más fuerza, inclusive no solo en la conciencia de los colombianos, sino en los debates internacionales. Se tomaron entonces decisiones efectivas, como restablecer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Se creó un sistema muy moderno de gestión de riesgos y desastres que hoy es modelo a nivel internacional, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  (UNGRD). Se consolidó el Fondo de Adaptación y se fortaleció la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, así como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el IDEAM. Eso ha permitido que hoy estemos en medio de lo que yo llamo “una gran transformación silenciosa”.

Se pasó de tener 13 millones a tener 29 millones de hectáreas protegidas hoy y vamos a dejar al país por encima de los 30 millones. Esto es mucho más del área de otros países en la región.  Estamos seis veces por encima de Costa Rica que es ejemplo en áreas de conservación. Hemos avanzado  en áreas protegidas y lo que es de mayor interés para Norte de Santander, la delimitación de páramos, para defender el agua  a perpetuidad. Antes ningún gobierno lo había hecho. En los últimos 3 años se han delimitado 30 páramos. En estos dos últimos años hemos delimitado 29 páramos y vamos a dejar todos los complejos de páramos delimitados en el país. Así mismo los humedales, de los cuales encontramos 5 de categoría internacional. Eso en gestión de activos naturales, pero también en gestión urbana. Nosotros avanzamos en instrumentos económicos y creamos unos impuestos pedagógicos, impuestos verdes ambientales como el del carbono para cumplir los compromisos en el Acuerdo de París. También creamos el de las bolsas plásticas..

-Un tema muy sensible es el de Santurbán y al respecto se han dado versiones que generan inquietud. ¿Cuál es la realidad sobre las garantías que se dan para la conservación de ese páramo como un recurso realmente protegido?
Hay que darle tranquilidad a la opinión de Norte Santander. No se puede, no vamos a dejar y no se va a hacer minería en los páramos. Lo digo porque es una preferencia de la sociedad colombiana. Es un compromiso de este Gobierno y lo ha demostrado. Además,   hay leyes que así nos lo indican y sentencias de la Corte Constitucional que así también lo han establecido y en ese sentido tenemos la Sentencia T361 de 2017 sobre delimitación del páramo de  Santurbán, que establece que se debe hacer un proceso de participación para revisar la delimitación que se hizo en el año 2014. En ese mismo sentido esa sentencia establece algo importante que la opinión pública debe saber. Esta delimitación fue muy técnica, hecha por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. La Corte dice varias cosas: “el páramo está protegido y su mecanismo de protección está funcionando…” La Corte pudo comprobar que la calidad del agua que se genera en Santurbán y Berlín tiene óptimas condiciones. En ese sentido la Corte no ampara el derecho a un ambiente sano y el derecho al agua porque dice eso, lo que ampara la Corte es el derecho a la participación, profundizarla y eso es lo que estamos haciendo.

-¿Cómo está la deforestación en el país? ¿Se ha contenido? ¿Qué manejo se le está dando?
Es una gran preocupación,  pues la deforestación se incrementó del año 2015 al 2016. Estamos haciendo todo lo posible para reversar esta tendencia. Sin embargo, tiene que ver mucho con el cambio de la dinámica regional. La dinámica del conflicto, la dinámica institucional ha llevado a que se haya generado mucha especulación. Hay cerca de 178.000 hectáreas de deforestación que tuvimos en el año 2016. Lo cual está asociado en casi un 60 por ciento a cambios del uso del suelo, sobre todo para ganadería extensiva. Mucha gente y redes criminales se han dedicado a especular con la tierra y están induciendo a la tala de bosques y árboles y estamos enfrentando medidas de choque. Esto se relaciona con las zonas de conflictos muy intenso como la del Catatumbo con redes criminales internas. Allá hay grupos al margen de la ley  que están generando actividades de tala de bosques. El otro factor que representa casi un 20 por ciento o  un poco más es la expansión de cultivos ilícitos  y es un fenómeno que se vive en el Catatumbo de Norte de Santander. Entonces se tumban bosques para sembrar coca y eso ha aumentado la deforestación. Hay otros factores que tienen que ver con extracción ilícita de minerales y esto no solo requiere una respuesta de MinAmbiente y el sistema nacional ambiental, sino también de las Corporaciones Regionales y de toda la sociedad.

