Peñasquito, filial del corporativo canadiense Gold Corp, es la segunda minera en todo el país que más agua extrae y utiliza para sus procesos productivos, solamente después de Cananea, ubicada en el estado de Sonora, informó Edna María Villarreal Peralta, investigadora de la Universidad de Sonora.

Expuso que en Sonora hay 202 concesiones mineras para extraer agua del subsuelo, de las cuales 116 las posee el Grupo México. Sin embargo, esta empresa acapara 80 por ciento del total del agua en ese estado.

Gold Corp, por su parte, cuenta con 67 concesiones en todo el país, pero de los 55 millones de metros cúbicos de agua que extraen en Zacatecas cada año, 43 millones son extraídos en la minera Peñasquito.

Ello significa que 90 por ciento de la extracción total de agua en la minería se concentra en dos grandes corporativos, en Sonora el Grupo México, y en Zacatecas el corporativo Gold Corp.

“Las cifras son muy preocupantes porque muy pocas empresas tienen concesiones para extraer recursos de tantos millones de metros cúbicos de agua anuales. Estos datos nada más son del permiso que les otorga la Conagua, pero en la realidad no sabemos qué tanto están extrayendo”, expresó Villarreal Peralta.

Comentó también que las empresas mineras asentadas en México utilizan en sus procesos productivos 436 millones de metros cúbicos de agua cada año, equivalente a la cantidad de agua que consumen 11 millones de personas en ese mismo periodo.

Según el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), expuso que en el sector minero hay 417 empresas que tienen alguna concesión para extraer agua del subsuelo en México, todas están agrupadas en 230 grupos empresariales que tienen en su poder más de mil títulos de concesión de volumen por un total de 436 millones de metros cúbicos de agua cada año.

Esa cantidad de agua equivale al abastecimiento al consumo humano de alrededor de 11 millones de personas en el mismo periodo de tiempo, además que en México hay 13 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en sus hogares.

Durante la conferencia “Minería, agua, fondo minero presupuesto participativo e ¿innovación?”, impartida en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Villarreal Peralta manifestó que los estados que tienen mayor extracción de volumen de agua son Sonora, Zacatecas y Michoacán.

La investigadora reiteró que en Sonora se extraen más de 100 millones de metros cúbicos de agua solamente en la actividad minera, mientras que en Zacatecas se extrae alrededor de 55 millones de metros cúbicos.

Precisó que las actividades industriales y agrícolas son las que mayor consumo de agua hacen a nivel mundial y México no es la excepción por su vocación minera, especialmente en Sonora y Zacatecas, entidades donde se presenta la mayor actividad de extracción.

“La extracción minera va de la mano con el uso del recurso natural del agua y no solamente la usa en mucha cuantía, sino que también contamina el suelo y el aire. Ese es uno de los lados negativos que tiene esta actividad”, dijo.

Al respecto, mencionó el caso de Cananea en 2014, donde hubo un derrame de ácido sulfúrico de 40 mil metros cúbicos que hasta el momento ha afectado a 25 mil personas de siete municipios.

■ De 55 millones de metros cúbicos extraídos en Zacatecas, 43 corresponden a Gold Corp: investigadora

■ En México hay 13 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en sus hogares

Fuente:http://ljz.mx/2017/10/24/penasquito-segunda-minera-en-el-pais-que-mas-agua-extrae-para-procesos-productivos/

Chile

COMUNICADO

24 octubre, 2017 Autor: ADEMA.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, encabezado por el Ministerio del Medio Ambiente, ha emitido su pronunciamiento favorable y propone la creación una nueva área protegida para Chile: las Dunas y humedales de Putú, región del Maule, como Santuario de la Naturaleza.

La Agrupación Defensa y Conservación Maule – Mataquito (ADEMA), organización comunitaria auto-gestionada que se enfoca en la protección y valoración del patrimonio natural y cultural de la zona costera entre los ríos Maule y Mataquito, recibe con el mayor afecto, satisfacción y compromiso la noticia sobre la declaratoria de las dunas y humedales de Putú como Santuario de la Naturaleza.
Este es un ansiado momento que refleja el continuo y enérgico trabajo dedicado desde la organización y la comunidad en general para enfrentar la amenaza minera y construir una propuesta conjunta de área protegida como el anhelado santuario de la naturaleza para nuestro presente y futuro.

Ante esto, queremos declarar:
La franja costera entre los ríos Mataquito al Norte y Maule al Sur, constituye un complejo de dunas y humedales de alto valor socio ambiental que permite el equilibrio de ecosistemas básicos para la vida silvestre y el desarrollo de actividades humanas.
– El complejo de dunas abarca más de 14.000 HA. Las dunas son producto de la sedimentación de origen volcánico arrastrada durante siglos por los ríos y depositadas en el Océano Pacifico. Posteriormente emergen y se acumulan en forma de dunas por la predominante corriente de Humboldt y el viento Sur Oeste característico de la zona.

– Los humedales, son fuentes de vida, los cuales son reservorios de aguas, que provienen principalmente de cursos de aguas que nacen en la cordillera de la costa.
Abarcan más de 2000 hectáreas y han sido identificadas más de 120 especies de aves entre residentes y migratorias según los datos obtenidos desde Censos registrados en la plataforma E-Bird, y además alberga la última orquídea descrita para Chile (Bippinula Gabrieli). Los humedales son parte del circuito de aves migratorias de Importancia Internacional como sitios IBAs – Bird Life International.

