Gobierno nacional y las comunidades indígenas fijaron varios puntos de trabajo conjunto que tienen como objetivo poner en marcha estrategias para la protección y preservación de la Sierra Nevada de Santa Marta.“El acuerdo que hemos logrado consiste fundamentalmente en haber definido una hoja de ruta para tomar decisiones que permitan que ningún proyecto de exploración minera se desarrolle en la Sierra Nevada de Santa Marta porque esta tiene que ser una zona protegida”, explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez.El documento incluye una instancia de diálogo permanente para abordar los mecanismos y así seguir ampliando y protegiendo los territorios libres de minería de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin afectar los derechos de los demás ciudadanos.Luis Gilberto Murillo, ministro de Medio Ambiente, explicó los alcances de la medida: “Hemos tomado la decisión de congelar cerca de 585 mil hectáreas para que en esta zona no se dé ningún nuevo título minero o concesión minera, y vamos a crear zonas de protección. Esto se suma a las 40 mil hectáreas que ya tenemos en el parque Nacional Natural en la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, cerca de un millón de hectáreas en esa zona. En estos momentos no hay ningún proyecto de minería a gran escala ni vamos a tener. Es una decisión que garantiza proteger ese ecosistema para la humanidad”.Finalmente, se fijó un compromiso para el restablecimiento del orden público y la movilidad en la ciudad de Valledupar y el anillo vial circundante en la región.Fuente:http://www.diariodelnorte.net/index.php/generales/935-gobierno-nacional-y-pueblos-indigenas-de-la-sierra-nevada-firman-acuerdo-para-preservar-el-territorio.html
28% del área de Salento está amenazada por la minería
El 28% del área total de Salento está amenazada por la minería, así lo indicó Johanna Suárez Montejo, coordinadora de la oficina ambiental de la alcaldía municipal.
“Según la Agencia Nacional de Minería, entre los títulos solicitados y los vigentes estamos hablando de 10.742 hectáreas, lo que quiere decir que es el 28,4% del territorio”, dijo la funcionaria.
Afirmó que los títulos vigentes en el municipio son ocho, de los cuales cuatro son de una multinacional. “El área total de Salento es de 37.767 hectáreas y el área comprometida por los títulos es 6.611 hectáreas, lo que representa el 17,5% del territorio”.
Explicó que hay 11 solicitudes de títulos, los que comprometen 4.130 hectáreas, es decir, el 10,9% del área total de la localidad.
“Los títulos vigentes y solicitados afectan de alguna manera las determinantes ambientales establecidas por la administración municipal, ya que todos los que se encuentran vigentes están dentro de la reserva forestal central, mientras que 8 de las solicitudes se localizan o participan con un porcentaje dentro de la misma área”.
Suárez Montejo aseveró que, sin excepción, los títulos y solicitudes se encuentran en la zona de importancia de la cuenca de afluentes hídricos de importancia para la región y cinco de los que están vigentes en el complejo de páramos del Parque Nacional Natural Los Nevados, en jurisdicción de Salento.
“A pesar de que en la ley ambiental se encuentra prohibida la explotación de minerales en los parques nacionales naturales, cuatro de los títulos vigentes afectan las reservas y los predios de la CRQ destinados para la protección. Además, dos de las solicitudes están en el área principal del Paisaje Cultural Cafetero, PCC”.
Se presentó la pregunta para consulta popular
El fin de semana pasado, la alcaldía de Salento presentó ante el concejo municipal la pregunta que pretende utilizar para hacer una consulta popular minera.
“Es: ¿Está usted de acuerdo o no con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala? El cuestionamiento fue construido de manera conjunta con el acompañamiento de reconocidos abogados ambientales a nivel nacional”, dijo la coordinadora de la oficina ambiental.
Puntualizó que se ha encontrado que dentro de las solicitudes de títulos también se habla de piedras preciosas, por eso lo incluyeron en la pregunta que se está debatiendo en la corporación.
“Estamos a la espera de que el concejo nos dé el visto bueno de la pregunta para presentarla ante el Tribunal Administrativo del Quindío, que debe dar la viabilidad a la consulta”.
Hizo énfasis en que en el mecanismo de participación no se está hablando de minería de subsistencia, ya que se está adelantando un proceso de legalización de los mineros artesanales y, por tanto, están blindados, con el fin de no vulnerar sus derechos fundamentales y constitucionales al trabajo.
