Perú

Conflictos mineros, principales lastres para Perú

Publicado el 27 de enero del 2017

Hasta septiembre de 2016 existían 39 conflictos en este sector productivo a lo largo del país gobernado por Pedro Pablo Kuczynski, indica el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

(Forbes) La abundancia de minerales en este país sudamericano hace que los ojos del sector público y privado brillen, al tiempo en que se ha convertido en la nación con más conflictos mineros de América Latina.

Hasta septiembre de 2016, existían 39 disputas en este sector productivo a lo largo del país gobernado por Pedro Pablo Kuczynski, indica el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), por encima de economías como la de Chile y México con una amplia tradición minera y que tampoco están exentas de pugnas.

Hoy, las inversiones proyectadas para exploración, explotación y ampliaciones mineras rebasan 63,000 millones de dólares (mdd), según cálculos del Ministerio de Energía y Minas de Perú, pues tan sólo en 2013 el país superó el récord de inversiones del sector minero al rebasar 9,400 mdd.

Casi 100 años después, en la década de los años 1970, bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, las empresas estatales se hicieron cargo de la minería del país sudamericano, con la expropiación de la firma estadounidense Cerro de Pasco Corporation.

“Desafortunadamente, las empresas estatales que asumieron los centros mineros no cuidaron el tema ambiental y generaron pasivos ambientales muy serios, de ahí se re- monta parte del problema”, explica el experto minero y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carlos Eduardo Aramburú López de Romaña.

El problema fundamental es el agua, dice la profesora asociada del departamento académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Patricia Urteaga Crovetto.

“La importancia del agua es usualmente minimizada, pero creo que es el principal punto de conflicto con las poblaciones. La principal queja de las poblaciones locales y la más sentida es la afectación de sus fuentes de agua, ya sea por calidad, cantidad u oportunidad.

Las minas se ubican por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar, con lo cual, las cabeceras de las cuencas suelen coincidir con sus zonas de producción. “Ello afecta a las poblaciones que se ubican en la cuenca media o baja”.

Además, el fortalecimiento de las organizaciones campesinas andinas y amazónicas, el incremento exponencial de la inversión privada, así como la falta de una intermediación entre ambas fuerzas es la fórmula que hace que esto sea bastante explosivo y complicado, advierte el académico con una maestría en ciencias por la London School of Economics en Inglaterra.

Bonanza peruana

Al cierre del siglo xx, con la reactivación económica de Perú, esta industria pasó a manos de los grandes capitales. En la década de 1990 y principios de 2000, la inversión minera de Perú se multiplicó por 10 con la llegada de las multinacionales, recuerda Aramburú López.

La cartera estimada de proyectos mineros contempla las regiones de Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque.

Perú se encuentra entre los primeros productores del mundo y de Latinoamérica de oro (sexto del mundo), plata, cobre (segundo global), plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros.

“Es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y de la capacidad de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país”, afirma el Ministerio de Energía.

Hasta julio de 2016, la producción de cobre nacional creció 29.9%, que obtuvo 201,867 toneladas métricas finas (tmf) de concentrados, consolidando la tendencia de los resultados en el acumulado anual que a la fecha alcanza un crecimiento interanual de 47.7% y un volumen de 1.32 millones de tmf.

En el caso del oro, la producción nacional acumulada en el mismo periodo fue de 89 toneladas finas. Su producción estuvo concentrada en las regiones La Libertad (25.8 toneladas finas) aportante de la producción total en 28.8%; Cajamarca cooperante con 23.4% (20.9 toneladas finas) y Madre de Dios (10.9 toneladas finas) aportante de 12.2%. Estas regiones acumulan 64.5% de la producción aurífera nacional, según el Ministerio de Energía.

A nivel empresarial, la minera Yanacocha lidera la producción oro nacional, pues obtuvo 12.21 toneladas finas en el acumulado anual en sus unidades Chaupiloma y Chaquicocha en la región Cajamarca, volumen que es menor en 28.8% respecto a lo producido en el mismo periodo de 2015, lo que explica la reducción a nivel general; mientras que, en segunda y tercera ubicación se encuentran Barrick Misquichilca y el consorcio minero Horizonte con 11.30% y 4.81% de participación, respectivamente.

En la producción nacional de plata destacan en las primeras posiciones las regiones Junin (491,625 kg finos), Ancash (466,525 kg finos) y Lima (454,819 kg finos), asociada a las explotaciones polimetálicas del centro del país.

Perú es el segundo productor de plata a nivel mundial y ostenta las mayores reservas probadas y probables de este precioso metal en el mundo.

Si bien Perú ya no es un país cuya renta se basa en el sector primario, que sólo representa 16.8% del producto interno bruto (PIB), sí es un exportador relevante porque 78% de las exportaciones corresponden a actividades primarias (como extracción de metales y otros commodities).

“Este dato por sí solo no explica la intensidad de los conflictos. La principal causa de los mismos, creo, es la inequidad entre las partes y el convencimiento de los diversos gobiernos (desde la época de Fujimori en 1990) de que estas actividades deben realizarse a pesar de conculcar los derechos de las poblaciones adyacentes al proyecto”, considera Urteaga Crovetto.

Y mientras el optimismo de las autoridades peruanas continúa, la polémica se ha incrustado en la región de Cajamarca por la empresa minera Yanacocha, que explota la mina de oro más grande de América Latina y la segunda del mundo.

Problemas dorados

Esta compañía pertenece a la multinacional Newmont Mining, que llegó en 1990 al departamento de Cajamarca, al norte de Perú, y en 1993 comenzó sus operaciones en el yacimiento del mismo nombre.

Newmont, de origen estadounidense, posee un valor de mercado de 16,600 mdd y ocupa el lugar 997 de lista de empresas globales de Forbes. Además de Yanacocha en Perú, la firma que dirige Gary Goldberg tiene operaciones en México, Canadá, Australia, Indonesia y Nueva Zelanda.

Su actividad minera ha provocado el retiro de 600,000 toneladas de tierra y roca cada día.

La mina, que consume 900 litros de agua por segundo, comenzó a generar impactos ambientales, en particular la eliminación de canaes de agua que servían a comunidades agrícolas para sus sistemas de riego, detalla OCMAL.