-¿En cuánto a los ríos,  cuáles son las políticas y el énfasis que se está haciendo para su protección?
El manejo de cuencas lo estamos abordando de manera integral. Lo primero es la delimitación de los páramos y la protección de fabrica de agua en la cuenca alta. Lo segundo tiene que ver con el avance de los planes de ordenación y manejo de las cuencas, los POMCAs (Planes de Ordenación y Manejos de Cuencas Hidrográficas) que realmente nos da una zonificación con una perspectiva de cuenca integral y el tercero tiene que ver con la delimitación de humedales y su protección. Dentro de ello hay temas que es importante abordar, como el  del control de la deforestación para la regulación del agua, la extracción ilícita de minerales y el uso de mercurio. En las acciones que se han tomado a partir de este año ninguna industria (legal) puede utilizar mercurio en actividades mineras y además de eso se han tomado unas medidas de control por parte de la Fuerza Pública para garantizar que cerca de 26.000 toneladas de pescado se les haya evitado su contaminación y esto ya son indicadores muy importantes pero todavía se tienen que seguir haciendo esfuerzos.

-¿Son útiles las corporaciones regionales para la protección del medio ambiente?
Claro que si y lo he vivido. Creo que no hay una institución perfecta en el país pero las corporaciones hacen un buen trabajo con las herramientas que tienen. Todas  muestran experiencias muy positivas. Hay unas buenas y otras menos buenas. Nosotros hemos tomado y aprendido de las corporaciones todo lo relacionado con los insumos para poder expedir la ley de pagos por servicios ambientales que se basa en la iniciativa de esas entidades de pagarles a  las comunidades por conservar ecosistemas. Corponor  es un buen ejemplo de eficiencia.

-¿Cuál es la participación de Colombia en las políticas internacionales de protección del medio ambiente?
Colombia tiene una participación de liderazgo. Colombia se inventó los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos y presidió la sesión del ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) que aprobó estos objetivos y hemos sido líderes en este sentido. En materia de cambio climático Colombia también es reconocida como líder a nivel internacional y hay varios factores que así lo demuestran. Nosotros en el año 2017 ya teníamos el 13.9 por ciento de nuestro territorio marino protegido, o sea que cumplimos la Meta Aichi con 3 años de anticipación y eso le da más fortaleza a Colombia en materia de liderazgo ambiental, pero también el compromiso personal del Presidente Santos con los temas ambientales. Los dividendos de la paz nos permitió ir a zonas donde no podíamos ir antes y hacer levantamientos de estudios y avanzar en áreas protegidas, por eso hemos logrado estas metas y Colombia es líder a nivel internacional. El único mandatario como jefe de estado que fue reconocido con National Geographic con su premio anual por los avances en materia de áreas protegidas, fue el presidente Santos. También fue reconocido en el Reino Unido por el Príncipe Carlos por todos los avances en manejo y gestión del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (Región de la Amazonía – Departamentos Guaviare y Caquetá) y otros parques nacionales naturales. Además de eso ha sido el único Jefe de Estado que ha sido reconocido con el premio anual del Real Jardín Botánico de Kew de Londres (Kew Gardens), así que la sociedad colombiana a través del presidente Santos es reconocida en su liderazgo ambiental, pero eso tiene sus razones: Colombia es el primer país con mayor biodiversidad en términos de biodiversidad por kilómetro cuadrado y es el segundo país en términos generales de biodiversidad después de Brasil. Es una potencia en materia de biodiversidad. Está entre los 17 centros de biodiversidad del mundo y no es gratuito. Tenemos en nuestro territorio cerca de 54.000 especies de fauna y flora muy endémicas de Colombia. Entonces hay un reconocimiento importante.

-¿Cuáles son los avances logrados en el país en la lucha contra la minería ilegal?
Hay avances importantes. Se han hecho operativos que ha llevado a que se desmantelen redes criminales en torno a la extracción ilícita de minerales sobre todo en zonas como Chocó. Allí se han dado golpes efectivos y también en el sur del país y en el sur de Bolívar. Sin embargo,  todavía quedan muchos retos.