El año 2005, tiempo en que la Corporación Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) ordenaba las temáticas ambientales, junto a la Universidad Católica del Maule, se desarrolla e ingresa un expediente técnico para la declaratoria de los humedales costero como santuario de la naturaleza. Desgraciadamente, ese proceso no prosperó, y quedo archivado en dependencias de la Institución.
Durante el año 2009 se conocieron los intereses de una empresa Australiana para explotar las dunas, a través de mecanismos ionizados para extraer hierro concentrado.

Desde ese momento, la comunidad se organizó y movilizó para enfrentar la amenaza desde una manera informada. Así, se sucedieron una serie de acontecimientos civiles, jurídicos y sociales, que dan forma y son antecedentes del conflicto socio ambiental que la comunidad del Maule costa aborda.
A mediados del año 2013, luego de la llegada e instalación de 12 contenedores de faena minera en las Dunas de Putú, se ingresa un Recurso protección en la Corte de Apelaciones de Talca, en el cual solicita que: se paralicen las actividades y se le obligue a ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental. Lamentablemente al año siguiente, este recurso fue rechazado por el poder judicial regional, lo que nos obligó acudir a la instancia superior.

Es por eso que en Agosto del 2014, La Corte Suprema de Justicia de Chile, máximo órgano jurisdiccional dentro de los tribunales integrantes del Poder Judicial chileno, y luego de hacer sus indagaciones – RATIFICA el valor patrimonial del territorio, destacando la riqueza ambiental, arqueológica, turística, histórica y de biodiversidad presente en las dunas y humedales. Y con ello, la Corte Suprema SENTENCIA que: la empresa (Inversiones Aconcagua S.A.) no puede realizar obras de ningún tipo sin ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental…sin duda una batalla ganada en la lucha por la protección de nuestro patrimonio.

Durante todos estos años, es que la Agrupación se ha mantenido trabajando en conocer y entender los procesos propios de los ecosistemas de dunas y humedales, para luego también comprender los procesos institucionales que rigen a las legislaciones ambientales en Chile.

Tenemos la convicción de que informando a la comunidad, se pueden tomar decisiones en conjunto para construir el futuro que queremos. Así, la educación ambiental, es un pilar fundamental para que nosotros y las generaciones venideras comprendan y valoren las características del lugar que tenemos y lo que soñamos para el futuro, para lo cual ha sido un eje central de las diversas actividades que llevamos en la costa de la región del Maule.
Desde el año 2013, la Agrupación conmemora el Día Mundial de los Humedales con el Encuentro Abraza Tu Tierra que se desarrolla en la plaza de armas de Putú reuniendo por un lado, nuestras tradiciones gastronómicas, artísticas y musicales con actividades recreativas, deporte y vida saludable y especialmente con visitas educativas al complejo de humedales. Esta actividad se ha posicionado como un hito en el verano putugano, y nos permite celebrar un ambiente diverso en recursos naturales y nos da fuerza para seguir con esta lucha.

Hemos participado desde los comienzos en los Comités regionales de humedales, hemos asistido a reuniones y medios de comunicación con un claro mensaje de protección y conservación de las dunas y humedales. También hemos participado de diferentes seminarios, charlas y conferencias, en donde hemos tenido la oportunidad de compartir con otras comunidades próximas a humedales. Últimamente, nos enfocamos en dar a conocer las virtudes que el turismo comunitario, turismo sustentable, turismo ecológico y/o agro turismo entregan como oportunidades para que los territorios definan sus potenciales económicos y se desarrollen de manera armónica con un área protegida. Los productores locales, y las prácticas que existen en Putú y sus alrededores, son consecuencia de generaciones emplazadas en el territorio, y son parte de las tradiciones y patrimonio que este tipo de sitios brinda a la sociedad.

Un pilar primordial en el trabajo de ADEMA, es y será el promover en la comunidad residente y visitante, las bondades de la biodiversidad y las posibilidades que el turismo pueda brindar para el desarrollo de la zona. Ser un soporte para que la comunidad tenga una voz inclusiva en la toma de decisiones locales y se empape de su identidad – propia de sus habitantes, esa identidad que reconoce a las personas de esta zona de dunas, arenales y humedales.

Consideramos este paso como un triunfo de la comunidad organizada. Sin dudas esto es fruto del trabajo realizado por la comunidad junto al soporte de ADEMA y las organizaciones sociales que nos han apoyado, con quienes de manera constante hemos desarrollado un trabajo arduo de información y diseminación.

Con la mayor humildad y sincera felicidad recibimos esta noticia, que tanta satisfacción nos brinda y esperamos que sea una nueva energía para el desarrollo armónico de nuestra localidad.

Queremos compartir gran saludo y agradecimiento a todos los que hicieron de esta propuesta una cruzada personal y colectiva; gracias también a todos los que han soportado el actuar de la organización durante los últimos años…Y, hoy con entusiasmo podemos afirmar que: ¡¡¡las dunas y humedales de Putú son santuario de la naturaleza!!!