“Los impactos de Yanacocha siguen afectando e irrumpiendo la vida social y ambiental de Caja- marca. Pero la lucha que se ha dado no les ha hecho el camino fácil. La oposición a la explotación del Cerro Quilish (por parte del proyecto Yanacocha) y del proyecto Conga son manifestaciones que dan cuenta de esta situación”, menciona el organismo en su sitio web.

Conga, un proyecto de Yanacocha en Cajamarca estimaba, hasta 2012, la extracción de seis millones de onzas de oro, tenía una inversión planeada por 4,800 mdd, lo que representaba 9% de la cartera estimada de proyectos mineros para Perú, según la Cepal.

En 2014 las autoridades judiciales ordenaron casi tres años de cárcel para Máxima Acuña por usurpar un terreno de 30 hectáreas cerca del área del proyecto, sin embargo, en diciembre del mismo año fue absuelta.

En abril de 2016 recibió el premio estadounidense Goldman, el más importante en materia ecológica, por su defensa del medio ambiente.

La empresa ha perdido el caso en el Poder Judicial, pues Acuña y su esposo probaron con documentos la propiedad de su terreno de 18 hectáreas, adquirido en 1994. Sin embargo, continuamente reciben acciones de intimidación, alegando que la familia Acuña, siembra en su propiedad privada.

En septiembre de este año se añadió otro capítulo. La minera Yanacocha destruyó sembradíos en el terreno de Acuña, el pasado 18 de septiembre.

“Su esposo e hijos reportaron que debido a los golpes que sufrió la mañana del domingo, por parte de trabajadores de la minera, requería urgente atención médica en la ciudad”.

La minera compró tierras colindantes a las de la familia Acuña en la última década en la región Cajamarca para extraer oro y cobre. La concesión que obtuvo la firma incluye lagunas que surten de agua a comunidades.

Yanacocha argumentó que removió sembríos en un área de 200 metros cuadrados dentro de su propiedad y a 300 metros de la casa de la familia Acuña, invasión detectada el 5 de septiembre.

“Máxima Acuña y suesposo, Jaime Chaupe Lozano, quisieron impedir esta acción legal arrojando piedras con hondas, e incluso utilizaron una vara con clavos para golpear a quienes en ese momento estaban encargados de realizar la defensa. Asimismo, la pareja sacó una cámara y un trípode y filmó el evento”, detalló la empresa en un comunicado.

Minería informal

Otro de los grandes conflictos mineros en Perú es la informalidad. Los trabajadores formales en minas se estiman en 195,000, mientras que aquellos en situación irregular llegan a 450,000, según datos de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP).

Desplazamientos, impacto ambiental y trabajo informal son los estragos que ha generado el sector minero en Perú.

“Son básicamente sectores populares que no han tenido la posición política de las grandes mineras”, explica el catedrático.

Esto cobra relevancia al recordar el accidente de 2012 ocurrido en la mina informal Cabeza de Cobre, en la región de Ica, al sur de Lima, en donde quedaron nueve trabajadores atrapados, según reportó la cadena BBC.

Pero el caso más emblemático es el Departamento de Madre de Dios, que tiene una de las minas informales más representativas del país.

“Tiene un efecto paradójico. El Departamento de Madre de Dios, tiene la menor tasa de pobreza del país. La minería ilegal, que tiene una serie de conexiones de prostitución, bares, hoteles, es muy inclusiva. No se requiere ser doctor en Harvard para ser minero informal”, dice Aramburú López.

Además, este segmento informal posee un efecto redistributivo que no tiene la gran minería corporativa, pues esta sólo da empleos directos a menos de 0.8% población económicamente activa y gran parte esos recursos se queda en un sector pequeño de la población peruana.

Por si fuera poco, los impuestos que pagan las grandes mineras y que se destinan a inversiones locales y regionales, pero no caen en las manos que de la población en general.

“Pocas veces esas inversiones han sido manejadas de forma correcta, por un problema combinado de competencia y corrupción. Una de las tragedias es que el impuesto que pagan las mineras no llega al poblador de a pie y al campesino, por lo tanto, para ellos la minería es un problema y no una oportunidad”, lamenta el docente peruano.

Los caminos posibles

El gobierno de Kuczynski ha reiterado su intención de intermediar e incluso ha dicho que acudiría él mismo a las negociaciones entre las empresas y las comunidades de ser necesario.

Otra de las soluciones viables, según la profesora de Derecho, es la diversificación productiva como meta de mediano plazo. “No depender de las actividades primarias debería ser un objetivo a mediano y largo plazo”.

Para Carlos Eduardo, las empresas que quieran participar en la minería peruana deben hacer la inversión social antes de empezar los proyectos, para deshacerse de buena parte del impacto social.

“La hipótesis es que los activos de las comunidades locales deben ser mayores durante y después de la extracción minera, como indicador de responsabilidad social y efecto redistributivo”, recomienda el catedrático peruano.

http://www.latinomineria.com/2017/01/conflictos-mineros-principales-lastres-peru/

Perú

Gobierno Regional de Arequipa solicita investigación sobre origen de aluvión en Uchumayo

Publicado el 30 de enero del 2017

Ante los rumores de que el incidente lo provocaron relaves mineros, la gobernadora Yamila Osorio pidió información a Senamhi y ANA.
(La República) El Gobierno Regional de Arequipa pidió una investigación para determinar las causas del aluvión que afectó a la zona de Uchumayo y dejó tres personas fallecidas y cuantiosos daños materiales.

El proceso de indagación estará a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Ambas entidades tienen información sobre las quebradas que se presume se activaron y provocaron la desgracia. Este lunes habrá una reunión para abordar el tema.

“Debemos determinar si la quebrada Gloria ingresó por causas naturales o hubo un factor externo que produjo el huaico (aluvión)”, señaló la gobernadora Yamila Osorio.

“Nuevamente hemos ido al lugar con el jefe de la autoridad del agua, Alberto Osorio, y se dispuso la investigación, porque es un hecho sin precedentes que se presente un huaico (aluvión) en esta zona”, explicó Osorio.

Representantes de minera Cerro Verde, en tanto,  negaron la probabilidad que su planta de relaves sea la causante del incidente.

Según manifestaron, la cancha de relaves está a cinco kilómetros de la vía de penetración en medio de una cadena montañosa. La quebrada que causó la desgracia no tiene conexión con la cancha de relaves. “Si la cancha se hubiera afectado, la primera vía afectada sería la vía que tenemos al costado de la mina (antigua Panamericana)”, dijeron fuentes allegadas a la mina.

