El 5, 6 y 7 de julio en la ciudad de Lima nos hemos reunido representantes de 18 regiones del Perú de comunidades, organizaciones sociales, frentes de defensa, instituciones, académicos y diversos colectivos que defendemos el agua de todos los peruanos y peruanas.
Estos días han servido para compartir nuestras diferentes luchas y resistencias, y proponer soluciones y acciones desde los pueblos en defensa de nuestras diversas fuentes de agua: glaciares, páramos, lagunas alto andinas, acuíferos, bosques amazónicos, entre otras.
En este encuentro expresamos y sentimos la necesidad de decirle al país que el agua no sale del caño, sino que hay que mirar río arriba. Debemos recordar que hace apenas unos meses gran parte del territorio nacional fue declarado en estrés hídrico por sequías, ausencia de lluvias.
La gestión del agua ahora es injusta, inequitativa y beneficia a los grandes grupos económicos (empresas). Criticamos al Estado por seguir otorgando concesiones mineras, de hidrocarburos, hidroeléctricas, forestales que ponen en peligro el suministro y la calidad del agua. El Estado debe cumplir con sancionar a los que contaminan y destruyen las fuentes de agua, respetando los derechos de todos los peruanos y peruanas, frente a la contaminación del agua con minerales pesados, uso de agroquímicos, destrucción de bosques, etc.
Muchas de las discusiones han girado en torno a la necesidad del cuidado de nuestras cuencas y principalmente de las cabeceras, hoy en peligro permanente por proyectos extractivos y de trasvases, principalmente para la agroexportación. Todo ello pone en riesgo el agua que se utiliza para la agricultura de subsistencia, así como para el agua potable de las ciudades.
El escenario es complejo y diverso en cada uno de nuestros territorios; con importantes logros en varios casos; resistencias que han logrado paralizar mega proyectos que pretendían destruir nuestras fuentes de agua y que amenazaban los territorios; pero al mismo tiempo se siguen presentando serias amenazas que persisten y que se acrecientan.
Este encuentro ratifica que el agua une a los pueblos, porque es nuestra fuente de vida y un elemento fundamental de nuestra identidad y cultura, que se comparte a lo largo de ríos, cuencas y diversos ecosistemas. Es importante todo lo hecho hasta ahora por nuestras organizaciones en los territorios; sin embargo, es necesario seguir avanzando para fortalecer las luchas de nuestros pueblos.
Se nos plantean diversos retos y amenazas en la actualidad, desde los diversos impactos por el cambio climático, el retroceso de los glaciares y los impactos de distintas actividades extractivas, como la minería, la agroexportación, los hidrocarburos, las actividades ilegales, las hidroeléctrica, como por ejemplo en la cuenca del Marañón, entre otras.
Además, desde el Estado se nos sigue ignorando; no nos consultan ni toman en cuenta las demandas de las poblaciones y persisten en el mismo modelo depredador que afecta los derechos de las poblaciones y de la Naturaleza. No somos los pueblos los que buscamos estar en conflicto, sino es la imposición de proyectos económicos y modos de vida que no nos deja otra opción que reaccionar, defendernos y resistir.
Por ello, necesitamos reforzar nuestros niveles de articulación y pensar en un plan de acción que, definiendo prioridades nos permita trabajar y seguir avanzando en cada uno de nuestros territorios. La lucha por el agua es técnica, legal, política, organizativa y cultural, y es una lucha de todos y todas. Por eso es importante reconocer el rol fundamental jugado por las mujeres en estas luchas en cada uno de los rincones del país, dado que no solo disputan con el gran poder empresarial que destruye sus ríos y tierras, sino que tienen que estar batallando por ganar un espacio de representación dentro de sus propias organizaciones.
Son diversas las propuestas que se han planteado en estos días de trabajo: la necesidad de subrayar cuantas veces sea necesario que el agua es un derecho humano y un bien común que debe ser defendido; el objetivo de recuperar la gestión comunal/colectiva de los territorios y de los bienes comunes, entre ellos el agua; impulsar políticas de ordenamiento territorial desde abajo; valorar los saberes locales y reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho de las comunidades campesinas a la consulta previa, libre e informada y a decidir sobre su modelo de desarrollo; impedir la privatización del agua, recuperar el derecho de la gestión colectiva del agua desde las subcuencas; fortalecer las organizaciones de nuestras comunidades.
Proponemos un modelo alternativo en el que los pueblos y comunidades decidamos sobre nuestros modos de vida y podamos gestionar los bienes comunes. Al Estado le exigimos que cese la criminalización de los defensores del agua; que se respete plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada; que se trabajen leyes que permitan de manera efectiva la protección de nuestros territorios y las fuentes de agua para enfrentar las amenazas frente al cambio climático y los modelos productivos depredadores. Que derogue el decreto legislativo Nº 1280 que busca privatizar las empresas de agua a nivel nacional. Necesitamos un Estado que escuche y que esté con nuestros pueblos.
Luego de estos días de trabajo nos proponemos un plan de acción con las siguientes acciones prioritarias:
A nuestras organizaciones
– Fortalecer de manera efectiva nuestros niveles de articulación en plataformas que de acuerdo a la realidad de cada territorio, desarrollen diversas acciones a nivel local, regional y nacional. El encuentro de Lima apunta a generar un proceso sostenido de coordinación e intercambio que será forjado, de abajo hacia arriba, desde las comunidades, los pequeños productores, usuarios de agua y diversos colectivos urbanos que vienen trabajando en todo el país. Nuestro compromiso es organizar los encuentros locales, regionales y macroregionales de organizaciones y defensores del agua.