Con respecto a las dificultades que se han presentado en los últimos días para la consulta popular minera de Córdoba, la funcionaria indicó: “Estamos esperando los pronunciamientos respectivos a las acciones legales que ha instaurado el municipio de Córdoba. Igualmente, la alcaldía de Salento garantizará y tomará las medidas necesarias para que se pueda llevar a cabo la participación ciudadana”.
Fuente:http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-28_del_rea_de_salento_est_amenazada_por_la_minera-seccion-la_regin-nota-115690
Solicitan a Unesco que páramos de Colombia sean Patrimonio Natural de Humanidad
La Procuraduría General de Colombia pidió hoy a la Unesco otorgar el título de Patrimonio Natural de la Humanidad a todos los ecosistemas de páramos ubicados en el país para preservar la biodiversidad y el agua.
«Con la inclusión de estos sitios naturales en la lista de Patrimonio Mundial, se busca preservar la biodiversidad de los páramos, la cual se encuentra amenazada por la intervención del hombre», informó el Ministerio Público en un comunicado.
La petición la hizo el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, en una carta dirigida a la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Unesco), Audrey Azoulay.
Blanco señala en su misiva que, si bien el Gobierno colombiano ha venido trabajando en la delimitación de esos ecosistemas para su protección y conservación, todavía se desarrollan actividades humanas.
Igualmente aseguró que el reconocimiento internacional le permitiría a Colombia recibir asistencia técnica y económica para lograr la recuperación de los páramos afectados por la minería, la ganadería y la agricultura.
Además, advirtió que «está en juego la oferta hídrica nacional, de la cual se abastece el 80 % de la población del país».
La petición de la Procuraduría a la Unesco surge en momentos en que el ministro colombiano de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aseguró hoy que el Gobierno no ha autorizado ni autorizará la explotación minera en los páramos.
«No se está haciendo ni se va a hacer minería en los páramos», sostuvo Murillo ante periodistas al salir al paso de la polémica suscitada alrededor de un proyecto minero en las inmediaciones del páramo de Santurbán, en el departamento de Santander (noreste).
El conflicto surgió cuando el proyecto Minesa, que tiene como principal accionista al fondo Mubadala de Emiratos Árabes, pidió una licencia para desarrollar una explotación de oro en inmediaciones del páramo, una región natural protegida que además provee de agua a los municipios próximos.
Según cifras oficiales, en Colombia hay 36 complejos de páramos que suman 3 millones de hectáreas y son el 50 % del área total que existe en los 6 países andinos, únicos con este ecosistema.
Los páramos se extienden por 12 de los 32 departamentos del país y abastecen acueductos para más de 12 millones de habitantes de capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Bucaramanga.
Además, abastecen de agua a 138 cabeceras municipales y múltiples acueductos de caseríos. EFE.
Fuente:http://www.trt.net.tr/espanol/cultura-y-arte/2017/11/22/solicitan-a-unesco-que-paramos-de-colombia-sean-patrimonio-natural-de-humanidad-852347
La minería de carbón sigue expandiendo su contaminación en América Latina
A pesar de la presión global para disminuir la minería del carbón y la quema del mineral para generar electricidad, varios países de América Latina y el Caribe mantienen en la actualidad proyectos para ampliar esa contaminante fuente energética.
Tales planes contradicen las metas climáticas adoptadas voluntariamente por las naciones de la región y el compromiso de incrementar las fuentes limpias y renovables, que forman parte del Acuerdo de París sobre el clima, aprobado en diciembre de 2015.
“América Latina no tiene un gran peso global en el sector, pero este sí tiene influencia regional. Además, Colombia exporta mucho carbón. El problema es que hay varios proyectos en planeación para explotar el mineral y eso amenaza con mantener esa dependencia por años”, dijo a IPS en esta ciudad alemana de Bonn, Heffa Schuecking, directora de la no gubernamental Urgewald.
La Lista Global para el Abandono del Carbón (GCEL, en inglés), elaborada por la organización alemana, exhibe la situación regional del mineral, en el marco del contexto global.
Urgewald presentó el reporte durante la 23 Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se desarrolla desde el 6 y hasta el 17 en Bonn, parte de la que fue la franja industrial alemana, movilizada precisamente por la piedra negra.