Colombia

Avance en consulta contra la minería en San Vicente de Chucurí

23 octubre, 2017 Autor: Vanguardia.com

Pasos lentos pero contundentes está dando la consulta popular contra la minería en San Vicente de Chucurí. Este podría convertirse en el cuarto proceso que se aprueba en Santander, luego del que se adelantó en Jesús María y Sucre y el que se avecina en El Peñón.

Consuelo Acevedo, integrante del comité promotor de la consulta popular, confirmó que ya la Registraduría avaló las más de 4.000 firmas presentadas para su aprobación y que el informe llegó hasta el Concejo de San Vicente de Chucurí.

“Hace dos semanas llegó la certificación del informe financiero por parte del Consejo Nacional Electoral. Con este documento listo, lo que sigue es que el Concejo discuta la solicitud de consulta popular y emita el concepto, que puede ser favorable o desfavorable”, dijo Acevedo.

El debate se debe dar en sesiones ordinarias, que para el caso de esa corporación edilicia inician el próximo primero de noviembre.

“El Concejo tiene 20 días, una vez inicien las sesiones ordinarias, para dar debate a este proyecto. Luego el trámite quedará en manos del Tribunal Administrativo de Bucaramanga”, comentó la vocera.

Además, Acevedo reconoció que el comité promotor de la consulta gestiona aún el apoyo de la Alcaldía de San Vicente de Chucurí, que es vital para avanzar en este tipo de procesos.

¿Qué se consultará?

En San Vicente de Chucurí la consulta popular busca la opinión de los ciudadanos sobre si están de acuerdo en que se realicen actividades mineras en el municipio, a excepción de la minería tradicional.

Sobre su alcance, el abogado Jorge Negrete, consultor legal ambiental de las comunidades en proceso de defensa de su territorio, dijo que los resultados tienen efectos hacia el futuro, según los pronunciamientos que sobre el tema ha dado el Consejo de Estado.

“Lo que los resultados de la consulta no puede afectar son los proyectos que ya tienen título minero o contrato petrolero y licencia ambiental, porque estos contratos mineros o petroleros no son un derecho adquirido sino una expectativa que se consolida cuando hay una licencia ambiental aprobada. El derecho a explorar en minas e hidrocarburos se gana con el título más la licencia”, indicó el jurista.

‘Tumbar’ consultas

Una vez se inició la ‘avalancha’ de consultas populares en Colombia para prohibir la minería en ciertos territorios, han surgido otras estrategias para dejar sin piso estos mecanismos de participación ciudadana.

Una es la ley estatutaria, para hacerlas inviables en el tema de minería e hidrocarburos. Otra es demandar los acuerdos municipales a los cuales se deben elevar los resultados de la consulta o demandar los acuerdos autónomos en defensa del patrimonio ecológico (van 16 en el país), según dijo el abogado Rodrigo Negrete.

Fuente:http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/413413-avance-en-consulta-contra-la-mineria-en-san-vicente

Mexico

Olvidada la investigación de asesinato de activistas

23 octubre, 2017 Autor: Paloma Sánchez, El Heraldo de Chihuahua.

Hoy se cumplen 5 años del fallecimiento de Ismael Solorio y Manuelita Solís, quienes fueron asesinados por estar en contra de la explotación irracional del agua y la no instalación de una empresa minera en el ejido de Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, por lo que se ofició una ceremonia conmemorativa en la que se exigió se resuelva el doble crimen que permanece impune y se denunció que la carpeta de investigaciones tiene un año de estancamiento.

Durante la ceremonia en la que se realizó un posicionamiento por parte de Gabino, de El Barzón, Chihuahua, y Joaquín Solorio, hermano de Ismael y cuñado de Manuelita, se colocó una ofrenda floral al lado de las pancartas que sostenían los manifestantes en las que se exigía respeto a la vida de los defensores humanos, mientras diferentes voces clamaban al grito de “¡Justicia!”, en repetidas ocasiones.

Además, se manifestó Felipe Pinedo, representante de la coordinadora nacional Plan de Ayala con sede en Zacatecas, quienes se posicionaron en contra de la devastación que provoca la explotación minera en México.

En la región del municipio de Cuauhtémoc el 22 de octubre de 2012, fueron asesinados por la lucha que habían venido encabezando al lado de su comunidad en defensa del agua y de su territorio, particularmente por el tema de oponerse a que en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, se instalara la minera canadiense Mag Silver con método de explotación a cielo abierto, y que por decisión de la Asamblea de Ejidatarios de Benito Juárez, se restringió por un periodo de 100 años la intervención de cualquier empresa minera en exploración o explotación.

Gabino Gómez, líder barzonista, durante su mensaje destacó que a pesar de que se tiene claridad de quiénes son los responsables tanto materiales como intelectuales, no ha sido detenida ninguna persona que responda por este crimen y destacó la vocación agrícola del lugar.

“El ejido se ha distinguido por ser un alto productor de alimentos para el beneficio de los consumidores de México, es decir, que ha sido el motor económico de la región. La comunidad ha sido un activo participante en las luchas para mejorar las condiciones del campo mexicano, por eso no se permitirá que los integrantes de la comunidad sean despojados de sus tierras por la industria minera”, destacó.