Inspección

Tras un sobrevuelo se evidenció que también resultaron afectados los 121 mil metros cuadrados que sirvieron de campamento para los competidores del Dakar. El terreno está ubicado cerca del kilómetro 19 de la carretera de penetración a Arequipa y es aledaño al lugar de las pruebas de manejo de carga pesada de la Gerencia Regional de Transportes.

El director del ANA, Alberto Osorio, indicó que a simple vista se trata de la activación de una quebrada por las lluvias.

“El lunes presentaremos el estudio de identificación de zonas vulnerables por la activación de quebradas secas con el cual determinaremos la causa real del huaico”, refirió Jonathan Bárcena Carpio

http://www.latinomineria.com/2017/01/gobierno-regional-arequipa-solicita-investigacion-origen-aluvion/

Chile

Solicitan anular Programa de Cumplimiento de Codelco Ventanas por supuestas omisiones

En 2016 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló 13 cargos contra la empresa Codelco División Ventanas por diversos incumplimientos ambientales, por lo que se inició un procedimiento sancionatorio que luego fue suspendido debido a la aprobación de un Programa de Cumplimiento elaborado por la refinería.
En dicho programa, Ventanas se compromete a cumplir las indicaciones administrativas detectadas por el organismo fiscalizador, en sus planes de actualización y mejoras de sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Sin perjuicio de lo anterior, la Organización Ambientalista Dunas de Ritoque, ha continuado con las instancias legales que le permiten quejarse contra el accionar de la división de Codelco. Por esto es que el pasado viernes se llevó a cabo en el Tribunal Ambiental la audiencia por la reclamación que hicieron, esta vez, contra la Superintendencia de Medio Ambiente.
Según el reclamante y representante de Dunas de Ritoque, Andrés León, se afirma que hubo omisión de información en el actuar de la SMA y que no se consideraron los afectos ambientales de las distintas infracciones.
El reclamante también solicitó anular la resolución aprobatoria del Programa de Cumplimiento, con el objetivo de remediar sus inconsistencias.
Codelco Ventanas no se referirá al respecto debido a que es un reclamo contra la Superintendencia de Medio Ambiente y no contra ellos. Por otra parte, desde la SMA se señaló que no opinarán mientras el caso esté en curso.
El tribunal no tiene fecha exacta para la resolución pero tendría un plazo de dos a tres meses.
FUENTE:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/01/30/solicitan-anular-programa-de-cumplimiento-que-permitio-perdonazo-a-codelco-ventanas.shtml

Perú

CHUMBIVILCAS: CONVOCAN A AUTORIDADES Y EMPRESAS PARA EVALUAR PROYECTOS Y REVISAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Desde el año pasado, a través de la Mesa Técnica para el Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, se vienen realizando reuniones entre representantes de la Presidencia de Consejo de Ministros, autoridades de esta provincia cusqueña y de las empresas mineras que tienen operaciones en la zona.

La población espera que sus demandas sean finalmente atendidas. En oportunidades anteriores ya habían protestado por la afectación ambiental y económica que sufrían por causa de la actividad minera. Es por ello que sus dirigentes y autoridades insistieron en que todas las empresas mineras que operan en la zona, sean citadas al espacio de diálogo para tocar exclusivamente el tema de los impactos. Una preocupación central es que no se han cumplido los compromisos de respetar el medio ambiente, por lo que exigen revisar en cada caso los Estudios de Impacto Ambiental.

Minera Xstrata, MMG, Hudbay, Anabi y Ares son las empresas convocadas para el próximo 4 de febrero. Los dirigentes tienen la expectativa de lograr buenos resultados en esta reunión. En el caso de Las Bambas, se transportan cientos de toneladas diarias en camiones que pasan por Chumbivilcas, contaminado suelos, fuentes de agua y perjudicando a los pobladores y sus actividades agropecuarias.

Del mismo modo, los alcaldes distritales presentarán a las autoridades propuestas de proyectos para el desarrollo de sus localidades, con el fin que sean evaluados y puedan ser financiados.

30 de enero de 2017

 Fuente:pe/?q=alertas/30/01/2017/chumbivilcas-convocan-autoridades-y-empresas-para-evaluar-proyectos-y-revisar

Colombia

El Macizo se moviliza para decirle no a la minería en sus territorios

En la Vega y Mercaderes los campesinos salieron a marchar para no permitir que la minería siga acabando con las fuentes hídricas de sus pueblos. Nadie quiere que se repita lo ocurrido en el río Sambingo como consecuencia de los proyectos que silenciosamente están llegando hasta estos territorios.


El 13 de febrero del año pasado se realizó la primera movilización en Mercaderes para protestar por las graves afectaciones que la minería ocasionó al río Sambingo, hasta el punto de dejarlo sin vida, pues las hondas excavaciones y la alta contaminación acabaron con su uso natural. Y aunque los operativos para contrarrestar este flagelo en la zona dejaron incautaciones, capturas y algunos culpables, la afectación ambiental no ha menguado.

El pasado jueves, una semana antes de cumplirse un año de aquella movilización, de nuevo los mercadereños salieron a las calles por el mismo motivo: decirle no a la minería. Esta vez defendieron otro de sus ríos, el Hato Viejo, que como lo expresaban los líderes, hace un año, “es por el río que van ahora, ya acabaron con el Sambingo ahora van por el Hato Viejo”.

De acuerdo con la Coordinadora Campesina y Popular del municipio de Mercaderes integrada por el Cima, Anuc, Asoinca y Asocomunal, la semana pasada uno de los concejales del municipio les dio a conocer un documento enviado por el Grupo CI S.A.S, con el fin de que el 26 de enero el alcalde Alcy Muñoz y los concejales se reunieran para “socializarles el proyecto de exploración que realizarían en el corregimiento Esmeraldas, una prospección para ver si hay o no indicios de oro”.

El Grupo CI S.A.S, es el que tiene un proyecto de exploración en la vereda Esmeraldas ubicada en el corregimiento del mismo nombre, del municipio de Mercaderes. En ese corregimiento está ubicado el Cerro Campana, donde nace el río Hato Viejo, principal afluente de agua de este municipio del sur del Cauca.