El listado abarca unas 770 corporaciones extractivas, comercializadoras, prestadoras de servicios y generadoras termoeléctricas dentro de la cadena de valor del sector y señala que en América Latina y el Caribe, la capacidad termoeléctrica instalada con fuente carbonifera asciende a 17.909 megavatios (MW), de los cuales la mayoría opera en México (5.351 MW), Chile, (5.101 MW) y Brasil (4.355 MW).
Empero, los proyectos en marcha que contemplan el uso de carbón suman 8.427 MW, de los cuales Chile aportaría 2.647, Brasil 1.540, República Dominicana 1.070, Venezuela 1.000, Jamaica 1.000, Colombia 850 y Panamá 320. Esos emprendimientos anclarían aún más el contaminante mineral en la región y dificultarían su retiro para combatir el cambio climático.
La GCEL identifica 14 empresas originarias de la región, de las cuales cinco son brasileñas, otras cinco colombianas y una por país de Chile, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Además, empresas transnacionales como las estadounidenses AES y Drummond; la italiana Enel, la francesa Engie, la anglosuiza Glencore, la angloaustraliana BHP Billiton y la británica Anglo American también que operan en el sector del carbón en la región.
En la COP 23, cuya electricidad proviene parcialmente de la mina de lignito de Hambach, en las cercanías de Bonn, el reclamo en contra del carbón ha resonado, debido a la responsabilidad del mineral en la generación de gases contaminantes que recalientan el planeta.
Colombia extrae el mayor volumen de carbón en la zona -90 millones de toneladas en 2016-, en un sector dominado por las empresas transnacionales Drummond, Glencore, BHP Billiton y Anglo American.
Desde 2013, la extracción carbonífera colombiana ha oscilado entre los 85 millones y los 90 millones de toneladas, obtenidas principalmente en excavaciones a cielos abierto y destinadas principalmente a la exportación.
Mientras, la generación termoeléctrica de carbón ascendió a 1.369,5 MW en 2016.
Brasil produce unos ocho millones de toneladas de carbón al año y opera 21 turbinas termoeléctricas con el mineral que generan 3,71 millones de kilovatios, equivalentes a 2,27 por ciento de la capacidad instalada nacional.
En 2015, México produjo unos 7,25 millones de toneladas anuales, el nivel más bajo de los últimos años debido a que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha contraído la compra del mineral.
En paralelo, la generación carboeléctrica totalizó 30.124 millones de MW/h en 2015, 34.208 millones en 2016 y 24.274 millones en 2017 proveniente de tres plantas de CFE.
Chile pertenece al lote de los mayores generadores termoeléctricos de la región, con un parque a carbón constituidopor 29 unidades eléctricas que aportan 14.291 MW, equivalentes a 61,5 por ciento de la capacidad instalada nacional.
Carlos Rittl, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de organizaciones ambientales brasileñas, criticó aquí que su país carezca de una política clara hacia el carbón.
“Hay metas de energía renovable para 2030, pero se sigue subastando capacidad eléctrica para combustibles fósiles y se construyen plantas termoeléctricas. No hay un vínculo entre la agenda energética” y las metas voluntarias de reducción de gases contaminantes de Brasil, subrayó Rittl.
El ecólogo brasileño es uno de los 20.000 asistentes, entre delegados gubernamentales, académicos, de la sociedad civil, organismos internacionales y empresarios, a la COP 23.
La GCEL incorpora 88 por ciento de la producción mundial de carbón y 86 por ciento de la capacidad termoeléctrica instalada con base en el mineral.
Además, la base de datos identifica 225 compañías que planean la expansión de la minería del carbón y 282 que proyectan más plantas eléctricas.
De las 328 empresas mineras enlistadas, 30 cargan con más de la mitad de la producción mundial de carbón y de las 324 operadoras termoeléctricas, las mayores 31 poseen más de la mitad de la capacidad instalada global.
La campaña busca que los inversionistas retiren los fondos del sector carbonífero, a modo de cancelar nuevos proyectos y clausurar progresivamente los vigentes.
Colombia posee reservas carboníferas por 16.540 millones de toneladas. Mariana Rojas, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente del país, reconoció ante IPS la dificultad de abandonar ese fósil.