Hoy continuará el programa de actividades conmemorativas por la pérdida de Ismael Solorio y Manuelita Solís en el municipio de Buenaventura, donde se celebrará la Santa Misa en recuerdo luctuoso, además de una cabalgata y tractorada para depositar la ofrenda floral en las últimas moradas de los defensores derechohumanistas, y una exposición fotográfica en el Salón Ejidal.

“Principalmente nos interesa y hemos invitado a un grupo de compañeros que se encuentran aquí con nosotros, que vienen de Zacatecas, donde peor que acá en Chihuahua, porque allá está la mina más grande de Latinoamérica a cielo abierto, en uno de los municipios más pobres del país, en Mazapil, Zacatecas; y que se han organizado en un frente de comunidades en contra de la minería.

“Se encuentran los compañeros Felipe Pinedo, que es dirigente de una de las organizaciones nacionales, la Coordinadora Plan de Ayala, que han venido luchando; y miembros de este frente de comunidades en contra de la minería, a quienes hemos invitado a que vengan a compartir la experiencia de la lucha que han encaminado por las devastaciones que están siendo objeto las comunidades donde se encuentra la Mina del Peñasquito”.

Fuente:https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/729103-olvidada-la-investigacion-de-asesinato-de-activistas

Chile

Canadiense Barrick evalúa cambiar el nombre a Pascua Lama

23 octubre, 2017 Autor: Gustavo Orellana , LA Tercera
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Decidida a reflotar Pascua Lama, el primer proyecto minero binacional del mundo -emplazado en la frontera entre Chile y Argentina- está la canadiense Barrick.

La minera avanza en estudios para reconvertir la iniciativa, al principio ideada con método de producción a rajo abierto, a subterránea, para lo cual avanza en los estudios técnicos. Eso sí, la compañía, que ya castigó la inversión materializada hasta la fecha -y que asciende a unos US$ 5.000 millones- avanzará a la etapa de construcción sólo si esta es técnicamente factible y económicamente rentable.

Pero, además, del rediseño del proyecto, Barrick está trabajando en un posible cambio de nombre del proyecto, entendiendo que la marca, principalmente Pascua -que representa al lado chileno de la iniciativa- ha ido perdiendo valor.

La empresa reconoció que esta es una opción, tal como lo dijera en una reciente conferencia con inversionistas su presidente, Kelvin Dushnisky.

“No lo descartamos. Más importante que el nombre es la voluntad y compromiso de la compañía de diseñar un proyecto que disminuya sus impactos ambientales y sociales de manera darle sustentabilidad y viabilidad”, señalaron desde Barrick de manera oficial.

Respecto a la iniciativa, la firma aseguró estar trabajando en los estudios de prefactibilidad.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/canadiense-barrick-evalua-cambiar-nombre-pascua-lama/

Ecuador

Veredicto de la Audiencia de los Páramos Ruta del Jaguar Cuenca, Ecuador

23 octubre, 2017 Autor: Yasunidos Guapondélig ,

Hoy 12 de octubre, 525 años después de iniciarse la invasión y despojo de Abya Yala, observamos con consternación que las prácticas coloniales asociadas a la minería siguen incólumes y solo se han perfeccionado y tecnificado creando una institucionalidad para seguir afectando a las comunidades rurales y campesinas. Quienes conformamos la Comisión de esta Audiencia, y con base de todos los testimonios y peritajes expuestos, evidenciamos que el desarrollo de los proyectos mineros Loma Larga (Kimsakocha) y Río Blanco han implicado graves vulneraciones y violaciones a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades que en ellos habitan.

En cuanto a la vulneración de los Derechos de la Naturaleza y según los peritajes presentados, inferimos que no existe un cumplimiento estricto de la normativa legal local (ordenanzas), leyes superiores, la misma Constitución y los acuerdos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Evidenciamos que la normativa legal en materia ambiental es obsoleta, desarticulada y que impide la defensa de los intereses del Ecuador, dejándonos vulnerables ante las empresas mineras. En el mismo sentido, encontramos que no se están acatando los principios ambientales, de incertidumbre y de precaución, hecho que se agrava al ser el páramo un ecosistema frágil, con una importante diversidad biológica (riqueza y endemismo de especies) y con funciones ecológicas clave, cuya explotación pondría en riesgo la supervivencia de especies y el desarrollo de procesos biológicos a lo largo de la Reserva de la Biósfera Macizo del Cajas. Pobladores de la zona han denunciado la afección de varios cuerpos de agua como efecto de las actividades mineras durante la fase de exploración avanzada. Los estudios ambientales para la obtención de la licencia ambiental son exiguos y no cumplen con la normativa en el ámbito formal ni en el contenido, por lo tanto, carecen de validez técnica. La ausencia de estudios técnicos integrales sobre el balance y la seguridad hídrica de la unidad hidrogeológica Cañar-Cuenca-Girón amenaza la futura gestión del patrimonio hídrico para las presentes y futuras generaciones.