A la alerta generada por ese comunicado, se sumaron las inquietudes de los campesinos cuando semanas atrás vieron sobrevolar algunos helicópteros sobre la zona, además de la confirmación por parte de la misma comunidad de que habían visto a algunos topógrafos cerca al Cerro Campana; en las montañas donde precisamente nace el río Hato Viejo, de donde se desprenden varios afluentes los cuales surten de agua (para consumo y para riego) a la mayoría de habitantes de Mercaderes.

Fue así como armados de valor, y bajo el amparo de una figura legítima que constituyeron el pasado 25 de noviembre en el municipio nariñense de San Pablo, denominada: ‘Territorios Campesinos Agroalimentarios del norte de Nariño y del sur del Cauca’ (Tecam), convocaron a una movilización que acogió a más de 2.000 campesinos, casi 500 provenientes de los 12 municipios del norte de Nariño y el resto que llegaron de Florencia, Bolívar y Mercaderes.

De acuerdo a información de las organizaciones sociales y comunitarias de Mercaderes, en el territorio hay entre 5 y 7 retroexcavadoras que extraen oro del río San Bingo. El Gobierno les incumplió el año pasado, tiempo para el cual se comprometió a la vigilancia permanente del ejército.

“Lo más importante del día de hoy (jueves), a diferencia de la reunión de febrero del año pasado donde los que le pusimos el pecho a la defensa del río Sambingo fuimos los de las organizaciones sociales en cabeza de la Coordinadora Campesina y Popular del municipio de Mercaderes, es que hoy gracias a Dios, ya no estamos solos, ya está la institucionalidad y la mayor parte del pueblo, quienes son conscientes de que tenemos que defender nuestro territorio, esa es la gran ganancia de esta movilización”, dijo uno de los líderes de la Anuc.

A eso del mediodía, los más de 2.000 campesinos que llegaron a Mercaderes empezaron su recorrido desde la Casa Campesina del municipio, pasando por las principales vías del pueblo hasta llegar a la plaza Juan Montón Blasco, donde culminó la movilización con un acto político en el cual los líderes sociales representantes del Cima, la Anuc y Asocomunales de Mercaderes dieron a conocer las principales acciones y conclusiones que arrojó la jornada.

Como en el acto estuvieron presentes el alcalde y los concejales, la Defensoría del Pueblo, un representante de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y el representante a la Cámara Oscar Ospina, fueron varias las propuestas políticas y sociales que surgieron para “blindar” a Mercaderes de la minería ilegal y legal.

“Uno de los caminos es seguir consolidando el Territorio Campesino Agroalimentario donde en uno de sus ejes está la constitución de una guardia campesina que es con la que vamos a defender el territorio. El otro mecanismo es el esquema de ordenamiento territorial para poder dejar que el municipio quede con vocación agropecuaria y no con vocación minera; y por último estaría la consulta popular, que blindaría al municipio de todo tipo de minería”, puntualizó uno de los líderes del Cima.

Aunque según el gerente de exploraciones del Grupo CI S.A.S lo que ellos quieren realizar en el corregimiento de Esmeraldas es una “prospección para ver si hay o no indicios de oro, con lo no haremos daño al  medio ambiente porque es un estudio preliminar, además de que somos un grupo técnico y no una multinacional como nos quieren ver”; lo cierto es que según Fredy Mellizo, director seccional de la CRC sur del Cauca, esta Corporación no tiene ninguna solicitud de permiso de licencia ambiental para el ingreso de este Grupo CI S.A.S. al municipio de Mercaderes.

En la Vega tampoco quieren minería que contamine sus fuentes de agua

El pasado 15 de enero se llevó a cabo la octava marcha por la vida y por el agua en el municipio de La Vega, una iniciativa que empezó desde el 2003, cuando las comunidades campesinas organizadas como Proceso Campesino y Popular de la Vega (Pcpv) iniciaron las investigaciones para hacerle frente a la política minera que empezaba a llegar silenciosamente a algunas zonas de este territorio en el macizo colombiano.

“Estas marchas nos las inventamos nosotros para proteger nuestro territorio porque el macizo colombiano está entregado en concesión, son unos porcentajes enormes de esta zona del Cauca, lo que es bastante grave e irresponsable sobre todo cuando se trata de territorios de alto valor ecológico no solo para la sociedad caucana sino para la humanidad”, comenta Óscar Salazar, uno de los integrantes del Pcpv.

Por ejemplo, cuenta este líder que en La Vega hay 13 títulos mineros ya otorgados y alrededor de 68 concesiones en proceso para ser otorgadas, lo que significaría que más o menos el 80% del territorio de La Vega está en concesión, “sin embargo,  afortunadamente fueron declarados inconstitucionales unas resoluciones para las zonas estratégicas mineras, sino eso sería una debacle total, de todas maneras lo que estamos viendo allá es gravísimo”.

Otra de las grandes preocupaciones de los vegueños está en Cerro Negro, donde hay un proyecto minero llamado “Dominical” que comprende más de 20 mil hectáreas y que además de tener incidencia en La Vega, también afecta los municipios de Sucre y Almaguer; zona donde además, hay presencia de una comunidad indígena.

Por eso la frase de la pasada marcha por la vida y por el agua fue contundente “si el macizo vive, vivimos todos, porque aquí nace y vive el agua”, además ellos, al igual que los mercadereños tienen temor de que sus ríos, lagos y lagunas queden a merced de los mineros ilegales y de las grandes multinacionales, generando algo similar a lo sucedido con el río Sambingo.

“Aquí seguiremos haciendo nuestras acciones de custodia y control del territorio, por ejemplo para este 12 de febrero tenemos programado ir a una de las zonas donde sabemos que hay actividad minera criminal, tal como lo hicimos el pasado 23 de diciembre en una fuente de agua que se llama El Chapetón, de donde sacamos varios mineros porque estaban afectando esta zona de donde se surten de agua más de 1.400 familias”, señala don Óscar.

Según relata este hombre, varias de las acciones que han hecho en La Vega son en defensa del acuífero El Guambial, una laguna que hay en el territorio, que tiene todo un sistema de vertientes, entre ellas Calabazal, que le da agua al corregimiento de San Miguel, el más grande del municipio, conformado por 19 veredas, y también a Santa Juana, Albania y Altamira, cuatro corregimientos que dependen de El Guambial.

De ahí, la razón del por qué en esas zonas el agua vale más que el oro, y que a las organizaciones sociales y comunales poco les importe no tener los recursos suficientes para hacer operativos contra los mineros, o que hasta con su vida tengan que pararse a defender el territorio no dejando que entren las retroexcavadoras, cerrando vías y haciendo guardia día y noche.