“Se trabajan diferentes estrategias para los diferentes sectores. Queremos incentivar el incremento de las renovables en la matriz energética, ha habido más competitividad por los bajos precios de las renovables. Pero no podemos llegar y sacudir a todos los sectores”, declaró la funcionaria.
El carbón quedó fuera del impuesto al carbono creado por la reforma tributaria de diciembre de 2016, prueba del poder de esa industria.
El informe “El carbón de Colombia: ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Minería, comercio global y cambio climático”, elaborado en 2015 por el no gubernamental Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, ya alertaba de que en el país andino se proyecta mantener la explotación minera de carbón hasta al menos 2079.
Brasil ya autorizó al menos otra planta en construcción por 340 MW, pero hay avales para al menos seis instalaciones más para generar 804 MW.
México afronta una situación similar, pues los permisos mineros vigentes expirarían a 2062 sobre reservas que superan los 700 millones de toneladas.
La estatal CFE de ese país ha recurrido desde 2015 a subastas electrónicas de carbón, para controlar el abastecimiento de más de dos millones de toneladas anuales y regular la actividad.
Schuecking, de Urgewald, instó a cerrar el grifo financiero a esos proyectos. “Un alejamiento veloz de las inversiones para el carbón por el sector financiero no es solo una cuestión de evitar activos devaluados, sino también de mantener un mundo habitable”, pidió.
Alemania ya le puso fecha de caducidad a ese material -2018-, mientras Canadá ya anunció que en 2030 dejará de quemarlo e Italia se comprometió a hacerlo en 2025.
“El primer paso es eliminar los subsidios al carbón” y redirigirlos a energía solar y eólica, propuso Rittl.
Fuente:https://www.nodal.am/2017/11/la-mineria-carbon-sigue-expandiendo-contaminacion-america-latina/
Los residuos de la minería dejan comunidades contaminadas
La explotación ilegal de oro con componentes químicos es la principal causa de la contaminación de los ecosistemas en las comunidades del norte de La Paz.
Se realizará un censo a centros mineros para poder acabar con el tráfico de este metal, informó el director del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senerecom), Víctor Maldonado.
La representante de las comunidades afectadas por la minería Margarita Aquino anunció medidas de presión para reclamar al Gobierno por el daño ambiental que genera la minería y que éste frene su producción.
El ministro de Minería, César Navarro, indicó que con el dinero que otorga la minería se debe generar una respuesta ambiental para contrarrestar estos daños.
Fuente:http://www.atb.com.bo/seccion/econom%C3%ADa/los-residuos-de-la-miner%C3%ADa-dejan-comunidades-contaminadas
Continúa inconformidad por instalación de fábrica de cianuro en Gómez Palacio
Continua la oposición por parte de habitantes de la comunidad del Siete y del ejido Dinamita municipio de Gómez Palacio y del Comité de Pueblos y Comunidades por la Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, por la instalación de la compañía dedicada a la fabricación de cianuro de socio «Chemours Company».
Genaro Sánchez, habitante del Siete detalló que ante la insistencia de la compañía por instalarse en la Comarca Lagunera y de la complacencia de las autoridades se han visto obligados protestar y manifestarse contra estas decisiones que ponen en riesgo la integridad física del pueblo.
Dijo que el pasado 28 de octubre se llevó a cabo el primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio donde se expusieron las consecuencias ambientales ya que el proyecto de Chemours Laguna contempla la producción de más de 60 toneladas de cianuro de sodio cada año.
Por otra parte aseguran que han sido amenazados por personal de esta empresa con ser despojados de sus viviendas y del territorio que ocupan más de mil personas en comunidades como el 7 y el Ejido Dinamita.
Expuso que hace seis meses La Red Mexicana de Afectados por la Minería, en el centro del país, informaron que el Proyecto San Luis que llevaría a cabo la empresa química The Chemours Company consistía en instalar en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, una planta para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, el cual luego de las manifestaciones de los pobladores fue cancelado de manera definitiva por lo que esperan esto pueda replicarse para la Comarca Lagunera.
Fuente:https://laguna.multimedios.com/laguna/continua-inconformidad-por-instalacion-de-fabrica-de-cianuro-en-gomez-palacio
Desestimadas alegaciones de Berkeley sobre impacto ambiental de mina uranio
España.- La Audiencia Nacional ha desestimado las alegaciones previas presentadas por la empresa Berkeley al recurso de grupos ecologistas contra la declaración de impacto medioambiental de la mina de uranio, proyectada en la localidad salmantina de Retortillo.