La imposición de estos proyectos mineros ha generado una miríada de violencias dentro de los territorios. El centro de origen de estas violencias ha sido el Estado, a través de su aparato represor, cuya estrategia ha sido y es provocar a los habitantes de estas zonas, generar conflictos y después victimizarse e iniciar procesos judiciales para amedrentar, dividir y desgastar a los y las defensoras de la vida y del agua. Se ha afectado a la salud de las comunidades y de la naturaleza de una manera completa. La criminalización de la protesta social ha sido frecuente en el gobierno anterior, sin embargo, esta tendencia no ha variado con el cambio de mando en el país. Durante estos días hemos sido testigos de acciones de intimidación, persecución y hostigamiento a las personas de Río Blanco, que llevan 63 días de paro con la empresa minera, por el sólo hecho de negarse a aceptar un “modelo de desarrollo” incompatible con sus formas de vida (ganadería y agricultura), que depreda la naturaleza y agota el agua, que viola los derechos fundamentales y favorece el fraccionamiento familiar y comunitario. Queremos develar la imposición de un camino unívoco, en el cual el disenso está prohibido y es castigado, donde las formas de vida locales son menospreciadas, donde la emergencia de otros lenguajes de valoración es negada de forma violenta y perversa. Asimismo, existe un discurso agresivo que cuestiona y deslegitima las voces opuestas al extractivismo, que se sirve de dispositivos de control social para acallar las asimétricas disputas sociales y ocultar, mediante su aparato de propaganda, las luchas de resistencia comunitarias y de la sociedad civil.

Enfatizamos que de forma constante y permanente, el Estado y sus entidades competentes coartan el libre ejercicio de los derechos, en materia de Participación Social, obstaculizando el proceso de consulta popular en unos casos y, en otros, deslegitimando los resultados obtenidos con una notable mayoría en los territorios aledaños al proyecto Loma Larga. En esta Audiencia se ha desvelado el blindaje institucional y legal que posibilita la corrupción, hemos visto cómo se crea un entramado normativo para favorecer los emprendimientos extractivos en detrimento de los bienes comunes y de la decisión soberana de los pueblos. También hemos corroborado la opacidad estatal, al denegar el acceso a la información a través de trabas burocráticas y técnicas.

Constatamos que en Río Blanco y Kimsacocha se ejecuta el mismo libreto internacional de las empresas mineras que empieza con la división de la comunidad y termina con la criminalización de los líderes detractores de la minería.

Denunciamos que la pregunta de la Consulta Popular sobre el tema de minería no recoge el sentir de la población ni incluye todos los territorios que protegen el agua.

Caso emblemático presentado es el de la minería en plena ciudad de Zaruma, donde distintas instituciones del Estado han violado también el derecho a la ciudad por acción u omisión, destruyendo una ciudad patrimonial y anidando todo tipo de corrupciones.

Establecida la verdad, los pasos iniciales para el resarcimiento de la justicia y la reparación, se plasman en las siguientes resoluciones:

El cese inmediato de hostigamiento, persecución y criminalización a los habitantes de Río Blanco, por parte de personas allegadas a la empresa Junefield, la policía y el Ministerio del Interior.

La liberación inmediata de los miembros de la comunidad de Río Blanco detenidos injusta e ilegalmente. Asimismo la invalidez de las boletas de captura para algunos miembros de la comunidad de Río Blanco. Rechazamos toda la estrategia de las empresas mineras y del Ministerio de Minas de engañar a través de todo el aparato comunicacional.

La eliminación y expulsión de los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco. Iniciar una veeduría integral que incluya la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental, la revisión de los contratos, de las regalías anticipadas, los supuestos procesos de consulta previa, libre e informada efectuada en cada caso, así como la inmediata aplicación del Mandato Minero de rango constitucional.

Exigimos, en coherencia con el Plan Nacional del Buen Vivir, los programas estatales y el proceso de la consulta, se declare la extinción de las concesiones mineras. Asimismo, denunciamos que las actividades mineras en el Azuay son parte de todo el entramado de corrupción que se ha incentivado en el país. Las trasnacionales mineras no se vinculan a temas éticos ni de cumplimiento de la normativa, la corrupción asociada a las mismas es el hecho cotidiano. No existe minería responsable.

La reparación integral de las comunidades defensoras por las agresiones generadas por el Estado y las empresas mineras. La reparación debe incluir el reconocimiento del daño causado, programas de recuperación psicológica provocada por el ingreso de las compañías y sus impactos psicosociales.

La restitución integral de los derechos de la Naturaleza, que incluye la remediación completa de los ecosistemas destruidos y afectados.

Declarar los páramos y fuentes de agua libres de minería y respetar las resoluciones del Concejo Cantonal y el Consejo Provincial. Exigir que se anulen las concesiones mineras en los páramos, el Macizo del Cajas y áreas de bosques y vegetación protectora.
1. Demandamos una consulta real y efectiva a las comunidades y la ciudadanía.
1. El reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en la violación de derechos hoy documentada, para que cumpla su rol de promover, proteger y garantizar los derechos de la población y ejecute las políticas correspondientes de defensa del territorio y sus habitantes, en lugar de apoyar los intereses corporativos transnacionales. Hacemos especial mención a la responsabilidad del Ministerio del Ambiente y de la Defensoría del Pueblo para que cumplan sus obligaciones.
1. La reparación integral incluye además la garantía de no repetición y que los responsables implicados en las violaciones de derechos sean sancionados. Buscaremos todas las instancias nacionales e internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.

