Manifiesto a partir de la Cumbre Agraria de Ecuador en el Día Mundial contra la Megaminería
Desde la aprobación de la Ley Minera de 2009, en lugar de cumplir con el mandato minero aprobado en la Asamblea Constituyente, el Gobierno ecuatoriano impulsa la megaminería a través de una serie de incentivos tributarios y fiscales a la inversión extrajera, directa o mediante alianzas público privadas. En gran medida, estas políticas representan una continuación de la agenda neoliberal impulsada en décadas anteriores.
En medio de la crisis económica y durante el último año del periodo de Gobierno de Rafael Correa, se inició un proceso de apertura del Catastro Minero a través de mecanismos administrativos y un procedimiento de subasta y remate de concesiones por parte del Ministerio de Minería y de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Por la vía administrativa se quieren concesionar alrededor de 1’300.000 hectáreas y, a través del mecanismo de subaste, 432.251 hectáreas. A estas nuevas concesiones se suman más de 1’113.000 hectáreas actualmente inscritas en el Catastro Minero. En total son casi 3’000.000 de hectáreas para exploración geológica y desarrollo de proyectos mineros, entre los cuales destacamos 5 proyectos estratégicos: Mirador, Panantza-San Carlos, Fruta del Norte, Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco.
CONVOCATORIA A CONFERENCIA DE PRENSA
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, exhortó hoy a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben pronto una ley que prohiba la actividad minera en El Salvador, por la contaminación que generan las empresas, sobre todo, en los mantos acuíferos.
“Estamos haciendo un emplazamiento a la licenciada Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación para que se despoje y deje atrás las relaciones profesionales que tuvo con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA y proceda en representación del Estado y pida la caducidad del proyecto que ella en un momento dado asesoro a la empresa.”[1]
“Desde la época prehispánica el ahora territorio guerrerense ha poseído una rica gama de recursos naturales y culturales, por ello a lo largo de su historia despertó la codicia de pueblos cercanos y lejanos”, señala la arqueóloga Rosa María Reyna Robles, quien pone de ejemplo la caza y extinción de especies animales y vegetales que formaban parte de la alimentación prehispánica y la demolición de una zona arqueológica a causa de la explotación minera en el ejido Carrizalillo como prácticas vigentes de depredación. 
El rechazo a la explotación de una mina de oro ubicada en la parte norte del municipio de San Juan de la Maguana es mayor cada día, debido a que los sanjuaneros se han expresado en desacuerdo con las pretensiones de la empresa Canadiense Gold Quest Minig Corp, ya que según ellos, la explotación de esa mina acabaría con la existencia de todas las especies vivientes de toda la región sur del país.
Corte del Reino Unido se pronuncia sobre correos electrónicos de directivos de Xstrata, que los implican en las acciones de violencia
Declaração de OCMAL