Corporación ambiental verifica afectación tras apertura de túnel durante proceso exploratorio.

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) abrió un proceso de investigación contra Minesa, compañía árabe que está detrás de una licencia ambiental para explotar oro en zonas vecinas al páramo de Santurbán, por el presunto incumplimiento a la normatividad ambiental y afectación de recursos naturales en la etapa de exploración en su momento en el túnel El Gigante, en jurisdicción del municipio de California, en Santander.

Juan Manuel Pinzón, asesor técnico de la dirección de la CDMB, indicó que la investigación busca precisar el daño ambiental que se pudo dar por la apertura del túnel, el cual fue construido por AUX Colombia, empresa que vendió el derecho minero a Minesa, multinacional de propiedad del fondo de inversión y desarrollo Mubadala, del emirato de Abu Dhabi.

“En el momento en que se abre el túnel hay una interceptación de algunos flujos y finalmente esos flujos están siendo canalizados y en estos momentos están siendo entregados a la quebrada La Baja, tras un proceso de tratamiento que hace la empresa. Pero lo que busca la investigación es definir si hubo un incumplimiento de la normatividad ambiental o una afectación al recurso natural”, dijo el funcionario.

Pinzón explicó que pese a que fue AUX Colombia la que estuvo al frente de la apertura El Gigante, en este momento la titularidad es de Minesa, razón por la cual esa compañía tiene que responder.

La corporación informó que el proceso se encuentra en etapa de notificación a la compañía árabe, y aunque existe una solicitud de reconocer un tercer interviniente, solo hasta el momento en el cual se dé la notificación, se procederá al reconocimiento de esta petición, en el marco garantizar el debido proceso.

Entre tanto, Minesa indicó que desde que asumió la titularidad de la concesión minera ha trabajado activamente en la gestión y cierre de todos los pasivos ambientales heredados desde la adquisición del título en el año 2015.

«Minesa sigue avanzando en un permanente trabajo para recuperar el ecosistema de los títulos mineros de su propiedad, cumpliendo con el marco de la ley, avanzando en la identificación y gestión de estos pasivos ambientales ante la CDMB, generando planes de acción para su adecuado manejo», dijo en un comunicado la empresa.

Según reportó Minesa, desde el año 2015, las principales acciones ejecutadas a la fecha para la recuperación de pasivos ambientales generados por la minería en el área son:  la evacuación 360 toneladas de arenas mercuriadas, producto de la minería artesanal;  la siembra de más de 88 mil árboles;  el control de drenajes ácidos de bocaminas de minería artesanal;  el desmonte de plantas de minería artesanal ubicadas sobre la ronda hídrica de la quebrada La Baja y  por último, la recuperación del suelo y el paisaje.

La apertura de la investigación contra la multinacional árabe se produce en medio de la polémica que se mantiene por cuenta de unos acuerdos firmados por el presidente Juan Manuel Santos con los Emiratos Árabes para incentivar la inversión en planes mineros en Colombia, como el Soto Norte de Minesa, con el que se pretende extraer durante 23 años nueve millones de onzas de oro.

Actualmente cursa su tramite ante la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud de permiso para la ejecución del proyecto Soto Norte, que se planteó por fuera de la delimitación del páramo de Santurbán fijada en el 2014 por el Ministerio de Ambiente, la fue derogada recientemente por la Corte Constitucional.

Ante la incertidumbre que planteó el órgano constitucional sobre la viabilidad del plan minero, la Anla ha señalado que continuará con la evaluación del estudio de impacto ambiental presentado por Minesa. Sin embargo, la decisión sobre la licencia solo la tomaría después de que se vuelva a trazar una nueva línea de páramo, tal como lo ordenó la Corte.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/investigan-a-compania-arabe-minesa-por-dano-ambiental-153770

El mandatario de los bumangueses, Rodolfo Hernández, inició un proceso de recolección de firmas para pedirle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que frene la minería en el Páramo de Santurbán.

Carbones de los Andes S.A., la compañía que hasta hace tres años adelantaba uno de los trabajos de explotación minera a cielo abierto más grandes de Boyacá, en el municipio de Rondón, no volverá a esa población boyacense.

Por lo menos así lo advierte el Tribunal Administrativo de Boyacá que, en fallo de primera instancia, decidió negar la demanda con la que la firma Carboandes exigía declarar nula la resolución con la que Corpoboyacá les suspendió actividades.

Esa medida fue impuesta en el 2014, luego de que la Corporación encontrara serias irregularidades en materia ambiental, entre esas, que la licencia ambiental que les había sido otorgada por tres años, se encontraba vencida para ese entonces.

Corpoboyacá determinó que se estaba presentando un presunto incumplimiento normativo y que se adelantaban actividades de minería anticipada (exploración y explotación al mismo tiempo), sin contar con un instrumento de manejo y control ambiental vigente, lo que podría generar impacto a los recursos naturales.

De hecho, señaló que para ese momento ya había afectación al cauce y ronda de una quebrada de la zona, y una inadecuada disposición de estériles en un ecosistema como ese, de gran importancia de regulación hídrica y vecino de un sistema de páramos como el de Tota-Bijagual-Mamapacha.

Pero Carboandes decidió demandar a Corpoboyacá argumentando que la licencia que les había sido otorgada por la Corporación vencía hasta 2036, año en el cual terminaría el proyecto minero en Rondón, y no en tres años como se había dicho.

Corpoboyacá demostró que lo que la firma minera había solicitado era una licencia ambiental para poder adelantar una explotación temprana, toda vez que aún se encontraban en fase de exploración, y que la duración de dicha licencia se extendería mientras durara esa explotación anticipada, más no el proyecto a 30 años.

El Tribunal además de negar la demanda presentada por Carboandes, decidió también rechazar su solicitud de indemnización en la que justificaban pérdidas por más de $18 mil millones como consecuencia de la medida de suspensión impuesta por la Corporación.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cierran-mina-de-carbon-en-boyaca-152586