Por la defensa de la naturaleza y de los pueblos, la Comisión se declara en sesión permanente y en compromiso para que estas resoluciones sean cumplidas.

Firma la Comisión formada por:

Nidia Solíz

Colectivo Yasunidos

María Cecilia Alvarado

Viceprefecta del Azuay

Isabel Anangonó

Comunidades del Valle de Intag

Arturo Quizhpe

Movimiento para la Salud de los Pueblos

Magaly Quezada

Alcaldesa de Nabón

Bolivia

El avance silencioso de China sobre Bolivia

23 octubre, 2017 Autor: Catapa.be

“En toda la provincia de Nor Carangas se perciben los efectos dañinos de la mina al medio ambiente y a la salud. Las fuentes del río Sallala se han secado. Desde hace varias generaciones nos dedicamos a la crianza de llamas. Es nuestra fuente de ingresos. Sin embargo, si los recursos hídricos desaparecen… el agua es salud, el agua es vida. Estamos muy preocupados por nuestro futuro y no estamos recibiendo ni un centavo de las ganancias.”

Con este conmovedor discurso, Wálter Gutiérrez Calle, de Andapata, (una comunidad en el departamento de Oruro), quiere llamar la atención sobre los problemas que su pueblo empieza a sufrir, causados por la explotación minera de cobre. Ha sido invitado por varias instituciones, que trabajan con el tema de afectación ambiental por procesos extractivos, a un simposio¹ en Cochabamba sobre los derechos humanos, empresas transnacionales y la hegemonía china, para hablar sobre la expansión minera en América Latina.

El municipio de Choquecota, el pueblo de origen de Wálter, está ubicado en una región aislada en la parte occidental de Bolivia, cerca de la frontera chilena. Los habitantes de Choquecota son los indígenas del Suyu J’acha Carangas. Este grupo étnico se dedica a la agricultura a pequeña escala y a la cría de ganado. La cría de llamas es la mayor fuente de ingresos de las comunidades que viven en el inhóspito altiplano. Hace algunos años, el poder del capital chino ha ingresado en la región y amenaza el modo de vida tradicional. La empresa minera D-Cobre S.A. inició sus operaciones de extracción de cobre hace 5 años. Ahora quiere abrir una segunda mina en el límite entre los municipios de Turco y de Choquecota. Es una empresa boliviana, aunque el 70%² de las inversiones provienen de inversores chinos.

Operaciones mineras chinas ocultadas

La región ya está acostumbrada a la minería a pequeña escala, pero nunca ha visto la minería industrial de tales proporciones llevada a cabo por D-Cobre S.A. El primer proyecto ‘Cuprita’ abarca unas 500 hectáreas. La creación de la segunda mina añade otras 900 hectáreas cerca de la comunidad de Andapata, donde vive Wálter. Hasta hace poco, los habitantes del pueblo ni estaban al corriente de las actividades mineras de D-Cobre S.A. en su región. Muchos de ellos se han enterado por primera vez de la minería a gran escala hace tan solo seis meses. En ese momento se puso en marcha el proceso de consulta previa de la población local, como es obligatorio por ley antes de que se abra una nueva mina.

Victoria, una joven activista medioambiental originaria de esta región, explica en una entrevista el orígen de la consulta previa. La empresa minera que se introdujo en la zona en 2012 trabajaba en secreto: “Nadie lo sabía. No era información pública y nunca se ha pedido permiso». En 2014 se adoptó una nueva ley que obliga a las empresas realizar una consulta previa de la población local antes de iniciar nuevas operaciones. “Sin embargo, esta ley no se aplica a las concesiones ya otorgadas en años anteriores, las cuales ya no se pueden retirar”, añade Victoria. Ya que la región está aislada y no hay la presencia de organizaciones independientes que monitoreen el impacto social y ambiental de los proyectos mineros, las empresas en Choquecota pueden proseguir sus actividades sin molestia.

La consulta previa sobre la expansión del proyecto con ‘Cuprita 2’, una segunda mina de cobre a cielo abierto, fue organizado en Andapata, la comunidad de orígen de Victoria. Ella explica que la empresa se aprovecha de la falta de conocimiento de las comunidades acerca de las consecuencias de la minería. “Se está presionando a la población local. Les dicen que tienen que decidir en breve si están a favor de la minería, pero la población no tiene conocimiento previo. Nunca se ha discutido el proyecto en detalle y no han sido informados sobre los efectos negativos que puede ejercer sobre su medio ambiente. Además, dicen que están haciéndoles un favor porque van a traer desarrollo a la región. De este modo intentan engañarlos a la hora de las consultas previas”.