El auto judicial al que ha tenido acceso Efe se ha notificado después de que la empresa australiana presentara el pasado 22 de septiembre alegaciones contra un recurso de abril de 2016 de Ecologistas en Acción y Equo, que consideran que la declaración de impacto medioambiental no incluye que el proyecto puede ser nocivo al dedicarse al procesamiento del uranio y a ser un almacén de residuos radiactivos.
En el documento de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, los magistrados consideran que las alegaciones planteadas por la empresa son «idénticas» y una «mera reiteración» de las presentadas -y también ya desestimadas- por la Abogacía del Estado y que iban en la misma línea: pedir a la Audiencia Nacional que no admitiera el recurso de los ecologistas.
Además, la Audiencia Nacional advierte de que «las costas del incidente se impondrán a la codemandada Berkeley» y de que no cabe recurso a esta decisión.
La empresa hacía hincapié, según han revelado a Efe fuentes jurídicas, en que la declaración de impacto medioambiental era firme y no podía ser recurrida ante los tribunales y, al mismo tiempo, negaba legitimidad a Equo para personarse en la causa.
Los grupos ecologistas han celebrado la decisión y han considerado que la Audiencia Nacional les ha dado «la razón», lo que en palabras del coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, supone «un paso más en el trabajo» para «demostrar todas las ilegalidades en las que incurre este proyecto».
En declaraciones a Efe, López de Uralde ha calificado esta mina como «la mayor agresión ambiental que está sucediendo ahora en España», y ha recordado que «el defensor del pueblo de Castilla y León ya emitió un informe en el que reconocía que el estudio de impacto medioambiental de esta mina no cumple las condiciones necesarias».
Por su parte, la empresa Berkeley se ha mostrado confiada en que la Audiencia Nacional aceptará la declaración de impacto medioambiental y rechazará los argumentos que Equo y Ecologistas en Acción incluyeron en sus recursos al proyecto.
A través de un comunicado, Berkeley ha considerado que este órgano judicial «aún no se ha pronunciado» y ni siquiera ha admitido a trámite el recurso de los ecologistas, sino que se limitó a pedir «alegaciones previas» que, según su criterio, es lo que ahora ha desestimado.
Por esta razón, la empresa cree que existen «fundamentos más que suficientes» para confiar en que la Audiencia Nacional desestimará la demanda realizada por Ecologistas en Acción y Equo contra el proyecto de la mina de uranio a cielo abierto en la localidad salmantina de Retortillo.
El presidente del PP de Castilla y León y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado al cumplimiento de la legalidad y los trámites preceptivos: «si se cumplen los trámites normales y de otro tipo dentro de la normativa europea, estatal y autonómica, no hay nada más que decir», ha resumido. EFE.
Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20171122/433085590114/desestimadas-alegaciones-de-berkeley-sobre-impacto-ambiental-de-mina-uranio.html
Campesinos de Chiapas se oponen a 21 proyectos mineros en la Sierra Madre (Animal Político)
Los campesinos del sur de Chiapas que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.
Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.
Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 mil habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.
En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.
En esa región de reserva existen 51 mil hectáreas que podrían ser afectadas por proyectos, ya aprobados por el gobierno de México, que promoverían la apertura de 21 minas para la extracción de titanio. De esas 21 concesiones, tres ya han sido activadas y son el motivo de un intenso enfrentamiento entre opositores a la minería y las empresas que extraen el mineral.
Hoy, en los puntos estratégicos donde se instalará la logística minera, se han ido montando campamentos de lugareños —campesinos en su mayoría— opositores a ese plan de desarrollo económico empresarial para la región.
El Triunfo abarca desde zonas altas hasta parajes costeros. Es una región de más de 119 mil hectáreas que fue decretada como Reserva de la Biósfera para proteger, según el gobierno, el bosque de niebla que es el más diverso del Norte y Centroamérica, y “el ciclo hidrológico de las cuencas y la selva tropical húmeda del Soconusco”.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Violeta Galicia, especialista en análisis de la minería en Chiapas, identificó anomalías graves sobre la actividad minera en general dentro de El Triunfo: dijo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) “se encuentra en una situación difícil”, porque las concesiones mineras han sido aprobadas por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano y, hasta el momento, “no existe una postura clara” de parte de esa institución —la Conanp— que se encarga de cuidar las áreas protegidas del país.