Fuente:http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/63365.

Mexico

Necesario, estudio de impacto ambiental en proyectos mineros

Para el biólogo e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Óscar Dorado Ramírez, la explotación de la minería en la zona Sur del estado podría traer graves consecuencias para el medio ambiente, sobre todo si se hace a cielo abierto, por lo que se sumó al reclamo de los pobladores para que antes de reactivar los trabajos se efectúe un estudio de impacto ambiental en el lugar.

Si bien dijo no ser especialista en minería ni en geología, consideró que lo primero que se tiene que hacer es una serie de estudios para conocer el proyecto y determinar la factibilidad de lo que se pretende hacer.

“Se nos está haciendo una costumbre en el país estar en contra de casi todo y sin estar a favor de este proyecto, debemos esperar a conocer el dictamen para que gente verdaderamente especialista en casos de esta naturaleza pueda opinar a favor o en contra, sin sesgos”, opinó el biólogo.

Sin embargo, dejó en claro que si la mina es a cielo abierto por supuesto que afectará el entorno ecológico, aunque se establezcan medidas de mitigación; “no es lo mismo una minería a cielo abierto que a profundidad”, refirió.

En términos generales, expuso que afectaría el entorno y los alrededores, toda vez que el cianuro que se utiliza para el procesamiento de los materiales es un químico nocivo para la diversidad ambiental y los seres humanos, además de que el daño llegaría hasta la Sierra de Huautla y a otros espacios verdes.

Asimismo, fue claro al mencionar que en todo proyecto se deben establecer medidas de mitigación para aminorar sustancialmente las posibilidades de una contaminación mayor.

Calificó como una labor adecuada que los ciudadanos empiecen con la defensa de la tierra y de los recursos ecológicos.

Fuente:https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/necesario-estudio-de-impacto-ambiental-en-proyectos-mineros

Perú

Southern llega a Cajamarca con el proyecto Michiquillay

Esta mañana, ProInversión informó que la Compañía Minera Southern Copper Corporation ganó la buena pro del megaproyecto de cobre Michiquillay, ubicado en Cajamarca. Se trata de uno de los proyectos mineros más grandes impulsados en los últimos años, con una inversión aproximada de US$2,000 millones. Pese a ello, de las 10 empresas calificadas, únicamente dos presentaron sus propuestas técnicas y económicas: la ganadora Southern y Milpo.

La propuesta presentada por Southern, del Grupo México, incluye un precio de transferencia de US$ 400 millones y una regalía contractual del 3%.

Larga es la historia del proyecto Michiquillay, que fue devuelto al Estado en el 2014 por Anglo American, empresa que había estimado una producción de 200 mil toneladas de cobre por año. Ello abrió un proceso de adjudicación, el mismo que tuvo que ser postergado en diciembre pasado, en medio de la crisis política que casi desembocó en la vacancia presidencial.

Para el Gobierno de PPK, “destrabar” Michiquillay es uno de sus grandes objetivos económicos, pues estima que su ejecución podría aportar hasta medio punto de crecimiento del PBI en los próximos años. Estas proyecciones pueden estar sobredimensionadas y, además, cabe señalar que el proyecto aún debe culminar su etapa de exploración y luego elaborar su estudio de impacto ambiental, de manera que el impacto económico no se vería antes de tres o cuatro años.

Más aún cuando el proyecto tiene problemas de falta de licencia social entre las comunidades de la zona. En diciembre, ciudadanos de La Encañada y Namora realizaron protestas en contra de la licitación del megaproyecto minero, y líderes regionales ya anunciaron su rechazo al mismo.

