Las empresas mineras de Santa Cruz prometen cumplir lo que finalmente nunca cumplen, los intendentes que las defienden, terminan quejándose y el gobierno de la provincia que no tiene la mínima intención de controlar, hace negocios y convalida un saqueo de bienes naturales que de ninguna manera el gobierno nacional de hoy, ha dado muestras de querer detener. Ninguno de los gobiernos provinciales cumple, ninguno controla y todos negocian en complicidad de los intendentes y las cámaras empresarias liderada por multinacionales.
Si uno revisa la prensa provincial de hoy y algunos días atrás, hay una movida recurrente de instalar determinados temas relacionados con la minería, las empresas mineras, la provincia y los intendentes de las localidades donde la actividad impacta a los núcleos sociales.
El mismo empresario que avala proyectos de conservación y reforestación en 43 Áreas Naturales Protegidas Federales tiene minas dentro de polígonos de protección, como es el caso de la mina de oro y plata San Felipe, en Baja California, cuestiona la investigadora Jeanneht Armendáriz en este reportaje.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un informe que cuestiona la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas. El informe sostiene que esas actividades condenan a los pueblos originarios.
Ejidatarios de Tenochtitlán, municipio de Ocampo, en el desierto de Coahuila, denunciaron un nuevo derrame de cianuro en las presas de la región, proveniente de la mina de plata que pertenece a la empresa canadiense First Majestic, que podría ser clausurada en caso de que se compruebe la acusación, según informó Raúl González, el delegado de la Profepa en el estado.
Centenares de personas participaron este sábado en la concentración convocada por la Plataforma Stop Uranio en el Cruce de La Fuente de San Esteban (antigua Nacional 620), contra el proyecto de la empresa australiana Berkeley de abrir una mina en el municipio de Retortillo. Según los organizadores se han concentrado alrededor de un millar de personas .
Paralizado quedó el proyecto minero de Biolantánidos, más conocido como “tierras raras” de Penco. Es la única explotación de estos minerales en la región del Bío Bío y en el país, pero que carece de información esencial y que requiere evaluarse con un Estudio de Impacto Ambiental.
Comunidades de la provincia apurimeña de Cotabambas demandan al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que retome la Mesa de Diálogo, en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. Piden que se establezcan las condiciones mínimas para un diálogo en el que las demandas y reclamos de la población sean tomados en cuenta y procesados adecuadamente.
Por primera vez, el 2 de octubre, una ciudad colombiana decidirá por medio de un referéndum si quiere o no explotación minera en su territorio. Para ello debe enfrentarse a enemigos poderosos. «La minera Anglo Gold invirtió más de 100 millones de dólares para ganarse la simpatía de la gente y de los políticos», dijo el alcalde de la ciudad colombiana de Ibagué. «Nosotros tenemos la soberanía sobre el suelo. La Nación la del subsuelo. Pero como para poder acceder al subsuelo es necesario pasar por la superficie, nosotros decidimos si el suelo se puede romper para proyectos de megaminería», explicó el Jaramillo.
Cansados de lo que ellos consideran atropellos, los habitantes del corregimiento La Victoria de San Isidro, zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, taponaron la entrada a la mina donde se adelanta el Proyecto La Jagua que explotan las firmas CMU, CDJ y CEP de la multinacional Glencore, y de manera pacífica protestaron por lo incumplimientos que ha tenido la empresa con la comunidad.
Es el número más alto hasta la fecha, con un total de 185 activistas y militantes fueron asesinados durante el año 2015, lo que supone más de tres cada semana, por defender sus tierras, bosques y ríos frente a las industrias destructivas, según el informe «En tierra peligrosa» publicado por la ONG Global Witness. Los países donde se han producido más asesinatos han sido Brasil, con 50 víctimas, y Filipinas, con 33.