En su investigación Cartografía del deseo en Chiapas: entre la conservación y el extractivismo, Violeta Galicia narra que trabajadores de la Conanp reciben “presión” de funcionarios de las altas esferas de esa institución, que están “posiblemente coludidos con los intereses mineros”.
Mongabay Latam pidió la versión de la Conanp y hasta el momento la dependencia solo ha contestado que su respuesta está en trámite. También se buscó a las mineras para conocer su postura sobre los conflictos que hay entorno a sus proyectos, pero hasta el cierre del reportaje (y tras su publicación original) no obtuvo respuesta alguna.
En opinión del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) en Chiapas, Amado Ríos, el permiso de exploración y explotación concedidos a El Puntal se dio para extraer en bruto la materia prima y llevarla a otro lado para obtener el titanio, con lo cual, la dependencia da por hecho que la mina Casas Viejas no contaminará la zona.
La investigadora Violeta Galicia identificó que la minería en El Triunfo afectará la captación de agua y el drenaje hídrico natural, con lo cual cambiaría el flujo de las filtraciones “alterando la calidad del agua debido a una contaminación por sedimentos y residuos de la actividad minera”.
Cuando los campesinos notaron la contaminación en sus ríos y detectaron varios tipos de enfermedades entre sus comunidades, crearon el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) para sacar la minería de El Triunfo y se integraron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), una organización que trabaja en todo México y que ha seguido de cerca las amenazas que rondan a ese movimiento de resistencia.
Cuando el pueblo se enfermó
Los pobladores inconformes tienen claro cuáles son los problemas de contaminación y salud que los afectan, pero muy poca información sobre las empresas responsables.
La organización Impunidad Cero —que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— documentó que no existe en el país un reglamento o norma con los criterios para otorgar las concesiones, y la Semarnat y la Secretaría de Economía no publican detalles de los proyectos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló en 2016 que “los expedientes de cada concesión solo pueden ser consultados por quien acredite interés jurídico o a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Por lo tanto, los pobladores tienen muy pocos nombres de las empresas que explotan recursos naturales en El Triunfo.
El Grupo Minero Male tiene una página web donde describe su misión en El Triunfo. “Queremos utilizar de manera sustentable el mineral que ahí existe. No haremos pozos, no dinamitaremos, no haremos túneles, no utilizaremos agua de enfriamiento, no haremos grandes movimientos de tierra”, señala la empresa.
También habla de los beneficios que entregarían a la región: “Generar empleos, programas de interés social, ofrecer a las nuevas generaciones otras oportunidades de trabajo, evitar la migración de la gente, evitando así peligros y pérdidas para las familias chiapanecas, impulsar el desarrollo económico y cultural de toda la región”, son las promesas que anuncia el Grupo Minero Male en su website.
Y son esos compromisos los que hace alrededor de 12 años transmitieron a los habitantes de Acacoyagua y que sirvieron para convencerlos, según recuerda Luis Rojas. “Nos dijeron cosas maravillosas, muy hermosas. Todos los ejidatarios quedamos impresionados de todo lo que nos iban a dar a cambio de que les diéramos el permiso de el paso”, contó el profesor.
Pero hoy, los lugareños que en un principio estuvieron de acuerdo, se oponen francamente al desarrollo de proyectos mineros en las inmediaciones de sus comunidades, argumentando que tanto su salud como el medio ambiente se han visto gravemente afectados.
En Acacoyagua abundan las versiones sobre mortandad de peces, proliferación de enfermedades en la piel y aumento en la incidencia de cáncer en la región.
En la casa de Luis Rojas Nomura, quizá la voz con más peso dentro del grupo por su capacidad de organización y decisión dentro del movimiento, se habla de un hecho que marcó los acontecimientos recientes. Se trata de la historia de un joven sordomudo llamado Filigonio León que cada día iba al río Cacaluta a nadar por las mañanas. El chico sufrió una enfermedad en los ojos que lo llevó hasta la ceguera.
En Ciudad de Guatemala, cuenta Luis Rojas, un oculista les dijo que la causa de la tragedia fue la exposición al agua contaminada y aunque no tienen pruebas científicas para probarlo, la comunidad culpó a la minería de eso y más.