Ellos saben que la competencia de la defensa de estas zonas debería ser compromiso del gobierno nacional, departamental y local, pero no quieren tener que ver en los medios que “otro río se secó en el Cauca por culpa de la minería”, por eso siguen luchando desde sus asociaciones comunales, para que la minería no siga arrasando con el medio ambiente y con la cohesión social y cultural de estos territorios.

Esto dice la contraloría

En diálogo con el Contralor del Cauca, Julio Hernán Tobar, señaló que el año pasado, a través de la Comisión Regional de Moralización su función fue como mediador entre la comunidad de Mercaderes y los organismos competentes para proteger el río San Bingo. Tarea para la cual se realizaron unas acciones que tuvieron “un balance positivo para el san Bingo y negativo para los ríos del litoral negativo, porque no se pudieron hacer operativos, porque siempre ocurría algo y nunca se pudieron hacer los operativos”, según dijo Tobar. El Contralor, recordó que en Mercaderes (el año pasado) se logró desmontar la banda que había en el río Sambingo, que en seis meses lo destrozó. Operativo que se hizo en conjunto con Ejército, Fiscalía y Gobernación del Cauca, donde lograron hacer retornar a más de 3000 mineros que había en la zona a sus lugares de origen, capturaron a 17 personas y destruyeron varias máquinas; sin embargo, este modelo operativo fracasó en la costa pacífica caucana, porque allá no se pudieron generar operativos de impacto. En lo que tiene que ver con el tema minero, el Contralor señaló que a la fecha y que hasta donde él tiene conocimiento, no se ha recibido comunicación de parte de las comunidades sobre nuevas incursiones de mineros ilegales en ríos u otros afluentes de agua en Mercaderes o el municipio de La Vega. Incluso señaló que hasta la fecha esta Comisión de Moralización aún no se ha reunido, pero que a raíz de la movilización del pasado jueves revisará el tema en Mercaderes para ver qué de lo acordado el pasado mes de febrero no se ha cumplido.


Fuente:http://elnuevoliberal.com/el-macizo-se-moviliza-para-decirle-no-a-la-mineria-en-sus-territorios/

 

Honduras

Gustavo Castro interpone denuncias contra el Estado hondureño

A más de diez meses de ocurrido el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio en perjuicio del defensor ambientalista Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C., aún el Ministerio Público no ha comunicado ninguna acusación contra la persona que le disparó a él.

Las investigaciones para esclarecer los hechos han dado como resultado la detención de siete personas, sin embargo, aún no se sabe si las indagatorias contribuirán a esclarecer la autoría intelectual de funcionarios públicos y miembros del Consejo de Administración de la Empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), ya que el expediente sigue bajo secretividad, dejando en la indefensión a los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a la familia de Berta Cáceres.

Los abogados de Gustavo Castro en México y Honduras, Miguel Ángel de los Santos y Edy Tábora, respectivamente, han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a los derechos humanos en contra de Gustavo Castro causadas por el Estado de Honduras durante su retención en ese país el pasado mes de marzo de 2016.

Según esta denuncia, tanto la Fiscalía del Ministerio Público como la Jueza Victorina Flores del Juzgado Primero de Letras de la Esperanza, Intibucá, Honduras, así como la Corte Suprema de Justicia, violentaron los derechos humanos de Gustavo Castro al retenerlo en el país inconstitucionalmente y al resolver de manera negativa el recurso de exhibición personal (Habeas Corpus) presentado por sus abogados y con más de once Amicus Curiae, el 16 de junio de 2016.

La denuncia ante la CIDH se presentó en diciembre del 2016 y en este mes de enero del 2017 se interpuso una denuncia penal contra la Jueza Victorina Flores, del Juzgado de Letras de la Esperanza Intibucá. Los abogados de Gustavo Castro, y él mismo, consideran un hecho sumamente grave que la jueza María Luisa Ramos, Magistrada de la Corte de Apelaciones, haya sacado de las oficinas de los tribunales el expediente del asesinato de la lideresa social Berta Cáceres, mismo que le fue robado a finales de septiembre pasado, y no descartan emprender acciones legales en su contra.

Finalmente, Gustavo Castro, ambientalista y defensor de derechos humanos, cuenta actualmente con el apoyo de organizaciones internacionales para velar por su protección y defensa de sus derechos humanos.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/01/gustavo-castro-interpone-denuncias-contra-el-estado-hondureno/

Argentina

Si la Minera Sierra Grande no explota el yacimiento, el gobierno quitará la concesión

El Gobierno de Río Negro transmitió hoy a los directivos de la empresa MCC Minera Sierra Grande, “la firme voluntad de rescindir el contrato de concesión si no cumplen de manera inmediata con su obligación de explotar la mina de hierro”, señala la información oficial. También advirtió a los empresarios chinos que de haber despidos de trabajadores deberán ajustarse a la legislación Argentina y cláusulas del contrato.

“Le hemos hecho saber a MCC Minera Sierra Grande SA que si no corrige sus posturas y asume sus obligaciones legales, le rescindiremos la adjudicación del complejo minero”, explicó el secretario de Estado de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero.

Ayer se reunieron en esta capital, representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el gremio AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) con el gobernador Alberto Weretilneck y le trasladaron la preocupación sindical por el anuncio patronal del inminente despido de 200 trabajadores sin pagar indemnizaciones.

Ante la inminencia del conflicto laboral, el gobierno convocó esta mañana a los directivos de la firma MCC y les transmitió la firme voluntad de rescindirles el contrato de concesión si no cumplen de manera inmediata con su obligación de explotar la mina, advirtiendo que cualquier cese de actividades será motivo de incumplimiento contractual.

Además, se indicó que en caso de que se analice la posibilidad de despedir trabajadores, la empresa deberá ajustarse a la legislación Argentina y a las pautas previstas en el contrato.

La reunión se llevó a cabo en la Secretaría de Estado de Trabajo, con la participación de Lucas Pica y del secretario de Minería, Juan Pablo Espínola, por parte de la Provincia; mientras que la compañía minera estuvo representada por Qifang Chen y Jorge Roa, gerente General y asesor letrado, respectivamente.