Los antecedentes de Southern

Lo que llama la atención es que la empresa ganadora, Southern Perú, sigue envuelta en uno de los mayores conflictos socioambientales de la última década: el caso de Tía María, en Arequipa. El proyecto, también cuprífero, ha tenido que ser suspendido hasta en dos oportunidades (en 2011 y 2015) ante el masivo rechazo de la población local. En este largo conflicto ha sido evidente el mal relacionamiento de la empresa con las comunidades locales, lo que ha llevado a una profunda desconfianza contra la minera. Pese a ello, Southern insiste en sacar adelante el proyecto Tía María y en la actualidad viene desarrollando una intensa campaña publicitaria en varios medios de comunicación.

La empresa también carga con denuncias por mal manejo ambiental en sus operaciones en Moquegua y Tacna. Cabe recordar que hace poco más de un año, Southern fue sancionada por el OEFA por violar normas ambientales en Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna) y la Fundición y Refinería de Ilo con una multa de 82 millones de soles. Además, recientemente se conoció que el río Torata -en el cual la empresa realiza descargas de agua- tiene concentraciones de metales tóxicos por encima de los límites permisibles, ante lo cual la población viene pidiendo una investigación.

¿Podrá una empresa con estos antecedentes llevar a cabo un proyecto de la magnitud de Michiquillay en Cajamarca? Apenas han transcurrido seis años desde que debió suspenderse el proyecto Conga, ubicado muy cerca de Michiquillay, por la oposición firme de la población que teme por el impacto sobre sus fuentes de agua. ¿Habrán aprendido las empresas de los errores del pasado reciente?.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/southern-llega-a-cajamarca-con-el-proyecto-michiquillay/

Argentina

Audiencia pública: quiere debatir el “sí” o el “no” a la minería

El ministro de Energía de la Nación encabezó la cumbre en Telsen. Pidió que la sociedad y el gobierno chubutenses lo discutan. Luego fue recibido por Arcioni en Rawson.

El ministro de Minería y Energía de la Nación, Juan José Aranguren, exhortó a la sociedad y a la dirigencia política de Chubut a que debatan el desarrollo del sector minero, al encabezar ayer en Telsen el acto de presentación del Proyecto Navidad.

Se trata del reservorio de plata más grande del mundo, propiedad de la compañía Pan American Silver Argentina, que se encuentra sin explotar y por el que se prevé una inversión de hasta 1.000 millones de dólares, aunque es resistido por varios sectores de la provincia.

“Desde el Gobierno nacional no venimos a imponer nada, no queremos imponer nada, no debemos imponer; solo queremos ayudar para que la sociedad y la dirigencia política puedan alcanzar un debate maduro sobre la explotación minera, porque la única manera de generar puestos de trabajo es con inversión y la minera es una”.

Señaló que “incluso el radicalismo, que es un partido que forma parte de la coalición de gobierno, tiene una postura contraria a la actividad a punto tal que su Convención declaró el no a la minería y es respetable; nosotros creemos que se puede hacer una minería responsable y para eso hay que convencer y ofrecer información”.

“En la democracia -agregó- se avanza con el debate, quien dice sí o no debe explicar por qué tiene esa postura, y estamos convencidos de que están dadas las condiciones para encarar un debate, que puede durar el tiempo que sea necesario para generar confianza”.

Aranguren insistió que “la provincia (de Chubut) es responsable de la administración de sus recursos naturales, y si la provincia decidiera generar una audiencia pública vamos a participar, como en su momento lo hicimos a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el tema de las represas en Santa Cruz”. Agregó: “Le vamos a proponer al gobernador Arcioni una audiencia pública. Queremos que haya una audiencia pública para debatir el por qué sí y el por qué no”, según consignó el portal AdnSur.

“En síntesis -concluyó el ministro- queremos combatir la pobreza y para eso se necesita fomentar los puestos de trabajo e inversiones; la minería es una actividad que lo puede hacer, habrá que ver cómo, pero esa es una decisión de los chubutenses”.

No obstante, no dejó pasar el dato respecto de que “esta es una provincia que vive del recurso petrolero, no veo porqué no permite otro tipo de explotación”.

El encuentro realizado ayer en el gimnasio municipal de Telsen no contó con la presencia del gobernador Mariano Arcioni, quien se excusó de participar. En cambio, asistieron intendentes de diversa orientación política como Carlos Linares, de Comodoro Rivadavia; Ricardo Sastre, de Puerto Madryn; Adrián Maderna, de Trelew, y otros jefes comunales de la comarca que están interesados en la explotación del yacimiento.