“Desde ahí comenzó la inquietud y unos compañeros de Escuintla (municipio aledaño) se presentaron en la casa ejidal y coincidió con la llegada del representante minero del Puntal, hace dos años. Ellos dieron a conocer la situación y cuando les tocó participar, la gente dijo ‘no queremos nada de minería’”, contó el profesor en entrevista con Mongabay Latam.
Los expertos de la organización defensora de derechos humanos, Otros Mundos, detectaron enfermedades de la piel causadas por el agua potable, encontraron que el agua de los pozos tiene capas de grasa, que el contacto con el agua de los ríos causa comezón, resequedad, agrietamiento, ronchas y manchas en la piel. También enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos.
“Se ha observado un aumento de cáncer en el colon, el estómago, el hígado y los riñones. Datos del médico local, Juan Velázquez, afirman que la tasa de muerte por cáncer en el ejido Cacaos —en las inmediaciones de El Triunfo— subió del 7 % al 22 % entre el 2005 y el 2015”, informó Otros Mundos. Son datos que coinciden con la llegada de las mineras a El Triunfo.
De acuerdo con Impunidad Cero —organización que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— no hay aún investigaciones científicas que comprueben los problemas de contaminación y salud en la región. Por eso la investigadora Sandra Moreno Andrade, de la Universidad de Ciencias y Artes (en Chiapas), está buscando financiamientos para saldar este pendiente con la población afectada.
Mientras tanto, la población que se opone a las operaciones mineras en la reserva de biósfera ha elaborado una lista de exigencias que ayudaría a reducir la tensión: solicitan que se realice un estudio toxicológico para averiguar el vínculo entre la actividad minera y el aumento de los casos de cáncer; que se elaboren estudios geológicos para identificar los posibles niveles de radiación en las fallas de extracción de ilmenita; y que se desarrollen estudios de calidad del agua para reconocer los niveles de contaminación de los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María.
Bajo esas exigencias es que nació la oposición que comenzó hace dos años con marchas, mesas de trabajo entre la población y las autoridades, y visitas constantes al municipio. Fue así como lograron que las autoridades de Acacoyagua aceptaran firmar un documento en agosto de 2017 que declara a ese municipio libre de minería durante el actual periodo de la municipalidad, que termina en 2018.
Una copia de ese documento está cubierta con un plástico y cuelga de uno de los parlantes de la carpa del campamento permanente ubicado en el ejido Jalapa. Solo eso. En la práctica no tiene otra utilidad porque la minería sigue.
Fuente:http://www.animalpolitico.com/2017/11/chiapas-campesinos-proyectos-mineros/
INVITACIÓN. Lanzamiento Libro y Conversatorio «Minería, Violencia y Criminalización en América Latina»
Estimadas y estimados amigos,
Les dejamos invitación a participar del Lanzamiento del Libro y Conversatorio «Minería, Violencia y Criminalización en América Latina», que se llevará a cabo el día 23 de noviembre a las 6 pm en Calle 37 Nº 15 – 40, Bogotá, Colombia.
Participaran como ponentes:
– Diana Murcia, de la Universidad del Bosque
– Milson Betancur, de la Universidad Nacional de Colombia y Censat Agua Viva
– Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca – Cosajuca
– Asocomún Fortaleza de la montaña
Dudas e información, escribir a minerí[email protected] o a [email protected]
Aumenta el tono de la discusión por Santurbán
El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, intentó este miércoles bajarle el tono a la creciente indignación nacional sobre la posibilidad de que se desarrolle un proyecto minero en el páramo de Santurbán, entre Santander y N. de Santander.
“No hay ninguna actividad, ni proceso de licenciamiento de ningún proyecto en área de páramo” fue su declaración, a decir verdad, ciertas en el estricto sentido de la palabra.
El proyecto Minesa no se encuentra en área de páramo, sino en zona de bosque alto andino, sobre los 2.640 metros sobre el nivel del mar, y por fuera de la línea de protección trazada por el Gobierno en colaboración con el instituto Von Humboldt, que dice que inicia a los 3.100 metros.