La empresa sostuvo que se encuentra atravesando una situación crítica, afirmando que la explotación del complejo le genera pérdidas económicas, a raíz de la baja que viene sufriendo el precio internacional del hierro y pérdida de competitividad que afectarían su explotación por incremento de costos.

Durante la audiencia, los empresarios ratificaron la intención de despedir en forma inminente a 200 trabajadores, abonándoles sólo el 50% de las indemnizaciones de ley, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis iniciado por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Ante esta situación, los funcionarios rionegrinos le hicieron saber la posición oficial de la Provincia de Río Negro sobre el conflicto, exigiendo a MCC Minera Sierra Grande SA que atienda al reclamo del gremio, anunciándole que en caso que se mantenga en la intención de abonar indemnizaciones reducidas y especular con el derecho de los trabajadores, la Provincia tiene decidido avanzar por las vías legales para rescindirle la adjudicación del Complejo Minero.

“El contrato de adjudicación es absolutamente claro: los bienes fueron cedidos a la empresa con el objeto y la obligación de reactivar y explotar el complejo minero. Si no cumple con ese objeto, pretende despedir a los trabajadores sin darles las debidas y justas indemnizaciones, o pretende suspender indefinidamente la explotación, vamos a activar los mecanismos contractuales para rescindirle la adjudicación y revertir así a la Provincia el dominio de los bienes y derechos oportunamente cedidos, con más las multas e indemnizaciones que correspondan”, sostuvo el Secretario de Energía.

“Podemos analizar y hasta entender las complicaciones económicas que puede atravesar hoy el complejo minero por la brusca caída del precio internacional de nuestro hierro, pero de ningún modo podemos permitir que el riesgo propio empresario se traslade a los derechos de los trabajadores”, amplió el funcionario.

Caldiero recordó que “durante 2016 la Provincia ha acompañado esta complicada situación con un aporte de $44.000.000, siempre para mantener las fuentes laborales. Ahora, si la situación resulta para la empresa insostenible y se ve a obligada reducir su producción y a despedir trabajadores por la crisis internacional del hierro, pues deberá hacerlo en el marco del contrato con la Provincia y bajo las pautas de la legislación laboral argentina. Ese es el planteo que recibimos de los trabajadores ayer y que apoyamos completamente”, enfatizó.

Asimismo, ejerciendo su rol de Autoridad de Aplicación Minera, la Provincia intimó hoy formalmente a la minera para que en un plazo perentorio, evacue un amplio pedido de informe sobre su situación contable, financiera y operativa, para auditar la real posición que se encuentra atravesando y definir los demás cursos de acción ante la intención de suspender la producción de la mina.

Fuente:http://adnrionegro.com.ar/2017/01/si-la-minera-sierra-grande-no-explota-el-yacimiento-el-gobierno-quitara-la-concesion/

El Salvador

Municipio de Cinquera a Consulta Popular para prohibir minería en su territorio

Los cuatro nacimientos de agua cerca del bosque de Cinquera, que abastecen a esa población así como Tejutepeque, en Cabañas, y parte de Suchitoto, Cuscatlán, son suficientes razones para llevar a una Consulta Popular la decisión de prohibir la actividad minera en su territorio.

El municipio de Cinquera alberga la formación geológica “Morazán”, formada a lo largo de miles de años, que ahora son potenciales vetas de minerales en la zona de Dulce Nombre o La Escopeta, San Nicolás, San José El Tule, el Cacao y un área del Casco Urbano.

Este potencial minero mantiene en riesgo a Cinquera, y mientras no exista una normativa jurídica que la prohiba definitivamente, la población, el gobierno local apoyados por organizaciones sociales como CRIPDES, ARDM, ASALVAID, ALGES y Comité de Veteranos, han convocado a la Consulta Popular, a fin de generar una ordenanza municipal que no permita la explotación minera.

Iván Hernández, presidente de la Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal (ARDM), reconoció del gobierno municipal su disposición de atender la demanda de la población, que junto al grupo gestor buscaron la firma de 500 habitantes, para dar  iniciativa a la solicitud de consulta popular. “Con este proceso de consulta con la ciudadanía, Cinquera sería  el primer municipio en el departamento de Cabañas, que estaría declarándose libre de minería metálica al prohibir su accionar en el territorio”, afirmó.

El próximo 26 de febrero la consulta popular ha definido cuatro centros de votación: casco urbano, El Cacao, San Nicolás y San Benito, por lo tanto, invitaron a la población a participar de forma directa e incidir en la toma de decisiones que les impacte a futuro. Pantaleón Carmelo Noyola, Alcalde de Cinquera, destacó que en el Concejo Municipal, que por primera vez es plural, han decidido de forma unánime llevar a cabo la consulta popular sobre la minería. “Como alcalde hemos visto muy importante la necesidad que en este municipio se declare un No a la minería y por esa razón agradecemos al equipo gestor con quienes hemos estado trabajando para lograr esa meta que se hace efectiva con la entrega de 500 firmas a nuestro Concejo Municipal y estamos dispuestos todos y todas a aceptarla porque hay que trabajar por la vida de nuestra población”, dijo.

El edil agregó que del departamento de Cabañas, sería quizá el primer municipio en tomar este tipo de medidas para contar con un territorio libre de minería logrando un esfuerzo colectivo que tiene claro la decisión de proteger la vida de la niñez, adultos y los ecosistemas de la zona.

“Hago un llamado a todos mis colegas alcaldes del departamento de Cabañas a que declaremos y nos sumemos a este esfuerzo, para declarar a cada municipio con un no a la minería. No permitamos que nuestra población este expuesta a la industria minera que afectaría a nuestra población porque contaminan el agua, la tierra y el aire que respiramos”, acotó.

La Consulta Popular, el próximo domingo 26 febrero, se realizará en el horario de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, en cuatro centros de votación y se espera la asistencia entre 500 a 600 personas. “No es un problema de un solo sector, ni de política, es una solución para toda la población del municipio y todos debemos de luchar contra la minería y esperamos una respuesta favorable”, reiteró Noyola

Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES, que forman parte del Grupo Gestor en la consulta popular realizando la primera campaña de firmas  y respondiendo a los procedimientos que plantean el Código Municipal en la solicitud de una consulta popular.

“Hemos visitado casa por casa recolectando firmas y llegar al monto establecido que es el 40%, que se ha superado. Ahora el equipo gestor tiene la segunda tarea con el Concejo Municipal para desarrollar una jornada de campaña para que la gente venga el día de la consulta popular a ejercer su voto y darlo contra la minería”, explicó.