Escasez de agua y contaminación

La minería a cielo abierto tiene un efecto negativo incontestable en el medio ambiente, ya que se crea un tajo en la superficie utilizando explosivos. Además, se hace uso de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para la extracción de cobre. Estas sustancias químicas y tóxicas sirven como imán para atraer las partículas de metal. Muchas veces no se guarda el agua residual conforme a las leyes de seguridad para ahorrar dinero. Cuando aparecen grietas en las presas, grandes concentraciones de los ácidos y los metales pesados se mezclan con el agua subterránea. Esto puede ser mortal para los humanos, los animales y el medio ambiente. Reduce la biodiversidad en la región afectada, perturba la agricultura y conlleva peligros sanitarios tremendos.³

En su discurso, Wálter también evoca el desecamiento de los recursos hídricos. A consecuencia del calentamiento global, los glaciares en los Andes se derriten rápidamente.⁴ Durante la temporada seca, los bolivianos en el altiplano dependen fuertemente del agua de deshielo de estos glaciares. A finales del año pasado, que fue el más seco en Bolivia de los últimos 25 años,⁵ miles de habitantes protestaron en La Paz contra el déficit de agua.⁶ Gran parte del agua que queda es utilizada por la industria minera. Cada día se gasta 10.000 metros cúbicos de agua en la minería. Es el doble de la cantidad de agua utilizada cada día por los habitantes de La Paz.⁷ El gran Lago Popoó ubicado al sur de Oruro, cerca de Choquecota, ya se ha secado completamente. Esto de debe parcialmente al cambio climático, pero tambien a la minería en la zona en cual se usa grandes cantidades de agua.⁸ Se habla poco en Bolivia sobre la minería como una de las causas principales del déficit de agua y no ha sido reconocido como causa de los conflictos sobre el agua por la administración boliviana, que colabora con las empresas mineras.

Luz verde a la expansión a pesar del voto en contra

Victoria y los activistas del colectivo WasiPacha⁹ han organizado un taller en Andapata con el objetivo de informar a la comunidad local sobre las consecuencias de la minería de cobre y sobre los derechos de las comunidades originarias. Tenían la esperanza que este taller reforzara el posicionamiento de los comunarios durante la consulta popular. El taller parece haber alcanzado el objetivo. Durante la última reunión de la consulta previa se rechazó el proyecto definitivamente: “Rechazamos la implementación de proyectos mineros en base a los potenciales daños ecológicos, sociales y culturales que puede causar».¹⁰

A inicios de octubre se ha revelado que, a pesar de que varias comunas han votado en contra del proyecto durante las consultas previas, la expansión de la mina de cobre está siendo aprobada por el ministerio de minería. Conforme a la ley minera de 2014, el resultado de las consultas populares obligatorias no determina la decisión final. Las consultas previas son entonces una mera formalidad que tiene que ser cumplida por las empresas para informar a los habitantes. Uno se puede preguntar sobre el sentido de una consulta previa si el resultado no es vinculante. El ministerio de minería siempre tiene el poder final y defenderá en casi todos los casos los intereses de la industria minera. El gobierno boliviano tiene fuertes vínculos con la industria extractiva, ya que el modelo de desarrollo boliviano se basa en ello.¹¹

Expansión china en América Latina

Los problemas ambientales que surgen en las comunidades J’acha Carangas a causa de la minería china y la violación de sus derechos por las empresas no son únicos. América Latina se ha convertido durante los últimos años en un destino muy importante para los inversores chinos.¹² La expansión china en el continente se extiende cada vez más rápidamente y concierne sobre todo a sectores con efectos negativos en el medio ambiente: hidrocarburos, minería y agroindustria.¹³ En Perú, el 40% de los proyectos mineros son controlados por empresas chinas. En Ecuador, las empresas se dedican a la explotación de petróleo en el Amazonas. Dichos proyectos causan daños a nivel social y ecológico y causan muchos conflictos. Una de las conclusiones del simposio en Cochabamba es: el gobierno boliviano facilita progresivamente la extracción de materias primas por las empresas chinas, por lo que dominan cada vez más el sector minero.

Sin embargo, en Occidente también tenemos una responsabilidad en cuanto a los abusos de la minería de cobre. El cobre es una materia relativamente barata que se usa para el transporte de electricidad en coches, redes de telecomunicación y computadores. Es el principal mineral extraído por las empresas chinas en América Latina,¹⁴ en primer lugar para la producción china de electrónica, destinados a los mercados de la UE.

Fuente:http://catapa.be/es/noticias/el-avance-silencioso-de-china-sobre-bolivia

Perú

Dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reiteran que Minera Río Blanco no tiene autorización de comunidades propietarias para operar

20 octubre, 2017 Autor: Redacción Muqui org.
Conflicto Relacionado: Río Blanco

En el marco del Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” que se realizará día viernes 20 de noviembre desde las 5:30 pm. en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura, se presentará la problemática del Proyecto Río Blanco. Participan de este panel los representantes de las Comunidades y Rondas Campesinas de Huancabamba y Ayabaca, para hacer pública su denuncia sobre la presencia ilegal de la empresa Minera Río Blanco en sus localidades.

La empresa Minera Rio Blanco Copper S.A., subsidiaria de la empresa minera china Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, que está a cargo del proyecto Minero Río Blanco, no cuenta hasta la fecha con las autorizaciones de las asambleas comunales de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas de Huancabamba ni de Yanta de Ayabaca, para realizar actividad minera alguna en tierras de su propiedad. Por el contrario, dicha empresa se ha comportado de manera arbitraria con las comunidades. «Los dirigentes de la zona de influencia han sido perseguidos y se les ha criminalizado por defender las nacientes de agua de los páramos en Piura», afirmó Rubén Jiménez Carrión, presidente de las Rondas campesinas de Ayabaca. Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, además, pagó una reparación civil por el secuestro y tortura de comuneros.