A los dirigentes políticos se sumaron representantes de cámaras empresariales y sindicalistas, como el secretario general del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, y representantes de los trabajadores mineros.

Como cierre del evento, se firmó un documento que será público en los próximos días y que impulsa el debate sobre la explotación minera, según pudo saber Télam de fuentes confiables.

Previo al encuentro se produjeron situaciones de tensión entre el centenar de manifestantes anti mineros que llegaron en colectivos a Telsen desde otras localidades de Chubut y Río Negro.

Según Pablo Lada, miembro del Movimiento Antinuclear de Chubut y de la Unión de Asambleas Patagónicas, “la Policía nos reprimió cuando intentábamos sacar unas pertenencias, incluso disparando balas de goma que hirieron a uno de los vecinos convocados, lo cual es una lástima porque venimos a manifestar nuestro rechazo y no nos dejaron entrar”.

En diálogo con Télam, el comisario mayor Víctor Hugo Acosta, jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn de la Policía del Chubut, sostuvo que “los manifestantes intentaron llegar a un lugar que teníamos custodiado, y como se impidió el paso le arrojaron a un efectivo una piedra de grandes dimensiones por lo que se hizo un disparo al suelo, como marca el protocolo y ahí terminó todo”.

Fuente:http://www.diariojornada.com.ar/206637/provincia/aranguren_quiere_una_audiencia_publica_para_que_chubut_debata_el_desarrollo_minero/

Argentina, Republica Dominicana

Cumbre minera y represión

La Policía reprimió la masiva movilización de vecinos y asambleístas que se congregaron en la ciudad de Telsen, Chubut, donde el ministro de Energía Juan José Aranguren, encabeza una cumbre para promover la instalación de un megaproyecto minero en esa provincia.

Los disparos y los golpes contra los manifestantes se desataron cuando uno de los curas católicos de Telsen intentó entrar al edificio donde se realiza la reunión y las fuerzas de seguridad se lo impidieron. “Golpearon mucho a dos compañeras y, mientras eso sucedía, tiraban balas de goma”, relató Iván Marín, uno de los asambleístas que recibió disparos en el muslo izquierdo y otro en el brazo.

“Fueron balazos de goma innecesarios, el cura estaba acreditado”, aseguró Pablo Lara, integrante del Movimiento Antinuclear y Antiminero, que participó de la movilización a la que asistieron varios centenares de personas.

La marcha inundó las calles y el operativo policial para frenarla, también. Se calcula que hubo más de 300 efectivos de la Policía Federal, de la Infantería y del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) que formaron sendos cordones de seguridad en el lugar donde se encontraron el ministro de Energía Juan José Aranguren, integrantes de la Cámara Minera de Chubut, intendentes de la meseta provincial y legisladores provinciales.

En las calles, las pancartas dejaban claro que “El agua vale más que el oro” y un rotundo “No al saqueo, no a la violencia, no a la contaminación, no a la mina”. Según las imágenes, la asistencia al encuentro pro minero no fue la que el Gobierno esperaba. “Hay más policías que funcionarios en la cumbre. Es un fracaso político”, sintetizó Lara.

“La cumbre pretende habilitar minería en una provincia donde está prohibida”, cuestionó el asambleísta, en referencia a la ley provincial 5001 sancionada hace 15 años, que prohibió la instalación de la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Esta norma fue aprobada luego de que el 81 por ciento de la población de Esquel rechazara esa industria a través de una consulta popular.

Según trascendió, en el debate en Telsen estuvo presente el proyecto «Navidad”, un megaemprendimiento extractivista de plata y plomo que contaría con el aval de algunos jefes comunales de la región y al que el gobierno de Mauricio Macri intenta darle un fuerte impulso a pesar del rechazo de la población. El factor en disputa no solo es el cuidado del medioambiente sino también evitar que la explotación minera demande los miles de litros diarios de agua, que es de suma necesidad para la población de esa zona semiárida.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/96882-cumbre-minera-y-represion