Mientras, Pedro Cabezas, de ASALVAID y Aliados Internacionales de la Minería reseñó el acompañamiento que han venido dando a las comunidades desde hace más de 20 años, y ahora en el proceso de la lucha contra la minería.

“En estos procesos de consulta se invita a funcionarios del Ejecutivo, Asamblea Legislativa y los funcionarios de consulta ciudadana, así como PDDH y delegaciones internacionales, que vendrán a verificar todo el proceso y esperamos delegaciones de Canadá, Estados Unidos y países centroamericanos que también tienen experiencia en las consultas populares contra empresas mineras”, subrayó.

Las organizaciones sociales demandaron además, que la Asamblea Legislativa decrete pronto una Ley de Minería que la prohiba totalmente y agradecieron al Concejo Municipal, de Cinquera, su decisión de apoyar la propuesta y garantizar la participación ciudadana en temas de interés colectivo.

Fuente: Http://www.diariocolatino.com/municipio-cinquera-consulta-popular-prohibir-mineria-territorio/

Argentina

Histórico fallo condena contaminación minera en Argentina

La minera Alumbrera Ltda., que explota un yacimiento en el centro-oeste de Argentina, perdió un histórico juicio por contaminación, a partir de una demanda presentada por dos residentes locales que vieron afectadas sus tierras en Alpachiri, en la provincia de Tucumán.

La sentencia dictada por el juez Eduardo Dip Tártalo determina que la empresa minera debe realizar “todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas”, informó el medio Tucumán Noticias.

Asimismo, el magistrado del Centro Judicial Concepción ordenó reponer “a su estado anterior” las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, locaciones, zanjas, canteras, mineraloducto y demás actividades que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal.

La minera Alumbrera Ltda. es una empresa transnacional que explota cobre, oro y molibdeno. Desde 1997 es dirigida por Glencoe -una empresa Suiza-, quien tiene el 50% de las acciones, además participan Goldcorp -una empresa canadiense que posee el 37,5%- y Yamana Gold -con el 12,5%. La mina Bajo de la Alumbrera se encuentra en la provincia de Catamarca, a 320 km de San Miguel de Tucumán.

Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que es una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el estado nacional. YMAD ha formado una “unión transitoria” con la empresa La Alumbrera, por la cual percibe el 20% de las utilidades, informa el sitio oficial de la compañía.

La misma web señala que la empresa está abocada al “cuidado del medioambiente” protegiendo “el entorno natural del área del yacimiento y de las comunidades vecinas”. Señala que buscan atenuar el impacto  ambiental de la actividad minera, trabajando bajo un esquema de “desarrollo sostenible” y ejerciendo un “uso eficiente de los recursos naturales”, que inclusive rehabilita el suelo, disminuye desechos y protege la biodiversidad.

Sin embargo, los hermanos Aranda detectaron en el 2004 que el mineraloducto de Bajo de la Alumbrera -que recorre varios kilómetros- estaba contaminando los suelos, el aire, los ríos, las aguas superficiales y subterráneas con derrames que contenían restos peligrosos de metales, entre ellos cianuro, mercurio y uranio. Esta ha sido la más seria preocupación de los Aranda y de los pueblos circundantes a la mina.

Los demandantes demostraron a través de estudios y análisis de laboratorios de Argentina, Canadá e Inglaterra, que la minera estaba involucrada en la contaminación del agua de las localidades de Alpachiri y Concepción.

Carlos Aranda, uno de los querellantes junto a su hermano Miguel, comentó que la decisión del magistrado “es clarísima; minera Alumbrera contamina, es un fallo ejemplificador y sienta una jurisprudencia histórica en nuestro país”, informó el periódico Primera Fuente.

De esta forma se cumplió el pronóstico que tuvieron los hermanos Aranda cuando empezaron la demanda en el año 2006, desde aquel entonces ya intuían que el caso iba a tener un final “feliz” y sería beneficiada “la sociedad, la vida y la conservación de los recursos”, según dijeron en una entrevista al medio local Primera Fuente en febrero de 2013.

La sentencia dada por el juez también determina que el Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán investigue “los impactos tóxicos en la población en las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona y de haber efectos negativos en la salud se determine la atención médica inmediata”. Asimismo, insta a los organismos estatales a dar respuesta a “asuntos de implicancia social” y ambientales relacionados.

Por último, en su fallo el magistrado exige a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT. SAPEM) que informe sobre el estado del agua de la ciudad de Concepción y en la localidad de Alpachiri.

Abogados de la compañía apelaron el fallo, informó Tucumán Noticias. Desde la empresa adujeron que el juez “se arrogó la competencia y atribuciones que no le brinda la Constitución al obligar a Minera Alumbrera a realizar tareas ajenas al objeto de estudio”.

Fuente:http://maestroviejo.es/historico-fallo-condena-contaminacion-minera-en-argentina

Internacional

Indígenas de Australia le hacen frente a proyecto de megaminería

(Australia).-En la lucha contra el proyecto de extracción de carbón que impulsa una compañía india en el estado australiano de Queensland, se destaca el papel de Murrawah Johnson, de 21 años, del pueblo indígena wangan y jagalingou, propietario original del terreno donde estaría la mina Carmichael.

Nuestro pueblo es el único originario de este país”, puntualizó la joven Murrawah, cuyo nombre significa arcoíris en lengua gubbi gubbi. “Eso somos, es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras canciones y nuestras danzas”, apuntó en diálogo con IPS.

El pueblo wangan y jagalingou, con unos 500 integrantes, considera a la mina Carmichael como una amenaza a su propia existencia, y ha rechazado en reiteradas oportunidades los avances de la compañía Adani Mining.

Los dueños tradicionales arguyen que la mina destruiría sus tierras, “lo que quiere decir que destruirá nuestra historia, y también a nosotros como pueblo y nuestra identidad”, observó Murrawah, portavoz del Consejo de Familia de su comunidad.

Adani Mining es una subsidiaria del Grupo Adani, la multinacional india con operaciones en India, Indonesia y Australia, que opera en distintos sectores, desde recursos naturales, pasando por proyectos de logística, energía y agronegocios hasta el inmobiliario. En marzo, la compañía anunció su primera incursión en defensa.