Los dirigentes de las comunidades y rondas campesinas, también, se pronunciarán en torno al proyecto de Proyecto de Ley N° 1910/2017-CR del congresista piurano de la bancada de Fuerza popular Luis López, que busca facilitar la titulación de tierras en Piura, que en el fondo no buscaría favorecer a las comunidades, sino que estaría aprovechando el nuevo marco legal para eliminar las garantías a las tierras comunales, y favorecer con ello intereses económicos, como el de la minería.

El nuevo marco normativo con las Leyes 30230 y 30327, los Decretos Legislativos 1192 y 1333, y el proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso, perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura y de infraestructura, el acceso a propiedad de la tierra con el saneamiento físico legal, incluso convocado a través del recientemente creado APIP a las Asambleas Comunales para tomar decisiones sobre disposición de tierras, afectando la autonomía comunitaria. Ya las comunidades de Piura han emitido un pronunciamiento donde advierten del daño que puede causarle a la propiedad de sus tierras.

Cabe recordar que Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.Durante el Foro se realizará una reflexión alrededor del valor de los páramos y las alternativas de desarrollo sostenible que hay en la región, participando el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, y Martín Scurrah, de RedGe.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/644-dirigentes-de-huancabamba-y-ayabaca-reiteran-que-minera-rio-blanco-no-tiene-autorizacion-de-comunidades-propietarias-para-operar

Brasil

La Amazonia víctima de la explotación minera

20 octubre, 2017 Autor: Natura Hoy.

Este tipo de actividad en la Amazonia siempre ha despertado la preocupación de los grupos ecologistas. Ahora, un estudio de la revista la revista Nature Communications revela que la deforestación es aún más grave de lo que se creía.

A la tierra le están extirpando medio pulmón y, tal y como están las cosas, nosotros diríamos que lo va a echar en falta. ¿La enfermedad? La sobreexplotación de los recursos mineros. El control sobre este tipo de actividad se lleva a cabo, naturalmente, dentro de los límites de la legalidad permitida por el Gobierno de Brasil. El problema es que se ha descubierto que “cerca del 90 % de la deforestación relacionada con la minería se ha registrado fuera de los espacios mineros habilitados por el Gobierno de Brasil”, según han explicado los científicos que han participado en el estudio.

Esto significa que la pérdida de masa forestal fuera de los límites permitidos para la minería duplica a la del área minera del gobierno. En total, un radio de 70 kilómetro de zona deforestada. A ello contribuye toda la infraestructura necesaria para la minería, desde las propias minas hasta las viviendas necesarias para alojar a los trabajadores. Todo opera contra este ecosistema.

La pérdida de los bosques

La Amazonia es uno de los espacios naturales más importantes para el equilibrio del planeta. Como selva tropical, es el hábitat de una gran variedad de especies animales y vegetales, elimina un gran porcentaje del dióxido de carbono mediante la fotosíntesis de sus plantas y regula el clima.

En una situación de alerta climática como la que vivimos, talar árboles de este lugar supone para el futuro de la humanidad lo mismo que supondría para el de un solo hombre sustituir el azúcar por arsénico en el café.

Perú

Sociedad de Minera arremete contra la normatividad ambiental y la institucionalidad del País

20 octubre, 2017 Autor: Mirtha Vásquez (GRUFIDES), Ocmpe

En la famosa conferencia anual de minería, PERUMIN, el grupo de empresarios mineros nuevamente enfiló sus armas contra normatividad ambiental básica de este país, y de paso contra la institucionalidad que, aunque débil, todavía tiene este Estado.

Cuestionaron la aprobación de la Ley 30640, norma que no dispone sino una cosa fundamental, da un plazo de un año a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que desarrolle el marco metodológico necesario para determinar qué es una cabecera de cuenca y cómo delimitarlas. Esta norma viene a ser absolutamente pertinente ya que pese a que las cabeceras de cuenca están estipuladas en el Art. 75 de la Ley de Recursos Hídricos, e incluso el Estado se ha comprometido a su protección por reconocerlas como zonas ambientalmente vulnerables, nunca ha procedido a identificarlas. Esta falta de regulación ha abonado también a los conflictos socioambientales surgidos, pues en todos ellos se discute si los megaproyectos están o no en cabecera de cuenca.

La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se ha manifestado en contra de este proyecto, calificándolo como una seria amenaza para la inversión minera, mostrándose en contra de su aplicación, pretendiendo atentar así no solo contra la normatividad ambiental que este país desarrolla, sino contra la institucionalidad misma, pues cuestionan una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la República y promulgada por el propio Presidente.

Vale la pena recordar que la aprobación de esta norma duró muchos meses, y fue consultada a las autoridades competentes, quienes dieron su anuencia; también se le dio oportunidad al sector minero de opinar, hecho que omitió. Por ello, es inaudito que a estas alturas se pretendan imponer, cuestionando tal Ley y sugiriendo no aplicarla.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=noticias/02/10/2017/sociedad-de-miner-arremete-contra-la-normatividad-ambiental-y-la