Sin embargo, este factor no es el tema de fondo de la protesta que se viene elevando hace dos semanas en el país, cuando el ministro de Minas, Germán Arce, confirmó las intenciones de Minesa en la región, tras una visita a los jefes del fondo Mubadala, árabes dueños del proyecto minero.
“Es que una cosa es lo que ellos (Gobierno y Minesa) dicen que está por debajo de la línea de páramo, pero el agua hace parte de un sistema. Porque el páramo, como tal, no es nada sino que hace parte de un ecosistema”, aseguró a EL COLOMBIANO Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga que se ha convertido en la cabeza visible de la oposición a la minería en la zona de Santurbán.
El mandatario decidió arremeter contra el presidente, Juan Manuel Santos, a quién le envío cinco preguntas sobre el futuro de este proyecto.
“Debajo de la línea, si usted derrumba la composición del terreno, va a derrumbar toda el agua que llega. Entonces es como decir que en un cuerpo, la cabeza es páramo y de ahí para abajo no”, explicó Hernández.
Voces contrarias
Al tiempo que el Minambiente intentó echar agua al fuego de la indignación, aprovechó para criticar al alcalde. “Las afirmaciones del señor alcalde no tienen ningún asidero en la realidad. Realmente son afirmaciones irresponsables y desinformadas”, ya que el Gobierno “ha garantizado la protección del agua de los colombianos”, dijo.
Murillo echó mano de los 23 páramos que han sido delimitados en el Gobierno para resaltar que “el país puede tener la tranquilidad que no se va a hacer ni se está haciendo minería en páramos, porque está prohibida, porque tenemos un compromiso con la protección del agua”.
Sin embargo, no se refirió a la preocupación de fondo, que es la interconectividad del agua en todo este ecosistema.
“El páramo no puede reducirse a una simple cota en metros sobre el nivel del mar; es una unidad biogeográfica”, explicó Erwing Rodríguez-Salah, miembro del Comité Cívico del Páramo de Santurbán, que recalcó que “existe el superpáramo, el páramo, el subpáramo, el bosque alto andino, bosque bajo andino y las zonas de amortiguación, elementos que son interdependientes por lo cual no se puede pretender intervenir uno de ellos sin considerar la afectación de los demás”.
Entre las declaraciones cruzadas existe una realidad y es que en el momento, la delimitación de Santurban, que demoró años en hacerse y se conoció en 2014, no se encuentra vigente.
Un fallo de la Corte Constitucional, en respuesta a una tutela que argumenta que no se tomaron en cuenta a todas las voces involucradas en el momento de trazar la línea, exige que dentro de un año se surta nuevamente el proceso de concertación y se expida una nueva delimitación.
Lo que sigue
¿Qué va a pasar con el proceso de licencia ambiental que para Minesa no está aún muy claro? Los tiempos indican que en los primeros meses de 2018 la Anla debería tomar una decisión, aunque el Ministro dice que habrá primero acatar la revisión pedida por la Corte.
“Esta es una decisión eminentemente técnica. Sin embargo, no se tomará ninguna decisión de licenciamiento de este proyecto hasta tanto se surta el proceso de revisión del páramo de Santurbán-Berlín”, subrayó, y agregó que se contará con el acompañamiento de la Procuraduría para garantizar la transparencia y participación ciudadana.
Asimismo, aseveró que la Anla creará un Comité de Expertos nacionales e internacionales para realizar el acompañamiento y seguimiento al proceso licenciatorio.
No obstante, el fallo del alto tribunal podría virar la forma como se había estado tomando las decisiones en Santurbán, pues podría abarcar dentro de los involucrados a los habitantes de Bucaramanga, que se surten del agua que produce el páramo.
Así lo explicó Rodríguez-Salah, uno de los accionantes, al aclarar que la delimitación original vulneró los derechos de los bumangueses. Sobra decir que este argumento dictaría un precedente importante para las delimitaciones hechas, pues abriría el espectro para que otras comunidades distintas a las que viven en territorio de páramo tengan voz y voto en estos territorios.
Más aún porque el alcalde Hernández enfiló energías en busca de un asiento para su ciudad en la mesa de la Anla, que ya anunció que estudia la posibilidad.
De conseguirla, conseguiría cambiar el discurso de la política de páramos y de paso, podría un gran asterisco sobre los logros en la materia hasta la fecha.
Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/aumenta-el-tono-de-la-discusion-por-santurban-MC7747385