El proyecto Carmichael se extiende por 40 kilómetros, contaría con una mina de 10 kilómetros de ancho y seis fosos abiertos, además de cinco operaciones subterráneas, durante seis años.

La compañía apuesta a transportar el carbón a India para cubrir sus necesidades eléctricas. Según la Agencia Internacional de Energía, 244 millones de personas, 19 por ciento de los más 1.200 millones de habitantes, carecen de electricidad en ese país.

De concretarse, sería el mayor proyecto de extracción de carbón en Australia, que ya es un gran productor y exportador del mineral. Además, este país estaría entre los más grandes del mundo con una producción de unas 60 millones de toneladas de carbón térmico al año, en el máximo de su capacidad.

Pero en el marco de la mayor conciencia sobre los efectos del recalentamiento global, la mina Carmichael generó una importante oposición. Desde el anuncio del proyecto, en 2010, hubo más de 10 apelaciones y procesos judiciales contra la iniciativa.

La activista Shani Tager, de Greenpeace Australia, no tienen dudas de que el carbón que quiere extraer Adani debe permanecer bajo tierra.

La centrales de generación eléctrica a carbón emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, uno de los gases que más contribuyen a recalentar la atmósfera, los que generan el fenómeno del cambio climático, agravado por las actividades humanas.

El Instituto de Australia concluyó en un informe en 2015, que el proyecto de Adani liberaría más dióxido de carbono a la atmósfera que muchas grandes ciudades del mundo, y hasta que algunos países.

El documento estima que las 79 millones de toneladas de emisiones contaminantes que liberará al año la mina son tres veces más que las de Nueva Delhi, seis veces más que las de Ámsterdam y el doble de las de Tokio. Además, superaría a las emisiones anuales de Sri Lanka y sería similar a las de Austria y Malasia.

Sin embargo, tanto el gobierno estadual de Queensland como el de Australia están a favor de la mina Carmichael. Además, se corrió el rumor de que el gobierno central apoyaría el proyecto con un préstamo de 722 millones de dólares estadounidenses.

Además, el gobierno de Queensland, que prevé un alza en el empleo, la mejora de la economía y de los ingresos a sus propias arcas por las regalías, anunció en octubre que otorgaría al proyecto el estatus de “infraestructura fundamental” para acelerar su aprobación.

“El gobierno se toma en serio el inicio de las operaciones de la mina de Adani. Queremos que se concrete”, declaró entonces el ministro de Minas, Anthony Lynham.

A principios de diciembre, Adani recibió lo que el gobierno estadual calificó de “gran aprobación definitiva”: a la vía férrea de la compañía hacia el puerto de Abbot Point, desde donde el carbón partirá hacia India.

En 2011, Adani suscribió un arrendamiento por 99 años con la terminal de carbón de Abbot Point, ubicada al lado del parque marino de la Gran Barrera de Coral, que es el mayor ecosistema de coral del mundo y está entre los más diversos y ricos de la Tierra.

En noviembre, científicos de la Universidad James Cook, de Queensland, confirmaron la peor pérdida de corales en ese arrecife tras una masiva decoloración sufrida a principios de este año. El estrés por el calor, derivado de las altas temperaturas, es la principal causa, y se pronostica que el fenómeno del blanqueamiento de corales se volverá más frecuente y más severo con el recalentamiento planetario.

Adani tiene previsto ampliar la terminal de Abbot Point para embarcar grandes cantidades de carbón, lo que implica dragar el lecho marino pegado a la Gran Barrera de Coral.

“La mina de carbón Carmichael tendrá un efecto dominó de impactos negativos sobre el arrecife, desde instalar la necesidad de ampliar el puerto y realizar más dragados y vertidos hasta aumentar el riesgo de accidentes” en el arrecife, precisó Cherry Muddle, de la Sociedad Australiana de Conservación Marina.

En el sector turístico, que genera unos 65.000 empleos, numerosos operadores también se quejaron en los últimos tiempos de la mina y de las obras de ampliación del puerto.

Las garantías ofrecidas por el ministro Lynham de que las “200 condiciones rigurosas impuestas en los procesos jurídicos” protegerán el arrecife, no convencen a sus detractores.

“Adani tiene antecedentes realmente preocupantes en materia de destrucción ambiental, violaciones de derechos humanos, corrupción y evasión fiscal”, detalló Adam Black, de GetUp, un movimiento activo en varios asuntos sociales.

Entre las acusaciones presentadas contra las operaciones de Adani en India, detalladas en un informe de 2015 de Environmental Justice Australia, figura la destrucción de manglares, la falta de previsión de la intrusión de agua salada en las reservas subterráneas, las exportaciones de mineral de hierro ilegales y soborno, el uso de relaciones políticas para comprar tierras más baratas y la obtención de deducciones impositivas ilegales.

Además, el gerente general de Adani en Australia, Jeyakumar Janakaraj, estuvo a cargo de una mina de cobre en Zambia, propiedad de Konkola Copper Mines (KCM) cuando en 2010 vertió contaminantes peligrosos al río Kafue. La compañía fue hallada culpable y debió pagar el equivalente a unos 2.900 dólares estadounidenses.

Unos 1.800 ciudadanos zambianos demandaron a KCM y a la sociedad matriz, Vedanta Resources, en un alto tribunal de Londres, acusándolas de haberles causado problemas de salud y de haber destruido sus tierras cultivables durante 10 años a partir de 2004; Janakaraj trabajó en KCM de 2008 a 2013.

En la actualidad, que Adani se prepara para poner la piedra fundamental a su proyecto a mediados de 2017, los detractores se preparan para continuar con su hasta ahora exitosa campaña para disuadir a los posibles capitalistas de que aporten entre 11.500 y 15.800 dólares estadounidenses.

“Si no consiguen el dinero, no podrán construir la mina”, subrayó Murrawah Johnson.

El pueblo wangan y jagalingou creó hace poco lo que llamó una “línea legal de defensa” contra Adani y el gobierno de Queensland, que incluye la presentación de cuatro demandas, además de sus planes de llevar el asunto hasta el Tribunal Supremo, de ser necesario.

Para Murrawah, esta lucha se trata de mantener relación con el pasado y con el futuro. “Me niego a ser el eslabón roto de esa cadena”, setenció.

Traducido por Verónica Firme

Fuente:http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Indigenas-de-Australia-le-hacen-frente-a-proyecto-de-megamineria