– Para ello, proponemos replicar actividades de articulación a nivel de las regiones y macroregiones, para llegar de manera efectiva a los territorios. Este proceso reconoce el rol estelar de las comunidades y se define como un proceso que se construye de abajo hacia arriba y en movilización permanente. Por eso vemos como necesidad que el Encuentro Nacional se debe convocar cada dos años para consolidarlo como un espacio sostenido de reflexión y toma de decisión de acciones nacionales en defensa del agua.
– Proponemos organizar una plataforma de información que permita un seguimiento a las diferentes acciones que nuestras organizaciones vienen realizando por la defensa de sus fuentes de agua. La base de datos de las diferentes organizaciones y redes nacionales es un primer avance que debe potenciarse para permitir un seguimiento a los diferentes conflictos vinculados al agua que se presentan en todo el país y realizar una campaña nacional. Este debe ser el primer paso para la conformación de un Observatorio Nacional del Agua.
– Se conformará una red nacional de acción inmediata y protección para la protección de defensores y defensoras del agua.
Frente al Estado
– Iniciar un diálogo nacional que impulse una verdadera Autoridad Nacional del Agua que tenga una real autonomía y que reduzca la dependencia actual y el control que ejercen los diferentes grupos económicos y los sectores que precisamente han provocado una gestión caótica y desigual del agua.
– Exigimos una política de salud que proteja de manera efectiva a las poblaciones afectadas, castigando a los responsables de la contaminación. La propuesta es que se detenga la contaminación y que se compense a los afectados.
– Llamamos a nuestros representantes en el Congreso y a las instituciones del Estado peruano a diseñar con las poblaciones las políticas públicas necesarias que hagan efectivo el reconocimiento del agua como derecho humano y que protejan las fuentes de agua y cabeceras de cuencas. Se deben reconocer nuestros conocimientos ancestrales que son una herramienta fundamental para una adecuada gestión del agua que además permite la actividad de pequeños agricultores y asegura la canasta de alimentos del país (seguridad alimentaria) de todos los peruanos y peruanas. Rechazamos la concentración de aguas y tierras.
– Exigimos la derogatoria de la ley de criminalización de la protesta social que persigue a nuestros defensores y defensoras por el agua a nivel nacional.
– Nos comprometemos, los líderes y lideresas en mejorar nuestra gestión territorial del agua. Estamos comprometidos a participar en el ordenamiento territorial y exigimos al Estado procesos participativos, justos, equitativos y con transparencia.
– Solicitamos que las Juntas de Usuarios sean legitimadas por el pueblo y que la normatividad asegure una mayor fiscalización de la ciudadanía y las prácticas democráticas para la elección de representantes, rotativamente e inclusivamente. Criticamos la política deforestación de la Amazonía, porque permite las lluvias presentes y futuras en el resto del país.
Por último, aprobamos la organización de la segunda Marcha Nacional por el Agua, que tenga como plataforma la exigencia de participación y representación de las comunidades y pequeños productores, colectivos urbanos, colectivos de mujeres, jóvenes, en las decisiones sobre las políticas nacionales vinculadas a la gestión del agua y el diseño de una nueva institucionalidad que realmente responda a las necesidades de los pueblos y no de los poderosos y sus negocios en el Perú.
Lima, 07 de julio de 2017
Fuente:https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15d32e4ed1f275e2
La Alcaldía de Ibagué socializó este miércoles ante el Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo número 012, por medio del cual se busca prohibir la realización de actividades mineras contaminantes en todo el territorio urbano y rural de la capital del Tolima.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso (“Juba Wajiín”) obtuvo un amparo de la juez primero de Distrito, Estela Platero Salado, que protege su territorio de la explotación minera.
SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Tucumán ordenó hoy la inmediata suspensión de las actividades que realiza la empresa «Minera Alumbrera Limited» 
En 2014 se presentó la nueva política minera, bajo el lema de “Minería Virtuosa, Inclusiva y Sostenible”, como un impulso para proyectar al sector como el pilar de la economía nacional, y que, entre otras cosas, planteó un aumento de la extracción en un 36% desde el 2015 al 2024. Esto significa llevar la megaminería a lugares donde nunca ha existido e intensificar aún más la sobreexplotación en territorios ya devastados, como ocurre en Chañaral, uno de los sitios más contaminados del planeta, donde se pretende explotar las 350 millones de toneladas de relaves depositadas por 50 años en la cuenca del Río Salado y que hoy está bancado en la bahía de esa ciudad.
En el territorio de esta comunidad mexicana, compuesta por 3.800 personas, han existido 44 concesiones mineras, la mayoría de Canadá y Perú.
Organizaciones de comunidades afectadas por los impactos sociales, ambientales y económicos de la megaminería en Chile se manifestaron este mediodía en contra de la realización de la Cumbre “Investing in Latam Mining”, que congrega a los principales inversionistas mineros y a ministros del ramo de la región, el 11 y 12 de julio, en el Hotel Sheraton en Santiago.